Hasta hace poco tiempo, las críticas más furtivas al modelo económico del Gobierno reconocían que la propia injusticia del sistema otorgaba facilidades a consumos característicos de la clase media más acomodada. Sin embargo, datos difundidos en las últimas semanas matizan esa visión y empiezan a demostrar inestabilidad entre los sectores que hasta ahora no se veían tan perjudicados.

Desde los turistas que salen desde Ezeiza, la compra de dólar ahorro y hasta el otrogamiento de créditos hipotecarios. Diversos reportes oficiales marcan balances negativos que hasta el año pasado mostraban una cara distinta y que contribuía al paradigma de la Argentina "a dos velocidades". Mientras los ingresos deprimidos hunden el consumo masivo, se desarticula el aparato productivo de los conurbanos y las tarifas aprietan cada vez más a los hogares, una porción de la sociedad disfruta de las mieles de la estabilidad cambiaria que se nutre del salvataje estadounidense y las divisas generadas por los rubros primarios de la economía, concentrados en el ámbito energético.

De momento, el arranque de 2026 siembra dudas sobre esta perspectiva que divide a la sociedad tal como pasó en la década del 90, en pleno auge del menemismo.

En marzo, las compras de divisas por parte de argentinos superaron los U$S 2.000 millones, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central. Aun así, el nivel de adquisición de dólar ahorro o minorista por parte de individuos fue el segundo más bajo desde que se levantaron las restricciones cambiarias.

Según el informe sobre la evolución del mercado de cambios y el balance cambiario elaborado por el BCRA, las personas físicas realizaron compras brutas por U$S 2.363 millones y ventas por U$S 466 millones. En términos de participación, cerca de 1,5 millones de personas compraron dólares, mientras que unas 750 mil optaron por vender. En comparación con febrero, las compras disminuyeron en aproximadamente U$S 5 millones, mientras que las ventas crecieron en U$S 186 millones.

El sector automotor también atraviesa un momento complejo tras la caída en los patentamientos registrada en abril. Según datos de la actividad, las ventas de vehículos 0 km acumulan una baja interanual del 22%, superando las previsiones iniciales.

Hasta los últimos días del mes se habían contabilizado algo más de 30.000 unidades entre autos y utilitarios livianos. Si bien las proyecciones estiman que abril podría cerrar cerca de las 44.000 unidades, el número quedaría por debajo de las más de 50.000 operaciones que se esperaban.

Ante este escenario, las concesionarias comenzaron a aplicar descuentos importantes —en algunos casos de hasta el 20%— con el objetivo de sostener el nivel de ventas y cumplir con las metas fijadas por las terminales. Desde el sector atribuyen la caída a la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder al crédito y la incertidumbre económica, sumado al avance de automotrices chinas con precios más competitivos.

El turismo internacional también refleja cambios en el comportamiento de los argentinos. Según datos del IndecC, durante el primer trimestre de 2026 se registró un déficit de U$S 1.094,3 millones, producto de un mayor gasto en el exterior frente a los ingresos generados por turistas extranjeros. Pero el dato esencial yace en la cantidad de personas que salieron.

En marzo, se fueron del país 1.061.800 residentes, mientras que ingresaron 509.600 visitantes, lo que generó un saldo negativo de 552.200 personas. No obstante, se observa una moderación en la tendencia: los viajes al exterior cayeron 20% interanual ese mes, mientras que el turismo receptivo creció 6,3%.

Para el acumulado del trimestre, el turismo emisivo alcanzó los 4.455.000 viajeros, con una baja del 12,2% frente al año anterior, mientras que el ingreso de turistas extranjeros sumó 1.725.800 personas, lo que representó un incremento del 4,8%.

En conjunto, estos indicadores muestran un escenario en el que distintos sectores de la economía empiezan a evidenciar señales de enfriamiento, incluso entre aquellos que hasta hace poco parecían menos afectados. (Con información de El Destape)

El mercado automotor argentino vuelve a mostrar señales de debilidad. Luego de un leve repunte en marzo, abril se encamina a cerrar nuevamente con números negativos en los patentamientos de 0km, en un contexto donde la demanda sigue sin consolidarse.

Hasta el momento, se registran 41.898 unidades, aunque aún resta contabilizar la última jornada del mes. Aun así, la comparación interanual ya anticipa un retroceso: en abril de 2025 se habían patentado alrededor de 53.000 vehículos, lo que proyecta una caída cercana —o incluso superior— al 10%.

En este escenario, Volkswagen se mantiene al frente del ranking anual con 27.355 unidades, seguida de cerca por Toyota con 25.633 y Fiat con 23.410, en una disputa cada vez más pareja por el liderazgo del mercado.

El top 10 de marcas que lo completan:

Ford: 17.935

Chevrolet: 15.987

Peugeot: 14.926

Renault: 14.837

Citroën: 7.387

Mercedes-Benz: 6.268

Jeep: 5.149

Más atrás aparecen marcas como Nissan, BYD y BAIC, que buscan ganar terreno en un mercado cada vez más competitivo.

Hasta el momento, se registran 41.898 unidades, aunque aún resta contabilizar la última jornada del mes.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el sector logra revertir esta nueva caída o si se consolida un escenario de mayor retracción.

