Ante la Justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentó una demanda colectiva contra la plataforma de servicios financieros Mercado Pago, en la cual cuestionan el cobro de intereses que consideran abusivos.

Según el cálculo de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), las tasas aplicadas superarían el 1300% anual. El planteo apunta a que la Justicia revise esos montos y determine si corresponde la devolución de sumas que, según la presentación, habrían sido cobradas de manera indebida.

La demanda fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Espasandín representa a las dos damnificadas en el reclamo contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma Mercado Pago. La causa quedó planteada en el fuero comercial, donde deberá analizarse el alcance de los intereses cuestionados y la eventual responsabilidad de la empresa.

De acuerdo con la asociación, la discusión no se limita a los dos casos que motivaron la acción. ACFRA sostiene que una eventual resolución favorable podría extender sus efectos a otros usuarios de Mercado Pago en situaciones similares. Según los registros de la entidad, serían aproximadamente siete millones los usuarios en Argentina que podrían quedar comprendidos por ese eventual alcance. Ese punto dependerá de lo que resuelva el tribunal sobre la procedencia del planteo colectivo o individual y sobre la forma de eventuales restituciones.

En declaraciones al stream Contra Ataque, Espasandín afirmó: “Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados indebidamente”. El abogado añadió que muchos consumidores recurrieron al crédito para afrontar situaciones económicas concretas y terminaron pagando costos financieros que consideran excesivos. Esa definición forma parte de los argumentos de la presentación, que ahora quedó en manos de la Justicia.

La resolución judicial deberá determinar primero si corresponde avanzar sobre el esquema de intereses cuestionado y, en ese caso, si existe base para ordenar devoluciones. El planteo también deja abierto el debate sobre el alcance de una eventual sentencia respecto de otros usuarios alcanzados por condiciones similares. Hasta que exista una decisión, el caso queda circunscripto a la denuncia presentada por ACFRA y a los dos reclamos que le dieron origen.

“Lo que se logró ayer es un paso muy básico: instar a las comisiones a tratar el tema. Es un camino largo, pero sirve para visibilizarlo y obligar al Gobierno a tratarlo”, señaló Michel en diálogo con Bolazo Stream y Cero.

En ese sentido, cuestionó el argumento oficial de que el endeudamiento constituye un problema entre privados. “Eso es falso, porque el Gobierno está interviniendo en esa situación: ancla el salario, atrasa su recuperación e interviene cuando regula las tasas eliminando los topes para los bancos”, sostuvo.

Michel también anticipó que ratificará una denuncia para que se investigue a las billeteras virtuales por presunta usura. Además, explicó que impulsa un proyecto inspirado en el PIX, la plataforma de pagos digitales utilizada en Brasil.

“Queremos que haya igualdad de condiciones para elegir otras opciones. Hoy los comercios están cautivos con dos o tres billeteras virtuales”, afirmó.

“El Gobierno está disociado de la realidad”

Para Michel, el problema central está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo. “El Gobierno está disociado de la realidad porque no se ocupa del problema de fondo, que es mejorar el poder adquisitivo de los sueldos y las jubilaciones”, expresó.

Según planteó, el incremento de los servicios profundiza esa situación. “Los servicios están subiendo muy por encima de la inflación, eso hace que los sueldos pierdan su poder adquisitivo”, manifestó.

El dirigente cuestionó además el rumbo económico y social de la administración nacional. “Tiene que ver con el modelo social que está intentando instalar el Gobierno, que es peruanizar la economía, que no haya clase media ni industria”, afirmó.

En relación con los proyectos sobre endeudamiento, indicó que son 51 las iniciativas que pasarán a comisión. “Ahora lo que tenemos que hacer es lograr una síntesis y un reclamo común. Vamos a hacer todos los esfuerzos para tener un dictamen único”, explicó.

Críticas a las importaciones

Michel también apuntó contra la apertura de importaciones y sus efectos sobre el empleo. “La gente nos va a volver a escuchar si hablamos de los problemas del día a día”, sostuvo.

En ese marco, mencionó la pérdida de puestos de trabajo en Gualeguaychú: “Tuvimos la pérdida de 100 puestos de trabajo en Unionbat. Son trabajadores que no pueden llevar la comida a su casa”.

También hizo referencia a la actividad avícola en Entre Ríos. “Mirá Granja Tres Arroyos. Entre Ríos es la capital de la producción avícola y ahora se está importando de Brasil”, cuestionó.

Si bien reconoció que se puede discutir la matriz industrial del país, planteó que debe existir un punto intermedio. “No digo que hagamos lo de Cuba. Miremos lo que hace Trump, que aplicó impuestos a los medicamentos chinos para defender su industria y no destruir sus puestos de trabajo. Por supuesto, hay un punto intermedio”, afirmó.

Malvinas y las empresas beneficiadas por el RIGI

Por último, Michel cuestionó la posición del Gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas y sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial y los beneficios que reciben empresas vinculadas con las islas.

“El Gobierno está tratando de agitar una bandera en la que no cree para tratar de cambiar la conversación pública”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que desde su espacio presentaron dos proyectos vinculados al tema. “Si la Argentina quiere jugar en serio en este tema, que deje sin efecto la disposición impositiva que beneficia a las empresas inglesas que invierten en Argentina”, planteó. También mencionó una iniciativa para aplicar penas de prisión a quienes realicen pesca ilegal.

