Tras el traspié sufrido la semana pasada con el retiro de capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno reunió a su mesa política. El objetivo fue reordenar la agenda parlamentaria y repasar el esquema de aliados. Como novedad, el ministro Federico Sturzenegger se incorporó al encuentro para explicar sus proyectos de desregulación.

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió que la mesa política audite de ahora en más las iniciativas elaboradas por Sturzenegger antes de que lleguen al Congreso, con el objetivo de moderar propuestas consideradas “muy ambiciosas” y evitar nuevos traspiés parlamentarios como el de la semana pasada.

Puertas adentro del oficialismo, el cuestionamiento apuntó a que el proyecto de reforma de Ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún filtro político antes de llegar al recinto.

Más temprano, Sturzenegger fue ratificado en su cargo a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, que expresó que “es una figura clave”.

Federico Sturzenegger, en Casa Rosada (Foto de archivo)

Las iniciativas pendientes de sanción son varias. Además de la ley que retrocedió en el Senado, restan la reforma de la carta orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO. También figuran en el radar libertario los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios en el Banco Central.

En Casa Rosada aseguran que hay acuerdo con los gobernadores para avanzar con Zonas Frías, la iniciativa que recorta subsidios al gas en regiones de clima frío y que ya tiene media sanción en Diputados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialogó con los mandatarios provinciales sobre el tema, al que se sumará un proyecto elaborado en conjunto para zonas cálidas.

Por otro lado, se mantiene la agenda de recorridas por los distritos: Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán el jueves a Catamarca para reunirse con el gobernador Raúl Jalil y con el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, en un viaje que había sido reprogramado por factores climáticos. El motivo es la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Pese al optimismo oficial, hay dirigentes aliados que marcan límites en la agenda. Sobre la reforma política, este martes el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, se distanció de la idea de suspender las PASO: “Es un debate que todavía no tenemos saldado dentro del PRO. Todavía no estamos para acompañar la transformación de la ley”, afirmó en el panel Democracia y Desarrollo, que compartió junto con Bullrich.

En ese ámbito la jefa de La Libertad Avanza en el Senado admitió que “un gobierno que reforma y va para adelante en algunos momentos choca”.

Fuente: TN

Para evitar que los cambios a la Ley de Tierras naufraguen en la sesión prevista para este jueves, el oficialismo haría una importante concesión a los aliados. El texto pasaría de intentar eliminar los límites a la venta de tierras rurales en manos de extranjeros -que hoy es del 15%- a elevarlos al 25%.

Cuando faltan cuatro días para reanudar el cuarto intermedio al que llamó la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich en el Senado, un nuevo borrador de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada comenzó a circular entre los miembros libertarios y aliados al Gobierno de Javier Milei.

De votarse esa versión, los intentos del ministro Federico Sturzenegger de eliminar los límites a la venta de tierras en manos de extranjeros fracasarían. Es que, de acuerdo al texto al que tuvo acceso Ámbito, en lugar de eliminar ese límite, que rige desde el año 2011, cuando se sancionó la ley de Tierras, el texto lo elevaría en 10 puntos. Es decir, pasaría del 15% al 25%.

"La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia", reza el borrador.

De esta manera, el principal argumento del ministro Desregulador para avanzar con la eliminación de los límites pierde sentido. Sturzenegger basó su redacción del proyecto en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Es que allí se señala que "los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos (...)".

Con la nueva versión, los extranjeros seguirían sin "gozar" de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos en el territorio de la Nación.

Según pudo saber este medio, fue Bullrich la que negoció con los aliados esta nueva versión, mucho menos ambiciosa que la original, y se la habría comunicado a la Casa Rosada. Es que, de lo contrario, el fracaso de la ley estaba garantizado. Las fuertes críticas que generó el proyecto en la sociedad civil habrían terminado de inclinar la balanza en contra del texto. En especial, entre los aliados que, hasta apenas unos días, el oficialismo contaba entre sus filas. "Los gobernadores van a definir la ley: no quieren pagar ese costo", dijeron fuentes parlamentarias a este medio.

Hasta el domingo, el oficialismo estimaba reunir unos 34 o 35 votos. Para blindar la ley, necesitaba, de mínima, 36. El consuelo en las filas libertarias era que, si se producía un empate, el desempate no quedaría en manos de la vice, Victoria Villarruel, quien ya se expresó en contra del proyecto, y hasta acusó al Gobierno de querer "rifar" al país.

Es que, como Milei se encontrará fuera del país este jueves (viaja a Ecuador y Colombia), la titular del Senado estaría a cargo del Ejecutivo. Mientras que la sesión quedaría encabezada por el presidente Provisional, el libertario Bartolomé Abdala.

El Gobierno dio un nuevo paso para acelerar la venta de activos públicos. Con la publicación de la Resolución 120/26, la administración de Javier Milei autorizó la convocatoria - mediante el procedimiento de Licitación Pública de Etapa Única Nacional - la contratación de los servicios digitales para la "organización, gestión y realización de subastas electrónicas y de intermediación comercial" para la venta de bienes muebles en "condición de desuso o rezago propiedad de las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional".

A principios de julio, el Gobierno había oficializado el nuevo mecanismo para acelerar la venta de activos públicos mediante la Resolución 111/2026. En detalle, la medida permitía ampliar las modalidades de venta y permitía incorporar plataformas electrónicas para organizar los remates online.

Ahora, la nueva Resolución - firmada por la titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Tania Yedro - pone en marcha la licitación para contratar dichas plataformas privadas para llevar adelante la venta.

Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló: "El Estado tenía una dificultad mayúscula para desprenderse de bienes muebles en desuso (autos, muebles, bienes de uso). Los trámites eran interminables, las demoras muchas, para vehículos, por ejemplo, las demoras llevaban el bien a la obsolescencia, y para colmo durante ese período de espera había que pagar depósito, seguros y mil cosas más".

"Es un modelo que se usa en otros países", justificó el ministro a través de un mensaje en su cuenta de X. "Brasil por ejemplo lo tiene implementado por ley hace décadas. Otros países como Chile tienen sistema mixtos estatales y privados. Para los interesados hay que presentarse a través del sitio http://comprar.gob.ar", sentenció.

La Resolución 111/2026 no solo alcanza a vehículos oficiales, sino también a una amplia variedad de activos estatales. Entre ellos figuran automóviles, camionetas, motos, camiones, maquinaria pesada, equipos industriales, embarcaciones, aeronaves, equipamiento militar y de seguridad, obras de arte, libros, bienes decomisados y otros elementos declarados en desuso, obsoletos o fuera de servicio.

