Este jueves al mediodía, el juez de Gualeguaychú Hernán Viri habló con Radio Cero y Bolazo Stream para dar a conocer los resultados de la audiencia pública informativa que se realizó en la mañana en el Centro de Convenciones. La misma tenía como objetivo analizar el estado de situación ambiental en el Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una causa en trámite que investiga posibles impactos negativos derivados de su actividad.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: Codegu; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.

Lo más relevante de la audiencia pública, fue que el Fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, pidió al Juez Viri la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial. Según confirmó el propio Rebollo a Ahora ElDía, además, “se pidió una nueva pericia y hasta tanto no finalicen con las obras que dicen estar haciendo, cada empresa trate su residuo”.  Ahora, será el Juez quien determine si da lugar al pedido de la Fiscalía en los próximos días.

“El fiscal pidió una clausura temporal hasta que se finalicen las obras. Es algo que tengo que evaluar y también ver si no hay -quizá- alguna medida intermedia. No tengo un plazo específico, pero sí quiero tomarme unos días para hacerlo, justamente porque las consecuencias de hacer lugar o no son importantes.  Por una cuestión de prudencia, quiero evaluar bien las consecuencias que pueda traer esta decisión y analizar en detalle no solo los elementos que hay incorporados en la causa sino también lo que fue surgiendo hoy de la audiencia, que fue muy fructífera”, indicó Viri a Bolazo Stream.Según explicó Viri, “las fábricas no pueden de funcionar si la planta de tratamiento de efluentes no está en funcionamiento”, e indicó que durante la audiencia se hizo hincapié en que “hay 2.400 empleos directos más otros 10.000 indirectos” que se verían afectados. "Esta es una de las cuestiones que tengo en cuenta, y en estas causas ambientales siempre esta esa tensión entre el empleo y el desarrollo económico y la afectación ambiental. Tendré que adoptar un temperamento después de pensarlo, de ser prudente y analizar cada una de las constancias que hay en la causa", remarcó el Juez.Escuchá la entrevista completa en Bolazo Stream

El juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri realizará una audiencia pública informativa este 23 de abril a las 10 horas en el Centro de Convenciones. El objetivo es analizar el estado de situación ambiental en el Parque Industrial local, en el marco de una causa en trámite que investiga posibles impactos negativos derivados de su actividad.

La medida fue dispuesta tras la devolución del expediente por parte del Ministerio Público Fiscal y ante la necesidad de brindar mayor transparencia al proceso, permitiendo que la ciudadanía y los vecinos accedan a información actualizada sobre el plan de acción presentado por la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (Codegu), así como sobre los trabajos en ejecución y pendientes.

Según se indicó en la resolución, la audiencia tendrá como finalidad no solo difundir los avances alcanzados hasta el momento, sino también permitir que el juez tome conocimiento directo e integral del grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas, a partir de exposiciones orales que deberán realizar autoridades y especialistas involucrados.

Además, el encuentro buscará generar un espacio de debate que contribuya a encontrar alternativas para mejorar la problemática ambiental abordada en el expediente, en línea con lo establecido por la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. En ese sentido, se remarcó que la participación pública fortalece la legitimidad de las decisiones judiciales.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: Codegu; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.

El juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri resolvió convocar a una audiencia pública informativa para el 23 de abril a las 10 horas en el Centro de Convenciones. El objetivo es analizar el estado de situación ambiental en el Parque Industrial local, en el marco de una causa en trámite que investiga posibles impactos negativos derivados de su actividad.

La medida fue dispuesta tras la devolución del expediente por parte del Ministerio Público Fiscal y ante la necesidad de brindar mayor transparencia al proceso, permitiendo que la ciudadanía y los vecinos accedan a información actualizada sobre el plan de acción presentado por la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (CODEGU), así como sobre los trabajos en ejecución y pendientes.

Según se indicó en la resolución, la audiencia tendrá como finalidad no solo difundir los avances alcanzados hasta el momento, sino también permitir que el juez tome conocimiento directo e integral del grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas, a partir de exposiciones orales que deberán realizar autoridades y especialistas involucrados.

Además, el encuentro buscará generar un espacio de debate que contribuya a encontrar alternativas para mejorar la problemática ambiental abordada en el expediente, en línea con lo establecido por la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. En ese sentido, se remarcó que la participación pública fortalece la legitimidad de las decisiones judiciales.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: CODEGU; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia federal pidió elevar a juicio la causa por el impactante vuelo narco que transportó 359 kilos de cocaína y aterrizó en Entre Ríos en enero de 2025, un caso que mezcla empresarios, pilotos, una ex reina de belleza y una organización internacional. En el centro de la investigación aparece un joven peruano de 22 años, señalado como una pieza clave en la logística del operativo.

El acusado es Steven Alessandro Villanueva Tomas, quien fue detenido y está imputado por facilitar los medios para el tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, ambos delitos agravados por la participación de múltiples personas. El pedido fue impulsado por la Procunar y el fiscal federal Pedro Rebollo, ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Un aterrizaje que destapó la trama

El caso se remonta al aterrizaje de una avioneta Cessna modelo 1965 en la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos, proveniente de Bolivia. A bordo viajaban la ex reina de belleza boliviana Jade Callaú y su pareja, el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, publicó el portal de Redboing.

Ambos fueron detenidos, procesados y llevados a juicio. En el caso de Callaú, aceptó un juicio abreviado de tres años de prisión condicional, fue condenada y luego expulsada del país. Durante el procedimiento, además del cargamento principal, se encontraron 12 gramos adicionales de cocaína debajo del asiento del piloto, lo que reforzó las sospechas sobre el nivel de organización del traslado.

Según la investigación, la aeronave utilizada en el operativo había sido comprada en junio de 2023 por Villanueva, su hermano y su padre, a un valor llamativamente bajo: poco más de cinco millones de pesos, muy por debajo del precio de mercado.

La adquisición se realizó a través de la firma NQT 3232 SRL, creada por los hermanos Villanueva en septiembre de 2023 y dedicada formalmente al transporte de carga. Para registrar la avioneta, incluso, se habría utilizado una dirección inexistente.

Para los investigadores, no se trataba de un negocio más. Todo indica que la empresa y la aeronave eran parte de una estructura logística pensada para el narcotráfico aéreo.

