El diputado nacional Guillermo Michel reiteró formalmente este lunes el pedido de tratamiento del proyecto de ley que baja el IVA al huevo del 21% al 10,5%, mediante una nota dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa fue presentada oportunamente junto a los legisladores Adán Bahl y Marianela Marclay atendiendo a la importancia del producto en la mesa de los argentinos.

“Le solicito tenga a bien tratar de forma urgente el proyecto de ley de modificación del artículo 28 de la Ley 23349, que otorga igualdad tributaria para huevos frescos y ovoproductos y que se trata bajo expediente 0947-D-2026”, manifesta Michel en la nota presentada.

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En ese sentido, remarcó la importancia de la iniciativa en tanto del “Informe Productivo 2025 elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), surge que el año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. Esto implicó un incremento de unas 1.537 millones de unidades respecto a 2024. El alza se dió gracias al aumento del 8,68% del parque productivo, que pasó de 57,7 millones de gallinas ponedoras en 2024 a 62,7 millones este año. Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año, 35 unidades más que en 2024”.

Asimismo, señaló que “el huevo es fuente de todos los aminoácidos esenciales con una importante participación de grasas insaturadas sobre sus grasas totales”, por lo que resulta “un alimento muy balanceado y de alta calidad para la dieta de niños, jóvenes y adultos”.

El diputado nacional, Guillermo Michel, se mostró a favor del alivio fiscal para pymes anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Advirtió, sin embargo, que las medidas "son cortas porque no alcanzan" y que el Gobierno aplica un "criterio de doble vara permanente".

"Estoy a favor de darle un alivio fiscal a las pymes. Es una medida necesaria", afirmó Michel en diálogo con Radio Mitre. Luego señaló que "son exactamente las mismas medidas que se aplicaron en 2023 y que se denominaron 'plan platita': alivio fiscal a las pymes, pagos en cuotas, suspensión de embargos”. Y agregó: “El Gobierno critica todo para atrás y después aplica las mismas medidas que se aplicaron antes".

Según el legislador, los anuncios "demuestran la baja actividad: la recaudación de IVA lleva 12 meses consecutivos de caída”, señaló. Y añadió: "Es el indicador más claro de la baja del consumo". En este sentido, Michel atribuyó esa caída a dos causas: “La primera es que no hay poder adquisitivo en el salario de los trabajadores ni en el ingreso de los jubilados". Y la segunda, que calificó de "muy grave", es "el nivel de informalidad y contrabando, que hace subir la evasión y bajar la recaudación".

Michel sostuvo que el Gobierno "usa el salario y el apretón monetario como ancla" y que, aunque dice que no hay inflación, "la inflación en dólares en la Argentina es la más alta del mundo". En esta línea, el diputado entrerriano puso como ejemplo el precio de la nafta: "Históricamente el litro costó un dólar o menos. Hoy cuesta un dólar cincuenta".

También alertó sobre "una fuerte ola de desempleo en el sur" por el ingreso masivo de productos chinos. En este sentido advirtió: "Un gobierno que dice estar totalmente alineado con Estados Unidos y critica a China acaba de levantar la protección a la industria argentina frente a las importaciones de aires acondicionados de China. Eso pone en riesgo más de mil puestos de trabajo en Río Grande". Agregó que ese planteo "no lo hacemos solo los peronistas: lo hizo el fin de semana el titular de la UIA".

Por último, Michel remarcó la necesidad de defender la industria nacional y el empleo argentino, declarando que “es necesario para darle a la economía un marco de razonabilidad que hoy no tiene", concluyó.

La Justicia Federal ordenó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que informe en el plazo de tres días sobre el destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles destinados al mantenimiento de las rutas de Entre Ríos. La resolución se enmarca en el amparo presentado por los legisladores nacionales del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió formalmente la acción y los organismos demandados (el Ministerio de Economía de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad) fueron notificados la semana pasada y desde entonces corren tres días para que presenten su informe en el expediente "Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986" (N° 12957/2026).

Bahl, Michel y Marclay sostienen que los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se financian con el impuesto a los combustibles, tienen afectación específica por ley y solo pueden destinarse a la infraestructura vial. Según el amparo, retenerlos en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal desvirtúa ese destino legal. Por eso piden que se reactiven las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en la provincia (las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras) y que los recursos se apliquen al fin que fija la ley.

Según el relevamiento que sustenta el reclamo, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de $1,5 billones y solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones: tres de cada cuatro pesos no llegaron a las rutas. Al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos, y el gobierno nacional admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal.