Entre las pequeñas y medianas empresas son cada vez más las que “consideran achicar su plantilla, en un contexto de menor optimismo y mayores dificultades para contratar talento”. Así lo señala la última encuesta de expectativas pyme liderada por el profesor Guillermo Fraile de la IAE Business School, con respuestas recogidas entre enero y febrero pasados,

La reforma laboral, recientemente aprobada, no parecería estar dando resultados ya que, en lo que se considera “un cambio significativo…casi la mitad de los empresarios evalúa reducir su dotación de personal en los próximos seis meses”.

Al sumar quienes afirman que “probablemente” lo harán (31,1%) con aquellos que ya lo tienen decidido (18,5%), el dato alcanza cerca del 50%, el nivel más alto de la serie relevada en los últimos años.

Cabe señalar que las pymes generan el 50% del empleo asalariado registrado y explican el 35% de la masa salarial formal, según un estudio de UCEMA. Esta universidad calcula que en el universo pyme trabajan en total 11.358.000 personas, entre trabajadores formales, no registrados, independientes, autónomos y monotributistas.

“El dato más relevante de esta medición es el cambio en la dinámica del empleo. Por primera vez vemos que una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que empieza a evaluar reducir su dotación, lo que refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad”, señaló Fraile.

También creció la proporción de empresas que efectivamente redujeron personal en los últimos seis meses, alcanzando el 41,9% en la medición más reciente. A esto se suma una dificultad estructural: más del 70% de las pymes afirma tener problemas para conseguir el talento necesario para cubrir sus vacantes.

Estos datos guardan relación con otros como el Índice de Ventas Minoristas Pymes que elabora CAME. En marzo pasado, el sector minorista pyme registró un descenso del 0,6% interanual a valores constantes. La variación mensual cayó 0,4% respecto a febrero. Con estas cifras, el indicador acumula una retracción del 3,6% en lo que va del año.

Cinco de los siete rubros relevados se ubicaron en terreno negativo en la comparación interanual. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, a la par de Farmacia, que registró un alza del 1,1% interanual.

La proporción de empresarios que espera una mejora en la situación del país en los próximos seis meses se redujo de manera significativa en el último año, pasando de niveles cercanos al 70% a poco más del 30%. En paralelo, crece la percepción de que la situación podría empeorar “lo que impacta directamente en las decisiones de inversión, contratación y planificación de las empresas”, según advierte el IAE.

El deterioro en las expectativas no es exclusivo de las pymes. Este lunes se conoció que el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella, correspondiente a abril, fue de 2,02 puntos, nivel que representa una disminución de 12,1% respecto del mes anterior.

El actual nivel de confianza es 2,1% menor que el de abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 40,9% mayor que el de abril de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

En tanto, la presión impositiva se consolida como la principal preocupación de las pymes, desplazando a la inflación como eje central, de acuerdo con la medición del IAE. Así, ante la consulta sobre qué tipo de reforma tendría mayor impacto positivo en sus empresas, casi tres de cada cuatro empresarios señalaron a la reforma fiscal por sobre la laboral.

Los resultados del relevamiento muestran un panorama marcado por la “cautela”. El informe de la casa de estudios sostiene que “La combinación de menor optimismo, dificultades para contratar y una creciente evaluación de reducción de personal configura un escenario desafiante para las pymes en los próximos meses”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico y volvió a remarcar que el proceso de desinflación continuará, a pesar de que en marzo los precios tuvieron lo que consideró un pico.

El jefe de Hacienda aseguró que la Argentina fue uno de “los países que mejor afrontó el shock externo de la suba del petróleo” producto del impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles.

En ese sentido, Caputo atribuyó ese desempeño a la “robustez del programa económico”. Aseguró que el proceso de desinflación “va a continuar” en los próximos meses pese al dato de 3,4% registrado en marzo.

“La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, pronosticó el ministro ante empresarios e inversores en la nueva edición del Congreso Económico Argentino (CEA) en la Expo EFI.

“Estamos empezando a ver indicadores que comprueban que está pasando lo que buscamos. La recaudación empieza a crecer. Otros indicadores de marzo, la mayoría está en verde”, indicó Caputo.

Según el funcionario, hay sectores que venían más rezagados -como la industria y la construcción- que empiezan a mostrar signos de recuperación. “Esto recién empieza”, deslizó.

“Nosotros les vamos a garantizar que va a funcionar bien la macroeconomía. Pero es el sector privado el que va a sorprendernos. Nosotros no vamos a favorecer a nadie, a ningún sector en particular”, aseguró Caputo.

En otro tramo de su discurso, el ministro se refirió a la segunda revisión técnica del acuerdo con el FMI. El superávit fiscal seguirá siendo el pilar fundamental del programa y el país deberá alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI este año a través de un “control del gasto riguroso y continuo”.

“Si se cumplen las proyecciones del Fondo, vamos a crecer un 20% desde 2023 a 2027”, sostuvo el ministro de Economía.

Del empleo a las exportaciones: las definiciones de Caputo sobre la recuperación económicaDurante su presentación, Caputo habló acerca del nivel del empleo, exportaciones, los salarios y el acceso al crédito.

El funcionario reconoció que el empleo registrado cayó, pero sostuvo que se crearon 100.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Para mitigar esa diferencia entre empleo registrado y creado, Caputo destacó el impulso oficial a la reforma laboral.

Con respecto al poder adquisitivo, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que los salarios muestran resultados mixtos. “Los salarios registrados están un 3% arriba de noviembre 2023 si tomamos SIPA y 3% abajo si tomamos INDEC. A quien mejor les fue ha sido es a los no registrados”, sostuvo.

En exportaciones, el funcionario señaló que el país está rozando por primera vez los US$100.000 millones anuales.

