Ocurrió a las 15 horas en el edificio ubicado en San Lorenzo, entre Del Valle y Concordia. Las dos personas lograron sustraer dos computadoras e insumos. 

Se trata de dos hombres mayores de edad oriundos de Buenos Aires, que aprovecharon el horario de almuerzo de los empleados para irrumpir en la Aduana y llevarse dos computadoras y otros elementos. 

Luego de un operativo de inteligencia entre el Juzgado Federal, a cargo de Hernán Viri, la Físcalía Federal de Gualeguaychú y la Gendarmería Nacional -con colaboración de personal de la Aduana-, dos horas después, lograron cercar y atrapar a los individuos, uno de 30 años y el otro de 40 años, que estaban intentando huir rumbo a Buenos Aires. 

Los delincuentes fueron apresados y puestos a disposición de la Justicia y también fue recuperado la totalidad de los elementos robados. El lunes por la mañana, el Juez federal les tomará declaración a ambos. 

Una paciente oncológica denunció en la Comisaría de Pueblo General Belgrano, en el departamento Gualeguaychú, a un médico por negarle atención para recibir una sesión de quimioterapia. La reticencia del facultativo se apoyó en el conflicto que mantiene, desde el miércoles, la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) con el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Los médicos reclaman prestaciones de los meses de octubre y noviembre de 2024 al Iosper; la obra social, según señaló su interventor, Mariano Gallegos, ha dicho que no va a negociar “«bajo extorsión” y que sólo se sentará a dialogar y presentará propuesta de pago de lo adeudado una vez que los profesionales levanten el corte.

La denuncia de la paciente oncológica dice: “Que se hace presente en esta dependencia policial manifestando que es una paciente oncológica, y que padece cáncer de piel, y destaca que hace aproximadamente un año a la fecha que le diagnosticaron la enfermedad y que a partir de este momento comenzó a tratarse en el Centro Oncológico Integral de la ciudad de Gualeguaychú, lugar donde a través de su mutual Iosper consiguió el tratamiento gratuito, como así también la cobertura completa de los medicamentos, y destaca que cada 21 días la dicente debe realizarse la aplicación del tratamiento de inmunoterapia, lo cual venía realizando habitualmente en tiempo y forma”.

Pero este jueves 30 de enero “recibe un llamado proveniente del Centro Oncológico desde donde le dicen que la mutual Iosper estaba cortada y que para realizarse el tratamiento debía abonar la suma de $121.000 motivo por el cual la dicente comenzó a decirles que no tenía ese dinero para el tratamiento y si había otra forma de poder realizar dicho tratamiento, o si había posibilidades de pago o que le emitan una factura para el reintegro de dicho dinero por ante la mutual, a lo que no le han respondido ninguna de estas preguntas”.

La  solución la encontró acudiendo al Hospital Bicentenario, de Gualeguaychú, donde recibió la atención que antes le habían negado. Pero no fue posible aplicarle la medicación que requería por cuanto en el centro público carecían de historia clínica y de seguimiento médico por lo que le recomendaron contactarse con el Centro Oncológico Integral para conseguir esa información. Eso hizo pero la respuesta fue insólita: que debía primero sacar un turno con el médico, pero que el profesional se encontraba de vacaciones hasta el 10 de febrero.

Desde el Hospital Centenario también requirieron información sobre aplicación y dosis que recibía la paciente pero tampoco le brindaron respuestas.

El final, abierto, supone para esta paciente oncológica la incertidumbre de no lograr aplicarse la dosis de medicación para no interrumpir su tratamiento.

Enterados de esa situación, en el Iosper activaron un procedimiento de consulta e investigación, y en el caso intervino directamente la Procuración General de la Provincia y el fiscal Coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, para caratular el caso como “abandono de persona”.

“Dimos instrucción al fiscal de Coordinación porque podría existir el delito de abandono de persona, ya sea en la negativa al tratamiento como en la negativa a proporcionar la historia clínica que permitiría al Hospital continuar el tratamiento. Es gravísimo”, dijo a Entre Ríos Ahora una fuente de la Procuración.

Marina Alegre, subinterventora de Iosper, habló del caso con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y dijo que se trata de una paciente, afiliada a Iosper, con un cáncer que está estabilizado, pero que recibe una medicación cada 21 días. Va a hacerse atender, pero no la atienden para recibir esa medicación por el corte de prestaciones a Iosper, que tenía que pagar cierto monto de dinero. Ella pide que se le haga un recibo, el cual le niegan. Le niegan el recibo como para que ella pueda buscar el reintegro en la obra social. Entonces, teníamos dos posibilidades. Nos habíamos contactado con el Instituto para que ella no perdiera esta posibilidad y pagarle directamente al Instituto, por más que estuviera cortado, y nos refieren que no por el hecho del corte. El siguiente camino era que la afiliada pague y nosotros reintegrarle. Pero no le daban el recibo, entonces ella no podía buscar el reintegro. Se va hasta el hospital. En el hospital no le quieren hacer la medicación porque no tenían la indicación y la historia clínica. La paciente vuelve a la institución para buscar su historia clínica y su indicación. Se la niegan y ahí es cuando ella decide realizar esta denuncia, primero en la Policía, que obviamente después toma intervención Procuración y Fiscalía”.

