En el transcurso de las últimas décadas, el modelo de agricultura se volcó a los paquetes transgénicos –pesticidas más semillas resistentes–, un modelo que llegó a los campos entrerrianos para quedarse. Al mismo tiempo, también llegaron las sospechas y consecuencias visibles de su daño al ambiente y la salud humana. 

Con el paso del tiempo, casos emblemáticos como el de Fabián Tommasi en Basavilbaso o el de Estela Lemes en Gualeguaychú encendieron las alarmas e instalaron fuertes debates en torno al uso de agroquímicos. Hoy, lejos de estar saldada, la discusión entre quienes denuncian sus peligros para la salud y quienes aseguran una supuesta inocuidad a través de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se ve reavivada en nuestra ciudad con dos hechos recientes.

El primero tuvo lugar el pasado 19 de diciembre cuando la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva a la nueva Ley de Agroquímicos. Con 25 votos positivos y 8 negativos, se aprobó el proyecto denominado “de buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos”, que había sido devuelto en revisión con modificaciones del Senado.

El segundo hecho ocurrió al día siguiente, en la que fue la última sesión del año del Concejo Deliberante de Gualeguaychú: los siete ediles del oficialismo junto al concejal Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza lograron el voto mayoritario para derogar la Ordenanza 12216/18, conocida como “Glifosato Cero”, una norma que en su artículo 1° prohibía “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general Glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan en todo el ejido de la localidad de Gualeguaychú”. El argumento del oficialismo fue el de acatar una orden judicial que –haciendo lugar a los pedidos del agro– dictaba la inconstitucionalidad de la ordenanza.

De esta manera, ante un panorama ahora más permisivo para el uso de agroquímicos, crece la preocupación entre quienes advierten sobre sus efectos nocivos y le atribuyen el aumento drástico de los casos de cáncer en la región. Esto último no sólo es sostenido por ambientalistas y productores agroecológicos, sino que forma parte de una sospecha ampliamente compartida por la ciudadanía que encuentra cada vez mayor respaldo en la evidencia científica. 

La palabra de los especialistas

Para indagar en esa línea, Ahora ElDía conversó con los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Adrián Friedrich y Germán Lener. Friedrich es bioquímico especializado en inmunooncología y estudia los efectos de la exposición prolongada al herbicida glifosato y al insecticida clorpirifós sobre el sistema inmune y la inmunovigilancia contra tumores. Lener, por otro lado, es Doctor en Química especializado en Ambiente y Energía. Cada uno, en proyectos distintos, ha trabajado sobre el impacto de los compuestos fitosanitarios.

“Analizamos cómo el glifosato y el clorpirifós, en dosis ambientalmente relevantes, pueden impactar negativamente sobre el sistema inmune de manera tal que este no pueda cumplir su rol antitumoral. Ya contamos con bastante evidencia –que aún no hemos publicado– de que sí lo hace: lo que estamos viendo en el laboratorio, al menos en ensayos in vitro, es que células sanguíneas de donantes sanos, cuando están en presencia de estos compuestos a muy bajas dosis y de manera conjunta –dado que a veces se utilizan juntos en el campo– hacen daño a las células inmunes, de tal forma que después no pueden atacar y eliminar tumores”, contó Friedrich sobre el trabajo que lleva adelante junto a su equipo.

Al respecto, desarrolló: “Existe evidencia científica bastante abundante respecto al impacto del glifosato en diversos animales acuáticos y terrestres. También se sabe que el glifosato impacta de manera fuerte sobre las bacterias del suelo, fundamentalmente porque es una sustancia que inhibe una ruta metabólica, es decir, una forma de producir proteínas tanto en plantas como en microorganismos y bacterias. Esa ruta metabólica no existe en las células humanas ni en las de otros animales, por lo cual se supone que el herbicida actuaría en forma muy específica y no impactaría en otros organismos. El problema es que aún no se sabe a través de qué mecanismos sí lo hace. Hay algunos demostrados y otros no, pero cada vez es mayor la evidencia de que impacta en la salud de las personas y de los animales”.

“Esta evidencia es tan abundante que desde hace mucho tiempo organismos internacionales clasifican al glifosato como probable carcinógeno en humanos. Se encuentra en esta categoría fundamentalmente por la evidencia en modelos de ratas y ratones expuestos crónicamente al compuesto, ya que en algunos estudios se observó que desarrollaban tumores. Pero además hay evidencia epidemiológica bastante contundente: en muchos lugares del mundo se han encontrado personas que tienen glifosato o metabolitos de glifosato en orina o en sangre; incluso en la placenta de mujeres embarazadas, las cuales presentan una mayor probabilidad de desarrollar tumores de diversos tipos, fundamentalmente linfomas, entre otras patologías”.

Por su parte, Lener aportó: “Se ha probado que en organismos superiores como anfibios y ratas el glifosato produce una alta toxicidad, daño genético y hormonal. Anfibios y ratas comparten muchos mecanismos bioquímicos con el ser humano, lo que significa un gran riesgo a la exposición. Esto puede estar asociado con el aumento de casos de cáncer, y daños genéticos y hormonales que se han evidenciado en los lugares donde se aplican estos formulados”. 

“Desde el punto de vista científico, existe mucha evidencia de dichos daños. Hablamos de decenas de miles de publicaciones de autores e instituciones libres de conflictos de interés. En contraste, también existe bibliografía científica que pone en duda sus efectos adversos, pero que no demuestra estrictamente su inocuidad. Lo llamativo es que estos trabajos no están libres de conflicto de interés, y son financiados por las mismas empresas que venden los formulados”, remarcó.