Uno de los cambios centrales es la unificación del límite para aplicar mecanismos de comercialización más ágiles. A partir de ahora, los bienes valuados en hasta 400 módulos —equivalentes actualmente a $16 millones por unidad— podrán venderse de forma directa a través de plataformas privadas previamente seleccionadas por licitación pública. El mismo criterio regirá para aquellos activos que no encuentren comprador luego de dos subastas electrónicas.

Sin embargo, la venta directa conservará un mecanismo competitivo. Si durante la publicación del bien se presentan dos o más interesados, la operación deberá resolverse mediante una nueva subasta electrónica.

Hasta ahora, las ventas del Estado se realizaban principalmente mediante la plataforma SUBAST.AR. Con el nuevo esquema, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá contratar empresas especializadas para organizar y administrar remates digitales.

La normativa también incorpora mayores requisitos para comercializar bienes registrables. En el caso de los vehículos, será obligatorio contar con el título de propiedad, informe de dominio, estado de deudas, documentación registral y verificación policial, entre otros documentos.

El sistema coexistirá con la política de venta de inmuebles públicos que el Gobierno ya viene impulsando, aunque estará orientado a otro segmento: acelerar la comercialización de un gran volumen de bienes de menor valor individual.

Al mismo tiempo, la reglamentación fija resguardos para las operaciones. Establece que ningún activo podrá venderse por debajo de su valor contable y prevé tasaciones respaldadas por organismos especializados cuando las características del bien así lo requieran, con el objetivo de asegurar precios acordes al mercado.

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) informó que, en el marco del XIX Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, disertará Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación.

El funcionario brindará la conferencia “La economía de Javier Milei”, donde compartirá su análisis sobre el rumbo económico del país, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta la Argentina en el actual contexto.

El evento anual del CEER se llevará a cabo el próximo jueves 30 de julio en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Se trata del encuentro más importante de la entidad en el año, que convoca a cientos de empresarios de la provincia, informó el sitio Dos Florines.

Quiénes también disertarán

Entre los disertantes confirmados se encuentran el analista político Andrés Malamud, quien hablará de manera presencial sobre los desafíos y oportunidades para América Latina, ofreciendo una mirada sobre el contexto nacional e internacional y el papel de las instituciones en un escenario de transformación.

Por su parte, el economista Santiago Bulat, abordará la coyuntura económica y las perspectivas para los próximos meses.

En tanto, la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, expondrá sobre el futuro del trabajo, el liderazgo y la convivencia intergeneracional dentro de las organizaciones, publicó Dos Florines.

Fuente: Ahora

El Senado tratará este jueves la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y modificada en su tratamiento en comisiones.

El proyecto propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego.

El objetivo, según la iniciativa, es “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.

Ley de expropiaciones: más límites para el Estado

La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación. La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración “deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

La iniciativa también dispone cambios en las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta que no pague íntegramente la indemnización, dispone que las indemnizaciones no pagan impuestos y le asigna mayor relevancia al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Marcha atrás con las modificaciones a la Ley de barrios populares

En este sentido, el proyecto oficial proponía la derogación de artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Sin embargo, en el debate en comisiones se eliminó todo este capítulo: se mantienen los actuales alcances de la Ley de Integración Socio Urbana que, entre otras cosas, dispone la suspensión total de los desalojos de los barrios populares hasta octubre de 2032 y declara de utilidad pública a las tierras, para permitir su expropiación y regularización dominial centralizada por el Estado nacional.

Manejo del fuego: cambios en el destino de las tierras productivas

El Senado también introdujo una serie de modificaciones al Capítulo IV del proyecto, que propone cambios y derogaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La norma vigente establece que durante 60 años el propietario de un terreno incendiado, tanto en bosques nativos e implantados como en áreas naturales protegidas y humedales, no podía realizar cambios de uso del suelo, lotearlo y/o venderlo.

En su proyecto, el Gobierno eliminaba completamente las prohibiciones para las áreas de uso rural y las mantenía parcialmente para los bosques nativos, sólo en el caso del cambio del uso del suelo.

No obstante, el dictamen del Senado rechazó todos los cambios referidos a los bosques nativos (se mantiene la veda de 60 años para evitar la especulación inmobiliaria), pero aceptó parcialmente algunas modificaciones al uso de la tierra rural (se elimina el plazo de 30 años de veda para venta o cambio de uso).

Tierras rurales: cambios en el régimen de inversores privados extranjeros

El proyecto propone la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Hoy, la ley plantea que se considera que la tierra es de titularidad extranjera cuando sus propietarios son inversores privados extranjeros, personas físicas extranjeras o sociedades de capital privado de origen extranjero. A ese universo de inversores se les fija un límite: no pueden poseer más de un 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal.

Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

El proyecto del oficialismo elimina esas restricciones, pero en su dictamen el Senado les dio la facultad a las provincias para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

Por otro lado, el proyecto oficial fija límites para los Estados extranjeros y sus instrumentos (organismos, empresas públicas, fondos fiduciarios estatales), a los que les prohíbe adquirir tierras. Sin embargo, hay una excepción: admite que esa prohibición puede levantarse si el Ejecutivo determina que la operación no representa un “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.

Desalojo más rápidos y simplificación de los trámites registrales

La reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación, y se enfoca en acelerar el proceso de desalojo, facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.

El cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial.

La iniciativa oficial exigía al locador intimar al inquilino con al menos 3 días de anticipación antes de demandar en casos de falta de pago de inmuebles habitacionales, pero el Senado extendió ese plazo a 10 días.

Por último, la propuesta promueve cambios en la Ley de Propiedad Inmueble. Apuntan a una mayor digitalización de los procesos, la fijación y reducción de plazos y una mayor integración entre Nación y provincias.

Con información de Chequeado

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ex diputado y candidato libertario investigado por vínculos narco, José Luis Espert, pidieron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno de Javier Milei y que permite blanquear dinero y bienes sin declarar. Sus adhesiones se conocen al mismo tiempo que la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, apuntados por el exuberante incremento de su patrimonio en los últimos tres años.

Según consta en la web de ARCA, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente. De aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.

Estos pedidos salen a la luz horas después de que también pidan el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (primer paso para adherir al de Inocencia Fiscal) Adorni y su esposa Angeletti, ambos envueltos en una investigación de la Justicia federal por enriquecimiento ilícito producto de sospechas en torno a un incremento exuberante de su patrimonio desde que el jefe de Gabinete se convirtió en funcionario de Milei.

Este pedido de los Adorni se da antes de que el vocero presente su declaración jurada ante el fisco, en la que intentará explicar cómo realizó una serie de gastos millonarios pagados en dólares. En concreto, el jefe de Gabinete y su esposa deben explicar la compra de un departamento en Caballito con apenas 30.000 dólares, la reforma de la casa del country Indio Cuá por 245.000 dólares y sus viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares.

