El abogado Fernando Burlando señaló que pedirá la detención de la jueza Julieta Makintach en el caso de que le acepten la renuncia tras el escándalo por el documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona indicó: "El pedido va a estar sujeto al momento exacto en el que le acepten la dimisión".

Sin embargo, el letrado resaltó que "no sabe si le van tomar la renuncia así nomás" porque "es un tema institucional sumamente grave".

Makintach presentó la renuncia ante la Suprema Corte bonaerense por el proyecto audiovisual que derivó en su recusación del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador.

“Presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar a mi derecho de defenderme en los ámbitos que corresponden”, afirmó Makintach en el escrito.

La titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro se encuentra suspendida con una licencia obligada de 90 días.

El abogado Fernando Burlando dejó de ser el representante legal de la mamá de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció hace 77 días en el paraje rural Algarrobal de Corrientes. Ahora, María Noguera y su hijo José Omar serán patrocinados por el mismo letrado que tenía la querella del papá del niño que se esfumó tras un almuerzo en la casa de su abuela el 13 de junio pasado.

“Se querían juntar con el poder político y eso a mí, siendo que el poder político está investigado, no me gusta. Estoy tratando de que se investigue, tratando de llegar a la verdad y pasa eso... Es insólito”, le dijo a Infobae Burlando al ser consultado por las razones de su alejamiento.

Según pudo saber este medio, los cortocircuitos comenzaron no hace mucho. Una foto de los padres en la Gobernación de Corrientes habría sido el disparador que terminó de quebrar el vínculo. Y, justamente, una de las hipótesis de Burlando tenía con ver con el poder político involucrado en la desaparición del chico.

Hay que recordar que el viaje de Laudelina Peña a la capital correntina a hacer una denuncia ante un fiscal provincial cuando la causa estaba en el fuero federal fue el puntapié que terminó con la mira puesta en el ex abogado de la tía de Loan presa, José Codazzi, en el senador provincial Diego Pellegrini y todo rozó al gobernador Gustavo Valdés. Además, la policía correntina fue desplazada del caso.

Para entender bien lo sucedido hay que tener en cuenta que los papás de Loan tenían abogados diferentes en la causa por la desaparición del nene. La madre y su hijo José estaban con la representación de Burlando y Sergio Briend. En cambio, el padre del niño, José Mariano Peña, y su hijo Mariano lo hacían con Roberto Méndez.

Justamente, Méndez es quien abarcará la querella de ambos padres. Así lo pudo saber Infobae luego de que se presentara ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, el poder que revocaba el mandato a Burlando y Briend.

“Conforme lo acredito con los poderes especiales para querellar, acompañados en original, sobre los cuales presto el debido juramento de ley sobre su plena autenticidad y vigencia, resulto apoderado de la Sra. María Luisa Noguera y el José Omar Peña”, reza el texto de tres carillas que ingresó al juzgado en las últimas horas con firma de Méndez.

Y sigue: “Que vengo por este acto a revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe”.

En las últimas horas, Méndez le pidió a la jueza hacer una nueva reconstrucción de lo sucedido ese 13 de junio pasado en el naranjal. Solicitó la ampliación de la recreación de lo ocurrido con todos los adultos que participaron del almuerzo, pero también con los menores sobre lo que aconteció durante el paseo al naranjal.

“En conformidad a lo que cada uno declaró en Cámara Gesell, en especial que un menor relata la presencia de un encapuchado que lleva a LDP”, insiste el letrado en su escrito. Y para ello pide que se forme un gabinete interdisciplinario que evalué la posibilidad de realizar esa medida y el consentimiento del Asesor de Menores.

A su vez, el abogado solicitó a Pozzer Penzo que ordene realizar la pericia sobre el rastreo satelital de los teléfonos de todos los que estaban en el almuerzo. Para ello, le pidió a la jueza que libre el oficio a Google por los trackers de los celulares desde las 13.30 del 13 de junio pasado hasta las 18 del 14.

Y avisó que sólo prestaron conformidad los detenidos Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Daniel ‘Fierrito’ Ramírez y Mónica Millapi.

“Por tratarse de una pericia que puede ayudar a discernir el movimiento y ubicación de cada uno de los que participaron del almuerzo, y estando un menor desaparecido, es motivo más que suficiente que esta parte querellante solicite a V.S. ordene el Tracker de todos los imputados y de los dos testigos Macarena Peña y Camila Núñez”, requirió Méndez.

