La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que había confirmado la destitución de Cecilia Goyeneche y, siguiendo al procurador interino Eduardo Casal, ordenó devolver las actuaciones a la provincia para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En ámbitos tribunalicios se especula con que la decisión, adoptada por unanimidad, implicaría realizar un nuevo proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ello en virtud de que Corte Suprema decretó la nulidad del proceso en virtud de “la gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador, lo que implica “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”.

No obstante, el máximo tribunal aclaró expresamente que ello “no implica abrir juicio acerca del mérito de los hechos que dieron inicio al proceso de juicio político”, es decir, supuesto mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo en la tramitación de la causa por contrataciones irregulares en la Legislatura para financiar la política, publicó Página Judicial.

Goyeneche fue sometida a un jury por mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo en la tramitación de la causa de los contratos truchos. Se le cuestionaba no haberse apartado de intervenir en la investigación cuando se detectó que uno de los principales imputados era Pedro Opromolla, con quien compartía la propiedad de dos departamentos y que mantenía una relación de amistad con ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi.

El Jurado de Enjuiciamiento explicó que Goyeneche conocía el vínculo del contador Opromolla con el ilícito desde el comienzo de la investigación e incluso destacó que ella misma había reconocido esa circunstancia, aunque la había minimizado al afirmar que solo se trataba de un “estado de sospecha” que fue “confirmándose” con el devenir de la pesquisa y recién se apartó cuando se decretaron embargos sobre los bienes de los imputados, entre ellos Opromolla, y compartía un departamento que resultó embargado.

Ahora, la Corte Suprema advirtió irregularidades en las diferentes integraciones del Jurado de Enjuiciamiento. Le apuntó, específicamente, a los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que firmaron la suspensión de Goyeneche; como también a Juan Ramón Smaldone, que votó a favor de la destitución, al igual de Carubia. Del mismo modo, determinó la nulidad de la designación de Gisela Schumacher en el tribunal que destituyó a la procuradora adjunta.

El máximo tribunal también sostuvo que la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal de su función de acusador en el Jurado de Enjuiciamiento y su reemplazo por un fiscal ad-hoc sorteado de la lista de conjueces había sido “arbitraria”, tal como lo advirtió en su momento el procurador general interino, Eduardo Casal.

“Pese al intento del superior tribunal local de justificar lo decidido por el órgano juzgador acerca de este punto, la sentencia no justifica adecuadamente las razones por las cuales considera que fue legítimo el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en su totalidad –cuando el legislador atribuyó expresamente a dicho órgano la función de acusar en el proceso de juicio político– y la creación pretoriana de convocar a un abogado de la matrícula que forme parte de la lista de conjueces”, se indicó.

La Corte Suprema rechazó el argumento de un supuesto “vacío normativo” para el apartamiento de la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal; “y en el caso de encontrarse configurada respecto del órgano acusador alguna de las causales de apartamiento previstas, este debía ser sustituido por el funcionario del Ministerio Público Fiscal que correspondía según lo dispuesto por las normas aplicables al caso”.

En esa línea, los supremos lanzaron furibundas críticas a los vocales del STJ entrerriano: “Resulta, por lo demás, llamativo, el celo que exhibe el superior tribunal por intentar asegurar la imparcialidad del órgano acusador –que, en su visión, se encontraba afectada en beneficio de la magistrada enjuiciada, a pesar de lo dispuesto por la normativa aplicable que aventaba ese riesgo–; celo que contrasta claramente con el modo completamente dogmático y desentendido de los principios constitucionales en el que abordó los planteos que, en orden a la imparcialidad tanto del órgano acusador como del juzgador, había formulado sobre bases serias la recurrente. Esta asimetría en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la imparcialidad con que deben ser conducidos este tipo de procedimientos resulta, naturalmente, inadmisible y es una muestra más de los graves defectos que descalifican lo decidido”.

Por estas horas, en tribunales entrerrianos circulan especulaciones sobre las implicancias del fallo de la Corte Suprema. Es que, por un lado, se decreta la nulidad del jury “a partir de la conformación del primer órgano juzgador”. De modo que Goyeneche recupera su condición anterior a la apertura de causa, es decir, se revocaría la suspensión en el cargo y, por lo tanto, debería ser restituida. Pero, más adelante, decreta que “vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento”. El “tribunal de origen” es el STJ, que debería revisar la apelación de Goyeneche a raíz de su destitución y resolver en función de los criterios que fija la Corte Suprema.

En cualquier caso, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti dejaron expresamente aclarado que ello “no implica abrir juicio acerca del mérito de los hechos que dieron inicio al proceso de juicio político”.

La noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, el expediente del jury que se cerró con la destitución de la ex procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción de la provincia, recorrió las redacciones de los medios nacionales y de los locales que siguieron el proceso que determinó un parte aguas en el escenario político-judicial de la provincia.Según consignó el sitio local Página Judicial, que citó información que se publicó en el sitio porteño Infobae, la Corte solicitó al Alto Cuerpo entrerriano “la causa principal para analizar todo el caso que involucra a Goyeneche y, con eso, correr traslado a la Procuración General para que Eduardo Casal se pronuncie”.La noticia generó algarabía en el entorno de la abogada y en sectores del Poder Judicial entrerriano, habida cuenta que la ex fiscal en Entre Ríos solo fue sumando reveses. El último ocurrió el 13 de julio de 2023 cuando el STJ, en una integración ad hoc, denegó el recurso extraordinario federal deducido por Goyeneche contra la sentencia del STJ que el 10 de marzo de 2023, rechazó el Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad que interpuso contra la sentencia del 24 de mayo de 2022, dictada por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE), que la destituyó del cargo que ejercía. Goyeneche había solicitado que el Alto Cuerpo que deje sin efecto lo resuelto por el HJE y se la restituya en el cargo.

El Alto Cuerpo entendió que los reproches de la ex fiscal, “en definitiva”, exhiben que “el recurso giran en derredor de cuestiones procesales y de Derecho Público local, en el marco de un proceso político de remoción, asuntos que por regla son ajenos a la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Añadió que “coherentemente con lo expuesto en la sentencia recurrida, no se advierte aquel perjuicio real y concreto que dice haberle ocasionado las supuestas irregularidades procesales que denuncia”.

Según consignó Página Judicial “no es la primera vez que la Corte Suprema interviene en el caso. Antes de ser destituida, Goyeneche presentó una acción de amparo contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de separar del proceso al Ministerio Público Fiscal. El planteo tuvo un fallo favorable en primera instancia, pero el STJ revocó ese fallo por considerar que el amparo no era la vía adecuada y la ahora ex procuradora adjunta llevó el caso hasta la Corte Suprema, que rechazó la formalidad del alto cuerpo entrerriano e instó a que se dicte un nuevo pronunciamiento, que fue nuevamente rechazado”.

