La Justicia Federal dictó una nueva resolución el pasado 24 de abril en el marco de la acción preventiva de daños ambientales presentada por los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. El proceso, que busca proteger las costas argentinas ante la posible instalación de una planta de "e-combustibles" en Paysandú, registró avances claves en la etapa probatoria y de notificaciones internacionales.

Tras la resolución judicial, la Defensora Pública Oficial, María José Bonifacino, tomó intervención formal en la causa. Su rol es garantizar el proceso legal ante la urgencia de la prueba, tal como establece el Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, la Defensora solicitó que la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF sean notificadas a través del consulado uruguayo o de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Para evaluar el posible impacto, se designó a la bióloga Viviana Beatriz Cousté como perito técnico. Cousté, quien cuenta con antecedentes en la causa "Río Matanza-Riachuelo", informó al juzgado que realizará tareas de campo in situ. Su labor incluirá relevamientos ambientales y la toma de muestras de agua superficial para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos que determinen la viabilidad del proyecto en relación con el ecosistema del río.

En paralelo, la justicia ya tramita exhortos internacionales y un pedido de informes específico dirigido al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero. El organismo binacional dispone de diez días hábiles para responder si la empresa HIF Uruguay S.A. comunicó formalmente el proyecto y si presentó el debido Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

Al respecto, el diputado nacional Guillermo Michel destacó la importancia de estos avances para la defensa de los recursos naturales de Entre Ríos. "La resolución adoptada por la justicia es fundamental", afirmó, y subrayó que el tema requiere "profesionalismo y constancia de trabajo" para lograr la relocalización de la planta, en respuesta a la preocupación de los vecinos de Colón.

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, solicitaron este jueves una audiencia con carácter prioritario con el canciller Pablo Quirno a fin de abordar la situación del biodiésel argentino y en particular de la provincia, en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el próximo 1 de mayo.

En la nota presentada manifestaron: “Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos. En este sentido, advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea —en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC)— que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado”.

Asimismo, señalaron que “estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina”.

Los legisladores remarcaron que la temática “reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país”.

En una resolución determinante para la causa (3276/2026) la justicia federal resolvió avanzar con la acción preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores del peronismo entrerriano -Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adan Bahl- entendiendo que “la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de “disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general”.

Michel señalo que: “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Rio Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordeno parte de las medidas que solicitamos”.

En esa línea ordenó avanzar con una Pericial Ambiental a cargo de un perito a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.).

También ordeno requerir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF Uruguay y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

Por último, se ordenó requerir vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

·        Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.

·        Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.

·        Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

·        Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

·        Requerir al Banco Central del Uruguay que informes beneficiarios finales, según la ley 19.484, de HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Por último, el diputado nacional señalo que “coincidimos con el Gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna, y el senador Adán Bahl, solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio “a los efectos de evaluar en conjunto el impacto de la situación actual de los recursos provinciales en virtud de la caída de la coparticipación y el estancamiento de la recaudación provincial”.

En la presentación los legisladores manifestaron que, en relación a la caída de recursos coparticipables, “las provincias perdieron -$1,1 billones en el primer trimestre del 2026. Para Entre Ríos, esto significó una pérdida de recursos de $51.225 millones”.

En ese sentido, puntualizaron: “En el primer trimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $50,6 billones. Solo el 32% de ese total fue coparticipado a las provincias, totalizando $16,2 billones”. “Si bien la recaudación tributaria moderó su caída en marzo, con los números cerrados al primer trimestre de 2026 se acumularon ocho (8) meses de caída en términos reales (valores ajustados por inflación) sobre el año anterior”, advirtieron.Y agregaron que “frente a esta caída inédita de los recursos transferidos a las provincias el Gobierno Nacional emitió el Decreto 219, para instrumentar adelantos de coparticipación a las provincias. Entre Ríos ya accedió a estos adelantos a través del Decreto 922/2025”.

Asimismo, los legisladores hicieron referencia al estancamiento de la recaudación de los recursos propios de las provincias: “Respecto a la recaudación del IIB, cuando se analiza la recaudación del 1º Trimestre de 2026 surge un crecimiento en términos nominales del 34% pero, en términos reales -neto de inflación-, la recaudación provincial de dicho gravamen está estancada (solo +1,1% real)”.

