El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel participó de dos jornadas, una en la Escuela Soldado Mosto y la otra en la Escuela Rosa Regazi, destinada a acercar el trabajo de los legisladores a estudiantes de sexto grado y cuestionó la distancia entre la política y las preocupaciones cotidianas de la sociedad. También reivindicó el rol de la educación pública y apuntó contra el rumbo económico y social del gobierno de Javier Milei.

“Hoy tratamos de acercar la actividad de los legisladores nacionales a las escuelas”, explicó Michel, y reconoció que se trata de una tarea difícil porque “cualquier ciudadano que ve una sesión del Congreso le da ganas de apagar la televisión”.

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“Ve gente discutiendo, tirándose vasos de agua o peleándose. Eso genera rechazo en la sociedad. Entonces, tratamos de explicar cuál es nuestra actividad”, sostuvo.

Durante la jornada, los estudiantes recibieron ejemplares de la Constitución Nacional y un cuaderno sobre cómo hacer una ley, pensado también como herramienta para trabajar en iniciativas de presupuesto participativo.

“Es distante lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos en el día a día no les llega, porque tienen otras preocupaciones, como el sueldo, o chicos cuyos padres se están quedando sin trabajo”, señaló el legislador. Y agregó: “Es el granito de arena que podemos aportar para acercar un poco más la tarea de los legisladores y el funcionamiento de la democracia a los gurises de Entre Ríos”.

Michel también destacó el papel de la educación pública a partir de su propia experiencia. “La educación es fundamental. Yo soy un producto de la educación pública, estudié las dos carreras en la UBA y soy docente de la UBA”, afirmó.

“Para mí, la facultad es algo necesario. La educación permite desarrollarse como persona y permite generar un valor que es fundamental en el espacio político al que pertenezco, que es ascender socialmente, posibilitando tener una salida laboral”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó una de las características que considera centrales de la educación pública: “Tiene algo fundamental, y es que iguala a las personas. Tienen el mismo nivel de educación el hijo de un peón rural que el de un legislador”.

El diputado también contó que el intercambio con los estudiantes le permitió confirmar la percepción de distancia que existe respecto de la política. “Corroboré que es muy distante nuestra tarea, lo ven muy lejano y tienen toda la razón”, manifestó.

Y fue particularmente crítico con el funcionamiento de la Cámara de Diputados: “Cuando participo de una sesión de Diputados, les doy la razón. Entiendo a las personas que quieren apagar la televisión o ver otra cosa. Siento que cada vez está más distante la política de la gente”.

Críticas al gobierno de Milei

En otro tramo de sus declaraciones, Michel cuestionó el cumplimiento de las promesas realizadas por el presidente Javier Milei durante la campaña electoral.

“Siento que todas las promesas de Milei de que todas las personas iban a ganar en dólares, de que íbamos a tener trabajo, de que íbamos rumbo a ser Irlanda no se han corroborado”, afirmó.

Según el diputado entrerriano, “la gente está cada día peor” y “la salud, la educación y el trabajo son cada vez peor para la mayoría de los argentinos”.

Finalmente, Michel se refirió al funcionamiento de la política y a la necesidad de que los dirigentes concentren su agenda en los problemas cotidianos de la población.

“Yo creo que son necesarias las reuniones políticas para lograr confianza entre los dirigentes, pero así no le vamos a cambiar la vida a nadie”, sostuvo.

“Los problemas que tiene la gente son otros. Llega al día 15 y ya es fin de mes. La luz, el gas, están subiendo por encima de la inflación”, afirmó.

“Son importantes las reuniones de la política, lograr confianza y acuerdos entre nosotros, pero tenemos que hablar de los problemas de la gente”, concluyó.

El diputado nacional Guillermo Michel rechazó la posibilidad de revisar o derogar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin considerar sus consecuencias jurídicas y afirmó que la Argentina debe respetar los contratos firmados por el Estado.

A través de una publicación en la red social X y en declaraciones al programa El Destape, el legislador entrerriano sostuvo que el país debe cumplir los compromisos asumidos tanto con los inversores privados como con los organismos internacionales.

