La iniciativa busca que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas puedan ser penalmente responsables cuando realicen conductas activas destinadas a garantizar la impunidad del autor, como ocultar pruebas, alterar la escena del crimen, destruir rastros, o brindar información falsa a la justicia.

La propuesta surge a partir de una contradicción existente en la legislación actual. Si bien la Ley 26.971 incorporó la figura de femicidio y reconoció la extrema gravedad de la violencia de género, el Código Penal mantiene una exención de responsabilidad para determinadas personas cercanas al autor del delito, aún cuando participen activamente en maniobras destinadas a encubrirlo.

El proyecto procura adecuar la legislacion argentina a los compromisos asumidos en la Convencion de Belem do Para y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres, y en un contexto donde Argentina viene en un retroceso en políticas de género y prevención de violencia.

Para Michel, “la protección de los vínculos familiares no pueden llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar, y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”.

Finalmente, señaló que “el proyecto no penaliza la mera pasividad, el silencio ni la abstención de declarar. Penaliza el encubrimiento activo de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género”.

Referentes del movimiento feminista Ni Una Menos se pronunciaron tras el asesinato de la adolescente de Córdoba Agostina Vega (14). Al respecto, sostuvieron que "hay un montón de subregistro de femicidios" en el Gobierno de Javier Milei y vincularon este hecho con "la idea de que la violencia no tiene género" para la gestión libertaria.

"Dijeron que no eran femicidios sino 'homicidios de mujeres'. Eso implica una torsión cognitiva sobre el modo de leer esa violencia que desestructura un acumulado político de mucho tiempo", sostuvo en diálogo con Futurock la socióloga Lucía Cavallero.

A su vez, sostuvo que "hay una intencionalidad política que no puede hacernos descansar en la cuenta matemática de la cifra de los femicidios": "Hicieron una conferencia diciendo que bajaron los 'homicidios de mujeres' al mismo tiempo en que nosotras decíamos que Agostina había sido asesinada con un ensañamiento propio de los femicidios", reflexionó la mujer.

La socióloga aclaró que "el feminismo no habla solamente de las mujeres" sino de un "lazo social" y que las relaciones sociales en la Argentina "se están reorganizando a partir de la aplicación de este ajuste en todos los ámbitos".

A su vez, destacó que "la cifra de femicidios es una tendencia que tiene muy pocas variaciones y expresa fenómenos estructurales". En esa línea, aclaró que existe un subregistro de esta clase de crímenes sucedidos durante este Gobierno "porque está la idea de que la violencia no tiene género".

"Dijeron que bajaron los 'homicidios de mujeres' mientras decíamos que Agostina fue asesinada con un ensañamiento propio de los femicidios", reflexionó Cavallero.

La organización Ni Una Menos cuestionó este lunes el accionar del Poder Judicial en el caso de Agostina Vega, apuntó contra el fiscal Raúl Garzón y criticó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al denunciar una “desidia organizada desde el Estado” y advertir sobre un contexto de violencia de género desatendida.

Durante una conferencia de prensa, la referente Lucía Cavallero sostuvo que “este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado” y definió el femicidio como “una desidia organizada desde el Estado”, en referencia a la actuación judicial en la búsqueda de la adolescente.

La socióloga también remarcó que el caso evidenció fallas estructurales y apuntó a las condiciones sociales de la víctima: aseguró que “la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima” y cuestionó que se haya vuelto a poner el foco sobre ella.

Mas de una década ha pasado ya del primer Ni Una Menos, un grito colectivo que irrumpió en lo público para quedarse y caló profundamente en las relaciones interpersonales. El femicidio de Chiara Páez a manos de su pareja (ambos menores de edad) erosionó un acumulado de bronca y dolor ante la impunidad social de la naturalización de las violencias sostenida en el tiempo. Es que antes se hablaba poco de estos temas, o no se hablaba como se debía hablar, al punto de ver titulares como “la mató por amor” o “crimen pasional” haciendo referencia al asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que con el tiempo se tipificó como femicidio en el Código Penal.

Ni una Menos invadió calles y plazas colmándolas de miles y miles de mujeres de todas las edades. Se inauguró un nuevo paradigma social: ya no dejaríamos pasar en silencio las violencias y sentiríamos como propias cada una de ellas, es decir “si tocan a una, respondemos todas”.

La profundidad del cambio se dio justamente allí, en donde a las mujeres que hemos sido socializadas para competir, hoy nos abraza lo colectivo y nos atraviesa lo común. Aunque no conozca a esa joven que salió anoche de casa y no ha vuelto, siento propio el temor que no aparezca, siento propio el dolor de la pérdida y siento a la vez que somos muchas las que sentimos lo mismo. El lazo solidario que supimos construir tiene raíces en nuestra tierra, es suelo fértil la lucha por lo colectivo, la búsqueda incesante de los nietos y nietas de las abuelas, y no de uno/a, de todos y todas es un claro ejemplo de esto. Pero, las intenciones de romper con lo colectivo tampoco son cosa sólo de esta época. La última dictadura cívico-militar trajo consigo también esta misión: destrozar la idea de luchar por alguien más, esa idea de buscar el bien común más allá del propio. A veces parece que lo han logrado. Instauraron el terror como mecanismo de control buscando borrar toda huella que enseñe que luchar por los demás por encima de lo propio es, sin dudas, el acto más trascendente que puede dejar el ser humano.

Nosotras lo tenemos claro: empezamos a amasar de nuevo la idea de lo plural, donde el nombre de una no nos suena desconocido. Empezamos a nombrarlas, las hicimos canciones, las pintamos en murales, las llevamos en alto con carteles en cada marcha. También las contamos porque sabemos que sin las estadísticas cualquier desquiciado con aires de león nos niega en la cara que nos están matando. Entonces tenemos que contarnos, a ver cuántas nos faltan entre nosotras cada año para salir a gritar y marchar. Y estamos hartas y cansadas, porque trabajamos, estudiamos, limpiamos y cuidamos, amamantamos y parimos y manejamos y pintamos y actuamos y bailamos y escribimos y hacemos y hacemos, pero igual: Nos siguen matando.