Finalmente, expresaron que “considerando el grave impacto que esta situación genera en la estructura financiera de la provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, el intendente de San José Gustavo Bastián, y la concejala de Colón, Patricia Irigoy, mantuvieron un encuentro con la multisectorial Somos Ambiente y Colón en riesgo, a fin de abordar conjuntamente la problemática generada por el proyecto de la empresa HIF Uruguay SA.

Michel y Marclay vienen llevando adelante diversas acciones para prevenir el potencial daño ambiental que podría generar la instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

En esta oportunidad, se reunieron con referentes de las organizaciones Somos Ambiente y Colón en riesgo, con el propósito de trabajar de forma articulada en diversas medidas preventivas que garanticen el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

A este respecto, Michel expresó: “Además de las presentaciones judiciales que hemos realizado para que se cumpla con la normativa vigente para abordar este tipo de situaciones -tarea que deberían realizar Frigerio y Walser pero no lo hacen-, consideramos sumamente importante trabajar codo a codo con la comunidad. Por eso una de las primeras acciones que llevamos adelante fue activar un sitio web con toda la información pública disponible para que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de la problemática; y ahora nos encontramos con organizaciones ambientalistas con el objetivo de intercambiar perspectivas, aunar criterios y establecer un plan de trabajo conjunto”.

“Estamos convencidos de que la salida a esta situación es el diálogo y la aplicación de la ley, defendiendo en todo momento los intereses de nuestra provincia”, manifestó.

El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.

En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.

El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.

Fuente; Infobae

La iniciativa plantea la “igualdad tributaria para proteínas” estableciendo: “ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al inciso a) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, el siguiente punto: 10. Huevos frescos y ovoproductos, incluidos los productos obtenidos a partir del contenido de los huevos, despojados -o no- de sus cáscaras, cualquiera fuere su forma comercial (huevo líquido, yema o albúmina líquida y sus derivados deshidratados, con presentaciones, en polvo o en escamas, etc.)”.

En los fundamentos del proyecto se explica que “mediante el artículo 96 de la ley 27.430 -Reforma Fiscal del año 2017- se incorporó una modificación al apartado 1º del inciso a) del artículo 28 de la ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en consecuencia, se redujo la alícuota que grava las carnes de pollo, conejos, porcinos, camélidos y caprinos al valor de la alícuota reducida del 10,5% (equivalente al 50% de la alícuota general de 21%). El objetivo de esta reforma fue igualar tributariamente la alícuota de todas las carnes con la carne bovina y, de esta manera, que las principales proteínas queden alcanzadas por la mencionada alícuota reducida. Sin embargo, la reforma olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos a pesar de ser también fuente destacada de proteína animal”.

Asimismo, se apunta que “del ‘Informe Productivo 2025’ elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), surge que el año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. El alza se dió gracias al aumento del 8,68% del parque productivo. Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año”.

Los legisladores manifiestan que se trata de “un alimento muy balanceado y de alta calidad para la dieta de niños, jóvenes y adultos”. En ese sentido, sostienen que “resulta conducente implementar esta equiparación tributaria para competir con igualdad de condiciones impositivas en la canasta de estos productos fundamentales en la dieta de los argentinos”.

En el marco de la acción judicial que impulsan los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, este jueves realizaron una nueva presentación ampliando las medidas probatorias y solicitando la declaración testimonial de los principales responsables de la CARU, Raúl Luis Montero y Francisco Mansanta.

“Entendemos que la salida a este conflicto es la aplicación de la ley y lo que estamos haciendo es lo que debería hacer Frigerio. La justicia terminará haciendo el trabajo que la gestión provincial evita”, manifestó Michel.

Asimismo, señaló: “En esa línea, nosotros seguimos profundizando este camino de actuar preventivamente, solicitar medidas a la justicia, generar pruebas y difundir información, siempre a luz de la normativa vigente dada por el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso ‘Botnia-UPM’”.

Los legisladores del peronismo solicitaron también una batería de medidas:

1) A la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay a los fines de que remita:

a) informe fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

b) copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

c) copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

2) A la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a los fines de que informe:

a) si se ha informado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

3) Al Registro Nacional de Comercio (RNC), el cual depende de la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay a los fines de que informe:

a) Dirección legal de la empresa HIF URUGUAY SA.

b) Dirección legal de la empresa HIF Global LLC.

c)  Envíe copia del legajo societario, composición societaria, y todos los datos concernientes a la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, que obren en su poder.