Por lo pronto, pasaron 77 días y nada se sabe del nene. En ese contexto, mientras la semana que viene se hará la ampliación de indagatoria a Antonio Benítez, quien llevó a los otros chicos al naranjal donde se esfumó Loan; la defensa de otros dos detenidos solicitó que se cite a declarar a Camila, una de las testigos claves en la causa, puesto que aseguró que desconfía de Laudelina y dijo estar convencida de que el objetivo primario era llevarse a su hija.

La presentación formal de la solicitud estuvo en manos de los abogados Marcelo Hanson y Jorge Montti, que representan a Millapi y Ramírez. Ellos fueron los primeros detenidos en la causa, junto con Benítez. Los tres fueron quienes acompañaron a los niños al naranjal, cuando desapareció Loan.

Núñez declaró dos veces en la causa, cuando sobre el expediente recaía un secreto de sumario. La mujer de 24 años es esposa de Diego “Huevo” Núñez, sobrino de Laudelina y del papá de Loan. Ella estuvo ese 13 de junio en la casa de la abuela Catalina, del paraje correntino Algarrobal, cuando el nene de 5 años desapareció, y también fue parte de la búsqueda del menor.

El abogado Fernando Burlando le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que abandonó la causa Loan y sostuvo: “Están con Gustavo Valdés”.

De esta manera, sólo queda como defensor de la familia del niño Roberto Méndez, algo que llamó la atención de Burlando.

En una sorprendente noticia, el abogado informó a este medio que dejó el caso que investiga la desaparición del menor al manifestar que los familiares estarían relacionados con Valdés, gobernador de Corrientes.

“Revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe”, señala el escrito de Méndez que avala la resolución.

Durante una de las últimas apariciones públicas, el abogado ya había tenido un fuerte cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño, donde le dijo: "No voy a permitir que critiquen y digan pavadas".

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, remarcó.

Allí, durante una entrevista, le manifestó: “José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, finalizó.

Días después, Burlando confirmó que deja la causa y hay incertidumbre sobre cómo tomó la decisión.Fuente: Noticias Argentinas

A más de un mes de la desaparición de Loan, Fernando Burlando realizó un sorpresivo posteo en su cuenta de Instagram donde ofreció una recompensa para encontrar al pequeño: "Si lo tenes, ponete en contacto conmigo".

A través de un video en dicha red sociales, uno de los abogados de la familia del menor se mostró preocupado por la falta de respuestas acerca de dónde está el niño.

“Larguen a Loan, si lo tenés yo te voy a recompensar si me lo das. Si querés ponerte en contacto conmigo te pasé un teléfono, pero seguramente te pase otro si querés tener una charla conmigo”, expresó el defensor.

En este sentido, Burlando puso en la descripción del video su número de celular para quien tenga datos certeros sobre el chico pueda aportar información: “Necesito recuperar a Loan, todos lo necesitamos, su familia lo espera".

"Si lo tenés o si estás cerca, ponete en contacto conmigo, te garantizo prudencia y una gran recompensa”, finalizó.

A 32 días de una intensa búsqueda, que ya tiene siete detenidos, el ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $5 millones para todo aquel que pueda aportar datos fehacientes.

Durante los últimos días Burlando, junto con su equipo de abogados y Gustavo Briend, solicitó diversas diligencias procesales como la detención de José Codazzi, ex defensor de la tía de Loan, y de Macarena, hija de Laudelina.Fuente: NA