Pruebas clave: droga, dinero y un simulador de vuelo

Los allanamientos realizados por Gendarmería aportaron elementos contundentes. En el departamento de Villanueva, en el barrio porteño de Flores, se encontraron casi cinco kilos de cocaína, 7.000 dólares en efectivo y documentación vinculada a la aeronave.

Pero no fue lo único. En la planta alta de la discoteca familiar, Rumba Latina, se halló un simulador de vuelo con instrumental aeronáutico, junto a manuales técnicos del modelo Cessna utilizado en el operativo.

Además, los registros indicaban que el propio Villanueva había realizado el curso de piloto privado en la Base Aérea de Morón, lo que refuerza la hipótesis de que tenía conocimiento directo del manejo de la aeronave.

La defensa del acusado

Al ser indagado, el joven negó cualquier vínculo con el tráfico de drogas. Aseguró que solo realizó un depósito para la compra del avión como un favor a su hermano y que no tenía relación con el cargamento.

“No tengo ningún tipo de relación con ese contrabando”, sostuvo ante la Justicia. También afirmó que planeaban vender la aeronave y dijo no conocer ni a Callaú ni al piloto brasileño.

El avance de la causa permitió reconstruir una red más amplia. A partir del análisis de teléfonos y nuevos allanamientos, se secuestraron 49 kilos de cocaína adicionales en distintos puntos del país, incluyendo un cargamento oculto bajo un piso de cemento en General Rodríguez, publicó el portal de Redboing.

En ese contexto apareció el nombre de José Alberto García Nazario, un ciudadano peruano señalado como posible dueño del cargamento. Según la investigación, estuvo en Ibicuy el día del aterrizaje y habría coordinado movimientos con los tripulantes.

Actualmente, permanece prófugo y se cree que está en Perú, donde las dificultades políticas y judiciales complican su localización.

Mientras el proceso avanza hacia el juicio oral, la causa mantiene varios frentes abiertos. El hermano de Villanueva continúa prófugo, su padre espera un proceso de extradición y los investigadores no descartan nuevas imputaciones.

El caso del “vuelo narco de la reina de belleza” expone no solo un operativo de gran escala, sino también el uso de estructuras empresariales, aeronaves y vínculos internacionales para el tráfico de drogas en la región.

La actuación de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú y la Procunar

Según la investigación del MPF, aportó -junto a su hermano y su padre prófugos- la aeronave que en enero de 2025 aterrizó en Ibicuy con la droga. El acusado tiene 22 años, es de nacionalidad peruana y obtuvo en 2023 una licencia de piloto. Era el encargado del boliche donde se incautó instrumental de simulación de una avioneta. También quedó imputado por la tenencia con fines de comercialización de cinco kilos de cocaína hallados en su casa.

El titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, en su momento procesó con prisión preventiva a este piloto de 22 años, de nacionalidad peruana, por su presunta participación en la maniobra de contrabando de más de 350 kilos de cocaína transportados en una avioneta que aterrizó en enero último en un campo ubicado en la localidad entrerriana de Holt Ibicuy. El joven fue detenido durante una serie de allanamientos donde le secuestraron un simulador de vuelo en el local bailable que regenteaba en el barrio porteño Flores y casi cinco kilos de cocaína en su domicilio.

La decisión judicial fue en línea con lo solicitado por el fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quienes tienen a cargo la investigación, publicó el portal Fiscales.

El juez consideró al imputado partícipe necesario del delito de contrabando de importación agravado por la intervención de más de tres personas, por haber sido cometido empleando un medio de transporte aéreo y por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados dentro o fuera del país, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor. Además, dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

La acusación del MPF

De acuerdo con la imputación fiscal, el acusado -junto a su padre y su hermano, ambos prófugos y con pedido de captura internacional- habría provisto la aeronave utilizada en la maniobra de contrabando. La avioneta Cessna fue adquirida en junio de 2023 mediante un aporte conjunto de dinero, por un valor declarado de 13.000 dólares, aunque su valor de mercado superaba los 100.000 dólares.

La investigación del MPF determinó que, pese a contar con una matrícula argentina aparente (LV-GOP), la aeronave tenía debajo pintado un dominio boliviano (CP-3806), y que su verdadera identificación era LV-GQA, dato con el que se llegó a estos tres imputados.

En su dictamen, los fiscales Rebollo y Uriona sostuvieron que el acusado tuvo un “rol activo en la organización narcocriminal investigada” y que actuó en coordinación con su hermano para disponer de la aeronave que fue utilizada en la maniobra de contrabando y “habían adquirido en un esfuerzo mancomunado con su padre”.

El objetivo, según la hipótesis fiscal, era ejecutar un transporte transnacional de cocaína desde Bolivia hacia territorio argentino, con un presunto destino final en el partido bonaerense de Luján. Por circunstancias que se investigan, el aterrizaje debió concretarse en la localidad entrerriana de Ibicuy. Allí fueron detenidas los dos primeros imputados de la causa -un brasileño que piloteaba y una joven de nacionalidad boliviana-, quienes ya se encuentran elevados a la etapa de juicio oral.

Allanamientos y pruebas secuestradas

El procesado fue detenido en uno de los seis allanamientos -cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el partido bonaerense de Carlos Casares- realizados el 24 de junio último por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas y la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional.

En el local bailable que el acusado regenteaba en el barrio porteño de Flores -denominado “Rumba Latina” y ubicado sobre avenida Rivadavia al 7200-, se secuestró un simulador de vuelo completo (con tablero, palancas, pedales y partes de aeronave), además de manuales de aviación correspondientes a aeronaves Cessna. El joven obtuvo en 2023 su licencia de piloto privado tras un curso realizado en una escuela de aviación situada en la Base Aérea del partido bonaerense de Morón, destacó el portal Fiscales.

En su domicilio, ubicado en la calle San Nicolás al 300, también en Flores, fueron hallados 4,945 kilogramos de cocaína distribuidos en dos paquetes rectangulares escondidos en un compartimiento oculto de un mueble, balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento de estupefacientes y dinero en efectivo (1.841.380 pesos y 7.040 dólares).

