Gustavo Rivas, condenado a 23 años de prisión por promoción de la prostitución y corrupción de menores, presentó ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acción de revisión de su sentencia firme. El pedido se basó en el fallo de julio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que declaró prescriptos los delitos atribuidos al sacerdote Justo José Ilarraz y dictó su sobreseimiento. Sin embargo, el Procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García, respondió con un escrito categórico en el que rechazó la solicitud.

El caso Rivas tomó notoriedad pública tras la investigación publicada por la revista Análisis en julio de 2017. Finalmente, el exabogado fue condenado en 2019 por el Tribunal de Juicio de Gualeguaychú a ocho años de cárcel y luego tanto la Cámara de Casación como el STJ ratificaron la condena de origen por un único hecho, a la vez que ordenaron que se constituyera otro tribunal para juzgar los siete casos que, señalaron, no solo no se encontraban prescriptos de acuerdo a los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe, sino que además, constituyeron –junto con el caso ya juzgado– “graves atentados a los derechos humanos”. Fue entonces que en 2022 otro Tribunal lo encontró culpable de todos los hechos imputados, condenándolo a “la pena única de 23 años de prisión efectiva”.

Ahora, su defensa intenta reabrir la discusión judicial argumentando que, como en el caso Ilarraz, los hechos por los cuales fue condenado deberían considerarse prescriptos. En su contestación, fechada el 7 de diciembre, el Procurador García sostuvo que el planteo carece de sustento jurídico, comenzando por recordar que la propia defensa de Rivas había consentido la confirmación de la condena. 

En su escrito afirmó: "De la reseña podemos concluir sin ambages que la Defensa consintió el fallo que revocó las absoluciones, -en orden a la prescripción-, al no recurrir ante la CSJN su confirmación por la Sala Penal de V.E. sino que además había quedado consentido lo atinente a la materialidad del suceso fáctico endilgado y su significación penal, -su calidad de ilícito culpable-. Pero además consintió, -al no recurrir-, el nuevo juicio que en cesura por la determinación de la pena le impuso la sanción que hoy intenta revertir. No es aventurado entonces concluir que el condenado aceptó la Justicia de su condena por los gravísimos abusos sexuales cometidos en perjuicio de los adolescentes referidos en el fallo, ya que pudo continuar su reclamo por la extinción de la acción penal, incluso llegando al Máximo Tribunal Nacional y no lo hizo. El tardío recurso de Revisión no conmueve un ápice al valor de cosa juzgada como contestación racional del orden jurídico penal Convencionalmente legitimado".

García también evaluó los alcances del fallo Ilarraz y expresó con dureza su desacuerdo: "No existe duda alguna que el fallo 'Ilarraz', -que más allá de ser conocido se transcribe- dejó sin efecto la condena a 25 (veinticinco) años de prisión por los abusos perversos corruptores cometidos en el Seminario Menor que dirigía en nuestra ciudad, con una fundamentación que, -a fuer del respeto a las verdades contingentes del Derecho-, nos producen perplejidad por un positivismo legalista difícilmente compatible con el paradigma Convencional asumido por nuestra República desde la reforma constitucional de 1994. Nuestra posición es frontalmente contraria a este fallo, y obviamente, nos hallamos en la tarea de propiciar que entidades defensoras de Derechos Humanos tomen este malhadado caso, -que dio fundamento directo a la reforma en materia de prescripción para abusos de niñas/os-, y logren su refutación ante la CIDDHH, (confr. por todos, la crítica de Andrés Gil Domínguez, en 'Palabras del Derecho', del 21/07/2025, 'La imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en el Estado constitucional y convencional de derecho argentino')".

El Procurador además subrayó los principios que, a su criterio, deben regir en materia de delitos contra la niñez: "Nuestra postura Institucional se basa en una interpretación prevalente de las Convenciones de Derechos Humanos tuitivas de la niñez frente al abuso paidofílico, -sea que existan o no roles especiales de Garante-, como delitos de sometimiento por el género, pues quebrantan Normas de jerarquía Supranacional incorporadas a nuestra Carta Magna, en su interpretación por la Corte Interamericana de DDHH".

En su análisis final, García sostuvo que el caso Ilarraz no puede aplicarse como doctrina válida para revisar la situación de Rivas: "En síntesis, no creemos para nada pertinente en términos conceptuales que el fallo 'Ilarraz', por la infrainclusión que contiene en la garantía Convencional de tutela reforzada ante los abusos sexuales paidofílicos, pueda fungir como doctrina judicial digna de la jerarquía de precedente a seguir, -como dice Gil Domínguez- sino solo como una decisión válida y respetable pero solo para el caso concreto. Esta cuestión 'derrotada' por la tutela reforzada que se materializó en la suspensión de la prescripción en tanto sus víctimas no pudieron tener cabal comprensión de su significación penal y que objetivamente es una gravísima violación a la garantía de protección de niñez, fue conocida ya en el tiempo del debate argumental que culminó en la iusdecisión legítima de condena y que fue consentida como vimos por el condenado y su defensa, por lo que no existe una sobreviniencia que altere la cosa juzgada, con valor derogatorio análogo a una favorabilia lex. Aduna esta conclusión, no solo la referencia del propio fallo 'Ilarraz' al derecho Convencional de la víctimas de abuso infantil a un juicio que les garantice ser oído y se demuestre su Verdad, sino el hecho de que los casos que teníamos pendientes, luego del referido fallo, fueron devueltos, no con la referencia a dicho precedente sino con el certiorary del art. 280 CPC y C, es decir sin entrar a la razón del 'thema decidendum', como expresamente lo deja asentado el Ministro Dr. Lorenzetti".

Y concluyó con un firme rechazo a la pretensión de revisión: "Constituiría una contradicción flagrante en términos de argumentación jurídica y sobre todo una claudicación flagrante moral, -el árbol de Dworkin-, dar pábulo para desplazar a la cosa juzgada en esta causa.-VIII.- Por lo expuesto, es nuestra opinión que debe V.E. declarar inadmisible al presente, art. 527 'a contrario sensu' CPP".

El Superior Tribunal de Justicia deberá resolver ahora si hace lugar al pedido de revisión. Mientras tanto, la condena de 23 años de prisión contra Gustavo Rivas continúa firme.

Fuente: Análisis

En septiembre de 2022 Gustavo Rivas recibió su condena definitiva (ya que no fue apelada) a 23 años de prisión por abusos sexuales y promoción a la prostitución de menores. 

Una de las víctimas que fue clave para que la causa llegue a buen puerto fue otro reconocido abogado de la ciudad, Martín Daneri, quien con nombre y apellido se animó a denunciarlo y a quitarle el velo al “ciudadano ilustre”.