El Legajo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) Nº 11808, caratulado “Urribarri Sergio Daniel - Baez Pedro Ángel - Tortul Gustavo Javier - Céspedes Hugo Feliz – Aguilera Juan Pablo - Cargnel Corina Elizabeth - Marsó Hugo José María- Caruso Gerardo Danile s/ Peculado, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Negociaciones incompatibles con la Administración Pública” –conocido como Causa Compleja- arrojó este lunes novedades en torno a la integración del Tribunal de Juicio y Apelaciones que deberá resolver cuándo los condenados en aquella causa que investigó cinco hechos de corrupción, comenzarán a cumplir la condena que quedó firme en suelo entrerriano el 17 de abril, cuando se conoció la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que denegó el recurso extraordinario para llegar al Alto Cuerpo.En las dos resoluciones que le dan continuidad al complicado proceso, la primera la suscribió la subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), Claudia Geits, y determinó que “puesto a despacho en 29 de abril de 2024 informando que en la fecha Elvio Garzón y Julián Vergara presentan resolución en la que rechazan por inadmisible e improcedente la recusación formulada en su contra por Javier Ignacio Baños, y remiten a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la respectiva integración de Tribunal”.Garzón y Vergara fueron recusados por un integrante del equipo del mediático abogado porteño, Fernando Burlando. En su lugar fueron designados los nóveles jueces, Santiago Brugo y Juan Malvasio, que antes fueron fiscales y participaron de medidas en esta y otras causas que se sustancian contra Urribarri. Los dos último también rechazaron los pedidos de recusación que presentaron respecto de ellos las defensas de los condenados. Así, el martes 30 se iba a realizar la audiencia en la que se iba a tratar las recusaciones de Brugo y Malvasio, que a partir de lo que se informó este lunes, se suspendió.La resolución que recogió los rechazos de Garzón y Vergara, determinó que “en relación a este último extremo, hago saber que -y conforme el orden estipulado por el inciso 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos, N°6902-; corresponde, integrar el Tribunal para resolver con las juezas de Garantías N° 6, Elisa Zilli, y N° 7, Carola Bacaluzzo”.La segunda, que se emitió también este lunes y suscribió la jueza del tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, resolvió: “Téngase presente lo resuelto por los jueces de Garantías N° 4, Julián Vergara, y N° 5, Elvio Garzón. Atento lo informado por la Subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias, Claudia Geits, hágase saber la integración del Tribunal conformado por las juezas de Garantías N° 6, Elisa Zilli, y N° 7, Carola Bacaluzzo”, añadiendo que “ello, a fin de resolver -primeramente-, en relación a la Recusación planteada por el defensor Javier Ignacio Baños”.En tal contexto, se resolvió hacer “saber a las partes y magistratura designada; y oportunamente, vuelva a despacho para la continuación del trámite respectivo. En consecuencia, suspéndase la audiencia fijada a los fines establecidos en el artículo 48 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (Cpper)”.El artículo 48 del Cpper que versa sobre la “Recusación no admitida” determina que “si la recusación se intentara durante la Investigación Penal Preparatoria y el Juez no la admitiera, continuará su intervención; pero si se hiciera lugar a la recusación, los actos por él practicados durante el lapso en que tramite el incidente serán invalidados si el recusante lo pidiese dentro del plazo de 24 horas a contar desde que el expediente llegó al juzgado que deba intervenir. Si la recusación no admitida fuera la de un Juez de un Tribunal colegiado, integrado que fuera el mismo, y previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informarán 11 las partes, en su caso, se resolverá la  recusación dentro de las 48 horas, sin recurso alguno”.

Fuente: APF Digital

En conferencia de prensa citada por el equipo de abogados del exgobernador Sergio Urribarri, se expusieron las “inconsistencias” que señalaron en la causa judicial que lo condenó a 8 años de prisión por delitos de corrupción. El bonaerense Fernando Burlando anunció que denunciará al Procurador general Jorge García para pedir su destitución, a fiscales y jueces que intervinieron en el proceso judicial y a Análisis, aunque no explicó por qué delitos.

Informaron que “se ha decidido solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 14 de la Ley 48 y el señor Sergio Uribarri ha solicitado al estudio del doctor Fernando Burlando que se radiquen las denuncias correspondientes contra todos los funcionarios involucrados y que se inicie el proceso constitucional para requerir la eventual suspensión y posterior destitución del señor procurador Jorge Almícar Luciano García”.

Ataque a Análisis, con mentiras

El abogado Javier Baños, encargado de leer la defensa mediática al exgobernador, refirió en otro punto: “Se ha denunciado ante la justicia federal un renombrado titular de un portal de comunicaciones, no vamos a dar el nombre para no entorpecer la investigación, se ha denunciado concretamente que de este portal se publicaban notas o pseudo notas periodísticas contra ciertas personas a las que previamente se había decidido investigar. La Fiscalía Anticorrupción, paradójicamente, ha levantado estas noticias criminales y se han instruido investigaciones plagadas de arbitrariedades e irregularidades”.

En el anuncio, no indicaron qué delitos les atribuyen a las investigaciones periodísticas de Análisis, que desde 1990 viene denunciando hechos de corrupción política, entre otras tantas, que varias de ellas luego fueron confirmadas en investigaciones judiciales, incluso con numerosas condenas y varias de ellas con prisión efectiva. Por otra parte, los abogados mencionaron una denuncia a Análisis formulada en la Fiscalía de Gualeguaychú “por reproducir imágenes pornográficas infantiles y revelación de información registrada en archivos de datos personales, artículos 128 y 157 bis del Código Penal”. Denuncia que la Fiscalía en 2018 archivó, lo cual para Burlando es “un escándalo institucional con pocos precedentes”, aunque quedó claro que jamás averiguó de qué se trataba.