“La Argentina tiene que respetar los contratos y en particular cumplir con los bonistas privados, principio básico del orden macroeconómico”, afirmó Michel. También señaló que el país debe respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque consideró que ese entendimiento debe analizarse “en dos planos: el técnico y el político”.

El exdirector general de Aduanas cuestionó la propuesta de eliminar el RIGI sin evaluar sus implicancias jurídicas y económicas. Según explicó, el régimen otorgó beneficios específicos a los proyectos adheridos, entre ellos una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de importación y exportación y un esquema de mayor flexibilidad cambiaria.

“Escucho a muchos compañeros que dicen ‘volteamos el RIGI y vamos para adelante’. Cuando presentás un RIGI la ley daba cuatro opciones para el arbitraje y la mayoría eligió el CIADI. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter a la Argentina en marañas interminables de reclamos judiciales como ocurrió en el pasado?”, planteó.

Michel remarcó que la situación actual difiere de la crisis de principios de los 2000, cuando el Estado revirtió algunas privatizaciones. En ese sentido, recordó que hoy existen proyectos con inversiones de gran escala y destacó que uno de los principales casos involucra a YPF, cuya composición accionaria combina participación estatal con capital privado.

“Hay que tomar real dimensión del entramado jurídico que está dejando Milei porque hay una continuidad de los actos del Estado. Tenemos que ser muy sofisticados y cuidadosos porque no es tan fácil como decir ‘vengo y subo los impuestos’”, sostuvo.

Las declaraciones reflejaron una posición diferenciada dentro del peronismo no kirchnerista frente a los sectores que impulsan revisar las reformas económicas aprobadas durante la administración de Javier Milei, en especial las vinculadas con el RIGI y los marcos de protección jurídica para las inversiones, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Fuente: NA

En una publicación en la red social X el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, criticó que el gobierno se involucre en el proceso electoral de Brasil y la agresión al presidente Lula.

“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como @LulaOficial es una torpeza atacar a su presidente”, manifestó.

En esa línea, el legislador sostuvo que “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina, a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos que Argentina vende al mundo”.

“La Argentina, la industria argentina y el trabajo argentino están por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno en nuestro país”, expresó.

Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como @LulaOficial, es una torpeza atacar a su presidente.Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina: a junio de… pic.twitter.com/bWAW6MTqDc

Diputados del peronismo federal presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno informe qué medidas adoptó frente a las actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos impulsadas o autorizadas por el Reino Unido en las áreas marítimas que rodean a las Islas Malvinas.

La iniciativa fue presentada por el entrerriano Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, quienes solicitaron al Poder Ejecutivo que detalle las acciones desplegadas por la Cancillería y la estrategia oficial para responder a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona en disputa.

Entre otros puntos, los legisladores quieren conocer si el Gobierno tomó conocimiento de las recientes actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos desarrolladas o proyectadas por empresas autorizadas por el Reino Unido y cuáles fueron las actuaciones realizadas por las autoridades argentinas frente a esos hechos.

El pedido también apunta a determinar si la administración de Javier Milei presentó o prevé presentar protestas diplomáticas formales ante el Reino Unido y en qué ámbitos internacionales se realizaron o se realizarán esas gestiones.

Además, el proyecto solicita información sobre eventuales acciones ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El buque HMS Medway, en aguas argentinas sin aviso previo.

Los diputados también preguntaron si el Poder Ejecutivo inició o prevé iniciar acciones administrativas, judiciales o sancionatorias contra empresas involucradas en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos que no cuenten con autorización argentina.

El proyecto busca, en ese sentido, que el Gobierno detalle cuál es su estrategia para impedir el avance de actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que las actividades de exploración hidrocarburífera impulsadas unilateralmente por el Reino Unido constituyen una nueva acción sobre un territorio y espacios marítimos cuya soberanía continúa en disputa y que es reconocida como tal por la comunidad internacional.