Un femicidio cada 36 horas arroja las estadísticas mientras escribo. Mientras desarman el Estado que parecía había empezado a dar alguna respuesta al padecimiento de las violencias. Volvieron los mismos de siempre a intentar desarmar eso de lo solidario, esa cosa rara que si toma forma les resulta peligroso. No vaya a ser cosa que de repente luchen para que de una vez se distribuyan las riquezas y se aminore la desigualdad social de género, o lleguen a gobernar con estas ideas y pretendan reformas estructurales. Mas vale desarmar, negar que las matan por ser mujeres, desfinanciar todo aquello que dé respuesta, fomentar la violencia desde lo discursivo, volver a enfrentarlas utilizando otras mujeres que quieran mantener sus privilegios por encima incluso, de sus propios derechos.

Por eso el Ni Una Menos hoy resiste la embestida más grande desde su aparición: el desarme y el ajuste feroz precarizando nuestras vidas. La deuda como signo de época para cargarla en nuestras espaldas y que pese durante el día y nos quite el sueño de noche. Las violencias reproducidas en todos los ámbitos buscando complicidad en quiénes nunca aceptaron que se les acabó la comodidad del silencio. Resiste al grito del león enfurecido y la mano astuta de su domador. Resiste la heladera vacía y raspa la olla con fuerza, con la misma fuerza que se pega la costra con la leña ardiendo. Resiste el frio helado de la pobreza, ese que sólo algunos llegan a conocer de verdad. El Ni Una Menos resiste en el tiempo, aunque lo quieran borrar.

Seguimos floreciendo en la tierra fértil, en las miradas cómplices que se cruzan alguna noche que encuentra a dos mujeres solas caminando y necesitan mirarse y saberse cerca. Florece en nuestros hijos varones educados por nosotras, esos que desde niños practican la ternura y van teniendo conciencia de sus privilegios. Florece en la mochila que tiene un pin que dice “No es no”. En la niña que puede elegir qué ropa vestir o como sentarse. Florece en el sueño tranquilo de la que pudo salir de la violencia denunciando. Florece en las carteleras que ya no nombran solo varones para recordar una fecha patria. Florece en el silencio incómodo ante el chiste machista. En la foto de la abuela colgada en el living viendo la mujer en la que te convertiste, cortando los lazos violentos que marcaron su historia familiar. En la ronda que organiza la marcha, en la madre que decidió serlo. En la mujer que decidió no ser madre. En el tambor que suena y denuncia, en la canción que cantamos, en la foto que compartimos, en el pañuelo que atesoramos. Florece en la mirada de mi estudiante temeroso que, en voz baja, me cuenta que espera ansioso rectificar su DNI. Ni Una Menos florece en la historia que hoy contamos nosotras por las que no pudieron contar la suya.

El registro incluye 200 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, 4 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 17 casos relacionados con contextos de narcotráfico y crimen organizado. Si bien las cifras correspondientes a 2024 y 2025 indican una reducción respecto al pico registrado en 2023, la problemática se mantiene constante a lo largo de todo el año, sin que ningún mes registre menos de 15 casos.

Del análisis de los datos se desprende una estadística alarmante sobre la frecuencia de estos crímenes en el país: durante 2025, se cometió un femicidio cada 35 horas. Esto representa un promedio semanal de casi 5 víctimas (4,7) de violencia de género extrema.

El informe detalla que el lugar físico más inseguro para las mujeres continúa siendo su propio entorno: el 60% de los asesinatos ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. En cuanto al vínculo, se determinó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario en el 84% de los casos, siendo mayoritariamente parejas o exparejas. Solo el 5,5% de los hechos fueron cometidos por desconocidos.

Se confirmó que el 17% de las víctimas realizó al menos una denuncia por violencia de género previamente al femicidio, no obstante, en el 32% de los casos no se pudo obtener información sobre las denuncias.

Con respecto a las víctimas colaterales, se contabilizaron 133 niñas y niños quedaron sin madre a causa de estos crímenes.

En términos absolutos, Buenos Aires encabezó el registro con 95 casos, seguida por Santa Fe con 30. No obstante, al analizar la tasa de femicidios en proporción a la población femenina de cada jurisdicción, las provincias con los índices más elevados fueron Santa Cruz, Misiones y Neuquén.

Por otro lado, se registraron 32 femicidas que se suicidaron y 13 intentos de suicidio sin consumar. A nivel porcentual, la cantidad de femicidas que se suicidan se sostuvo en relación a 2024.

El Observatorio de Femicidios, creado en 2016, continúa su labor de monitoreo y registro con el objetivo de generar estadísticas que permitan el diseño de políticas públicas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, en cumplimiento con la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por la Institución.

La propiedad de barrio Villa Serrana en Córdoba, donde ocurrió el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, perpetrados por Pablo Laurta, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras ser blanco de una serie de robos. Además, la familia de las víctimas denunció la imposibilidad de recuperar objetos personales, debido a que el femicidio habría obligado a las víctimas a transferir el título de propiedad de la vivienda a su nombre.

Según relató la hermana e hija de las mujeres asesinadas, Laura Giardina, la casa no solo se encuentra cerrada, sino que tampoco pueden ingresar ni retirar las pertenencias que quedaron en el interior de ella. “No podemos, no tenemos acceso como familiares y es preocupante”, apuntó.

En diálogo con el noticiero Arriba Córdoba, la mujer añadió que, en medio de la restricción que pesa sobre el domicilio, se registraron hasta tres asaltos. Por este motivo, aseguró que la sensación de toda la familia era de desprotección ante los hechos denunciados.

“O no se está cumpliendo la consigna, o da a dudar de que la consigna se da vuelta y entran por atrás”, recriminó Laura. Asimismo, explicó que la ausencia de custodia policial se habría acentuado durante las festividades de Fin de Año. “Aparentemente, la custodia no estaba o estaba en ciertos momentos y en otros no”, criticó en su testimonio.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el problema de fondo radicaría en que la titularidad de la vivienda se transformó en un obstáculo legal para la familia. En este sentido, denunció que Laurta habría conseguido inscribir la propiedad a su nombre mediante actos de violencia.

“El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él”, explicó Laura al advertir que, ante la imposibilidad de ingresar legalmente, la familia se ve impedida de rescatar los bienes que pertenecían a Luna, Mariel y al niño involucrado en el caso. Asimismo, aclararon que si lo hicieran de todas formas, esto implicaría incurrir en una ilegalidad.

Ante este panorama, la abogada Marina Romano reclamó la intervención de las autoridades provinciales. Por este motivo, solicitó al Ministerio de Justicia de Córdoba que disponga medidas para restituir la vivienda a los familiares de las víctimas. En este sentido, la letrada subrayó que “desde la perspectiva legal él sigue siendo el titular registral”, lo que limitaría cualquier acción directa de la familia.