“Esto tiene que ver con una sobreactuación del Gobierno, porque están saltando todas las empresas que operan en Malvinas y tienen beneficios del RIGI”, sostuvo.

Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no“, dijo recientemente el presidente Javier Milei en relación a los niveles récord de morosidad. Mientras tanto, casi 5 de cada 10 hogares que sufrían estrés económico —es decir, cuyos ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas— debieron pedir dinero prestado el año pasado.

Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que busca identificar la vulnerabilidad previa a la mora y abarca fuentes de financiamiento que no siempre quedan reflejadas en las estadísticas bancarias.

La expansión del crédito de 2024 y 2025 coincidió con el inicio de un proceso de caída del poder adquisitivo y el empleo, al tiempo que los gastos empezaron a ejercer una mayor presión sobre el bolsillo, de la mano de la quita de subsidios a las tarifas. La suba de tasas, derivada en gran medida del endurecimiento de la política monetaria por parte del Gobierno para frenar la volatilidad cambiaria y contener la inflación en la previa electoral, volvió aún más compleja la situación.

El informe del ODSA muestra que, durante el tercer trimestre de 2025, el 27,4% de los hogares recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para sostener sus gastos habituales.

La diferencia es especialmente marcada al considerar el estrés económico: el 49,2% debió acudir al crédito, frente al 13,3% de los hogares que no atravesaban esa situación.

La pobreza también aparece como un factor determinante. El 44,4% de los hogares pobres se endeudó para afrontar gastos corrientes, casi el doble que entre los no pobres, donde el indicador fue del 22,4%.

Por nivel socioeconómico, la proporción de familias que tuvieron que financiarse pasó del 11,8% en el estrato medio-alto al 23,2% en el medio-bajo, al 32,5% en el bajo y alcanzó el 47,5% en el muy bajo.

El panorama se vuelve todavía más crítico cuando se combinan pobreza y estrés económico. En ese grupo, el 55,8% pidió dinero para los gastos del día a día. Entre los no pobres con estrés, la proporción fue del 44,7%, mientras que entre los pobres sin estrés alcanzó el 17,7%.

Por otro lado, el estudio observó una importante heterogeneidad territorial. La mayor incidencia se evidenció en el resto urbano (30,6%), seguido por el conurbano bonaerense (29,7%) y las otras grandes áreas metropolitanas (26,5%). CABA presenta un nivel total mucho menor, de 12,8%.

“La insuficiencia inmediata de ingresos aparece como el correlato más próximo del recurso al préstamo, sobre una vulnerabilidad estructural que la pobreza profundiza”, afirmó el ODSA.

Agustín Salvia, director del Observatorio, señaló que el año pasado se había generado un clima de endeudamiento basado en la expectativa de una futura solvencia, asociada a la perspectiva de crecimiento económico. No obstante, explicó el especialista, detrás de esa dinámica persistía una fuerte debilidad financiera. Se estaba formando una burbuja de consumo sin que las condiciones macroeconómicas fueran todavía sólidas.

Este escenario llevó a que la morosidad iniciara una tendencia alcista, hasta ubicarse en máximos históricos. El Banco Central registró en junio una tasa de irregularidad del crédito bancario a las familias del 12,8% del saldo, frente al 2,5% con el que había terminado 2024.

Al incorporar tanto a los acreedores bancarios como a los no bancarios, se estimó que en ese mes había 5,86 millones de personas con al menos una deuda atrasada. De ese total, el 17% debía menos de $100.000, mientras que cerca del 40% adeudaba un monto inferior al salario mínimo, establecido en $367.800.

Una encuesta reciente de Inteligencia Analítica arroja que, entre los principales motivos del endeudamiento, el 44,5% de los encuestados mencionó alimentos y productos básicos y el 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda. Adicionalmente, el 77,2% tomó una nueva deuda para cancelar una anterior en los últimos seis meses.

En este contexto, el ODSA concluyó que, si bien los resultados del trabajo no demuestran que los hogares que pidieron dinero prestado en 2025 sean los mismos que cayeron en mora en 2026, vuelven comprensible el deterioro.

“Cuando el crédito deja de adelantar un consumo durable y empieza a cubrir el presupuesto ordinario, cualquier pérdida de ingreso, aumento de gastos fijos o encarecimiento de la refinanciación reduce rápidamente la capacidad de pago”, remarcó.

“El problema, por lo tanto, no es el acceso al crédito en sí mismo, que puede ampliar oportunidades, sino su uso defensivo en hogares sin margen financiero y bajo condiciones costosas. La respuesta requiere combinar recuperación de ingresos y empleo, evaluación responsable de la capacidad de pago, información clara sobre los costos y mecanismos tempranos de refinanciación que eviten que un desajuste transitorio se convierta en sobreendeudamiento persistente”, planteó.

El Gobierno sostiene que la morosidad “es un problema entre privados” y ya adelantó que no se planea ninguna medida en particular para aliviar a los deudores. “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su intervención en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El titular del Palacio de Hacienda consideró que parte de lo ocurrido responde a un proceso de aprendizaje. “Por mucho tiempo, los bancos no hacían de bancos, sino que le prestaban al Gobierno”, indicó.