Hoy, radicado en Buenos Aires por motivos profesionales y a dos años de aquel momento histórico, contó como atravesó el proceso judicial, reveló pruebas claves del juicio y contó el siniestro método de Rivas para captar víctimas.

“Fue un proceso largo, por las circunstancias del hecho en sí, de lo que implica la figura de Rivas para la sociedad de Gualeguaychú, ya que si bien era un secreto a voces estaba apañado por mucha gente, que o no creía o miraba para el costado”, comenzó contando Daneri en su charla con Ahora ElDía.

“Fueron apareciendo denunciantes poco a poco porque no se animaban, hasta que se recopilaron todas las pruebas. La verdad que fue muy buena la investigación, tanto Lisandro Beberán como Martina Cedrés hicieron una excelente labor, se fue comprobando todo lo que había declarado en Paraná, después del allanamiento en julio de 2017, preferí hacerlo allí porque había otras dos víctimas que no se animaban a declarar”, recordó.

Acerca de la postura de Rivas en aquel momento, marcó que “la defensa obviamente se fue oponiendo y no digo intimidando, pero si causando un poco de temor, hasta que se llegó a lo que fue el juicio oral, donde el Tribunal de tres integrantes dio por probado todos los hechos menos uno por el beneficio de la duda, pero lo condenó sólo por un hecho argumentando que todos los otros ya habían prescripto. Luego, el Tribunal de Casación dijo que no lo habían hecho, ya que se trataba de una violación a los Derechos Humanos y le impusieron una condena de 23 años”, precisó el abogado que tiene el caso muy fresco en su memoria.

Tras la apelación de la defensa, la sala penal del Superior Tribunal de Justicia ratificó el fallo y Rivas decidió no apelar a la Corte Suprema, por lo que la condena quedó firme. Luego, tuvieron lugar los idas y vueltas por el lugar donde debía cumplirla: en primera instancia, se le otorgó la prisión domiciliaria, luego se la revocaron y pasó cuatro meses en la cárcel, en la Unidad Penal Nº9, hasta que volvió a ser beneficiado con la domiciliaria. De esta manera, pasa sus días en su casa de la calle Mitre, el mismo sitio donde cometió gran parte de sus delitos.

“Quedé conforme porque se pudo probar todo lo que había declarado, se encontró una filmación en 8 milímetros de 1978, que yo pensé que no existía. Él ya sabía que lo iban a allanar y eliminó muchas cosas, solamente dejó poco más de 200 fotos, a propósito, porque eran fotos de personas conocidas, incluso que trabajan en los juzgados; fue una especie de extorción encubierta, pero tuvo la mala suerte que en el procedimiento uno de los policías golpeó una de las paredes huecas, que era de madera -eso aparentemente se le pasó- y ahí había un rollo con filmaciones que iban desde 1972/73 en adelante. En una de esas cintas me reconocí y a las personas que estaban ahí, y eso se proyectó en una pantalla en el juicio oral”, reveló Daneri acerca de una de las pruebas claves.

Resaltó que la condena lo dejó “conforme por todas las víctimas, por las que no se animaron a denunciar, que son miles, te diría que son cerca de 4.000 y creeme que no es exagerado. Muchas se fueron a vivir a otro lado, conozco algunos que emigraron al exterior. Romper con la hipocresía fue una manera de sanar. Siempre estuve convencido de lo que hacía, soy abogado, he hecho Derecho Penal y estoy acostumbrado a diferentes ambientes y presiones”, comentó, mientras que lo que más le costó “fue mi familia, que no sabía nada, quería cuidarlos a ellos; fui el único que salió en televisión en su momento, en el programa de Daniel Enz, dando nombre y apellido; mi hermana me llamó llorando, también tenían miedo a las represalias, pero no tuve miedo”, rememoró.

Los “viajes de placer”

Gustavo Rivas captaba a sus víctimas en clubes, colegios y en las carrozas estudiantiles, los elegía según su gusto personal y lentamente los introducía en su mundo hasta abusar de ellos.

“A Rivas lo conocí cuando él tenía 32 o 33 años, nosotros teníamos 15-16. En ese momento era el presidente del Club Neptunia y nosotros teníamos un equipo de vóley- Él se arrimaba, empezaba a hablar, siempre fue muy gracioso, de hacer chistes, una persona muy histriónica, a algunos les prestaba el Falcon rojo que tenía para escuchar Les Luthiers en cassette, Un día nos propuso organizar un baile de estudiantes en una sala de juegos que tenía el club. La entrada era para nosotros para usarla en un ‘viaje de placer’”, relató Daneri acerca de su experiencia personal, y detalló: “¿En qué consistió? Fuimos seis en un auto, un Renault 6; Rivas iba en otro auto y ya había arreglado todo en el prostíbulo ‘La Paraguaya’, muy conocido en esa época, para que ‘debutáramos’ todos con la misma prostituta… Eso eran los ‘viajes de placer’”, resumió.

“Así era como empezaba y no era una época fácil, estábamos en plena Dictadura, pero Rivas manejaba los hilos. Y la otra era ir al ‘bulín’ que estaba cerca de lo que hoy es Black River. Era todo calles de tierra: allí nos hacía mirar películas pornográficas y nos hacía hacer una masturbación grupal como un chiste. Por suerte todo el grupo con el que estaba éramos personas ‘sanas’, por decirlo de alguna manera, y no pasamos por otras situaciones raras, pero si esa masturbación grupal que quedó filmada y que se pasó en el juicio oral. Él nos filmaba la cara y ‘demás’. En esos tiempos había que mandar a revelar el rollo a Buenos Aires. Rivas siempre tuvo tecnología de última generación. También fuimos a la casa de la madre, que es donde Rivas vive actualmente. Siempre seleccionaba a uno, al que veía más vulnerable. Algo que era muy chocante y que hacía siempre, era desnudarse. Nosotros éramos adolescentes y ver a un presidente de un club, abogado, sin ropas, nos sorprendía al tiempo que vulneraba nuestra inocencia”, manifestó la víctima.  

Daneri aseguró que “hubo grupos que tuvieron relaciones con él, así fue su modus operandi durante años. Según la investigación de fiscalía buscaba chicos de clase media, con cierto estereotipo físico, atléticos; luego fue ampliando su ‘coto de caza’ y terminó, entre 2010 y 2011, yendo buscar a sus víctimas a barrios más carenciados. Hay una declaración de un testigo que contó que les facilitaba dinero para drogas si estaban con él. También hay situaciones muy difíciles de relatar que están en el expediente de las causas; algunas se hicieron públicas a través del testimonio de Joaquín Otero (otra de las víctimas que se animó a hablar en los medios). Tenía mucha impunidad, andaba como si nada, era perverso y pasivo, lo cual hizo que muchos crean que no había abuso al no ser activo; por ejemplo, para que te des cuenta lo perverso que era, Rivas les decía a los chicos nuevos que reclutaba que sus padres habían tenido relaciones con él hace 30 años. imagínate el efecto que puede tener eso en un adolescente. Su idea siempre fue ‘quemarle’ la cabeza a los chicos, y como esto, en el expediente hay situaciones y acciones mucho peores”, finalizó el gualeguaychuense.

