El diputado nacional del Peronismo Entrerriano, Guillermo Michel, consideró como “un primer paso” el anuncio de Uruguay sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde que HIF Global proyectaba instalar frente a la costa de Entre Ríos, pero advirtió que continuará con las acciones judiciales hasta que exista documentación formal. “Hasta que no haya un papel firmado, nosotros vamos a seguir adelante con el camino judicial”, sostuvo en declaraciones a A quien corresponda (Radio Plaza 94.7).

Michel planteó que el anuncio del gobierno uruguayo debe ser tomado con cautela porque, hasta el momento, se trata de una comunicación pública. “Es un primer paso, es una buena noticia”, señaló, aunque remarcó que todavía no existe un documento que permita conocer los términos concretos del acuerdo.

“Hasta que no haya un papel firmado, nosotros vamos a seguir adelante con el camino judicial. Tengo entendido, por las declaraciones de la Fiscal Federal que impulsa la causa penal, que también va a continuar”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que se adopte una decisión dentro de un expediente únicamente a partir de declaraciones públicas.

“Tomar una decisión en un expediente en base a una declaración, sin ver un papel firmado, es irresponsable”, sostuvo Michel, quien además recordó que en el marco de la acción judicial se encuentra en análisis la cuestión ambiental y se realizan tareas vinculadas con la extracción de muestras de agua.

El legislador explicó que uno de los aspectos centrales será conocer dónde se instalará finalmente la planta y cómo funcionará el proyecto. Según planteó, dependiendo de la nueva ubicación también deberá analizarse el eventual impacto sobre el río Uruguay y el destino de los efluentes.

En otro tramo de la entrevista, Michel se refirió al nivel de endeudamiento de familias y pequeñas y medianas empresas. Sostuvo que el Gobierno nacional cuenta con herramientas para intervenir, pero que permanece encerrado en una concepción económica que reduce el problema a una cuestión de oferta y demanda.

“El Gobierno tiene herramientas para mejorar la situación, pero está encerrado en un dogma que entiende la economía solamente como una cuestión de oferta y demanda y considera que el endeudamiento es un problema privado”, cuestionó.

Para Michel, el Estado nacional también debe asumir responsabilidades porque intervino sobre las condiciones económicas. Mencionó entre otras medidas el decreto 70/2023, que eliminó los topes a las tasas de interés de los préstamos, y la política de contención salarial utilizada para contener la inflación.

“El sobreendeudamiento es un problema social que afecta a las personas y también a las pequeñas y medianas empresas”, afirmó. También advirtió por los niveles de deuda impositiva y previsional, las ejecuciones y las dificultades de numerosos sectores para afrontar sus compromisos.

En esa línea, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien planteó que no votarlo en 2027 sería “suicidarnos”. Michel consideró que el Gobierno está “disociado de la realidad” y criticó lo que definió como una “campaña del miedo”.

El diputado comparó el actual esquema económico con el implementado durante el gobierno de Mauricio Macri. Señaló como elementos comunes el atraso cambiario, la contención de la demanda mediante la reducción de pesos en circulación y la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Michel también puso el foco en la situación de los jubilados. Recordó que el bono de 70.000 pesos permanece congelado desde abril de 2024 y sumó a ese escenario la reducción de subsidios a la electricidad y las dificultades relacionadas con programas como el Plan Remediar.

“Hay muchos jubilados argentinos que están atravesando una situación muy compleja”, sostuvo, y consideró que el Gobierno debería incorporar esa realidad a sus decisiones económicas.

Por último, Michel se refirió a la situación de las Islas Malvinas y a las discusiones internacionales relacionadas con defensa, los tratados sobre el Ártico y la Antártida y los recursos estratégicos. En ese marco, planteó que es necesario esperar anuncios oficiales y documentación concreta antes de realizar una evaluación definitiva.

El legislador también destacó la importancia potencial de la explotación petrolera al norte de las islas. Según indicó, esos desarrollos podrían alcanzar una producción de unos 50.000 barriles diarios, equivalente a casi el 5% de la producción argentina, que estimó en alrededor de un millón de barriles por día.

Michel cuestionó además la explotación de recursos y la actividad pesquera desarrollada por el Reino Unido sin consulta con la Argentina. También sostuvo que el país debería avanzar ante Chile para procurar la suspensión del vuelo regular entre ese país y las Malvinas, al considerar que se trata de una actividad ilegal.

“Yo voy a acompañar cualquier acción que tenga que ver con la causa Malvinas”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que la política exterior del Gobierno se limite en oca

El canciller Mario Lubetkin confirmó que, por indicación del presidente Yamandú Orsi, se relocalizará la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global planeaba instalar en Paysandú y que es el centro de una demanda que se tramita en tribunales argentinos.

Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay en una declaración a la prensa que dio junto a su par argentino, Pablo Quirno, quien arribó a Montevideo para participar en una reunión de cancilleres del Mercosur. Previo a esta reunión y en el marco de la firma de un nuevo acuerdo de servicios aéros entre ambos países, Lubetkin informó: “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”.

El gobernador Rogelio Frigerio había planteado en distintas instancias que Entre Ríos no se oponía a la inversión ni a la generación de empleo en Uruguay, sino a que un complejo industrial de semejante magnitud fuera construido frente a las playas y la zona turística de Colón.

“Se puede compatibilizar la industria con el turismo, siempre que se haga de manera ordenada y planificada y no se instalen industrias frente a las playas más concurridas de nuestra provincia”, había expresado el mandatario al conocerse la posibilidad del traslado.

En ese sentido, destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.

Según dijo, se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta.

Con una inversión total prevista de US$ 5.385 millones, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.