En paralelo, el 7 de octubre Nación concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas: el tramo de la RN 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la RN 12 entre Crespo y Paraná. La concesión no explica qué pasó con los fondos acumulados en los últimos dos años ni resuelve el estado del resto de la red.

El diputado nacional Guillermo Michel recordó que durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet ya se recuperaban bienes decomisados por la Justicia para destinarlos a políticas públicas, en el marco de distintas causas judiciales y de la aplicación de la Ley provincial de Narcomenudeo Nº 10.566.

“Celebramos que se recuperen bienes provenientes de la corrupción  se destinen a políticas públicas, pero le recordamos al gobernador Rogelio Frigerio que esto ya se hacía durante los gobiernos peronistas”, señaló el diputado nacional, quien destacó que durante la gestión justicialista en Entre Ríos se destinaron inmuebles, tierras, vehículos, equipamiento y recursos económicos a organismos estatales y programas vinculados con la salud, la seguridad, la protección de la infancia y el desarrollo productivo.

En ese sentido, Michel mencionó los antecedentes de las causas de Mario Yedro y Hugo Righelato, cuyos bienes fueron decomisados judicialmente y tuvieron distintos destinos públicos. “Son antecedentes concretos de una política que ya se implementaba en Entre Ríos y que el actual gobernador debería reconocer”, sostuvo.

Guardamonte: tierras recuperadas para la producciónUno de los casos señalados por el diputado es el del campo decomisado al exsenador provincial Mario Yedro, ubicado en el departamento Tala, donde se desarrolló el proyecto productivo de Guardamonte.La iniciativa permitió vincular tierras recuperadas judicialmente con la producción rural, el acceso a la vivienda y el desarrollo de actividades agropecuarias y de granja.

“Este caso demuestra cómo los bienes decomisados pueden transformarse en oportunidades para pequeños productores, promover el arraigo rural y mejorar las condiciones de vida de las familias”, expresó Michel. También recordó la existencia de viviendas destinadas a personal policial dentro del predio.

Righelato: inmuebles destinados a la salud y a organismos públicosEl diputado nacional también recordó el caso de Hugo Righelato, exfuncionario de Obras Sanitarias de Entre Ríos, condenado por delitos contra la administración pública.

Entre los bienes vinculados con esta causa se encuentra una vivienda ubicada en calle Bravard, en Paraná, destinada al funcionamiento de un anexo del Hospital Escuela de Salud Mental. Asimismo, se informó la asignación de cuatro departamentos ubicados en calle Laprida a organismos públicos, entre ellos la Policía de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

“Los bienes recuperados se incorporaron a servicios concretos, vinculados con la atención sanitaria, la protección de derechos y el fortalecimiento de las instituciones. Por eso, es importante recordar que esta política ya tenía antecedentes durante el gobierno de Bordet”, afirmó el diputado nacional entrerriano.

Narcomenudeo: recursos para la seguridad, la salud y la asistencia socialMichel también destacó la aplicación de la Ley provincial N.º 10.566, sancionada en 2018 durante la gestión de Bordet, que estableció un mecanismo de distribución de recursos provenientes de causas por narcomenudeo entre organismos estatales.

Como parte de esa política, en septiembre de 2019 se informaron entregas de vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, computadoras, televisores y otros elementos a organismos provinciales. También se distribuyeron recursos económicos provenientes de multas vinculadas con estas causas.

En junio de 2020 se realizaron entregas de vehículos y equipamiento a dependencias de Salud y de la Policía. Posteriormente en 2021 se informó la distribución de 26 vehículos entre automóviles, camionetas y motocicletas. “Todos estos datos son públicos y fueron difundidos oportunamente por los medios de comunicación”, recordó. 

“Los antecedentes de Yedro y Righelato, junto con las entregas realizadas en el marco de la Ley de Narcomenudeo, muestran que durante la gestión de Bordet ya existía una política de recuperación y reasignación de bienes para atender necesidades de la comunidad”, señaló.

Finalmente, el diputado nacional sostuvo que la recuperación de activos provenientes del delito debe formar parte de una política de Estado que trascienda las gestiones de gobierno.

“Celebramos que el gobernador Frigerio continúe las buenas decisiones políticas. Lo que señalamos es que el Gobernador no puede desconocer los antecedentes que respecto a este tema existen en la Provincia: en Entre Ríos ya había antecedentes concretos de bienes recuperados por la Justicia que se destinaron a la salud, la seguridad, la protección social y la producción”, concluyó.

Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos del PJ, lanzó duras críticas hacia el modelo económico del gobierno, advirtiendo sobre el acelerado deterioro social, el avance del endeudamiento familiar para la compra de alimentos, el sesgo de las partidas presupuestarias y las consecuencias del impacto tarifario sobre la clase media.

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Al analizar el proyecto de ley enfocado en la morosidad y el desendeudamiento, el legislador calificó la iniciativa del oficialismo como una “falta total de respeto”, señalando una desconexión directa entre el Ejecutivo y el día a día de la ciudadanía: “La gente hoy no se endeuda para cambiar el auto o comprar una casa; se endeuda para comprar alimentos porque los gastos fijos e inflexibles suben muy por encima de la inflación”.

El contraste entre el índice de inflación general y el aumento constante de las tarifas públicas ha erosionado los salarios. Esta dinámica se manifiesta de dos formas: mientras en las grandes urbes el endeudamiento se canaliza mediante tarjetas de crédito y billeteras virtuales, en las localidades del interior la población recurre a mutuales, cooperativas o usureros para poder saldar la canasta básica entre el día 15 y el cierre de mes.

Asimismo, Michel alertó sobre un modelo que busca debilitar la industria nacional con la consecuente pérdida masiva de puestos de trabajo.

En el terreno fiscal, el diputado puso la lupa sobre la jurisdicción 91 del Presupuesto, identificándola como una partida discrecional de asistencia financiera reservada para el año electoral por un monto cercano a los 10.000 millones de dólares (equivalente a más de un punto del PBI), con un incremento presupuestario del 162%.

Respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Michel calculó que el gasto tributario de los proyectos aprobados excede el 1,2% del PBI, lo que implica más de 7.000 millones de dólares en beneficios fiscales. Aunque marcó diferencias con la redacción original de la ley, resaltó la importancia de garantizar la continuidad institucional y respetar los contratos e instancias internacionales para evitar futuros litigios y embargos contra el Estado.

Por último, remarcó: “Hay un mañana: vamos a dar vuelta la página en diciembre de 2027. Ahora es el tiempo de las ideas, de pensar en lo que desde el peronismo les vamos a proponer a los argentinos para recuperar el trabajo, el salario, las jubilaciones, la educación y la salud pública. Y defender el país con desarrollo y oportunidades que históricamente hemos sido”.

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet votaron a favor del proyecto de ley que propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados y fue remitido al Senado de la Nación.

“Debemos proteger al productor agropecuario, no solo a sus inmuebles sino también a sus cultivos, ganado, silobolsas, corrales y al resto de su infraestructura agropecuaria. Son la fuente de ingreso del productor” señaló el diputado Michel.

La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

La reforma también crea el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño. Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.

El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares.

De la reunión organizada por el rector Juan Manuel Arbelo y la vicerrectora María Carla Mántaras, participaron también decanos y decanas de las nueve unidades académicas y fueron convocados los legisladores de los diversos bloques parlamentarios pero no concurrieron.

Las autoridades de la UNER expusieron datos cuantitativos que evidencian la disparidad presupuestaria que afecta a Entre Ríos en comparación con las demás provincias de la Región Centro (Córdoba y Santa Fe), lo cual repercute en igual sentido en el desarrollo socio productivo tecnológico de la provincia.

Los legisladores nacionales expresaron su firme respaldo a la educación pública y analizaron las distintas estrategias legislativas para garantizar el financiamiento del sistema universitario en el debate presupuestario.

Michel hizo hincapié en la disponibilidad de los fondos públicos y en el impacto de las políticas nacionales: “La plata para las universidades está, el tema es que el gobierno no la quiere invertir”.

En ese sentido, denunció que la partida de la jurisdicción 91 cuenta con “14,8 billones de pesos, más de 10.000 millones de dólares que el gobierno los quiere utilizar de manera discrecional y no se la quiere destinar a quien se la tiene que dar, que es a las universidades”.

Asimismo, acusó al Ejecutivo nacional de incumplir leyes y fallos judiciales, vulnerando la seguridad jurídica.

“El presupuesto para las universidades es para mejorar la vida de cada uno de nuestros chicos, de nuestros gurises entrerrianos, porque les permite capacitarse y desarrollarse como personas. Soy graduado de la universidad pública y creo en la universidad pública como piso para igualar a las personas”.