4) al Banco Central del Uruguay para que informe Beneficiarios Finales, según la Ley 19.484, de HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Además, los legisladores pidieron dos medidas claves: que la justicia designe a un perito biólogo de oficio y se reservaron la facultad de designar un consultor técnico de parte para que lleve a cabo las tareas técnicas periciales. La intención es consensuar el nombre del profesional con los vecinos de Colón.

En declaraciones a un medio radial uruguayo el diputado nacional Guillermo Michel se refirió a la demanda civil que presentó contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA a fin de “prevenir el potencial daño ambiental que podría causar la instalación de la planta en Paysandú y frente a la inacción de Frigerio”.“Acá en Argentina no hay ningún papel de cómo sería la planta; lo único que hay es una presentación de planos con poca precisión. Una de las medidas que pedimos es ver qué se presentó en Uruguay. El potencial daño ambiental está planteado desde lo visual y también desde la contaminación de las aguas. Es una acción por el daño que se podría causar”, explicó el legislador.

Y remarcó: “Tenemos un tratado del río Uruguay que regula el funcionamiento del río de ambos países, que ambos han suscripto y tiene pleno funcionamiento. Buscamos aplicarlo, en particular el artículo 7 y que la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) actúe en el marco de la ley”.

Asimismo, Michel se refirió a “la inacción del gobernador Rogelio Frigerio”: “Ustedes tienen políticos que están defendiendo lo que consideran intereses uruguayos. Nosotros estamos haciendo esta acción porque del lado nuestro no vemos que el gobernador accione todas las herramientas jurídicas que se deberían”.

En relación a la planta, señaló que “nosotros no compartimos el lugar de ubicación. Nadie está en contra del pueblo uruguayo, de que se generen puestos de trabajo, de la inversión. La discusión nuestra es respecto al lugar de ubicación”.

“La salida a este conflicto es con diálogo y no volver a los errores que se cometieron en el pasado de mentirle a la gente y que se termine en cuestiones que no son conducentes para ninguno de los dos pueblos”, manifestó.

En este sentido, el legislador dijo: “Soy de Gualeguaychú así que viví muy de cerca el conflicto de Botnia y de lo que estoy seguro es que la salida para esto no es ningún corte de ruta, ni la agresión, como nos pasó en el pasado con los vecinos de Fray Bentos, sino que la salida es a través de la aplicación de la ley y del tratado del río Uruguay”.

Michel explicó que “hay una demanda penal que inició la fiscalía de investigación preliminar; en esa causa nos presentamos como amigos del tribunal, digitalizamos toda la causa y la colgamos en una web a disposición de la gente. Y por otro lado iniciamos hace 15 días una figura nueva de nuestro Código civil que es la acción preventiva del daño: una demanda civil en la cual frente a un posible daño ambiental, lo que se busca es constituir prueba para demostrar la afectación”.

“Estamos pidiendo una línea de base que es una creación doctrinaria que quedó del fallo de Botnia, que es cuáles son los estándares ambientales actuales en el río sin el funcionamiento de la planta, para luego poder compararlo -si el día de mañana se avanza con la instalación- con la situación futura”.

Y especificó: “Pedimos una pericia ambiental, el estudio de las aguas y del nivel de turbulencia. Ustedes dicen que es una planta de hidrógeno verde pero en definitiva es una planta de metanol y de generación de combustibles sintéticos. Suena muy lindo el título hidrógeno verde, es muy marketinero, los felicito a los accionistas finales de HIF que en realidad no son chilenos; el capital al final del día está colocado en Europa”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl iniciaron una demanda ordinaria contra el Estado Uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) entendiendo que “la planta producirá un daño irreparable en el ambiente, lo cual de buena fe los actores intentamos evitar”.

En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud; todo conforme las consideraciones de hecho y derecho, esto es, los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N”.

A este respecto, Michel remarcó la falta de acción del gobierno provincial. “Con la planta de combustibles sintético Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción y falta de gestión decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”. Y aseveró: “Está demandado el Estado uruguayo y la empresa; se van a tener que sentar en la mesa y darles explicaciones a la justicia argentina”.