También recordó que “el eje de la acusación contra Goyeneche apuntó a la relación que ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, tenían con Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura”. Así, añadió que “la ex procuradora adjunta llegó a tener dos propiedades en condominio con el contador Opromolla.Por ese motivo los defensores en la causa de los contratos truchos pidieron su apartamiento. En el jury aseguró que al inicio de la causa no tenía ningún motivo para su excusación. Inicialmente se rechazó su apartamiento, pero en 2019, con los embargos preventivos, el escenario se complicó: entre los bienes embargados estaba el inmueble que compartía con Opromolla. Entonces, el procurador general, Jorge García, la corrió del caso”. 

Goyeneche fue en queja ante la Corte luego de que el Superior Tribunal le negara el recurso extraordinario federal para que el máximo tribunal reviera la decisión del STJ de avalar la destitución que le impusiera el Jury.

Para iniciar este trámite, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) prevé en sus artículos 286º y 287º que se debe realizar un depósito que, en caso de que la Corte acepte el caso, se devuelve.

Por acordado de la CSJN, el monto se fijó en $ 300 mil. “Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por denegación del recurso extraordinario, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de $ 300.000 (Acordada 13/2022). El depósito se hará en el Banco de depósitos judiciales”, ordena el 286º del CPCCN.

“Si la queja fuese declarada admisible por la Corte, el depósito se devolverá al interesado. Si fuere desestimada, o si se declarase la caducidad de la instancia, el depósito se perderá”, completa el 287º.

El depósito se hizo a fines de junio pasado. En ese momento, el dólar blue tocaba los $ 500 y el oficial se ubicaba en los $ 270. Unos días después, la Corte ordenó que el dinero, depositado en el Banco Nación, se coloque en plazo fijo. (APFDigital)

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos lamentó el fallecimiento del abogado Gastón Justet, ex presidente de la Sección Gualeguay. “Es una gran pérdida para toda la abogacía entrerriana”, sostuvo la entidad, que preside Alejandro Canavesio. “En la vida podemos ser indiferentes o ser protagonistas, de cada uno depende esa la elección, y si optas por ser protagonista, tenes que hacerlo con responsabilidad”, agregó.

“Gastón Justet hizo su camino como protagonista, lo conocí desde la colegiación, teníamos los mismos objetivos, asegurar el libre ejercicio de la profesión y su organización en forma democrática, federal y pluralista La pérdida de un ser querido es algo que a todos nos cuesta mucho poder afrontar. Los sentimientos que esta nos provoca pueden ser realmente muy dolorosos, y muchas veces no se encuentran palabras justas para decirlo. Gastón Justet fue dirigente de la colegiación, sobrepasó como muchos, los embates del lugar que nos toca enfrentar, lo hizo con dignidad, apego y valentía. Mis más sentidos pésame por su partida, consuelo a sus familiares y allegados. Q.E.P.D. amigo del corazón”, afirmó Canavesio.

La última intervención que tuvo Justet –afectado ya por un tumor- fue durante el proceso de jury que terminó con la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, el 24 de mayo último

La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Claudia Levin, reiteró su “preocupación por las acciones que afectan la situación institucional del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”.En ese sentido, expresó que “el procedimiento que dispuso la destitución de la Dra. Cecilia Goyeneche, hoy en trámite de apelación ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, está fuertemente cuestionado” y recordó que “el caso ya ha merecido reproches de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por afecciones a garantías constitucionales en instancias previas (sentencia de fecha 10/05/22)”. Advirtió asimismo que “el procedimiento contra la fiscal que investigó causas en las que estaban implicados actores del poder, debió haber sido especialmente un modelo de transparencia y respeto al orden institucional, pues de lo contrario se afecta la credibilidad en las instituciones y puede constituirse en señales tendientes a inhibir la realización de las investigaciones pertinentes”.“Tales circunstancias nos alertan y nos comprometen a redoblar los esfuerzos en la defensa de los derechos y las garantías constitucionales”, concluyó.    

También repudiaron “el accionar de desconocidos que interfirieron en la  audiencia desarrollada este viernes por la mañana en los tribunales de Paraná, las agresiones verbales en la vía pública y los hechos de vandalismo contra bienes públicos del municipio local, a través de la pegatina de carteles alusivos a la destitución de la funcionaria mencionada”.

Por último, ratificaron “el apoyo irrestricto a la vigencia de las instituciones democráticas y al desempeño de los miembros del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, quienes actuaron conforme a la ley y a  la constitución provincial”.

La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que fue destituida de su cargo luego de investigar al exgobernador Sergio Urribarri, cierra los detalles de un recurso de per saltum que presentará esta semana ante la Corte Suprema de Justicia para pelear la decisión que tomó un polémico jury.

Goyeneche recibirá el respaldo de sus colegas este miércoles durante una reunión de la Asociación de Fiscales y el Consejo de Procuradores Generales de todas las provincias, indicaron fuentes del organismo. Sería propuesta para ocupar el puesto de Presidenta Honoraria de la Comisión Anticorrupción de los Ministerios Públicos Fiscales.

Ambas entidades se reunirán en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para tratar el caso, mientras esperan la respuesta del tribunal Superior de esa provincia ante un recurso extraordinario. Sin embargo, consideran la intervención de la Corte que preside Horacio Rosatti.

La destitución generó preocupación entre los integrantes de los Ministerios Públicos del país. “Vemos su destitución como un mensaje para todos, por eso consideramos que es de suma urgencia tener la respuesta de la Corte”, indicaron a TN.

Durante el encuentro, el Consejo propondría a la exprocuradora adjunta de Entre Ríos al cargo de Presidenta Honoraria de la Comisión Anticorrupción de los Ministerios Públicos Fiscales, un gesto que busca poner en valor la tarea de Goyeneche como fiscal y sumarle apoyo.

La exprocuradora, que aseguró haber encontrado la caja negra de la corrupción en Entre Ríos, fue destituida por un polémico jury que se cimentó en el voto del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Juan Smaldone.

“Perdió el atributo de objetividad porque de manera deliberada decidió que no debía excusarse patentizando, ello, un claro acto arbitrario prohibido por la Constitución Provincial”, afirmó el vocal.

El juicio contra Goyeneche estuvo relacionado por su investigación en la causa de los contratos truchos de la Legislatura entrerriana, una estafa por 50 millones de dólares a través de contrataciones simuladas de numerosos empleados de ambas cámaras.

A la exfiscal la acusaron por mal desempeño, por no haberse excusado en la investigación cuando descubrió que un amigo de su marido había sido socio de uno de los imputados.