El Gobierno protestó ante el Reino Unido por el ingreso del HMS Medway a aguas argentinas sin aviso previo

La Cancillería presentó una protesta diplomática ante el Reino Unido por el ingreso del patrullero oceánico HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy, a aguas de jurisdicción argentina sin notificación previa. El Gobierno sostuvo que la incursión constituye un incumplimiento de los mecanismos de confianza militar vigentes entre ambos países y se suma a las acciones unilaterales británicas en el Atlántico Sur.

La nota fue enviada el 13 de julio a la Embajada británica, luego de que la Cancillería tomara conocimiento del recorrido del buque frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según la posición argentina, el movimiento debía haber sido comunicado con al menos 48 horas de anticipación en el marco del Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para reducir el riesgo de incidentes militares entre ambos países.

Fuente: APFDigital / Cámara de Diputados de la Nación

El paso del buque militar HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy del Reino Unido, por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina, continúa generando repercusiones políticas. Un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación que había zarpado desde las Islas Malvinas y navegó rumbo al Estrecho de Magallanes.

La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel y acompañada por los diputados Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, solicita que el Gobierno informe si tuvo conocimiento previo del desplazamiento de la embarcación y qué medidas adoptó una vez detectado el episodio.El pedido incluye:1.⁠ ⁠Si el Gobierno Nacional tuvo conocimiento previo del tránsito del mencionado buque militar británico.2.⁠ ⁠Si existió comunicación oficial o notificación por parte del Reino Unido respecto de dicho desplazamiento y, en caso afirmativo, por qué canales diplomáticos o militares se realizó.3.⁠ ⁠Si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la República Argentina y el Reino Unido.4.⁠ ⁠Qué actuaciones realiza la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento del buque.5.⁠ ⁠Si el Poder Ejecutivo Nacional presentó o prevé presentar un reclamo diplomático formal ante el Reino Unido por estos hechos.Michel señaló que “Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".El pedido se enmarca en que la “presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".

El Diputado también agrega que “Más allá de las discusiones técnicas sobre los procedimientos de notificación, se trata de una situación que interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur, porque la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio ilegítimamente ocupado representa una amenaza permanente para los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, además de comprometer recursos naturales, pesqueros, energéticos y la proyección antártica de nuestro país.”

Por último, alega que “frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional. Algo que no se viene reflejando no solo con el territorio marítimo, la entrada a la Antártida, tampoco con la industria nacional, ni con lo recursos de nuestro país”

A través de una publicación en X, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, destacó el rol de las exportaciones entrerrianas en el complejo exportador del total del país.

“En el año 2025 Argentina exportó 87.077 millones de dólares en bienes y 9.600 en servicios. Esta generación de divisas le permite al país generar empleo y desarrollo, diversificar su matriz productiva y aportar al crecimiento económico” indicó Michel.

En el año 2025 Argentina exportó USD 87.077 millones solo en bienes. Además se exportaron servicios por USD 9.600 millones.Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron USD 2.097 M.· El 60% se concentró en productos primarios (maíz,… pic.twitter.com/X37H5yGZ8a

Los principales destinos de las exportaciones de bienes fueron Brasil (15%), China (11%), Estados Unidos (10%), Chile (7%) e India (6%).

Michel también detalló cómo se componen las exportaciones con origen en Entre Ríos:

Las exportaciones con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron 2.097 millones de dólares.

· El 60% se concentró en productos primarios (maíz, trigo, economías regionales).·  El 32% en productos de la agroindustria (biodiesel, pollos, carne)· El 5% en manufactura industrial.· El 3% en energía.

En esa línea finalizó con una crítica en la que le pregunta al Gobernador de la provincia si está de acuerdo con que solo hagamos dulce de leche y biromes también en Entre Ríos.

Los legisladores del peronismo Guillermo Michel, Enrique Cresto y Juan José Bahillo, mantuvieron diversos encuentros con empresarios citrícolas de la costa del Uruguay a fin de abordar la problemática que atraviesa la actividad.

Recorrieron el establecimiento El Aroma, una empresa familiar con tres generaciones de productores citrícolas de Concordia, dedicada a la producción, cosecha y empaque de citrus, y jugos naturales.