Gualeguaychú será cuna de una clínica de proyectos audiovisuales y el de Ignacio será uno de ellos. Aún en pleno trabajo de investigación y montaje, el profesional conversó con Ahora Cero y contó su perspectiva laboral, siempre con una mirada en lo social.

"El Chacal viene a dar luz a un caso real de nuestra ciudad. Ahora lo puedo decir porque ya está condenado: Hablamos de Gustavo Rivas. Durante mucho tiempo no podíamos nombrarlo, pero este caso me explotó hace un par de años cuando salió la investigación de Daniel Enz, que es un gran amigo. Por mi edad, realmente no conocía el tema, y ahí me enteré que una generación entera naturalizó los abusos y hasta miró para el costado”, reflexionó el periodista.

Además, adelantó que el trabajo lo realiza junto a un equipo de personas de Gualeguaychú. A pesar de vivir en Buenos Aires por cuestiones laborales, Nacho hace pie en la ciudad con su productora, Giovanna Lynch Wagner, y con “cada persona que quiera sumarse a trabajar. Todos los actores son de Guale, los fotógrafos, todo. Estamos trabajando en analizar mucho material periodístico y judicial; pero siempre dándole espacio al trabajo de la ciudad”, relató.

Por otra parte, aseguró que está dispuesto a recibir material periodístico, testimonios, o cualquier propuesta de personas que crean que pueden aportar algo a este film que se enmarca dentro del género que relató crímenes como el de María Marta García Belsunce, entrelazando testimonios reales, documental y segmentos ficcionados y recreados.

En el Instagram de su productora (@puntoprodu) publicaron: “Presentamos el proyecto más ambicioso en el que está trabajando la productora. Una serie web basada en una historia real ocurrida en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Para llevar a cabo tamaño proyecto estamos buscando financiamiento de cualquier fuente. Cualquier información al respecto será bien recibida”.

“Mi sueño es que este documental llegue a Netflix y sea visto por todo Gualeguaychú y el país”, dijo Nacho, y aseguró que “la idea es que cuando esté listo, podamos presentarlo en la sala del cine. Alquilar el lugar y que sea difundido para todos”.

Nacho ha trabajado para diversas productoras de contenido como Netflix o NatGeo, editando trailers, haciendo color grading, backstage y cámara. También trabajó para entes gubernamentales como el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. 

La clínica de proyectos audiovisuales se realiza los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural Luis Luján, en plena Costanera del Tiempo. 

En Mitre 7 Gustavo Rivas deberá pasar los próximos 23 años. Actualmente, beneficiado por esta prisión domiciliaria, contará con un sistema de tobillera electrónica, que logrará un total seguimiento por parte del Departamento de Seguridad informática y Monitoreo Electrónico, del Servicio Penitenciario de Entre Ríos a cargo de Carlos Salomón.

Rivas no podrá en ningún caso quitarse dicho dispositivo porque inmediatamente generará un alerta que deberá ser denunciado al tribunal.

En tanto, informaron que en cada trasladado que deba realizar a Rivas, tendrán que informar con antelación al Departamento de Seguridad Informática. 

El Patronato de Liberados de Entre Ríos será el responsable de de controlar e informar sobre el cumplimiento de lo ordenado. Mensualmente tendrán que detallar el comportamiento del condenado. 

En Ahora Cero Radio, la abogada de las víctimas, Estela Esnaola expresó que Gustavo Rivas “no debería tener comunicación con redes sociales; no debería tener contacto, como tampoco deberían tenerlo la mayoría de las personas que están presas en Argentina. Esa es la realidad” 

“La única modificación que tiene es que lo cumple la condena en su casa. Es decir, un narcotraficante de Rosario, por ejemplo, que se comunica y da órdenes tiene la misma entidad”, ejemplificó.

Y agregó: “está las mismas condiciones que estaba en la cárcel. La única diferencia que hay con la persona interna en una cárcel, es su domicilio. Nada más. El régimen es exactamente igual”. 

Por otra parte aclaró que algún abogado o alguna víctima podría realizar el reclamo y debería comprobarse que fue el propio Rivas el que hizo uso de la red social. Inclusive podría hacerse una queja ante Facebook y solicitar el cierre de la cuenta.

“Tiene que tomar parte la Justicia y el juez que estaba a cargo de la ejecución penal”, aclaró Esnaola y agegó: “Tiene que tener una sanción”.

Asimismo, indicó que el condenado por corromper menores “supuestamente lo pasaba mal; y me parece que tan mal no estaba por lo que escribe”.

Respecto de una posible sanción, la abogada dijo que podría recibir “una advertencia o directamente revocarle la prisión domiciliaria y volver a la prisión común. Es decir, el estado en el que él está no es definitivo. Puede volver en cualquier momento”.

Por otra parte, Esnaola recordó la gravedad de los delitos de Rivas y aseguró que “cuando nosotros decimos, en materia de abuso y corrupción, que hay personas que quedan marcadas de por vida; o cuando hablamos de robo de infancias o adolescencias, es verdad, es así. La vida es un antes del abuso. Imaginen lo que significa para los padres de esas criaturas, para el entorno familiar. Es un antes y un después”.

“Las convenciones internacionales sobre los derechos del niño, siempre toman al niño y al adolescente con una protección especial porque son personas que no se pueden defender; no saben qué es lo que le están haciendo y cuál va a ser la repercusión a futuro en su psiquis”, dijo.

Y antes de cerrar concluyó: “Rivas se manejó siempre con una personalidad totalmente delictiva y narcisista. Es sumamente narcisista porque si escribió ese texto o no, está esperando que se hable permanentemente de él. Hace 15 días se hablaba de su libertad, ahora se habla de esto y dentro de 15 días va a ser otra cosa”.

La cuenta de Rivas volvió a activarse: el texto recibió el apoyo de un sector minúsculo de la sociedad que apoya al condenado y las repercusiones no tardaron en llegar.

El texto en cuestión relata: “MEMORIAS DE UN PRESIDIARIO”

Si bien el título de la serie podría traer alguna reminiscencia deFray Mocho, como “Memorias de un Vigilante”, de ningún modo pretendemos compararnos con el célebre autor gualeguaychuense. Al contario, sólo establecer diferencias: el libro fraymochesco volcaba la rica experiencia de su paso como empleado de la policía capitalina. Esto en cambio, vuelca algunos relatos colectados en un tiempo más breve y desde un lugar mucho más humilde, casi despectivo, como el de preso.Y con la aclaración previa de que este contenido es absolutamente real, vamos al grano.