Mientras tanto, el acusado permanece recluido en la cárcel de Cruz del Eje, a la espera del juicio en su contra. La acusación comprende homicidio calificado por vínculo y alevosía, así como violencia de género. Los hechos investigados incluyen el homicidio del taxista Martín Palacio, quien lo trasladó a Córdoba antes del doble femicidio, y el secuestro del hijo menor de Luna Giardina, de cinco años. No obstante, el crimen del conductor sería juzgado en una instancia diferente.

El caso

La detención de Laurta en el hotel Berlín de Gualeguaychú el 12 de octubre puso fin a una extensa persecución policial, luego de que el sujeto escapara con su hijo de cinco años tras asesinar a su ex pareja y a la madre de ella. Este caso no solo conmocionó por la brutalidad del doble femicidio, sino que sacó a la luz un minucioso plan criminal que incluyó el homicidio y posterior desmembramiento de Palacio, el conductor con quien había mantenido contacto unos días antes.

A partir de su captura, los peritos pudieron determinar que el crimen del chofer ocurrió cinco días antes de los femicidios, durante un extenso trayecto por la provincia de Entre Ríos. La pesquisa reveló también el hallazgo de restos del remisero en dos puntos diferentes.

El primero de ellos fue la de Estación Yeruá, a 11 kilómetros del último registro del teléfono móvil de la víctima, mientras que el segundo se trataba de un sector de la ruta hacia Sauce Sur, cerca del camino a Gobernador Echague. Un llamado anónimo orientó a los investigadores sobre la ubicación de este último, donde, tras semanas de análisis, lograron confirmar que los restos pertenecían a Palacio.

Los registros de la noche del 7 de octubre muestran que Laurta y Palacio se encontraron en la terminal de Concordia. Previo a esto, había solicitado un viaje hacia la provincia de Santa Fe, por el que ofreció 1,5 millones de pesos a cambio del traslado. El conductor le había comunicado ese dato a su hermana antes de iniciar el trayecto.

De esta manera, las cámaras de un maxikiosco captaron el momento en que ambos subieron al Toyota Corolla. Las imágenes permitieron trazar con detalle el itinerario: el vehículo se dirigió al sur de Entre Ríos por la ruta 22 hacia Federal, pero luego tomó la autovía ruta 14 en sentido contrario.

En la zona de Estancia Grande, salieron de la vía principal, internándose por caminos de ripio y secundarios hasta llegar a General Campos. Después, se incorporaron a la ruta 18, desplazándose hacia Córdoba, donde se perdió el rastro del automóvil.

Posteriormente, Laurta accedió armado al domicilio de su ex pareja y madre de su hijo. En el interior de la vivienda, disparó contra Luna y su suegra Mariel, provocando la muerte de ambas. Luego huyó con el menor en un taxi y se hospedó en Gualeguaychú, donde fue finalmente ubicado y arrestado.

La figura del acusado, conocido como uno de los fundadores de una comunidad digital orientada a defender los derechos de los hombres y cuestionar las políticas de género, amplificó el impacto público del caso cuando los hechos criminales quedaron expuestos, mostrando la compleja trama detrás de los asesinatos y su intento de fuga con el niño.

Fuente: Ahora

La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta en perjuicio de su ex mujer Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio a principios de octubre.

Conforme a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, estableció que la investigación vaya a debate oral y público.

Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su ex pareja y su ex suegra.

Laurta fue atrapado el pasado 12 de octubre en el hotel Berlín de Gualeguaychú. El chico de 5 años estaba junto a su padre y los investigadores están convencidos de que lo iba a cruzar a Uruguay de manera ilegal.

Pablo Laurta, preso por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Concordia, estuvo casi una hora y media ante el fiscal de Violencia de Género y Familiar de segundo turno Gerardo Reyes en el edificio de Tribunales 2 de esta ciudad a finales de octubre.

La Fiscalía precisó en ese momento que el acusado “no contestó preguntas en relación con la causa”. Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en la Fiscalía de Integridad Sexual de 1 turno y al pedido de restitución internacional de su hijo.

La indagatoria se concretó tras un operativo especial para el traslado de Laurta desde la cárcel de Cruz del Eje, a 140 kilómetros, adonde está detenido en un pabellón de máxima seguridad. Terminado el trámite, es llevado nuevamente a esa prisión.

Asistido por la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, fue ella quien había pedido a la fiscalía que la indagatoria fuera presencial y no a través de una videoconferencia, como era la intención original de la Justicia para evitar los riesgos del traslado.

Fuente: Ahora

Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina (26), su expareja, y de Mariel Zamudio (54), su ex suegra, declaró este jueves en Córdoba y se negó a responder preguntar sobre los crímenes que se le imputan, según indicaron fuentes judiciales.

El uruguayo fue citado a las 11 de la mañana en la sede de la Fiscalía de instrucción de Género y Violencia Familiar N°2 y fue indagado de manera presencial, tal como había solicitado su abogada.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Gerardo Reyes, quien, al finalizar la declaración, dijo que el acusado no contestó sus consultas en relación a la causa que instruye esa fiscalía.

“Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo”, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Tras la indagatoria, el imputado fue trasladado nuevamente a la Cárcel de Cruz del Eje, donde quedará alojado.

El uruguayo había llegado a Córdoba este lunes luego de haber permanecido detenido varios días en Gualeguaychú, Entre Ríos. Allí lo indagaron por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, el chofer de aplicación al que contrató para que lo llevara, engañado, desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe, en el marco de su plan criminal.

Ahora, ante la Justicia de Córdoba, debía responder por los crímenes de la mamá y la abuela de su hijo, cometidos el pasado sábado 11 de octubre, aunque, de acuerdo a las primeras informaciones, no dio demasiados detalles.

Laurta fue trasladado este lunes hasta la Unidad Judicial de Homicidios (en el mismo edificio de la Jefatura de Policía) de Córdoba, donde esperaban el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

Al descender de la camioneta policial donde viajó, el imputado deslizó algunas palabras a la prensa y dijo: “Las dos fallecidas tenían ambas denuncias por explotación infantil y por secuestro. Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Ahora él ahora está seguro”, respondió, sin muestras de remordimiento ni arrepentimiento, a los cronistas que le preguntaron por qué había matado a tres personas. “Espero lo mejor para él”, cerró en relación a P., de 5 años.

La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa.

Laurta ya se había presentado el miércoles pasado en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Aunque aún no se logró identificar el cuerpo hallado en la zona de Puerto Yarué, los investigadores no dudan que se trata de Palacio. Mientras se esperan los resultados de un ADN realizado para confirmar su identidad, se realizan rastrillajes en busca de la cabeza, brazos y piernas de la víctima.