Los diputados nacionales del peronismo Guillermo Michel y Marianela Marclay, mantuvieron este miércoles un encuentro con el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, con el fin de analizar las relaciones comerciales entre ambos países y las oportunidades de ampliar el intercambio bilateral.

“Argentina necesita ampliar el acceso de sus productos al mercado indio y diversificar su canasta exportadora. En ese desafío, Entre Ríos tiene un papel fundamental por su potencial agroalimentario”, manifestó Michel.

En ese sentido, puntualizó: “Planteamos la importancia de avanzar en la habilitación fitosanitaria de cítricos dulces, nueces y arándanos, para facilitar su ingreso al mercado indio”.

Para el legislador “fortalecer la relación comercial con India significa generar nuevas oportunidades para la producción, las exportaciones y el desarrollo de nuestras economías regionales”.

Con más de 1.400 millones de habitantes, India es uno de los mercados de mayor potencial para los productos argentinos. Se consolidó como el quinto socio comercial y durante los primeros siete meses de 2026, las exportaciones a ese destino alcanzaron los USD 3.685 millones.

En la causa que tramita en la Justicia Federal, se requirió un profesional con especialidad en Ecología y subespecialidad en Limnología para desempeñarse como consultor técnico, para lo cual se incorporó al Dr. Martín Graziano, Licenciado en Ciencias Biológicas y Doctor en Ciencias Biológicas por la UBA. Actualmente se desempeña como Investigador Independiente del Conicet en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (Iegeba-Conicet), integrando el Laboratorio de Limnología, y como Jefe de Trabajos Prácticos en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

“Frente a la inacción de Frigerio y del intendente Walser, seguimos trabajando para solucionar el conflicto de forma seria y responsable”, expresó Michel al respecto.

Según se acredita en el expediente, la trayectoria científica y profesional de Graziano “se ha centrado en el estudio limnológico de ríos y arroyos, incluyendo la evaluación de la calidad del agua, la dinámica de comunidades acuáticas y el diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la rehabilitación ecológica de cursos de agua. Asimismo, es autor de 23 publicaciones científicas en revistas internacionales vinculadas a esta temática y cuenta con amplia experiencia en la dirección de becarios, tesistas doctorales y proyectos de investigación e intervención sobre cuencas hídricas".

Legisladores nacionales del peronismo entrerriano presentaron un proyecto para declarar la emergencia económica y fiscal en la provincia de Entre Ríos, ante el impacto provocado por el fenómeno climático de El Niño. La iniciativa busca dotar al gobierno nacional de herramientas concretas para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico.

Según lo planteado por el legislador Michel, la propuesta establece medidas de asistencia financiera especial, que incluyen aportes y préstamos blandos. Asimismo, contempla planes de pago de impuestos nacionales y beneficios impositivos, tales como la prórroga en el vencimiento de tributos y la suspensión de juicios de ejecución fiscal.

Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del fenómeno climático de El Niño, nos obliga a adelantarnos al problema y brindarle al gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico entrerriano.

El proyecto alcanza a todos los sectores productivos, con especial énfasis en el turismo y el comercio. Además, la normativa contempla la posibilidad de que el gobierno nacional amplíe la zona de emergencia a otras provincias que atraviesen situaciones similares.

En estos días vimos localidades que están siendo muy afectadas por el fenómeno climático. Es urgente contar con medidas de asistencia concretas para los distintos sectores. No hay margen para la inacción ante estas situaciones.

La iniciativa subraya la necesidad de una respuesta inmediata frente a los daños ocasionados por las condiciones climáticas adversas en la región.

“El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.

“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, planteó.

El proyecto de ley insta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectuar la denuncia de los siguientes Tratados y/o Convenios con la República de Chile:

1. Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la Ley 24.342.

2. Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

Estos acuerdos otorgan beneficios a las empresas chilenas que efectúan inversiones y obtienen rentas en nuestro país estableciendo tope para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías.

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, sostuvo el legislador.

El diputado nacional Guillermo Michel solicitó este viernes una audiencia con las autoridades de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos a fin de conocer la posición de la institución y de los productores entrerrianos en relación al proyecto de ley del nuevo marco regulatorio de biocombustibles que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.