Cómo llega el glifosato a las personas

Contrario a lo que pueda suponerse, la población que vive en áreas urbanas y sin contacto directo con las zonas fumigadas no está exenta de los riesgos que presentan los agroquímicos. En ese sentido, Friedrich expuso que el glifosato llega a las personas de distintas maneras y que se ha detectado su presencia bajo las formas más diversas: desde el agua de napas subterráneas hasta el polvo de las casas, pero principalmente en los alimentos. 

“En general, los productos del campo tienen glifosato, a veces en altas dosis y otras veces bajas. Tanto en Argentina como en Europa se hicieron estudios sobre un montón de vegetales y fue el pesticida que más apareció, lo cual llama la atención porque se supone que se usaba solamente para semillas resistentes y no para cualquier alimento. Una de las explicaciones es que se usa más que antes porque la maleza en los cultivos transgénicos ya resiste al glifosato por el abundante uso. También por su utilización como barbecho químico, es decir, para preparar la tierra simplemente para que no haya maleza al momento de sembrar, con lo cual se usa para cultivos muy diversos”.

Asimismo, Lener indicó que “el glifosato puede asociarse y combinarse con relativa facilidad a partículas del suelo y volar con el viento. También con superficies y fibras de plástico y desplazarse por el agua. Puede generar nuevos compuestos tóxicos por combinación con otros pesticidas con gran estabilidad en el agua. Se ha encontrado en todas las matrices ambientales y urbanas: en agua de lluvia y en agua potable, dentro de frutas y hortalizas, y también en la sangre, orina y heces de humanos. Todos estos estudios están debidamente publicados en revistas científicas, muchos de ellos por grupos de investigación nacionales”.

¿Es posible un uso inofensivo de los fitosanitarios?

La pregunta deja mucho por responder y es el eje central de muchos debates. Lener puso en duda esta posibilidad, y señaló: “Al momento no he encontrado bibliografía libre de conflicto de interés que demuestre que existe una receta de aplicación inocua. Al contrario, los ensayos en anfibios y abejas, por ejemplo, han mostrado daños genéticos y hormonales incluso en bajas dosis de glifosato”. 

Por su parte, Friedrich apuntó contra uno de los principales argumentos esgrimidos para defender el uso de pesticidas: el de las Buenas Prácticas Agrícolas. “El paradigma de que ‘Si se emplea bien, no habría problema’ es una falacia, porque los mismos aplicadores en varias oportunidades han dicho que desde hace tiempo no se pueden usar las dosis de glifosato en la cantidad recomendada porque desde hace tiempo están viendo resistencia en la maleza, debido a tantos años de utilizar el mismo pesticida”.

“Uno ve que los controles son muy escasos, por lo que se termina haciendo una aplicación muy cercana a las viviendas y sin cumplir con las normas”, concluyó.

Definitivamente, la discusión sobre el glifosato está lejos de ser zanjada de manera definitiva. Los intereses en torno a su uso hacen que más de uno mire con recelo al que brinda opiniones contrarias a las aceptadas por cada uno. Por un lado la industria agraria y alimenticia que busca maximizar la producción y por el otro los ambientalistas, quienes insisten en que la Salud Pública no puede prevalecer ante una ambición comercial.

La última sesión en el Concejo Deliberante fue, quizás, una de las más agitadas de este año. Fueron dos ordenanzas que, por diferentes motivos, fueron puestas en debate y votación para su derogación: la prohibición total del glifosato en el ejido urbano y la obligatoriedad de la realización en tiempo y forma de la Fiesta del Pescado y el Vino. 

Sobre todo por la primera moción mencionada es que una gran cantidad de vecinos y miembros de ONGs ambientalistas se hicieron presentes en el recinto, los cuales en muchos momentos del debate hicieron explícitas sus señales de apoyo o repudio a los diferentes discursos, los cuales intentaron argumentar tanto a favor o en contra sobre el uso, la venta, el acopio y el transporte del agroquímico dentro de los límites de la ciudad.

Por momento, el ambiente llegó a estar tan agitado y convulsionado que la presidenta del Concejo Deliberante Julieta Carrazza se vio obligada a pedir un cuarto intermedio para que la situación se vuelva a calmar y así poder retomar el debate.

Chau al “Glifosato Cero”

Hace seis años atrás, durante la gestión del por entonces intendente Martín Piaggio, el Concejo Deliberante prohibió mediante el artículo 1º de la ordenanza 12.216 “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general ‘Glifosato’ y aquellas formulaciones que lo contengan en todo el ejido de la localidad de Gualeguaychú”.

La norma, una de las banderas del piaggismo, estuvo en vigencia sin ninguna objeción práctica hasta el 30 de septiembre de este año, cuando la Cámara Contencioso Administrativa N° 2 con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay hizo lugar parcialmente al pedido de distintas entidades gremiales rurales y productores agropecuarios respecto de la declaración de Inconstitucionalidad de la Ordenanza 12216/18.

La presentación judicial había sido realizada por la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas Cooperativa Limitada, la Sociedad Rural Argentina, además de varias firmas y productores agropecuarios.

De esta manera, la ordenanza conocida como “Glifosato Cero” quedó en un gris judicial, y dos posturas fueron puestas en debate durante la última sesión: la que expuso el oficialismo sobre la necesidad de obedecer la orden judicial que dictó inconstitucional la ordenanza y la de la priorización de la salud pública que puso de manifiesto la oposición.

