Luego de que se defendiera ante la posibilidad de que fuera expulsada del bloque de La Libertad Avanza (LLA) de la Cámara baja, la diputada Lourdes Arrieta contó cómo se gestó la visita a los represores detenidos en el penal de Ezeiza. Entre otros detalles, contó cómo fueron los intentos de eliminar la polémica foto, las conversaciones entre los participantes y las críticas al Poder Ejecutivo.A través de un hilo titulado “No más impunidad” que publicó en su cuenta personal de la red social X durante los primeros minutos de este domingo, Arrieta reveló la existencia de varios grupos conformados con la intención de presentar un proyecto de ley que beneficiara a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976, una idea que habría ganado mayor fuerza entre los participantes después de que la Cámara de Casación anulara las libertades condicionales otorgadas a Rafael Barreiro y Horacio Losito, y la excarcelación de Juan Carlos Rolón.“Como dijo el Presidente Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas”, sentenció la presidente de LLA Mendoza, tras señalar que el cura Javier Ravasi habría funcionado como el nexo entre los diputados libertarios, abogados y jueces. De hecho, indicó que el sacerdote habría sido el responsable de sumarla al grupo de Whatsapp llamado “Comida informal con Padre Javier x milit”, espacio al que apuntó por ser el origen de todo el escándalo.Una vez que mostró el mensaje de bienvenida que le habría escrito Ravasi el 23 de febrero pasado, la mendocina no solo recordó que no fue la única del bloque que participó del mismo, sino que sumó los nombres de otros legisladores a la lista. “Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”, recriminó al hacer referencia a los cruces que sostuvo con Lemoine y Mayoraz. A este último lo denunció por violencia de género y agresiones.La diputada reveló los detalles detrás de la organización de la visita a los genocidas.

Acto seguido, según lo publicado por Arrieta, el cura les pide a los miembros del grupo que confirmaran su asistencia a una “reunión informal y reservada por tema proyecto milit” que presuntamente se habría realizado el pasado 14 de marzo a las 19:30 horas en la calle Montevideo 871, en la Ciudad de Buenos Aires. La diputada aceptó la invitación, para la cual los también legisladores Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi ya habían confirmado su asistencia.A partir de esto, Olea envió al menos unos dos documentos que contenían iniciativas creadas con el fin de imponer un “plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal”. En la fila sumó un decreto reglamentario que permitiría sumar a las causas de lesa humanidad dentro del régimen propuesto. “Ravasi agrega que el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando que ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’”, subrayó.Los detalles del proyecto legislativo que el grupo tenía en mente presentar

En simultáneo, la diputada expuso que Benedit habría comenzado a organizar la visita a los represores e, incluso, señaló que el diputado habría tenido una conversación con el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, quien aparentemente le habría asegurado que le facilitaría el acceso a los penales. Asimismo, pidió que los interesados confirmen la asistencia y le envíen los datos necesarios para agilizar el trámite. Ese mismo día se sumó al grupo el diputado Alberto Arancibia.

Si bien Arrieta aseguró no haber asistido a la comida pactada para el 14 de marzo, aportó pruebas de que los primeros que habrían llegado fueron Laura Olea, Ricardo Sain Jean, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Santiago Santurio y Guillermo Montenegro. De la misma manera, no contó los detalles de la reunión, pero sí mostró los mensajes posteriores que el cura envió al grupo, en donde remarcó lo beneficiosa que podría resultar la medida para los legisladores, políticos y empresarios.La mendocina expuso a Lilia Lemoine por formar parte del grupo de WhatsappNo obstante, uno de los detalles más llamativos del texto que habría sido redactado por Ravasi apuntó que la reunión se habría realizado a espaldas del Poder Ejecutivo, ya que planteó la posibilidad de que los diputados Benedit y Ferreyra le plantearan la inquietud al Presidente, es decir, éste no habría estado informado hasta después de que comenzó a circular la foto grupal con los represores y se difundiera en los medios de comunicación y redes sociales.

De hecho, Arrieta confirmaría la falta de participación por parte de Milei en el proyecto que se habría gestado en ese grupo de Whatsapp al exponer una queja de Ferreyra ante la bajada de línea por parte del Ejecutivo. “Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y desde el Ejecutivo no nos autorizan a publicar. Que la noticia mañana termina, agradezco a los que puedan manifestarse”, mencionaba la diputada, comentario al que se le sumó una contundente crítica de Benedit: “Un Ejecutivo al que le tiembla el pulso para permitirnos sacar un comunicado”.Arrieta reveló que la visita se celebró sin el permiso o conocimiento del Poder Ejecutivo“Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al pte. de blando por temblarle el pulso al no imponer la agenda que ellos proponen. Entonces ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los frenó, ¿Quién es su líder político?”, recriminó la mendocina al afirmar que otro grupo titulado “VISITA” y creado por Benedit después de que salieran del penal que, se suponía, iba a funcionar como espacio de trabajo para “armar un comunicado de prensa y la forma de comunicar las fotografías”.

