Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años que había pedido la eutanasia, falleció este jueves después de recibir la muerte asistida en su habitación de la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. Noelia es la paciente más joven de España en recibir la eutanasia y la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en pasar por este procedimiento.

Su eutanasia debió llevarse a cabo hace dos años, el 2 de agosto de 2024, pero una orden judicial paralizó el procedimiento in extremis a petición de su padre. Durante dos años, el hombre ha intentado de la mano de Abogados Cristianos impedir la muerte asistida de su hija y ha llevado su demanda hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sin éxito.

Finalmente, la eutanasia de Noelia quedó programada para este jueves, 26 de marzo. La joven ha fallecido sola y después de despedirse de su madre, tal y como deseaba, en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes donde estaba ingresada y que consideraba como su “zona de confort”, según expresó en una entrevista en el programa Ahora Sonsoles.

“Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?“, expresó durante su entrevista en Antena 3. La joven planeaba ponerse “el vestido más bonito” de su armario y maquillarse de forma “sencilla” para el momento. “Siempre he pensado que quiero morirme guapa”, aseguró.

“Secuelas permanentes e irreversibles”

Noelia se crio en una familia desestructurada, marcada por las adicciones y problemas de salud mental de su padre, que hicieron que la joven pasara gran parte de su infancia y adolescencia en centros de menores. El evento que marcó esta historia fue, para ella, una agresión sexual múltiple que sufrió en 2022. Poco después, en octubre del mismo año, la joven intentó suicidarse, incidente por el que quedó parapléjica.

El accidente le dejó secuelas graves, dolor y un sufrimiento crónico e imposibilitante: sufre alteración sensitiva, dolor neuropático, incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas, dependencia funcional... Mientras seguía su rehabilitación en el Instituto Guttman de Badalona, Noelia ya expresaba su voluntad de poner fin a su sufrimiento. Finalmente, el 10 de abril de 2024, formalizó su petición ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), órgano independiente encargado de evaluar las solicitudes de eutanasia.

Los expertos certificaron que la joven sufría “secuelas permanentes e irreversibles” y un “sufrimiento constante”, certificando que cumplía los requisitos para recibir la muerte asistida. Su padre no pudo aceptar la decisión de su hija y acudió a los tribunales para intentar paralizar el proceso. “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital? “, dijo Noelia durante su entrevista televisiva.

Fuente: Infobae

Con la aprobación del proyecto en el Parlamento en octubre, gracias al apoyo de legisladores de los tres principales partidos, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en sancionar una ley respecto de la regulación del acceso a una "muerte digna". El Poder Ejecutivo no tardó en promulgarla, pero, desde entonces, no hubo mayores novedades respecto de cuándo podría comenzar a implementarse la normativa que permitirá a personas mayores de edad y cursando una enfermedad terminal incurable o irreversible elegir la eutanasia.

Ahora, desde el gobierno afirmaron que una comisión trabaja en los detalles técnicos y administrativos para dicha implementación. Según explicó el diputado del Frente Amplio (FA), Federico Preve, a Telenoche, uno de los objetivos es definir el procedimiento y los formularios que estarán incluidos en el mismo. Otro aspecto que se analiza es el lugar en el que podrá llevarse a cabo la "muerte digna" —por ejemplo, entre el centro hospitalario o el hogar—, que podría ser elegido por el paciente, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas y sea coordinado con el sistema mutualista y con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Asimismo, también se busca detallar los fármacos y las vías de administración que se utilizarán para los procesos de eutanasia. “Lo primero que queremos dejar en claro es la tranquilidad que los fármacos que se utilizan son ampliamente conocidos por el cuerpo médico, son fármacos que si bien las combinaciones de ellos se utilizan para la letalidad que esto implica”, afirmó Preve.

El protocolo, que estaría listo para reglamentar la ley en abril, incluirá los pasos del procedimiento, mecanismos de seguridad y la conformación de los equipos de salud que participarán en la aplicación. En ese sentido, la reglamentación buscará brindar garantías tanto a los pacientes como a los prestadores de salud.

¿Qué establece la ley de eutanasia?

El artículo 3 de la ley de eutanasia define este procedimiento como aquel "realizado por un médico o por su orden, para provocar la muerte” de una persona en determinadas condiciones de salud.

La normativa establece que podrá acceder toda persona mayor de edad “psíquicamente apta” que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.

El paciente deberá entregar una solicitud “personalmente a un médico, por escrito, que firmará en su presencia”; o a través de otra persona mayor de edad, en un acto en el que deben estar todas las partes presentes. El personal de salud proporcionará toda la información sobre tratamientos disponibles alternativos y corroborar que la voluntad de acceder a la eutanasia sea "libre, seria y firme", en un plazo máximo de hasta tres días. Luego, corresponderá la confirmación de un segundo profesional y la eventual ratificación del paciente respecto de su decisión ante dos testigos que no puedan beneficiarse económicamente a causa de su muerte.