Mediante nota dirigida al presidente y vicepresidente de la entidad, Diego Camuñas y Héctor Bolzán, Michel planteó la importancia de la iniciativa en tanto “constituye una oportunidad concreta para fortalecer la industrialización de la producción agropecuaria argentina. El incremento previsto de los cortes obligatorios de biodiesel en gasoil al 10% y de bioetanol en naftas al 15% ampliaría la demanda interna de aceite de soja, maíz y caña de azúcar, incentivando inversiones, empleo de calidad, desarrollo regional y mayor agregado de valor en origen”.

En ese sentido, remarcó que “estos beneficios resultan particularmente relevantes para Entre Ríos y su entramado agroindustrial”.

Asimismo, el legislador señaló que el proyecto “procura, además, conciliar la apertura competitiva con la protección de las empresas elaboradoras no integradas donde Entre Ríos tiene dos plantas. Establece un período de transición y volúmenes reservados para este segmento, evitando una apertura abrupta, pero sin perpetuar un régimen cerrado en beneficio exclusivo de los operadores actualmente habilitados y en detrimento de la cadena agroindustrial y del consumidor de naftas y gasoil. De este modo, permitiría el ingreso de nuevas empresas que reúnan las condiciones legales y técnicas, promoviendo inversiones y oportunidades productivas adicionales, así como el desarrollo de nuevos cultivos oleaginosos como colza, camelina y carinata que las condiciones en Entre Ríos serían propicias”.

Finalmente, Michel expresó: “Independientemente de la posición final que adoptemos en el marco de la discusión parlamentaria de esta ley, solicitamos a Uds. una reunión a efectos de evaluar vuestra posición en este tema”.

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, solicitaron este jueves al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, información actualizada respecto del proceso de apertura del mercado de los Estados Unidos para la exportación de cítricos dulces argentinos, particularmente de la producción entrerriana.

“La apertura de este mercado reviste especial importancia para las economías regionales argentinas y, particularmente, para la Provincia de Entre Ríos y su sector citrícola. Las estimaciones sectoriales indican que las exportaciones argentinas podrían alcanzar aproximadamente 20.000 toneladas anuales por un valor superior a los USD 20 millones anuales”, plantearon el diputado y el senador nacional en la nota presentada.

En ese sentido, remarcaron que “la producción argentina accedería al mercado estadounidense en contraestación, por lo que su ingreso no implicaría una competencia directa con la producción local estadounidense”.

Seguidamente, Michel y Bahl plantearon que “en el marco de la negociación comercial bilateral con Estados Unidos, nuestro país ha avanzado en el cumplimiento de distintos compromisos asumidos”, pero que “el análisis del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos evidencia una marcada asimetría en su nivel de cumplimiento”.

“La República Argentina ha concretado concesiones sustanciales en pos de atender los compromisos allí asumidos: así, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual recientemente la Cámara de Diputados consideró la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Por su parte, en el sector automotriz se adoptó respecto de la homologación de vehículos importados y su ingreso en el mercado argentino las normas de seguridad de los Estados Unidos (Decreto N° 796/2026), admitiéndose la denominada Blue Ribbon Letter; en otro orden, por Decreto N° 483/2026 se simplificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, también en concordancia con los compromisos asumidos por nuestro país. Mientras tanto, tal y como se ha expuesto, se verifica la falta de avances efectivos por parte de los Estados Unidos en aspectos clave, como el acceso real de nuestros cítricos al mercado estadounidense, lo que expone un desequilibrio persistente en la relación”, apuntaron.

Asimismo, los legisladores hicieron referencia a “una disparidad de trato injustificada respecto de otros países de la región que sí han logrado consolidar canales comerciales expeditos para sus economías regionales”.

“Para la Provincia de Entre Ríos, la apertura del mercado estadounidense representa una oportunidad concreta para ampliar mercados, incrementar exportaciones y fortalecer una de sus principales economías regionales”, expresaron.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) destaca la decisión de la Justicia Federal de Entre Ríos de dar curso a una acción de amparo que exige al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad la reactivación urgente de las obras de mantenimiento e infraestructura en la red vial provincial. La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.El amparo, tramitado ante el Juzgado Federal de Victoria a cargo del juez Federico Martín, pone la lupa sobre la administración del Sistema de Infraestructura de Transporte (Sisvial) y del fideicomiso SIT (Decreto 976/01). Ambos mecanismos se nutren del impuesto a los combustibles líquidos con el fin específico de reparar y conservar las carreteras. Sin embargo, dichos recursos venían siendo derivados a instrumentos financieros en lugar de volcarse a calzadas críticas para la conectividad del país.