En la presentación los legisladores señalaron que pese a que el proyecto data en la República vecina desde el año 2017, hasta el momento Uruguay no presentó en la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, tal como se encuentra obligado según el Estatuto del Río Uruguay y lo dispuesto por la Corte Internacional de La Haya en la sentencia: 'CASO DE LAS PLANTAS DE CELULOSA SOBRE EL RÍO URUGUAY (ARGENTINA c. URUGUAY)', de fecha 20/4/2010”.

“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”, manifestaron.

Los legisladores sostienen que “ante este escenario, Argentina -y en especial sus funcionarios- tenemos la carga de actuar en defensa de la legalidad vigente, y del ambiente del río Uruguay”. “Ante el incumplimiento de Uruguay de no presentar la documentación en la CARU, la parte argentina tiene la obligación de: 1) exigir su presentación; 2) exigir el no avance de las obras hasta tanto se presenten y evalúen; 3) Ir a la Corte Internacional de Justicia a denunciar el incumplimiento”, indicaron.

“La República Oriental del Uruguay no presentó los estudios de impacto ambiental por lo que los argentinos desconocemos el grado de contaminación que traerá aparejada la planta. La comunidad de Colón y las ciudades entrerrianas ribereñas que podrían ser afectadas, vienen manifestando su temor ante el avance de la mega obra”, expresaron.

Asimismo, Michel, Bahl y Marclay solicitaron información sobre la empresa HIF Uruguay SA y la realización de una pericia ambiental para la cual pidieron se designe a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y/o a un perito biólogo de oficio.

El peronismo en movimiento. Esa definición bien podría ser un eslogan de este tiempo político de la oposición. Una oración que encuadra bien con el momento de un sector del PJ, que trata de mostrarse activo, unido y en búsqueda de construir una agenda nueva con sectores productivos.

Son actividades y fotos las que marcan ese recorrido. Y la que hoy se tomaron los diputados nacionales Miguel Pichetto, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, el senador santafesino Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Diego Nanni, uno de los dirigentes del interior que apoya la candidatura de Axel Kicillof. Todos confluyeron en una feria del sector agropecuario que se realiza todos los años en San Nicolás.

La imagen una es una muestra de la voluntad que tienen de trabajar juntos. Simbología con carga electoral. Imágenes de una larga película que ya se empezó a emitir. Los cinco son caras visibles de un peronismo que camina por la vereda de enfrente del cristinismo desde hace tiempo.

Los tres diputados son de los dirigentes que más vienen empujando la construcción de una alternativa anti Milei, mientras que el senador por Santa Fe hace tiempo que ha decidido caminar por su cuenta en la provincia, sin sellar ningún tipo de acuerdo que incluya a nombres propios del kirchnerismo. Tal es así que evitó ser el candidato de unidad en las elecciones de medio término, pese a que tenía el aval de Cristina Kirchner.

Nanni, que está en uso de licencia de su rol como intendente de Exaltación de la Cruz, fue el candidato a diputado que el kicillofismo logró imponer en la segunda sección electoral, donde logró un triunfo inesperado. La característica de todos los actores presentes es que están armando alternativas políticas en paralelo al sector que lideran Cristina y Máximo Kirchner

El martes, en una de las oficinas que tienen un puñado de legisladores frente al Congreso, se reunieron el grupo de diputados federales con dos ex ministros de Agricultura como el bonaerense Julián Domínguez y el entrerriano Juan José Bahillo, con quienes hablaron sobre leyes vinculadas al mundo de la agroindustria.

El sector del peronismo no K tiene la intención de mostrarse cerca de las necesidades del campo, que hace años viene teniendo una relación tensa con las expresiones justicialistas que ha sido gobierno. Michel, Pichetto y Tolosa Paz tienen en agenda impulsar proyectos como el régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial federal, la modificación de la ley de emergencia agrícola y la ley federal de riego.

Los tres, más Nanni y Lewandoski, visitaron la nueva planta de Sidersa, a la vera de la ruta 9. “Se necesita un gobierno nacional que reconozca la capacidad de inversión, de desarrollo y de encadenamiento de valor que tiene la industria argentina”, sostuvo Tolosa Paz, en un mensaje teledirigido a las políticas libertarias.