Fue en este mismo espacio digital que Montenegro les habría comunicado que el Poder Ejecutivo les habría pedido que no publiquen el comunicado y que tampoco dialogaran con la prensa. “Los van a llamar a cada uno”, adelantó, mientras que Benedit respondió con un: “Que papanatas”. Asimismo, Ferreyra enrostró haber visitado Campo de Mayo con Benedit en marzo y que nadie supo de la reunión.El supuesto destrato del diputado Benedit al presidente Javier Milei

Después de que el descontento por parte de varios de los participantes afloró con la prohibición de publicar el mencionado comunicado, Arrieta apuntó que el plan B fue un “operativo limpieza donde se pide a todos borrar las fotografías, para poder tapar al máximo lo que había sucedido y negar la visita”.

Finalmente, la diputada remarcó que no dará marcha atrás con las denuncias que realizó para que se investigue lo que ocurrió con la visita a los genocidas. “Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder”, anticipó a modo de concluir el hilo.Karina Milei decidió echar a Lourdes Arrieta

El escándalo protagonizado por Arrieta, que empezó con la polémica visita a represores y siguió con su denuncia penal contra el titular de la Cámara, Martín Menem, puso una vez más en jaque la credibilidad política de La Libertad Avanza en el Congreso. Y si bien en el inicio la Casa Rosada había mantenido distancia delegando el problema en el riojano, en los últimos días Karina Milei empezó a seguir más de cerca la polémica y evalúa, a contra reloj, modos de ponerla en caja.

Con el dialoguista Guillermo Francos alejado de la rosca y abocado a tiempo completo a su rol de jefe de Gabinete, es la secretaria general quien sigue y se ocupa desde esta semana de dar las órdenes al presidente del cuerpo sobre el creciente conflicto interno, de manera directa, o a través de su asesor, Eduardo “Lule” Menem. “Está hinchada las p...”, dijeron sin rodeos en Balcarce 50, esta mañana. Poco antes, el vocero Manuel Adorni, de confianza de la funcionaria, había deslizado on the record que los rumores de que se trataría de expulsar a Arrieta tenían asidero en la realidad.

El problema data de varias semanas, pero un hecho puntual rebalsó el vaso. Además de la denuncia penal de Arrieta contra Menem, que representó un punto de quiebre, dicen que vieron un “juego con el kirchnerismo”. “Nos enteramos de que estaba hablando con (el presidente del bloque K, Germán) Martínez y con (Leopoldo) Moreau. Y en la Comisión de Peticiones y Reglamento, donde se pidió hablar sobre el penal de Ezeiza, ella (por Arrieta) le cargó las tintas a Martín, que no tenía nada que ver. Incluso habló de un delito. Ahí se dieron cuenta que no daba para más, que era ilógico que siguiera”, confiaron fuentes calificadas. Arrieta no contestó a las consultas de este medio al respecto.

Por estas horas, la hermana del Presidente, que ya se había encargado de correr al ex jefe del bloque, Oscar Zago, por rebelarse, y excluyó a Marcela Pagano de la mesa de decisiones del grupo legislativo, está evaluando modos de sacarse de encima a la incómoda legisladora mendocina. “Estas cosas llevan tiempo, pero algo se va a hacer”, dijo un ladero de la poderosa secretaria general, conocida por su inflexibilidad frente a reacciones que considera traiciones.Fuente: Infobae 

Lourdes Arrieta es una de las seis diputadas nacionales que, el pasado 11 de julio, visitó a represores condenados en el penal de Ezeiza. Después de que se difundiera una foto del grupo dentro de la cárcel, en la que posaban juntos como si estuvieran en un viaje de egresados, Arrieta trató de distanciarse del episodio, expresando su “arrepentimiento por haber participado en ese encuentro”. En declaraciones televisivas, afirmó sentirse “avergonzada” por la imagen en la que aparece junto a otros diputados y genocidas. Según Arrieta, en ningún momento les dijeron que visitarían a Alfredo Astiz, sino que Beltrán Benedit, diputado de La Libertad Avanza por Entre Ríos, les había asegurado que se trataba de “presos políticos sin condena” y que la visita tenía un propósito “humanitario”. Sin embargo, queda la duda de si Arrieta habría rechazado la visita de haber sabido que incluía a Astiz y al resto de los represores, o si mantendría su versión inicial que justificó su desconocimiento de quienes estaban allí “por haber nacido en 1993”. Sobre esta declaración, es interesante detenerse y contar quién es Alfredo Astiz y por qué está donde está.