De aprobarse su solicitud, tanto Adorni, su esposa, Sturzenegger y Espert podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. También pidió estar en esta lista el documentalista libertario Santiago Oría, encargado de producir piezas audiovisuales para la Casa Rosada.

En caso de ser aprobadas, ARCA no podrá analizar la composición patrimonial ni la evolución de sus bienes durante los años 2022, 2023 y 2024, ni tomar como período base al 2025.

Desde septiembre del año pasado, el exdiputado comenzó a ser investigado por la Justicia federal de San Isidro por presunto lavado de dinero proveniente de sus vínculos con Federico "Fred" Machado, quien se declaró culpable por fraude y lavado ante la Justicia de Estados Unidos. El fiscal Fernando Domínguez está detrás de millonarios movimientos bancarios de 135.000 dólares, 230.000.000 pesos y analiza la compra de autos de alta gama e inversiones inmobiliarias.

Espert, que dio de baja su candidatura a diputado de La Libertad Avanza (LLA) a 20 días de las elecciones pasadas, fue el encargado de anunciar en junio de 2025 el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, luego sancionado por el Congreso gracias a aliados del Gobierno.

"El objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco", decía el por entonces diputado.

Tal como anticipó el presidente Javier Milei, la administración libertaria sigue pensando en que recortes puede hacer ministerio por ministerio. Y quien es el ejecutor de esa política de Estado es Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación.

En las últimas semanas se vieron a funcionarios del área del ex titular del Banco Central en la era Mauricio Macri pisar distintas carteras. El objetivo es ver cuantas personas se desempeñan, que funciones cumplen, si es necesaria la dotación. Y, fundamentalmente, si las mismas tareas se pueden cumplir con menor personal.

Según reveló un ministro , cada vez que gente de Sturzenegger aparece por las oficinas se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad de año, en lo posible en cada área estatal.

Es decir, la motosierra no va a apagarse y los funcionarios de primera línea estiman que no habrá dificultades en cumplir con las metas de ajuste. Aunque otras personas que se desempeñan en la administración libertaria no son tan optimistas y creen que echar empleados determinará dificultades en la gestión.

Para evitar más recortes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) promete batalla y visibilización de conflictos en la última parte del año. “No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, avisó su jefe, Rodolfo Aguiar.

También, el líder sindical advirtió que “las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado”.

En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato que tiene la jefatura de Andrés Rodríguez, la mirada es negativa hacia los planes del Gobierno. Pero evitan mencionar si habrá una medida de fuerza ante la pregunta de este medio. “Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional", es el primer análisis.

A su vez, remarcaron que desvincularon "a un montón de compañeras y compañeros que tienen más de 10 años de antigüedad, muy formados y muy preparados que lo han demostrado incluso cuando tuvieron que atravesar el examen que este gobierno realizó a todos los trabajadores y que fue aprobado por un 95%”.

"Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa”, plantearon.

“Para el futuro creemos que el Estado debe ser una entidad que sirva con justicia social a la sociedad que, verdaderamente, se la está descuidando mucho actualmente. Esto tiene que cambiar porque el Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado”, indicaron.

Fuente: NA

 En un domingo de intensa actividad diplomática en Medio Oriente, Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva mantuvieron una reunión clave para consolidar la relación entre la administración de Javier Milei y el FMI.

El diálogo se centró en los lineamientos de trabajo para el próximo año dentro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, posicionando el modelo argentino de desregulación como un referente global ante el organismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la cita en Arabia Saudita, ambos funcionarios utilizaron sus redes sociales para validar el intercambio. Por un lado, Sturzenegger aseguró que las reformas estructurales de Argentina son vistas como un "ejemplo para otros países" y destacó la sintonía en la visión de crecimiento para 2026.

“Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC!”, escribió el ministro en sus redes sociales.

En tanto, Georgieva calificó el encuentro como "excelente", poniendo el foco en la aplicación práctica de los debates del Fondo en los países miembros.

La reunión de Sturzenegger adquiere mayor relevancia ante el ajuste en la agenda del Presidente. Javier Milei priorizará su participación en el "Board of Peace" en Washington DC el próximo 19 de febrero, lo que lo llevará a intervenir de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago, delegando la presencia física en Estados Unidos en el propio Sturzenegger.

Auditoría técnica en Buenos Aires

Mientras los funcionarios dialogaban en el exterior, un equipo técnico liderado por Luis Cubeddu inició en la capital argentina la segunda revisión del programa.

Los números preliminares favorecen al Gobierno en el frente fiscal: el superávit primario cerró en 1,4% del PBI, superando el 1,3% pactado con el organismo. Sin embargo, la atención de la misión estará puesta en la velocidad de acumulación de reservas y la sostenibilidad del ajuste para el resto del ciclo 2026.

Fuente: NA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió a los argentinos que viajan al exterior al calificarlos como "héroes de la producción", por el impacto que generan en la capacidad exportadora del país.

En un posteo realizado en su cuenta de X, Sturzenegger se diferenció de la idea de que el gasto de divisas en turismo es un despilfarro y aseguró que la demanda de dólares generada por los viajeros es clave para sostener la competitividad exportadora del país.

Al desarrollar su postura, el ministro cuestionó que “todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos”, indicando que se trata “casi un crimen de lesa humanidad”.

Sin embargo, de acuerdo a su visión “es exactamente al revés”, asegurando que “son héroes de la producción”, lo que argumentó apoyándose en la balanza comercial y la necesidad de mantener un mercado de divisas abierto.

Al respecto, manifestó que “los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”, señalando que esto sucede porque “cada importación tiene que generar una exportación del mismo monto”, a partir de que “la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”.

Sobre este aspecto, Sturzenegger precisó que “muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad”, contraponiendo que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.  

De esta manera, sostuvo que “la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”, remarcando que “por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”.

En este contexto, puntualizó que “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo”, asegurando que “hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”.El funcionario vinculó el bajo desempeño exportador nacional con la gestión de Juan Domingo Perón, indicando que “cerrarse al comercio te empobrece” y remarcando que “hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”.

En su análisis, valoró a quienes deciden vacacionar fuera del país expresando que “felicitemos a los argentinos que viajan al exterior”, al considerar que “son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el presidente Javier Milei”.

El planteo público de Sturzenegger, se da después de que el Banco Central (BCRA) modifique la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. Este cambio ocurrió a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y modificó la manera en que las estadísticas oficiales muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.__IP__

Ahora se excluyen los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que permite exhibir un menor egreso neto de divisas en la balanza de pagos. Al respecto, Scioli indicó que “nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología, a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”.

Según el funcionario, el saldo negativo también mostró una reducción considerable: “pasando de -9.983 millones de US$ con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de US$ con la metodología nueva”.

