Una compleja y millonaria maniobra fraudulenta montada alrededor del sistema de salud de los adultos mayores está en la mira de la Justicia Federal.

Desde hace más de un año, el fiscal federal Leandro Ardoy instruye una causa penal a raíz de una denuncia presentada por las propias autoridades de la delegación Paraná del PAMI, tras detectar una sistemática “orgía de sobreprecios” ejecutada a través de recursos de amparo judiciales.

La investigación apunta a un esquema de facturación desproporcionada de residencias de larga estadía (geriátricos) que no forman parte de la red de prestadores oficiales de la obra social. La mecánica, según fuentes de la causa, consistía en judicializar la pretensión de cobertura para forzar a la obra social a desembolsar cifras astronómicas convalidadas en el fuero judicial.

La disparidad entre los valores de mercado y los montos exigidos mediante las acciones judiciales encendió las alarmas internas del organismo. Mientras que la tarifa oficial que el PAMI abona por una prestación geriátrica ronda los 1,7 millones de pesos, los amparos presentados por estos establecimientos no prestadores exigían montos que alcanzaban los 7 millones de pesos por residente; cifras que en la investigación califican como claramente infladas y estratosféricas.

Al no ser prestadores contratados, los establecimientos recurrían a la vía del amparo para cobrar directamente del Estado, logrando que medidas cautelares u órdenes judiciales obligaran al PAMI a erogaciones desmedidas en perjuicio de su presupuesto.

La denuncia penal por presunta estafa pone la lupa sobre un entramado que abarca a 11 residencias de la región: seis establecimientos de la cadena San Jorge, tres sedes de Paradise Home, uno del establecimiento de Don Geroncio (Villa Fontana) y una residencia ubicada en la localidad de San Benito.

Pero el esquema no terminaba en la fijación de las tarifas. Según la denuncia (a la que accedió AHORA) también alcanza de manera directa a profesionales de la salud, acusados de confeccionar la documentación que respaldaba las demandas.

Según trascendió, en la causa constan evidencias de certificados médicos “copiados y pegados”, con diagnósticos e indicaciones idénticas replicadas para distintos pacientes con el único fin de justificar la vía del amparo de manera exprés.

El expediente que comanda el fiscal Ardoy busca desentramar no solo la responsabilidad de los titulares de los geriátricos y de los médicos firmantes, sino también el alcance del perjuicio económico ocasionado al PAMI a lo largo de este período.

Con más de doce meses de recolección de pruebas, la Fiscalía Federal avanza en los peritajes contables y médicos para determinar la configuración del delito de estafa contra la administración pública, en un caso que deja al descubierto la vulneración del sistema de amparos para el beneficio de un negocio millonario a expensas de la obra social de los jubilados.

Fuente: Ahora