En ese marco, insistió en que la condena en su contra no tiene base probatoria. Aseguró que los entrerrianos y argentinos están “mal informados”. Descartó que su cuñado Juan Pablo Aguilera sea propietario de Formato Urbano y cuando se le preguntó por la existencia de un documento de propiedad, mintió al decir que “no existe”.

Por otra parte, negó también que su foto haya estado en el parador de Mar del Plata. Consultado sobre su evolución patrimonial, dijo que tiene “una casa en Concordia, un vehículo, una sociedad con sus hijos y una casa en el lago de 200 o 250 metros, algo así”.

Asimismo, Sergio Urribarri admitió que es “amigo” del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y confundió: “Me sobreseyeron en esa causa porque no hay pruebas y demoraron 23 meses”, cuando la decisión se tomó sólo en base al fallo “Cozzi” porque Fiscalía excedió los plazos procesales previstos en el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia.

Además, mencionó el jury contra la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y culpó a “un sector de la política, la prensa y la justicia” por instalar una historia que no es. “Me sacaron de la cancha pero las pruebas no existen”, insistió.

- Urribarri, usted dice que no robó ¿No sospecha de su cuñado?-- retrucó Tenembaum al final de la entrevista.

- "No hay pruebas Ernesto. Mi cuñado se comió una tapa de un semanario que usted conoce intentando vincularlo con los Panamá Papers", contestó Urribarri, en referencia a aquella edición de Análisis en la que se publicaron los viajes al exterior del cuñado, uno de los cuales fue al país caribeño, paraíso fiscal, pero nunca refiriendo a los Panamá Papers.

"Antes de ayer se contó que en el programa radial de Antonio Tardelli, columnista de Daniel Enz, que Rogelio Frigerio fue visitado por Cecilia Goyeneche y el procurador para que interceda en el jury. Hay una relación entre el marido de Goyeneche, Frigerio y la ex viceintendenta de Paraná. Hay una relación política", subrayó en el mandatario.

Aunque se trató de una concentración que se convocó por redes sociales, de forma espontánea, entre los asistentes se vio a un grupo de integrantes del Ministerio Público Fiscal que estuvo durante todo el proceso de jury que concluyó con la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.Entre éstos, Jorge Gamal Taleb, Oscar Sobko, Leandro Dato, Laureano Dato, Matilde Federik y Gonzalo Badano. En tanto, el senador nacional Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio) fue la única figura política en la manifestación.Los carteles y las pancartas también estuvieron dirigidos hacia el exgobernador Sergio Urribarri, señalado como responsable de la destitución de Goyeneche, y también hacia los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.También estuvo el defensor de Goyeneche, el exjuez Enrique Máximo Pita, que dijo haberse acercado como "un ciduadano más". Respecto de las vías legales que se abren luego de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que destituyó a Goyeneche en una votación dividida, 5 a 2, aseguró que "nuestra esperanza está puesta en la Corte"."Toda adhesión a Goyeneche es buena. En esto ha ayudado mucho el apoyo general de la población", señaló. Luego, sostuvo que "la única forma de contrarrestar a la corporación político-judicial que la puso a ella en esta situación es con el reclamo popular, el periodismo y los medios legales"."Ya hemos tenido un pronunciamiento de la Corte, pero lamentablemente los fallos que se dieron después no fueron en el sentido que la Corte indica, sino en habilitar la destitución de Goyeneche. Nuestra idea es llegar a a Corte; nuestra gran esperanza es que la Corte enmiende esta grave situación", completó el letrado.De ese modo, planteó cuál será el camino que seguirá Goyeneche luego del fallo adverso del Jurado de Enjuiciamiento, trámite que deberá, primero, agotar las vías locales, ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), para por fin llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Goyeneche fue desplazada acusadada de mal desempeño por su actuación en la irresuelta causa de los contratos truchos en la Legislatura. Se reprochó no haberse apartado por tener relación comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla."A los  valientes se los defiende", dijo la diputada provincial Ayelén Acosta (PRO), presente en la manifestación en Tribunales."La gravedad institucional, política y jurídica que está atravesando nuestra provincia es alarmante, por eso me sume junto a los vecinos que están tan preocupados como lo estoy yo", señaló. Además, agregó: "Hay que seguir levantando la bandera de la independencia de poderes junto a la transparencia y equidad que los argentinos merecemos".

Diputadas y diputados del Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos redactaron un comunicado para manifestar su repudio a las expresiones realizadas por la exprocuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, quien fue destituida tras un jury de enjuiciamiento esta semana y que, en declaraciones a medios de comunicación, calificó el fallo como un "atropello institucional".

El comunicado de los diputados oficialistas en Entre Ríos:

Diputadas y diputados del Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos hacemos público nuestro absoluto repudio a las declaraciones pronunciadas por la ex Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.

En Entre Ríos funcionan las instituciones y se respetan las garantías y las leyes vigentes, por ello entendemos que el fallo emitido por el Jurado de Enjuiciamiento -órgano constitucional que definió la destitución, compuesto por representantes del Colegio de la Abogacía, el Poder Judicial y de la Legislatura- debe ser respetado y, en todo caso, recurrido en el marco de lo establecido en la Constitución Provincial, las instituciones republicanas y las leyes vigentes.

Durante todo el proceso prevaleció la independencia de poderes y se mantuvo la absoluta vigencia de las instituciones democráticas, constitucionales y legales, necesarias para el funcionamiento del servicio de justicia y del Jury de Enjuiciamiento, juicio político destinado a evaluar el desempeño de, entre otros, funcionarias y funcionarios judiciales de menor jerarquía.

Tal como lo expresó el gobernador Gustavo Bordet, la justicia como valor supremo no debe constituir privilegios para nadie, y menos para juzgar el buen o mal desempeño de un cargo por no respetar las normas de la imparcialidad y objetividad necesarias para la función.

Ante el proceso del Jurado de Enjuiciamiento, la fiscal que fue destituida optó por considerar una defensa en términos mediáticos, agraviantes y políticos, cuando debió limitarse a defenderse técnicamente de lo que la acusó el Jurado de Enjuiciamiento en su primera composición y destituyó en una segunda integración.

Por último, rechazamos las afirmaciones que no tienen otra finalidad más que descalificar injusta y gravemente la intervención de vocales del Superior Tribunal de Justicia, de Camaristas del Poder Judicial e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.

Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.

La destitución de Goyeneche

El Jurado de Enjuiciamiento votó por mayoría la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche este lunes. Después del mediodía, votaron el senador provincial Armando Gay y el abogado Gonzalo García, quienes lo hicieron por la destitución de Goyeneche. En tanto, el diputado provincial Gustavo Zavallo votó por la no destitutición de Goyeneche. De esta manera, la votación quedó 5 a 2.