La ley también establece que los médicos pueden rechazar el procedimiento por diferentes razones, como “la objeción de conciencia”, aunque la institución debe siempre garantizar la prestación del servicio. En ese caso, la persona solicitante puede avanzar con un nuevo pedido a otro profesional y, si este rechazara (en un lapso no mayor a tres días), se convocará a una junta médica para evaluar el caso en los próximos cinco días. Dicha junta debe conformarse con un psiquiatra, un especialista en la patología en cuestión y un tercer médico a definir, publicó Ámbito.

El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia a través de la sanción de una ley. La onda expansiva de esa novedad legislativa cruzó el Río de la Plata y llegó al Congreso Nacional: se presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para que la práctica médica se legalice en nuestro país.

La iniciativa fue presentada por el diputado mendocino por la UCR Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, que ocupará su banca hasta el recambio legislativo del próximo 10 de diciembre. El proyecto que ingresó con su firma a través de la Cámara Baja contempla la legalización de la eutanasia y de la muerte asistida.

En concreto, esto es que un médico administre directamente la sustancia que provoque la muerte del solicitante, o que el médico prescriba o proporcione la medicación necesaria para morir y que el solicitante sea quien se la autoadministre.

El texto de la iniciativa describe los requisitos obligatorios para dar acceso a cualquiera de las dos modalidades. El solicitante tiene que ser mayor de edad, argentino o residente de no menos de doce meses en el país. Debe padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, además de haber recibido información médica completa sobre sus posibilidades, incluyendo las opciones disponibles de cuidados paliativos.

Además, según el texto del proyecto de ley, la persona que aspire a la eutanasia o a la muerte asistida, también conocida como suicidio asistido, debe presentar dos solicitudes con un intervalo mínimo de quince días, con testigos y la validación de un juzgado o un escribano. Debe manifestar el consentimiento informado, y puede revocar su decisión en cualquier momento de proceso.

“Presentar el proyecto es una manera de insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años”, le explica Cobos , y suma: “La aprobación en Uruguay sin duda fue un impulso para presentar este proyecto”.

Es que una vez que un proyecto de ley ingresa al Congreso, no importa a través de qué cámara, tiene dos años para ser tratado. Si eso no ocurre, la presentación del proyecto debe repetirse desde cero. Es la tercera vez que Cobos presenta un proyecto de legalización de la eutanasia y la muerte asistida. Ya lo había hecho una vez en la Cámara de Diputados y otra en el Senado.

La iniciativa contempla la objeción de conciencia para aquellos profesionales que decidan no participar de estas prácticas, a la vez que establece que los centros públicos y privados de salud deben garantizar el acceso al procedimiento en caso de que el solicitante cumpla con los requisitos y mantenga su voluntad. Además, impulsa la modificación del Código Penal de cara a que quienes asistan la práctica no puedan ser denunciados como autores de un delito.

“La sociedad ha madurado y ha reflexionado sobre este tema, y que un país vecino como Uruguay haya dado luz verde a la ley puede resultar un impulso para el tema. Se trata de un procedimiento que puede resultar en una muerte digna para personas que atraviesan una enfermedad terminal o un sufrimiento constante intolerable”, describe el diputado radical.

“Sin duda abriría una gran conversación en la sociedad y, como ocurre con estos debates, habrá gente en contra. Pero esta sería una ley que da una solución digna a quien la requiere, y que no obliga a nadie a nada”, explica Cobos. Su proyecto de ley se suma a otros cuatro que impulsan la legalización de la eutanasia que aún tienen estado parlamentario en el Congreso.

Los proyectos sobre la eutanasia legal no han llegado a tratarse en el recinto de ninguna de las dos cámaras. En el caso del último proyecto presentado, debería tratarse en las comisiones de Legislación penal, Acción social y salud publica y Derechos humanos y garantías de la Cámara de Diputados, antes de que el recinto en pleno se ocupe.

“Ahora mismo el Congreso está ocupándose del presupuesto y queda revisar decretos, emergencias y demás cuestiones. Pero llegará el momento para que se trate un proyecto sobre eutanasia y muerte asistida, y es importante mantener siempre vigente una iniciativa con estado parlamentario”, remata Cobos.