El descargo del acusado

Al ampliar su declaración indagatoria -en la original se negó a declarar-, el ahora procesado aseguró que el depósito de dinero que hizo para la compra de la aeronave fue “un favor que le hizo a su hermano”. Negó tener relación con la droga incautada en Entre Ríos y explicó que junto a su hermano su intención era dedicarse a hacer “vuelos de bautismo y de instrucción”. Alegó además que el simulador estaba en desuso, que solo lo usaron cuando hacían el curso de piloto y que lo tenía en el boliche por falta de espacio en otro sitio.

Sin embargo, el juez Viri consideró que este descargo constituye “un vano intento de mejorar su complicada situación procesal” y remarcó que la documentación secuestrada en los domicilios del imputado acredita su “estrecho vínculo” con la aeronave, lo que lo aleja de una participación circunstancial en los hechos.

La resolución del juez

Al disponer el procesamiento, el juez afirmó que tanto este acusado como su hermano y su padre -aún prófugos- “proveyeron el medio de transporte utilizado para trasladar el material estupefaciente desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta la República Argentina”.

“Si bien de los distintos elementos probatorios recolectados se desprende que el nombrado no tenía dominio ni decisión directa en la concreción de las maniobras -esto es el contrabando del tóxico-, lo cierto es que se comprobó que realizó aportes trascendentales y fundamentales que lo alejan de una consideración completamente ajena a los hechos y lo acercan al rol de colaborador esencial y confiable, ya que su aporte -medio utilizado para trasladar la sustancia-, permitió consumar la maniobra ilícita en trato”, concluyó Viri al fundamentar el procesamiento.

Respecto de la segunda imputación -por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- el juez remarcó que “se encuentra acreditada” a partir de la cantidad de droga, los diversos elementos para su fraccionamiento y acondicionamiento y el dinero en efectivo incautados en su domicilio de Flores.

El caso

Esta investigación es una derivación de la causa que se inició el 22 de enero de 2025, alrededor de las 20, cuando una avioneta Cessna 210 E, con matrícula adulterada, aterrizó en el establecimiento rural “Campo Grande”, aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad de Holt Ibicuy, por un camino con dirección a la localidad de Mazaruca.

En la aeronave se hallaron 358,95 kilogramos de cocaína distribuidos en diez bultos con 342 envoltorios tipo ladrillos. En el lugar fueron detenidos su piloto, un ciudadano brasileño que al principio brindó una falsa identidad y luego se determinó que se trataba de Leonardo Monte Alto Gusmao -quien ya registra una condena por un hecho similar en Brasil-, y Jade Isabela Callaú Barriga, de nacionalidad boliviana. La joven fue “reina de la belleza” en su país y además es la sobrina política de Jorge Adalid Granier Ruiz, quien fue condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína. A requerimiento de la fiscalía, ambos ya están elevados a la etapa de juicio oral, publico el portal Fiscales.

Según los fiscales, la aeronave partió desde Santa Ana de Yacuma, en Bolivia, cargó la droga en la frontera con Paraguay y cruzó a la Argentina, donde tenía como supuesto destino final un punto del partido bonaerense de Luján, lo que no pudo ser concretado por motivos ajenos a la voluntad de los imputados y motivó el aterrizaje en la zona de Holt Ibicuy.

Fuente: Ahora

El juez Federal Hernán Viri estuvo en el estudio de Cero y Bolazo, donde se refirió a la causa que involucra al Parque Industrial con hechos de contaminación. 

“Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron qué estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El fiscal federal también lo va a analizar. Y después, antes de decidir nada, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía. Y después de eso, tomaré la decisión que tenga que tomar con respecto al Parque Industrial”, señaló. 

Viri contó que “la pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina, arrojo que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados, están contemplados en el anexo 2 de la ley 24.051. Este plan que presentó la Codegu, también quiero ponerlo a consideración de la ciudadanía, y en función de escuchar a todas las partes, tomar una decisión”. 

El juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, el juez tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo es importante el avance industrial, las fuentes laborales, por eso no dispuse directamente la clausura, y propuse la búsqueda de arribar a una solución”.  

Con el correr de las horas y de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Gualeguaychú, han surgido nuevos elementos que obligaron a una nueva presencia de la Justicia Federal en la cárcel de El Potrero, donde se encuentra alojado Leonardo Airaldi, un hombre que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y que está acusado de ser el líder de una organización narco que habría tratado de quitar del medio a los funcionarios que debían juzgarlo en los próximos días.

Según la acusación, este preso de 44 años que se presentaba como productor agropecuario, está vinculado con el descubrimiento de 30 kilos de cocaína que se resguardaban en una vivienda de Puerto Gaboto que alquilaba, una localidad costera santafesina ubicada en el departamento San Jerónimo, sobre la Ruta 11, a 120 kilómetros de Santa Fe. Tenía logística para recibir estupefacientes en un establecimiento rural de su propiedad ubicado en el sector de islas, jurisdicción de Diamante, y trasladarla por el río Paraná para abastecer redes narcos en el litoral.

Airaldi tiene dos causas por narcotráfico y una de ellas se tramita en Entre Ríos. Casualmente, este martes debía comenzar el juicio en su contra, luego de sufrir un revés a un planteo realizado por su abogada Mariana Barbitta ante el Juzgado Federal de Paraná, que tiene como juez a Leandro Ríos y como fiscal a José Ignacio Candiotti: las dos supuestas víctimas a las que se pensaba asesinar mediante el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo mientras los funcionarios vacacionaban en Punta del Este.

Pero al parecer, con el correr de las horas se habría podido establecer que el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también era una de las personas que se debía asesinar y esto estaría dentro de una de las nuevas declaraciones que consiguió el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, en el procedimiento que se realizó este sábado por la tarde en la Unidad Penal Nº 9.

Todo el plan se logró desbaratar gracias a las declaraciones de dos presos, que durante los últimos días habían pasado algunas de sus horas con Airaldi en la celda, a quienes les habría dado detalles sobre el plan que tenía para asesinar a los funcionarios federales Ríos y Candiotti.

El primero de ellos, de 48 años, relató que Airaldi tiene mucho poder dentro de la Unidad Penal y que ese poder lo ejerce con los internos y el personal penitenciario. Este condenado le relató al fiscal Rebollo que Airaldi estaba molesto porque le habían “caminado” 40 mil dólares que le había pagado a un sicario uruguayo para que matara a Ríos y Candiotti mientras vacacionaban en Punta del Este.