Este domingo por la noche se sumaron los votos de los vocales Gisella Schumacher y Daniel Carubia, a favor de la destitución de la fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche. Schumacher hizo un voto extenso, mientras que Carubia adhirió buena parte de los argumentos de la vocal precedente y amplió respecto de otros puntos. Antes, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Smaldone fue el primero que votó por la destitución y el sábado, la abogada y presidenta del cuerpo, Verónica Mulone, votó a favor de Goyeneche.

Después del mediodía votaron el senador provincial de Concordia, Armando Gay (PJ) y el abogado Gonzalo García, a la vez director de Asuntos Jurídicos del Senado, quienes se pronunciaron por la destitución. Finalmente lo hizo el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ), quien se opuso a la salida de Goyeneche. De esa manera, Zavallo siguió la misma línea de pensamiento, ya que antes se había opuesto al desplazamiento del Ministerio Público Fiscal en la acusación a Goyeneche, tal como lo propició por mayoría el Jurado, tras lo cual se designó al abogado gualeyo Gastón Justet como fiscal ad hoc. Antes de Justet se habían excusado de participar 16 abogados de la lista de ad hoc, según informó Análisis.

En el mismo, sostienen que “La abogada Cecilia Goyeneche fue condenada por un Jury de Enjuiciamiento que tiene rango constitucional, y que se formó para analizar su conducta, dado que a la fiscal no la podía investigar su propio equipo de trabajo,  como ella pretendía.  Eso sí hubiera sido una situación de parcialidad en favor suyo”. 

“Queda claro además que la condena del Jury a la fiscal no fue por investigar al ex gobernador Sergio Urribarri como se sostiene  falseando los hechos.  Goyeneche fue destituida por tener lazos comerciales y de amistad con un imputado en otra causa que ella estaba investigando, y por no haberse apartado de la misma como debió haberlo hecho. Y además de eso, por mentir sobre ese vínculo, con el objetivo de seguir al frente de esa causa”, postularon.

Agregaron que “Es indudable que hay sectores que festejan el accionar judicial cuando los fallos los favorecen, y cuando estos no son lo que esperaban, no dudan en denunciar un supuesto acuerdo entre el poder político y los miembros del Poder Judicial. Esa no es una situación novedosa, pero si nos causa sorpresa cómo en este caso se sostiene un hecho falso para atacar la resolución del Jury”. 

“En el mismo sentido rechazamos las afirmaciones que intentan descalificar la participación de vocales del Superior Tribunal de Justicia. En Entre Ríos los integrantes de este alto tribunal son propuestos por el Poder Ejecutivo, pero para ser designados deben contar con el acuerdo del Senado, que se pronuncia tras analizar sus antecedentes y examinarlos en una audiencia pública”, sentenciaron.

Añadieron que “en el caso de la vocal Gisela Schumacher -a quien Goyeneche cuestiona diciendo que fue designada para votar en su contra-,  hay que recordar que la Cámara de Senadores prestó Acuerdo Constitucional por unanimidad para su designación. Es decir, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con su nombramiento.  También es necesario recordar que no se registró ninguna impugnación a su pliego”.

“Vale señalar que ese cumplimiento de los pasos previstos en la legislación, que constituye una obligación de quienes desempeñan cargos públicos, parece no ser tan relevante para el Ministerio Público Fiscal que comandaba Goyeneche, ya que varios integrantes ocupan cargos producto de designaciones interinas de prolongada extensión”, marcaron.

“Pero por sobre todas las cosas, queremos señalar que en  Entre Ríos todos los fallos dictados en casos de delitos contra el Estado provincial han sido respetados, ya sea que se recaigan sobre  funcionarios del oficialismo o de la oposición. La postura del gobierno provincial es acatar los fallos y no discutirlos en los medios de comunicación”, concluyeron. 

“Hay que hacer valer el derecho a la defensa que todo el mundo tiene, y para eso se lo puede plantear y se lo puede expresar. Pero de ahí, a querer politizar el sistema judicial como se ha hecho sistemáticamente durante todo este proceso constituye un gran avasallamiento a la libertad de Poderes”, alertó el mandatario.

Bordet, además, reiteró que su gobierno siempre respetó la independencia de los poderes del Estado, que acató los fallos de la Justicia y afirmó que son falsas las "acusaciones" sobre intervenciones en el jurado de enjuiciamiento. “No concibo, ni admito, que se me quiera imputar respecto de supuestas formas de direccionamiento para los miembros del tribunal”, subrayó.

“Cuando a alguien no le gusta un fallo no puede agraviar gratuitamente, como lo he sentido personalmente y como también se lo ha hecho con jueces del Superior Tribunal de Justicia y a los jueces subrogantes que actuaron con fallos que no han sido los que se esperaban”, continuó Bordet.

“Hay que hacer valer el derecho a la defensa que todo el mundo tiene, y para eso se lo puede plantear y se lo puede expresar. Pero de ahí, a querer politizar el sistema judicial como se ha hecho sistemáticamente durante todo este proceso constituye un gran avasallamiento”, alertó.

“No hay privilegios para la clase política, ni tampoco para el poder judicial. Lo he dicho el 15 de febrero en la Asamblea Legislativa: todos los hombres y mujeres somos iguales ante la Ley. Y el hecho de que alguien ocupe un cargo, sea el de fiscal o el que fuere, no hace la diferencia”, recordó.

En esa línea, el mandatario remarcó que “para esto funcionan las instituciones”, y explicó que “en Entre Ríos está garantizado absolutamente su funcionamiento”.

“Hasta el día de hoy no emití ninguna declaración para ser prudente en el desarrollo que se llevó adelante con el jury; para no entorpecer, justamente, el funcionamiento institucional que se estaba desarrollando. Pero está claro que se llevó todo el proceso a cabo, se votó y se resolvió”, enumeró Bordet.

“Nosotros, como gobierno, hemos tenido fallos que no nos gustaron, pero los acatamos siempre. Nunca jamás, por más que no nos han gustado estos fallos, salimos a criticar y mucho menos a generar acusaciones contra los jueces que los emitieron”, sostuvo y citó el fallo del Superior Tribunal de Justicia en torno a la extracción de arenas silíceas en el sur entrerriano: “podríamos haberlo discutido, pero no lo hicimos. Lo acatamos. Para eso está el Poder Judicial y esto es la independencia de poderes que siempre hemos respetado a rajatablas”.

Este domingo por la noche se sumaron los votos de los vocales Gisella Schumacher y Daniel Carubia, a favor de la destitución de la fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche. Schumacher hizo un voto extenso, mientras que Carubia adhirió buena parte de los argumentos de la vocal precedente y amplió respecto de otros puntos. Antes, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Smaldone fue el primero que votó por la destitución y el sábado, la abogada y presidenta del cuerpo, Verónica Mulone, votó a favor de Goyeneche.