Aunque Laurta se negó a declarar, en cada uno de sus traslados vociferó indigentes frases a la prensa para justificar el doble femicidio y el homicidio. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, exclamó Laurta el jueves, cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia.

Laurta es trasladado a Córdoba en medio de un importante operativo de seguridad.

Un día antes, mientras era trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, aseguró: “Todo fue por justicia”. También lanzó “hay que venerarlo, es un mártir”, en otro de sus encuentros furtivos con los medios.

Al llegar a la ciudad cordobesa volvió a dirigir algunas palabras a los periodistas presentes en el mismo sentido.

Sigue la búsqueda de la cabeza y brazos de Martín Palacio, el chofer privado involucrado en el caso de los femicidios cometidos por Pablo Laurta. Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo un amplio operativo de rastrillaje, con la participación de diversas fuerzas y unidades especializadas.

El procedimiento contó con la colaboración de 50 aspirantes a Agentes de Policía, quienes trabajaron de forma coordinada con la División Canes de la Policía Concordia, personal de la Jefatura Departamental Concordia y la Departamental San Salvador y unidades caninas especializadas pertenecientes a cuerpos de bomberos voluntarios de Crespo y Personal de Bomberos Voluntarios de Concordia.

Participaron activamente el Bombero Maximiliano Farias con Can RH Zeuz. (Aldea Brasilera; el Bombero Matías Albornoz con Can RH Airon (Gral. Ramírez); y el Bombero Pablo Giménez con Can Roma. (Crespo).

Ayudantes de guía y navegantes: López Lautaro (Gral. Ramírez), Sabrina Huber (Gral. Ramírez); Maricel Reh (Gral. Ramírez) y Fernando Márquez (Crespo).

Los móviles involucrados fueron el N° 7 Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios y N° 13 General Ramírez.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes y con un alto grado de coordinación entre las distintas fuerzas intervinientes, en un esfuerzo conjunto por avanzar en la causa y contribuir al esclarecimiento del hecho investigado.

Pablo Daniel Rodríguez Laurta defendió su accionar criminal este jueves al salir de la audiencia con la jueza de Garantías en los Tribunales de Concordia. El uruguayo de 39 años está imputado por el homicidio en Entre Ríos del chofer Martín Palacio y por femicidio en Córdoba, por los asesinatos de su ex pareja y su ex suegra.

Al salir custodiado por la Policía para ser trasladado a la Jefatura Departamental, un cronista presente en Tribunales le preguntó si “le había pedido perdón a Dios porque lo que había hecho” y Laurta contestó: “Yo fui a rescatar a mi hijo”.

Según reconstruyó la investigación policial y judicial de su raid delictivo, Rodríguez Laurta mató a su ex pareja y su ex suegra en la casa de ambas en villa Serrana, Córdoba, el sábado por la mañana. Secuestró a su hijo P., de entonces cinco años (cumplió seis este martes) y se tomó un taxi hasta Gualeguaychú, donde llegó por la noche del sábado.

Se alojó en el hotel Berlín, donde fue capturado en la siesta del domingo por dos agentes de la Policía. Se supo luego que el hombre tenía previsto cruzar ilegalmente el río Uruguay hacia el país vecino e incluso que el plan incluía “festejar” el cumpleaños de su hijo allí.

El plan dejó un tendal de muerte: el chofer Palacio, su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio

La jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, resolvió este jueves dictar la prisión preventiva efectiva a Rodríguez Laurta por 120 días. Quedño detenido a disposición del Juzgado de Garantías, alojado por pedido de su defensor oficial en unidades penales cercanas a Concordia o costa del Uruguay

La jueza autorizó la extracción de muestras de sangre, pelo y uñas del imputado, lo que queda a cargo de la Dirección Criminalística de Concordia con la participación del médico forense de Tribunales para cotejar su ADN.

Ya que el juez de Garantías de Gualeguaychú (donde fue detenido el domingo) autorizó que Laurta sea trasladado hacia la ciudad de Córdoba por pedido del Juzgado de Violencia de Género y Familiar de esa ciudad, la jueza de Concordia habilitó que -una vez que le extraigan las muestras- el doble femicida sea llevado nuevamente a Gualeguaychú. Desde allí seguiría hacia Córdoba.

Allí lo imputarán por homicidio calificado por el vinculo y por violencia de género y agravado por uso de armas, por los femicidios.

La magistrada también declaró la jurisdicción conjunta a los efectos de que la Fiscalía y la Defensa, en coordinación con los Juzgados de Garantías de Córdoba y el Juzgado de Garantías a su cargo, interesen los traslados del imputado, cada vez que sea requerido a los efectos de participar en los actos procesales necesarios en ambas investigaciones.

El espeluznante caso del doble femicidio de Córdoba, donde Pablo Rodríguez Laurta (39) está acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra, dejó abierta una pregunta crucial: qué pasará con su hijo de seis años, víctima directa del crimen.

El niño cumplió años este martes y actualmente se encuentra al cuidado de una familia de emergencia, designada por un programa del Gobierno provincial destinado a brindar contención inmediata en situaciones traumáticas.

A partir de ahora comenzará un proceso judicial y social para definir quién asumirá la tutela definitiva. Entre las personas que manifestaron su intención de hacerse cargo están una tía materna que viajó desde Chile y la abuela paterna, Estrella, quien expresó su disposición, aunque reconoció las dificultades legales derivadas del vínculo con el acusado.

La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, explicó que todas las alternativas serán evaluadas por la Justicia, con acompañamiento de los equipos técnicos del área. “Lo principal siempre es el interés superior del niño. Tanto los equipos como las familias y la escuela comprendieron que los procesos deben ser sin pausa pero sin prisa”, afirmó en diálogo con TN.

Montero indicó que lo primero fue garantizar una contención de urgencia, para ofrecerle al menor un entorno emocional estable. Por esa razón, se descartó su ingreso a una institución y se optó por una familia de resguardo cercana a su entorno de origen.

“El niño nunca estuvo ni va a estar en una institución, porque entendemos que no es lo adecuado. Está en una familia de resguardo, una modalidad específica de familias de emergencia. Privilegiamos aquellas familias de la comunidad donde él ha crecido. Es una familia que lo conoce”, remarcó la funcionaria.