Asimismo, se reunieron con representantes de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA), donde dialogaron sobre las principales dificultades que hoy limitan la competitividad del sector: el incremento de los costos, las trabas para acceder a mercados internacionales y los desafíos que enfrenta la cadena citrícola para sostener e incrementar sus exportaciones.

También mantuvieron un encuentro con la Federación de Citricultores de Entre Ríos (FECiER), entidad que nuclea a las asociaciones de productores de Concordia, Federación, Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario. Sus integrantes manifestaron la profunda preocupación que poseen por la caída del consumo y el aumento de los costos de producción. Explicaron que actualmente el productor recibe entre $60 y $80 por kilo, mientras que el costo de producción ronda los $130, una situación que obliga a muchos a decidir entre cosechar la fruta o dejarla en las plantas por la imposibilidad de cubrir los costos.

Al respecto, Michel señaló: “Los problemas de los productores son los mismos a lo ancho y largo de la provincia: falta de previsibilidad y de contracción al trabajo por parte del gobernador, y falta de gestión de sus funcionarios”.

“Al igual que el resto de las economías regionales, los problemas de los citricultores son los costos y la energía elevadas, la logística que es un desastre porque las rutas están detonadas, y el precio que no acompaña al productor. Esto tiene que ver con el modelo social que le quiere imponer Milei al país y a la provincia: busca peruanizar a la economía argentina para que sea un país sin clase media, sin industria y sin empleo de calidad”, sostuvo el diputado nacional.

Cresto, por su parte, explicó que “cuando a la citricultura le va mal eso derrama hacia las otras actividades también, y si bien ha tenido etapas de crisis, hoy se está dando crisis tanto en el sector interno como en el sector externo”.

“Hay que hacer un abordaje integral de todas las actividades productivas escuchando y analizando la herencia que va a quedar para empezar a pensar en la reconstrucción de la ciudad, la provincia y el país”, planteó el ex intendente de Concordia y actual diputado provincial.

Finalmente, Bahillo indicó: “Los productores están pasando un momento de bastante incertidumbre, no están siendo competitivos a la hora de exportar, tienen el inconveniente del tipo de cambio con dólar atrasado y no se están desarrollando nuevos mercados que tengan que ver con mayor valor agregado”.

En ese sentido, el diputado provincial apuntó que “está pendiente el desafío del mercado de Estados Unidos que podría ser inminente si hubiera una vocación política de los gobiernos nacional y provincial de gestionar. Este mercado ya está aprobado por las autoridades americanas”.

La denuncia originaria fue formulada por Domingo Rossi y Carlos Reggiardo en la Justicia Federal de Paraná, en su carácter de afiliados y congresales del Partido Justicialista de Entre Ríos, quienes acusaron a Guillermo Michel de irregularidades en el financiamiento por la campaña presidencial del 2023.

Luego del archivo en la Justicia Federal de Paraná, se inició otra denuncia penal en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en relación a las manifestaciones formuladas por la periodista Viviana Canosa durante la transmisión del streaming “Carnaval”, oportunidad en la que se indicó que Guillermo Michel “pagaba” y “financiaba” campañas de otros partidos.

El 29 de abril de 2026, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires también archivo la denuncia por inexistencia de delito y dictaminó:

1.     Que las manifestaciones que dieron origen a esta causa no permiten tener por configurado un hecho penal.

2.     Que no se advierten elementos que permitan encuadrar los hechos, siquiera provisoriamente, en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del Código Penal.

3.     Que de las actuaciones no surge cuál habría sido el deber legal omitido, retardado o incumplido; qué acto administrativo habría sido dictado u omitido irregularmente; ni qué función pública concreta habría sido utilizada de manera abusiva.

4.     Que la sola mención periodística a eventuales pagos o financiamientos, desprovista de corroboración objetiva y sin precisión acerca de destinatarios, canales de pago, actos funcionales comprometidos o estructura local determinada, no resulta suficiente para sostener una imputación penal.