Aquella causa fue una auténtica farsa y por ende fue archivada a las pocas semanas. Nunca se imputó a Daniel Enz, director de este medio, como quiso dar a entender. Se trató de la investigación periodística de Enz sobre los abusos sexuales perpetrados por el abogado “ilustre” de Gualeguaychú, Gustavo Rivas, que derivó en la investigación penal y en la condena a 23 años de prisión, después de 24 meses de intenso trabajo en silencio. Los abogados se refirieron a fotos del expediente donde había jóvenes con Rivas, ninguno era menor ni estaban desnudos, sino en short de baño, porque se encontraban en un campo ligado al cuestionado abogado. Cuando una de esas fotos salió durante 10 segundos, por única vez, en el noticiero del canal TN, todos aparecieron con el rostro tapado. Solo se mostraba a Rivas, lo cual demostraba cómo se manejaba el abusador con los jóvenes de Gualeguaychú, durante 50 años, provocando un grave daño en numerosas generaciones. Por esto, la causa se archivó al poco tiempo de haberse accionado pero sin ningún imputado.

Nadie le dijo tampoco a Burlando que este medio periodístico fue el que más causas de abusos de menores denunció, con condenas ejemplares, entre otros, al cura Justo Ilarraz. Y nunca tuvo nada que ver con una causa con menores de Oro Verde, por más que una persona allegada a este medio -que nunca fue socia de nadie y jamás se ejerció defensa periodística alguna de él, precisamente por cumplirse a rajatablas el Código de Etica de FOPEA, donde está asociado este medio- estuvo involucrada, fue condenada y cumple pena de prisión en la Unidad Penal número 1. Pero tanto los abogados Baños como Burlando, vienen insistiendo con relacionar a este medio con ese episodio, de modo irresponsable e inescrupuloso.

“Irregularidades”

“No se trata del del Poder Judicial como hombres, como personas del derecho sentimos el mayor de los respetos por las instituciones del Poder Judicial. Son algunos votos, algunos dictámenes, los que nos llaman la atención de muy puntuales funcionarios y muy puntuales miembros del Ministerio Público. Creemos que se ha vulnerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación en tres precedentes muy importantes. No se han tenido en cuenta estos precedentes al rechazar las impugnaciones extraordinarias”, dijo el aboado Baños.

En cuanto al “temor de parcialidad”, se refirió: “La condena del señor exgobernador Urribarri ha sido rubricada por el cuñado de la juez que luego la confirma en segunda instancia. Las otras juezas que rubrican el fallo en la alzada, una es pareja del procurador, que discrecionalmente ha seleccionado a los fiscales que han actuado en el juicio, y la otra está casada con un enemigo declarado públicamente en multiplicidad de notas periodísticas en contra del señor Urribarri. Pese al grave temor de parcialidad que implica ser juzgado por la esposa de un enemigo público, las otras dos juezas, es decir la cuñada del juez de primera instancia y la pareja del señor procurador general, dicen que no hay imparcialidad. Rechazan las recusaciones y confirman el fallo”.

Además, mencionó que “el señor procurador general ha decidido que sólo dos fiscales ‘investiguen’ (entre comillas) todas las causas más sensibles de la provincia. Los ha colocado en una unidad fiscal ‘especializada’, sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público”.

“Uno de estos fiscales -agregó- ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en la ciudad de Paraná porque el concurso público que había ganado era para otra localidad. De manera que bajo el rótulo de combatir la corrupción, lo que se ha hecho es concentrado todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas desplazando, como dije al resto del Ministerio. En un proceso judicial sumamente arbitrario donde una de las fiscales ha reconocido públicamente en el mismo alegato que no tenía pruebas, que no había testigos, que no había documentos, se ha impuesto una condena de ocho años de prisión al exgobernador. Esto es muy grave y es también sumamente grave que otra de las fiscales que participó de la de la acusación, no vamos a hacer nombres propios, haya sido desplazada de su cargo por graves irregularidades, por serios actos de corrupción”.