“Lamento el clima en que se está tratando este proyecto de ordenanza porque nada se resuelve los gritos”, afirmó el presidente del bloque del oficialismo Jorge Roko en referencia al clima denso que se vivía en el recinto antes de argumentar su voto para la derogación de la norma. “Hay un fallo judicial que ha tenido en cuenta pormenorizadamente todas las consideraciones para fallar sobre este punto específico. Estamos cumpliendo con la Justicia. Además acaba de promulgarse una ley provincial de cumplimiento obligatorio, una ley de fitosanitario que hace 44 años que no se modificaba y que tuvo participación de los representantes de todos los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos y de todos los partidos políticos”, sostuvo en referencia a la normativa que se trató en la Legislatura entrerriana y que contó con varios votos del PJ, como el del exintendente Juan José Bahillo.

Otro que defendió la derogación fue el edil Juan Pablo Castillo, quien apuntó que la reciente Ley Provincial de Fitosanitarios brinda las herramientas para controlar el uso del agroquímico: “Esta norma no obliga a ponernos a controlar y que se aplique bien lo dispuesto por la Legislatura entrerriana. Creo que cuanto más se controla es mucho mejor porque cuando el Estado mira para otro lado se genera una ilegalidad. Lo que queremos es un poco de control. Orden y gestión”, manifestó.

Por su parte, la concejal del PJ María Sira Ghisi fue una de las que se pronunció en contra de la derogación y argumentó que esta acción atenta contra la salud pública: “Estamos discutiendo sobre cómo acompañar a una comunidad en políticas públicas de salud, y sobre todo que acompañen a las familias que luchan contra el cáncer. Acá en el recinto nos acompaña, entre otros, la familia de Antonella González (la niña de 9 años que en 2017 murió de leucemia), que con todo su dolor se puso al frente de esta lucha”, comenzó su alocución. 

“No puedo más que repudiar esta derogación porque es un retroceso en Gualeguaychú. Repudio cualquier argumento que no ponga a la salud por arriba de los negocios. Vienen a borrar con el codo lo que el pueblo de Gualeguaychú escribió con la mano. No al cáncer, sí a la vida”, concluyó. 

En declaraciones a Ahora ElDía, fue la edil de la oposición de Delfina Herlax la que apuntó contra la gestión Davico por no avanzar en la Justicia para mantener la norma vigente: “Hay que dejar bien en claro que el Gobierno Municipal a cargo de Mauricio Davico no apeló el rechazo que hizo la Justicia en la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo 1º de la ordenanza de ‘Glifosato Cero’. No apeló, se rindió, no tuvo compromiso con la ciudadanía de Gualeguaychú de seguir en la lucha. Todo sabe que el glifosato no es inocuo, hace mal a la salud y él se rindió en el primer fallo. El no apelar denota cuál es su postura en relación a este tema con la salud”.

Finalmente, la derogación fue aprobada con ocho votos a favor (siete del oficialismo y el de Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza) y cuatro en contra: tres del PJ (el edil Jorge Maradey estuvo ausente) y el de Mirta Sulzyk de La Libertad Avanza.

Las fiestas ya no son obligatorias

Minutos más tarde, y en un ambiente no tan convulsionado, fue el turno de tratar la otra derogación, la que hacía obligatoria la presentación de la Fiesta del Pescado y el Vino durante la primera semana de enero y la rendición de cuentas ante el Concejo Deliberante.

En este caso, las posturas divergentes se posicionaron también en dos polos bien marcados: el oficialismo sostuvo en todo momento la necesidad de priorizar cuestiones más urgentes para la ciudad, como las inversiones en obras públicas; y la de la oposición, que levantó las banderas de la importancia de apostar por la cultura y los beneficios a la industria turística que tiene este evento.

“Hemos calculado que la Fiesta del Pescado y el Vino costaría unos 1.400 millones de pesos, y yo me pregunto si es mejor hacer una fiesta gratuita y con fecha obligatoria, como dice la ordenanza, que solucionar, por ejemplo, el acceso al agua potable a los vecinos del sur de la ciudad. A comienzo del año una vecina del barrio Molinari nos mandó un video donde salía arena de la canilla del agua, y nos mandó la semana pasada el mismo video saliendo agua potable”, ejemplificó el concejal oficialista Castillo, quien sostuvo que con los fondos que no se gastaron para la fiesta se pudieron realizar mejoras en la infraestructura urbana.

Por otra parte, Castillo sostuvo en su discurso que el hecho de que sea obligatoria la realización del evento encorseta no sólo a esta sino a todas las demás administraciones que vengan en el futuro: “Es un compromiso enorme para cualquier administración pública tener una fecha establecida y que toda la fiesta continúe siendo libre y gratuita, me parece a mí que es más importante brindar agua potable”. 

Del otro lado del mostrador, la opositora María Sira Gishi retrucó al argumentar que la cultura y la obra pública no son cuestiones excluyentes: “La Fiesta del Pescado y el Vino es un evento que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad y su realización ha generado un importante movimiento económico y social en la región. Sin embargo, la gestión de Davico prioriza la austeridad y el recorte, pero yo quiero recordarle que la cultura no es un gasto, sino que es una inversión” y apuntó contra la postura del Ejecutivo a la hora de realizar eventos:  “Este Gobierno prioriza poner millones de pesos en el evento Iron Man, que es una fiesta privada, pero les parece irrisorio dejar dinero en una fiesta que es una inversión para el pueblo, porque el pueblo merece vivir la cultura”.

Finalmente, tras el debate se dio lugar a la votación, la cual resultó con nueve votos a favor de la derogación (los siete de Juntos por Entre Ríos y los dos de La Libertad Avanza) y tres en contra (los del bloque Más Para Entre Ríos).