“No queremos una industria cerrada, sino una industria que pueda competir en igualdad de condiciones”, fue el mensaje de Michel, otro de los dirigentes que trabajan en las construcción de alianzas para construir un frente anti Milei que sea bien extenso y diverso.

Esa idea estuvo presente en la charla que el ex titular de la Aduana y Pichetto tuvieron con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en una de las oficinas del autódromo donde se hizo la feria. El intendente de San Nicolás y el diputado provincial tiene aspiraciones por fuera del cerco municipal.

Hicieron un buen papel con Hechos, la fuerza que fundaron para competir en las elecciones del 7 de septiembre, y trabajan para dar un salto a nivel provincial o nacional. De origen peronista, los Passaglia tienen diálogo abierto con todos los sectores de la oposición, incluyendo desde el kicillofismo hasta Provincias Unidas. Hay conductos de comunicación librados de recelos.

Otro de los que estuvo en la feria fue el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, que está empezando a elevar su perfil, con la intención acuestas de ser candidato a gobernador el año que viene. “Es un sector estratégico que tenemos que fortalecer con reglas de juego claras para que el desarrollo de las inversiones sea rentable. Eso no está ocurriendo hoy”, aseguró.

Todos juegan en clave electoral. Todos tejen alianzas pensando en el futuro inmediato. Y todos tienen en sus cabezas la hipótesis de una unidad amplia para jugar en un mismo equipo. Hoy es una utopía que, algunos con más voluntad que otros, quieren desarmar, para convertir en una realidad.

Fuente: Infobae

El proyecto de ley establece la creación del “Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA) en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con alcance en todo el territorio de la Nación. El Registro tiene carácter federal e interoperable con organismos nacionales y provinciales”. Ello a los fines de “garantizar la efectividad del crédito alimentario reconocido judicialmente”.

Según consigna el texto presentado, “la inscripción vigente en el REFIOA produce la inhabilitación personal para ingresar y permanecer en: 1. Casinos; 2. Salas de bingo; 3. Agencias de apuestas; 4. Plataformas de juego en línea autorizadas por autoridad estatal”. A su vez, la misma “procede cuando el juez competente, mediante resolución fundada, así lo disponga en caso de incumplimiento relevante de la obligación alimentaria”.

A este respecto, Michel señaló: “Si bien varias provincias han creado registros locales de deudores alimentarios, la amplitud territorial genera desigualdades significativas que permiten que una persona inscripta en una jurisdicción pueda eludir efectos trasladándose a otra. La creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”.Marclay, por su parte, expresó que “la ley tiene dos objetivos: dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados (la cuota alimentaria) y la urgencia de dar respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país”.La cuota alimentaria es un bien jurídico de máxima jerarquía constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la protección integral de la familia y el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 impone al Estado la obligación de asegurar el pago de la pensión alimenticia.Según el informe de UNICEF Argentina de 2024, más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no reciben la cuota alimentaria, proporción que asciende al 68% cuando se incluye a quienes no la reciben de manera regular. Estas cifras no describen situaciones excepcionales: expresan una pauta sostenida de incumplimiento que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y sobre los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó el nuevo endeudamiento del gobierno provincial y destacó que: “Entre Ríos colocó US$300 millones a una tasa del 9,875%, extendiendo los vencimientos hacia 2031–2033. Lo que busca es hacerse de caja ahora y dejarle la deuda al gobierno que venga cuando él y su grupo de ayudantes se vuelvan a Capital Federal”.

“La provincia convalidó una tasa cercana al 10% anual en dólares, una tasa muy cara. De hecho, el nuevo cupón es de 9,55%, significativamente más alto que el 8,3% del bono 2028 de la provincia”, señaló Michel.

“Traducido a números simples: pagar un cupón de 9,5% anual en lugar del 8,3% implica aproximadamente US$35 millones adicionales en intereses a lo largo de la vida del bono. Además, supone comprometer pagos anuales cercanos a US$48 millones solo en concepto de intereses que totalizarían entre hoy y 2033 USD 263 millones. Es decir, se paga más para mover los vencimientos de capital a la próxima administración, sin reducir la deuda ni mejorar el costo promedio de esta”, concluyó el diputado nacional.