5.     Que se requiere algo más que una afirmación genérica o una valoración política: debe existir una base fáctica mínima que permita identificar una dádiva, una contraprestación, una influencia indebida, una contratación incompatible, un acto funcional determinado o un perjuicio patrimonial verificable.

La iniciativa busca que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas puedan ser penalmente responsables cuando realicen conductas activas destinadas a garantizar la impunidad del autor, como ocultar pruebas, alterar la escena del crimen, destruir rastros, o brindar información falsa a la justicia.

La propuesta surge a partir de una contradicción existente en la legislación actual. Si bien la Ley 26.971 incorporó la figura de femicidio y reconoció la extrema gravedad de la violencia de género, el Código Penal mantiene una exención de responsabilidad para determinadas personas cercanas al autor del delito, aún cuando participen activamente en maniobras destinadas a encubrirlo.

El proyecto procura adecuar la legislacion argentina a los compromisos asumidos en la Convencion de Belem do Para y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres, y en un contexto donde Argentina viene en un retroceso en políticas de género y prevención de violencia.

Para Michel, “la protección de los vínculos familiares no pueden llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar, y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”.

Finalmente, señaló que “el proyecto no penaliza la mera pasividad, el silencio ni la abstención de declarar. Penaliza el encubrimiento activo de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género”.

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ – Más para Entre Ríos) cuestionó la política del gobierno provincial respecto de la creación de nuevas comunas y afirmó que la incorporación de 22 jurisdicciones al régimen comunal durante 2026 se realizó sin aumentar los recursos destinados a su financiamiento.

Según señaló, la decisión fue formalizada mediante los decretos provinciales N° 2967/2025 y N° 3511/2025, posteriormente ratificados por la Ley N° 11.248. De esta manera, la provincia pasó de tener 82 a 104 comunas desde el 1 de enero de 2026.

El legislador sostuvo que la medida impactó directamente sobre las comunas que ya formaban parte del sistema, debido a que el porcentaje de recursos coparticipables destinado a estos gobiernos locales se mantuvo sin modificaciones.

Un fondo que no se amplió

Michel explicó que la Ley Provincial N° 10.775 establece que las comunas reciben el 1% de los recursos tributarios coparticipables de la provincia. De acuerdo con su interpretación, ese porcentaje permaneció inalterable pese a la incorporación de las nuevas jurisdicciones.

En ese sentido, sostuvo que el mismo fondo pasó a distribuirse entre una mayor cantidad de beneficiarios, lo que derivó en una reducción de los recursos que perciben las comunas preexistentes. Según indicó, la disminución efectiva de ingresos llega en algunos casos al 50%, considerando además la caída general de la recaudación coparticipable.

Entre las nuevas comunas incorporadas al régimen figuran localidades de los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Federación, Colón, Federal, Gualeguay y Feliciano.

Comparación con el régimen municipal

En su análisis, Michel comparó la situación de las comunas con el régimen de coparticipación municipal. Recordó que durante 2025 la comuna de Sauce Montrull fue elevada a la categoría de municipio y que, en ese caso, la provincia incrementó el porcentaje destinado a los gobiernos locales para evitar que los municipios ya existentes vieran reducidos sus recursos.

Según afirmó, el porcentaje de coparticipación municipal pasó de 15,67814% a 15,75297%, garantizando que la incorporación de un nuevo municipio no afectara a los restantes.

El diputado consideró que con las comunas ocurrió lo contrario, ya que se amplió la cantidad de beneficiarios sin modificar el porcentaje total de recursos a distribuir.

Cuestionamientos por descuentos retroactivos

Otro de los puntos señalados por Michel se relaciona con la aplicación de los nuevos índices de coparticipación durante el presente ejercicio. Según explicó, las comunas elaboraron y aprobaron sus presupuestos sobre la base de los porcentajes vigentes al inicio del año.

Posteriormente, indicó que el gobierno provincial actualizó los índices y dispuso recuperar las diferencias correspondientes a los primeros meses de 2026 mediante descuentos en futuras transferencias de coparticipación.