 El endeudamiento de las familias se convirtió en una de las caras más visibles de la situación económica actual y Gualeguaychú no escapa a esa realidad. Un relevamiento elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), a partir de datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), muestra que en el departamento hay casi 44.000 personas con algún tipo de deuda registrada en el sistema financiero formal y que prácticamente dos de cada diez de ellas se encuentran en situación de mora.

De acuerdo con los datos correspondientes a junio de 2026, el monto total de deuda registrado en el departamento Gualeguaychú asciende a $203.497,36 millones, mientras que la deuda en mora alcanza los $25.596,51 millones. Medida en pesos, la tasa de mora general se ubica en 12,58%. Pero el dato adquiere otra dimensión cuando se mide en personas: son 8.696 deudores morosos sobre un total de 43.949 deudores únicos, lo que eleva la proporción al 19,79%. Es decir, casi dos de cada diez personas con deudas registradas tienen atrasos en sus pagos, aunque esas deudas representen una porción menor del total de dinero adeudado.

La situación no es homogénea dentro de la provincia. Gualeguaychú presenta una tasa de mora inferior a la de departamentos como Concordia, que alcanza el 17,42%; Federación, con el 15,1%; y Paraná, con el 14%. En cambio, se encuentra por encima de Gualeguay y Tala, donde los índices son del 9,9% y 9%, respectivamente.

El fenómeno también permite observar cómo cambiaron las formas en las que las familias acceden al crédito. En Gualeguaychú, 21.696 personas mantienen deudas con bancos tradicionales, de las cuales 3.787 se encuentran en mora; es decir, acumulan atrasos superiores a los 90 días.

Pero detrás de esas cifras aparece una transformación en el sistema financiero que afecta particularmente a los sectores más jóvenes, que es el crecimiento de los “neobancos”: las plataformas digitales. La facilidad para acceder a préstamos y otros servicios financieros desde un teléfono celular, con pocos requisitos y en cuestión de minutos, amplió el acceso al crédito, pero también generó nuevas situaciones de sobreendeudamiento.

El dato es especialmente significativo entre los menores de 25 años. En Gualeguaychú, la tasa de mora juvenil alcanza aproximadamente el 30%, lo que significa que tres de cada diez jóvenes deudores presentan atrasos superiores a los 90 días cuando se consideran todas las entidades financieras.

El porcentaje coloca al departamento dentro del promedio provincial, aunque revela una problemática que adquiere particular importancia por tratarse de personas que recién comienzan su vida laboral y financiera. En otros departamentos la situación es todavía más compleja. Concordia registra una mora juvenil del 41,07%, mientras que Paraná alcanza el 34,02% y concentra además el 27,93% del total de jóvenes morosos de Entre Ríos.

En este punto, el crecimiento de las plataformas digitales aparece como uno de los aspectos más relevantes del informe. En toda la provincia hay 40.613 jóvenes de hasta 25 años con deudas registradas en el sistema financiero formal y el 32,25% presenta atrasos superiores a los 90 días.

Pero quizás uno de los datos que más permite dimensionar el cambio en los hábitos financieros es que 27.867 de esos jóvenes tienen obligaciones con neobancos, es decir, alrededor del 69% del total.

Se trata de aplicaciones y entidades financieras digitales que permiten solicitar créditos y acceder a distintos servicios con una operatoria mucho más sencilla que la de los bancos tradicionales. La posibilidad de obtener dinero de manera inmediata puede resultar una herramienta para resolver una emergencia, pero también puede convertirse en una puerta de entrada a una cadena de obligaciones cuando los ingresos no alcanzan para afrontar los vencimientos.

La mora también presenta diferencias importantes según el tipo de acreedor. Entre los jóvenes entrerrianos, alcanza el 31,1% en los neobancos, mientras que trepa al 43,5% en las tarjetas no bancarias y llega al 48,6% entre los proveedores no financieros de crédito.

Es decir, cuanto más se amplía el universo de alternativas para acceder al financiamiento por fuera de la banca tradicional, también aparecen niveles elevados de incumplimiento.

Las deudas que se multiplican y acumulan

Otro de los puntos destacados que permite observar el relevamiento de los datos es la denominada “deuda cruzada”, una situación que ocurre cuando una misma persona mantiene obligaciones con distintos tipos de entidades financieras.

En Entre Ríos se contabilizaron 52.724 obligaciones financieras entre los jóvenes de hasta 25 años, frente a 40.613 deudores únicos de esa misma franja etaria, una diferencia que evidencia que buena parte de ellos no tiene una sola deuda, sino compromisos simultáneos con diferentes acreedores.

El dato resulta particularmente relevante porque muestra que el problema no se limita a quienes tomaron un crédito y dejaron de pagarlo. En muchos casos, las personas recurren a distintas herramientas de financiamiento al mismo tiempo: tarjetas, préstamos bancarios, billeteras virtuales, neobancos o proveedores de crédito.

Así, una deuda puede terminar siendo reemplazada por otra para afrontar un vencimiento anterior, generando una cadena difícil de cortar cuando los ingresos familiares permanecen estancados o pierden capacidad de compra mes tras mes.

El impacto en las familias

El endeudamiento, de esta manera, deja de ser solamente una cuestión financiera y comienza a impactar directamente sobre la economía cotidiana. Cuando una parte creciente de los ingresos debe destinarse al pago de cuotas, intereses y vencimientos, queda menos dinero disponible para alimentos, servicios, alquiler, educación, salud o consumo.