El equipo interdisciplinario del ministerio decidió que el menor permanezca en el mismo entorno comunitario y escolar, evitando cualquier cambio que pueda agravar el trauma. “Vamos a mantener este entorno que alivia el dolor y el impacto emocional que este chico va a tener. No es necesario cambiarlo de escuela: este entorno lo abraza y lo contiene. Esto lo han entendido todos los que intentamos aliviar su dolor”, explicó Montero.

Mientras tanto, continúa el trabajo para definir la guardia legal definitiva. La funcionaria diferenció la etapa actual de la contención inmediata del proceso judicial posterior. “Una cosa es la emergencia y otra es el proceso para determinar el lugar donde el niño definitivamente se va a instalar. Ya se empezó a trabajar: se privilegian los lazos familiares y se evalúan muchas variables. Quiénes tenían vínculos previos, quiénes están dispuestos a asumir la responsabilidad”, detalló.

Montero advirtió que el niño tendrá “secuelas irreversibles” por el trauma sufrido y señaló que la decisión final quedará en manos del juez que evalúe las opciones familiares.

En su declaración, la ministra hizo también un llamado a la reflexión social frente al contexto del crimen: “No podemos, como sociedad, negarle a este niño ni a ningún otro la razón por la que su madre fue asesinada. Eso es un femicidio, y hay que decirlo con todas las letras. Si fuese hombre, estaría vivo”, expresó. (Con información de Clarín)

Daniel Merlo, dueño del Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde fue detenido este domingo Pablo Laurta, contó detalles de cómo se dio la operación secreta que concluyó con la detención del doble femicida y el hallazgo de su hijo, a quien se había llevado secuestrado desde Córdoba, lugar de los crímenes.

“Ingresó una reserva telefónica a las 18:20 y llegó a las 20:10 del sábado. Hizo el check in normal, con su DNI argentino, y presentó un papel que confirmaba que era el niño era su hijo. Hicieron el ingreso como cualquier turista, con una reserva por una sola noche”, indicó el hotelero en diálogo con Canal 9 Litoral.

La captura se produjo en horas de la siesta del domingo, en momentos en que Laurta bajaba la bandeja del desayuno a la recepción. “Cerca de las 11:30 o 12, bajó con normalidad y preguntó si les podían preparar algo para desayunar, porque se habían dormido. Las chicas de la cafetería accedieron y se lo llevaron”, comentó.

Por último, Merlo destacó la “valentía” y profesionalidad de los dos policías de civiles, que fueron los encargados de interceptar a Laurta y detenerlo.

El hotelero también se refirió al aviso que recibió por parte de una de sus empleadas, que había visto la publicación del Instagram de Canal 9 Litoral, en que se daba cuenta del Alerta Sofía y la búsqueda del sospechoso. Ella le envió un mensaje y dieron aviso a la Policía, que ya estaba al tanto de su ubicación y preparaba un operativo secreto.

El gobernador Axel Kicillof reclamó una respuesta nacional ante el avance del narcotráfico tras el triple femicidio de Florencio Varela, caso que conmocionó a la sociedad por su brutalidad y por la evidencia de una trama narco detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

“Le pido al presidente (Javier Milei) que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina”, exigió Kicillof en la conferencia de prensa que dio desde la casa de Gobierno bonaerense.

El mandatario provincial inició su intervención con un mensaje dirigido a los allegados de las víctimas: “Quiero expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame, nuestro abrazo a las familias, a los amigos, a los deudos de Lara, de Brenda, de Morena. La verdad que hemos sido testigos como sociedad, la sociedad entera, de un hecho estremecedor. Estamos todos conmocionados por esto y por supuesto que nada, pero absolutamente nada explica ni justifica el nivel de violencia, el nivel de sadismo”, afirmó el mandatario provincial.

En el mismo sentido, Kicillof insistió en la necesidad de implementar una estrategia federal: “Es absurdo, absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales. No me interesa que la ministra (Patricia Bullrich) sea candidata. Se necesita una estrategia seria nacional para el combate al narcotráfico. Seria y nacional, acompañada de inversión, como hace la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento”.

El pedido de justicia de los familiares de Lara, Brenda y Morena (RS Fotos)

En su mensaje, el líder opositor también advirtió sobre las consecuencias de la ausencia estatal: “Evidentemente cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Crece el narco. Por eso nosotros necesitamos un Estado presente, inversión pública, necesitamos inversión en educación, en salud pública, en seguridad pública. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que muestra la experiencia internacional”.

La investigación judicial, según detalló el gobernador, calificó el hecho como “homicidio calificado por el concurso de dos... o tres o más personas por la alevosía del ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. En ese sentido, Kicillof definió el caso como un “narcofemicidio por estos componentes”, y subrayó que “esto fue urdido, fue planificado para que los cuerpos de las víctimas desaparecieran, no se encontraran nunca y quedara en la impunidad quienes fueron los que atrozmente los perpetraron a estos hechos. Fue preparado, premeditado, planificado y con un intento de ocultamiento de los cuerpos”.

En el mismo sentido, Kicillof destacó la actuación de los equipos provinciales: “Desde el primer momento, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud, han acompañado con los diversos programas de asistencia a las víctimas, han acompañado a las familias”, y remarcó que “se actuó en el momento oportuno y hoy tenemos seis detenidos y ya seis más identificados a los que estamos buscando. Se ha podido encontrar los cuerpos. Por supuesto que esto se hizo en pocas horas, pero luego de eso, aún siendo un domingo, se avanzó rápidamente, se caratuló o se trató como correspondía, apareció como un tema de búsqueda de paradero y rápidamente se aplicó el protocolo de secuestro, que es un protocolo mucho más estricto y los equipos de la provincia se desplegaron”.

En relación al funcionamiento del grupo criminal, el gobernador puntualizó: “La banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal y las chicas frecuentaban Bajo Flores y la Capital Federal, aunque sus casas, sus familias se encontraban en el conurbano bonaerense. Esto qué nos enseña, ¿no? Que es culpa de uno o de otro, sino que el narcotráfico es un hecho internacional. Esto también se ha demostrado por el accionar de la banda, por cómo ahora también se los ha encontrado en países vecinos. Es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre el país y los países vecinos, pero además, luego, en el territorio, porque la droga que llega al conurbano, la droga que llega a la capital, reentra por una frontera internacional y recorre dos mil kilómetros, no se produce en la Argentina”.

Finalmente, Kicillof reiteró su compromiso con las familias de las víctimas: “Nuestro abrazo, nuestro acompañamiento, nuestro pésame a las familias y nuestra plena disposición para seguir trabajando para que esto no quede impune. Para quienes son responsables paguen sus condenas”.