El supuesto asesino a sueldo recibió el pago de los miles de dólares, pero no cumplió nunca con el encargo y al parecer eso tenía molesto a Airaldi que el próximo martes debía enfrentar el juicio en su contra por la causa de narcotráfico. En su declaración, el preso relató que Airaldi sentía que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti tenía “todo arreglado para que le de 15 años de condena”.

Todo esto originó el primer procedimiento del viernes por la tarde. Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú allanó el Pabellón E y secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Pero en las últimas horas surgió una nueva declaración, que tomó este sábado por la tarde el fiscal Rebollo a otro interno de la Unidad Penal 9, que sumó al ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dentro de las supuestas víctimas que tenía este plan criminal. Lo que aún resta esclarecer son los motivos que tenía el jefe narco para tenerlo dentro de la lista de enemigos a quienes debía eliminar.

La investigación sigue su curso y habría fuertes denuncias por partes de ambos presos sobre el poder que ejerce Airaldi dentro de la cárcel, pero principalmente las palabras de uno de ellos comprometen al personal del Servicio Penitenciario por la connivencia dentro de la institución.

En paralelo, fuentes judiciales señalaron que se evalúan medidas de protección adicionales para los funcionarios mencionados y que no se descartan nuevas imputaciones a partir del análisis del material secuestrado en los procedimientos. Los teléfonos celulares y la documentación incautada serán sometidos a pericias técnicas para determinar el alcance real de los contactos y la eventual existencia de otros involucrados.

El expediente, que combina causas por narcotráfico y presuntas maniobras para entorpecer el accionar judicial, quedó bajo estricta reserva mientras avanzan las diligencias. En los próximos días podrían definirse nuevas audiencias y resoluciones procesales que marcarán el rumbo de una investigación que suma capítulos y mantiene en alerta al ámbito judicial y político de la región.

A través de la red X, el diputado nacional por Entre Ríos se refirió al trabajo del Juzgado Federal de Gualeguaychú en la investigación iniciada por el testimonio de un recluso de la Unidad Penal Nº9 que  reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes de dinero.

Días atrás, en declaraciones radiales, Michel había asegurado que “sin el juez Federal y el fiscal Federal, Gualeguaychú sería una mini Rosario”.

Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia.También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo.El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra… pic.twitter.com/Ik54fehA9u

En su mensaje, Michel dijo: “Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia. También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo. El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra provincia es clave para la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participó como disertante en la Jornada de Capacitación: Narcotráfico y Contrabando, un evento organizado conjuntamente por la Municipalidad de Gualeguaychú y el Colegio de la Abogacía.

Con el respaldo de su trayectoria en la investigación de delitos complejos, el ministro compartió panel con el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el Juez Federal de Mendoza, Marcelo Garnica. Durante su intervención, Roncaglia enfatizó la necesidad de unificar esfuerzos entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales.

En esta línea, el ministro subrayó la importancia de la presencia territorial. “No vamos a permitir que el narcotráfico se instale en nuestras ciudades. Estamos trabajando en una coordinación estrecha entre la Policía de Entre Ríos y las fuerzas federales, porque al delito organizado se lo combate con un Estado aún más organizado y presente”, afirmó Roncaglia.

“Nuestra prioridad es ir tras las organizaciones, no solo tras el último eslabón de la cadena, aunque es de suma importancia para esta tarea. Para eso, la capacitación y la actualización de los cuadros judiciales y policiales, como la que hoy nos convoca en Gualeguaychú, es fundamental”.

La jornada también contó con un bloque específico dedicado al Contrabando, donde se analizaron las particularidades del comercio ilegal en zonas fronterizas. En esta instancia disertaron destacados referentes del ámbito jurídico y legislativo:  el diputado Nacional, Guillermo Michel;  los jueces Nacionales en lo Penal Económico Alejandro Catania y Pablo Yadarola; el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzo y el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al secuestro de millonario cargamento ilegal de armas y material bélico tras operativo en Entre Ríos. Se recordará que, la semana pasada, la Prefectura Naval Argentina y el Ejército desarticularon un cargamento ilegal de armas y municiones en un corralón deshabitado de Pueblo Liebig, con un valor estimado superior a 29 millones de pesos.

“Un cañón -sí, leíste bien-, armas de todo tipo y alcance, municiones, granadas… ¡Un auténtico arsenal de guerra en un galpón deshabitado en Entre Ríos!”, publicó la ministra en sus redes sociales. “PNA dejó todo fuera de circulación. La investigación recién empieza, los culpables van a pagar”, anticipó.

Cabe aclarar que el procedimiento se secuestraron 70 armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, revólveres y pistolas. Además, se incautó un cañón Krupp de 75 mm, treinta y tres municiones de artillería, una granada de mano neutralizada y equipamiento militar, incluidos tres cascos M1 y un telémetro. Durante el registro también se hallaron más de 1.700 municiones de distintos calibres, con un valor total que supera los 29 millones de pesos.

La operación, que se denominó "Operativo KRUPP" estuvo, coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del Ejército Argentino; y contó con la participación de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Colón y del Grupo de Artillería Blindado 2 “Mariscal Francisco Solano López” del Ejército, especializado en identificación de armamento y material bélico.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, con la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Lucas Claret.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú realizó un desembolso de 4 millones de pesos para el Hogar de Ancianos y se anunció que contará con un aporte de la Justicia de manera sostenida.

Esta mañana, el intendente Mauricio Davico acompañó al juez Federal, Hernán Viri y al fiscal Federal, Pedro Rebollo en su visita al Hogar.

Allí, acompañados por el presidente de la comisión directiva de esa institución, Gustavo Píccoli, los recibieron el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión directiva del Hogar de Ancianos.

En el inicio de la visita, el juez Viri explicó de dónde surgen los aportes que recibirá la Institución. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos -cuando no son graves-, puede haber una resolución alternativa a conflictos, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.

En ese sentido, indicó que en más de un año se ha destinado al hospital Centenario más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas.

“La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, dijo Viri, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy valioso y valorable. Tenemos que apoyarlos”. 

El intendente Davico destacó la predisposición y la respuesta efectiva del juez Viri y del fiscal Rebollo ante su requerimiento de ayuda para el Hogar de Ancianos. “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, resaltó, a la vez que afirmó que “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”. 