Para el legislador, esa decisión afecta recursos que ya habían sido incorporados a los presupuestos comunales y ejecutados en la prestación de servicios y obras locales.

Pedido de una solución legislativa

Michel señaló que actualmente existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone establecer un mecanismo de compensación transitoria para las comunas afectadas por la reducción de recursos durante el año 2026.

No obstante, sostuvo que la solución de fondo requiere una modificación de la Ley N° 10.775 para incorporar mecanismos que garanticen que la creación de nuevas comunas no implique una disminución de fondos para las ya existentes.

En ese marco, afirmó que el debate excede una cuestión administrativa y tiene impacto directo en la prestación de servicios básicos que brindan las comunas en distintas localidades del interior entrerriano.

FUENTE: Sociedad Política

A través de un exhorto, la justicia federal requirió al presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Luis Montero, que informe en el plazo de 10 días hábiles:

“a) si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de ‘e-Combustibles’ en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas;

b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de ‘e-Combustibles’ en Paysandú, República Oriental del Uruguay”.

También, la justicia ordenó al Canciller Pablo Quirno que vía exhorto judicial, requiera a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

1.      Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.2.      Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.3.      Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.4.      Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.Por último, y mediante la misma vía, se ordenó requerir al Banco Central del Uruguay informes beneficiarios finales, según la Ley 19.484, de HIF Uruguay SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

A este respecto, Michel señaló que “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. La justicia le requirió información de la planta a la Comisión Administradora del Río Uruguay y solicitó a Cancillería que envíe exhortos al Uruguay para pedir detalles de la inversión y del capital accionario de la empresa que llevaría adelante la inversión”.

Finalmente, el diputado nacional expresó: “Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’ y esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Todas estas acciones las debería haber efectuado él en su carácter de gobernador, pero en lugar de trabajar en la provincia, elige sobrevolar los temas con una irresponsabilidad llamativa”.

Los legisladores nacionales y jefes comunales se reunieron con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, y abordaron proyectos de saneamiento y agua potable para las distintas localidades.

Del encuentro participaron el diputado nacional Guillermo Michel, el senador nacional Adán Bahl, y los intendentes Adrián Fuertes de Villaguay, Gustavo Bastián de San José, Damián Arévalo de Feliciano, Mauro Díaz Chaves de Aldea San Antonio, Hernán Niz de Villa Mantero, Juan Amavet de Santa Anita, Laura Rupp de El Pingo; y los presidentes comunales Jaime Vélez de Ingeniero Sajaroff y Juan Guardini de Estación Raíces.

Asinelli explicó los lineamientos de la entidad, la cual pone a disposición sus equipos técnicos para asistir en la presentación de los proyectos ejecutivos a fin de gestionar los fondos correspondientes.

A este respecto, Michel señaló que “esta iniciativa requiere el trabajo conjunto con el gobernador, así que el próximo paso será pedirle una audiencia para que escuche a los intendentes en esta necesidad de gestionar obras”.

La Justicia Federal dictó una nueva resolución el pasado 24 de abril en el marco de la acción preventiva de daños ambientales presentada por los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. El proceso, que busca proteger las costas argentinas ante la posible instalación de una planta de "e-combustibles" en Paysandú, registró avances claves en la etapa probatoria y de notificaciones internacionales.

Tras la resolución judicial, la Defensora Pública Oficial, María José Bonifacino, tomó intervención formal en la causa. Su rol es garantizar el proceso legal ante la urgencia de la prueba, tal como establece el Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, la Defensora solicitó que la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF sean notificadas a través del consulado uruguayo o de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Para evaluar el posible impacto, se designó a la bióloga Viviana Beatriz Cousté como perito técnico. Cousté, quien cuenta con antecedentes en la causa "Río Matanza-Riachuelo", informó al juzgado que realizará tareas de campo in situ. Su labor incluirá relevamientos ambientales y la toma de muestras de agua superficial para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos que determinen la viabilidad del proyecto en relación con el ecosistema del río.