“TITO”, EL ´PERRO PRESO

La fidelidad y apego de los perros hacia sus dueños, es admirable y a menudo, emotiva. ¿Quién no se ha conmovido, al ver los perros en la puerta de los hospitales, velando por algún enfermo?¿O durmiendo eternamente en sus tumbas de los cementerios? ¿Quién no se emocionó hasta las lágrimas con el caso de Hachiko, el perro japonés que esperó a su dueño once años en la puerta de la estación?Pero de Tito no es menos admirable. Vivía con su familia en un campo del Departamento Tala. Es mestizo, aunque conserva algo de ovejero alemán. Fue criado por su dueño, al igual que su madre y abuela. Su vida transcurría entre ese campo y una chacra distante a 10 km.Cuando fueron al campo a detener a su dueño, el perro no se enteró por estar en la chacra. Pasaron las horas y su inquietud era creciente: se la pasaba yendo y viniendo a la chacra, cada día con más desesperación.Advertida la familia del drama de Tito, resolvieron llevarlo en la primera visita y allí marchó. El reencuentro fue emocionante para ambos y Tito se quedó quince días con su dueño. Pero la segunda visita, finalizó con un inconveniente inesperado: cuando los familiares emprendían el regreso, el perro no se dio cuenta de que su dueño se quedaba y salió corriendo detrás de la camioneta.Nadie lo vio ¡y a los trece días Tito apareció nuevamente en el campo, distante a casi 300km!Pero como lo no encontró, nuevamente se pasaba yendo a la chacra, hasta que un día desapareció. Advertida su familia de lo que podía ocurrir, lo publicaron en las redes, lo que tuvo sus resultados: muchos vecinos del posible trayecto desde Tala a la Cárcel 9, les iban dando noticias de haberlo visto pasar. Ante ello, emprendieron el viaje y finalmente lo encontraron en Aldea San Antonio.Luego lo llevaron a la Unidad 9. Allí no sólo obtuvo el premio de reencontrarse con su dueño, sino algo más importante: el permiso de sus autoridades para quedarse allí.Y desde entonces Tito es un preso más, querido por todos y trabajando con su papá en las mismas tareas que hacía en el campo: cuidar los animales.Y a todo esto: ¿Cómo hizo para orientarse en ese viaje de 13 días y luego, en la mitad del trayecto inverso?Los humanos no lo sabemos.Pero el perro es perro.

El Tribunal fue compuesto por los jueces Ignacio Telenta, Gervasio Labriola y Elvio Garzón sentenció a "la pena única de 23 años de prisión efectiva" a Gustavo Rivas por ocho delitos de abuso sexual a menores. 

Con esta nueva decisión judicial, Rivas suma dos condenas: la primera condena a ocho años de prisión efectiva por el único hecho reconocido por el Tribunal de Gualeguaychú compuesto por los jueces Mauricio Derudi, Alicia Vivian y Arturo Dumón. 

Asimismo, se evaluaron otros 15 años de pena por los siete hechos que no habían sido reconocidos. En este segundo proceso, el Ministerio Público Fiscal había solicitado 25 años de prisión efectiva para el acusado. 

Luego de varios meses, se resolvió que Rivas cumpla su condena en una Unidad Penal. Fue en febrero del 2023 que se concretó su traslado, para luego retornar a su domicilio el 22 de junio del 2023. 

"Con la nueva condena las víctimas fueron escuchadas. A pesar de los dolores y padecimientos que sufrieron durante mucho tiempo, ahora lograrán ver que Rivas va a pagar estos males", señaló uno de los jueces del tribunal que estableció la condena. El juicio se realizó por orden de Casación, que ordenó volver a investigar hechos declarados prescriptos en un proceso previo.

El tribunal integrado por Ignacio Telenta, Gervasio Labriola y Elvio Garzón confirmó que siete casos desestimados no prescribieron, y condenó por a Rivas por corrupción y facilitación a la prostitución de esos menores de edad. 

Rivas había sido condenado en mayo de 2019 por uno de los abusos denunciados. En esa ocasión, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú llevó adelante un juicio que duró más de un mes, durante el cual declararon más de 100 testigos. En el marco de ese proceso, Rivas fue absuelto en otros nueve casos de abuso que se le imputaban: en uno, la absolución sobrevino por el beneficio de la duda; en otro, porque el denunciante desistió de la acusación; en los siete restantes, se consideró prescripto el delito.

La fiscalía y las querellas apelaron esa decisión y, en noviembre del 2021, la Cámara de Casación Penal de Concordia ordenó que se volvieran a investigar esos hechos. 

La nueva condena impuso a Rivas una pena de 15 años de prisión, y estableció "la pena única de 23 años de prisión efectiva", al unificarla con una anterior.

El juez Garzón explicó que para, establecer la pena, el tribunal consideró la decisión de la Cámara de Casación de Concordia, que en noviembre de 2021 ordenó un nuevo fallo, y "la legislación vigente al momento de los hechos".

Los magistrados indicaron que, además, quedó acreditado en los peritajes que las siete víctimas "habían tenido daño psíquico", y que Rivas "se aprovechó" de circunstancias como su posición en la sociedad, y la "inexperiencia y situación socioeconómica de las víctimas" para llevar adelante los abusos.

"En promedio eran menores de edad, de 14 y 15 años", detalló el juez.

La pena busca que la víctima, que "padeció durante mucho tiempo los aberrantes hechos y sus consecuencias, de alguna manera se siente escuchada", señaló el magistrado. Por eso, agregó, esos jóvenes ahora podrán ver que Rivas "lo va a pagar con una pena". 

La sentencia, advirtió Garzón, es también un mensaje de "que los delitos graves hay que castigarlos siempre con una pena justa", por lo que la sociedad verá que "estos hechos se castigan".

En el fallo de 2021, Casación consideró que los hechos "existieron y Rivas fue su autor", y que "convirtió a esos niños en sus fetiches y objetos de placer para alcanzar su propia satisfacción sexual".

Los abusos ocurrieron en las viviendas de Rivas los viernes y sábados por la noche, durante años y hasta 2011". Se trató, estableció la Justicia, de "graves atentados a los derechos humanos".

La denuncia contra Rivas se originó en una publicación de la revista Análisis Digital, que reveló que entre 1970 y 2010 el abogado y "ciudadano ilustre" de Gualeguaychú llevó a unos 2.000 niños y adolescentes a su casa, en donde los sometía a abusos.