Gustavo Píccoli expresó su agradecimiento a la gestión del intendente Davico y al aporte dispuesto por el juez Viri y el fiscal Rebollo. “Nosotros seguimos a nuestro guía, el padre Luis Jeannot Sueyro, y cuando no llegamos, cuando nos falta para comprar algo, lo invocamos y aparece la solución, como en este caso, con este aporte”, expresó emocionado. 

La visita al Hogar incluyó una recorrida por el casi centenario edificio, donde los funcionarios pudieron conocer los detalles de las obras que se realizan con la colaboración del Rotary Club y otros actores de la sociedad.

Es importante destacar que hoy el Hogar de Ancianos puede recibir aportes de la Justicia federal porque cuenta con habilitación municipal y con avanzada gestión del trámite provincial. Si no la tuviera, el Juzgado no podría entregar su ayuda económica. 

El juez Hernán Viri, a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú, procesó con prisión preventiva a dos hombres y una mujer acusados de integrar una organización criminal que transportaba y comercializaba cocaína, junto a otras dos personas que ya fueron detenidas en el marco de otra investigación. Además, el magistrado les trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir las sumas de 2 millones, 20 millones y 500 millones de pesos cada uno.

La decisión judicial fue en línea con lo solicitado por el responsable de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, Pedro Rebollo, y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona.

De acuerdo a la investigación la organización operó desde, al menos, septiembre de 2024 hasta el 28 de junio pasado, cuando se detuvo a parte de sus integrantes en el marco de una serie de allanamientos, en los que se incautó droga y otros elementos de interés para la pesquisa, precisó el portal Fiscales.gob.ar.

El caso

La pesquisa comenzó en febrero pasado, luego de que personal de la Policía de Entre Ríos detuviera, en un control de ruta, a una mujer que ingresaba a la provincia con estupefacientes que, luego se determinó, tenían como destino la ciudad de Gualeguaychú.

En ese contexto, se incautó el teléfono celular de la mujer. El peritaje efectuado por personal de la Gendarmería Nacional sobre el equipo evidenció contactos con otros números telefónicos de la ciudad de Gualeguaychú y comunicaciones con una persona a la que se refería como “jefe” y/o “señor”.

Así, a instancias del Ministerio Público Fiscal, el juez ordenó una serie de tareas de investigación, que fueron encomendadas a la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional Argentina, de las que surgió información sobre el funcionamiento de la organización criminal y la participación de los investigados. De esta manera, se pudo determinar que la droga provenía de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y era trasladada a Gualeguaychú, para ser distribuida en esa ciudad.

En virtud de ello, la fiscalía requirió el allanamiento de siete domicilios ubicados en Gualeguaychú, en la localidad entrerriana de Pueblo Belgrano y en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Merlo. ´

Los procedimientos tuvieron lugar el 28 de junio pasado y culminaron con la detención de dos hombres y una mujer. Cuando quisieron apresar al hombre que era señalado como financista y organizador de la organización en su vivienda de un barrio privado gualeguaychuense, este se resistió y le disparó con una pistola Bersa Thunder 380 a un Primer Alférez de la Gendarmería Nacional Argentina.

Asimismo, en el domicilio allanado en Marcos Paz se incautó mercadería de origen o fabricación extrajera que, se presume, sería de contrabando, ya que no se pudo acreditar el ingreso legal país por ningún medio.

Procesamientos

En base a las pruebas recolectadas, el juez Viri procesó a uno de los hombres como coautor del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte agravado, como organizador y financiador de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. También lo procesó como autor de homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio del integrante de la Gendarmería, y encubrimiento de contrabando.

El magistrado también procesó a la mujer y al otro hombre como coautores de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio agravado. Asimismo, a este último imputado también se lo procesó como autor de encubrimiento de contrabando.

Además, el juez embargó al supuesto organizador por la suma de 500 millones de pesos, al otro hombre por 20 millones de pesos, y a la mujer por 2 millones de pesos.

Para así proceder, el juez entendió que estaba demostrado que todos ellos formaban parte de una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de cocaína desde, al menos, septiembre de 2024, y que cada uno de ellos desempeñaba un rol diferente dentro de la organización.

En cuanto a la tentativa de homicidio del gendarme, el juez tuvo por probado el disparo efectuado por el principal acusado. En tal sentido consideró que, durante los allanamientos, el personal de la Gendarmería se identificó “no sólo previo a ingresar a la propiedad, sino también previo a ingresar a cada ambiente de la vivienda” y que “todos los preventores se encontraban vestidos con el uniforme de la Gendarmería Nacional y poseían colocado los chalecos balísticos con el logo que identificaba la fuerza federal”. En tal sentido, el juez agregó que los efectivos habían llegado a la vivienda “con las sirenas y luces/balizas encendidas” por lo que el imputado no podía “ignorar que se trataba de un allanamiento por parte de la Gendarmería Nacional”.

En su resolución el juez destacó que el principal acusado tenía “pleno conocimiento” que la irrupción en su domicilio estaba siendo llevada a cabo por la Gendarmería Nacional. “No debe olvidarse que el imputado, previo a disparar, se levantó de su cama, buscó el arma, la cargó y se dirigió hasta la puerta de su habitación y a un metro de distancia le disparo directo al pecho de una persona que había llegado al lugar con sirena y baliza, gritando en varias oportunidades que era de la Gendarmería Nacional y que se encontraba uniformado y con chaleco antibalas con todas las insignia e identificaciones de la referida fuerza federal”, concluyó el magistrado.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del  Dr. Hernán Viri, ordenó la realización de dos allanamientos sobre 2 domicilios emplazados en la ciudad de Gualeguaychú, en el que se secuestró  $50.000.000,00; 22.562,00 de dólares y 8.720,00 pesos uruguayos . En total, arrojó un total de $180.918.746,00.                                                

Además, se retuvieron elementos electrónicos: 2 CPU; 4 celulares; 2 máquina contadora de billetes; 1 DVR.; 1 Notebook; 10 Pendrives; 1 Tablet y 1 Disco rígido. Vehículos: 1 Camioneta Ford modelo Maverick ; 1 Volkswagen modelo TAOS. y Documentaciones de interés. 