Después del mediodía votaron el senador provincial de Concordia, Armando Gay (PJ) y el abogado Gonzalo García, a la vez director de Asuntos Jurídicos del Senado, quienes se pronunciaron por la destitución. Finalmente lo hizo el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ), quien se opuso a la salida de Goyeneche. De esa manera, Zavallo siguió la misma línea de pensamiento, ya que antes se había opuesto almdesplazamiento del Ministerio Público Fiscal en la acusación a Goyeneche, tal como lo propició por mayoría el Jurado, tras lo cual se designó al abogado gualeyo Gastón Justet como fiscal ad hoc. Antes de Justet se habían excusado de participar 16 abogados de la lista de ad hoc.

A Goyeneche la enjuiciaron luego de las denuncias de tres abogados particulares: Carlos Reggiardo (defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi) por un lado; y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet por otro lado. Le achacaron no haberse apartado antes de la causa por corrupción más importante de la historia entrerriana, conocida como “causa de los contratos truchos” de la Legislatura. Es que en la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, amigo del marido de Goyeneche y con quien la propia procuradora compartió dos fideicomisos. Los investigadores indagaron, imputaron y pidieron 6 años de prisión para Opromolla. Pese a todo, denunciaron igual a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.

Las presentaciones contra la fiscal Anticorrupción se dieron después de que se pidiera la elevación a juicio de la causa, y avanzaron mientras Goyeneche conducía la acusación del megajuicio por corrupción que terminó con el exgobernador Sergio Urribarri condenado a 8 años de prisión y fuera de las Cancillerías que tenía a su cargo.

Los abogados también denunciaron al procurador General de la provincia, Jorge García. Pero esa presentación no fue aceptada por el Jurado de Enjuiciamiento que avanzó con una composición ilegal contra Goyeneche, dado que consideraron que nadie de Ministerio Público Fiscal (MPF) estaba en condiciones de acusarla, y convocaron a conjueces ad hoc (especialmente designados para reemplazar a un vocal del Superior Tribunal de Justicia en caso de ser necesario) para que se la acuse en un jury. De ese modo, invitaron a más de diez conjueces que fueron rechazando la convocatoria por el mismo motivo: no está previsto en la Constitución que la acusación en un jury esté a cargo de un fiscal ad hoc. Las convocatorias rodaron hasta que el abogado de Gualeguay, Gastón Justet, exconcejal justicialista aceptó.

Esa situación, más la suspensión en el cargo y la reducción salarial, provocó la presentación de un amparo en la Justicia provincial por parte de Goyeneche. En una primera instancia, la jueza de feria Elena Albornoz entendió que la conformación del jury con un fiscal ad hoc es inconstitucional y dio la razón parcialmente a la fiscal Anticorrupción. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes apeló el fallo, dado que la presentación es contra el Superior Gobierno de la provincia y cuando llegó al STJ, los vocales Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio, rechazaron el amparo de la procuradora Adjunta.

Goyeneche continuó el reclamo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consiguió el aval en esa instancia. El expediente volvió por orden del máximo órgano judicial del país a la provincia, con la disposición de tratar el amparo rechazado en una instancia anterior. De ese modo y con una composición integrada por abogados, el STJ debió tratar el amparo de Goyeneche y lo rechazó. Un guiño para el Jurado de Enjuiciamiento que habría frenado la votación.

Este domingo por la noche se sumaron los votos de los vocales Gisella Schumacher y Daniel Carubia, a favor de la destitución de la fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche. Schumacher hizo un voto extenso, mientras que Carubia adhirió buena parte de los argumentos de la vocal precedente y amplió respecto de otros puntos.

Según pudo reconstruir Análisis, ya se produjeron los votos de Juan Ramón Smaldone (a favor de la destitución); Verónica Mulone (en contra de la destitución); Schumacher y Carubia (a favor de la destitución).

Con este panorama, restan las decisiones de los legisladores del peronismo, Armando Gay y Gustavo Zavallo; y por último del director de Asuntos Jurídicos del Senado y abogado, Gonzalo García Garro. Todo indica que se acerca la decisión final del Jurado de Enjuiciamiento, que debe estar antes del 30 de mayo.

A Goyeneche la enjuiciaron luego de las denuncias de tres abogados particulares: Carlos Reggiardo (defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi) por un lado; y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet por otro lado. Le achacaron no haberse apartado antes de la causa por corrupción más importante de la historia entrerriana, conocida como “causa de los contratos truchos” de la Legislatura. Es que en la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, amigo del marido de Goyeneche y con quien la propia procuradora compartió dos fideicomisos. Los investigadores indagaron, imputaron y pidieron 6 años de prisión para Opromolla. Pese a todo, denunciaron igual a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.

Las presentaciones contra la fiscal Anticorrupción se dieron después de que se pidiera la elevación a juicio de la causa, y avanzaron mientras Goyeneche conducía la acusación del megajuicio por corrupción que terminó con el exgobernador Sergio Urribarri condenado a 8 años de prisión y fuera de las Cancillerías que tenía a su cargo.

Los abogados también denunciaron al procurador General de la provincia, Jorge García. Pero esa presentación no fue aceptada por el Jurado de Enjuiciamiento que avanzó con una composición ilegal contra Goyeneche, dado que consideraron que nadie de Ministerio Público Fiscal (MPF) estaba en condiciones de acusarla, y convocaron a conjueces ad hoc (especialmente designados para reemplazar a un vocal del Superior Tribunal de Justicia en caso de ser necesario) para que se la acuse en un jury. De ese modo, invitaron a más de diez conjueces que fueron rechazando la convocatoria por el mismo motivo: no está previsto en la Constitución que la acusación en un jury esté a cargo de un fiscal ad hoc. Las convocatorias rodaron hasta que el abogado de Gualeguay, Gastón Justet, exconcejal justicialista aceptó.

Esa situación, más la suspensión en el cargo y la reducción salarial, provocó la presentación de un amparo en la Justicia provincial por parte de Goyeneche. En una primera instancia, la jueza de feria Elena Albornoz entendió que la conformación del jury con un fiscal ad hoc es inconstitucional y dio la razón parcialmente a la fiscal Anticorrupción. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes apeló el fallo, dado que la presentación es contra el Superior Gobierno de la provincia y cuando llegó al STJ, los vocales Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio, rechazaron el amparo de la procuradora Adjunta.

Goyeneche continuó el reclamo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consiguió el aval en esa instancia. El expediente volvió por orden del máximo órgano judicial del país a la provincia, con la disposición de tratar el amparo rechazado en una instancia anterior. De ese modo y con una composición integrada por abogados, el STJ debió tratar el amparo de Goyeneche y lo rechazó. Un guiño para el Jurado de Enjuiciamiento que habría frenado la votación, publicó Análisis.