Por último, reconoció que hubo un estancamiento en el crédito, pero destacó una mejora reciente, especialmente para pymes, y planteó que el modelo económico apunta a ampliar el acceso a bienes a mejores precios. Para sostener ese proceso, insistió en la necesidad de bajar impuestos, reducir regulaciones y fomentar la inversión privada.

A casi un mes de haberse firmado el acuerdo paritario para los Empleados de Comercio por actualización salarial, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció la homologación del entendimiento.

Se homologan el acuerdo y las escalas salariales, con ciertas limitaciones y salvedades que la autoridad de aplicación señala en los considerandos:

Aporte solidario: Se recuerda que debe respetarse el porcentaje máximo previsto por el artículo 133 de la Ley 27.802.

Contribución especial (cláusula novena): Debe ser administrada por separado de los fondos sindicales comunes, conforme al Decreto 467/88.

Cláusula décima: Las manifestaciones de las partes no reemplazan el procedimiento del artículo 137 de la Ley 27.802 (aún no sustanciado, y son inoponibles a la autoridad de aplicación).

Con un incremento definido en 5% a liquidarse durante el período abril, mayo y junio, la mejora aplicable para los mercantiles de la rama general englobados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 prevé una alternativa a modo de anticipo en caso de agudizarse el escenario de incertidumbre.

Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha, señala el consultor Ignacio Barrios.

La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026.

Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter.

Asimismo, y con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento y las obligaciones a las que debe hacer frente del sistema solidario de salud, en este caso la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), las partes signatarias de la paritaria convinieron una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores incluidos en este acuerdo colectivo.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1 de abril de 2026. Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Se acordó un incremento remunerativo 5% sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a marzo 2026, tomando como base de cálculo el básico más las sumas no remunerativas, escalonado de la siguiente manera:

Base de cálculo: básicos convencionales de marzo 2026 + sumas no remunerativas vigentes a esa fecha, es decir $100.000.

Respecto a las sumas no remunerativas, se acordó lo siguiente:

a) Prorroga de sumas no remunerativas

Concepto en recibo: “Incremento No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026”.

b) Suma fija no remunerativa adicional

Concepto en recibo: “Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026”.

Aclaraciones sobre estos conceptos no remunerativos:

En total, las sumas no remunerativas alcanzan los $120.000 y se pagarán de abril a junio, incorporándose a los básico de convenio recién en julio 2026.

Se toman en cuenta para calcular:

No generan aportes ni contribuciones a la seguridad social, excepto:

Para trabajadores con jornada reducida, tiempo parcial, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, los montos se liquidan en forma proporcional a la jornada laboral.

Vigencia: desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031 (5 años).

Reunión de revisión: en junio 2026 (a pedido de cualquiera de las partes) para analizar escalas y sumas frente a variaciones económicas.

Compromiso: cualquier aumento futuro será no remunerativo y no acumulativo.

Los incrementos no son vinculantes para acuerdos salariales en Río Grande, pero constituyen el mínimo convencional.

Se reitera el compromiso del acuerdo de 28/05/2019 de convocar a las partes locales para evaluar adicionales zonales.

No podrán ser absorbidos ni compensados:

Sí podrán ser absorbidos (hasta su concurrencia):

Importes otorgados unilateralmente por empleadores desde el 1 de diciembre de 2025.

Si el Estado dicta alguna norma que otorgue incrementos, bonos o sumas, se absorberán mediante negociación colectiva.

Se recomienda a las empresas que pagan suplementos fijos por encima del CCT 130/75 que negocien su adecuación tomando como referencia los incrementos del presente acuerdo.

La contribución adicional solidaria con destino a OSECAC que era de $8.500 pasa desde abril a $28.000 mensuales por cada trabajador comprendido en el CCT 130/75.

Se abona mientras el trabajador mantenga el contrato vigente.

Debe declararse e ingresarse a OSECAC dentro de los 10 días posteriores al vencimiento de cada mes.

Vigencia: por todo el plazo del presente acuerdo colectivo.

Además, se ratifican la plena vigencia de todas las cláusulas del CCT 130/75 y aquellas incorporadas o modificadas por acuerdos posteriores, en sus términos, alcances y efectos, por el plazo del presente convenio, que es hasta el 31 de marzo 2031.

Las partes solicitan la homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Si hubiera vencimientos de plazos antes de la homologación, los empleadores abonarán con la mención “Pago anticipado a cuenta…”.

Una vez homologado, esos anticipos se compensan con los rubros definitivos.

Fuente: iProfesional

El consumo de combustibles en el país registró una caída del 1,8% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, según datos oficiales procesados sobre la base de la Secretaría de Energía. El volumen total comercializado alcanzó los 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, en un contexto donde la demanda sigue mostrando señales de retracción.

Con estos números, el acumulado del primer trimestre de 2026 evidencia una baja del 1,1% respecto al mismo período del año anterior. De esta manera, el comportamiento del mercado confirma una tendencia descendente que se sostiene desde el inicio del año.

El retroceso fue generalizado en los principales segmentos del mercado. Las naftas registraron una caída interanual del 2,4%, mientras que el gasoil mostró una baja del 1,1%.

Dentro de estos grupos, los productos de mayor consumo fueron los más afectados. La nafta súper descendió un 4,1% y el gasoil común un 5,8%, cifras que no lograron ser compensadas por el crecimiento en los segmentos premium.