En paralelo, la justicia ya tramita exhortos internacionales y un pedido de informes específico dirigido al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero. El organismo binacional dispone de diez días hábiles para responder si la empresa HIF Uruguay S.A. comunicó formalmente el proyecto y si presentó el debido Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

Al respecto, el diputado nacional Guillermo Michel destacó la importancia de estos avances para la defensa de los recursos naturales de Entre Ríos. "La resolución adoptada por la justicia es fundamental", afirmó, y subrayó que el tema requiere "profesionalismo y constancia de trabajo" para lograr la relocalización de la planta, en respuesta a la preocupación de los vecinos de Colón.

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, solicitaron este jueves una audiencia con carácter prioritario con el canciller Pablo Quirno a fin de abordar la situación del biodiésel argentino y en particular de la provincia, en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el próximo 1 de mayo.

En la nota presentada manifestaron: “Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos. En este sentido, advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea —en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC)— que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado”.

Asimismo, señalaron que “estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina”.

Los legisladores remarcaron que la temática “reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país”.

En una resolución determinante para la causa (3276/2026) la justicia federal resolvió avanzar con la acción preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores del peronismo entrerriano -Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adan Bahl- entendiendo que “la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de “disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general”.

Michel señalo que: “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Rio Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordeno parte de las medidas que solicitamos”.

En esa línea ordenó avanzar con una Pericial Ambiental a cargo de un perito a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.).

También ordeno requerir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF Uruguay y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

Por último, se ordenó requerir vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

·        Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.

·        Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.

·        Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

·        Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

·        Requerir al Banco Central del Uruguay que informes beneficiarios finales, según la ley 19.484, de HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Por último, el diputado nacional señalo que “coincidimos con el Gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna, y el senador Adán Bahl, solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio “a los efectos de evaluar en conjunto el impacto de la situación actual de los recursos provinciales en virtud de la caída de la coparticipación y el estancamiento de la recaudación provincial”.

En la presentación los legisladores manifestaron que, en relación a la caída de recursos coparticipables, “las provincias perdieron -$1,1 billones en el primer trimestre del 2026. Para Entre Ríos, esto significó una pérdida de recursos de $51.225 millones”.

En ese sentido, puntualizaron: “En el primer trimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $50,6 billones. Solo el 32% de ese total fue coparticipado a las provincias, totalizando $16,2 billones”. “Si bien la recaudación tributaria moderó su caída en marzo, con los números cerrados al primer trimestre de 2026 se acumularon ocho (8) meses de caída en términos reales (valores ajustados por inflación) sobre el año anterior”, advirtieron.Y agregaron que “frente a esta caída inédita de los recursos transferidos a las provincias el Gobierno Nacional emitió el Decreto 219, para instrumentar adelantos de coparticipación a las provincias. Entre Ríos ya accedió a estos adelantos a través del Decreto 922/2025”.

Asimismo, los legisladores hicieron referencia al estancamiento de la recaudación de los recursos propios de las provincias: “Respecto a la recaudación del IIB, cuando se analiza la recaudación del 1º Trimestre de 2026 surge un crecimiento en términos nominales del 34% pero, en términos reales -neto de inflación-, la recaudación provincial de dicho gravamen está estancada (solo +1,1% real)”.

Finalmente, expresaron que “considerando el grave impacto que esta situación genera en la estructura financiera de la provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, el intendente de San José Gustavo Bastián, y la concejala de Colón, Patricia Irigoy, mantuvieron un encuentro con la multisectorial Somos Ambiente y Colón en riesgo, a fin de abordar conjuntamente la problemática generada por el proyecto de la empresa HIF Uruguay SA.