El paso siguiente fue la decisión de Iosper de habilitar mecanismos para conseguir que la afiliada reciba la medicación en otros centros de atención. Se le aplicó la medicación en otra institución privada. “O sea, la paciente recibió la atención que necesitaba”, indicó Alegre.

-¿Y qué hace Iosper ante esa negativa médica a brindar atención a una paciente oncológica?-Primero, acá hay una cuestión legal que hay que ver cómo se resuelve. Nosotros no tenemos intervención desde eso y bueno, como obra social justo pasó esto en el medio de un montón de cosas que tendremos que sentarnos a charlar. No está bueno dejar de rehén a un paciente. Con una consulta común, no hay problema. Uno puede esperar. Pero un paciente en esta situación y con un paciente que está haciendo una denuncia y bueno, ahí ya a nosotros también nos obliga a tomar otras medidas.

Fuente: Entre Ríos Ahora/Radio Plaza

La Cámara de Senadores dará continuidad esta semana al tratamiento del proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la provincia: es decir, el proyecto que establece los protocolos para la aplicación de agroquímicos.

Tras la convocatoria que realizaron a diferentes ministros, referentes de salud y representantes de organizaciones ambientales, este miércoles será el turno del Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes.Desde sectores ambientales advierten que el proyecto “adolece de fundamentaciones científicas”, “peca de inconstitucionalidad” y aseguran que “las buenas prácticas no existen”. También puso el foco en las distancias: “Son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugiere”.

La iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo y obtuvo media sanción de Diputados el 23 de octubre pasado, con voto dividido del PJ.

La noticia tuvo un gran impacto en los pasillos del Hospital Centenario y en toda la comunidad, debido a la gravedad de la denuncia y a que la misma fue hecha por otra enfermera.

A través del decreto Nº 697, el Ministerio de Salud dispuso iniciar un sumario administrativo a la enfermera N.A.Z. “por estar presuntamente su conducta incursa en causales de exoneración”.

Todo comenzó el 8 de noviembre de 2023 cuando “habría dado supuestamente muerte a una paciente llamada G.M.S., a través del presunto suministro de alguna sustancia tóxica que le habría producido el deceso”, según denunció una compañera.

El relato de la denunciante, que recién comentó su versión de lo ocurrido a fines de enero ante las autoridades del Hospital, dice que la enfermera N.A.Z. “habría dado supuestamente muerte a una paciente de nombre G.M.S., a través del presunto suministro de cloruro de potasio”.

“En efecto”, dice el decreto de Salud, en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario “habría quedado a cargo la enfermera N.A.Z. con el cometido de llevar una gaza mojada para humedecer los labios y la lengua de la paciente internada G.M.S., que se encontraba `traqueostomizada`, y quien tenía sed, pero por el entubamiento no podía tomar agua”.

El relato de la denunciante escrito el decreto que ordena el sumario señala que “me retiro de la habitación, me lavo las manos y N.A.Z. queda en encargarse de llevar las gasas con agua a la paciente G.M.S., me dirijo a buscar máscara de reservorio para otro paciente y es allí donde observo la siguiente situación quedando atónita: N.A.Z. carga 4 jeringas de 20 ml. de cloruro de potasio y gasas con agua, se dirige a la habitación de la paciente G.M.S. y suministra las jeringas cargadas con cloruro de potasio en bolo por el AVC, lo cual produce automáticamente un PCR, se llama al doctor de guardia, se realizan maniobras avanzadas de RCP sin respuesta, la señora G.M.S. fallece a las 11:10 am aproximadamente”.

Ante el hecho denunciado, la enfermera “fue desafectada del Servicio de Pediatría donde cumplía funciones y se la afectó a un lugar que no requiera el suministro de medicamentos a pacientes (consultorios externos)”, sostiene el decreto.

La investigación interna de Salud detalla que si bien se realizó la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, de momento “no se observa que se haya tipificado presuntamente algún delito”, pero añade que “es muy clara la denuncia realizada” por la otra enfermera, “quien habría presenciado lo acontecido, por lo que se deberá determinar los hechos tal cual se denunciaron, y si la mezcla supuestamente suministrada por N.A.Z. a la paciente fue idónea o apta para producir la muerte de la paciente, lo que constituye de por sí un hecho gravísimo en el ámbito de un hospital público”.

La directiva del Hospital Centenario dispuso que NAZ desempeñe su tarea “sin tener que medicar o suministrar medicamentos a ningún paciente (consultorios externos), en principio, no debería existir tensión a derechos laborales alguno de la denunciada, ni peligro para los pacientes o personal del hospital”.