Las “irregularidades” denunciadas por Burlando:

"Se violaron la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Entre Ríos, el Código de Procedimiento y una multiplicidad de leyes nacionales y provinciales; artículos 209 al 213 de la Constitución de la provincia. Se violó la Ley provincial 5140. Se violó la ley provincial 69.063. Se violó la ley provincial 9.981. Se decidió no aplicar en el fallo la Ley 10.327. Se decidió no aplicar en el fallo la ley 11.043. Se decidió no aplicar en el fallo la Ley nacional 19.550. Se desconocieron las leyes 24.059, 24521 y se desconoció la ley 24520. Se violó la ley 25.506. Se violó el Código de procedimiento penal de esta provincia. No se respetaron las cadenas de custodia de los objetos secuestrados. Se practicaron escuchas ilegales sin autorización judicial. Se invadieron competencias de otros poderes. Se dejaron de lado los dictámenes de los organismos de control constitucional. Se ignoraron todos los informes del Tribunal de Cuenta de los organismos de control de gastos que habían aprobado todas las actuaciones administrativas del señor Urribarri".

Por último, consultado acerca del pedido de prisión preventiva para Urribarri por parte de la Fiscalía y si solicitarían algún trato especial en caso de ser derivado a una Unidad Penal, Burlando aseguró que "todavía estamos lejos" de esa instancia.

Fuente: Análisis

“Tomé esta decisión luego de enterarme por colegas de Entre Ríos lo que estaba sucediendo con Urribarri, que es una verdadera aberración jurídica”, afirmó el abogado al anunciar que asumirá por primera vez la defensa en un caso que concierne a un político.

Fernando Burlando había viajado recientemente a Entre Ríos para intervenir como querellante en la investigación de la muerte de la joven Berenice Gonzálvez en la localidad de Victoria. Fue allí que recibió información de primera mano sobre las causas contra Sergio Urribarri, ex gobernador justicialista de la provincia (2007-2015) y ex embajador en Israel del gobierno de Alberto Fernández.

Ahora, el abogado penalista anunció su decisión de asumir la defensa del ex mandatario quien, en su opinión, “ha sido sometido a un escuadrón de fusilamiento judicial, político y mediático, con investigaciones y juicios plagados de arbitrariedades”. “Hay una clara y notable persecución política a Urribarri”, remató.

Esta es la primera vez que Burlando defiende a un dirigente político y en respaldo a su decisión, afirma: “Se han violado garantías constitucionales atentando contra el Estado de Derecho, lo cual resulta absolutamente preocupante y exige acción inmediata”. A modo de ejemplo, detalla que, en una de las causas que involucran a Urribarri, se hicieron allanamientos sin testigos presentes y con actas truchas que fueron convalidadas por el tribunal de sentencia e increíblemente ignoradas por la supuesta revisión de la Cámara de Casación Penal, entre otras tantas barbaridades”.

“También hubo pseudo pericias a cargo de agentes de la Fiscalía que se hicieron pasar por peritos, violando manifiestamente lo que dispone el Código Procesal Penal y se trabaron embargos por sumas exorbitantes sin ningún tipo de fundamento jurídico y con el único fin de generar un impacto mediático”, siguió diciendo el abogado. Argumentó que “se rechazaron in limine todos los planteos defensivos previos al inicio del juicio sin atender sus fundamentos, con total arbitrariedad”. “Y como si esto fuera poco, en el juicio no hubo ni una sola prueba que involucrara a Urribarri en los hechos que se le endilgaron y aún así lo condenaron”, agregó.

“Actualmente en esa causa se está a la espera de que por primera vez Urribarri sea escuchado por un tribunal imparcial, ya que tanto el tribunal de juicio como el de casación fueron cuestionados por la defensa con sobrada fundamentación”, aseveró.

Burlando aludió así al juicio contra el ex gobernador que se inició a fines de septiembre de 2021 y culminó con su condena a mediados de marzo de 2022, conocido como la Megacausa porque tuvo como eje cinco investigaciones por el supuesto desvío de fondos públicos para fines particulares.

La Fiscalía entendió que la realización de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015, la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur (Paraná, diciembre de 2014) y la publicación de una solicitada contra los “fondos buitres” eran montajes para derivar recursos del Estado a la campaña con la cual Urribarri buscaba posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación. Otro señalamiento fue el de haber montado un esquema de supuesta cartelización de publicidad en vía pública en favor de empresas que la Justicia entendió eran operadas por testaferros de un cuñado del entonces gobernador. Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.

Esta condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fue confirmada en mayo de 2023, por la Cámara de Casación de Entre Ríos.

Consultado acerca de sus razones para afirmar que este es un caso de persecución política, Burlando sostiene: “Podría enumerar una infinidad de vicios que existen en las investigaciones y que son cuestiones técnicas que me llevaría todo un día desarrollar. Se cometieron actos que van en contra de fallos históricos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana como son el fallo Halabi y el caso Escher. Incluso llevaron a cabo un juicio con la ausencia de uno de los imputados que se encontraba en terapia intensiva”.