Fuente: Agencia NA

“La Argentina hace diez años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Este es un debate que hay que abordar: la reforma laboral está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo”, declaró Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Además, el funcionario negó que la reforma piense en quitar derechos o avanzar sobre la jornada laboral, y remarcó que el objetivo es impulsar la formalización y el desarrollo del empleo registrado.

Para Sturzenegger, la iniciativa oficial responde a un problema estructural del mercado laboral argentino. Planteó que el país atraviesa una situación límite, con “muchísimos años sin crecimiento, con nuestros jóvenes yéndose,” y una economía “que hace una década no crea empleo formal”. Insistió: “Algo hay que hacer. No podemos tener un país que en diez años no crea empleo, punto”.

El ministro subrayó que la mitad de la fuerza laboral está empleada en la informalidad, lo que les impide acceder a jubilaciones y otros derechos. Según su mirada, la falta de reformas permitió que diferentes actores saquen ventaja de la relación laboral formal: “Todos hemos usado el empleo como una canasta de la cual morder, de la cual sacar guita. Hay una industria del juicio que muerde, el sindicalismo pide porcentaje, las cámaras empresarias también. A la relación laboral le muerden, más o menos, un millón de pesos por año. Cuando dos personas contratan, arrancan cien mil pesos abajo porque hay que pagar estos peajes. Eso no trae ningún beneficio directo para el trabajador”, sostuvo Sturzenegger, al definir como central reducir estos sobrecostos estructurales.

En su explicación, el ministro cuestionó tanto los impuestos sobre el trabajo como la carga regulatoria. Dijo que el alto costo laboral perjudica la competitividad y en especial a las pymes: “Si sos una gran empresa como Ford o Arcor, tenés recursos para navegar la regulación. Pero a la pequeña o mediana empresa la regulación la asfixia. Por eso decimos que la desregulación es por sí misma propyme, porque baja barreras que afectan a los que menos estructura tienen para cumplirlas”. Ejemplificó con industrias como la yerba mate, la conectividad, los bitrenes para transporte y la importación de maquinaria usada, destacando cómo la liberalización de reglas impulsó la exportación y la competitividad en sectores estratégicos.

Frente a la preocupación por la supuesta ampliación de la jornada laboral, Sturzenegger fue tajante: “Eso de que la reforma laboral pasa la jornada de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate. Nunca se discutió eso en la propuesta del Gobierno”. Rechazó también versiones sobre recortes de vacaciones y llamó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo”, instando a esperar la presentación oficial del proyecto.

El ministro además propuso reformular la negociación salarial colectiva. Detalló que en Argentina los convenios por sector aplican igual en todas las regiones y empresas, algo que, según sus estimaciones, eleva sustancialmente los costos en zonas menos productivas y limita la generación de empleo formal: “Si pudiéramos quebrar esa unicidad salarial, el empleo en el noroeste argentino aumentaría un dieciséis por ciento”, explicó. Comparó la situación local con modelos de Estados Unidos, Alemania o Italia para ilustrar las ventajas de adaptarse a realidades regionales o empresariales distintas.

Sturzenegger aclaró que la reforma laboral es el primero de los cuatro grandes ejes del nuevo paquete de cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei, junto con la reforma tributaria, la actualización de los códigos civil y penal, y una nueva “Ley Bases dos” que abordará las modernizaciones pendientes del Estado. Confirmó que la propuesta se discute desde hace meses en el Consejo de Mayo y será enviada próximamente al Congreso nacional: “Va a ser una discusión amplia, pero el foco es mejorar y formalizar el empleo, no recortar derechos. La condición inexorable para una reforma previsional es que la mitad de los trabajadores deje de estar en la informalidad”.

En el proyecto de ley enviado al Congreso, la reforma laboral no contempla ninguna ampliación del límite legal de la jornada de trabajo, ni habilita jornadas de doce o trece horas, como señalaron rumores y cadenas virales.

El texto propuesto introduce un artículo (197 bis) en la Ley de Contrato de Trabajo, que establece: “Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de doce horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores”.

La iniciativa mantiene las garantías sobre la duración máxima del trabajo diario y semanal, y solo habilita a que los convenios sectoriales acuerden alternativas como el uso de bancos de horas o francos compensatorios, pero bajo control de los límites legales.

Fuente: Infobae

Durante su presentación en el 61° Coloquio de IDEA, que finaliza este viernes en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia directa a los miembros del sector privado respecto al estancamiento en la reforma laboral.

Ante unos 1.000 hombres de negocios que lo escuchaban atentamente en el principal auditorio del hotel, Sturzenegger sostuvo que el Gobierno otorga libertad para rediseñar contratos laborales, pero los empresarios no avanzan. “El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”, expresó, subrayando que la administración decidió delegar esa responsabilidad en el sector privado y, en su diagnóstico, este no adoptó ninguna medida concreta.

El ministro se refería puntualmente a los cambios impulsados desde el Gobierno para que cada sector defina, en su negociación colectiva, si quieren continuar con el actual esquema de indemnización o buscar un fondo de cese al estilo del que rige en el sector de la construcción. Pero como dijo el funcionario, hubo poco avances al respecto.

“Nosotros lo armamos con Julio Cordero (secretario de Trabajo) y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ´definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador´“, afirmó el ministro. Y agregó: ”No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes", señaló Sturzenegger.

En otro tramo de su intervención, Sturzenegger abordó el problema de la informalidad y la falta de generación de empleo registrado durante la última década. Señaló: “La Argentina lleva diez años sin sumar empleo formal y la mitad de su fuerza laboral es informal”. Según su visión, el sistema actual impone una “alta carga impositiva sobre el trabajo” y agregó que existe una atención desproporcionada sobre las retenciones a las exportaciones agrícolas, pero escasa discusión sobre los impuestos laborales.

El funcionario también cuestionó la estructura de los convenios colectivos de trabajo y la aparición de lo que denominó “peajes”, es decir, costos compulsivos para trabajadores y empresas embebidos en las convenciones. Calificó estos cargos adicionales como “impuestos privados ilegales” y explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora. “Todavía hay quienes los siguen pagando o presentan cautelares, pero insisto en que la capacitación debe ser voluntaria”, planteó, en referencia a la medida presentada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

A su criterio, estos peajes afectan el salario neto que percibe el trabajador y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y los precios al consumidor.

Para ilustrar el impacto de esos recargos, Sturzenegger se refirió a varios ejemplos sectoriales. En el caso del gremio de camioneros, los “peajes” equivalen prácticamente a $1 millón por año y por trabajador, mientras que en el gremio de porteros de la Ciudad de Buenos Aires esa suma asciende a un $1,3 millón. En comercio, $800.000. “A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos”, argumentó el ministro.