Esta medida judicial valida las reiteradas advertencias que Fadeeac viene realizando sobre el deterioro crítico de la red vial argentina y la urgencia de que los fondos generados en buena medida por el propio transporte de cargas regresen a las rutas, tal como establece la ley.“La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa”, destacó Cristian Sanz, Presidente de Fadeeac. Asimismo, el dirigente remarcó que la falta de mantenimiento no es una problemática exclusiva de la provincia de Entre Ríos: “El deterioro de las vías de tránsito es un tema alarmante y generalizado que requiere de una acción urgente. Por eso, esperamos que este fallo siente un precedente para que el mismo criterio se haga extensivo al resto de los distritos y corredores del país”.En ese sentido, Sanz hizo hincapié en el impacto directo sobre las personas y la economía: “Garantizar rutas seguras y en buen estado no es un debate de números o cuentas públicas; es un riesgo constante para la vida de todos los que transitamos por los caminos de la Argentina. Las carreteras en mal estado generan siniestros viales, rompen los vehículos y encarecen el flete y la logística. Garantizar condiciones adecuadas es una obligación prioritaria del Estado”.Como prueba del compromiso continuo de la institución con la seguridad vial y la profesionalización del sector, especialistas de Fadeeac y de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) relevaron entre 2021 y 2024 más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. El informe técnico resultante fue entregado oportunamente a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal para colaborar en la toma de decisiones.La red vial es el motor del aparato productivo argentino. Sin un mantenimiento adecuado y sostenido, no solo se pone en riesgo la integridad física de quienes están al volante, sino también la competitividad de las economías regionales que mueven la producción del país.Desde Fadeeac se ratifica la necesidad indispensable de que el Gobierno Nacional priorice la seguridad en las carreteras y destine la totalidad de los fondos viales a su fin original: garantizar rutas seguras, operativas y a la altura de lo que la Argentina necesita para desarrollarse.

La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicita que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.

En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.

“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.

Principales rutas nacionales en Entre Ríos:

·         Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.

·         Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

·         Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.

·         Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.

·         Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).

·         Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.

·         Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo - Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande.

El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó el vínculo que Javier Milei construyó con las nuevas generaciones y afirmó: “Milei habló con los jóvenes pero les mintió”. En ese sentido, recordó que durante la campaña muchos jóvenes creyeron que con el nuevo modelo económico iban a “ganar los mismos dólares”, a partir de contenidos que se viralizaban en redes sociales. “Todo era mentira. Están ganando menos y en pesos”, sostuvo.

Michel planteó que, frente a esa realidad, el peronismo tiene que reconstruir su vínculo con las nuevas generaciones y hablar de sus problemas concretos. “El peronismo no le habla a los jóvenes”, señaló, y remarcó la necesidad de “mejorar mucho en redes y mejorar el discurso, especialmente en torno al empleo”.

En ese sentido, el diputado entrerriano cuestionó que el espacio concentre su discurso en la propia militancia: “La mayoría del peronismo le está hablando a la interna, al militante”. Para cerrar, sostuvo que el desafío es “salir de eso y hablar de los problemas de la gente”, para volver a discutir qué valores representa el peronismo frente a las nuevas generaciones.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional y anticipó a Ahora ElDía que el bloque peronista enviará una carta a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) para plantear sus objeciones sobre las proyecciones oficiales.

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Michel explicó que el debate puede resumirse a partir de los dos componentes básicos :“El presupuesto tiene los ingresos y los gastos, como en la casa de cualquier vecino”.

A partir de esa comparación, el diputado planteó sus principales cuestionamientos al proyecto. “Los ingresos de este presupuesto están sobreestimados, sobrevaluados, y los gastos están totalmente inflados”, afirmó.

Según Michel, el esquema planteado por el Gobierno tendría como consecuencia una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos: “Lo que el Gobierno quiere es discrecionalidad, quiere, en un año electoral, manejar de forma discrecional los fondos”.

El legislador también cuestionó el nivel de transferencias que recibirían las provincias y los municipios. En ese sentido, afirmó que “va a seguir achicando transferencias a las provincias, a los municipios” y que también “va a seguir acortando transferencias para realizar obra pública”.

Y agregó: “Va a seguir achicando transferencias para lo que es salud, educación, universidades”, aseguró.

Frente a este escenario, Michel anticipó que el bloque peronista buscará llevar sus cuestionamientos también al ámbito internacional. “El bloque peronista le está mandando una carta a la titular del FMI”, afirmó.