El decreto señala que “de comprobarse la denuncia lesiona gravemente el interés público sanitario y pone a la denunciada en una situación delicada frente al poder disciplinario de la Administración y a los valores que animan la profesión de enfermería; y para el caso que ésta – de forma dolosa o culposa – le haya suministrado un producto tóxico a la paciente y que en virtud de dicha práctica le hubiera causado la muerte, lo que decantó en medidas administrativas y judiciales contra la agente NAZ (que no habrían sido cuestionadas por ésta), corresponde iniciarle de forma urgente un sumario administrativo para determinar responsabilidades, por estar presuntamente su conducta incursa en causales de exoneración”.

La Justicia determinó que no había elementos para comprobar la acusación

El coordinador del Ministerio Público de Fiscales Lisandro Beheran confirmó a Ahora ElDía que la denuncia fue desestimada la semana pasada luego de tres meses de investigación. Reveló que la enfermera comenta la acusación a su compañera recién a fines de enero ante las autoridades del Hospital Centenario, que luego realizan la denuncia en Fiscalía, además de iniciar el sumario administrativo que salió a la luz.

Beherán confirmó que “la investigación duró tres meses, se tomaron declaraciones testimoniales a médicos y enfermeras, se recabó la historia clínica de la paciente y todo eso fue remitido a un médico forense de otra jurisdicción, ya que al tratarse de un presunto caso de mala praxis no interviene un colega de la misma ciudad”, y precisó que la conclusión del médico forense de La Paz que intervino fue que “no había ningún elemento” para dar curso a la denuncia, ya que el fallecimiento se produjo por el cuadro grave de salud que presentaba la paciente.

Asimismo, el médico forense sostuvo que era inútil realizarle una autopsia debido al tiempo que transcurrió desde la muerte hasta que se hizo efectiva la denuncia, ya que no se podría hallar la sustancia en cuestión debido al estado de descomposición del cuerpo. 

Además, el jefe de fiscales comentó que no había nada en la investigación que permita confirmar la acusación, no había faltante ni de cloruro de potasio ni de las jeringas que mencionó la enfermera denunciante.

La familia de la paciente fallecida, en estado de shock

Según supo Ahora ElDía, los familiares de la mujer que perdió la vida en noviembre se enteraron ayer por los medios de la denuncia de la enfermera, y concurrieron en estado de shock a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.

Allí fueron recibidos por el fiscal que llevó adelante la causa, Jorge Gutiérrez, quien les explicó todo el procedimiento que llevaron a cabo desde que recibieron la denuncia.

Lógicamente, en medio del dolor ante la inesperada noticia, los familiares estaban en un estado de nervios y dolor, exigiendo más explicaciones.

Consultado por ello, Beheran aclaró que la familia no fue notificada en su momento porque en todo el proceso de investigación no se encontró ninguna prueba que pueda dar fe de lo que denunció la enfermera.

¿Qué es el cloruro de potasio y qué efecto produce?

El médico Federico Gini Cambaceres explicó que “todas las sustancias son un remedio o un veneno, no por la sustancia, sino por la dosis.  El cloruro de potasio, se utiliza en los aportes de suero, en la hidratación, junto con el bicarbonato sodio, porque es un elemento importante, sobre todo intracelular, que participa junto con el sodio en distintas propiedades de las descargas eléctricas de los músculos, de las neuronas, de distintas funciones celulares”. 

“Cambios muy rápidos en el potasio, sea que baje muy rápido o que suba muy rápido, produce afectación de todos los tejidos que tienen conductividad y que tienen contractilidad, como los nervios, los músculos y especialmente el músculo cardíaco”, expresó. 

“Cuando los cirujanos cardiovasculares operan, tienen que parar el corazón. Obviamente se hace un ambiente controlado, y la forma que tienen de pararlo es administrarle cloruro de potasio en forma de bolo, en infusión rápida, para producir ese paro del corazón. Eso es lo que ocurre, de hecho lo que son las inyecciones letales del Dr. Kevorkian, además de darle un somnífero, un analgésico, todo eso le infunde potasio para producir el paro cardíaco”, ejemplificó el especialista. 

“Entonces, es un remedio, es un aporte, un electrolito importante, las soluciones de hidratación parenteral y las correcciones, por ejemplo, de las deshidrataciones, hay que aportarlo, pero siempre se tiene mucho cuidado de aportarlo en forma lenta para evitar este tema que te produzca especialmente, no pasa tanto por la parte de los calambres o dolor muscular, sino por el tema de que se pare el corazón”, concluyó el médico.

El inicio del proceso judicial tuvo lugar esta semana y debió ser suspendido debido a que la fiscal Martina Cedrés alegó “parcialidad manifiesta” de parte de la jueza Alicia Vivian, quien precedía el juicio. En este contexto, la fiscal se encuentra redactando un recurso para interponerlo ante la Cámara de Casación de Concordia para que se designe un nuevo juez o se continué con el proceso, pero con la garantía de que será direccionado de buena manera. 