Pero el penalista denuncia también hechos que le llamaron mucho la atención y que van más allá del plano jurídico: “A Urribarri se lo investiga por enriquecimiento desde hace 9 años. ¡9 años! Si eso no es parrilla... Y como si eso fuera poco, habiéndose cerrado la investigación a fines del año pasado, se hicieron allanamientos, embargo de bienes y secuestros un 23 de diciembre a Urribarri, a otros imputados e incluso a personas que no se encuentran investigadas. Una aberración y un ensañamiento grosero e ilegal. Ilegal porque los abogados defensores todavía no han podido acceder a los fundamentos de los allanamientos resueltos por el juez de garantías Elvio Garzón”.

Y agrega: “Es el mismo juez que integró el tribunal que condenó a Urribarri en una de las causas y que en otra revocó un sobreseimiento resuelto en su favor”.

En cuanto a la condena contra el ex mandatario entrerriano, Burlando sostiene que “fue dispuesta por un tribunal formado por tres jueces que previamente fueron fiscales” y que “el tribunal de Casación que confirmó la condena había mostrado previa y públicamente su parcialidad cuando los jueces Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite firmaron una nota emitiendo opinión y vinculando el jury a una funcionaria judicial con las causas de Urribarri”.

También cuestionó el nombramiento de la jueza Bruzzo en reemplazo de Perotti, que se jubiló. “Bruzzo es esposa de un conocido dirigente de Juntos por el Cambio, Juan Ruiz Orrico [ex candidato a intendente de Concepción del Uruguay), quien se ha manifestado expresamente en diversas oportunidades en contra de Sergio Urribarri tratándolo de corrupto. Y la jueza Badano es la esposa del procurador Jorge García”, denunció Burlando.

Por último, señaló otras cosas que considera irregulares: “El juez Ricardo Bonazzola que intervino como juez de garantías en uno de los procesos, no cumplió con su función de garantizar la limpieza del proceso y descartar toda prueba considerada ilegal, y una vez finalizada su intervención, se jubiló. Lo mismo sucedió con el juez José María Chemes, presidente del tribunal de juicio que a las ocho semanas de condenar a Urribarri recibió su jugosa jubilación, no sin antes colocar en el Ministerio Público de la Defensa, a su hijo Nicolás, quien también disfruta de un jugoso sueldo, sin concurso ni mérito alguno”.

Para Burlando, todo esto configura un accionar de “casta”. Lo califica de “aberración” y lo describe como “una secuencia de pelotón de fusilamiento” y “un verdadero linchamiento judicial y mediático”.

El penalista está ahora abocado a estudiar todas las conductas que considera deberían ser revisadas y a analizar en profundidad las causas del ex gobernador, antes de hacer efectiva su intervención en los tribunales provinciales en defensa de Sergio Urribarri.

Cabe recordar que el ex mandatario está además procesado por supuesto pago de coimas (negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública), causa por la cual el Ministerio Público Fiscal pidió una condena de 10 años de cárcel. El pasado 13 de marzo comenzaron las audiencias para la remisión a juicio de esta causa, que tiene también como imputado al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros.

Finalmente, Sergio Urribarri está también procesado por enriquecimiento ilícito pero la causa se encuentra aún en etapa de investigación.

Fuente: Infobae

Barby Franco y Fernando Burlando quedaron en medio de una disputa mediática sin precedentes. Y es que luego de Susana Giménez rechazara el regalo de cumpleaños de Cristian Castro, el cantante terminó pidiéndoselo de regreso para llevárselo a su mamá que vive en México.

Se trata de un cachorro de la raza Pomerania que Cristian Castro le había regalado a la diva por su cumpleaños. Si bien se lo llevó al festejo que se llevó a cabo en Punta del Este, la conductora se lo terminó regalando a Sarah Burlando, la hija del famoso abogado.

Susana Giménez le explicó al cantante que no iba a poder quedarse con el perro ya que tenía otros perros más grandes viviendo con ella en la chacra de Uruguay. Sin embargo, nunca le avisó que había decidido regalárselo a Barby Franco y Fernando Burlando.

"Mi mamá se enteró de todo, y ella lo quería sí o sí. Entonces hablé con Burlando, que se portó como un caballero...", contó el mexicano en A la Tarde dando a entender que la familia tuvo que desprenderse del animal para que se lo llevaran a Verónica Castro.

Barby Franco, por su parte, no había hablado sobre el tema hasta ahora. Luego de dejar disponible la caja de preguntas en sus historias de Instagram, la pareja de Fernando Burlando le contestó a una de sus seguidoras que le preguntó por el perro en cuestión.