El objetivo de esa presentación, según explicó, será cuestionar las proyecciones contenidas en el proyecto presupuestario. “Ella no puede avalar algo que es un dibujo contable y que no representa ninguna razonabilidad ni realidad”, sostuvo Michel.

El diputado anticipó que el tratamiento del Presupuesto será una de las principales tareas del bloque durante las próximas semanas. “Va a ser una tarea compleja que vamos a iniciar a partir de la semana que viene”, señaló, y remarcó que la posición que buscarán sostener será la defensa de los recursos provinciales: “La vocación que tenemos es defender los intereses de las provincias”.

Otro de los puntos que Michel anticipó como eje de discusión es el financiamiento de las políticas de discapacidad y las asignaciones familiares. Sobre ese tema, sostuvo que “se generó mucho ruido en redes” y cuestionó la posición del Gobierno respecto de los recursos destinados a discapacidad.

“Ni siquiera dentro del Gobierno están de acuerdo con eso”, afirmó el diputado, en referencia al video que subió Patricia Bullrich: “Creo que vamos a tener un camino positivo para trabajar y modificar lo que quiere el Gobierno”.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, acudió este viernes a la Escuela Segundo Sombra para participar de una actividad de educación cívica con los estudiantes. La propuesta, según explicó el legislador, consistió en entregar ejemplares de la Constitución Nacional enviados por la Cámara de Diputados de la Nación y dialogar con los alumnos sobre el funcionamiento del Congreso.

“Vinimos a la Escuela Segundo Sombra para cumplir con la educación cívica, que es entregarles la Constitución que nos da la Cámara de Diputados de la Nación para los estudiantes”, explicó Michel. El diputado destacó el valor de este tipo de encuentros porque, según sostuvo, permiten acercar a los jóvenes a una actividad institucional que muchas veces aparece distante de la ciudadanía.

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“Es una actividad muy gratificante, sobre todo porque nos permite llegar a los alumnos y explicarles un poco de qué trata la actividad parlamentaria, que está tan alejada de la gente”, señaló.

Sin embargo, la visita estuvo atravesada por un episodio previo que el legislador cuestionó públicamente. Michel afirmó que la directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Irazabal de Landó, intentó impedirle el ingreso al establecimiento para realizar la actividad.

“Por suerte puedo hacer esto, a pesar de que algo que me llenó de tristeza, de Marta Landó, que fue mi maestra de cuarto grado, en el Colegio Villa Malvina, que me quizo prohibir el ingreso a la escuela de manera irracional, sin ninguna autoridad para hacerlo. Pero pude hablar con las autoridades del Concejo General de Educación, y la ubicaron un poco a esa señora”, manifestó.

Más allá del conflicto, Michel remarcó que pudo finalmente encontrarse con los estudiantes y desarrollar la charla prevista. El legislador insistió en que el objetivo de la actividad fue acercar la Constitución y el funcionamiento parlamentario a los jóvenes y generar un contacto directo con quienes habitualmente se encuentran alejados de la dinámica del Congreso.

El diputado pidió fomentar en la provincia el desarrollo de estos cultivos de invierno de la región central para los biocombustibles de aviación

En una entrevista con Noticias Argentinas (NA) El diputado peronista Guillermo Michel sostuvo que la Argentina, y en particular Entre Ríos, deben prestar especial atención al desarrollo de biocombustibles destinados a la aviación, un mercado que presenta un fuerte potencial de crecimiento y que podría generar nuevas oportunidades de exportación y el ingreso de dólares al país.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Michel señaló que "la Argentina y Entre Ríos tienen que prestar mucha atención a un nuevo fenómeno que se está dando a nivel mundial, que son los biocombustibles, por ejemplo, para la aviación".

En ese sentido, destacó el potencial de cultivos como la carinata y la camelina, que podrían abastecer parte de la creciente demanda internacional de combustibles sostenibles para el sector aerocomercial.

"Hay cultivos como la carinata y la camelina que van a generar un mercado de casi 14 millones de toneladas y que van a permitir generar muchos dólares para la Argentina", afirmó el legislador.

“En la provincia de Entre Ríos, durante el ciclo agrícola 2025/26, la superficie cultivada con colza, carinata y camelina alcanzó un total de 31.200 hectáreas, lo que representó un incremento interanual del 80%, equivalente a 13.900 hectáreas adicionales. La producción se concentró principalmente en los departamentos de Victoria (26 %), Tala (14 %), Gualeguaychú (12 %) y Villaguay (10 %), los cuales en conjunto abarcaron el 62% del total producido”, finalizó Michel.