Otro eje de la disertación giró en torno a las negociaciones salariales. Sturzenegger comparó el sistema argentino con el de países europeos y puntualizó que los esquemas sectoriales y nacionales que imperan en Argentina generan inequidades regionales, afectando la generación de empleo en las zonas menos desarrolladas del país. Usó los casos de Alemania e Italia como referencia para mostrar cómo la rigidez en la fijación de salarios nacionales perjudica el empleo en regiones con menor productividad. “Si el país adoptara un modelo similar al alemán, el noroeste argentino podría elevar la tasa de empleo dieciséis puntos”, señaló ante los empresarios.

El funcionario recordó que la reforma laboral formó parte del DNU 70, aunque actualmente enfrenta frenos judiciales. Rescató la inclusión de una cláusula que permitía la prevalencia de convenios inferiores sobre los superiores, lo que según su análisis posibilitaría la adecuación de los acuerdos laborales a las realidades productivas específicas de cada región o sector.

Durante el encuentro, Sturzenegger también aprovechó para rendir cuentas de los temas que le habían reclamado por parte de IDEA el año pasado y en cuáles se había avanzado. “Santiago (en referencia a Mignone, presidente de la entidad) trabajó mucho y me mandó un excel con doscientas diez propuestas. Hay unas cien que por distintos motivos no hicimos, pero en noventa y cuatro avanzamos o resolvimos, y dieciocho más están en proceso”, puntualizó.

Detalló que algunas propuestas resultaron inviables por ser jurisdiccionales o competencias provinciales, otras vinculadas solo a cuestiones impositivas, y el resto, por desacuerdo desde el Poder Ejecutivo. Enfatizó que la hoja de ruta del ministerio priorizó ámbitos como el Registro Público de Comercio, la Inspección General de Justicia (IGJ), la aduana y los temas laborales, y luego temas como Ambiente, SENASA y Registro Automotor.

En términos de avance digital, el funcionario destacó el desarrollo en Córdoba para implementar un sistema de registro de sociedades completamente digital, operativo para sociedades anónimas. La opción se encuentra disponible para cualquier persona que quiera registrar una empresa de forma remota, con firma digital y activación automática de cuentas bancarias. Sturzenegger reivindicó este logro como muestra del potencial del federalismo para generar competencias entre jurisdicciones y avanzar en innovación administrativa.

En cuanto al ambiente exportador, el funcionario indicó que se introdujeron medidas como el régimen de “operador confiable” en aduana, que permite despachar mercadería desde la propia planta bajo sistema de cámaras y precintos sin la presencia de funcionarios. Además, mencionó que el programa “Exporta Simple” ahora opera en terminales del interior, como el aeropuerto de Rosario, donde los costos cayeron a la mitad comparado con la terminal aérea de Ezeiza. Se avanzó con la digitalización del remito electrónico, la posibilidad de despachar mercadería en depósitos fiscales y la habilitación de concesionarios para revisión técnica obligatoria de vehículos.

En logística, el ministro se refirió al desbloqueo total del tránsito de bitrenes, un pedido histórico del sector de transporte. Según relató, antes solo unas provincias lo autorizaban; ahora, la medida permite que circule por todo el país salvo excepciones técnicas puntuales. Calculó que la baja de costos logísticos por transporte ronda entre treinta y cuarenta por ciento, y que el sistema de “pesos y medidas” para la minería también experimentó reformas, como la habilitación de neumáticos chilenos.

El titular del área de Desregulación y Transformación del Estado subrayó el objetivo de remover “piedras del zapato regulatorio” que obstruyen la competitividad y la eficiencia. Remitió que desde el inicio de la presidencia de Javier Milei eliminaron unos diez mil requerimientos normativos, trámites y registros a nivel nacional.

Sturzenegger utilizó recurrentemente la metáfora futbolística y señaló la importancia de “poner a jugar a los mejores” en el escenario productivo nacional. Aclaró que persisten actores que actúan en sentido opuesto al progreso, recurriendo a metáforas de gol en contra y jugadores que sabotean al propio equipo argentino. “Hay que seguir sacando piedras del camino”, finalizó.

La difusión de nuevas grabaciones volvió a colocar al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el centro de la escena. Tras los primeros audios en los que se lo vinculó a presuntas coimas, ahora aparecieron registros en los que el exfuncionario lanza fuertes cuestionamientos contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y también contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En uno de los audios, Spagnuolo relató un episodio con funcionarios del Ministerio de Desregulación: “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”.

En otro pasaje, Spagnuolo reconstruyó una discusión con el propio ministro: “Le digo: ‘No, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano’. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No, no, disculpame, a mí personalmente. Federico me dijo: ‘Vos me ibas a dar una mano’. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”.

Luego, narró cómo terminó aquella charla sin llegar a acuerdos: “Pero, decime en cinco minutos y qué sé yo si puedo hacer esto, esto y esto: ‘Mirá, lo hablamos en otro momento, tengo gente’. Me tuvo cinco minutos más hablando sin llegar a la nada, a lo que le terminé diciendo: ‘Disculpame, te dije que hay gente que me está esperando acá, que yo terminé de hablar con vos para una reunión. ¿Lo podés entender eso?’”.

El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados impulsó un pedido formal para que Sturzenegger concurra al Congreso y brinde explicaciones sobre su presunta vinculación con el escándalo de coimas que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La iniciativa se presentó luego de la aparición de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se lo menciona directamente en relación con presuntas órdenes para dar de baja pensiones y flexibilizar controles internos, en el marco de una causa de corrupción que compromete al oficialismo y a empresarios del sector.

El proyecto, encabezado por el diputado nacional Eduardo Valdés, reclama que el ministro detalle si efectivamente existieron instrucciones para aplicar bajas masivas de pensiones por discapacidad y si desde su cartera se promovió la debilitación de los equipos de auditoría interna, lo que habría generado, según las denuncias, un escenario favorable para maniobras fraudulentas en la adquisición de medicamentos de alto costo.

Las grabaciones, difundidas por Radio 10, también incluyen críticas directas a la ministra de Capital Humano. Spagnuolo sostuvo: “No, no pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina Milei y con Eduardo ‘Lule’ Menem. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No... Esto está implosionando de adentro”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que estos reglamentos eran “documentos con especificaciones requeridas para ciertos productos” y cuestionó que el Estado intentara definir cómo debía producir el mercado. “Solo un trasnochado académico puede pensar que el Estado tiene la capacidad de decirle al mercado cómo producir cada cosa. Me hace acordar a cuando los militares exigían que las cabezas de ajo tuvieran cierto tamaño”, ironizó en su cuenta de X.

El funcionario calificó estas exigencias como una “parafernalia de regulaciones” que, en la práctica, se transformaron en barreras paraarancelarias que encarecían los precios para los consumidores argentinos. “¿O por qué piensan que los juguetes en la Argentina cuestan lo que cuestan?”, planteó.