En esa línea, Michel agregó que: “En los mercados financieros, una tasa del 10% en moneda dura no es una señal de fortaleza: es el precio que el mercado cobra por el riesgo que percibe. Un retorno de 10% es una mala señal, sobre todo porque otras provincias emitieron recientemente a tasas inferiores: CABA al 7,8%, Santa Fe al 8,1% y Córdoba al 8,6%, incluso con plazos más largos”.

“Entre Ríos necesita orden fiscal, previsibilidad y financiamiento sostenible. Lo mejor es que estas operaciones no se repitan. Que Frigerio se haga cargo del fracaso de su gestión y ordene sus cuentas para hacer frente a los vencimientos de capital e intereses, hasta que el costo de financiarse realmente no implique seguir recortando salarios de enfermeros, docentes, médicos y policías”, finalizó el diputado.

En la causa por la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú, que se tramita en el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay solicitaron ser tenidos por presentados en carácter de Amicus Curiae.

En ese sentido, “expusieron que, el interés jurídico actual y concreto para intervenir se configuraba en su carácter de representantes del pueblo y de la provincia de Entre Ríos, en razón de sus condiciones de diputados y senadores nacionales, y que dicha representación se ejercía en defensa del ambiente de Colón, así como de San José, Liebig, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y del resto de las localidades ribereñas del río Uruguay que recibirían la posible contaminación derivada de la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, Uruguay”.

Asimismo, “manifestaron poder aportar una serie de consideraciones tendientes a la correcta solución del caso, en resguardo de los derechos ambientales, sociales y económicos -todos ellos protegidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y el Estatuto del Río Uruguay-”.

Los legisladores señalaron que la instalación de la planta “se estaba ejecutando sin cumplir con la normativa aplicable al caso, a saber: 1) la establecida en el Estatuto del Río Uruguay; 2) la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia – UPM”, además de lo dispuesto por las leyes, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

También indicaron que “Uruguay aún no había cumplido con su obligación de presentar ante la C.A.R.U., a través de sus representantes, la documentación necesaria para que Argentina evaluara el proyecto”; a la vez que detallaron la normativa aplicable al caso y acompañaron prueba documental.

El juez federal subrogante, Hernán Viri, hizo lugar al planteo sosteniendo que “se encuentran acreditadas las condiciones de legitimación necesarias de los peticionantes para constituirse en Amicus Curiae toda vez que han aportado argumentos jurídicos en relación a la cuestión ambiental que se ventila en las presentes actuaciones, el carácter colectivo de de dicha materia, expresando su competencia en la misma y el interés que les incumbe a raíz de la representación legislativa invocada y ejercida por los nombrados”.

En ese marco, el magistrado manifestó que “la actuación de los amigos del tribunal encuentra apoyatura en el sistema interamericano -art. 44 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sustento en la C.A.D.H.- el cual encuentra jerarquía constitucional en nuestro sistema normativo (art. 75, inciso 22, de la C.N.). Asimismo, en el plano nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la actuación de los Amicus Curiae al considerarla un instrumento provechoso destinado a permitir, entre otros objetivos, la participación ciudadana en la administración de justicia en las causas en trámite ante sus estrados y en las que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, mediante las presentaciones efectuadas por terceros ajenos a las partes que cuenten con determinada competencia en la cuestión debatida”.

A través de la red X, el diputado nacional por Entre Ríos se refirió al trabajo del Juzgado Federal de Gualeguaychú en la investigación iniciada por el testimonio de un recluso de la Unidad Penal Nº9 que  reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes de dinero.

Días atrás, en declaraciones radiales, Michel había asegurado que “sin el juez Federal y el fiscal Federal, Gualeguaychú sería una mini Rosario”.

Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia.También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo.El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra… pic.twitter.com/Ik54fehA9u

En su mensaje, Michel dijo: “Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia. También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo. El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra provincia es clave para la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Dirigentes justicialistas criticaron el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la Asamblea Legislativa de este miércoles. Luego de la Apertura de Sesiones de la Legislatura, en el Centro Provincial de Convenciones, dialogaron con la prensa y apuntaron a lo vertido por el mandatario.

 Adán Bahl (Senador Nacional)“Nos vamos mucho más preocupados de lo que estábamos. Vemos un gobernador que intenta dar un relato al parecido al de hace un año, falaz e inconsistente. Cuando asumió no había una sola obra paralizada, se pararon todas después. Habla de supuestas deudas que eran dos meses normales de certificación. Hay que dejarse ayuda, ser responsable y no amplificar un relato que está plagado de situaciones que no se verifican en la realidad”.

