Un casamiento en una iglesia de la provincia de Corrientes generó fuerte polémica entre los fieles católicos y las autoridades eclesiásticas: una pareja trans dio el sí bajo el sacramento. Ahora, el arzobispo busca anular su matrimonio.

El festejo tuvo lugar el pasado 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en la capital provincial. Allí contrajeron matrimonio Solange Ayala e Isaías Díaz Núñez, ambos personas trans que adoptaron el género opuesto al asignado al nacer.

Ayala es activista LGBT (Facebook)

Ayala detalló que, tras aceptar el compromiso en diciembre del año pasado, pensó que no podrían casarse por iglesia, ya que lo veía como un “imposible”. Sin embargo, llegó a sus oídos que la parroquia del Fray Fernando Luis Gómez era conocida por ser abierta a la comunidad LGBT.

“Nos dijo que no había nada que pueda objetar en contra de poder contraer el matrimonio porque, si hablábamos así transparentes, biológicamente éramos un varón y una mujer. Entonces, podíamos ser bendecidos bajo el sacramento del matrimonio”, relató la mujer en declaraciones a Radio Sudamericana.

Ambos son personas transgénero que adoptaron el género opuesto al asignado al nacer (Facebook)

Ayala aseguró que siguieron el mismo protocolo que cualquier otra pareja y detalló cómo fue el emocionante instante en que dieron el sí en el establecimiento: “Cuando llegué a la iglesia todo me parecía irreal, porque no era algo que me esperaba. Incluso estaban mis compañeras trans dentro de la iglesia y ellas mismas comentaban que era como cumplir un sueño que todas tenemos. ¿Quién no soñó con casarse por iglesia alguna vez?“.

La activista trans destacó en su momento que el casamiento marcaba un precedente para la comunidad y una oportunidad para acercar a sus miembros a la Iglesia. “Mostrarles que, por ahí, no todas las puertas están cerradas y que podemos ser parte de una comunidad religiosa”, siguió.

La parroquia también respetó los nombres de la pareja tal como figuran en sus documentos de identidad para la libreta de matrimonio, en lugar de los consignados en sus partidas de bautismo.

“Tranquilamente podrían haberme dicho ‘los casamos, pero con el nombre que dice su partida de bautismo’ y la realidad fue que no. El Padre entendió todo desde un principio e hizo la bendición con los nombres que nosotros tenemos hoy por hoy”, resaltó.

El Arzobispado de Corrientes negó haber autorizado el casamiento.

Sin embargo, lo que para muchos parecía marcar un precedente en la Iglesia respecto de la comunidad LGBT duró poco. El malestar en las autoridades eclesiásticas no se hizo esperar y derivó en un comunicado del Arzobispado de Corrientes.

El pasado 8 de febrero, el arzobispo Monseñor José Adolfo Larregain aclaró que la ceremonia no contaba con su autorización.

Los jóvenes pudieron casarse con los nombres que figuran en sus documentos de identidad (Facebook)

“La Iglesia, como madre y maestra, cuida con especial solicitud la celebración de los sacramentos. En particular, recuerda que el matrimonio cristiano, en cuanto sacramento, requiere el cumplimiento de determinadas condiciones esenciales para su validez y licitud, tal como lo establece el Derecho Canónico y la tradición viva de la Iglesia. La omisión de estas condiciones no solo desvirtúa el significado profundo del sacramento, sino que también puede generar confusión en la comunidad de los fieles", advirtió.

En el comunicado, el Arzobispado afirmó que en ningún momento recibió la documentación eclesiástica correspondiente al caso y adelantó que actuará “con las advertencias convenientes y las medidas canónicas disciplinarias formales que pudieran corresponder”.

El comunicado de la parroquia de la provincia.

Por su parte, el Padre Gómez también salió a aclarar públicamente lo sucedido. “Ante consultas y versiones públicas referidas a una reciente celebración matrimonial en nuestra comunidad, la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya que actuó siguiendo orientación pastoral y norma eclesial del ordinario considera necesario aclarar lo siguiente”, comenzó la publicación.