En Gualeguaychú, los $203.497 millones de deuda registrados permiten dimensionar la magnitud del fenómeno. Pero detrás de esa cifra hay casi 44.000 personas que tienen obligaciones financieras y, entre ellas, 8.696 que ya acumulan atrasos.

El escenario adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa a los menores de 25 años. Que alrededor de tres de cada diez jóvenes deudores se encuentren en mora muestra que el acceso temprano al crédito no siempre está acompañado por ingresos suficientes para sostenerlo.

Los datos oficiales dejan así una fotografía del endeudamiento en Gualeguaychú: una economía familiar que recurre cada vez más al crédito para afrontar sus necesidades, un sistema financiero que ofrece nuevas vías de acceso al dinero y una proporción importante de personas que, una vez que toman esas obligaciones, encuentran dificultades para mantenerse al día.

Alivio a los endeudados: tironeo entre oposición y oficialismo por su tratamiento

Desde el inicio del año se fueron acumulando distintos proyectos opositores para atender la morosidad en los hogares, una problemática que no había sido prioridad en la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei y que también impacta en la industria. El crecimiento del indicador, y el lugar que fue ocupando en la agenda pública, llevó a que un grupo de diputados pidiera una sesión para tratar el tema. El oficialismo, por su parte, convocó a comisiones, lo que en los hechos posterga su tratamiento en el recinto.

La oposición reunió en la última sesión 133 votos para habilitar el debate sobre la morosidad —una cifra que alcanzaría para una media sanción, pero que no permitió tratar los proyectos porque no estaban incluidos en el temario, algo para lo que se necesitan tres cuartos del recinto—. Ese antecedente, sumado a la convocatoria firmada por 49 diputados de ocho bloques (entre ellos, aliados provinciales habituales del Gobierno), alimenta la expectativa opositora de reunir nuevamente los votos necesarios para el miércoles 9 de septiembre.

El objetivo de la oposición es habilitar en comisiones el debate de los 50 proyectos presentados, en un ámbito donde hasta ahora La Libertad Avanza no dio tratamiento a iniciativas de otros bloques. Tras la convocatoria a sesión, el oficialismo respondió con un llamado a la Comisión de Finanzas —que se reunió solo dos veces en lo que va del año, para tratar redacciones elaboradas en el Ministerio de Economía—. La fecha fijada es el 2 de septiembre a las 13.30, con un temario que incluye declaraciones de emergencia, programas de reestructuración de deuda, leyes de atención específica (a jubilados, a deudores de tarjetas, a quienes tomaron créditos hipotecarios UVA) y reformas sobre los límites a las tasas de interés.

La oposición participará de esa reunión, pero mantiene la convocatoria a sesión del 9 de septiembre para intentar fijar fecha de dictamen y acelerar los tiempos de votación. En el Senado, la oposición evalúa un escenario más lento, con la expectativa de debatir el tema recién en octubre, y ya inició conversaciones con los gobernadores para conseguir su respaldo.

Desde La Libertad Avanza sostienen los argumentos que Javier Milei plantea en sus apariciones públicas: consideran que se trata de una problemática de alcance acotado, potenciada por gastos asociados al Mundial, como cuotas de electrodomésticos y apuestas online. Bajo esa lectura, el llamado a comisiones busca darles a sus aliados una salida discursiva para no respaldar la convocatoria a sesión.

El endeudamiento de las familias en Argentina se mantiene en niveles récord por encima del 12,8%. El presidente Javier Milei atribuyó parte del aumento de la deuda de las familias a la compra de televisores durante el Mundial, pero la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó esa explicación y señaló que el problema está vinculado con la caída del poder adquisitivo.

Según el informe del Banco Central, la morosidad familiar sigue alta, con una diferencia según el tipo de crédito: en tarjetas hubo una baja leve en el atraso de pagos, mientras que en los préstamos personales la morosidad subió. El mismo informe agrega un matiz sobre esa aparente mejora parcial. Parte de la reducción en algunos índices se explica porque ciertos deudores pasan a la categoría de irrecuperables y dejan de ser contabilizados.

Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, atribuyó el fenómeno a la caída del ingreso real y no al consumo de bienes suntuarios. Al ser consultado por el origen de las deudas, respondió en Infobae en Vivo: “Es por la caída del poder adquisitivo”.

El debate sobre el destino de la deuda apareció en contraste con las explicaciones públicas del presidente Javier Milei. El mandatario atribuyó parte de la morosidad al consumo de bienes como televisores durante el Mundial.

“El efecto mundial. Si ustedes se fijan, una de las cosas que genera los problemas de créditos, ¿qué pasa? Vino el mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos, ¿y qué hacían? Se llevaban televisores para el mundial”, dijo Milei durante su discurso en el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Femenía rechazó esa lectura y ubicó el centro del problema en los salarios, los servicios y el acceso al financiamiento. Según dijo, el crédito falta como motor del consumo porque muchas personas no acceden por tasas elevadas, porque no califican o porque ya agotaron su capacidad de endeudamiento.

“Cuando nosotros analizamos los datos que publicamos mensualmente, y hace rato que lo venimos notando, que falta una pata para impulsar el consumo, es el crédito. Y el crédito es porque la gente no tiene acceso, porque las tasas son muy altas o porque no califican, o porque ya están endeudados y no pueden utilizar más la tarjeta o un crédito personal para poder seguir consumiendo”, indicó el vocero de la CAME.