Durante esos años, Rivas se mostró siempre como un "referente cultural e histórico", algo que aprovechaba para ingresar en ámbitos donde había niños y adolescentes, como comisiones de estudiantes, cooperativas escolares, liga de fútbol, básquet y natación. 

En la Comisión Permanente de Carrozas Estudiantiles de la ciudad, por ejemplo, circulaba con tranquilidad porque, además, había sido distinguido como "miembro honorario".

En diálogo con Ahora ElDía, confirmó que “está muy bien por suerte, física y psicológicamente, muy bien”. 

Acerca de si le parece correcta la medida de la prisión domiciliaria, aseguró que "Está bien, y yo creo que es lo que corresponde por la edad que tiene, cumplió 78 años el 8 de junio. 

Además, marco que “se demoró el trámite, no sé por qué, yo no me voy a meter con la justicia porque no entiendo mucho de eso pero lo que sí sé es que por la edad que él tiene le corresponde estar en su casa”. 

Con respecto a sus días en la cárcel, Alicia reveló que “no la pasó mal, estuvo bien, lo fuimos a visitar mucho los hermanos todas las veces que pudimos, fuimos a visitarlo y bueno, todo bien”. 

Por otra parte, quien también habló con Ahora ElDía fue uno de los abogados de Rivas, Raúl Jurado, quien consideró que su defendido “recuperó su derecho”.

“El Tribunal Superior esperaba que quedara firme supuestamente, entre comillas, que pasaran los 10 días hábiles que se requiere para si la fiscalía presentaba un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En mi entender, no hubiera correspondido eso porque la fiscalía cuando contestó el traslado lo hizo fuera de término, se lo tuvo por no contestado. Entonces mal podría tener derecho después a recurrir algo que no contestó", expresó el letrado con respecto a la demora que hubo entre que se conoció el fallo judicial y que se ejecutó el traslado. 

"No obstante ello, también me llama poderosamente la atención de que Casación, cuando el superior le comunica su resolución de que Rivas tenía que volver a su domicilio, no efectivizó la orden de manera inmediata, sino que se la derivó en el jugado de ejecución de acá. Pero te digo que me llama precisamente la atención porque cuando fue al revés, la ejecutó inmediatamente, directamente, casación. Pero bueno, lo importante es que ya está acá y está bien y para mí, desde el punto de vista profesional, es que se ha cumplido el derecho que es lo más importante”, concluyó.

Gustavo Rivas dejó la celda de la Unidad Penal 9 en la Granja Penal de El Potrero y fue trasladado nuevamente a su domicilio de calle Mitre 7, a pocos metros de la Jefatura Departamental, donde continuará cumpliendo con la condena a 23 años de prisión.

El traslado de Rivas se dio desde la UP9 por parte de personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, dando cumplimiento a una resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que el pasado 2 de junio aceptó el pedido de la defensa de Rivas para continuar cumpliendo con su condena con prisión domiciliaria.

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Pese a la gravedad de la condena, Gustavo Rivas celebró sin ningún tapujo la vuelta a su casa. Ni bien llegó, se bajó con una sonrisa y le hizo un chiste a su hermana: “Esperá que me saco las esposas así te abrazo”, dijo, ya cuando no las tenía puesta. 

Al ex ciudadano ilustre lo recibieron en su casa sus dos abogados y sus dos hermanas, quien con besos y abrazos le dieron la bienvenida.

De esta manera, Gustavo Rivas podrá cumplir lo que resta de su condena en su casa, recibiendo las visitas que quiera y disfrutando de las comodidades de su hogar.

Pasado el mediodía de este jueves, Gustavo Rivas dejó la celda de la Unidad Penal 9 en la Granja Penal de El Potrero y fue trasladado nuevamente a su domicilio de calle Mitre 7, a pocos metros de la Jefatura Departamental, donde continuará cumpliendo con la condena a 23 años de prisión-

El traslado de Rivas se dio desde la UP9 por parte de personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, dando cumplimiento a una resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que el pasado 2 de junio aceptó el pedido de la defensa de Rivas para continuar cumpliendo con su condena con prisión domiciliaria.

Oportunamente, la Cámara de Casación de Concordia había aceptado el pedido del jefe de Fiscales, Lisandro Beherán que pedía que Rivas cumpliera su condena en una cárcel común, por lo cual el 10 de febrero, luego de un operativo en involucró a personal de la UP9, River fue trasladado a la cárcel de El Potrero.

Sin embargo, su abogado defensor Raúl Jurado, presentó un último recurso ante el STJ, cuya Sala Penal votó por mayoría hacer lugar a dicha solicitud, por lo que el 2 de junio resolvió que Rivas regrese a su domicilio para continuar con el cumplimiento de la pena a 23 años de prisión.

Juan Cruz VarelaOpinión

Que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley es apenas una ilusión constitucional, un mandato incumplido que ubica a los ciudadanos en una situación irresistible.

El Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad desde hace tiempo. Existen reclamos sobre la falta de respuesta para resolver conflictos que deterioran la calidad de vida de la ciudadanía, sobre su mal funcionamiento, sus vínculos con el sistema político o sobre la falta de empatía con aquellos que acuden a diario a los tribunales para resolver un conflicto.

El colectivo feminista, por ejemplo, ha levantado la voz para advertir sobre la falta de perspectiva de género y un sesgo clasista que repercute en la falta de acceso a la justicia para quienes buscan alguna protección estatal; y el foco está puesto especialmente en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la última instancia de revisión de casos, por su capacidad de interferir con decisiones de alto impacto.

Unos días atrás, la Sala Penal del STJ dispuso la aplicación de la modalidad de prisión domiciliaria para Gustavo Rivas, un abogado, otrora ciudadano ilustre de Gualeguaychú, condenado a 23 años de prisión por ocho cargos de abuso sexual a menores de edad. Los fundamentos de aquella decisión fueron aportados por el vocal Daniel Carubia.

Rivas tiene 77 años y Carubia dijo que “la concesión del citado beneficio no está condicionado a ningún otro requisito más que a la comprobación de la edad del condenado”. Los jueces, según su consideración, tienen la potestad en la ejecución de la pena “para disponer la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena privativa de libertad a los mayores de 70 años de edad, sin requerimiento de otra u otras condiciones más que la utilidad de ella en el caso concreto, en tanto se verifique su conveniencia y no se vislumbre fundadamente un concreto riesgo de fuga de la persona condenada”.

Se puede entender que un juez no está para agradar ni para jugar para la tribuna. Carubia dice que la ley le impone conceder el beneficio de la prisión domiciliara a una persona mayor de 70 años y la aplica aun cuando esa decisión no deje conformes a las víctimas, a quien esto escribe o a una parte de la sociedad. Y está bien que así sea.