Fuente: Infobae

La referente de la Fundación Empatía, Florencia Salgueiro, destacó la histórica aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay y sostuvo que se trata de un acto de “justicia” para quienes transitan padecimientos irreversibles: “Mi papá murió pidiéndolo, y hoy se hizo justicia con quienes vendrán”. Salgueiro, cuya lucha personal estuvo motivada por la experiencia de su padre, Pablo Salgueiro, fallecido de ELA, afirmó: “Lo acompañamos en su sufrimiento, pero su muerte no fue como él quería. Ahora otros tendrán la libertad de decidir”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Salgueiro profundizó en cómo la legislación pone en el centro la autonomía y la dignidad de los pacientes con enfermedades terminales o deterioros irreversibles, al tiempo que explicó los obstáculos atravesados hasta la sanción final. El avance legislativo en Uruguay también cobró relevancia por el contraste con otros países de la región, como la Argentina, donde el debate sobre la eutanasia permanece aún relegado.

A lo largo de la entrevista, Salgueiro puso el foco en la importancia que tuvo su historia personal en la militancia por la ley de eutanasia. “Mi padre vivió tres años con esclerosis lateral amiotrófica. Ya conocíamos la enfermedad porque de eso también fallecieron mi abuelo y mi tío. Pese a los mejores cuidados médicos y paliativos, el desgaste fue enorme. Su vida era de sufrimiento, sentía que no le quedaba calidad de vida. Incluso, luego de meditarlo, un día nos sentó y nos dijo: ‘Hasta acá llegué, esto ya no es vida. Quiero poder elegir cómo y cuándo terminar’”, relató.

El pedido, sin embargo, chocó con la legalidad vigente. “Les planteó a los médicos su voluntad, pero le dijeron: ‘No, lo que vos estás pidiendo no se puede’. Y así fue que él murió sin poder decidir. Haber tenido que acompañarlo de esa manera fue durísimo”, recordó Salgueiro, quien evidenció el vacío legal que afectó a cientos de uruguayos hasta este 2025.

La familia de Pablo Salgueiro, un paciente que falleció enfermo de ELA (@fepreco)

El recorrido parlamentario también estuvo marcado por la persistencia de familiares, activistas y referentes sociales. “Una semana antes de la partida de mi padre, se presentó el primer proyecto de ley de eutanasia. Él llegó a saber que existía, aunque era evidente que no iba a llegar a tiempo —evocó—. Después vinieron propuestas alternativas, negociaciones entre partidos, incluso algún estancamiento por diferencias internas. Pero finalmente, en este nuevo período, logramos el consenso necesario: el proyecto fue desarchivado, votado nuevamente en Diputados y, ayer, aprobado en el Senado. Estamos felices de haberlo conseguido”.

Consultada sobre los desafíos políticos y sociales que enfrentó la iniciativa, Salgueiro describió un escenario de avance y retrocesos. “Hubo bastantes obstáculos; en 2024, cuando el proyecto quedó encajonado, sentimos frustración. La oposición llegó principalmente desde alguna autoridad religiosa —explicó—, aunque incluso mucha gente creyente apoyaba la medida, como reflejaron varias encuestas. Lo que hubo fue una clara voluntad política, y el resultado superó las barreras partidarias: dos tercios del Senado votaron a favor, en un ejemplo de consenso muy necesario para derechos tan sensibles”.

Sobre el corazón de la ley y su implementación, la activista destacó los requisitos estrictos previstos para evitar abusos y priorizar la libertad individual. “La ley está pensada para mayores de edad, ciudadanos o residentes en Uruguay —precisó—. La persona debe estar psíquicamente apta, atravesar una enfermedad terminal que le provoque sufrimientos insoportables o una condición que deteriore progresivamente su calidad de vida, siempre sin esperanza de recuperación. El proceso no es inmediato: debe intervenir un equipo de al menos dos médicos que corroboren la situación. Si hay desacuerdo, se convoca una junta médica, que incluye psiquiatras y especialistas", expuso.

“Tras el aval profesional, se abre un período de diez días para garantizar que la decisión fue bien reflexionada. En ese tiempo se revisa la voluntad del paciente y se exige la presencia de dos testigos, que no sean beneficiarios de la herencia. Si tras todos estos pasos se confirma el pedido, recién entonces se autoriza el procedimiento. Pero la fecha final siempre la decide el paciente”, detalló. Toda esta estructura, advirtió Salgueiro, busca asegurar que cada quién pueda ejercer la máxima soberanía sobre su propio final.

Al ahondar sobre posibles interpretaciones erróneas, la entrevistada aclaró: “La ley es restrictiva: únicamente habilita la eutanasia para personas que puedan expresar su voluntad en forma lúcida y autónoma. No está previsto que terceros decidan por quien no puede manifestarlo, y tampoco se admite la eutanasia por voluntad anticipada o en casos de demencia severa. Para esos escenarios, lo que corresponde son otros cuidados”.

Uno de los temores recurrentes que surgieron durante el debate parlamentario giró en torno al rol del dolor y el acceso a cuidados paliativos. “Hay sociedades médicas que sostienen que con cuidados adecuados muchos pacientes pueden tener mejor calidad de vida —señaló—. Pero la ley no obliga a nadie: hay quienes desean seguir hasta el último momento, y otros a quienes el deterioro les resulta intolerable. La clave es que el dolor no es solo físico; también hay un sufrimiento psíquico y emocional que debe ser respetado”.