Cuando le preguntaron qué había pasado con el animal, la modelo compartió una foto de Sarah con el cachorro y escribió: "Ni me digan". En la imagen además agregó el emoji de un corazón roto, dando a entender que estaba triste por lo ocurrido en estos días.

Siempre muy cercana a sus fieles seguidores de Instagram, Barby Franco les dio la posibilidad de que le preguntaran lo que quisieran y no le dio la espalda a quien quiso saber a qué se dedica su mamá.

“¿Tu mamá sigue trabajando o vive con ustedes?”, le preguntaron a la pareja de Fernando Burlando. Entonces, la modelo compartió una foto de su madre junto a su nieta, la pequeña Sarah Burlando, y reveló que aún sigue activa en su trabajo.

“Mi mamá hace 32 años trabaja en el mismo trabajo y aún no se quiere jubilar”.

“Mi mamá hace 32 años trabaja en el mismo trabajo y aún no se quiere jubilar”, reveló Franco, junto a cariñosos emojis, al pie de la postal que muestra a la señora, muy sonriente, sosteniendo “a upa” a Sarah. ¡Abuela feliz!

Barby Franco volvió a abrir la “cajita de preguntas” en Instagram con la intención de que sus fieles seguidores le preguntaran todo lo que quisieran.

Entonces, uno de ellos le contó que extrañan mucho a su hija, Sarah Burlando. ¿El motivo? La modelo bajó la intensidad con la que compartía, especialmente a través de sus stories, fotos y videos con la niña.

“Extrañamos a la pequeña”, le dijeron. Puntapié para que Barby revelara su drástica decisión con respecto a la crianza de su hija. “Ella también, pero voy a empezar a subir menos cosas de ella, para cuidarla”, sentenció la pareja de Fernando Burlando, segura.

El cerco que Fernando Burlando tiende alrededor de Aníbal Lotocki acorrala cada vez más al médico, ya que el jueves presentó un pedido de detención Y prisión preventiva contra él ante el temor de que se fugue.

“Tiene que ver con un gran cambio en la situación procesal de Lotocki”, afirmó el abogado de Silvina Luna, y ahora de su hermano, Ezequiel Luna.

El planteo se realizó “en el Tribunal Oral 28″ que fue “donde se dictó la sentencia condenatoria a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la profesión”.

El abogado analizó en Intrusos que, si bien el veredicto “no está firme”, la cantidad de procesos que afronta el exnovio de Pamela Sosa puede ocasionar “riesgos procesales”, que impidan “la presencia de Lotocki en el juicio”.

Al final, Fernando Burlando aclaró que “define la Justicia” si da o no curso al “pedido de detención y prisión preventiva” contra Aníbal Lotocki.

La medida que tomó Fernando Burlando tras las muertes de Mariano Caprarola y Silvuna Luna fueron porque “la situación era preocupante”.

El letrado apuntó que sospechosamente Aníbal Lotocki se presenta como una persona “insolvente”.

“No descartamos la posibilidad de que ante tanto conflicto con la Justicia tome una medida que nos deje sin Justicia. Fugarse es una alternativa posible”, blanqueó sus miedos Fernando Burlando sobre Aníbal Lotocki.

Barby Franco habló a corazón abierto sobre lo mucho que le afectó la participación de su pareja, Fernando Burlando, en el caso de Fernando Báez Sosa.

Es importante destacar que el letrado defiende a los padres del joven, que fue asesinado en 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.

"Es un profesional, tiene mucho carácter, es durísimo, pero bueno, con la familia es lo más. Te vuelvo a repetir, es un profesional y hace su trabajo al 100%. Al juicio yo justo estuve con el tema de la maternidad y lo seguía por tele, redes o cuando se terminaba la jornada", reflexionó Barby en diálogo con LAM.

Y admitió que fue "durísimo" haber vivido tan de cerca el dolor de los padres de Fernando. "Mi mamá se hizo muy amiga de Graciela (madre de Fernando Báez Sosa) porque mi mamá es paraguaya, Graciela también y comparten un montón de cosas. Lo viví duro, esto de ser mamá te pone en otra situación. Cada vez que veía algo en tele me largaba a llorar o cuando hablaba con Graciela. Es durísimo", cerró, sincera.

BARBY FRANCO CONTÓ CÓMO SE PORTA SU BEBA, SARAH BURLANDO

En otra instancia de la entrevista, Barby habló de la crianza de su hija, su primogénita con Burlando.