Pero la situación se complejiza cuando un juez se contradice a sí mismo. Y este Carubia, que ha sabido resistir el paso del tiempo y las desventuras del sistema judicial, es el mismo que cuatro meses antes había opinado exactamente lo contrario.

Este Carubia es el mismo que en febrero había negado el beneficio del arresto domiciliario a José Raúl Grantón, condenado a 16 años de prisión por homicidio en ocasión de robo del productor agropecuario Pascual Viollaz, en un caso de alta trascendencia social.

Grantón no es profesional; por el contrario, es un changarín de 72 años, con algunos achaques y que ha pasado más de la mitad de su vida en prisión, actualmente en la unidad penal de Concepción del Uruguay. En su caso, también pidió cumplir la condena en su domicilio, pero el criterio de Carubia fue diametralmente opuesto aquella vez. “El tópico etario (…) por sí solo y automáticamente no es motivo suficiente para otorgar la prisión domiciliaria”, dijo el supremo. “Es clara la letra legal al disponer que el juez ‘podrá’ disponer el cumplimiento de la pena mediante detención domiciliaria, la cual debe evaluarse considerando la concreta posibilidad de fuga del imputado, lo que la aleja de toda otra forzada interpretación”, agregó.

La contradicción parece evidente: ¿el beneficio deberá concederse con la sola comprobación de la edad de la persona o es una facultad del juez hacerlo o no hacerlo?

El Carubia de febrero responde con el Código Penal: “Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria (…) d)- el interno mayor de 70 años”. El Carubia de junio retruca: “Estamos ante una persona mayor de 70 años, siendo que la concesión del citado beneficio no está condicionado a ningún otro requisito más que a la comprobación de la edad del condenado”.

Los pobres de las cárceles

Lo que se expone es acaso un dato de la realidad: la extrema desigualdad de las personas frente a la justicia.

El jurista italiano Luiggi Ferrajoli habla, sobre todo, de la desigualdad generada por la pobreza, como “la fuente más grave y vistosa de discriminación” y plantea que existen discriminaciones de las personas pobres originadas en el momento de la ejecución de la pena, en las desigualdades en la concesión de beneficios ligada, inevitablemente, más que a la buena conducta, a criterios tales como las posibilidades de ocupación, la contención familiar, el nivel de educación y similares.

El resultado de esa creciente desigualdad es el carácter cada vez más clasista de la justicia penal y una prueba de ello es la composición social de la población carcelaria, formada, mayormente, por personas pobres y marginadas.

Eugenio Zaffaroni ha dicho que las cárceles del mundo están aquellas personas que responden “al estereotipo social” que una sociedad ha construido y, en el caso argentino, son “los adolescentes de los barrios pobres”. La definición completa debería decir que la población penitenciaria pertenece a los sectores vulnerables, está integrada por varones jóvenes, pobres y sin trayectorias educativas o laborales.

Las estadísticas abonan esos postulados: hacia finales de 2021, el 50,3 por ciento de los individuos privados de la libertad en cárceles entrerrianas tenía 35 años o menos; el 26,6 por ciento no había completado la escuela primaria, el 3,2 por ciento no había pasado nunca por el sistema educativo, el 88,7 por ciento no había completado la escuela secundaria, apenas el 1,4 por ciento había cursado estudios terciarios o universitarios y había apenas nueve profesionales con título universitario.

Gustavo Rivas es un profesional y, en su caso, el supremo Carubia sumó otro pretendido argumento: la “condición sociocultural” (sic) del abogado y ex ciudadano ilustre de Gualeguaychú.

La “condición sociocultural” y la edad avanzada de Rivas, dice Carubia, atentarían contra “la posibilidad de algún cumplimiento real del fin resocializador de la pena” en una unidad penal, a lo que debe añadirse el hecho de que las condiciones “se ven agravadas por las propias condiciones de vulnerabilidad y hacinamiento en que se encuentra la población carcelaria”. Carubia dixit. Pero no va más allá. No abunda en fundamentos. En cambio, sí exhibe un cierto encono hacia las víctimas, aquellos que acudieron a su estrado en busca de una reparación por el daño sufrido.

El sistema penal debe garantizar que quienes cometan delitos sean capturados, juzgados y sancionados; que las penas sean razonables y que su cumplimiento se dé bajo un régimen de tratamiento progresivo que les permita a los condenados reintegrarse a la vida en sociedad habiendo reparado el daño causado y con la premisa de no volver a provocarlo. Pero, antes que nada, debe garantizar la igualdad ante la ley.

Parece difícil, en un contexto como el actual, no admitir el fracaso. El fracaso que representa la prisionización de la pobreza generada por una degeneración clasista de la justicia penal.

El vocal Daniel Carubia recordó un precedente del Tribunal de 2010 donde, siguiendo el criterio del Procurador General se decidió “aplicar la modalidad de prisión domiciliaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Penal -recientemente reformado por la ley 26.472- y de lo prescripto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Ejecución Penal Nº 24660, toda vez que estamos ante una persona mayor de 70 años, siendo que la concesión del citado beneficio no está condicionado a ningún otro requisito más que a la comprobación de la edad del condenado”.

La Sala Penal integrada por la vocal Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Germán Carlomagno, por mayoría dejó sin efecto la sentencia de la Sala N° 2 de Casación Penal, que disponía que el hombre cumpla la condena en la Unidad Penal N° 9.

El vocal Daniel Carubia, fundamentó su voto en clara observancia de los postulados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), de las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” (Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra 1955) y del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión” (Res. 43/173, Asamblea General de Naciones Unidas, 9/12/1988).

El magistrado también, hizo referencia a los “Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos” (Res. 45/111, Asamblea Gral. de Naciones Unidas, 14/12/1990), y recordó que la legislatura nacional, ha sancionado la Ley N° 26472 (B.O., 20/1/2009), adaptando a tales instrumentos convencionales la normativa de la Ley N° 24660 y el art. 10 del Código Penal, otorgando potestad a la judicatura competente en la ejecución de la pena para disponer la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena privativa de libertad a los mayores de 70 años de edad, sin requerimiento de otra u otras condiciones más que la utilidad de ella en el caso concreto, en tanto se verifique su conveniencia y no se vislumbre fundadamente un concreto riesgo de fuga de la persona condenada.

Para ilustrar aún más el pedido efectuado por la defensa de Rivas, Carubia recordó el criterio de la Sala N° 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia -ejerciendo entonces competencia de tribunal de Casación- en los autos “ALVAREZ” (10/4/2010, Causa N° 3699). En la misma, se dispuso la prisión domiciliaria del encartado, señalando expresamente que “tal cual lo postuló fundadamente el Sr. Procurador General de la Provincia en el sub judice se debe aplicar la modalidad de prisión domiciliaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Penal -recientemente reformado por la ley 26.472- y de lo prescripto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Ejecución Penal Nº 24660, toda vez que estamos ante una persona mayor de 70 años, siendo que la concesión del citado beneficio no está condicionado a ningún otro requisito más que a la comprobación de la edad del condenado”.