María Julia Martínez, de 55 años, domiciliada en el barrio La Cuchilla, falleció en octubre de 2021 como consecuencia de un accidente entre su moto y una Ford Ranger, conducida por otra mujer de 45 años. Todo sucedió en la esquina de Rivadavia y Fray Mocho. La mujer estuvo hospitalizada varios días, pero su situación fue empeorando hasta que falleció.

Todo el problema se desató cuando luego de haber comenzado con las audiencias públicas, Vivian no permitió ingresar a la sala a los miembros de la Asociación Civil por Verdad y Justicia (Aciverjus), quienes estaban en apoyo de la víctima fatal y sus familiares.

“Cuando se inicia la audiencia de juicio me encuentro con que no estaba la gente de Aciverjus, yo antes tenía otra audiencia por lo que no me encontraba en el momento que ocurrieron los hechos. Les  mando un mensaje para que ingresen y me dice un empleado que no podían, entonces lo planteo y me hace saber la jueza que había decidido que no entraran porque la defensa había dicho que su presencia perjudicaba a la imputada”, contó Cedrés sobre lo ocurrido durante la audiencia.

“Le vuelvo a recordar a la jueza que era un juicio público y vuelve a tomar la palabra de defensa técnica y agregó que estas personas se pararon frente a imputada y la miraron de forma intimidante a pocos centímetros, la jueza reafirmó lo que dijo la defensa, y mantuvo la decisión”, continuó relatando la fiscal. 

En este contexto, Cedrés señaló que “se fueron agregando cosas. Continuamos el debate con la declaración de los testigos, y ante la declaración de un testigo, a quien estaban coercionando con preguntas engañosas o sugestivas, objeciono una pregunta y la jueza me respondió de mala forma y no dio a lugar”. 

“Era cada vez más marcada la falta de parcialidad. Y a las 11 empezaba la declaración del esposo de la víctima y su hija, que venían con la foto de la Julia Martínez en una remera. Pido cuarto intermedio, lo hablo con ellos, quería poder comunicarles lo que pasaba a la familia y contarle que iba a pedir la suspensión del juicio, y estuvieron de acuerdo”, explicó a Ahora ElDía.

“Fue una cuestión que se fue dando a conocer a medida que se fueron dando explicaciones, y la decisión de no dejar entrar a la gente de Aciverjus fue extra juico y tomada de forma unilateral. Me parece demasiado irregular y si la imputada hubiese sentido la necesidad de que no hubiese nadie al momento de prestar declaración ese hubiese sido el momento para comunicarlo”, aclaró Cedrés. 

En este sentido, la fiscal manifestó que no recuerda ningún juicio en el que Acivejus haya generado una situación de violencia o increpante. “Hoy las asociaciones civiles forman parte constitutiva en la sociedad, y no podemos desconocerlas como actores sociales, no puede suceder una justicia de puertas cerradas”, resaltó. 

En este contexto, Cedrés se encuentra redactando un recurso que presentará entre este viernes y el lunes que viene a la Cámara de Casación de Concordia para plantear el cambio de juez, que ya está suspendido, o la reanudación del juicio pero con la garantía de que las  familias tengan la certeza de que se va a hacer un buen direccionamiento del proceso.

En cuanto a los tiempos que tardaría la Cámara en expedirse, Cedrés fue cauta, aunque contó que va a advertir sobre la necesidad de celeridad en la decisión.

“El pedido es abierto, que la Casación vea la situación y si comparten la misma idea que el Ministerio Publico Fiscal decida la mejor elección tanto para las víctima como para la imputada”, explicó Cedrés. 

“Voy a intentar mañana (por el viernes) o lunes presentar la interposición, no quiero que pase más tiempo. Además tenemos muchas causas y el juicio es importante para la familia. Casación de Concordia está compuesta por tres jueces que están trabajando muy bien, venimos bastante rápido, y en este caso particular vamos a pedir alguna celeridad en el tratamiento para que pueda tener lugar este año el juicio”, concluyó la fiscal.

La palabra de la ONG

Miguel Gandolfo, presidente de Aciverjus, contó a Ahora ElDía cómo se dieron los hechos el día de la audiencia por el fallecimiento de Julia Martínez: “Llegamos a la mañana como hacemos siempre, a presenciar los juicios y a acompañar a los familiares de las víctimas. Comunico al secretario que vamos a ingresar al juicio oral y público. Él ingresa y cuando regresa nos dice que la jueza decía que no podíamos entrar. La fiscal estaba adentro y sabía de nuestra participación porque eso genera un cierto acompañamiento a los familiares que declaraban a las 11 de la mañana. Cuando la fiscal me empieza a preguntar por qué no ingresábamos le comunico la decisión de la jueza y se sorprendió. Ella se enteró en ese momento que no podíamos ingresar”.