De acuerdo con el informe de la consultora Politikon Chaco, al que accedió la Agencia NA, el comportamiento de marzo muestra una particularidad dentro del mercado. “Es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil”, indicaron.

En ese sentido, el reporte señala que este fenómeno podría estar vinculado a una mayor retracción del consumo asociado al uso particular de vehículos. Esto sugiere un cambio en los hábitos, con impacto directo en la movilidad diaria.

En términos mensuales, marzo mostró un crecimiento del 7,3% respecto a febrero. Sin embargo, los especialistas aclararon que este incremento no implica una recuperación real de la demanda.

“El aumento se explica fundamentalmente por la mayor cantidad de días del mes”, señalaron. Al analizar el promedio diario de ventas, el resultado arroja una caída del 3,1%, lo que refuerza la tendencia negativa.

En cuanto a las empresas del sector, YPF mantuvo el liderazgo con el 55,4% del mercado y fue la única con variación interanual positiva. En tanto, Shell y Axion registraron caídas en sus volúmenes de ventas.

En medio de una caída del consumo y la presión de los productos importados, la empresa Frimetal, que ensambla la marca Electrolux en Rosario, cesará la producción de heladeras a partir de mayo. La medida, que aún aguarda confirmación oficial del directorio internacional, profundiza un plan de achicamiento que ya había derivado en el abandono de la producción de cocinas en enero.

La compañía planea detener por completo su línea de frío, lo que marca el fin de la manufactura local de uno de sus artículos más tradicionales. Este retroceso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una secuencia de repliegues de producción nacional de Frimetal que comenzó a principios de año.

El cese de la línea de heladeras tendrá un impacto directo en el ámbito laboral. La planta, que originalmente contaba con 750 trabajadores, hoy mantiene solo 250. Las proyecciones internas indican que, una vez concretada la parada, la nómina podría reducirse a apenas 150 operarios, destinados exclusivamente a las tareas que aún queden activas, registró La Capital.

En el nuevo esquema de supervivencia, Frimetal dejará de fabricar cocinas y heladeras para sostener una operatividad mínima. Fuentes con acceso a información de primera mano detallaron que la planta “quedará produciendo momentáneamente solo freezers y lavarropas”, mientras que para el resto de los productos la decisión es definitiva:

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) advirtió en su último informe que la producción industrial en la provincia registró una caída del 14,9% interanual solo en febrero, y que el 76% de las ramas industriales presentó menor actividad. En particular, el rubro de línea blanca (aparatos de uso doméstico) sufrió un derrumbe del 37,2% frente al año anterior.

La Asociación Bancaria dispuso un paro de actividades por 24 horas en los tesoros regionales del Banco Central de todo el país para hoy. La medida gremial responde a la decisión de la autoridad monetaria de cerrar 12 de esas oficinas del BCRA en el interior del país, que podría generar el despido de 32 trabajadores.

La medida de fuerza no impactará al resto de la actividad habitual del Banco Central ni tampoco al funcionamiento de los bancos del sistema. Por lo tanto, la atención al público en las sucursales bancarias y las operaciones de la red de cajeros automáticos funcionarán con total normalidad. Aún así, el gremio señaló que puede haber dificultades en el abastecimiento de dinero en algunas plazas del interior.

“Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país“, señaló un comunicado de la Asociación Bancaria.

“Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, agregó el gremio.

La provisión de dinero en efectivo para los bancos de todo el país no pareciera correr riesgos excesivos por una medida de fuerza de un solo día de duración. La mayoría de los bancos podrán suplir esa inactividad de los tesoros regionales tomando algunas previsiones para que no falte el dinero en efectivo en sus sucursales. De hecho, algunos bancos líderes, de alcance nacional, tienen circuitos propios de distribución de efectivo en paralelo al funcionamiento de los tesoros del BCRA.

Al mismo tiempo, la Bancaria anticipó que puede haber más medidas de fuerza en el marco del ajuste interno que lleva adelante la entidad que preside Santiago Bausili: “De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”.

Mientras se endurece la situación entre el la Asociación Bancaria y el Banco Central por la situación de los tesoros regionales, pocos días atrás el gremio cerró su paritaria. La Bancaria acordó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.

Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el bono que cobrarán todos los trabajadores de la actividad por el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.

El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.

Fuente: Infobae

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, renunció hoy a su cargo, a pocos días de conocerse que había omitido en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos.

Por su parte, voceros del Ministerio de Economía señalaron a este medio que el titular de la cartera, Luis “Toto” Caputo, le aceptó la dimisión a Frugoni.

El funcionario de Infraestructura presentó su renuncia tras hacerse público que no declaró siete propiedades inmobiliarias en Miami y Palm Beach adquiridas entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, Estados Unidos. Esta situación, sumada a un crecimiento significativo de su patrimonio y a denuncias radicadas tanto en la justicia federal como en la Oficina Anticorrupción, desencadenó su salida ante una crisis de confianza sobre la transparencia y la integridad en la función pública.

En los últimos días, Frugoni admitió ante el periodista Nicolás Wiñaski su error al omitir las propiedades adquiridas en Estados Unidos de su declaración jurada. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció.

Al menos cinco inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores entre USD 215.000 y USD 216.000. Entre ellos se encuentran el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach.

Especialistas destacan que las adquisiciones inmobiliarias se realizaron a través de sociedades de responsabilidad limitada como Genova y Waki, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente. Ninguna fue informada ante las autoridades argentinas. Frugoni justificó sus omisiones afirmando que hasta ese momento solo tributaba en Estados Unidos, pero aseguró que regularizaría la situación al asumir su cargo nacional.