También recordó que Rivas es una persona que excede largamente los 77 años de edad, sobre la cual ha recaído una condena de 23 años de prisión, para la cual se han considerado punibles actos respecto de los cuales, salvo uno de ellos, había transcurrido con holgura el plazo legal de prescripción de la acción penal y, también debe tenerse en cuenta que durante todo el trámite de la causa penal Rivas fue eximido de cumplir la prisión preventiva en la cárcel, estando a derecho permanentemente, sin que se conozca ningún incumplimiento de las reglas de conducta oportunamente impuestas ni se ponga de resalto indicio alguno de eventuales riesgos procesales generados por él.

El vocal Germán Carlomagno adhirió al voto de Daniel Carubia.

Por su parte, la vocal Claudia Mizawak propició el rechazo del recurso de impugnación extraordinaria y confirmar la sentencia de casación.

La magistrada entendió que las razones volcadas por la Cámara de Casación Penal, Sala II, ordenando el cumplimiento, por parte de Rivas, de la condena en la unidad penal, hacen de la sentencia una pieza jurídica sólida, correctamente argumentada y ajustada a las constancias de la causa.

Mizawak, expresó disentir con el Juez de Ejecución cuando define la modalidad domiciliaria como la regla, desvirtuando su carácter excepcional. Recordó lo que citó oportunamente en la causa - RIVAS, Liliana Graciela -: “No se debe pasar por alto que la regla general es que la persona detenida cumpla su condena en un establecimiento carcelario creado a ese efecto y sólo excepcionalmente, por cuestiones humanitarias, la ley otorga -insisto- en supuestos determinados la posibilidad de conceder la prisión domiciliaria”... El Tribunal de Casación, cuya sentencia se está analizando, adunó su razonamiento a este criterio nomofiláctico al fustigar, basándose en la jurisprudencia de marras, la interpretación divergente que efectúa el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad -subrogante-.

También señaló que “salvo fundadas razones, los ciudadanos que han sido condenados, no pueden sustraerse de la modalidad genérica en que el legislador soberano ordenó el cumplimiento de la pena de prisión, so riesgo de quebrantar el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.)”.

El viernes 10 de febrero no fue un día más para Gustavo Rivas, seguramente tampoco lo fue para sus víctimas, muchas de las cuales declararon en el juicio contra el abogado de la ciudad por abuso sexual y corrupción de menores.

Ese viernes ocurrió lo que muchos esperaron por años: Gustavo Rivas fue a la cárcel. Luego de haber sido condenado a una pena de 23 años de prisión, al unificarse las resoluciones judiciales en 8 delitos por abuso sexual y corrupción de menores, quien se hacía llamar “ciudadano ilustre” de la ciudad pasó los primeros meses cumpliendo dicha condena en su domicilio céntrico, a poquísimos metros de la Jefatura Departamental de Policía. Pero la resolución de la Cámara de Casación, al hacer lugar a la apelación presentada por el fiscal Lisandro Beherán, para que Rivas cumpliera su condena en una cárcel común, cambió el panorama para el ex candidato a intendente de Gualeguaychú.

Luego de varias horas de deliberaciones y con una logística que el propio Rivas manejó, al pedir que ingresaran un vehículo con vidrios polarizados a su garaje, con la clara intención de evitar ser tomado por las cámaras de la prensa que cubría el hecho, Rivas finalmente fue alojado en la Unidad Penal 9 ubicada en El Potrero.

Entonces las preguntas comenzaron a surgir espontáneamente: ¿cómo vive Rivas en prisión? Inicialmente desde la UP9 informaron a AHORA ElDia que “no se trata de un preso Vip ni nada que se le parezca, es un recluso común, cumple con las normativas del lugar y no ha tenido comportamientos reprochables desde su ingreso”.

También se indicó que “comparte su celda con otros cuatro reclusos en el Pabellón 1, dispone de un televisor que comparte con sus compañeros de celda y tiene acceso a uno de los cuatro teléfonos celulares que los presos tienen a disposición, para lo cual deben solicitar turno para utilizarlo con los jefes del penal”.

Por otra parte, este medio pudo saber que Rivas cumple con las normativas sin problema alguno. “Mantiene una relación normal con el resto de los internos, en ese pabellón son 45 internos, no ha tenido problemas con nadie y tampoco se ha relacionado más que con sus compañeros de celda. Todos los días sale al patio en los horarios normales, camina mucho, hace algo de ejercicio físico y en los tiempos libres, escribe mucho en varios cuadernos que le alcanzó su abogado”, expresaron desde el penal.

Además, señalaron que lo han visitado sus abogados Raúl Jurado y Eduardo Vera, además de algunas de sus hermanas que concurren en los horarios permitidos para visitas.

Mientras tanto, Rivas espera que su defensa pueda presentar el recurso extraordinario solicitando que nuevamente el abogado regrese a su domicilio a cumplir con el resto de su condena. La Cámara de Casación de Concordia habilitó ese recurso al abogado Jurado, aunque por el momento no se conocen los tiempos para conocer el resultado de dicha petición.

Mientras tanto, Gustavo Rivas, quien por momentos se hizo llamar “ciudadano ilustre” de la ciudad, pasa sus días en la Unidad Penal 9 como “un preso común”.

En una resolución firmada por María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y Darío Perroud se hizo lugar al relamo presentado por la defensa de Gustavo Rivas, representada por Raúl Jurado, y se habilitó el Recurso Extraordinario para intentar revertir la prisión en la Unidad Penal N°9 El Potrero.

En la resolución se concede ante la sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) la impugnación Extraordinaria interpuesta el lunes contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Casación Penal del 10 de febrero, la cual ordenó trasladar a una cárcel a Gustavo Rivas.

En la resolución se agrega que se debe requerir a Raúl Jurado –abogado defensor de Rivas–  y al Ministerio Público Fiscal, a cargo del coordinador Lisandro Beherán, que "con carácter urgente constituyan domicilio procesal y elevar a la Sala 1ª en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia efectuándose además el pase informático del presente proceso”.

Con esta resolución el juez encargado remitirá el expediente ante el Superior Tribunal en los dos días siguientes. 

El magistrado que le corresponda el caso deberá estudiar la impugnación y las pruebas, y tendrá 20 días para emitir un fallo.

Recurso Extraordinario

Tras la revocación de la prisión domiciliaria que resolvió la Cámara de Casación de Concordia a comienzo de febrero, el abogado defensor de Gustavo Rivas había anunciado que estaba preparando un recurso de impugnación extraordinaria.