Con los votos del oficialismo y uno de la Libertad Avanza, que votó de manera dividida, se aprobó la derogación de la ordenanza que establecía la prohibición del uso, la venta y el acopio de glifosato en el ejido de la ciudad.

De esta manera, con 8 votos a favor (6 del oficialismo y 1 de La Libertad Avanza) y 4 en contra del PJ (estuvo ausente Maradey), se dejó sin efecto la norma que regía desde el 2018, y que fue una de las banderas del Piaggismo en la lucha contra los agrotóxicos. 

Desde el Municipio, manifestaron que “se derogó el artículo 1º de la Ordenanza 12.216/2018 ya que la Justicia declaró la inconstitucionalidad del mismo dado que se establecían límites por encima de lo impuesto por la normativa provincial en su versión interpretada por el Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos. De esta manera, el HCD cumple con lo determinado por la Justicia”.

En los palcos de la derecha del recinto en la planta baja se encontraba la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), mientras que en balcón del primer piso se ubicaban los grupos ecologistas y la izquierda. De quienes se soponían a la Ley solo se encontraban 30 personas dentro de la Cámara con la justificación de que el edificio tiene peligro de derrumbe.Mientras el Presidente de la Comisión de Ambiente, Juan Rossi, explicó los pormenores de la iniciativa la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, observaba atentamente y hacía muecas de disgusto al escuchar la exposición del legislador. Al finalizar Burgos dijo: “Te olvidaste de las personas que fallecieron por los agrotóxicos”.

Cabe destacar que la representante de la izquierda irrumpió varias veces en la sesión y segundos antes de la votación de la ley exclamó: “Ya están hasta las manos, le están dando la espalda al pueblo”.

Cuando comenzó la votación de cada artículo, Rossi pidió la modificación del capítulo 4, artículo 76, inciso B referido a la aplicación de agroquímicos en las zonas de amortiguación y Burgos interceptó: “¿Y eso contempla el glifosato que es cancerígeno?”. La dirigente también señaló que “van a llover haber amparos en la justicia” y aseguró: “Eso es igual a la legislación actual”.

“Votan por el cáncer infantil, ustedes están manchados”, exclamó Burgos y tildó de hipócritas a los diputados que votaron a favor y llevaban puesto un lazo rosado como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama que es en el mes de octubre.“Se habilitó un modelo de agronegocio irrisorio”

Una vez obtenida la media sanción, la agencia APFDigital dialogó con la representante del MST y dijo: “Es un día muy triste para Entre Ríos porque se habilitó un modelo de agronegocio que va a permitir la fumigación a 10 metros de distancia”. Calificó al proyecto aprobado como “irrisorio” y justificó: “No existe en ninguna legislación del país una ley como la que acaba de aprobar la Cámara de Diputados”.“A consecuencias del agronegocio las vemos desde hace más de 20 años, son las enfermedades de la población, la concentración de la tierra y de la producción y también las sanitarias”, explicó Burgos y afirmó que “Iosper no sabe cómo hacerle frente a los nuevos casos de cáncer que hay por mes en la provincia y esta Cámara votó esa ley sin ningún presupuesto para salud”.Ante la media sanción, la dirigente llamó a movilizar al Senado para que la ley no sea sancionada y pidió a los legisladores que “empiecen a discutir la traducción agroecológica para que pesen más las necesidades sociales y no las ganancias de un sector concentrado”.“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive”

Por su parte el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena, dijo a APFDigital que “este proyecto es algo que venimos esperando hace bastante, festejamos enormemente tener la media sanción de una ley que se veía discutiendo hace mucho tiempo en varios aspectos y entendemos que incluye a todas las voces”.  “Tener una normativa vigente nos da la tranquilidad a los productores, habrá que ver cómo sigue en el Senado y esperamos que la ley se trate de la misma manera”, señaló el representante del campo.Además Martiarena recapituló que hubo un proyecto anterior que se presentó en 2022, perdió estado parlamentario y no se pudo llevar adelante.

“Entre medio se conformó la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas que tuvo mucho que ver en el articulado de la ley sancionada, es algo que realmente funciona y ahí están asentadas más de 27 entidades del sector productivo”, explicó el presidente de la Federación.

“Todos los incluidos en esta discusión tenemos un rol importante, el sector productivo desde capacitar, generar la docencia y hacer bien las cosas; el Estado en todos sus estamentos, festejo que sean los más cercanos los que controlen porque son los que conocen el territorio”.

Martianera también destacó la importancia del trabajo mancomunado y la necesidad de que se sancione a quien no cumpla la Ley.APFDigital consultó al representante del campo sobre su postura sobre la agroecología y respondió: “El 70% de la producción agrícola en Entre Ríos es en base a arrendamientos, habría que tratar otros temas antes de plantear un modelo agroecológico, tampoco estoy radicalmente en contra porque hay cuestiones que todo productor puede ir tomando para mejorar su producción”.“En el último tiempo hubo una concientización del sector productivo en cuanto al uso de agroquímicos que hacen a un mejoramiento y a un rendimiento económico a la vida del campo”, contó Martiarena.“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive y entiendo que estas nuevas prácticas, o viejas porque estaban escritas hace mucho tiempo, pueden ayudar a mejorar alguna cuestión pero no estamos preparados en la materia productiva y no dan lo que se necesita para abastecer a mercados y particulares”, consideró el presidente de la Federación Agraria.“Muchas personas e instituciones aportaron”

Por su parte el diputado Rossi mostró conformidad con el trabajo que se realizó en la comisión que preside: “Muchas personas e instituciones de toda la provincia aportaron para que esta ley se sancione les quiero agradecer y a la decisión del Gobernador, Rogelio Frigerio, que nos acompañó políticamente y nos permitió avanzar con esta legislación”.