Según la misma investigación, en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones. Luego de las compras en Miami, sus acciones superaron 40 millones de pesos en 2023 y declaró inversiones en 16 empresas junto a depósitos de 400.000 dólares en el exterior.

Las revelaciones impulsaron denuncias judiciales lideradas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas recayeron en el juzgado federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) sancionó a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Esta situación derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

Del Gaiso expresó duras críticas mediante una publicación en la red X: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” También subrayó que el ahora exfuncionario cobró sueldos oficiales mientras enviaba fondos personales al exterior.

En el Gobierno marcaron diferencias entre el caso de Frugoni y el de Manuel Adorni, al considerar que la situación del jefe de Gabinete no involucró omisiones ni hechos de corrupción (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la semana, tal como publicó Infobae, un alto funcionario calificó el hecho de “gravísimo” y señaló que Frugoni “tiene que explicarlo”. Otras opiniones recogidas por el medio consideraron que el caso representa una situación mucho más grave que antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, comentó una fuente cercana al despacho presidencial. Otro funcionario comparó la magnitud de los bienes involucrados: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.

En el entorno gubernamental, el hecho fue interpretado como un ejemplo de la importancia de declarar todos los bienes, incluso los situados en el extranjero, para adecuarse plenamente a las exigencias legales argentinas.

Fuente: Infobae

Los salarios universitarios acumulan una pérdida de 32% del poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, cayendo al menor nivel de los últimos 23 años, y para recomponerse necesitarían un incremento en torno al 50%.

El deterioro del poder de compra de los sueldos en el ámbito de la educación superior pública se da en un contexto crítico para las casas de estudios por ajustes en el presupuesto y el incumplimiento gubernamental de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este marco, las universidades nacionales anunciaron más medidas de fuerza que incluyen otra semana completa de paro, entre el 27 de abril y el 2 de mayo, y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo.

Al exponer el recorte presupuestario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puntualizó que “las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”.

El ajuste en el presupuesto universitario impacta de lleno en el bolsillo de los docentes y no docentes, ya que los salarios representan el 87,9% de las partidas destinadas a la educación superior, según precisó un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Al puntualizar en el efecto experimentado en el último tiempo, detalló que entre 2023 y 2025, los recursos destinados a sueldos docentes sufrieron una caída real del 30,5%, mientras que para el personal no docente la reducción alcanzó el 24,5%.

En este marco, el CIN indicó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%, lo que “implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”.

Al respecto, describió que “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”.

Con este panorama, el Consejo advirtió que en la actualidad, los salarios universitarios están en su “nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios “deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026”, según calculó el CIN y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, explicó que “ese porcentaje surge de la diferencia acumulada entre la evolución de precios y salarios y representa el incremento necesario para equiparar la capacidad de compra del salario al nivel previo a la asunción del actual gobierno nacional”.

A pesar del evidenciado deterioro del presupuesto y los haberes universitarios, el Gobierno busca aprobar una nueva ley de financiamiento para la educación superior que consolida los recortes de recursos y reemplaza a la normativa que está incumpliendo.

De esta manera, el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, alertó que el presupuesto para 2026 sería un 31,4% menor al que exige la ley actual. Además, señaló que la pérdida salarial real de los docentes, que calcula en 35,7% (mayor a la del CIN), se podría profundizar hasta alcanzar el 38% en agosto de 2026.

En este contexto, las universidades planean acentuar las medidas de fuerza con la paralización de las actividades, en todas las casas de estudios públicas del país, durante la última semana de abril, y con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo.

Al anunciar la medida, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) indicaron que “la convocatoria surge ante la crítica situación que enfrenta el sistema universitario, con más de 17 meses consecutivos de pérdida salarial, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Fuente: Noticias Argentinas

El problema del acceso a la vivienda en Argentina se refleja en el crecimiento del número de inquilinos que requieren financiamiento externo para cubrir el alquiler mensual. Según el relevamiento nacional realizado por la Fundación Tejido Urbano, 6 de cada 10 personas que alquilan viviendas en el país necesitan pedir créditos, recurrir a familiares o utilizar ahorros para cumplir con este compromiso económico. La situación se agravó en los últimos tres años y mostró un salto notable entre 2022 y 2025.

El porcentaje de inquilinos que se endeudan o utilizan ahorros para pagar el alquiler ascendió del 46,2% en 2022 al 57,6% en 2025. En el Gran Buenos Aires, la cifra trepa al 63,2%. Estas cifras surgen del informe divulgado recientemente y marcan una tendencia preocupante, en la que incluso sectores tradicionalmente estables como la clase media deben apelar al endeudamiento.

El informe detalla que la exigencia principal para los inquilinos es sostener el pago del alquiler mensualmente. La incidencia del gasto en el presupuesto familiar es determinante.

De acuerdo con Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, “el alquiler se lleva entre el 52% y el 63% del ingreso total para el 41% de los inquilinos con ingresos más bajos”. Este grupo apenas logra cubrir otras necesidades básicas y enfrenta la posibilidad de recurrir a estrategias financieras ante la falta de alternativas.

Para cubrir los gastos, un 18,1% recurrió a créditos bancarios en 2025, cuando en 2022 la cifra era del 10,6%. Además, el informe señala un aumento de la morosidad y un creciente uso de préstamos personales, tanto formales como informales.