Michel y Marclay vienen llevando adelante diversas acciones para prevenir el potencial daño ambiental que podría generar la instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

En esta oportunidad, se reunieron con referentes de las organizaciones Somos Ambiente y Colón en riesgo, con el propósito de trabajar de forma articulada en diversas medidas preventivas que garanticen el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

A este respecto, Michel expresó: “Además de las presentaciones judiciales que hemos realizado para que se cumpla con la normativa vigente para abordar este tipo de situaciones -tarea que deberían realizar Frigerio y Walser pero no lo hacen-, consideramos sumamente importante trabajar codo a codo con la comunidad. Por eso una de las primeras acciones que llevamos adelante fue activar un sitio web con toda la información pública disponible para que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de la problemática; y ahora nos encontramos con organizaciones ambientalistas con el objetivo de intercambiar perspectivas, aunar criterios y establecer un plan de trabajo conjunto”.

“Estamos convencidos de que la salida a esta situación es el diálogo y la aplicación de la ley, defendiendo en todo momento los intereses de nuestra provincia”, manifestó.

El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.

En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.

El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.

Fuente; Infobae

La iniciativa plantea la “igualdad tributaria para proteínas” estableciendo: “ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al inciso a) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, el siguiente punto: 10. Huevos frescos y ovoproductos, incluidos los productos obtenidos a partir del contenido de los huevos, despojados -o no- de sus cáscaras, cualquiera fuere su forma comercial (huevo líquido, yema o albúmina líquida y sus derivados deshidratados, con presentaciones, en polvo o en escamas, etc.)”.

En los fundamentos del proyecto se explica que “mediante el artículo 96 de la ley 27.430 -Reforma Fiscal del año 2017- se incorporó una modificación al apartado 1º del inciso a) del artículo 28 de la ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en consecuencia, se redujo la alícuota que grava las carnes de pollo, conejos, porcinos, camélidos y caprinos al valor de la alícuota reducida del 10,5% (equivalente al 50% de la alícuota general de 21%). El objetivo de esta reforma fue igualar tributariamente la alícuota de todas las carnes con la carne bovina y, de esta manera, que las principales proteínas queden alcanzadas por la mencionada alícuota reducida. Sin embargo, la reforma olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos a pesar de ser también fuente destacada de proteína animal”.

Asimismo, se apunta que “del ‘Informe Productivo 2025’ elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), surge que el año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. El alza se dió gracias al aumento del 8,68% del parque productivo. Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año”.

Los legisladores manifiestan que se trata de “un alimento muy balanceado y de alta calidad para la dieta de niños, jóvenes y adultos”. En ese sentido, sostienen que “resulta conducente implementar esta equiparación tributaria para competir con igualdad de condiciones impositivas en la canasta de estos productos fundamentales en la dieta de los argentinos”.

En el marco de la acción judicial que impulsan los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, este jueves realizaron una nueva presentación ampliando las medidas probatorias y solicitando la declaración testimonial de los principales responsables de la CARU, Raúl Luis Montero y Francisco Mansanta.

“Entendemos que la salida a este conflicto es la aplicación de la ley y lo que estamos haciendo es lo que debería hacer Frigerio. La justicia terminará haciendo el trabajo que la gestión provincial evita”, manifestó Michel.

Asimismo, señaló: “En esa línea, nosotros seguimos profundizando este camino de actuar preventivamente, solicitar medidas a la justicia, generar pruebas y difundir información, siempre a luz de la normativa vigente dada por el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso ‘Botnia-UPM’”.

Los legisladores del peronismo solicitaron también una batería de medidas:

1) A la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay a los fines de que remita:

a) informe fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

b) copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

c) copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

2) A la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a los fines de que informe:

a) si se ha informado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

3) Al Registro Nacional de Comercio (RNC), el cual depende de la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay a los fines de que informe:

a) Dirección legal de la empresa HIF URUGUAY SA.

b) Dirección legal de la empresa HIF Global LLC.

c)  Envíe copia del legajo societario, composición societaria, y todos los datos concernientes a la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, que obren en su poder.

4) al Banco Central del Uruguay para que informe Beneficiarios Finales, según la Ley 19.484, de HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Además, los legisladores pidieron dos medidas claves: que la justicia designe a un perito biólogo de oficio y se reservaron la facultad de designar un consultor técnico de parte para que lleve a cabo las tareas técnicas periciales. La intención es consensuar el nombre del profesional con los vecinos de Colón.