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para solicitar su “urgente intervención”, a fin de que impedir que el Jury de Enjuiciamiento que la tiene en el banquillo de los acusados decida de manera inminente su destitución.

“Mediante esta presentación directa ante V.E. vengo a requerir vuestra urgente intervención a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, solicitando, por las razones que seguidamente se expondrán, que disponga con carácter urgente -y habilitación de días y horas inhábiles- la suspensión de la tramitación del proceso de enjuiciamiento que se lleva en mi contra y tramita ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos”.

La procuradora adjunta, en diálogo con este medio, explicó que el objetivo de la presentación es que “la Corte intervenga, dando un efecto suspensivo sobre el Jury para que no me destituyan hasta tanto se defina si el procedimiento por el cual me pretenden desplazar es legal o no”.

Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas que describieron circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron salpicados dirigentes peronistas de primera línea, pero también de la oposición. El caso de los “Contratos de la Legislatura” provincial reveló una red para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento la fiscal.

Pero de investigar la corrupción política pasó a estar acusada. El 30 de noviembre pasado se le abrió un Jury de Enjuiciamiento con el argumento de un supuesto “mal desempeño”. Se le achacó no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa “Contratos”, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos. Sin suerte, Goyeneche recurrió tanto ante el Jury como al Superior Tribunal para negar la acusación y exigir un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio. Tan grave fue la situación, que la propia Corte Suprema de Justicia, en una decisión urgente, le ordenó a la Justicia de Entre Ríos que escuche a la fiscal.

En el escrito, la defensa de Goyeneche advirtió que “la decisión final del Jury por la que se me destituirá de mi cargo es inminente. Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución”.

“Todo ello, pese a que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (del miércoles pasado) no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto por la Corte, y rechazando por “inadmisible” mi acción, habilita a proceder inmediatamente a mi destitución sin que se haya hecho efectivo “mi día en la Corte”, esto es, sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”, prosiguió el escrito.

El argumento de los letrados de Goyeneche destaca que la resolución del Superior Tribunal entrerriano “le dará al propio tribunal la oportunidad para afirmar falaz y erróneamente que, una vez que el Jury haya hecho efectiva mi destitución (lo cual es inminente), se habrá tornado “abstracto” un pronunciamiento sobre el fondo en la acción de amparo, impidiendo a la suscripta acceder a una tutela judicial oportuna y efectiva, en los términos de la sentencia” de la Corte nacional.

La fiscal anticorrupción destacó que el suyo sería “un caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa” de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió “la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad, pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar”.

El Jury de Enjuiciamiento hoy tenía previsto fijar la fecha del veredicto. El plazo máximo que tienen es el 30 de noviembre. La decisión, irreversible, sería la destitución.

Fuente: Infobae

Los votos en contra de la petición de la procuradora adjunta fueron de los vocales Fabiola Bogado Ibarra, Guillermo Federik, Emilio Matorras y Gabriela López Arango. En cambio, Bernardo Salduna, que había sido recusado por la Fiscalía de Estado por haber integrado el tribunal que ya le había hecho lugar a Goyeneche en el recurso extraordinario, consideró ahora que debía confirmarse el fallo de primera instancia que declaraba la ilegitimidad del apartamiento del Ministerio Público Fiscal.

Solo el vocal Federik fue al fondo de la cuestión. En su voto consideró que la intervención del procurador Jorge Amílcar Luciano García o cualquier otro integrante del Ministerio Público Fiscal en el jury afectaría la imparcialidad y objetividad del órgano acusador en el proceso.

Goyeneche había presentado un recurso de amparo en el que planteó la ilegalidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento en ese sentido y tuvo un fallo favorable en primera instancia con la sentencia de la jueza Elena Albornoz, que consideró ilegítima la decisión de separar al Ministerio Público Fiscal del proceso y devolvió el rol de acusador al procurador García. Sin embargo, el STJ revocó ese fallo por considerar que el amparo no era la vía adecuada para hacer el planteo y la suspendida procuradora adjunta llevó el caso hasta la Corte Suprema, que rechazó la formalidad del alto cuerpo entrerriano e instó a que se dicte un nuevo pronunciamiento.

La argumentación del juez Guillermo Federik se sostiene en dos argumentos: que el procurador García también había sido denunciado por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet en la misma presentación que cuestionaba la actuación de Goyeneche y la estructura verticalista piramidal que tiene el Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, el magistrado señaló que, “frente a una situación excepcional”, el Jurado de Enjuiciamiento tomó la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal “haciendo uso de esas facultades propias discrecionales, en un marco de una clara situación excepcionalmente grave, y en una muestra de transparencia y objetividad, ante la carencia de una lista de fiscales ad-hoc, se tomó como parámetro posible de postulantes atendiendo a su idoneidad y probidad, a los nombres que habían sido oportunamente propuestos como conjueces del STJ, no porque fuera la lista indicada, sino por la probidad y honorabilidad que significaba haber sido designados oportunamente para suplir a los integrantes del máximo tribunal provincial”.

Incluso Federik no eludió mencionar que durante el proceso que se le sigue a Goyeneche por presunto mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo, más de un centenar de fiscales expresaron su apoyo a la suspendida procuradora adjunta. “Estas conductas (…) por ser públicas, notorias y de acceso absolutamente irrestricto y de constante bombardeo en los medios televisivos cada vez que se hablaba de algún tema de corrupción, revelan que existía un fundado temor de falta de objetividad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal para sumir la acusación ante el jury, en función de las propias manifestaciones y declaraciones públicas de sus integrantes”, expresó.

En ese sentido, agregó que “quien ejerció finalmente el rol de acusador en el jury (el abogado Gastón Justet) no fue seleccionado por el mismo Jurado de Enjuiciamiento, sino que fue quien –en definitiva– aceptó el cargo en cuestión al momento en que le fue notificada la designación, no existiendo en dicho acto discrecionalidad –ni mucho menos arbitrariedad– alguna” e insistió en que la falta de objetividad que se presumía de los fiscales terminó acreditándose “a través de la conducta pública de sus miembros”.

Federik resaltó además que esta situación expone “la imperiosa necesidad de una reforma legislativa a la ley de jury, con el objeto de impedir la formación de lagunas de impunidad para funcionarios públicos sometidos a dicho control”. De hecho, la Constitución Provincial reformada en 2008 impone a la Legislatura la obligación de dictar una ley que incorpore la representación de la sociedad civil en el organismo, algo que está pendiente y que también ha sido objetado por Goyeneche.