Con esta maniobra, el letrado busca restituirle la prisión domiciliaria y evitarle la larga estadía en la Unidad Penal N°9 El Potrero.

Fue precisamente lo que se dio lugar ahora con la resolución firmada por María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y Darío Perroud.

Rivas, de 77 años, cumple desde el 10 de febrero con la prisión en la celda 1 de la Unidad Penal Nº9 tras ser condenado a 23 años de prisión efectiva por ocho delitos de corrupción de menores y promoción a la prostitución contra víctimas que fueron sometidas durante sus adolescencias.

Cuando fue trasladado, fuentes cercanas a la prisión confirmaron a Ahora ElDía que el condenado, al que también se le quitó su matrícula de abogado, pasaba sus días junto a otros tres presos en una celda. Además, que estaba siendo asistido por un psicólogo del lugar.

Gustavo Rivas, nacido el 8 de junio de 1945, fue encarcelado en la Granja Penal “El Potrero” el 10 de febrero pasado, a sus 77 años. Si el STJER no falla a favor del recurso extraordinario interpuesto por el abogado defensor Raúl Jurado, deberá cumplir lo que le resta de su condena de 23 años en la UP9.

El letrado de Gualeguaychú, que cumple 78 dentro de 4 meses, arrancó a cumplir su pena el año pasado, por lo que aún tiene 22 por delante.

De esta manera, sino se revé en ningún momento su encarcelación, Gustavo Rivas estará tras las rejas hasta sus 100 años de edad.

Tras la revocación de la prisión domiciliaria que resolvió la Cámara de Casación de Concordia, el abogado defensor de Gustavo Rivas prepara un recurso de impugnación extraordinaria.

Con esta maniobra, el letrado buscará restituirle la prisión domiciliaria y evitarle la larga estadía en la Unidad Penal N°9 El Potrero.

Rivas, de 77 años cumple desde el viernes con la prisión en la celda 1 de la UP 9 tras ser condenado a 23 años de prisión efectiva por ocho delitos de corrupción de menores y promoción a la prostitución contra víctimas que fueron sometidas durante su adolescencia.

Fuentes cercanas a la prisión confirmaron a Ahora ElDía, que el condenado al que también se le quitó su matrícula de abogado, pasa sus días junto a otros tres presos en una celda. Además está siendo asistido por un psicólogo del lugar debido al shock que atraviesa.

Ahora Raúl Jurado evalúa presentarse ante el Tribunal Superior con un Recurso de Queja por Denegación de la impugnación extraordinaria por Casación. 

La medida comenzó a regir desde este lunes 13, ya que firmaron la Resolución del Consejo Directivo, y se extenderá hasta “el cumplimiento efectivo de las penas aplicadas, conforme la sentencia N°225 de la Cámara de Casación Penal”. Ese tribunal revocó el viernes la prisión domiciliaria de la que gozaba Rivas, y lo envió a la cárcel, la Unidad Penal N° 9 del sur provincial, adonde fue alojado.

Desde el Colegio de la Abogacía aclararon que “una vez conocida la sentencia a través de los medios de comunicación, fue el Colegio de la Abogacía quien solicitó la confirmación al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú para instrumentar la suspensión de la matrícula”.

El comunicado del CAER

"En el día de hoy se firmó la Resolución del Consejo Directivo por el cual se le excluye de la matrícula provincial a Gustavo Rivas hasta el cumplimiento de las penas aplicadas en la sentencia Nº 225 de la Cámara de Casación Penal", expresan.

"Cabe aclarar que una vez conocida la sentencia a través de los medios de comunicación, fue el Colegio de la Abogacía quien solicitó la confirmación al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú para instrumentar la suspensión de la matrícula", cierra. 

El abogado condenado por abuso sexual y corrupción de menores arribó a la Unidad Penal Nº9 pasadas las cinco de la tarde del viernes.

Tras los procedimientos de rigor, Gustavo Rivas fue alojado en el Pabellón Nº1 de la cárcel de El Potrero. Según supo Ahora ElDía, allí hay unos 69 internos con los que el letrado habitará cotidianamente.

Además, acorde a la información exclusiva obtenida por este medio, el gualeguaychuense de 77 años comparte su celda con otros tres presos.

En sus primeras horas encarcelado, Gustavo Rivas es permanentemente custodiado, y además cuenta con asistencia psicológica, para resguardar tanto su integridad física como su salud mental.

Una llamativa visita tuvo Gustavo Rivas en el momento en el que ya se encontraba el personal del servicio penitenciario para trasladar al abogado hacia la Granja Penal El Potrero.

Se trató de una mujer, que se acercó a la casa del condenado a 23 años de prisión para intentar hablar con él antes de que sea trasladado, pero no pudo lograr su cometido debido a que los oficiales no se lo permitieron, debido al inminente traslado del abogado.

Según supo Ahora ElDía, se trató de su hermana Lia, quien al enterarse de la noticia a través de los medios decidió acercarse a acompañar a Gustavo Rivas.

Gustavo Rivas, nacido el 8 de junio de 1945, fue encarcelado en la jornada del viernes a sus 77 años, y debe cumplir lo que le resta de su condena de 23 años.

El letrado de Gualeguaychú, que cumple 78 dentro de 4 meses, arrancó a cumplir su pena el año pasado, por lo que aun tiene 22 por delante.

De esta manera, sino se revé en ningún momento su encarcelación, Gustavo Rivas estará tras las rejas hasta sus 100 años de edad. 

Martín Daneri, una de las víctimas de Gustavo Rivas -condenado a 23 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores- hizo referencia a la decisión de la Justicia de revocarle al abogado la prisión domiciliaria y enviarlo a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

"Lo esperábamos con ansias, porque sabíamos bien los fundamentos. Estuve al lado de la Fiscalía, aportando datos para ir esclareciendo los hechos. Me sorprendió la rapidez con la que se resolvió. Pude leer la sentencia y los fundamentos son acertados", indicó Daneri. Y agregó: "Es un fallo ejemplar. Destaco que, si bien la Ley de Ejecución de Penas le daba la prisión domiciliaria por tener 70 años, hay un debate con el que no coinciden jueces, respecto de que la norma dice 'podrá otorgar', con lo cual no es imperativo".

"Este era un secreto a voces, lo sabía mucha gente de Gualeguaychú. Lo manteníamos así porque había mucha vergüenza y uno expone a la familia. Y la familia lo sufre diferente. Me podían tildar de mentiroso, pero por suerte se allanó la casa y se encontraron las cintas donde estaba lo que yo relataba", resaltó Daneri. "Enfrentamos a una persona brillante, pero un perverso. Si no hubiera hecho el daño que hizo hubiera sido realmente un ciudadano ilustre", finalizó.