Lorena Arrozogaray (Diputada Provincial)“No se puede gobernar con anuncios repetidos mientras la realidad de los entrerrianos empeora. Escuchamos una extensa enumeración de acciones que en muchos casos ya fueron anunciadas en aperturas anteriores y que otra vez se presentan con tono fundacional. Pero no hay nada realmente nuevo que mostrar. Y cuando uno recorre la provincia encuentra otra cosa como por ejemplo caída del poder adquisitivo, dificultades en pymes, cierre de comercios, freno de la producción y servicios públicos que no mejoran en la proporción que se anuncia”.Gustavo Bordet (Diputado Nacional y ex Gobernador)“Me voy decepcionado, se apela al mismo discurso que se sostuvo las dos oportunidades pasadas. Pretextos, excusas y pocas definiciones concretas de lo poco que se ha hecho. Cuando dejamos la provincia había cuentas ordenadas, no había obra pública paralizada, los salarios le ganaban a la inflación y había paz social Hoy todos los indicadores son negativos, está cayendo el empleo, cierran pymes, se pierden derechos. El discurso de hoy fue una ficción”.

Víctor Sanzberro (Senador Provincial) “La realidad es difícil, compleja. Hay ajuste y recesión y así vive la provincia. La Reforma Previsional no es un tema que no deba debatirse, vamos a participar y acompañar una reforma equitativa, gradual y exigiendo las compensaciones a Nación que nos corresponden”.

Juan José Bahillo (Diputado Provincial) “Está mirando una provincia que no tiene nada que ver con la agenda de los entrerrianos. No hay ningún índice que mejore, el empleo privado cayó, al igual que los niveles de actividad de las economías regionales. Nada en la economía de los hogares está mejor, pero el gobernador describió otra provincia”

 Guillermo Michel (Diputado Nacional)“El discurso es un relato de ficción para tapar el déficit de gestión en materia vial, de obra pública y educación. Más allá de lo que diga el Gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”.

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, se refirió al mensaje del gobernador a la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias. Señaló que el gobierno apunta a cubrir “baches de gestión con caja; fue por la caja de la obra social, ahora va por la caja de las jubilaciones”.

Michel calificó al discurso como “un relato de ficción para tapar el déficit de gestión en materia vial, de obra pública y educación”.

“Más allá de lo que diga el gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”, manifestó.

“El gobierno no podía pagar los sueldos a fin de año, fundamentalmente por el contexto macroeconómico nacional que ha hecho bajar la recaudación sustancialmente. Ahora, tengamos en cuenta que es el gobierno del cual él forma parte y al que le entregó los legisladores, con lo cual, mucho para decir no tiene. Por eso tomó la deuda de corto plazo de 220 mil millones de pesos, un adelanto de coparticipación, y con el endeudamiento que ya está sondeando en el exterior de más de 500 millones de dólares nos va a dejar una hipoteca a todos los entrerrianos cuando él y sus funcionarios se vuelvan a la capital”, señaló.

Michel se refirió también a la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial sosteniendo que: “Modificó la obra social para quedarse con la caja y tener más fondos para ir cubriendo los baches de gestión. Y a esto hay mucha gente que lo sufre día a día por la falta de cobertura médico; el funcionamiento de la obra social provincial es cada día más desastroso. Es una cuestión de ir cubriendo los baches de gestión con caja; fue por la caja de la obra social, ahora va a ir por la caja de las jubilaciones. Y ya lo advertimos: va a plantear la suba de la edad jubilatoria y afectar el 82% móvil, que va a afectar fundamentalmente a los policías y a los docentes de nuestra provincia”.

El diputado gualeguaychuense adelantó que acompañará al oficialismo en el proyecto de ley que propone la baja en la edad de imputabilidad, la cual permitirá que chicos a partir de los 14 años sean juzgados y encarcelados.

“Estoy convencido que hay chicos de 14-15 años que tienen la voluntad de cometer delitos, que comprenden lo que están haciendo, salvando que hay chicos que nacen sin oportunidades, en un contexto desfavorable, que son víctimas de ese contexto, pero también hay chicos que están concientes de los actos que están cometiendo”, opinó Michel en diálogo con Ahora Cero Radio.