A cinco días del macabro hallazgo de los cuerpos mutilados de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) la causa, ahora en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, avanza con una serie de procedimientos en busca de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J” y su ladero, Matías Agustín Ozorio. Ambos compartirían la figura de coautoría del crimen.

En tanto, se avanzó con pericias. Por ejemplo, en la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que fueron trasladadas las víctimas. Ese vehículo fue quemado -con la finalidad de borrar huellas- en las inmediaciones de la casa donde de Florencio Varela, donde las víctimas fueron sometidas a un “sufrimiento inhumano”, tal como lo definió el primer fiscal del caso, Gastón Duplaá.

Se trataría del presunto líder narco que habría ordenado asesinar a las tres jóvenes de La Matanza

Fuentes del caso indicaron que ese vehículo fue levantado por una grúa y trasladada a un predio municipal donde la DDI de La Matanza la encontró. En cuanto al VW Fox, ligado a Víctor Lázaro Sotacura, fue tomado por cámaras de seguridad y creen que él podría haber viajado el jefe de la organización y/o su ladero. El objetivo, creen, era asegurarse que el plan se cumpla.

¿Cómo llegan los investigadores a “Pequeño J” y Ozorio? Ese detalle “está plasmado en los dichos espontáneos a personal policial” cuando llegan a la casa donde se cometió la ejecución de las tres víctimas. Además, los detectives lograron comprobar por medio de su teléfono que el ladero estuvo en el lugar. Se trabaja en determinar si también estuvo en el lugar en el supuesto jefe.

Al mismo tiempo, las pericias establecieron que la casa de Florencio Varela fue el lugar del hallazgo y la escena del crimen. Vinculados a esa propiedad, fueron detenidos, Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.

Arribas espera la resolución de análisis de celulares secuestrados y otras pruebas en reserva. Arribas, indicaron fuentes allegadas a la fiscalía, no tiene acreditado que “Pequeño J” sea el líder. Tampoco la supuesta transmisión en vivo de las mutilaciones. “Son dichos, no está probado por el momento. El video no está”, detallaron.

Este lunes debe declarar Ariel Giménez, de 29 años, quien fue contratado para cavar el pozo y sepultar a las tres jóvenes. Fue capturado cuando regresaba a su casa en Florencio Varela. Le secuestraron una pala y un parlante.

También se espera la indagatoria de Víctor Lázaro Sotacura, quien habría actuado como chofer y capturado por en Villazón (Bolivia), a pocos metros de la frontera con La Quiaca (Jujuy).

En el caso de Sotacura, se espera el resultado de un hisopado subungeal, solicitado por el fiscal Alberto Mendevil de La Quiaca, a cargo de su detención. El informe será remitido a su par de La Matanza. El hombre, de doble nacionalidad peruana y argentina, tenía las manos lastimadas.

Los seis detenidos, por el momento, comparten el delito de “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. En el caso de Ozorio y Pequeño J, en el grado de autoría.

Ambos están siendo buscados por Interpol. En las últimas horas se confirmó que el supuesto jefe narco no tiene antecedentes en Argentina ni en Perú.

En tanto, el ministro Javier Alonso informó que hay otros cuatro prófugos.

Sabrina, madre de Morena, una de las víctimas del atroz triple crimen de Florencio Varela que conmocionó al país, denunció haber sido agredida al finalizar la reciente marcha de protesta y expresó su profunda frustración con la Justicia y las fuerzas de seguridad, a las que acusó de negligencia y de intentar desviar la investigación.

En diálogo con Radio Rivadavia, reflejó la angustia y el agotamiento de la familia, Sabrina manifestó que, a pesar del amplio apoyo social, "a mí todavía nadie me llamó" desde la Justicia para informarles sobre el avance del caso.

La madre de Morena relató un incidente ocurrido tras la manifestación, donde fue agredida físicamente, sufriendo golpes que la obligaron a realizarse estudios médicos. La reacción de la Policía Federal ante el suceso generó su indignación: "Qué casualidad que a nosotros nos agredan. Y yo ya me cansé de estas cosas, ¿no?... La policía no me toca más nadie, ¿me entendés? Porque en vez de protegernos nosotros, [dejaron] pasar a los atacar cuando ellos lo están [acompañando], flaco, es tu deber, ¿entendés? No permitir, no, pero siempre hacen eso la policía. Acá en la rotonda nos dejan pasar cualquier... persona del pueblo, para que para que nosotros vayamos a choque con el pueblo. O sea, las fuerzas son un asco."

El detonante de la agresión, según su relato, fue el comentario despectivo de un individuo sobre una de las jóvenes. "Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p*"**, aseveró, repudiando la falta de respeto hacia las víctimas.

Un punto central de la denuncia de Sabrina fue el rechazo categórico a la hipótesis de que las víctimas o sus familias estuvieran vinculadas a actividades ilícitas. La mujer exigió que las autoridades dejen de "suponer" y se concentren en los verdaderos focos delictivos: "Yo no tengo problema en investigarme. Pero me parece que se están llenando de temas, ¿no?... Quieren noticias, investiguen, pero no supongas, o sea, agarrate pruebas concretas... Quieren investigar la familia, investiguen, pero las tres familias, por favor."

En un dramático llamado, la madre señaló directamente a las autoridades por la falta de acción en áreas sensibles: "¿Por qué no van a investigar a esto? ¿Por qué no matan narcos? ¿Ay, por qué hay narco peruano acá? ¡Ay, qué está todo tapado! ¿Por qué no me dan esas [explicaciones]? Me están no siguen tapando... Vayan a ese foco".

Además, la familia planeó realizar una "sentada familiar" en la rotonda de La Tablada en la tarde de este domingo para demostrar públicamente la honorabilidad de las víctimas y su entorno.

En el marco del avance judicial, se conoció la detención de una sexta persona, Ariel Jiménez, de 29 años, señalado como el hombre que la banda contrató para cavar el pozo. No obstante, la madre de Morena se mostró escéptica sobre la figura del presunto autor intelectual del hecho, conocido como "Pequeño J". "No creo [que sea el autor intelectual]. Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada, a Damián... En serio, gente, le ven la cara a este muchacho, no es capaz ni de negociarme un cajón de naranja," ironizó Sabrina, expresando que le parecía una farsa.