La CAME atribuyó la deuda de las familias a la caída del poder adquisitivo y del ingreso real, y no al consumo de bienes suntuarios (Captura de video)

Femenía sostuvo que muchas familias recurren al financiamiento para adquirir “alimentos, también calzado, indumentaria, que también son realmente cosas necesarias para todos los días, más la familia que tiene hijos, evidentemente”. Según explicó, esa conducta no comenzó este año, sino que ya se observaba desde antes de mediados de 2023.

El vocero describió además un cambio visible en los hábitos de consumo. Dijo que los compradores se vuelcan a segundas, terceras y cuartas marcas y que la compra en pequeñas cantidades pasó a ser una práctica extendida en los comercios de cercanía.

Sobre ese deterioro, señaló: “La gente llega con mucha dificultad a fin de mes. Y vemos en el mercado de cercanía donde va la gente trabajadora que, ganando arriba de un millón de pesos, pagando alquileres y un montón de gastos, vemos que compra fraccionado. Compra muy a poco, segunda, tercera, cuartas marcas. Y ahí nosotros notamos el resentimiento del consumo”, afirmó.

La entidad también ubicó un momento preciso en el agravamiento del cuadro. Femenía afirmó que, después de un rebote económico que se extendió hasta los primeros meses de 2025, la situación volvió a tensarse con la limitación de las negociaciones paritarias y el aumento de tarifas.

En esa descripción, el vocero habló de un atraso salarial de entre 10% y 12%. “El atraso llega con un salario un poco más quieto y con gastos en tarifa que suben. Realmente provoca una dificultad”, aseguró.

Muchas familias usan financiamiento para comprar alimentos, calzado e indumentaria, mientras se extiende la compra de segundas marcas y en pequeñas cantidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro no impacta solo en los hogares. Femenía advirtió que las pequeñas y medianas empresas también enfrentan dificultades para sostener sus obligaciones crediticias, tributarias y salariales en un escenario de caída del consumo.

Al describir ese cuadro, afirmó: “Hay problemas de irregularidad, no solamente con el tema crediticio, sino también con el tema tributario, porque cuesta mucho hacer caja para lo que es producción industrial”. Según el vocero, cuando las ventas bajan, la industria tiene más problemas para colocar su producción y la cadena de pagos se resiente.

También planteó que muchas firmas se ven forzadas a postergar compromisos para evitar atrasos salariales. En ese punto dijo: “Si no te atrasás con el salario, que claramente uno trata de no atrasarse, puede ser con el pago de impuestos. Estamos en un momento que ARCA está saliendo a cobrar impuestos y, hubo muchos embargos. Nosotros habíamos pedido un plan como para revolurizar, evitar embargos y que las pymes pudieran desendeudarse. Eso por ahora no está funcionando”.

Sobre la respuesta oficial, cuestionó las condiciones del esquema impulsado por ARCA. “El plan que sacó ARCA no fue de nuestro completo agrado, porque pensábamos en un plan mucho más largo con una tasa un poquito más conveniente”, sostuvo.

La combinación de endeudamiento familiar, restricciones de crédito, suba de tarifas, atraso salarial y menor consumo es, para la CAME, el núcleo de una tensión que ya afecta tanto la vida cotidiana de los hogares como el funcionamiento financiero de las pymes.

Manifestantes de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales marcharon a las puertas del Ministerio de Economía para reclamar contra el endeudamiento familiar y la morosidad récord que registra el país, y exigieron que el gobierno de Javier Milei impulse “un programa de refinanciación de deudas”.

Los referentes de esas organizaciones entregaron en el Palacio de Hacienda un documento con reclamos para revertir esa situación y no hubo acto con discursos, ya que no se montó un escenario.

Frente a este cuadro de situación, exigieron a la Casa Rosada "cumplir con la función de regulación del BCRA respecto a los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras, billeteras virtuales y todo medio susceptible de endeudamiento con personas físicas".

Además, en el escrito pidieron "analizar la situación de endeudamiento de las Pymes que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo"

Y también "la puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas que atienda el alarmante nivel de morosidad, incluyendo niveles de tasa acordes a la evolución de los ingresos".

En la marcha estuvieron los miembros del triunvirato de la CGT, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, y otros referentes de la central, como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

"El endeudamiento es una política de gobierno. Hoy movilizamos al Ministerio de Economía contra un modelo que empuja a las familias argentinas a endeudarse para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos. Basta de usura", sostuvo además la CGT en su cuenta de X.

Debido a que las columnas marcharon hacia la sede ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 250, en las inmediaciones de Plaza de Mayo, se produjeron interrupciones totales y parciales en el perímetro delimitado por las avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem, Av. de Mayo y Belgrano, afectando de manera directa el recorrido del metrobús y los accesos desde la zona sur del conurbano hacia el microcentro.

"El equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes y reactivar la producción y el consumo y poner en marcha la economía real", comienza expresando el documento.

"La situación económica está golpeando cada vez con más fuerza a las familias trabajadoras y también a las empresas que producen y generan empleo" y sigue diciendo que "a la caída de los ingresos y el deterioro del consumo, se le suma el costo elevado del endeudamiento que sufren familias y PYMES que está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes, pagar las cuotas y sostener las actividades productivas".