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“Ya adelanté mi posición, yo voy a acompañar la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, si vamos a plantear disidencias respecto a poner en funcionamiento la nueva modificación al régimen penal juvenil”, manifestó

Acerca de esto último, planteó que “hoy en la provincia la única cárcel que está en condiciones que chicos menores puedan estar ahí es el módulo que tiene El Potrero. Por que si vos mandás a esos chicos a una cárcel común lo único que haces es profundizar su capacidad de delincuencia, porque lo único que aprende en la cárcel es a aplicar más violencia y cometer más delitos. Vemos que muchas bandas narcos hoy son conducidad desde las cárceles con lo cual hay que diferir la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad hasta que estén adaptadas las cárceles, y a una adecuación de la ley de salud mental, hoy es una problemática cada vez más profunda, hay chicos quebrados psicológicamente, que no tienen oportunidades ni la posibilidad de tener una educación y comprender en el contexto en el que se desarrollan, así que hay que trabajar sobre esos dos puntos”.

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió sobre la ausencia de beneficios directos para la producción entrerriana en el Acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos, el cual fue destacado por el gobernador Rogelio Frigerio. “No hay cupos, desgravación arancelaria ni trato diferencial para la carne aviar; y los cítricos dulces ni siquiera figuran”, indicó.

“Siempre es positivo avanzar en integración comercial, cuando esa integración es efectivamente beneficiosa para ambas partes. Por eso, es indispensable analizar con rigor el contenido real de los acuerdos y no improvisar diagnósticos. El acuerdo con EE.UU. no otorga acceso preferencial al pollo argentino (ni al de Entre Ríos): no hay cupos, no hay desgravación arancelaria ni trato diferencial para la carne aviar en el mercado estadounidense”, sostuvo Michel.

En ese sentido, apuntó: “Por el contrario, sí habilita explícitamente el ingreso de carne aviar y productos avícolas de EE.UU. a la Argentina en el plazo de un año, reconociendo al FSIS del USDA como autoridad sanitaria y aceptando sus certificados como prueba suficiente”.

“Tampoco se observan beneficios concretos para el sector lácteo. Y un dato clave para Entre Ríos: los cítricos dulces, para los cuales el mercado estadounidense podría ser estratégico, ni siquiera figuran en el acuerdo”, agregó.

Finalmente, Michel expresó que “antes de opinar superficialmente, hay que ser responsable, estudiar los acuerdos y medir impactos sectoriales y territoriales. Sin beneficios concretos para la provincia, hablar de “grandes oportunidades” es más una expresión de deseo que realidad”.

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, se refirió a la discusión en el Congreso Nacional de la Ley Penal Juvenil remarcando que “si hay una baja de la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva se necesitan cárceles adecuadas para menores”. También planteó la necesidad de trabajar en una ley de salud mental.

En declaraciones radiales el legislador señaló: “Tengo mi postura que la estoy charlando dentro del bloque. Es un tema que escapa a lo partidario. Alguien para ser imputado en nuestra ley necesita tener la voluntad, es decir, el discernimiento, la intención y la libertad de cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en todo el resto del mundo, le pone un piso a esa imputabilidad. Por ejemplo en el Reino Unido son 10 años y en países de América son 14. Yo creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que tienen el discernimiento, la intención, la voluntad, y saben lo que están haciendo”.

“Ahora bien, de lo que sí también estoy seguro, y estoy trabajando en un proyecto que presentó el diputado Ramiro Gutiérrez que vamos acompañar, es que si se baja la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva lo que se necesitan son cárceles adecuadas para los menores, porque sino estamos llevando a no darles ningún futuro”, sostuvo Michel.

“Se necesita primero que nada que si hay una baja de la edad de imputabilidad, la ley se aplique cuando estén dadas las condiciones de infraestructura necesarias para que al chico que tenga que ir a la cárcel por haber cometido un delito, se le respeten sus derechos”, remarcó.

Asimismo, el diputado manifestó la necesidad de “trabajar en una ley de salud mental porque sino estamos generando cada vez más chicos quebrados mentalmente, que no tienen ningún futuro, que entran a la adolescencia sin ningún destino o esperanza de vida”.