El millonario operativo surgió de una investigación minuciosa realizada por la Fiscalía Federal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Pedro Rebollo, en conjunto con la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Dicha investigación tiene su génesis el día 30 de julio del 2024, la cuál surge de una denuncia anónima, dónde se mencionó que un hombre residente en la localidad realizaba compra-venta de dólares de forma ilegal. Por tal motivo, el magistrado ordenó a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Gualeguaychú, realicen tareas investigativas.

Ante lo expuesto, a través de distintas tareas de campo, análisis de información y escuchas telefónicas, se logró identificar al investigado como así también el lugar (cueva) donde realizaba la actividad ilícita. La modalidad delictual se realizaba en una de sus viviendas, donde con previa comunicación telefónica, se coordinaba y concretaba las compra y venta de dólares de forma ilegal.   Por tal motivo, la Fiscalía interviniente solicitó al Juzgado Federal, las correspondientes ordenes de allanamientos sobre la vivienda utilizada para dichas transacciones, como así también el domicilio donde rescindiría.                              Es importante mencionar, que para el cumplimiento de las manda judicial se contó con la colaboración del personal de la Central de Investigaciones (Departamento Delitos Económicos) dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones y personal de la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizadas del Banco Central de la República Argentina.

A las 9:30 comenzó la quema de una tonelada de droga (marihuana y cocaína) secuestrada entre el 2024 y parte del 2025.

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El juez federal Hernán Viri dispuso la quema de casi mil kilos de marihuana y 400 kilos de cocaína que han sido secuestros en diferentes procedimientos realizados por las fuerzas federales, ordenados por el juzgado.

Con motivo de un procedimiento de destrucción de material estupefaciente, estuvo presente el gobernador de la Provincia Rogelio Frigerio, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el presidente del STJ, Leonardo Portela;  el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Verrier; eI subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, Ignacio Cichello (funcionarios nacionales) y otros funcionarios municipales.

El juez federal Hernán Viri habló con Ahora ElDía por la cremación de estupefacientes incautados en el último año, que tendrá lugar mañana en Gualeguaychú. 

“Esto se da como resultado de las causas que se llevamos adelante durante el año 2024 y este año. Llegamos a un cúmulo de casi 1000 kg de marihuana, casi 400 kg de cocaína. Esto está resguardado en la Gendarmería Nacional. Entonces, tal como establece la ley, dispuse su destrucción, que se va a llevar adelante mañana en el crematorio con la presencia del Ministro de Seguridad y Justicia Roncaglia, el jefe de Policía, y muy probablemente esté también el gobernador de la Provinciay otras autoridades”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que desde que asumió el Juzgado Federal “se ha incrementado el secuestro de droga, se secuestra en la jurisdicción muchísimo más. Por otro lado, se ha incrementando este modus operandi de las avionetas que tiran paquetes de droga para que luego un vehículo terrestre los levante y los pase a la República Oriental del Uruguay”.  

El miércoles a las 9 horas se realizará en el Crematorio Gualeguaychú, ubicado a metros del acceso a la altura de la rotonda del Cristo de la Hermandad. El juez federal Hernán Viri dispuso la quema de casi mil kilos de marihuana y 400 kilos de cocaína que han sido secuestros en diferentes procedimientos realizados por las fuerzas federales, ordenados por el juzgado. El Ministerio de Seguridad de Entre Ríos prestará colaboración en la logística para el traslado de la droga.

Según fuentes judiciales, Viri le solicitó al ministro de Seguridad de Entre Ríos Néstor Roncaglia que disponga del operativo de seguridad para realizar el traslado de los estupefacientes desde donde se encuentra secuestrada hasta el crematorio para su incineración. Para el procedimiento se ha confirmado la presencia del Ministro y de otras autoridades.

La industria del narcotráfico es un negocio multimillonario y peligroso. Y para que los billetes sigan llegando, estas bandas criminales exprimen el ingenio a más no poder para movilizar y vender marihuana y cocaína a como dé lugar. En este sentido, Gualeguaychú ha ido mutando su rol en el desempeño de este negociado ilegal: desde ser un lugar de tránsito y consumo, en la actualidad a adoptado una importancia estratégica por el lugar que ocupa como cuidad de frontera.

Es por esto que del otro lado del mostrador está la Justicia Federal, cuyo uno de sus principales objetivos es detener este negocio criminal, el cual trae aparejado no sólo el daño que producen las adicciones a estas drogas sino también el tendal de muertos que surgen cuando el narcotráfico se descontrola, invade las instituciones y se bifurca en diferentes facciones con ambiciones contrapuestas.

“Desde que este juzgado se puso en funcionamiento, que fue cuando yo asumí como juez en diciembre de 2019, advierto una mayor complejidad en todo lo relacionado con el narcotráfico y el negocio de las drogas”, sostuvo el Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri durante una entrevista en la cual compartió los trabajos realizados bajo su órbita en 2024.

En este contexto, Viri adelantó que la cantidad de operativos realizados por orden suya redituaron algunos frutos y mantuvieron el nivel de resultados positivos desde su llegada: “El año pasado logramos secuestrar más de mil kilos de drogas, y ahora tenemos todo esto que confiscamos en 2024 listo para quemar y destruir. En ese período de tiempo, además, se llevaron adelante entre 40 y 50 allanamientos y hemos detenido casi 30 personas. También se han secuestrado decenas de vehículos, millones de pesos y miles de dólares”, rememoró el Juez Federal.

Si bien Viri plantea que el tema del narcotráfico en Gualeguaychú se complejiza cada día más, al mismo tiempo existe una discusión interna sobre si efectivamente el problema va en aumento o si es acaso que la Justicia trabaja más y visibiliza más sus resultados. 

“Antes había sólo dos Juzgados Federales en todo Entre Ríos: uno en Concepción del Uruguay y el otro en Paraná. Era una locura, un juez sólo no puede investigar lo que sucede en media provincia. Afortunadamente ahora funcionan tres más: Victoria, Concordia y Gualeguaychú, por lo tanto los jueces podemos investigar más ya que tenemos una porción más reducida del territorio”, ejemplificó el magistrado.

Pegar donde más duele

Por cada causa formada para una investigación por narcotráfico, en paralelo el juez Hernán Viri ordena la apertura de otra más para investigar el lavado de dinero. El crecimiento en la magnitud de los negocios de las bandas narcocriminales obligan a tener una maquinaria bien aceitada para poder utilizar las ganancias del negocio ilegal en un mundo donde los bienes y consumos exigen tener un mínimo dato del origen del dinero.