Hasta ahora, los importadores debían duplicar ensayos, certificaciones y controles ya realizados en el exterior, lo que generaba costos adicionales para fabricantes y comerciantes. La lista de productos afectados incluía juguetes, bicicletas infantiles, anteojos de sol, encendedores y tableros derivados de la madera, entre otros.

Sturzenegger recordó que, hace un año y medio, Pablo Lavigne y Esteban Marzorati iniciaron un proceso de depuración normativa que ahora culmina con la simplificación de los últimos casos pendientes. Entre los cambios concretos, mencionó que ya no será obligatorio el grabado de anteojos, se aceptarán certificados internacionales para juguetes y se eliminarán costosos tests para muebles y productos de madera, aunque se mantendrán especificaciones sobre los materiales prohibidos.

“Esta medida no solo aumenta la libertad para comerciar y producir, sino que también elimina unos 12.000 trámites anuales en la Secretaría de Comercio. Saquen la cuenta de los costos, porque, a la postre, los pagábamos todos nosotros”, remarcó.

Finalmente, Sturzenegger señaló que el objetivo es migrar de un modelo económico “soviético” hacia una economía más libre y próspera, en línea con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Al Poder Ejecutivo se le vencieron este martes las facultades delegadas que le habían sido conferidas por el Congreso a través de la sanción de la Ley Bases. Esto implicaba que el Gobierno de Javier Milei tenía a tiro de decreto -es decir, sin pasar por el Congreso- la posibilidad de modificar asuntos nodales en materia administrativa, económica, financiera y energética.

El Gobierno comienza así una nueva etapa de la gestión sin la principal herramienta de desregulación con la que contaba. “El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos", remarcó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ayer en Casa Rosada.

A lo largo del año de facultades delegadas, el Poder Ejecutivo ejecutó cerca de 101 medidas. Estas constaron de disoluciones, unificaciones, reorganizaciones, modernizaciones, fusiones, actualizaciones, transformaciones, simplificaciones y eliminaciones de organismos; así como de la autorización para privatizar empresas públicas.

El Poder Ejecutivo podrá seguir publicando Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), decretos simples, resoluciones y disposiciones -tal y como lo venía haciendo antes de tener facultades delegadas-, pero no tendrá la salvaguarda administrativa para eludir al Congreso en ciertos temas.

Ahora el Gobierno entra en territorio donde podrá seguir publicando medidas administrativas, pero no reformas de magnitudes como las que se podían hacer con las facultades delegadas. Así, dependen de su propia impronta o de lo que puedan llegar a formular a través del Congreso, donde el oficialismo está pasando por su peor momento.

El Senado (donde La Libertad Avanza tiene 6 de 72 bancas, y algunos aliados) es el terreno donde el jueves podrían sesionarse cinco proyectos: dos presentados en el Senado la semana pasada con la firma de los 24 gobernadores: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos; tres que vienen con media sanción de Diputados: aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional.

Los gobernadores reunidos en el CFI

Para la primera, el Gobierno sabe que no tiene los votos para frenarla ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Es por eso que los gobernadores esperan que funcione como mecanismo para poder negociar por estos meses. En las mismas entrañas de la Casa Rosada afirman que no tienen, por ahora, una alternativa tentadora para ofrecerles.

“Hacienda calculó que conceder a lo que ellos quieren implicaría 2 puntos del PIB, no hay chances”, cuentan en el Poder Ejecutivo. Señal de esa falta de acuerdos es que prácticamente ningún gobernador aceptó la invitación que les mandó Presidencia para estar presentes en la vigilia del 9 de julio en Tucumán.

A un año de la firma del Pacto de Mayo, las ínfulas de consenso parecen haberse desvanecido: una parte se explica por el hartazgo en el trato que los funcionarios libertarios han tenido para con los gobernadores, a la vez que hay un componente ineludible que es la cercanía electoral y la rosca por la estrategia en cada distrito. Quienes más alejados están de acordar con LLA en sus distritos son los que más quieren sesionar el jueves.

La oposición en el Senado también cuenta con los votos para impulsar la sanción de los tres proyectos que vinieron de Diputados.

El Presidente las vetará de manera inmediata, aunque esperará a que se pueda garantizar el veto cuando los bloques más alejados al Gobierno insistan en la Cámara Baja. El clima está particularmente espeso y los mismos operadores libertarios lo reconocen. Algunos se aferran a que negociando ausentes o abstenciones deban precisar menor cantidad de votos afirmativos para llegar a los dos tercios de los presentes.

Mientras tanto, el Gobierno todavía tiene pendiente el trámite legislativo del proyecto de ley del “Principio de Inocencia Fiscal”, que eleva los montos de dinero a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión fiscal, entre otros puntos.

El ministro de Desregulación seguirá profundizando la agenda de recortes (REUTERS)

El clima con la oposición y una vulneración al veto presidencial son variables pasibles de generar ruidos en los mercados, algo que el Gobierno no quiere que suceda. “Nosotros tenemos que mantener el Riesgo País estable e incluso a la baja, para no encarecer los rollover de deuda y que no se nos tensione el panorama de las reservas”, analiza una fuente oficial a Infobae.

El dólar comenzó un sendero ligeramente alcista. La semana subió $45 y este lunes trepó $20 hacia los $1280. Los factores que indican los especialistas son diversos, aunque hay un consenso en que los segundos semestres en años electorales suelen potenciarse como escenario donde las carteras se dolarizan en búsqueda de cobertura.

“Cuando baja el dólar es porque lo pisamos a propósito y cuando suba es porque perdimos el rumbo. Es poco serio”, indican en Casa Rosada.

Quien se lamentaba ayer por la tarde por el rendimiento de los activos era el ex asesor económico de Milei en 2023, el director de Research for Traders, Darío Epstein. “¿Esto va a hacer así hasta que terminen las elecciones? Fin de octubre está lejos… Todos los años impares la política nacional retrasa el desarrollo económico", tuiteó, adjuntando una foto con caídas de acciones.

Más que la cuestión financiera, en un despacho libertario preferían enfatizar la importancia de mantener en línea la gestión al interior del Gobierno: “No ayuda que tengamos dos campanas que no acuerden en la estrategia electoral o que estén distanciados. Son conflictos entendibles en el marco de la discusión por las listas, pero no ayuda”. Los aludidos son los sectores referenciados en los Menem y Santiago Caputo.

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

Ayer hubo una reunión de alto vuelo en la planta baja de la Casa Rosada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. El asesor presidencial fue invitado, pero declinó. Los motivos se desconocen, pero se lo vio ingresar a Casa Rosada ayer horas más tarde de ese encuentro.

“De poco importa estar pensando si vamos a tener los números el año que viene, que yo creo que sí. Tenemos que cuidar el avispero durante estos meses porque van a ser durísimos. Si tenemos éxito, nuestras probabilidades para sancionar la reforma tributaria y laboral son mayores. Pero primero tenemos que estar en sintonía nosotros”, agrega.