A través de un documento fechado este lunes, el jefe de los fiscales hizo saber “un hecho nuevo” al Jurado de Enjuiciamiento y pidió la suspensión del proceso. “Peticionamos que se acate la resolución vigente del amparo, en tanto supone, de quedar firme, la nulidad absoluta de todo lo actuado por ilegalidad manifiesta, por la manda judicial respaldada por el Máximo Tribunal Nacional”, se lee en la presentación.

“Al igual que dijimos al prestar testimonio en la audiencia oral, no queremos que no insistir en nuestra postura institucional pueda verse como -ni un ápice siquiera-, de aquiescencia con la irregularidad e ilegalidad de origen del actual proceso”, acotó el procurador.

Como se ha informado en este medio, el Jurado está avanzando con el dictado de una resolución, tras el enjuiciamiento que vivió Goyeneche en su contra en la primera semana de mayo. En ese sentido, el viernes pasado -cuando había pasado una semana de los alegatos de cierre y el fiscal ad hoc Gastón Justet había pedido la destitución de la procuradora Adjunta-, se conoció que el jurado Juan Ramón Smaldone, recusado vocal del STJ, votó por la destitución. En tanto, la presidenta del órgano, Verónica Mulone, convocó a una reunión este lunes para definir cómo continúa el proceso.

Ese nuevo jurado debe decidir si revoca o acata la sentencia de la jueza de Feria, Elena Albornoz, que planteó la ilegitimidad del fiscal ad hoc. Además, se rechazó la recusación interpuesta por Fiscalía de Estado contra Bernardo Ignacio Salduna.

Este sábado se reunieron los vocales del Superior Tribunal de Justicia: Guillermo Leopoldo Federik, Emilio Luján Matorras, María Gabriela López Arango y Pablo Andrés Vírgala a fin de abordar las excusaciones planteadas por los vocales German Reynaldo Carlomagno y Fabiola María Livia Bogado Ibarra, y la recusación interpuesta por Fiscalía de Estado contra Bernardo Ignacio Salduna, en el marco de la acción de amparo que presentó Goyeneche.

En dicho amparo Goyeneche planteó la ilegitimidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de integrar la acusación con un fiscal ad hoc, quitándole dichas funciones al Ministerio Público Fiscal.

En una primera instancia, la jueza de Feria, Elena Albornoz, había admitido parcialmente el amparo de Goyeneche y dispuesto que el órgano acusador debía ser el Ministerio Público Fiscal representado por el procurador General.

Tras la apelación de Fiscalía de Estado a este fallo y las presentaciones de Goyeneche ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio razón a la sentencia de Albornoz, ahora el STJ conformó un nuevo tribunal para resolver si revocan o acatan la sentencia de Albornoz.

Por mayoría, acordaron la resolución, que dispone:

1º) aceptar la excusación invocada por el señor vocal Dr. Germán R.F. Carlomagno.

2º) rechazar la excusación invocada por la señora vocal Dra. Fabiola María Livia Bogado Ibarra.

3º) rechazar la recusación interpuesta por la demandada contra el señor vocal Dr. Bernardo I.R. Salduna.

4°) dejar integrado el Tribunal para resolver la acción de amparo con el señor vocal Dr. Bernardo I.R. Salduna; la señora vocal Dra. Fabiola María Livia Bogado Ibarra, el señor vocal Dr. Guillermo Leopoldo Federik, el señor vocal Dr. Emilio Luján Matorras, la señora vocal Dra. María Gabriela López Arango, el señor vocal Dr. Pablo Andrés Vírgala, el señor vocal Dr. Gervasio Pablo Labriola, el señor Vocal Alejandro Diego Grippo, y la señora presidenta de este Superior Tribunal de Justicia, Dra. Susana Medina, en ese orden de votación. (ANÁLISIS DIGITAL)

“Por supuesto me alegró, que haya salido la sentencia de la corte es una gran noticia, no sólo porque me dio la razón sino por el sólo hecho que hayan intervenido y con la celeridad que lo hicieron”, celebró la fiscal anticorrupción (actualmente suspendida en su cargo) de Entre Ríos.

Cecilia Goyeneche, en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1), recordó los puntos principales del juicio en su contra: “Me han pedido un Jury de Enjuiciamiento buscando mi destitución del cargo, y en esa circunstancia desde el primer momento supimos que se trataba todo de una maniobra vinculada justamente a las investigaciones por corrupción que hemos llevado adelante el último tiempo, y tendiente a hacer prevalecer esa sensación de impunidad, de que no se pueden investigar los hechos de corrupción porque el investigador termina en el banquillo de los acusados”.

“Nosotros marcamos a este hecho como un acto de interferencia del Ministerio Público Fiscal, y marcamos también que no había ningún tipo de razón que justificara la apertura del Jury de Enjuiciamiento”, aseveró.

-¿Cuáles fueron las irregularidades del Jury?

-Entre las irregularidades la principal es que el primer día que abrieron el Jury decidieron que iban a incumplir 3 leyes que establecen que se tiene que realizar con una determinada conformación, que es que el órgano acusador es el Ministerio Público Fiscal. El Jurado de Enjuiciamiento dispuso que ellos iban a elegir un acusador de una lista de abogados y eligieron a uno de Gualeguay.

También planteamos el carácter parcial de muchos de los jurados que están tratando mi causa, particularmente aquellos que intervinieron en la causa de los contratos. Hemos hecho una serie de planteos para ir demostrando que todo este proceso se hizo con el objetivo de mi destitución y que todo lo demás eran pasos necesario para esos.

-Usted le ve un trasfondo político, ¿de quién?

-De mucha gente que no está interesada o que prefiere que lo hechos de corrupción no salgan a la luz y mantener un status quo con eso, y esta idea de que es preferible que la Fiscalía Anticorrupción esté bacante, siendo en definitiva un golpe a todo el Ministerio Público Fiscal, por eso ayer vinieron a apoyarme fiscales de todo el país.

-¿A quién involucra la causa de los contratos?

-Hay 32 personas imputadas, entre ellas integrantes de la legislatura entrerriana. El dinero que se sustraía de los cajeros nosotros detectamos que llegaba a manos del cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

-¿Hay representantes de todos los espacios políticos involucrados?

-No, nosotros lo que tenemos es la imputación de una organización delictiva que no tiene que ver con un sector político, es una organización delictiva encaramada dentro de la legislatura. Luego, en una segunda instancia habrá que determinar las responsabilidades funcionales, en esta primera instancia están imputadas las responsabilidades materiales, de quienes retiraban el dinero.

-¿Qué vinculaciones tiene Urribarri dentro de la justicia?

-Eso no te puedo decir, no tengo una investigación al respecto. Yo lo que estoy marcando es que mi enjuiciamiento tiene que ver con una toma de postura respecto a lo que es la investigación por corrupción. El fiscal que me acusó lo dijo en el arranque de su alegato, que se trataba de una responsabilidad de índole política.