“Siempre priorizando la salud humana, cuidando el ambiente y su biodiversidad y también la producción agropecuaria porque queremos que los pequeños y medianos productores sigan viviendo en los campos”, señaló el presidente de la Comisión de Ambiente.Fuente: APFDigital

En diálogo con Ahora Cero, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, brindó explicaciones con respecto al fallo que la semana pasada declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ordenanza N°12.216 que prohíbe al interior del ejido de Gualeguaychú “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general "Glifosato" y aquellas formulaciones que lo contengan”. Según supo Ahora ElDía por parte de fuentes oficiales, el Ejecutivo Municipal elevará al Concejo Deliberante un proyecto para modificar dicha ordenanza y reconfigurar las herramientas legales respecto no solo de la aplicación del glifosato, sino en relación a otros agroquímicos que hasta ahora no están contemplados en la normativa.Durante la entrevista radial, la subsecretaria de Ambiente aclaró en primer lugar que lo que se dictó fue la inconstitucionalidad del mencionado artículo en lo que hace específicamente al expendio, comercialización, transporte y  almacenamiento del glifosato, pero que respecto de su uso “sigue vigente la ordenanza del 2018 que prohíbe la aplicación terrestre en todo el ejido y hace una salvedad respecto de la zona rural, que es sobre lo que se va a trabajar”.“Ahí tampoco se la deja libre a la aplicación, sino que hace un procedimiento, un protocolo, donde para que se pueda aplicar debe existir un aviso, en este caso a la subsecretaría de Ambiente. Tiene que tener un responsable, un asesor técnico, que es el responsable de lo que escribe en esa receta agronómica y especifica cómo se va a hacer. Y a su vez, desde la autoridad de aplicación, que en este caso seríamos nosotros, está establecido que puede intervenir, y yo creo que debe intervenir y monitorear en el momento que se hace la aplicación”, agregó.Con respecto al transporte y comercialización del glifosato, Zecca explicó que “desde que se formuló la ordenanza esa parte hacía ruido por un tema del libre comercio, del derecho comercial”. 

Escuchá la entrevista completa en YouTube 

A través de un comunicado, los concejales del Partido Justicialista de Gualeguaychú expresaron su "profunda preocupación y repudio" al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay que declaró inconstitucional parcialmente la Ordenanza 12.216 que prohíbe el uso del glifosato en el ejido municipal.

"Consideramos esta decisión judicial un grave retroceso en la lucha por la protección del ambiente y la salud de nuestra comunidad. Ignora las evidencias científicas que demuestran la peligrosidad del glifosato, socava las políticas públicas ambientales que Gualeguaychú ha implementado con éxito y, por sobre todo, desoye la voluntad de nuestra gente", argumentaron.

La Ordenanza 12.216 fue "producto del consenso unánime de este Concejo Deliberante y del respaldo de la comunidad", dicen los ediles y la consideraron "un paso adelante en la defensa de la vida". "No es posible aceptar que un fallo judicial, a contramano de la evidencia científica y de las políticas públicas exitosas, ponga en riesgo la salud de nuestros ciudadanos".

Justamente, el fallo de la Cámara de Concepción del Uruguay puso el foco en la falta de "estudios científicos" que sostuvieran las afirmaciones que hace la ordenanza local para establecer las limitaciones al acopio, transporte y uso del agrotóxico.

Desde el PJ expresaron que "el fallo minimiza el impacto del glifosato, desconoce la amplia evidencia científica que lo relaciona con enfermedades como el cáncer y la afectación al medio ambiente, y subestima la responsabilidad que tienen las empresas químicas en la contaminación y la salud de las personas".

A su vez, los concejales Jorge Maradey, Emiliano Zapata, Delfina Herlax y María Sira Ghisi calificaron como "preocupante" que desde la Justicia entrerriana "se priorice el interés económico por encima del derecho a la salud y al ambiente sano".

"La Cámara, al ignorar la evidencia científica disponible y la realidad local, demuestra un desprecio por la autonomía municipal, un pilar fundamental para la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades de cada comunidad".

En consecuencia, dijeron "instamos al intendente Mauricio Davico a apelar el fallo. No podemos permitir que este retroceso judicial impida el avance de nuestra ciudad en la defensa de la salud y el ambiente. Es necesario que se continúe defendiendo la prohibición del glifosato en Gualeguaychú, simbolizando un ejemplo de lucha contra los agrotóxicos y de compromiso con la protección de la vida".

"Gualeguaychú se ha convertido en un referente nacional en la lucha contra los agrotóxicos, y este fallo es un ataque directo a este camino. La decisión de apelar este fallo es fundamental para proteger el derecho a la salud y al ambiente sano de nuestra comunidad y para fortalecer la lucha por una vida libre de agrotóxicos", cierra el comunicado.

Esta semana, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 de Concepción del Uruguay falló en la causa judicial “Sociedad Rural Argentina y otros c/Municipalidad de Gualeguaychú s/acción de inconstitucionalidad” y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ordenanza N°12.216, sancionada en 2018 por Concejo Deliberante de Gualeguaychú, “en cuanto prohíbe al interior de su ejido el uso y aplicación del producto llamado en forma general Glifosato –y aquellas formulaciones que lo contengan– más allá de los límites impuestos por la normativa provincial en su versión interpretada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”, y “en cuanto prohíbe en su ejido el expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan”.

Por otra parte, el fallo expresa que “las decisiones vinculadas a la salud y al ambiente no causan estado por lo cual el Municipio se encuentra facultado para regular con mayor intensidad los derechos en juego, respetando las reglas que legitiman dicho proceder, en clave constitucional”.