Respecto de la posibilidad de que extranjeros accedan a este derecho en Uruguay, fue enfática: “No queremos que se transforme en turismo eutanásico, como puede pasar en Suiza. Para acceder al procedimiento, hay que ser residente o ciudadano uruguayo. El requisito de residencia implica, si no me equivoco, al menos un año en el país, o tener la nacionalidad. Eso cierra la puerta a quienes solo busquen la ley desde el exterior”.

Florencia Salgueiro

Por su experiencia y la polémica que suscitó el aborto en los últimos años, también fue consultada por los resguardos legales para profesionales del sistema de salud. Salgueiro explicó: “Se incorporó un artículo fundamental: la eutanasia no es contraria a la ética médica. Esto exonera judicialmente y ante el colectivo profesional a médicos u otros integrantes del equipo de cualquier pena, siempre que respeten los procedimientos. Además, está habilitada la objeción de conciencia: cualquier integrante del equipo de salud, ya sean médicos, enfermeros o administrativos, pueden excusarse de participar por razones filosóficas, personales o religiosas”.

“Si se da el caso de una objeción institucional, como ocurre con clínicas vinculadas a credos religiosos, igual están obligadas a garantizar el acceso al procedimiento —explicó—. Deben derivar a los pacientes o subcontratar el servicio, porque deben cumplir con la normativa si forman parte del sistema nacional de salud”, precisó al distinguir la robustez de los resguardos legales.

Analistas y columnistas remarcaron en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que Uruguay vuelve a mostrar capacidad de diálogo y acuerdos sobre temas sensibles, en contraste con la postergación del tema en la Argentina. Allí se presentaron algunos proyectos, pero la cuestión sigue paralizada por la falta de consensos y la profundidad del debate público.

Florencia Salgueiro concluyó la entrevista con un mensaje que combinó la memoria de su padre con una convicción personal: “Hoy siento que esta ley es justicia para quienes no pudimos acompañar a los nuestros de la forma que deseaban, pero sobre todo para quienes vendrán. Nadie debería ser obligado a vivir un final que no desea. Debemos confiar en la autonomía y la capacidad de decisión de las personas”.

La reciente sanción de la ley de eutanasia en Uruguay constituye un paso trascendental en América Latina y promueve la discusión a nivel regional sobre los derechos individuales al final de la vida, la ética médica y el respeto a la autodeterminación. Aunque todavía resta la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, el mensaje de Salgueiro y quienes acompañaron este proceso es claro: se abrió la puerta para que cientos de uruguayos tengan una muerte digna, acorde a sus deseos.

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El Derecho a Morir o Eutanasia está cada vez más cerca de ser tratado en el Congreso. Como indica el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario. Con esa regla a su favor, siete diputadas de distintos bloques firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en próximas reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados el año pasado.

El pedido lleva la firma de una de las autoras del proyecto Ley de Buena Muerte, la diputada radical Jimena Latorre, que representa a Mendoza. La acompañan las diputadas del Frente de Todos, Mara Brawer (Ciudad de Buenos Aires), Jimena López (Provincia de Buenos Aires) y Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos). Por Evolución Radical, que integra Juntos por el Cambio, firmaron Carla Carrizo (Ciudad de Buenos Aires) y Marcela Ántola (Entre Ríos). Se sumó la diputada de la UCR Soledad Carrizo (Córdoba).

“La Comisión de Salud, dentro de muchos temas que tiene, también incorporará en 'Asesores', en primer lugar, los proyectos referidos a eutanasia por el pedido que hicieron diputadas de distintos bloques”, dijo a elDiarioAR Mónica Fein, presidenta de la Comisión. ¿De qué se trata que incorporen el asunto a “Asesores”? La convocatoria de especialistas en tema, a favor y en contra. “Una asesoría a los miembros de la Comisión regidos por la Ciencia, la Bioética y el Derecho. Creemos que para el próximo mes empezarían las reuniones informativas”, agregó a este diario la diputada Latorre.

La idea es llegar a un dictamen de mayoría para que pase al recinto. Pero el proceso llevará tiempo. El contexto no ayuda: la prioridad sigue siendo la atención de la pandemia y la crisis económica no da tregua. Latorre es, sin embargo, optimista: “La regulación del derecho a morir puede llegar al Congreso este año. Estamos preparados. Logramos el derecho al divorcio vincular, al matrimonio igualitario y a la IVE; no hay que subestimar a la ciudadanía. Por otro lado, no sería justo decirle a un padeciente que hay otros temas, más importantes o urgentes, que el suyo”.