Ante esta situación, los miembros de la ONG se quedaron afuera y cuando se cruzaron con el juez Arturo Dumón a quien le preguntan si sabe por qué motivo no los habían dejado ingresar y les contesta que tal vez habían intimidado por la remera.

“La respuesta nos sorprendió, cuando hay un intermedio, sale la doctora Vivian y le pregunto en la escalinata con la presencia del policía, por qué no nos dejaban pasar y dice que fue un pedido de la defensa, que nosotros habíamos intimidado. Pregunto por qué era eso, si era por la remera de Aciverjus, porque yo tenía otra y podía entrar, pero me dijo que no, que la decisión estaba tomada. Le hago la misma consulta a Alfredo Vitale, el defensor de la otra parte, y dijo que era un derecho que tenía”.

En este marco, la fiscal sostuvo que “siente que las garantías no están dadas para continuar con el juicio porque no es parcial el actuar de la jueza, lo hizo fuera de lugar, no dentro del recinto”. Por eso, Martina Cedrés, argumentando el motivo, pide la nulidad del juicio, “a lo cual  la jueza Vivian dice que Gandolfo la increpó y Vitale dice lo mismo. Por supuesto todo el mundo nos conoce y sabe que no hay lugar para eso, por eso se pide la nulidad del juicio e ir a Casación, donde iremos a declarar y se suspende el juicio”, concluyó el relato de los hechos Miguel Gandolfo.

La fiscal a cargo, Natalia Bartolo investiga la causa detrás del remisero baleado en la ciudad, quien llegó por sus propios medios al Hospital Centenario, donde contó que había sido asaltado por tres menores que lo había herido de gravedad.

Luis Roldán debió ser atendido de urgencia y sometido a una intervención quirúrgica grande que lo dejaron en terapia intensiva. 

“Se descartó la hipótesis del robo, se obtuvo a través de testigos, recursos fílmicos, y bastante material probatorio”, detalla Bartolo. 

Luego de esto, se procedió a la búsqueda de un auto que se logró requisar y luego se desarrollaron dos allanamientos que arrojaron resultados positivos. En uno de ellos se encontró registros de una deuda no paga que Roldán mantenía con un prestamista de 34 años que está detenido como sospechoso. 

En este sentido, la fiscal intuye que el disparo se podría haber efectuado por un ajuste de cuentas por la deuda impaga. No obstante, para terminar de constatar esta nueva hipótesis, Bartolo necesita interrogar al remisero, que en este momento se encuentra con diagnóstico reservado en terapia intensiva.  

En las últimas horas, la fiscal Natalia Bartolo tomó declaración indagatoria a los conductores de las camionetas que se vieron involucradas en el choque que le costó la vida al joven Juan Martín Acevedo de 15 años, oriundo de Aldea San Antonio, quien falleció mientras conducía un Fiat Palio.

Cabe recordar que en accidente estuvieron involucradas dos camionetas: una Chevrolet S10 que era conducida por una adolescente de 17 años oriunda de Urdinarrain  y una Ford Ranger, que era conducida por un muchacho de 18 años, también de Urdinarrain. La Chevrolet fue el vehículo que chocó al Fiat Palio en el que se conducían cuatro personas, el infortunado Acevedo de 15 años y otros jóvenes menores de edad, también oriundos de Aldea San Antonio.

La Fiscal Bartolo confirmó que, tras haberle tomado declaración, la joven de 17 años, oriunda de Urdinarrain que conducía la Ford Ranger, recuperó su libertad por orden del juez de Minoridad. La chica deberá realizar un curso de conciencia vial y un tratamiento psicológico y además, está acusada de homicidio culposo agravado por las lesiones de siete personas.

Por su parte, el joven de 18 años que conducía la Ranger recibió el arresto domiciliario al estar acusado del delito de conducción temeraria, aplicable a cuando se corren picadas. De hecho, la Fiscalía está buscando más evidencias para poder confirmar que las camionetas estaban corriendo una picada por calle Belgrano de Urdinarrain, ocasión en que en la intersección de la calle Dr. Zeroli, chocaron contra el Fiat Palio, con las gravísimas consecuencias que se conocen: el fallecimiento del joven de 15 años y las lesiones graves que sufrieron otros dos ocupantes del Fiat Palio.

Tal cual informó AHORA ElDia, el hombre fue sorprendido por dos personas que estaban dentro de su casa, quienes lo golpearon y le provocaron heridas en un mano y en el rostro y cuero cabelludo, debiendo ser hospitalizado en el Hospital Bicentenario, donde fue trasladado para su curación.

De acuerdo a lo informado por la Policía, luego de haberse realizado las correspondientes averiguaciones, se pudo establecer que la víctima al regresar a su vivienda fue sorprendida por dos masculinos, quienes lo golpearon a producirle lesiones en su rostro y mano, sustrayéndole dinero en efectivo de curso legal, dólares estadounidense y un teléfono celular, retirándose por el frente del domicilio. 