Semanas atrás, Milei dio un discurso en el Yacht Club de Puerto Madero para una actividad de La Libertad Avanza. En un segmento de su alocución exaltó el nivel de imagen personal y de gestión que ostenta, asegurando que está en condiciones de dar “un tremendo batacazo en septiembre y en octubre”. “Destrozamos el mito de que hacer esto [el ajuste] es impopular. No solo hemos inventado el ajuste expansivo, sino que además hemos inventado el ajuste popular”, agregó el Presidente.

Para los próximos meses, y sin las facultades delegadas ni apoyos sustanciales en el Congreso, el Gobierno apuesta a continuar con la efectividad de su aparato comunicacional para seguir imponiendo el modelo libertario. Por sobre todas las cosas, Milei fía en que cumplió con el “job description” que le dieron los votantes en 2023: bajar la inflación.

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras. Según supo Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, y el personal conservará sus cargos hasta que se dicten las nuevas estructuras.

Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.

Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.

También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.

Según los considerandos, las medidas se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. En algunos casos se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones. Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.

Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.

El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Fuente: Noticias Argentinas

Luego de haberlo anunciado hace tiempo, el Gobierno nacional resolvió el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo descentralizado que dependía de la Secretaría de transporte del Ministerio de Economía. La medida será publicada en el Boletín Oficial de mañana. A raíz de esta decisión, el nuevo organismo llevará el nombre de “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”.

Durante décadas, la ahora ex Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial nacional en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.

El objetivo del histórico organismo tenía entre sus principales responsabilidades articular una red de caminos que integrara al país desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Con equipos técnicos propios y una estructura federal, coordinaba obras con las vialidades provinciales y municipios el trabajo, además de contratar empresas privadas para ejecutar trabajos de gran escala.

Concretamente, entre sus tareas más destacadas estaban:

Además, la ex Vialidad Nacional tenía la función de conectar turísticamente al país, garantizando el acceso a regiones como la Patagonia, el Norte argentino y la zona cordillerana. Así, destinos como Bariloche, Cafayate, Ushuaia o Puerto Iguazú fueron más accesibles para millones de visitantes.

Fuente: Noticias Argentinas

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través de la Asamblea Multisectorial, convocaron para mañana una movilización desde el organismo y en contra del decreto “que los desguaza”.

La concentración será en la puerta del INTI, a las 8 hs., donde llevarán adelante una conferencia de prensa para detallar las medidas de fuerza que se tomarán desde ese momento, y luego, marcharán desde el organismo hacia Av. General Paz donde, “si es posible” pretenderán cortar un carril o continuar la movilización hacia Av. Constituyentes.

Esta medida se decidió luego de que se diera a conocer “el contenido del decreto que saldría publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas”, y que determina que el INTI “deja de ser un Instituto Nacional” para convertirse “en una oficina técnica” dependiente del Ministerio de Economía.

El proyecto de decreto, que ya cuenta con la autorización del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirma que hay un 30% del personal que se dedica a “tareas administrativas y de apoyo que es prescindible”, lo que representa “unos 700 puestos de trabajo en peligro”.

En las resoluciones del decreto, también se elimina la autonomía y autarquía del organismo, “al quitarle la potestad en el manejo de los fondos que autogenera por el cobro de sus servicios a la industria”, y que hoy representa el 35% de su presupuesto anual.

Desde la Multisectorial del INTI, afirman que la implementación de este decreto “supone la muerte del Instituto”, que quedaría “inoperativo por el recorte de sus funciones, la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma y la falta de personal” indispensable en el engranaje institucional.

La convocatoria de mañana se realizará con la consigna “abajo el maldito decreto” y llama también a referentes políticos y sociales, sindicatos y usuarios a acompañar el reclamo; asimismo, “advierte sobre los riesgos para la población”, si el INTI deja de prestar servicios que “garanticen la calidad y seguridad de los productos que se consumen”.

Fuente: Noticias Argentinas

Horas después de que la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciara un nuevo paro contra el gobierno de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso en Santiago de Chile y lanzó duras críticas a los sindicatos. En su intervención, el funcionario libertario anticipó además que la “motosierra” se acelerará en 2025 y respaldó a la candidata presidencial opositora del país vecino, Evelyn Matthei.

El funcionario participó de una conferencia en el Centro de Estudios Públicos (CEP), en Providencia, donde habló sobre la gestión de Milei. Sturzenegger no esquivó la referencia de los medios chilenos, que lo presentaron como el “ministro de la motosierra”, y reconoció: “Los argentinos no estamos para darle ninguna lección a los chilenos. Hemos sido un desastre en el tema económico. En los 70 éramos más ricos que Chile y pasamos a ser más pobres”.

En la charla, presentada como “Las lecciones desde la Argentina de Javier Milei y propuestas para Chile”, Sturzenegger describió los dos pilares de la estrategia de Milei: ajuste fiscal y desregulación económica. Sobre este último punto, apuntó contra lo que considera una estructura de poder “enquistada” en la Argentina. “Si miran a los líderes sindicales de hace 40 años, son los mismos. Y si miran a los empresarios, también. La Argentina tiene una estructura de poder muy estable”, sostuvo.

En esa línea, explicó su visión sobre el funcionamiento de este sistema. “Es el triángulo de las Bermudas. Uno de los vértices es la casta sindical, que se lleva el 5% de la masa salarial por mes. Luego está la casta empresarial, aunque parte de ella es víctima. Este sistema tiene un gran gestor político: el partido peronista, el partido de las castas, del statu quo”.

Subrayó que esa red de privilegios está sostenida por normativas y que el objetivo del Gobierno es desmontarlas. “Está hecha por ley y hay que desarmarla”, afirmó. Agregó que su equipo está revisando todas las regulaciones para modificarlas o eliminarlas.

Sobre el ajuste fiscal, destacó que se logró eliminando transferencias discrecionales, paralizando la obra pública y reduciendo el empleo estatal. “Muchos candidatos en Latinoamérica nos llaman para ver cómo abordar el déficit fiscal. Dicen de bajarlo un punto por año y yo pregunto: ‘¿Por qué no cinco en un mes?’”.

El ministro negó que el recorte haya sido impopular. “La gente está cansada de pagar impuestos a un Estado que no le da nada. Teníamos militancia rentable, ñoquis. Cerrar eso es popular”, afirmó. También rechazó que el ajuste haya generado recesión. “Cada peso que el Gobierno gasta es un peso que le saca a la gente. Cuando bajamos el gasto, bajamos impuestos. La gente sintió menor carga tributaria y se lanzó a gastar”.

Sturzenegger confirmó que el proceso de ajuste estatal no solo continuará, sino que se intensificará. “Vemos cada área en particular para decidir si la mantenemos o no. Este proceso de reconversión del Estado va a tener más velocidad que en el primer año”, anticipó.