Araujo explicó en Inofbae en Vivo Al Mediodía que “el 40% tuvo una mecánica de desahorro y el otro 20% recurrió a préstamos familiares o bancarios. Las estrategias se van combinando. Muchos agotan primero los ahorros y luego acuden a algún crédito para cubrir el alquiler“. Esta opción, en muchos casos, implica el acceso a préstamos con tasas de interés elevadas, especialmente entre quienes recurren al mercado informal.

El estudio diferencia entre los sectores que pueden mantener el pago del alquiler sin cambios en su calidad de vida y quienes deben ajustar sus consumos. Un 42% de los inquilinos logra sostener el alquiler sin disminuir otros gastos familiares.

En contraste, el 10% pertenece al grupo de mayores ingresos y no experimenta inconvenientes, mientras que el 41% destina gran parte de su salario solo al pago del alquiler.

Ante la insuficiencia de ingresos, los hogares implementan distintas estrategias. “La mayoría de los inquilinos priorizan pagar la vivienda antes que cualquier otro gasto. Luego distribuyen el resto del ingreso en alimentación y servicios”, remarcó Araujo. Si no logran cubrir las necesidades, optan por morosidad en expensas y, finalmente, el endeudamiento.

El fenómeno de la sobreocupación también creció. "El 19% de los inquilinos vive en condiciones de sobreocupación, mayor al promedio general del 16%“, detalló Araujo. Esto indica que muchos deben compartir la vivienda o volver a residencias familiares para repartir los gastos.

En 2024, la dinámica del mercado de alquileres cambió tras la derogación de la última ley que regulaba el sector. Ahora, la negociación es directa entre inquilino y propietario, lo que genera condiciones muy variables en cada contrato.

El investigador señaló que “desde que se eliminó la ley, el mercado se estabilizó en cuanto a oferta y precio, pero la demanda no disminuyó. El problema es que los salarios no subieron al ritmo de la inflación y el costo de vida aumentó”.

El ajuste de los alquileres ocurre principalmente cada tres meses, salvo excepciones en contratos de seis meses o mes a mes, pero la mayoría se actualiza trimestralmente.

Los plazos de alquiler suelen establecerse en dos años, aunque persisten dudas sobre la capacidad de sostener estos contratos completos, especialmente entre jóvenes. Araujo resaltó: “Cuando aumenta la proporción del salario destinada al alquiler, crece el número de jóvenes que deben volver a la casa de sus padres”.

“La mayor herramienta siempre fue el desahorro, especialmente en la ciudad de Buenos Aires“, afirmó Araujo. Sin embargo, el informe advierte que en 2024 el desahorro tocó un límite: “La ciudad de Buenos Aires se detuvo en el desahorro y empezó a incrementar el crédito bancario”.

Otro aspecto a considerar es que algunos acceden a créditos a través de plataformas digitales, apps fintech y nuevas opciones de financiación para el sector informal, ampliando la oferta pero también exponiéndose a tasas de interés elevadas. Esto profundiza la desigualdad y empuja a más personas hacia situaciones de vulnerabilidad.

La crisis habitacional provocó cambios en la composición de los hogares. Creció el número de personas que deciden compartir vivienda o regresar a la casa familiar. Esta tendencia se observa sobre todo entre jóvenes y en grandes ciudades.

Matías Araujo destacó: “Vemos que cuando el alquiler insume más del salario, muchos jóvenes dejan de alquilar y vuelven a vivir con sus padres o comparten alquiler con otras personas”. Esta modalidad, que se observa en otras grandes capitales del mundo, se profundizó en la Argentina por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.

La cuestión de la confianza también incide en la dinámica habitacional. Según el investigador, la desconfianza en el mercado y entre particulares condiciona la posibilidad de firmar contratos y compartir vivienda, lo que agrava las dificultades para acceder a un alquiler.

El Índice de Confianza del Consumidor cayó por tercer mes consecutivo en abril: 5,7% respecto del mes anterior, tras una baja de 5,3% en marzo y 4,7% en febrero, y acumuló cinco disminuciones seguidas en el cotejo con el año previo, según el informe que difundió el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 6 y 17 de abril, determinó que el indicador descendiera a 39,64 puntos. Este nivel es el menor desde julio de 2024, cuando había bajado a 39,1 unidades.

Sebastián Auguste, director del CIF destacó: “El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (45,35 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (36,82), y CABA 38,1 unidades”, en línea con la heterogeneidad que desde el inicio del gobierno de Javier Milei muestran los indicadores oficiales de actividad y empleo. La disminución más pronunciada se observó en el Interior con 10,57%, seguida por CABA 6,69% y luego por el Gran Buenos Aires 1,53 por ciento.

El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (45,35 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (36,82), y CABA 38,1 unidades (Auguste)

El informe resalta que la disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (12,6%), mientras que entre los hogares de ingresos altos la contracción fue moderada (1,8%). En el primer caso el índice se ubicó en 35,5 puntos y en el segundo en 42,57 unidades”

La marcada disparidad en el impacto de la caída de la confianza del consumidor obedece al efecto desigual de la inflación que en marzo fue de 3,4%, entre quienes más consumen productos y servicios básicos y en aquellos afectados por el aumento de las tarifas de los precios de los servicios públicos y baja de subsidios.