Y siguió: “La Iglesia enseña que el matrimonio cristiano, en cuanto sacramento, requiere condiciones canónicas esenciales de validez y licitud. No se trata solo de una ceremonia o de documentación: se exige que los contrayentes sean hábiles para contraer, que no exista impedimento canónico y, de modo decisivo, que presten un consentimiento verdadero, esto es, que quieran contraer matrimonio tal como la Iglesia lo entiende, con rectitud y buena fe”.

Para el Padre, ambos constituían biológicamente una pareja entre un hombre y una mujer (Facebook)

El párroco aseguró, en ese momento, que por respeto a la pareja, no brindaría mayores detalles ni alimentaría “especulaciones”. Cerró: “Reafirmamos nuestro compromiso con una acogida pastoral auténtica, siempre unida a la verdad del sacramento, y se reforzarán los procedimientos de entrevista, preparación y verificación para resguardar la santidad de los sacramentos y evitar confusión en la comunidad”.

Este martes, Larregaín declaró la falta de validez canónica del matrimonio entre Ayala y Díaz y adelantó que será anulado mediante un decreto. En declaraciones al medio Crux, el arzobispo explicó que, en casos como este, el vínculo debe considerarse nulo “ipso facto”, al no cumplir con los requisitos exigidos.

Por su parte, la parroquia Nuestra Señora de Pompeya no emitió nuevos comunicados al respecto.

Este miércoles, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes celebra el aniversario de su paso de iglesia a santuario diocesano, el primero de la ciudad. En ese marco, esta noche a las 20 horas se realizará una procesión seguida de una misa celebrada por el Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán.

Desde el 11 de febrero del año pasado, la Iglesia de Lourdes comenzó a ser santuario de dicha advocación de la Virgen, transformándose en un lugar especial para la oración por los enfermos, los seres queridos y quienes se dedican a su cuidado y atención. Es por eso que durante la misa de esta noche se realizará una bendición al personal de la salud.La fecha también coincide con la fiesta patronal o día de la Virgen de Lourdes, por lo que la celebración cobra especial relevancia para los fieles de la ciudad y la comunidad de dicha iglesia devenida en santuario.

En la antesala del debate legislativo en el Congreso, la Iglesia Católica argentina sentó una firme postura oficial contra el proyecto de ley que propone la baja de la edad de imputabilidad. A través de un documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la institución advirtió que reducir la discusión únicamente a lo penal es una respuesta insuficiente del Estado ante los hechos de violencia que conmueven al país.

El pronunciamiento surge en un momento de alta tensión política, luego de que el Gobierno de Javier Milei confirmara que impulsará en sesiones extraordinarias un nuevo Régimen Penal Juvenil. La intención del oficialismo es bajar la edad de punibilidad de los 16 años actuales a los 13, un punto que la Iglesia considera una “simplificación” de una realidad mucho más compleja.

“Educar y prevenir antes que castigar” El texto, que lleva la firma de destacados arzobispos, señala que centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano “lo que realmente es necesario: lo que previene, educa y acompaña”. En este sentido, los obispos cuestionaron la eficacia de las cárceles como solución: “¿En serio creemos que esa es la solución? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios”, dispararon.

Desde la Iglesia insistieron en que el abordaje de la delincuencia juvenil debe involucrar de manera conjunta a la familia, la escuela, la comunidad y el Estado. Asimismo, reclamaron dispositivos apropiados en las provincias para la reinserción social, alertando sobre la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores en caso de que la ley sea aprobada.

El debate en el Congreso El mensaje eclesiástico llega días antes de que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto, previsto para la segunda semana de febrero. Pese a las críticas de diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, ratificó que la iniciativa “va a ser ley”.

La estrategia del oficialismo cuenta con el respaldo de ministros de Seguridad de provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que la oposición y sectores de la Iglesia advierten que la verdadera prevención nace del “cuidado compartido” y de políticas públicas que construyan futuro, más que de debates que profundicen las divisiones.