La victima al reaccionar salió a pedir auxilio, acudiendo al lugar del hecho personal de la Sección de Comando Radioeléctrico en forma conjunta con la División Investigaciones, quienes dialogaron con vecinos y familiares del hombre agredido, como así también se procedió a analizar las filmaciones de la cámaras de seguridad de las inmediaciones, lográndose obtener indicios que hacen suponer que los autores serían dos sujetos de la zona norte de esta ciudad, situación informada a la Fiscalía en turno.

Tras obtenerse medidas de allanamiento y registro domiciliario para dos fincas, una donde residen los sindicados como autores del ilícito y la otra para Barrio Don Pablo, sitio este habitado por una mujer que guardaría relación laboral con el damnificado, se procedió a la detención de un hombre de 42 años y una mujer de 43 años, quedando pendiente la localización de otro sujeto que no fuera ubicado en los lugares allanados, consiguiéndose secuestrar en una de esas viviendas el dinero denunciado como robado.

Asimismo en la casa situada en San José al norte se  encontraron elementos que guardan relación con un ilícito denunciado días atrás en Comisaría Aldea San Antonio.Los detenidos permanecen alojados en dependencias policiales a disposición de las autoridades judiciales, en tanto que se continúa en la búsqueda del otro sujeto que formó parte del ilícito.

En las primeras horas de la tarde del martes, un hombre fue atacado por al menos dos personas en su domicilio, donde los sujetos estaban esperándolo con claras intenciones de cometer un robo en la vivienda. El hombre sufrió cortes en las manos y en el rostro, debiendo ser atendido en el Hospital Centenario.

De acuerdo a lo informado a AHORA ElDia por fuentes policiales, el hecho se produjo en las primeras horas de la tarde del martes en una vivienda de calle de calle Perón casi Doello Jurado, en el momento en el que un hombre de 66 años regresó a su domicilio y fue abordado y agredido por personas que lo estaban esperando dentro de su domicilio, presumiblemente con la intención de robarle.El hombre recibió varios golpes y cortes en sus manos y rostro, por lo que fue derivado al Hospital Centenario, donde le realizaron distintas curaciones, además de haber quedado en estado de shock por el violento momento que vivió. De acuerdo al informe del Hospital Centenario, “el paciente presentaba luxación de hombro derecho, múltiples golpes en el rostro y en la cabeza, con heridas en el cuero cabelludo y un profundo corte en el dedo índice izquierdo.  Se le realizó un cabestrillo en el brazo derecho para inmovilizar el hombro afectado y las correspondientes curaciones en las distintas heridas que presentaba”.

Por su parte, el jefe de Policía Departamental, comisario Cesar Primo, expresó a AHORA ElDia que “estamos trabajando sobre la investigación de lo ocurrido. Fuimos alertados por la presencia de una persona con el rostro ensangrentado, se trató de un hombre de 66 años que vive solo en la vivienda en la cual fue abordado por un número de personas que no pudo precisar. Estamos en período de investigación para esclarecer si le robaron algún elemento de su vivienda, para lo que esperaremos que el dueño de casa se encuentre mejor de salud para poder constatarlo”.Primo explicó que “el hombre pudo salir de la vivienda y alertar a sus vecinos, que fueron quienes llamaron al personal policial. Una vez en el lugar, comenzamos con las diligencias de hablar con los vecinos, de recabar las imágenes de cámaras de seguridad en las viviendas vecinas para poder aportar a la investigación que está a cargo de la fiscal Lucrecia Lizzi”.  

El domingo por la mañana fue trasladado al Hospital Centenario, donde quedó en Terapia Intensiva. Sin embargo, el lunes por la noche falleció por un cuadro de traumatismo severo de cráneo. 

El martes por la mañana se le realizará una autopsia al cuerpo en la morgue de Concordia.

De acuerdo a lo que se pudo saber AHORA ElDia, personal policial de Larroque pudo establecer en diálogo con familiares de la víctima, que informaron que cerca de las 7 de la mañana del 1 de enero, fue agredido por una persona de 22 años, también vecino de Larroque.

 Llegado a su domicilio el joven se retiró a descansar, pero al mediodía sufrió una descompensación, por lo cual se dio alerta a autoridad de salud y policiales de la vecina localidad.

Luego de la denuncia presentada por la familia del agredido, detuvieron al autor del hecho que fue trasladado a Jefatura Departamental.

En la comisaría de Larroque se había iniciado una investigación al tomarse conocimiento del ingreso al Hospital Centenario de un joven con lesiones graves producto de una golpiza que recibió en las primeras horas del nuevo año.

El joven fallecido tenía 20 años y se encontraba internado en la UTI del Hospital Centenario en estado crítico, con 

De acuerdo a lo informado por la Policía Departamental, en horas de la madrugada de este lunes, la Justicia de Gualeguaychú dispuso la detención del agresor, quien fue traslado a Jefatura Departamental, lugar donde permanece alojado.