Apodado el “Ángel de la Muerte”, Alfredo Ignacio Astiz es uno de los nombres más infames de la última dictadura (1976-1983). Nació el 8 de noviembre de 1951 en Mar del Plata y se convirtió en un símbolo de los horrores perpetrados por el régimen militar. Oficial de la Armada Argentina, su carrera estuvo marcada por su participación en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. 

Con su apariencia angelical y una falsa identidad, se infiltró en grupos de derechos humanos, ganándose la confianza de sus miembros antes de traicionarlos y entregarlos, como el caso de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Allí adoptó el nombre de Gustavo Niño, simuló ser familiar de un detenido-desaparecido y se desempeñó activamente. Solía acompañar a las Madres y otros activistas a la Iglesia Santa Cruz perteneciente a los padres pasionistas, en el barrio porteño de San Cristóbal.

El 8 de diciembre de 1977, cuando terminaban una reunión para organizar una colecta de dinero con el objetivo de publicar una solicitada en los diarios reclamando por la aparición de sus familiares, un grupo de tarea de la ESMA secuestró a las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, la monja francesa Alice Domon y los militantes Ángela Auad, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Ese mismo día, secuestraron a Remo Berardo en su casa y a Horacio Aníbal Elbert y José Julio Fondevila en un bar donde solían encontrarse integrantes del grupo. El plan terminó el 10 de diciembre de 1977 con el secuestro de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y la monja francesa Léonie Duquet.

Durante más de diez días, los 12 detenidos estuvieron secuestrados y expuestos a vejaciones infrahumanas. Luego, fueron arrojados con vida al mar. Muchos de esos cuerpos fueron devueltos por la corriente y enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Recién en 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo identificar varios de los restos óseos que allí se hallaron, entre ellos algunos del grupo de los 12 de la Santa Cruz.

En una entrevista realizada por la periodista Gabriela Cerruti para la revista Tres Puntos, en enero de 1998, Astiz mostró una vez más su falta de arrepentimiento y su justificación de las atrocidades cometidas. “No me arrepiento de nada. No soy perfecto, puedo haberme equivocado en algo menor, pero en lo grande no me arrepiento de nada”, declaró fríamente. Esta confesión subraya la mentalidad de un hombre que nunca se distanció de sus actos y que permaneció desafiante incluso frente a las pruebas abrumadoras de su culpabilidad.

El retorno de la democracia en 1983 trajo consigo un clamor por justicia. Astiz fue detenido y juzgado en múltiples ocasiones. En 1985, un tribunal francés lo condenó en ausencia a cadena perpetua por su papel en el asesinato de las monjas francesas. Sin embargo, en Argentina, las leyes de amnistía y los indultos presidenciales de Carlos Menem en 1989 le permitieron evitar la prisión, lo que provocó una profunda indignación tanto a nivel nacional como internacional.

La impunidad de Astiz y otros represores se convirtió en un tema central en la lucha por los Derechos Humanos en el país. En 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y dos años más tarde se anularon los indultos, lo que permitió la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En este contexto, Astiz fue nuevamente arrestado y llevado a juicio.

En 2011, fue finalmente condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA. Durante el juicio, se detallaron las torturas, secuestros y asesinatos en los que participó. Su condena fue un momento histórico para las víctimas y sus familias, que habían luchado durante décadas por justicia. Astiz, sin embargo, se mantuvo desafiante y sin mostrar remordimiento alguno, una actitud que persistió durante todo el proceso judicial.

Su caso es un recordatorio sombrío de los peligros de la impunidad. La condena y su encarcelamiento representan una victoria para la Justicia y los Derechos Humanos en Argentina, pero también subrayan la necesidad de mantener viva la memoria histórica para evitar la repetición de tales atrocidades. Su historia es una lección sobre la importancia de la verdad, la justicia y la reparación.

Encarcelado, Astiz sigue siendo un símbolo de la brutalidad de la dictadura y su historia no sólo es la de un individuo infame, sino también la de un país que ha tenido que enfrentarse a su pasado para construir un futuro en el que nunca más se repitan tales atrocidades.