Por esto mismo, fuentes oficiales confirmaron a Ahora ElDía que el Ejecutivo Municipal elevará al Concejo Deliberante un proyecto para modificar la Ordenanza 12.216 para reconfigurar las herramientas legales respecto no solo de la aplicación del glifosato, sino en relación a otros agroquímicos que hasta ahora no están contemplados en la normativa. 

“Esto se concretará de una manera acorde a los estándares constitucionales vigentes en la materia y con especial atención a los criterios establecidos en el fallo judicial que decretó la inconstitucionalidad de la normativa”, aseguraron dichas fuentes. 

Lo cierto es que la intención del Municipio, en caso de que no apele la medida ante la Justicia, es no incumplir lo dispuesto en el fallo de la semana pasada con el punto en el cual se prohíbe vender, comprar, transportar y acopiar este agroquímico en el ejido urbano. Sin embargo, la intención es continuar con las buenas prácticas agropecuarias dentro del ejido, por lo que además se buscará ampliar la normativa para incluir la regulación de la aplicación de otros agroquímicos además del glifosato.

Según pudo averiguar Ahora ElDía, desde la sanción de la Ordenanza N°12.216/2018, el Municipio realizó 11 procedimientos por comercialización de glifosato dentro del ejido. En otras palabras, se realizaron dos actuaciones por año desde la sanción de la norma. Además, el Municipio realizó en todo este tiempo ocho infracciones por la aplicación del producto en cuestión; es decir poco más de una por año. 

Volviendo al tema de los plazos legales, el Municipio dispone de cinco días hábiles para acudir a la Justicia en caso de que quiera apelar la medida; y como fue notificado el martes pasado, tiene hasta el miércoles 9 de octubre para realizar esto. 

Los criterios para actuar dentro del marco legal

“Con este escenario, desde el Municipio se van a adoptar los criterios establecidos por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos en la causa Rosso, Ximena C/ Haberkorn, Cesar Gabriel, Roskopf, Sonia, Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Comuna Colonia Ensayo S/ Acción de Amparo Ambiental y la aplicación de medidas encaminadas a realizar un efectivo contralor de la actividad, en base al uso de tecnología y rediseño del esquema fijado por la norma declarada inconstitucional”, confiaron desde el Área de Legales, que son quienes trabajan en los detalles del rediseño de la normativa.

“Sin perjuicio de ello, se debe aclarar que se encuentra vigente la Ordenanza N°11.318/2009 por el cual el Municipio adhirió a la Ley Provincial de Plaguicidas N°6599 y su decreto reglamentario, con lo cual los vecinos de nuestra ciudad encuentran resguardados sus derechos a la salud y al ambiente”, aclararon.

“Conforme lo ordenado por el reciente fallo judicial, desde esta gestión ratificamos su auténtico compromiso con el cuidado del ambiente y la salud de la población, a través de medios normativos constitucionales e implementación de recursos tecnológicos idóneos y sostenibles”, confiaron desde el Ejecutivo Municipal. 

La ordenanza 12.253/18 es la que sigue vigente

“La Municipalidad seguirá realizando el procedimiento estipulado por Ley Provincial, decretos reglamentarios y ordenanzas municipales vigentes”, aseguró a Ahora ElDía la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, quien además agregó: “Es prioridad de esta gestión garantizar la defensa del ambiente y la salud”.

“A partir de este nuevo escenario, tras la inconstitucionalidad de la ordenanza, queda vigente la Ordenanza Nº 12.253/2018, en la que en su Artículo 5 manifiesta que queda expresamente prohibida y sin posibilidad de excepción alguna la utilización y aplicación de agroquímicos con medios de aplicación aérea en el ejido de la ciudad de San José de Gualeguaychú. Asimismo, queda prohibido dentro de la zona urbana, quintas, chacras e industrial todo tipo de aplicaciones terrestres de agroquímicos”, recordó la Subsecretaria de Ambiente.

Si bien en este artículo no se encuentra contemplada la zona rural, el Artículo 7 de la ordenanza establece el procedimiento a seguir para realizar aplicaciones en dicha zona: 

1- Presentación de la solicitud de autorización de manera escrita con no menos de 10 días hábiles anteriores a la fecha prevista para la aplicación, firmada por asesor técnico profesional idóneo en la materia en la cual se deberá detallar el titular de la explotación, la planificación de las labores inherentes a cada actividad, los productos a utilizar y las características del equipo aplicador, individualización catastral del inmueble y la zona a tratar, la georeferenciación exacta del mismo en donde se pretenda realizar la aplicación objeto de la solicitud, el destino final que se le dará a los envases conforme lo que se establece en el artículo 8º y los detalles que posteriormente pudiera determinar la autoridad de aplicación. Con dicha solicitud se deberá acompañar la receta agronómica correspondiente.

2- Hasta 48 días hábiles antes de la efectiva aplicación previamente autorizada, se deberá dar aviso a la Dirección de Ambiente mediante nota formal suscrita por el peticionante que realizará la solicitud en los términos del inciso anterior, y/o en su caso por el medio de notificación fehaciente autorizada a dicho fin mediante la reglamentación correspondiente. En dicho aviso se deberá indicar con precisión: fecha, hora de inicio y de finalización del evento. La Dirección de ambiente podrá, en caso de considerarlo conveniente y oportuno, constatar “in situ” la acción autorizada.

3- Será requisito esencial para la aprobación de la solicitud que el propietario y/o titula de la explotación, haya otorgado previamente a favor de la municipalidad, autorización para ingresar al lugar donde se realizará la aplicación, a los efectos de ejercer el control que se establece en la presente ordenanza. La misma tendrá la duración temporal que conlleve todo el proceso de aplicación.