La causa está en manos de la fiscal Natalia Bartolo, que indicó a AHORA ElDia que “se tomaron 12 declaraciones testimoniales con personas que estuvieron con la víctima antes de que sucediera el hecho. También se analizaron distintas cámaras de seguridad que pudieron identificar claramente al agresor minutos antes de producirse el hecho”.

Asimismo, la Fiscal expresó que el detenido será indagado en la jornada del martes y la carátula de la causa es Homicidio Simple con Dolo Eventual.

En la noche del domingo, alertados mediante el sistema de Botón Antipánico, personal policial acudió a un domicilio Pasteur al 600. Una vez en el lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que momentos antes, su ex pareja habría ingresado a la vivienda por una ventana, sustrayendo una notebook, por lo cual se puso en conocimiento del hecho a la Unidad Fiscal de género en turno.En horas del mediodía del lunes, se dio cumplimiento a una orden judicial proveniente del Juzgado de Garantías N° 2, por lo cual se procedió a allanar el domicilio del causante, ubicado en zona de Suburbio Sur, donde se logró encontrar y secuestrar la computadora, y otros elemento de interés para la causa, a su vez se detuvo al sujeto de 41 años de edad, siendo trasladado a Jefatura de Policía Departamental quedando alojado en calidad de detenido por el delito de hurto y desobediencia judicial.

Detenido tras activación del Botón AntipánicoEn otro orden, en la madrugada del lunes, por la activación del Botón Antipánico, personal de Comisaría Tercera acudió a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle San José y Manzoni.Al arribar al lugar, los uniformados encontraron en el interior de la vivienda a  un sujeto de 26 años, quien tiene medidas inhibitorias de acercamiento hacia su moradora, motivo por el cual fue aprehendido y trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado en calidad de detenido por disposición de la Fiscalía en turno. 

Este lunes trascendió el asombro que ocasionó a un fiscal de Colón ver ingresar a su despacho a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, para comunicarle una mala noticia: que a partir del 1° de febrero de 2023, cuando la actividad en Tribunales se retome luego de la feria, debería mudarse y abandonar el espacio que ocupa. La decisión acababa de ser resuelta en el acuerdo del STJ del miércoles 23 de Noviembre, que tuvo lugar ese día en Colón.

Pero el caso de la turística ciudad de la costa del Río Uruguay dista mucho de ser el único. En verdad, el STJ está decidido a “limpiar” los tribunales de Entre Ríos de toda presencia fiscal, y, como para hacer el asunto aún más enojoso, reutilizar algunos de los espacios ganados en beneficio del Ministerio Público de la Defensa.

La comunicación formal de tal plan de desalojos que abarca hasta 2024 llegó al escritorio del Procurador Jorge Amílcar García en el primer día de Septiembre de 2022. Algunos de sus colaboradores cuentan que García reaccionó con incredulidad, o con optimismo tal vez, suponiendo que del anuncio al hecho habría un extenso y quizá interminable trecho.

En aquella notificación de Susana Medina, Presidente del STJ, se le hacía saber a García que había sido formalmente aprobado un plan elaborado por la Dirección de Arquitectura Judicial del STJ que incluía “el retiro de las dependencias de los Ministerios Públicos de los edificios del Superior Tribunal de Justicia en las distintas jurisdicciones de la provincia”.

Así dicho, parece que el “desalojo” afectará por igual tanto a defensores oficiales como a fiscales. Pero en el plan de Arquitectura Judicial queda claro que no es tan así. Sólo en el caso de Colón se insinúa también el “retiro de las dependencias del MPD”. En todas las demás localidades, el desalojado es al MPF exclusivamente: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Tala, Feliciano, Diamante, Chajarí, Gualeguaychú y Villa Paranacito.

Pero además, en la mayoría de las ciudades, el espacio que se “liberaría” con el desalojo de los fiscales, sería aprovechado para instalar las Cámara Gesell, que dependen del Ministerio Público de la Defensa. Así está proyectado para Feliciano, Concordia, Villaguay, Chajarí, Gualeguay, Victoria, Diamante, Colón, Tala y Villa Paranacito.

De dónde saldrán los recursos para reubicar a los fiscales

Según el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos, “el Ministerio Público es un órgano autónomo en sus funciones, siendo parte integrante del Poder Judicial” y “se compone de dos ramas independientes entre sí, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor General respectivamente, y se integra por los funcionarios y empleados que se establezcan, respecto a los cuales les compete el ejercicio de la superintendencia”.

El mismo artículo precisa que cada rama “designa y remueve su personal, propone y ejecuta su presupuesto”.

Obvio que, tanto para el funcionamiento del STJ como para el de ambos Ministerios Públicos Fiscales, los fondos son aportados por el Estado provincial, surgidos de los impuestos que abona la ciudadanía.