El gráfico de la Universidad Torcuato Di Tella muestra la evolución del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) por nivel socioeconómico, con datos de abril de 2026 indicando 42,6 para el nivel alto y 35,5 para el bajo

Durante un mes atravesado por los mensajes del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Semana Argentina en Washington, donde no solo ratificaron el rumbo del gobierno de reformas estructurales, con desregulaciones, apertura de la economía, y anunciaron que “los próximos 18 meses serán los mejores en décadas”, las expectativas de los consumidores se movieron en sentido contrario, con el aumento de la mora en el pago de créditos, expensas y servicios en general.

Los componentes internos presentaron disminuciones con diferente intensidad: la percepción sobre la situación personal bajó 4%, la opinión respecto de la economía general cayó 4,3%, mientras que las expectativas de compra de bienes durables disminuyeron 9,51% -en ese caso por la baja de la cotización del tipo de cambio y el endurecimiento de las condiciones crediticias ante el aumento de la mora bancaria.

Gráfico de la Universidad Torcuato Di Tella que muestra la evolución de los subíndices de la Situación Personal, Macroeconómica y Durables e Inmuebles

La secuencia de tres descensos consecutivos del Índice de Confianza del Consumidor llevó a que, al cabo de los primeros 29 meses de presidencia de Javier Milei, el indicador prácticamente volviera al nivel que recibió en diciembre de 2023 de 39,81 puntos (bajó 0,4 por ciento).

Al cabo de los primeros 29 meses de presidencia de Javier Milei, el indicador prácticamente volviera al nivel que recibió en diciembre de 2023 de 39,81 puntos

Los resultados del relevamiento de Poliarquía para el CIF sugieren que la sociedad dejó de percibir mejoras en sus condiciones de vida respecto de dos años antes, al punto que a diferencia de meses anteriores ahora el índice de la situación personal cayó más que el de las expectativas de nuevos progresos macroeconómicos, entre los que figuran la disminución de la inflación, la recuperación de reservas internacionales del BCRA, y los efectos de la mayor apertura comercial sobre parte de la industria, principalmente.

El gráfico de líneas compara las condiciones presentes y las expectativas futuras desde abril de 2017 hasta abril de 2026, mostrando la dinámica de ambas variables en el tiempo.

La sociedad percibe en general un deterioro de las condiciones de vida presente respecto del mes previo y de un año antes, en una proporción similar: 9% y 9,7%, respectivamente; y en el caso de las expectativas a un año de 3,3% y 10,4% en el mes y a un año, en cada caso.

La sociedad percibe en general un deterioro de las condiciones de vida presente respecto del mes previo y de un año antes

El máximo nivel del Índice de Confianza del Consumidor durante la gestión Milei se alcanzó en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 16,3%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 -tras las primeras medidas de gobierno-, cuando el índice había caído a 35,6 puntos, el indicador sube de 11,3 por ciento”.

La histórica empresa Rigolleau, con más de 120 años de trayectoria en la industria del vidrio, comenzó a importar vajilla desde China, despidió a 100 trabajadores y redujo su producción al 60% de su capacidad operativa.

La firma atraviesa una situación crítica en medio de la baja del consumo interno, un factor que golpea de manera directa a su esquema de negocios, ya que el 95% de su producción está destinada al mercado nacional.

Según se desprende de un informe presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía resolvió cambiar su modelo tradicional y avanzar con importaciones para abaratar costos.

Como parte de esa reestructuración, Rigolleau apagó uno de sus hornos industriales durante el año pasado, lo que provocó una caída de la actividad total en la planta de Berazategui.

Además, al 30 de noviembre de 2025, la empresa acumulaba un pasivo previsional superior a los 700 millones de pesos y un resultado final negativo de 5.596 millones.

A ese cuadro se sumó una baja interanual del 37,8% en las exportaciones.

El sector más afectado dentro de la empresa es el vinculado al consumo hogareño y la vajilla, mientras que la producción para los rubros farmacéutico y alimentario mantiene una demanda más estable.

La decisión de importar productos chinos marca un punto de inflexión en una firma fundada en 1882, que se transformó en una referencia histórica de la industria nacional.

En ese contexto, Rigolleau se suma a otros casos recientes de empresas tradicionales que redujeron producción local y avanzaron con importaciones frente a la caída del consumo y el aumento de costos.

Fuente: Clarín.

La economía sufrió en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023. El mal desempeño en sectores clave, como la industria, y el fin de la cosecha de trigo influyeron en el resultado.

Este miércoles el Indec informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se derrumbó 2,6% respecto de enero. De este modo, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde julio de 2025.

Asimismo, en términos interanuales la actividad cayó 2,1%, la peor marca desde septiembre de 2024. La mayor parte de la baja se explicó por los derrumbes del 8,7% en la industria manufacturera y del 7% en el comercio.

En el otro extremo, según informó Ámbito, las principales incidencias positivas las arrojaron el sector de energía y minería (+9,9%), el agro (+8,4%) y la intermediación financiera (+6%). Pese a la mejora anual que exhibió sector agropecuario fue positiva, la variación se recortó respecto de los saltos de dos dígitos que se habían observado en diciembre y enero.

El director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, explicó que la pobre performance de la economía en febrero respondió “en parte porque casi todos los sectores reportaron malos desempeños y en parte porque terminó de salir de la estimación del sector agropecuario la cosecha histórica de trigo”.

Debido a los bajos puntos de comparación (tanto por marzo de 2025 como por febrero de 2026), el analista pronosticó una recuperación en marzo. “El efecto salida de la cosecha de trigo ya no va estar y los indicadores primarios de dicho mes dan en su gran mayoría positivos”, profundizó.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la Jornada para el Desarrollo Productivo junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y valoró que “los nuevos productos de apoyo financiero al sector productivo”. Destacó la presencia de “más de 250 pymes que vinieron de toda la provincia a escuchar las ofertas, porque hay mucha avidez de nuestro sector productivo, agroindustrial por crecer“.