4- La autoridad de aplicación determinará mediante reglamentación, un procedimiento de autorización extraordinario, aplicable en aquellos casos en que se requiera la aplicación de agroquímicos con urgencia debidamente justificada.

Luego de que la Cámara Contencioso Administrativa N° 2 con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay hiciera lugar parcialmente al pedido de distintas entidades gremiales rurales y productores agropecuarios respecto de la declaración de Inconstitucionalidad de la Ordenanza 12216/18 que prohíbe el uso, acopio y traslado del glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú, el exintendente Martín Piaggio –uno de los impulsores de la la iniciativa– se refirió a esta cuestión.

“Gualeguaychú recibe en 2019 la cuarta y máxima categoría de ‘Municipio Saludable’, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Trabajo de más de 20 años basado en la Promoción, la Atención Primaria de la Salud y el compromiso ambiental (lucha contra industrias contaminantes y los agrotóxicos, energías renovables, y planes de alimentación sana, segura y soberana)”, comenzó el texto que publicó en sus perfiles de redes sociales.

“Se destacó en el país la decisión, mediante legislación local, de prohibir la contaminación con Glifosato en 2018”, destacó el exmandatario. 

“Gualeguaychú es elegida por votación de 14 países para la Presidencia del ‘Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables de la región de las Américas’ (ciudad de Panamá, año 2022)”, amplió y agregó: “Es muy triste el papel de los poderosos contra la salud de su propio pueblo, solo en función de su ambición económica”.

Finalmente, aclaró su postura sobre el agrotóxico: “En 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó al Glifosato como ‘probablemente cancerígeno para los seres humanos’, basándose en una fuerte evidencia de que lo es para los animales. También se sospecha que actúa como disruptor endócrino y que es tóxico para la reproducción”, concluyó.

Los jueces definieron declarar como inconstitucional el art. 1 de dicha norma “en cuanto prohíbe al interior de su ejido el uso y aplicación del producto llamado en forma general ‘Glifosato’ -y aquellas formulaciones que lo contengan- más allá de los límites impuestos por la normativa provincial en su versión interpretada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”. En otras palabras, deja librado su uso a los alcances de la ley provincial existente por lo que podrá ser utilizado nuevamente en la zona rural como hasta el momento de la sanción de la ordenanza.

Por otro lado, también declara inconstitucional el apartado que prohíbe en el ejido el expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto.

Cabe recordar que la presentación judicial contra la norma sancionada durante el gobierno del exintendente Martín Piaggio fue realizada por la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas Cooperativa Limitada, la Sociedad Rural Argentina, además de varias firmas y productores agropecuarios.

Según manifestaron desde la Sociedad Rural, en los argumentos de la sentencia se explicitan los siguientes puntos:

-La Municipalidad no aportó dato alguno que dé cuenta que el almacenamiento, expendio, transporte y comercialización de la sustancia genere perjuicios.

-El Municipio no demostró que la regulación nacional y provincial resultan insuficientes para la situación suscitada en el ejido.

-No se aportó información científica sobre la nocividad del uso del producto.

-El expediente resulta huérfano de algún estudio que traduzca el impacto del glifosato sobre las fuentes de agua o suelos de su ejido. Tampoco obran estudios clínicos sobre el incremento de patologías en su población a raíz del uso y aplicación de la sustancia en su territorio. 

La multinacional Bayer deberá pagar 2.250 millones de dólares después de que un jurado popular le diera la razón a un estadounidense que demandó a la subsidiaria Monsanto, la fabricante del herbicida Roundup, por haber contraído un cáncer que atribuye al uso de este agrotóxico.La demanda la interpuso esta vez John McKivison, de 49 años, quien se presentó a los tribunales de Filadelfia para reclamar que el linfoma no Hodgkin que le habían diagnosticado era consecuencia de haber usado durante dos décadas el herbicida en su campo, según publicó el diario estadounidense The Washington Post.El juicio iniciado contra Bayer concluyó el pasado viernes cuando, en un veredicto unánime, el jurado encontró culpable a su subsidiaria Monsanto de negligencia y de no haber advertido a sus usuarios de los peligros del herbicida, dijeron los abogados de McKivison, Tom Kline y Jason Itkin, en un comunicado conjunto."La indemnización por daños punitivos del jurado envía un mensaje claro de que esta corporación multinacional necesita un cambio de arriba a abajo", señalaron, calificando el veredicto como "una condena de 50 años de mala conducta por parte de Monsanto".En respuesta, Bayer emitió un comunicado donde aseguró que apelará el fallo y calificó "inconstitucionalmente excesivos".Dijo que el veredicto del jurado "entra en conflicto con el peso abrumador de la evidencia científica y las evaluaciones científicas y regulatorias mundiales" sobre Roundup.Las afirmaciones se basan en el ingrediente glifosato, introducido como herbicida por Monsanto en 1974, que inhibe cierta enzima en la mayoría de las plantas, impidiendo que crezcan. Monsanto también introdujo cultivos genéticamente modificados que son resistentes al glifosato.La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos encontró en 2020 que "no hay riesgos preocupantes para la salud humana cuando el glifosato se usa de acuerdo con su etiqueta actual" y que "es poco probable que el glifosato sea un carcinógeno humano".La Comisión Europea dijo el año pasado que "sobre la base de una evaluación de toda la información disponible, actualmente no hay evidencia para clasificar el glifosato como cancerígeno".La Agencia Reguladora del Manejo de Plagas de Health Canada aprobó su uso, pero la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud descubrió en 2015 que el glifosato es "probablemente cancerígeno para los humanos".Pero desde entonces han continuado las nuevas demandas en su contra con resultados diversos: ganó un caso el 22 de diciembre en California, pero perdió un caso el 5 de diciembre en Pensilvania y otro caso el 17 de noviembre en Missouri, según la compañía.El gigante farmacéutico alemán Bayer adquirió en 2018 la empresa agroquímica estadounidense Monsanto, inventora y productora del Roundup.(Fuente: Télam)