Ergo, si en razón de este plan de desalojos, los Fiscales deben salir a buscar edificios donde funcionar, lo que “ahorrará” el STJ se tendrá que gastar en alquileres para el MPF. Como fuere, los bolsillos afectados serán siempre los mismos.

Como sea, está claro que la Procuración se verá en la necesidad de salir a pedir más dinero al Estado, una gestión que sin dudas deberá hacer tanto ante el Ministerio de Economía provincial como ante la Legislatura.

Fuente: El Entre Ríos

En diálogo con AHORA Radio Cero, Bartolo expresó que “yo tomo conocimiento del hecho por medio de la Policía, que me informa que en las calles Galeano y San Carlos se había producido un accidente y había un chico que se encontraba mal herido. De acuerdo a testigos presenciales de lo ocurrido, el chico había pedido prestada la yegua a su tío y en un momento, el animal se puso malo y casi lo tira de la montura al chico. El chico para tratar de tranquilizarla, golpeó al animal con un palo que tenía en su poder, lo que embraveció mucho más a la yegua, que se fue desbocada contra un poste de alumbrado donde golpeó en su cabeza y luego de levantarse, despide al chico y la yegua cae sobre el cuerpo del joven”.

Asimismo, Bartolo expresó que “de acuerdo a testimonios y fotos que me fueron pasando, la yegua murió en el acto producto del fuerte golpe en su cabeza contra el poste de alumbrado público y está acreditado que no hubo un accionar delictual por parte del chico, sino que fue producto del golpe que se produce el deceso del animal y el accidente que generó las lesiones al chico”.

Consultada acerca de una posible agresión del joven hacia el animal, la Fiscal Bartolo indicó que “los dos testigos que declararon en la causa coincidieron en remarcar que el accidente se produjo porque la yegua se desbocó y golpeó contra el poste de alumbrado, pero no me indicaron que haya sido por una supuesta agresión por parte del chico. No habría elementos para encuadrar el caso dentro de un tipo de maltrato animal”.

A raíz del violento accidente, el joven de 17 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Centenario con un pronóstico grave, dado que tuvo tres paros respiratorios de los cuales pudo ser rescatado por personal médico del nosocomio.

La decisión se adoptó ante el “constante aumento de causas ingresadas en las Fiscalías de la Provincia”, pero también “para atender debidamente las mutaciones de las tendencias delictivas y la consecuente incidencia y complejidad en la actividad probatoria, resulta necesario adecuar la planta del personal encargado de esas investigaciones”.En ese marco, el Procurador General, Jorge García, dispuso asignar un cargo de fiscal para la Unidad Fiscal de Gualeguaychú para que actúe como Unidad Fiscal de Género. La medida está contenida en la resolución N° 150, del 26 de septiembre último. La creación de una fiscalía encargada de la temática de género en Gualeguaychú responde a la creciente cantidad de casos que surgieron en los últimos tiempos.Se suma a la Unidad Fiscal en materia de género que se habilitó en 2020 en Concordia, a cargo de los fiscales María José Fonseca, Juan Pablo de Giambattista y Evelina Espinoza. José Costa, fiscal coordinador de Concordia, dijo al momento de dejar habilitada esa unidad que “la temática requiere una atención especial y estos fiscales se ocuparán especial y únicamente de todos los delitos que implican violencia contra la mujer y abusos sexuales”.En Paraná, la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual tiene una trayectoria un poco más extensa. Se inauguró en septiembre de 2014, y desde junio de 2021 funciona fuera del edificio de Tribunales, en Urquiza al 1100.Leandro Dato, su coordinador, no ha estado exento de la polémica. En 2020, en medio de la polémica judicial suscitada por el desalojo del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de los militantes de Proyecto Artigas del campo Casa Nueva, cerca de Santa Elena, Dolores Etchevehere, denunció por mal desempeño al fiscal Dato.a acusación contra Dato por mal desempeño, dice que“para que la familia Etchevehere lograra evitar que Dolores accediera al ejercicio de sus derechos, fue necesario el despliegue de una maquinaria de corrupción que involucra a numerosos magistrados judiciales que incumplieron con sus obligaciones y con la ley, para favorecer a una familia rica de la provincia”. “Entre estos magistrados se destacan jueces y fiscales de la provincia de Entre Ríos. Uno de ellos es el fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Paraná, Entre Ríos, Leandro Dato, que en ejercicio de sus funciones, además de dejar a las mujeres de Entre Ríos en una situación de indefensión absoluta, incumplimiento con sus obligaciones, y mostrándose impotente para evitar que los feminicidios se multipliquen a pesar de las denuncias, decimos, además de haber incumplido con todas las obligaciones de su cargo, omitió investigar un delito que involucra a esta familia con violencia de género, con el solo fin de favorecerlos ilegalmente y garantizar la impunidad”.La batalla legal de Dolores Etchevehere, aunque se centró en la pelea contra sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, lejos está de haber concluido, y sigue entrampada en los insondables caminos de la Justicia entrerriana. (Fuente: Entre Ríos Ahora)