Además, agrega que "el crecimiento de la mora financiera formal ya sea a través del sistema bancario u otros canales financieros, es el reflejo de una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, de consumo y de producción. Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo".

También resalta que es "mucho más complejo aún es el escenario de aquellas familias que, imposibilitadas de acceder al crédito a través de canales formales, se ven obligadas a recurrir a vías informales de financiamiento, incluso para poder cubrir sus necesidades básicas, y son víctimas de intereses usurarios exponiéndose a situaciones más dramáticas aún".

"Frente a esta situación, es necesario que las políticas públicas atiendan esta problemática que agrava aún más la crisis socioeconómica. La posibilidad de refinanciar las deudas, extendiendo los plazos y reduciendo transitoriamente la presión de las cuotas, puede permitir que las familias recuperen capacidad de consumo y que las empresas puedan sostener su producción", suma y, cierra diciendo que "el objetivo es liberar recursos para volver a poner en marcha ese círculo virtuoso que une ingresos, consumo, producción y empleo".

Respecto de la situación, en el inicio de la movilización el referente de la CTA Autónoma y secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló: “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”.

Y aseguró que “el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir”.

En este contexto, Aguiar apuntó contra Milei al decir que “el presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en unos 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos”.

Por eso, sostuvo que “es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo”, marcó Aguiar quien luego sostuvo que “es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional”.

Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales.

Fuente: Noticias Argentinas

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, advirtió que el uso de las tarjetas de crédito atraviesa un límite debido al deterioro de la capacidad de pago de los consumidores y señaló que los bancos están restringiendo el financiamiento ante el aumento de la morosidad.

“El uso de la tarjeta de crédito está agotado: la gente no puede pagar el mínimo”, afirmó Cuattromo durante una entrevista exclusiva con “Serrucho Económico”, el streaming de Ahora Play.

El titular del Banco Provincia sostuvo que “los bancos cierran la puerta y no dan más crédito por la crisis de deuda” y explicó que la entidad que conduce evita ampliar el financiamiento a tasas elevadas para no profundizar los problemas de incumplimiento.

“No damos crédito a una tasa del 300% para no agravar el problema de la morosidad”, señaló Cuattromo, quien agregó: “No veo que el crédito se sostenga, la prima de riesgo es grande”.

En ese sentido, el presidente del Banco Provincia consideró que “el problema de morosidad es de política económica” y vinculó el deterioro del crédito con la evolución del consumo en la provincia de Buenos Aires.

Cuattromo indicó que el consumo bonaerense “viene cayendo de forma sostenida en los últimos dos años” y destacó el desempeño de Cuenta DNI como una de las principales herramientas que actualmente permiten sostener las operaciones.

“Hoy la que sostiene es Cuenta DNI, es el único dispositivo que tiene crecimiento en el consumo”, afirmó, y explicó que ese comportamiento responde, en parte, a la estrategia de promociones impulsada por el banco, aunque también lo vinculó con el agotamiento del financiamiento mediante tarjetas. “Probablemente esté agotado el ciclo de pago con tarjeta”, sostuvo.

Al analizar el comportamiento del consumo, Cuattromo señaló que los rubros que muestran mayor crecimiento están relacionados con el pago de servicios y gastos esenciales, como las facturas de electricidad y gas y la compra de combustible.

En contraste, precisó que las mayores caídas se registran en restaurantes, esparcimiento y turismo, sectores particularmente vinculados al consumo no esencial.

El uso de tarjetas de crédito y préstamos requiere conocer con precisión las condiciones de financiación para evitar que una deuda se vuelva difícil de afrontar. Desde el Área de Defensa del Consumidor advirtieron sobre los riesgos de recurrir de manera habitual al pago mínimo de la tarjeta, ya que el saldo restante se refinancia automáticamente y acumula intereses, generando un efecto de “bola de nieve” que puede volver la deuda impagable.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta antes de contratar cualquier financiación es el Costo Financiero Total (CFT), que refleja el costo real de la operación e incluye intereses, comisiones, seguros y gastos administrativos. La Ley 24.240 establece que esta información debe ser especificada, por lo que se recomienda solicitar siempre por escrito el detalle analítico del CFT antes de contratar un préstamo, especialmente cuando se trata de créditos digitales.

Otra de las recomendaciones es concentrar los consumos en una sola tarjeta, una medida que permite evitar el pago de múltiples comisiones y facilita un mayor control sobre las obligaciones asumidas.

Derechos frente a las agencias de cobranza

Ante atrasos en el pago, los consumidores cuentan con derechos que deben ser respetados. El artículo 8 bis de la Ley 24.240 establece el derecho al trato digno y fija límites para las prácticas que pueden llevar adelante las empresas encargadas de gestionar el cobro de deudas.

Entre las prácticas prohibidas se encuentran el hostigamiento telefónico reiterado, el contacto con empleadores, familiares o vecinos para reclamar una deuda, la simulación de escritos judiciales o embargos y el envío de cartas abiertas que evidencien una situación de cobro forzoso.

Además, los consumidores tienen derecho a exigir información detallada y por escrito sobre la deuda reclamada, incluyendo el capital adeudado y el desglose de los intereses aplicados.