Por último, elogió la gestión de Milei y su respaldo a los ministros. “Es un Presidente extraordinario. Apoya tremendamente a sus ministros, tiene clarísimo de qué se trata este Gobierno y está dispuesto a correr a la gente que no opera en sus estándares”, sostuvo.

Cerró asegurando que aún queda un largo camino para consolidar el cambio. “La experiencia con Javier es una de las más alucinantes que tuve en mi vida. Pero faltan muchas batallas porque, para estar seguros de que la Argentina cambió, tenemos que terminar de desarticular la estructura de poder. La sociedad está lista, acompaña, y Javier es la persona indicada para llevar esto adelante”.

Fuente: TN

Se oficializaron las modificaciones que completan la desregulación del transporte automotor impulsada por el Gobierno Nacional, según informaron fuentes oficiales.

Los cambios abarcan: agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores, tanto particulares como profesionales; simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir; implementar la licencia nacional digital; eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.

Estas medidas, que se oficializaron hoy a través del Decreto 196/2025, modernizan una normativa con casi 30 años de antigüedad y fueron producto de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

De esta manera, una de las mejoras es que la licencia nacional de conducir será digital y válida en todo el país. Para su renovación los conductores presentarán un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.

Para los casos en que la persona posea antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico práctico. A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.

Tanto los cursos teórico-prácticos como los exámenes de aptitud psicofísica, necesarios al momento de la obtención de la licencia, podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y/o privados, con estándares y exigencias previamente definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los certificados podrán presentarse de manera online, agilizando y modernizando los procesos.

Con respecto a los conductores profesionales de cargas generales y transporte de pasajeros, se elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Las licencias nacionales de conducir de las clases C, D y/o E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos 0km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los 0km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año.

En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.

Otro cambio que moderniza el sistema, es la implementación en todas las rutas nacionales del país de los peajes sin barreras, que no obstaculicen el tránsito vehicular. Para ello la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer un cronograma de implementación que prevea que, para junio de 2027, todas las rutas nacionales deberán contar exclusivamente con sistemas de cobro free Flow.

Finalmente, la normativa incluye el concepto de “vehículo autónomo”, estableciendo los requisitos obligatorios con diferentes niveles de automatización.

Por otro lado, por decisión del Gobierno Nacional, trailers y casas rodantes categoría O1 (acoplados, remolques y trailers para el traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo y bastará con tramitar un solo Certificado de Seguridad Vehicular (CSV). Antes, había que realizar este trámite por cada vehículo para asociarlo al trailer. Esto impactará en menores costos, ahorro de tiempo para los usuarios y menor burocracia.

Uno de los objetivos del Gobierno para el próximo año es desregular el control técnico vehicular argentino y permitir que lo que formalmente se denomina Revisación Técnica Obligatoria (RTO) y que en las jurisdicciones de CABA y Provincia de Buenos Aires tiene el nombre de Verificación Técnica Vehicular (VTV), se pueda realizar en establecimientos particulares como concesionarios oficiales y talleres autorizados.

Esto no es algo nuevo, ya que está escrito en la Ley Nacional de Tránsito que está vigente desde 1995, aunque nunca se llevó a la práctica, dando ámbito para que se creen únicamente las plantas actuales de VTV y RTO. Por esa razón, en la Ley Bases enviada al Congreso en diciembre de 2023 y sancionada a finales de junio de 2024, se hace especial hincapié en formalizar esta situación de apertura, al menos generando el paraguas jurídico para permitirlo.

“Las provincias tienen que adherir a este cambio. Se pretende que la verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso lo vamos a incluir en la Ley de Tránsito. Pero las provincias tienen que adherir a la medida para que se pueda aplicar en cada jurisdicción”, dijo Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Sin embargo, más allá de la decisión del Gobierno y la eventual adhesión de las provincias para que un concesionario oficial o un taller mecánico autorizado puedan hacer una VTV, deben cumplirse otras condiciones. Una es responsabilidad del Estado, pero quedan exclusivamente a cargo de los particulares.

La primera tiene que ver con crear un “ecosistema nacional” que genere el marco dentro del cual funcionen los puntos homologados para hacer estas revisaciones técnicas. Actualmente, las plantas de VTV y RTO sólo verifican los vehículos de su propia jurisdicción, y así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 7 plantas, en la provincia de Buenos Aires hay 30 dependencias. Sin existir una cifra oficial porque son dependencias provinciales o municipales, se estima que hay unas 400 plantas de verificación a nivel nacional.

La apertura a concesionarias oficiales y talleres particulares, implica una informatización, ya que además de contener mayores puntos de control vehicular, deberán estar conectados para poder realizarlo a vehículos de cualquier parte del país.

“La única posibilidad de hacerlo es con equipos conectados a una red, es decir, convirtiendo las plantas de verificación a la tecnología 4.0, con soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. Hay que incorporar inteligencia artificial e Internet de las cosas (IOT) para poder lograr esa integración, no sólo por el funcionamiento en sí mismo, sino también para su control de gestión”, dijo Constantino Abella Roigt, presidente de CVA (Control Vehicular Argentino), la empresa certificada por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que fabricó el 50% del equipamiento de las plantas actuales de VTV que funcionan en Argentina, y que es la proveedora de actualizaciones de software del 80% del mercado.

Las otras dos condiciones que se deben dar son el equipamiento y la capacitación de quienes lo operen. A diferencia de lo que puede imaginarse a simple vista, para que un taller pueda hacer una VTV para autos particulares no es necesario construir una planta muy compleja a nivel edilicio. De hecho, ni siquiera es necesario hace una fosa, aunque ese sería el método más adecuado para revisar los juegos de suspensión y dirección con el peso del auto en orden de marcha actuando sobre las cuatro ruedas.

La última condición es la de tener el personal calificado para utilizar estos equipos, pero también la certeza de la calibración de cada uno para que la medición sea correcta. Incluso, salvo que se modifique el texto de la Ley Nacional de Tránsito cuando el Gobierno publique las reformas que planea implementar.El artículo 34 establece entre otros considerandos que “las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control”.

El artículo 35, por su parte, “Los talleres mecánicos privados u oficiales de reparación de vehículos, en aspectos que hacen a la seguridad y emisión de contaminantes, serán habilitados por la autoridad local, que llevará un registro de ellos y sus características”.

También especifica la capacitación y la responsabilidad de quienes efectúan las revisaciones técnicas al señalar que “cada taller debe tener: la idoneidad y demás características reglamentarias, un director técnico responsable civil y penalmente de las reparaciones, un libro rubricado con los datos de los vehículos y arreglos realizados, en el que se dejará constancia de los que sean retirados sin su terminación”.