La carinata es un cultivo industrial de invierno que produce un aceite de características aptas para la elaboración de biocombustibles y que se desarrolla principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

A diferencia de otros cultivos oleaginosos, el aceite de carinata no tiene destino alimentario y puede ser aprovechado por la industria energética.

En los últimos años comenzó a evaluarse con mayor interés su utilización como materia prima para la producción de combustibles sostenibles, entre ellos los destinados a la aviación.

El desarrollo de este tipo de cultivos se vincula con la expansión global de los combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), que buscan reducir las emisiones del transporte aéreo y generan una nueva demanda de materias primas de origen agrícola.

Para la Argentina, el crecimiento de este mercado podría representar una oportunidad para diversificar la producción agroindustrial, agregar valor a los cultivos de invierno y ampliar la generación de divisas a partir de productos destinados a la industria energética.

El escenario político entrerriano sumó un nuevo capítulo de discusión tras los anuncios respecto a la Vía Navegable Troncal. El concejal y abogado de Concepción del Uruguay Juan Martín Garay analizó el impacto del debate y las respuestas surgidas desde el oficialismo tras los datos aportados por el diputado nacional por el peronismo Guillermo Michel.

Al evaluar las idas y vueltas, Garay, a través de un comunicado, comenzó señalando que “Michel puso un dato sobre la mesa. Y la reacción del oficialismo provincial dice bastante más que la respuesta de Vergara”.

El edil contextualizó el inicio de la controversia a partir de la presentación oficial del proyecto: “Frigerio presentó la nueva concesión de la Hidrovía como si Entre Ríos ingresara por primera vez a una historia de la que hasta ahora hubiera estado ausente. Michel hizo algo bastante menos espectacular: recordó que Entre Ríos ya tenía participación institucional en la Hidrovía desde 2020, con presencia en el Consejo Federal creado por el Decreto 949 y, posteriormente, en el organismo de control constituido en 2021. No es una interpretación política. Está en los decretos”, remarcó.

En su análisis, el edil posó la mirada sobre los voceros del gobierno: “Y entonces apareció el senador Vergara. La secuencia resulta, cuanto menos, sugestiva: el gobernador hace un anuncio con pretensión de hecho fundacional; Michel pone en evidencia que los antecedentes cuentan otra historia; y desde el oficialismo aparece rápidamente una respuesta en boca de otro dirigente”.

Respecto a las características de la réplica por parte del oficialismo, Garay apuntó: “Por el tono, la estructura y el momento, cuesta no pensar que a Vergara le tocó salir a contestar un planteo que había generado más ruido del esperado. Incluso parece de esos textos que llegan bastante encaminados y a los que finalmente solo les falta una firma”.

Asimismo, diferenció el valor de la obra pública del debate estrictamente discursivo. “Nadie discute que incorporar nuevos tramos de la Hidrovía y mejorar las condiciones para nuestros puertos puede ser importante para Entre Ríos. El problema es otro: ¿por qué cada logro del oficialismo necesita ser presentado como si antes no hubiera existido nada?”, cuestionó.

Para Garay, la intervención de la oposición desarmó una línea argumental: “Michel no hizo más que correr el velo de esa construcción discursiva. Porque una cosa es decir que hoy Entre Ríos obtiene algo nuevo y relevante. Otra muy distinta es afirmar que recién ahora la provincia entra en escena. El federalismo no empieza cuando un gobierno lo anuncia”.

“Vergara intenta llevar la discusión hacia los resultados. Pero antes hay que responder una cuestión mucho más elemental: ¿Existió o no existió participación institucional de Entre Ríos en la Hidrovía antes de esta nueva concesión? La respuesta está en las normas”, continuó detallando sobre la base legal de la discusión.

Finalmente, el dirigente analizó el trasfondo de la estrategia comunicacional oficialista y el rumbo que debería tomar la gestión: “Por eso, más que enojarse con quien recuerda los antecedentes, habría que preguntarse por qué resulta necesario enviar a alguien a desviar la conversación. La política también se comunica por sus reacciones. Y esta reacción deja una conclusión bastante clara: Michel puso sobre la mesa un dato que el relato oficial prefería presentar de otra manera. No hace falta negar el presente. Tampoco reescribir el pasado. Entre Ríos necesita una Hidrovía verdaderamente federal. Y para eso, además de estar en la concesión, tiene que estar en las decisiones”.