"Es una santa. A mí la parte b no me explicaron nunca, siempre me dijeron que es lo mejor del mundo, que no sé qué, que vas a ser super feliz, pero la parte b nadie me la explicó. El tema cólicos yo no tenía ni idea, lo descubrí con ella", cerró, sincera.

El primero en tomar la palabra fue Lucas Pertossi. “Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado”, dijo. “Estoy muy arrepentido; nunca tuve intención de matar ni de participar de un asesinato”, agregó.

Uno por uno siguieron los imputados con el micrófono, todos con palabras de disculpas. “Quiero pedir disculpas a todas las personas; es algo que duelo muchísimo hasta el día de hoy”, dijo Blas Cinalli, y aseguró: “No hubo ningún plan”.

“Quiero pedir perdón a la familia de Fernando [Báez Sosa], nunca quise que esto pasara. Nunca quise matar a nadie”, dijo Matías Benicelli.

Ciro Pertossi siguió a su turno. “Quería decir que estoy muy arrepentido. Quiero pedir perdón a la familia por haber estado en un lugar, en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Se murió alguien de nuestra edad es muy feo”. Ayrton Viollaz dijo: “Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando [Báez Sosa], estoy muy arrepentido de todo”.

Máximo Thomsen -uno de los más complicados por la muerte de Báez Sosa- rompió en llanto. “Quería pedir disculpas, ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Vamos acatar lo que ustedes decidan”, sostuvo.

Enzo Comelli, por su parte, dijo: “Quiero pedir disculpas a la familia de Fernando [Báez Sosa] y a todas las personas afectados por este hecho aberrante”. “Mis sinceras disculpas a todos los involucrados”, enfatizó.

Por último, Luciano Pertossi dijo: “Quiero pedirle disculpas a la familia de Fernando Báez Sosa y a cualquier persona afectada. Nunca quise participar de una pelea donde falleció una persona; siento que lo que ustedes digan o decidan va a ser lo correcto”.

Este miércoles se desarrolla la tercera audiencia en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. En los Tribunales de Dolores se vivió una mañana de gran expectativa por la declaración de Pablo Ventura, el joven que fue acusado injustamente por los asesinos.

Pese a que no tenía nada que ver con el hecho, Ventura estuvo detenido durante unos días hasta que se comprobó su inocencia y fue liberado. Hace tres años, dijo que no había estado en Villa Gesell al momento del asesinato. Lo sobreseyeron en febrero de 2020 y quedó desvinculado de la causa.

El chico de 24 años fue contundente en su declaración. Antes de ingresar al juicio, aseguró que “con buena cara no voy a mirar” a los rugbiers acusados. Según indicaron medios que cubren el juicio, Ventura ni siquiera los miró, al tenerlos por primera vez cara a cara luego de casi tres años.

Periodistas que siguen desde adentro el juicio contaron que se escucharon murmullos y "hasta risas" de los rugbiers cuando estaba por declarar el  chico.

Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, insultó a los imputados cuando le preguntaron sobre este episodio. "Si se rieron, son unos reverendos hijos de puta". Y agregó: "Aunque lo hagan por una cuestión que no tenga que ver con el juicio, en esto que es un templo donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada".

Volviendo a la audiencia, Ventura sostuvo que nunca conoció a Fernando Báez Sosa y que al único de los imputados que conocía a es a Máximo Thomsen. "Con ellos no tenía ningún tipo de trato, solo sabía quiénes éran porque éramos de la misma ciudad”, fue una de sus frases.

Le consultaron si había tenido algún problema con alguno de ellos anteriormente, y él respondió: "Con Lucas Pertossi, porque una vez habló mal de mí. Dijo que yo le parecía un tonto. Nos miramos mal en un boliche”.

Después fue tajante con una de sus frases y apuntó: “Varias veces a la salida del boliche los había visto pelear en grupo allá en Zárate. En grupos de 3, 4, 5. Contra dos personas. Siempre eran mayoría ellos. En la joda siempre salían a pelear".

Por último, el joven zarateño lamentó las secuelas que le quedaron tras la falsa acusación y toda la repercusión mediática del momento en torno a su nombre. Hacia ese lado también declaró su papa, José María, quien se refirió al "daño familiar" que le causaron los rugbiers.

"La detención de Pablo nos cambió la vida y nunca supimos quién lo nombró. Con mi hijo hicieron un acto de cobardía total. Nombrar a un inocente, querer involucrarlo... Y no lo digo por los ocho que llegaron a juicio, lo digo por los diez (por Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes fueron sobreseídos). Son unos cobardes", sentenció el padre de Pablo Ventura.