-¿Cómo continúa el Jury?

- La Corte ha dado vuelta la decisión del Superior Tribunal de Justicia, entonces en este momento está vigente la sentencia de una jueza de primera instancia que dijo esencialmente que era ilegal la conformación de un Jurado de Enjuiciamiento.

La situación ahora es que ellos habían quedado en condiciones de dictar sentencia luego que se realizó el juicio la semana pasada, pero en este momento cualquier decisión que tomen será nula porque ha recobrado vigencia esa sentencia que dice que es ilegal.

-¿Usted puede tomar medidas contra quienes le hicieron el Jury?

-Yo estoy suspendida en el cargo, pero la semana pasada intervino el relator de la ONU por la Independencia Judicial y marcó la ilegalidad de este proceso y su preocupación por la situación, y marcó también que si este proceso tiene continuidad Entre Ríos y Argentina van a incurrir en responsabilidad internacional por violación de los derechos previstos en las convenciones internacionales, y obviamente los funcionarios tendrían responsabilidades en eso. 

-¿Volvería a la investigación de la causa de los contratos?

-Yo estoy suspendida y ahora la discusión es si me destituyen o no, si no lo hacen vuelvo a mis funciones como fiscal anticorrupción, pero yo en la causa de los contratos estoy excusada desde 2019.

En un comunicado enviado a la prensa, aseguran que “la quieren destituir a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Dra. Cecilia Goyeneche, quien coordinó hasta ser suspendida a los Fiscales que llevaron adelante el juicio a Urribarri conocido como “Megacausa” y lograron una condena de 8 años de prisión por delitos de corrupción que causaron un daño al Estado por 8,5 millones de peso". - Es quien coordinó hasta ser suspendida a los Fiscales que intervienen en la causa “Contratos”, donde se investigan los contratos truchos de los legisladores por 53 millones de dólares.-- Es quien coordinó hasta ser suspendida de su cargo a todos los Fiscales de la Provincia de Entre Ríos en las causas de delitos contra la corrupción".

¿Por qué quieren destituir a la Dra. Goyeneche? Según opinan en el comunicado de la convocatoria: "Como una represalia por haberse animado y atrevido a sentar en el banquillo de los acusados al ex gobernador Urribarri, a varios intendentes, ministros del gobierno provincial, secretarios provinciales y municipales, Directores de entes descentralizados (IAPSER, SIDECREER, OBRAS SANITARIAS, VIALIDAD, COPNAF, ETC).-Los resultados conseguidos son una amenaza para un sinnúmero de funcionarios de alto rango que están vinculados en las más de 150 causas judiciales por actos de CORRUPCIÓN que se encuentran en trámite actualmente".

Aseguran que podrían destituirla “por medio de un JURY ILEGÍTIMO, ILEGAL Y DE ESPALDAS A LA GENTE” y agregan: “En primer lugar: Es ilegal porque el JURY cambió las reglas establecidas en la ley y apartó al Procurador General y a Todos los Fiscales de LA PROVINCIA en el rol de acusadores. En su lugar, intentó que ese rol lo cumpla un CONJUEZ (abogados que reemplazan a los vocales del Superior Tribunal cuando éstos no pueden actuar). Tan burda fue esta maniobra que los primeros 16 conjueces de la lista, no aceptaron ejercer ese rol”. Además, la propia presidente del JURY, Dra. Verónica MULONE, representante de los abogados, también expresó que era ILEGAL la exclusión del ACUSADOR establecido en la ley (pero perdió en la votación).-En definitiva, asumió como ACUSADOR el Dr. Gastón Justet, abogado de Gualeguay y ex candidato a intendente por el Frente de Todos.-

2.- En segundo lugar opinan que "es ilegal porque la Dra. Goyeneche NO ESTÁ SIENDO JUZGADA POR JUECES IMPARCIALES. Entre otros, la juzgan: - El Dr. Carubia, quien no podría actuar por haber actuado en la causa “Contratos” y por haber intervenido en la etapa anterior de este Jury, emitiendo opinión y suspendiendo a Goyeneche de su cargo.- - La Dra. Schumacher, que no resulta imparcial porque es la pareja de GIANO (actual Presidente de la Cámara de Diputados), es decir, de quien podría verse implicado en la causa “Contratos”.- - El Dr. Smaldone, no puede actuar porque es el padre del ex Ministro de Trabajo del gobierno de Urribarri que está imputado por una investigación a cargo de Goyeneche". 

¿Por qué opinan que es ilegítimo el Jury? “Es ilegítimo porque no existe razón válida para destituir a Goyeneche siendo el único motivo el cumplimiento de su deber al frente de la Fiscalía Anticorrupción”, afirman.

¿Por qué es un procedimiento a espaldas de la ciudadanía? Porque el ACUSADOR JUSTET, en la apertura del Jury, no expresó cuáles son los hechos y/o irregularidades que le atribuyen a Goyeneche a pesar de tener la obligación de hacerlo.-También porque el Tribunal de JURY resolvió NO TRANSMITIR VÍA STREAMING el Jury a pesar que ello fue pedido expresamente por Goyeneche.-De esta forma, privaron a la ciudadanía de conocer cuál es la ACUSACIÓN y qué PRUEBAS la sustentan.-Hicieron esto porque NO QUIEREN que la ciudadanía pueda CONTROLAR el proceso, impidiendo que ejerza el control de los actos de Gobierno y Justicia derivados del Principio Republicano.-

¿Por qué es importante participar de esta manifestación? Porque SIN JUSTICIA no habrá futuro.-Está en juego la vigencia de la CONSTITUCIÓN porque están arremetiendo contra la INDEPENDENCIA JUDICIAL porque quieren dar un mensaje muy claro: quien se anime a meterse con los políticos y poderosos, los destituyen del cargo.-

¿Qué más están haciendo para interferir en las investigaciones de los Fiscales? No sólo quieren destituir a la Fiscal Anticorrupción, sino que además pretenden cambiar el Código Procesal Penal para restringir las facultades de los Fiscales y pretender hacer una Ley de Fiscalía Anticorrupción a la medida de quienes deberán ser investigados en un futuro próximo.-En el interín, la Sala Penal del Superior Tribunal hizo un fallo (“COZZI”) que beneficia a todos los imputados por estos delitos de corrupción por restringe el tiempo de investigación y, en consecuencia, el trabajo de los Fiscales.-

*CONTAMOS CON TU APOYO !!!!DECILE NO A LA CORRUPCIÓN !!!!!!!DECILE BASTA A LA IMPUNIDAD !!!!!!!*

Los organizadores piden “Cacerolas, bocinas, aplausos y mucho ruido”

JUEVES 05/05/22 A LAS 21:00 HS