El crimen, marcado por la tortura y el corte de dedos a las jóvenes, sigue siendo interpretado por la investigación como un "mensaje" del narcotráfico hacia otros vendedores en la Provincia de Buenos Aires. Sabrina concluyó su testimonio afirmando que, a pesar de las amenazas, no piensa callar: "Todo el mundo me dice, 'No tenes miedo.' ¿Qué miedo voy a tener?"

Finalmente, reveló que las tres familias cuentan con el apoyo legal de los letrados Fernando Burlando y su socio, quienes asumieron la defensa de las familias de manera gratuita.

Fuente: Noticias Argentinas

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, ocurrido este miércoles a la madrugada en una vivienda de Florencio Varela, conmovió a miles de personas a lo largo de todo el país.

Es por ello que organizaciones feministas deciden salir a la calle a reclamar justicia por las tres chicas, dos de las cuales tenían 20 años y la otra 15: el sábado 27 de septiembre a las 16 horas, se hará una concentración en el Mirador del Puente (Costanera).

Tras diversos allanamientos en Florencio Varela, encontraron e identificaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes desaparecidas el pasado viernes en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza. El Destape pudo confirmar que la familia realizó el reconocimiento en la morgue de Florencio Varela e identificó los cuerpos de Brenda, Morena y Lara.

Tras la confirmación de la identidad de los cuerpos de las víctimas, Antonio, abuelo de Morena y Brenda, habló con los medios y admitió que "pasó el desenlace que no queriamos pero también iba a ser terrible si no las veiamos más".

"No voy a agradecerle a nadie más que a los medios que se movieron y nos ayudaron a nosotros", expresó quién apunto contra la Justicia: "No podes pedir el día de ayer el barrido de celulares, ¿por qué no lo hicieron antes?" y sostuvo: "Nos reuniremos después, en familia, veremos qué hacemos y cómo lo hacemos". "Como familia lo vamos a averiguar nosotros", agregó un familiar de ella.

La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de la UFI Descentralizada N° 2 del Departamento Judicial La Matanza, quien sigue una pista narco de una banda de la 1-11-14.  Las cámaras de seguridad municipales y el rastreo de los teléfonos celulares de las víctimas fueron claves para el macabro hallazgo, según confirmó este medio. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas: la pareja que limpiaba el lugar al momento de los allanamientos y una segunda pareja, conformada por la dueña del lugar y un hombre de nacionalidad peruana.

Según indica el informe policial, a través de testimonios de las madres, las tres jóvenes ejercían habitualmente la prostitución en la zona de Flores y en esta ocasión, "habían sido contactadas a través de Lara Gutiérrez para realizar un trabajo por el que recibirían 300 dólares cada una".

"¿Saben lo que deben haber sufrido las chiquitas en sus cuerpos? Nosotros queremos justicia, ¿pero qué justicia vamos a encontrar? Van a agarrar al que vende 100 gramos de droga, no al líder de esto"", agregó el familiar que afirmó que "las únicas que saben lo que pasó y lo que hicieron, fueron ellas tres. Yo no las voy a culpar, no sé qué pasó". "Vamos a luchar para saber quienes fueron, vamos a averiguar qué pasó", cerró.

La última imagen de las chicas desparecidas fue capturada por una cámara de seguridad que registró el momento en que Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) se subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza, el viernes 19 de septiembre por la noche. Las imágenes, difundidas por los medios, muestran a las jóvenes abordando una Chevrolet Tracker blanca, que luego habría sido hallada incendiada.

El video fue clave para reconstruir el recorrido del vehículo, que cruzó la avenida General Paz en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el video como el impacto de los celulares de las chicas en antenas cercanas, la Policía Bonaerense llegó a una vivienda en Florencio Varela, donde se encontraron los tres cuerpos enterrados en el patio. En el caso ya hay cuatro personas detenidas, entre ellas el presunto conductor de la camioneta y una pareja que fue encontrada limpiando rastros de sangre en la casa allanada. 

Nestor García, el papá de Micaela (la joven militante feminista que fue asesinada y que dio origen a la Ley Micaela en Entre Ríos), habló en Ahora Cero Radio y se manifestó en contra de la intención del gobierno nacional de eliminar la figura del femicidio del código penal, lo que beneficiaría a los hombres que asesinen a mujeres, ya que su pena sería menor.

“No sorprende la intención del gobierno actual, porque manifiestan públicamente que no creen en todo lo que tiene que ver con la perspectiva y la violencia de género”, aseveró García.

“La preocupación está porque desde hace un año a esta fecha hay cosas que los legisladores no pueden explicar, como lo que pasó con Kueider”, planteó acerca de si el congreso puede acompañar la iniciativa del gobierno.

Tras el anuncio del Gobierno nacional de que trabaja en un proyecto al que denominó “igualdad ante la ley” y que intentará impulsar en el Congreso a partir del 1° de marzo próximo, con el que buscará derogar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”. Entre ellos, los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante penal, la oposición ya planteó su rechazo.

Según informó el portal parlamentario.com, el senador radical Martín Lousteau, planteó "¿cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura del femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género".

Así, informó: "En 2024, hubo 267 femicidios, uno cada 30 horas, y al menos 267 niños quedaron huérfanos. Más de la mitad ocurrieron en contextos de violencia doméstica. Tipificarlo como un delito específico no es un privilegio, es reconocer que esta violencia existe, visibilizarla y abordarla con medidas concretas para prevenir y sancionar. Vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país".

“¡La respuesta es NO! Digamos no a la agenda anti derechos del gobierno”, expresó de forma contundente el radical Fernando Carbajal. “No estoy de acuerdo con eliminar el femicidio, los DNI no binarios y los cupos trans. Esperemos que el proyecto que impulsa el Gobierno sobre “la igualdad ante la ley” pase por el Congreso para que podamos debatirlo”, se sumó el senador Pablo Blanco.

El radical agregó: “Esperemos que vaya al Congreso porque este Gobierno nos tiene acostumbrado a una serie de anuncios que después no llegan. Analizaremos lo que se plantea, pero en principio no estoy de acuerdo".

La diputada de la CC Mónica Frade lanzó: “‘Batalla cultura’" le dicen...los ‘zurdos’ no votaremos volver atrás con legítimas conquistas… y que vengan a buscarnos. Estamos en el Congreso”.

“No se pueden tolerar este tipo de expresiones y amenazas contra las mujeres. En la Argentina una mujer es asesinada cada 36 horas por violencia machista. Desconocen las problemáticas de nuestro país y de sus habitantes”, expresó la senadora de UP Nora del Valle Giménez.