Ante dudas, consultas o situaciones vinculadas con relaciones de consumo, los vecinos pueden comunicarse con el Área de Defensa del Consumidor al teléfono 420450, por WhatsApp al 3446-332763 o mediante el correo electrónico omic@gualeguaychu.gov.ar.

Además, otro 40 por ciento de las solicitudes se encuentra en trámite, por lo que el programa continúa avanzando en la evaluación y resolución de las situaciones financieras de trabajadores y jubilados que buscan ordenar sus deudas.

La iniciativa fue puesta en marcha en mayo pasado con el objetivo de brindar una herramienta concreta para que los entrerrianos puedan cancelar deudas vigentes con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades, y unificarlas bajo condiciones financieras más favorables. El plan contempla una tasa fija del 60 por ciento, hasta 72 meses de plazo y un período de gracia de hasta dos meses.

Del total de personas inscriptas, 776 casos -el 16 por ciento- no califican para acceder al programa debido a las condiciones que presentan como deudores frente al Banco Central.

En tanto, los 2.609 inscriptos restantes se encuentran en distintas etapas del proceso: algunos ya fueron analizados y están a la espera de completar documentación, mientras que otros continúan en instancia de análisis.

Una herramienta que alcanzó también al sector privado

Uno de los aspectos destacados del programa es su alcance, ya que no está dirigido exclusivamente a trabajadores de la Administración Pública Provincial y jubilados provinciales. Del total de inscriptos, el 21 por ciento corresponde a empleados que no pertenecen a la Administración Pública Provincial ni son jubilados provinciales.

De esta manera, la herramienta también alcanzó a trabajadores del sector privado, en línea con el objetivo de ofrecer alternativas para mejorar el perfil financiero de las familias entrerrianas y liberar recursos destinados al pago de cuotas elevadas. El Banco Entre Ríos contempla como destinatarios a empleados públicos, privados y jubilados.

El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos se implementó como una política orientada a ordenar las finanzas personales, reducir la carga mensual de las familias y brindar una alternativa de financiamiento en mejores condiciones, a partir de la unificación de obligaciones vigentes.

El endeudamiento de las familias trabajadoras dejó de ser una situación excepcional para convertirse en una estrategia de supervivencia. Así lo indicó un relevamiento nacional difundido por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el cual señaló que el 87% de los empleados estatales mantiene deudas vigentes y un 40% recurre al crédito para afrontar gastos esenciales como alquiler, salud, educación y alimentación. A su vez, el 73% de los encuestados reportó deudas con más de una entidad financiera.

Desde ATE Entre Ríos advirtieron que este escenario refleja una realidad que impacta directamente en los hogares provinciales y municipales: ante la pérdida del poder adquisitivo, el recurso al endeudamiento mediante tarjetas, préstamos personales o financiamiento cruzado se volvió cotidiano. A nivel local, estadísticas de la entidad señalan que el 84% de los hogares entrerrianos registra deudas utilizadas como mecanismo de subsistencia.

El informe detalló que el deterioro de los ingresos provocó que más del 55% de los consultados recurra al pluriempleo para complementar sus haberes. Asimismo, la presión económica generó un impacto directo en la salud mental y emocional de los trabajadores, asociando el contexto con cuadros de ansiedad, cansancio y angustia.

En paralelo, se registró un incremento en la mora del sistema financiero. En mayo de 2026, la irregularidad en el pago de las familias alcanzó el 15,5%, concentrándose un 73% del saldo irregular bancario en tarjetas de crédito y préstamos personales. En el caso de las billeteras virtuales, el nivel de morosidad trepó al 29,6%.

Frente a esta coyuntura, la seccional entrerriana de ATE solicitó al Ejecutivo provincial, nacional y a los municipios una recomposición salarial urgente por encima de la inflación, estabilidad laboral y el inicio de paritarias que permitan frenar la pérdida del poder de compra.

Desde la conducción sindical sostuvieron que el ajuste fiscal se trasladó de las arcas públicas a los hogares de los trabajadores, e insistieron en que la problemática del endeudamiento familiar requiere respuestas estructurales mediante salarios acordes al costo de la canasta básica. 

Los abogados de la ciudad Jeremías Irigoytia y Heidi Boueke advirtieron sobre un escenario que se profundizó durante los últimos meses: consumidores que utilizan créditos no para invertir o proyectar a futuro, sino para pagar servicios, alimentos, alquileres y gastos cotidianos. Esa situación, explicaron, deriva muchas veces en un círculo del que resulta muy complejo salir.

“Hoy en día el tema número uno, muy lejos del segundo, tiene que ver con la situación particular económica en la que nos encontramos. La gente de clase media ha tenido que acceder a préstamos, se empezó a atrasar en los pagos y comenzó a utilizar la tarjeta de crédito para pagar el supermercado”, explicó Irigoytia.

Según señaló, esa dinámica generó que muchas familias ingresen en una “bola” de deuda sin saber cómo resolverla, mientras que del otro lado aparecen empresas y estudios de cobranza que despliegan distintos mecanismos para intentar recuperar esos montos.

“Hay mucha gente que no sabe cuáles son sus derechos, toma decisiones equivocadas, se asusta y se siente intimidada. Son cientos de consultas las que nos han llegado este año”, sostuvo el abogado.

Deudas que cambian de manos y cobranza agresiva

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales es el proceso mediante el cual algunas entidades financieras venden sus carteras de deudores a empresas dedicadas a la cobranza.