Dos investigadoras de la Universidad Nacional de Quilmes y el Conicet, Yamila Santillán y Lorena Rojas, desarrollaron un método para descontaminar el agua y los alimentos que contienen pesticidas y glifosato. Lorena Rojas, Directora del proyecto, habló con Radio Universidad de La Plata para señalar la importancia del desarrollo de este producto y cómo impacta en la vida de las personas.

“Durante los últimos años hemos trabajado en el desarrollo del proyecto, ahora viene la etapa de producir y distribuir en distintas zonas de nuestro país”, aseguró la Directora de la Licenciatura en Biotecnología de la UNQ al medio universitario.

Se trata de la aplicación de un producto orgánico elaborado con sistemas enzimáticos a través de la técnica llamada “biorremediación” que genera que los pesticidas que existen en los cultivos se degraden de manera natural.

El producto aún no salió del laboratorio y las investigadoras esperan que a través de una asociación público-privada a nivel nacional para llegar a la mayor cantidad de productores y personas posible.

“Toda esta investigación fue desarrollada con el financiamiento de la Universidad Nacional de Quilmes junto a otros organismos públicos pero también hubo colaboración de algunos privados sobre todo en la puesta a punto y las pruebas de aplicación”, agregó Rojas en comunicación con Radio Universidad de la Plata.

El glifosato es el pesticida de mayor uso en nuestro país a pesar de que su uso incorrecto puede ser altamente nocivo para el ambiente y la sociedad. De hecho, Misiones aprobó recientemente una norma para prohibir el producto de la provincia para 2025 y centrarse en la aplicación de pesticidas orgánicos.

Por eso, la remediación biológica es un mecanismo que permite usar hongos, bacterias y plantas para convertir al pesticida en microorganismos que no son tóxicos para los alimentos diarios que consumen los argentinos ni para el suelo.

Una publicación compartida de Museo del Hambre (@museo.del.hambre) Su testimonio es parte de la campaña “Basta de Venenos”, que vio la luz a fines del mes pasado y es consecuencia de la realización del documental “Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva”. Fueron sus realizadores, junto a organizaciones sociales que luchan por un cambio de modelo desde sus territorios, quienes pensaron y realizaron esta campaña audiovisual de la que participan, además de las personas afectadas por el veneno, personalidades del arte, del periodismo, de la alimentación y del ámbito de los derechos humanos. Leonardo Sbaraglia, Laura Azcurra, Francis Mallmann, Susy Shock, Nora Cortiñas, Hilda Lizarazu, Lalo Mir, Julia Mengolini y Alejandro Bercovich son algunos de ellos. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Porque Argentina es uno de los países más fumigados del mundo. Millones de hectáreas de tierra son destinadas al monocultivo con semillas transgénicas dependientes de agroquímicos, la base del modelo agroexportador. En los últimos 25 años, el uso de agroquímicos se incrementó un 1.200%, resultando en la tasa más alta del mundo (12 litros por habitante, por año). Todo esto ha producido un cambio en la forma de enfermar y de morir de las personas en Argentina. La campaña, de las que son parte decenas de organizaciones, universidades e instituciones en general, busca instalar esta problemática en sectores más amplios de la población, con el propósito de promover la toma de conciencia sobre cómo el modelo de producción agropecuaria está afectando tanto al ambiente como a la salud de productores, trabajadores y comunidades rurales y urbanas. Embed La difusión comenzó el 23 de noviembre a través de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube). En estas plataformas se puede acceder a diversos videos informativos que explican cómo llegan los agrotóxicos a nuestros cuerpos tanto en los pueblos rurales como en las grandes ciudades. “Algunos participantes han contribuido a la campaña donando una muestra de orina, para su posterior análisis, en la que se encontró la presencia de glifosato. Los videos recogen los relatos de quienes han constatado mediante estudios de laboratorio que tienen agrotóxicos en sus cuerpos”, explicaron desde la prensa de “Basta de Venenos”. El viernes pasado, 3 de diciembre, fue el “Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos”, por lo que se realizaron varias actividades al respecto para darle visibilidad al tema. Además, la gran repercusión que tuvo la iniciativa a nivel nacional sirvió de gran ayuda para seguir recogiendo y difundiendo nuevos testimonios de las víctimas de los daños que produce este modelo y para generar un espacio que permita dar amplia y continua visibilidad a esta problemática, tan silenciada durante 25 años. ¿Quién fue Andrés Carrasco? Andrés Carrasco fue un reconocido científico argentino y ex-presidente del CONICET, que denunció los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud humana, en pleno auge del modelo agroexportador en Argentina. Mientras ponía en jaque al sistema científico subvencionado por el Estado en connivencia con las empresas, se convirtió en un referente para las víctimas del modelo.]]>

En los últimos 25 años, en Argentina el uso de agroquímicos se incrementó un 1.200%, ascendiendo al primer lugar del mundo con 12 litros por habitante por año. Esta campaña, de la que participa la docente de Gualeguaychú Estela Lemes, exhibe lo peor del modelo del agronegocio: el glifosato está en nuestros cuerpos.]]>