Si bien Orsi había dicho que se había retirado esa causa, desde la Justicia argentina acotaron que “sigue en pie”.

“Es una victoria de todos”, dijo el intendente de Colón

El intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, celebró que la Cancillería de la República Oriental del Uruguay confirmó la relocalización del proyecto industrial de la empresa HIF Global.

“Este logro es el resultado directo de intensas gestiones políticas, una firme movilización socioambiental y una agenda de trabajo institucional liderada por el gobierno local de Colón, encabezada por el intendente José Luis Walser junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio con el respaldo activo Cancillería Argentina”, se destacó desde el municipio de Colón.

Y se agregó: “Las mesas de trabajo con legisladores y los viajes institucionales a Montevideo abrieron una vía de diálogo maduro con el gobierno uruguayo, evitando la reactivación de un viejo conflicto binacional y sentando un precedente de cooperación fronteriza”.

Fuente: AHORA

Luego de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijera a medios de su país que Argentina había retirado la denuncia penal por la instalación de HIF Global, la fiscal federal Josefina Minatta, autora de la presentación, desmintió al mandatario del vecino país. “Ha dado una información que no es verídica”, sostuvo. También sigue avanzando la acción civil que motorizan legisladores entrerrianos.

“La denuncia no se retiró. Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, explicó Minatta . 

“Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”, remarcó la funcionaria judicial.

Según publicaron medios uruguayos, Orsi dijo este viernes que continúa en marcha el proyecto de instalar la planta en Paysandú y aseguró que Argentina “retiró la denuncia penal” por el lugar donde iba a estar instalada la planta.

"Seguimos, más allá de las decisiones que se tomen en un momento determinado o llegado el momento de la inversión. Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho", sostuvo el mandatario en rueda de prensa durante la inauguración de obras en una ruta en Paysandú, según informó El País de Montevideo.

La denuncia por contaminación

“Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, ratificó Minatta. Luego, advirtió que “no hay ninguna información cierta” sobre la relocalización y, en su caso, explicó que si un eventual nuevo emplazamiento es también sobre el río Uruguay “el riesgo de contaminación persiste”.

Cabe recordar que la fiscal realizó la denuncia penal en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental contra el proyecto que la empresa HIF pretendía instalar en la localidad de Paysandú, enfrente de la ciudad entrerriana de Colón.

La funcionaria judicial advirtió acerca de la contaminación que podría general la planta y sobre su posible impacto en el territorio argentino. También expuso el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno uruguayo.

Minatta también remarcó la afectación particular a la zona de Colón y a las áreas naturales protegidas de la región, lo que encuadra la cuestión en el delito de daño ambiental.

El rol de los legisladores

Entre otros movimientos, en la causa fueron aceptados como amicus curiae por el juez federal de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, tres legisladores nacionales del peronismo: los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl.

Los legisladores nacionales entrerrianos impulsan también una acción civil y en las últimas horas confirmaron que ese trámite también “está vigente y avanzando”.

A través de un parte de prensa emitido este sábado, Michel, Bahl y Marclay reseñaron las medidas adoptadas por la Justicia Federal en el marco de la acción preventiva que impulsan en pos de la relocalización.

“Frente a la inacción del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente de Colón José Luis Walser, iniciamos oportunamente la demanda civil contra la instalación de la planta frente a las costas de Colón”, explicó Michel.

Luego, enumeró medidas que se están produciendo, entre ellas una pericia ambiental y un pedido a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que informe si se ha comunicado al organismo el proyecto de la planta y si la empresa HIF Uruguay ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

También mencionó el diputado que se solicitó que se requiera vía exhorto a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de Uruguay y al Banco Central del país vecino la documentación de HIF Global y sus firmas vinculadas.

La última acción se registró el 21 de agosto, cuando el juez Viri realizó un reconocimiento judicial en las costas de Colón junto a la bióloga Viviana Cousté, perito designada en la causa, y los legisladores que impulsan la demanda.

El gobierno y la relocalización

Hasta hace dos semanas, la relocalización era la principal hipótesis que manejaban ambas cancillerías. Incluso se habló de un nuevo emplazamiento en un predio de Ancap para la planta que demandará una inversión cercana a los 6 mil millones de dólares y es considerada la más importante de la historia de Uruguay.

El Gobierno de Entre Ríos encaró negociaciones a distintos niveles y en mayo se había alcanzado un entendimiento al respecto. Ambas partes admitieron que no querían que se repitiera un escenario al que se produjo hace alrededor de dos décadas por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos.

Entre otras acciones, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una serie de reuniones con el presidente Orsi y su gabinete tanto en Uruguay como en Argentina y llegó a advertir sobre la posibilidad de recurrir a cortes internacionales.

Fuente: Análisis

La comitiva salió desde Concepción del Uruguay rumbo a Colón a fin de efectuar el reconocimiento judicial que había sido ofrecido como prueba por los demandantes Michel, Marclay y Bahl, junto a su abogado Valodia Nichajew.

El magistrado, la perito bióloga Viviana Cousté y los legisladores se hicieron presentes en la costanera de Colón, frente a donde se ubicaría la planta de combustible sintético de la empresa HIF Global. El juez pudo observar que la misma quedaría prácticamente frente a la toma de agua de la localidad entrerriana, a poco más de 3 kilómetros en línea recta.

El objetivo del reconocimiento fue que el magistrado efectúe el relevamiento de los datos de emplazamiento de la planta y la relación que tendría con Colón, así como la evaluación de otros puntos de conocimiento que le sirvan obtener de primera mano.

El procedimiento se hizo en el marco de la demanda civil por Daño Ambiental Preventivo contra HIF Global y a la República Oriental del Uruguay, que se tramita en los juzgados federales de Concepción del Uruguay.