Irigoytia explicó que, según le transmitieron desde una entidad bancaria, cuando un cliente acumula alrededor de 90 días de atraso, muchas veces la deuda deja de ser gestionada directamente por el banco y pasa a formar parte de una cartera que es ofrecida a estudios o empresas especializadas.

“Publican toda la masa de deudores y las empresas que se dedican a la cobranza compran esas deudas. A partir de ahí cambia completamente la situación, porque empieza una persecución que realmente sorprende”, afirmó.

En ese escenario, aparecen llamados reiterados, reclamos a través de distintos canales y, en algunos casos, situaciones que los abogados consideran irregulares: “Muchas veces una persona recibe llamados de estudios jurídicos de cobranza por una deuda que ni siquiera sabe quién tiene. Cuando pregunta a quién le debe, no siempre recibe una respuesta clara”.

Además, señaló que es habitual que una misma deuda sea gestionada por distintos estudios, lo que genera mayor confusión para el consumidor.

Por su parte, Heidi Boueke hizo hincapié en que detrás de cada deuda hay una situación personal y económica que debe ser analizada. Remarcó que, si bien una deuda existe y debe ser afrontada, existen límites legales para la forma en que se realizan los reclamos: “Hay muchas conductas que están prohibidas. Se genera un hostigamiento hacia las personas, se comunican las deudas a familiares o a terceros, y eso está legalmente prohibido”.

En ese sentido, aclaró que las deudas son personales y que, salvo situaciones excepcionales, no pueden ser reclamadas a familiares, parejas, vecinos o empleadores.

“Tengo casos donde llaman al trabajo de una persona, donde esa persona atiende al público, y exponen una deuda personal delante de compañeros. Eso coloca al consumidor en una situación vergonzante y está prohibido”, sostuvo.

La abogada explicó que el problema actual no es solamente financiero, sino también social: “Antes un préstamo bancario estaba más relacionado con una inversión, con financiar estudios, una vivienda o un proyecto. Hoy muchas personas piden préstamos para pagar gastos corrientes, para pagar servicios o llegar a fin de mes”.

Esa situación provoca que muchas familias soliciten nuevos créditos para cubrir los anteriores, generando una “bicicleta” financiera: “Terminan sacando nuevos préstamos para pagar préstamos anteriores. El porcentaje del ingreso destinado a la deuda se vuelve incompatible con el sueldo y con cualquier posibilidad de progreso”.

Según explicó, es frecuente encontrar casos donde una persona tiene ingresos que no alcanzan para cubrir una cuota elevada: “Si alguien cobra 800 mil pesos y tiene una cuota de 600 mil, es evidente que en algún momento va a tener problemas porque no puede vivir con 200 mil pesos. La realidad es que muchas veces estas empresas buscan presionar porque saben que judicializar una deuda lleva tiempo y que existen límites para los embargos”.

¿Qué pueden hacer quienes tienen deudas?

Los profesionales remarcaron que el primer paso ante un reclamo es no actuar por miedo o desesperación.

Boueke recomendó solicitar siempre un detalle completo de la deuda: “Lo primero que hay que pedir es información. La entidad está obligada a explicar cuál era la deuda original, qué intereses se aplicaron, qué gastos se agregaron y cómo se llegó al monto reclamado”, indicó.

A partir de esa información se puede evaluar si el reclamo corresponde y qué alternativas existen. También destacó que muchas veces es posible negociar reestructuraciones, plazos más largos o quitas, especialmente cuando la persona tiene voluntad de pago.

“Hay gente que quiere pagar, pero no puede hacerlo en las condiciones que le plantean. Si sobre un préstamo de 100 mil pesos pretenden cobrar un millón y medio, la persona tiene derecho a analizar esa situación y negociar”, expresó Irigoytia.

Ambos abogados coincidieron en que el crecimiento del sobreendeudamiento no es solamente un problema económico. Tiene consecuencias en la vida cotidiana de las familias, genera estrés, conflictos y afecta la salud emocional.

“Es un tema social. La deuda genera problemas familiares, cambios en el humor, angustia y situaciones que después terminan impactando en otros ámbitos de la vida”, concluyó Boueke.

Mientras la situación económica continúa presionando a los hogares, la recomendación de los especialistas es clara: informarse, conocer los derechos y evitar tomar decisiones impulsadas por el miedo frente a los reclamos de cobranza.

La morosidad alcanza a unos seis millones de argentinos

Los incumplimientos siguen en aumento y ya afectan al 27,9% de los deudores. El deterioro es mayor entre usuarios de Fintech (como Mercado Pago) y tarjetas de consumo.

Los últimos datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran que durante mayo de 2026 (y se estima que los de junio darán peor) alrededor de 5,8 millones de personas no pudieron pagar regularmente sus deudas.

En total, el 27,9% de los 20,9 millones de deudores registrados presentó algún tipo de irregularidad, mientras que la mora del crédito otorgado a las familias alcanzó el 15,3%.

El deterioro resulta aún más pronunciado fuera del sistema bancario tradicional. Mientras la irregularidad del crédito familiar llega al 12,3% en los bancos, entre las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito trepa al 29,6%, el nivel más elevado desde que existen registros para ese segmento e incluso por encima del pico observado durante la pandemia.