Daniel Lipovetzky (exdiputado nacional) informó: “¡Los únicos países de América Latina que no incluyen en su legislación la figura del femicidio son Cuba y Haití! Haití uno de los países más pobres y desiguales del mundo y Cuba, un país donde no se respetan las libertades individuales y la libertad de expresión.  Desigualdad, pobreza, autoritarismo, violencia, intolerancia: ¡este es el modelo del gobierno mileista! ¡No hay baja de inflación que pueda justificar que los argentinos aceptemos esto! ¡Está en nosotros, luchar para impedirlo!”. 

Fuente: APFDigital

En total, si se consideran sólo las víctimas directas de femicidio (250), hubo 1 femicidio cada 35 horas. La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2023 fue de 1,05.

El número de víctimas directas representa un 11% de aumento respecto de 2022, según indica el informe publicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Desde hace 10 años, la Oficina de la Mujer de la CSJN elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género.

De acuerdo con el indicador reportado por el organismo judicial, en 2022 se identificaron 226 víctimas directas de femicidio; en 2021 fueron 231; en 2020, 255; en 2019, 260; en 2018, 258 y en 2017, 252 (NdlR: se habla de “víctimas directas” porque en algunas causas judiciales hay más de una víctima fatal).

En estos 10 años de registro, que se inició en 2014, se informaron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año.

Qué dicen los datos sobre las víctimasEste año, fueron 250 las víctimas directas de femicidio, de las cuales 245 fueron mujeres cis (es decir, personas cuya identidad de género y sexo de nacimiento son el mismo) y 5 mujeres trans o travestis. El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 38,3 años.  Más de 1 de cada 4 víctimas (26%) tenía entre 25 y 34 años, mientras que el 24% tenía entre 35 y 44 años al momento del hecho; 22 eran niñas y adolescentes (menores de 18 años), y 28 eran adultas mayores (de 60 años y más).Al menos 32 víctimas estuvieron desaparecidas o extraviadas, de las cuales 3 continuaban desaparecidas al 31 de diciembre de 2023.

Las provincias que registran más casosSegún el informe de la Corte Suprema, en 2023 11 provincias tuvieron una tasa de femicidios cada 100 mil habitantes superior a la media nacional (1.05).

Las cifras más preocupantes se registraron en Neuquén (2,31), Chaco (2,07), Formosa (1,61), Santiago del Estero (1,58), San Luis (1,51), Salta (1,47), Tucumán (1,47), La Rioja (1,46), Jujuy (1,24), Corrientes (1,20) y Misiones (1,07).

De todos modos, el estudio destaca que en algunas jurisdicciones, sucedieron pocos casos y que, sin embargo, “las tasas son, en comparación, elevadas por su escaso peso poblacional”.

En términos absolutos, la provincia con más casos registrados en 2023 fue Buenos Aires, con 95 femicidios directos; a la que le siguieron Córdoba, con 18; Santa Fe, con 16; y Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Tucuman, con 13.

Qué dicen los datos sobre los victimariosDe acuerdo con el informe de la Corte, en al menos el 88% de los casos, la víctima directa de femicidio tenía algún vínculo con el victimario: 64% eran parejas, exparejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva, 12% eran familiares, y también 12% tenían otro tipo de vínculo, que puede ser amigos, compañeros de trabajo, vecinos o conocidos.

Entre quienes se conocían, el 44% convivía al momento del femicidio.

Al menos 55 víctimas habían denunciado a su victimario con anterioridad. Además, 17 tenían medidas de protección vigentes al momento del asesinato, y 16 habían tenido medidas de protección pero se les habían vencido.

Incluso 24 de los victimarios también habían sido denunciados previamente por otras personas diferentes de las víctimas directas de femicidio.

En las causas judiciales analizadas, que están registradas como femicidios directos, se informó un total de 259 victimarios, pero sólo 237 fueron identificados. De quienes fueron identificados, en promedio tenían 39 años al momento del femicidio y el 94% era de nacionalidad argentina.

Al menos 17 de los victimarios pertenecían a alguna fuerza de seguridad, casi el 7% del total: 13 estaban en actividad, 2 retirados, y de los otros dos no se registra el dato. Además, de ese total, 12 usó armas de fuego al momento del femicidio. Al menos 8 eran armas reglamentarias.

¿Dónde, cuándo y cómo ocurrieron los femicidios?Al igual que en años anteriores, en promedio, casi todos los domingos de 2023 hubo un ataque femicida en algún lugar del país. Y 3 de cada 4 fueron dentro de una vivienda.

En 2023, los femicidios directos ocurrieron sobre todo entre las últimas y las primeras horas del día (28% a la noche y 27% por la madrugada), y hacia el fin de semana (16% el viernes, 14% el sábado y 20% el domingo).

La mayoría de los femicidas utilizaron armas blancas (26%) o la fuerza física (26%). También un gran porcentaje (21%) utilizó las armas de fuego.

Este año, la Oficina de la Mujer realizó también un informe especial llamado “Femicidios cometidos con armas de fuego en Argentina”, donde analizó las causas de 2017 a 2022. Allí, indicaron que entre esos años en casi 1 de cada 4 femicidios se utilizaron armas de fuego, donde fueron asesinadas 404 víctimas.

Cuál es el estado de las causas por femicidiosAl 31 de diciembre de 2023, según el informe del máximo órgano judicial del país, el 15% de las 246 causas judiciales habían sido archivadas (por muerte, suicidio y otras causales).

El mayor porcentaje (82%) aún continuaban en proceso judicial. De ese total, 74% está en etapa de investigación, 7% en etapa de juicio y 1% con sentencia no firme.

Sólo el 3% habían finalizado con sentencia condenatoria.Fuente: Chequeado

Los datos registrados provienen de estudios estadísticos sobre la base de causas judiciales en las que se investigan “muertes violentas de mujeres cis y trans/travestis por razones de género”. Además, se especifica que se trata de “la cifra oficial del estado argentino en la materia, informada a los organismos especializados de Naciones Unidas, la OEA y la CEPAL, entre otros”.

“Los datos recolectados desde 2014 muestran una estabilidad considerable en las tasas de femicidios directos. De una tasa inicial de 1,03 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en 2014, se pasó a una de 1,05 en 2023, solo con niveles apenas menores en 2021 y 2022”, sostiene el reporte.

El documento distribuido por la Corte Suprema informó también que en los últimos diez años "se informaron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año".

Sobre las 250 víctimas directas de este año, se agregó que "estas víctimas tenían 205 niñas, niños y adolescentes a cargo" y que además se registraron 22 casos de femicidio vinculado.