“Las organizaciones narcocriminales en muy poco tiempo recaudan muchísimo dinero. Pero ese dinero hoy en día tiene que estar digitalizado o bancarizado porque de lo contrario es muy difícil adquirir cualquier bien. Para comprar una casa o un auto te exigen que demuestres de dónde salió el dinero. Hoy en día es muy difícil y vulnerable el sistema de lavado porque realmente todos los sistemas se entrecruzan y en un minuto el ARCA o cualquier organismo estatal puede llegar a determinar de dónde viene el dinero. Por eso en la actualidad se transformó en un gran negocio conformar una organización que se dedique exclusivamente al lavado de dinero, que son de la misma envergadura que las organizaciones narcocriminales. No son ambas parte de una misma banda, son dos bandas trabajando en conjunto”, explicó Viri a Ahora ElDía. 

Sin embargo, las bandas criminales parecen estar todo el día pensando sobre cómo ganarle al sistema, y si algo caracterizó a 2024 es la irrupción en el mundo legal e ilegal de las monedas virtuales, las cuales ofrecen un montón de ventajas, tanto para el bien como para el mal.

“Si hay algo característico de 2024, es que antes no había muchos movimientos con criptomonedas. Empecé a investigar lavado de dinero a través del dinero virtual. Al dinero físico en volúmenes grandes es difícil de trasladar y es más fácil desbaratar esa operación. Después, seguir la trazabilidad del dinero virtual es mucho más difícil”, describió el presente y agregó: “Las dos características de 2024 son el dinero virtual, algo que no venía observando, por lo menos en los años anteriores, y el aumento de la presencia y movimientos de organizaciones internacionales”. 

“La verdad que el de las criptomonedas es un tema que hace mucho tiempo que vengo estudiando. El año pasado, viajé a Estados Unidos por invitación de la embajada para hacer un curso de tres semanas sobre narcotráfico, lavado y dinero virtual. Asistimos fiscales y jueces federales no sólo de Argentina sino también de siete países de Latinoamérica. El curso estuvo a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA). Por eso este es un tema del cual conozco porque me formé, y al mismo tiempo puedo decir que es bastante complejo porque es abstracto y, sobre todo, lo que es difícil es hacer la ingeniería inversa de todo el trazado de las criptomonedas”, destacó.

“Hay billeteras virtuales centralizadas, descentralizadas; algunas tienen registros, otros no. Realmente es algo complejo y, a veces, no hay en las fuerzas de seguridad, que son los que realizan las tareas investigativas, personal que cuente con la formación técnica y con la tecnología necesaria”, concluyó al respecto. 

Quema versus reciclado

“Para destruir las drogas hay que tener un procedimiento de seguridad, por eso a veces tardamos un poco porque son hornos especiales por el tema de la contaminación. A fin de año hablé con el ministro de Seguridad de Entre Ríos Néstor Roncaglia y el gobernador Rogelio Frigerio, quienes ofrecieron las instalaciones de Paraná para destruir esta drogfa. Ahora estamos estudiando cuál es el mejor destino para quemar esa droga, sobre todo por cuestiones de distancia y seguridad”, amplió.

Esto último no es un detalle menor, ya que el guardado, la quema, la incineración y la destrucción de las drogas es una preocupación a nivel mundial. Si bien en Argentina este proceso involucra un número considerable en lo que respecta al volumen del material confiscado, países de Centroamérica como México deben lidiar con una cantidad muchísimo más grande, lo cual no sólo adiciona un peligro más por el valor monetario que tienen esos estupefacientes sino que además deben aumentar las medidas de seguridad en caso de que esas bandas criminales quieran recuperar lo que consideran suyo.

Es por eso que a nivel mundial se trabaja en métodos alternativos para el desecho de drogas ilegales y peligrosas, y el que está tomando más impulso en el mundo es el de neutralización de la sustancia y reciclado en ladrillos para la construcción.

“Hace unas semanas hablé con personal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que es la que investiga el narcotráfico a nivel nacional. Ellos me hablaron sobre los nuevos métodos para eliminar la cocaína y la marihuana y que puntualmente el método de la quema está en retirada. En cambio, ahora se opta por reutilizar esos materiales y convertirlos en ladrillos para construir. De esta manera, ahora se busca un destino más sustentable a esa droga secuestrada, como en este caso ladrillos para la construcción”, remarcó Viri. 

Esta información y toda la interiorización al respecto sucedieron cuando en septiembre del año pasado se realizó en Gualeguaychú el Taller sobre Crimen Organizado Transnacional en el cual se realizaron una jornada dos días contra el narcotráfico. Asistió el gobernador Frigerio, el ministro Roncaglia, el intendente Mauricio Davico, autoridades de las diferentes fuerzas de seguridad y jueces y fiscales de todo el país y el resto de la provincia. El evento, que tuvo lugar en el Club Recreo, fue organizado Realmente fue muy importante y una movida linda que hicimos en el Club Recreo. Ese evento fue realizado en el Club Recreo y organizado íntegramente por el juez Viri con el apoyo de la Organización Naciones Unidas (ONU) y la Embajada de los Estados Unidos. 

“En todo el mundo se empezó a elegir estos procedimientos de reutilización. Obviamente que el ladrillo queda inocuo, no es que se puede raspar y listo. Esta es una visión más sustentable de la droga, y el mundo va hacia una visión más sustentable en todo sentido, y la droga no escapa a esto. Argentina está implementando de a poco estas nuevas metodologías. Sin embargo, esto aún no es algo cotidiano. Por lo tanto la casi tonelada y media de drogas que tengo secuestrada para quemar la vamos a incinerar de la manera tradicional”, sostuvo.

Un lustro de lucha

Lo cierto es que la llegada del Juzgado Federal a Gualeguaychú hace ya cinco años cambió el panorama de la lucha contra el crimen organizado en la venta y distribución de estupefacientes. Si bien la presencia de la droga en la ciudad siempre fue plena, lo que cambió quizás en este último tiempo es la cosmovisión que tenemos sobre la magnitud del negocio y cómo muta según las circunstancias.

“Desde que se inauguró el Jugado Federal de Gualeguaychú hasta ahora he quemado aproximadamente cinco toneladas de drogas, entre marihuana y cocaína. Ahora tengo pendiente de quemar más de una tonelada más”, grafica Viri para poner en relación los niveles que el narcotráfico maneja a nivel local. 

“Siempre solemos tener una discusión de manera interna: es acaso que hay más droga circulando o es acaso que uno investiga más y mejor. Es como cuando se habla de la violencia de género: no sé si ahora hay más casos de episodios violentos contra las mujeres o que antes no se denunciaba y ahora se puede proceder más. Con la droga pasa lo mismo, y nosotros tenemos que seguir proyectados en trabajar de la mejor manera y seguir aprendiendo para poder estar a la vanguardia”, concluyó Viri. 

En el día de ayer, se llevaron a cabo en la ciudad 23 allanamientos de domicilios que dejó un saldo de 10 imputados. Esto surge a raíz de las más de 20 denuncias que recibió Justicia sobre presuntas presiones de parte de dirigentes sociales en Gualeguaychú. 

A partir de esta veintena de denuncias que involucran a nuestra ciudad es que se realizaron los allanamientos. En esta dirección, el juez federal Hernán Viri contó: “En principio a los 10 imputados se les podría adjudicar extorsión, amenaza y defraudación de a administración pública. Después,  eventualmente  si es que se llega a tomar una declaración indagatoria y demás, va a depender mucho de todo el plexo probatorio que uno reúna en el expediente pero en principio se podría vislumbrar quizás la comisión de de estos delitos”. 

Desde el juzgado se están investigando tres hechos: el cobro de un porcentaje por cada plan Potenciar Trabajo, obligación de asistir a las marchas y protestas, y merenderos que no funcionaban pero seguían recibiendo subsidios. 

“Estas son las tres  hipótesis delictivas que se planteaban en la denuncia originaria que se comenzó a investigar  y se recibieron muchas declaraciones testimoniales algunas con reserva de identidad debido al temor de las personas que denunciaban y que fueron corroborando. Una vez que recolecté toda la prueba que consideré que era suficiente, dispuse justamente estos 23 allanamientos que estaban destinado a casas particulares, a comedores, merenderos y otros lugares. Hay de todo dentro de los 23 domicilios, hay domicilios particulares que pertenecían a las personas que fueron  sindicadas como responsables de estas maniobras ilícitas, algunos comedores y merenderos y, algunos locales también que se dedicaban a prestar asistencia de este tipo a las personas que lo necesitaban. Como consecuencia de los allanamientos se secuestró bastante de documentación, listados, dinero y sobre todo celulares que ya le estoy ordenando en el día de la fecha la Gendarmería que los analice porque es una fuente de prueba bastante importante”. 

La semana pasada se llevó a cabo una audiencia pública en el marco de la causa que investiga presunta contaminación en los alrededores del exFrigorífico. En este contexto, la Cooperativa Eléctrica presentó una solución al Juzgado Federal para hacerse cargo de la puesta a punto de los siete transformadores que se encuentran en el histórico predio y su posterior reinserción social. 

En la audiencia, la Cooperativa Eléctrica expuso la viabilidad de la propuesta y el Municipio mostró conformidad. No obstante, aclaró que si la justicia daba el visto bueno, se debía presentar un proyecto al Concejo Deliberante para concretar la donación. 

Es así que, el juez federal Hernán Viri informó que “ayer firmé la resolución por la cual convalida todo este procedimiento que se plasmó en la audiencia pública que llevamos adelante y que evalué como algo que era virtuoso. En definitiva, este proceso implica que la Municipalidad le entregue a la Cooperativa Eléctrica los siete generadores que, como quedó demostrado en la audiencia, tenían asbesto e hidrocarburos. La Cooperativa se va a hacer cargo de llevar adelante el procedimiento que sea necesario para que no contaminen más y los va a reutilizar en beneficio de todo Gualeguaychú, porque los va a sumar a los generadores que tienen para proveer mayor electricidad a la ciudad. Esto lo firmé ayer y se los comuniqué a las partes. En los próximos días esperemos que se concrete”. 

Ahora solo restan dos cosas: por un lado que el Ejecutivo presente el proyecto de donación al Concejo Deliberante y, que el órgano legislativo tome la decisión de si aprobarlo o no. 

En la mañana de este lunes, el Escuadrón 56 de la Gendarmería Nacional lleva adelante el allanamiento de 23 domicilios de dirigentes sociales en Gualeguaychú por orden del Juez Federal Hernán Viri.Según supo Ahora ElDía, el procedimiento se da a raíz de hechos denunciados a través de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad, en el marco de la causa en que se investigan las posibles exigencias bajo amenazas a grupos de personas beneficiarias del plan nacional “Potenciar Trabajo” realizadas por parte de los representantes locales de distintas organizaciones sociales para participar en diferentes actividades proselitistas vinculadas a estas como marchas, cortes y manifestaciones. De acuerdo con las denuncias y la investigación en curso, en dichas actividades se tomaba asistencia a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, y en caso de inasistencia debían abonar un porcentaje de dicho plan, negándoles el acceso a los alimentos distribuidos por el Gobierno nacional, e incluso dándoselos de baja; asimismo, todos los meses, los referentes locales de dichas organizaciones sociales les exigían la entrega de un porcentaje del dinero de los planes nacionales en cuestión, bajo amenaza de dárselos de baja.Noticia en desarrollo…

En el marco de la causa penal en donde se investiga la posible contaminación ambiental en torno al ex Frigorífico Gualeguaychú como consecuencia de la presencia en el lugar de asbesto e hidrocarburos alifáticos (sustancias altamentente contaminantes y actualmente prohibidas por la ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos), el Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri dispuso convocar para este martes 17 de septiembre a las 9hs -en la sede del Juzgado Federal- a una audiencia en la que participarán el Intendente Municipal Mauricio Davico, la Secretaria de Ambiente Ivana Zecca, el Presidente de la Cooperativa Eléctrica Nahuel Otero, el Fiscal Federal, los representantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y el personal técnico de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina que llevó adelante los estudios periciales sobre los generadores en que se encontró el material contaminante.En dicha audiencia se abordará la delicada situación ambiental que denota el hallazgo de las sustancias contaminantes en el ex Frigorífico y encontrándose presentes todos los agentes civiles y gubernamentales con la incumbencia, el conocimiento y las potestades necesarias para dar una debida respuesta, se buscará y tratará de arribar a la solución más eficaz e inmediata posible.