“Para crecer hace falta financiamiento, que muchas veces escasea en el sistema financiero y se reemplaza por el esfuerzo que hace el CFI no sólo desde el punto de vista del capital que pone, sino también de la innovación y creatividad a la hora de generar nuevos productos para que nuestro sector privado pueda financiar su crecimiento y de esta manera generar riqueza y empleo que es lo más importante que tenemos como objetivo de gobierno, generar empleo en el sector privado“.

El encuentro convocó también a las sociedades de garantía recíproca en el marco del Día Pyme. “Muchas empresas pyme no acceden a financiamiento por un problema de garantía y eso se suple o reemplaza con el Fondo de Garantías Recíproca de la provincia o con el fondo de garantías del CFI que es más importante u otros fondos de garantías que tiene el país. El crecimiento del sector que genera estas garantías es muy importante para todo el sector productivo“, afirmó.

Fuente: Ahora

La Justicia declaró la quiebra de SanCor, la histórica cooperativa láctea, tras constatar la imposibilidad de la firma para afrontar un pasivo cercano a los US$120 millones. La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, en Santa Fe, luego de que fracasara el proceso de concurso preventivo iniciado en febrero de 2025.

La empresa había presentado ese concurso como una salida para reordenar su situación financiera, pero el expediente terminó confirmando una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. Días atrás, el cuadro de crisis ya había quedado expuesto cuando SanCor pidió su propia quiebra por deudas y sueldos impagos.

Según surge del fallo, la cooperativa mantiene deudas con más de 1.500 acreedores y acumuló un fuerte deterioro económico durante los últimos meses. El expediente detalló que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximada de 3.000 millones de pesos por mes, lo que profundizó aún más la inviabilidad financiera de la firma.

Al momento de la quiebra, SanCor registraba unos 12.788 millones de pesos en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero de este año, otros 6.349 millones de deuda impositiva y previsional, 3.380 millones en aportes adeudados a obras sociales y sindicatos, y 13.313 millones en compromisos comerciales. A eso se suman deudas por más de US$86 millones incluidas en el concurso preventivo.

Pese a la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial. El objetivo es evitar un perjuicio mayor para los 914 trabajadores, los acreedores laborales, los proveedores y el resto de los acreedores involucrados en la causa.

En paralelo, el fallo ordenó la incautación de los bienes de la cooperativa para que sean preservados por los síndicos hasta su futura venta. En ese marco, se anticipó que se convocará a interesados para comprar las plantas industriales, ya sea en conjunto o por separado, a través de un proceso de licitación.

Durante esta etapa de transición, los administradores del Consejo de SanCor, encabezados por Oscar Sapino, deberán colaborar con los síndicos designados. La resolución judicial consideró que la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo y que su cuadro de insolvencia ya no admite reversión.

El Gobierno nacional anunció un cambio en el sistema de subsidios para la compra de garrafas. Desde mayo, quienes no cuenten con conexión a la red de gas podrán acceder a una devolución de hasta $9.593 por cada compra de garrafas, siempre que se inscriban en el nuevo programa oficial. La medida es retroactiva a abril. Desde las distribuidoras locales mencionaron a Ahora ElDía que todavía no les informaron sobre este nuevo mecanismo, pero sí que habrá un aumento a principios de mayo. 

El subsidio, que reemplaza al anterior Programa Hogar, busca facilitar el acceso a la ayuda estatal. Quienes deseen acceder al beneficio deberán inscribirse en el registro oficial y, a partir de allí, serán habilitados para recibir el reintegro.

El programa apunta a familias que no poseen acceso a la red de gas y que, por este motivo, requieren comprar garrafas. La inscripción estará habilitada progresivamente desde mayo, aunque la devolución tendrá efecto para las compras realizadas en abril.

Modalidad de devolución y requisitos para la inscripción

El reintegro se realizará por medio de una transferencia que, a diferencia de años anteriores, se podrá recibir tanto en una cuenta bancaria como en billeteras digitales. “La novedad es que antes se hacía solamente a través de una cuenta bancaria, lo cual de alguna manera afectaba a quienes trabajan en la informalidad y tienen dificultades para poder acceder a una cuenta en el banco”, indicó la periodista especializada en Economía, Belén Escobar.

A partir de la nueva disposición de la Secretaría de Energía, la devolución se podrá acreditar en billeteras digitales, como la del Banco Nación, la cual reúne diversas entidades financieras en una misma aplicación. Los interesados deberán descargar la aplicación correspondiente para recibir el dinero, que se acreditará a los pocos días de efectuada la compra.

Las compras realizadas desde abril quedarán comprendidas en el régimen retroactivo. Esto significa que quienes adquieran una garrafa en estos días y se inscriban en el plan, recibirán la devolución cuando el mecanismo esté vigente, a partir de mayo.

Impacto económico y alcance del subsidio

El monto de devolución cubre aproximadamente la mitad del valor de una garrafa. El precio promedio de una garrafa ronda los $20.000, por lo que la devolución será un ingreso significativo para los hogares alcanzados.

El sistema exige, al momento de la compra, el pago total del valor de la garrafa. Posteriormente, se inicia el proceso de reintegro en la modalidad elegida. “Antes esa devolución, el descuento se hacía en el momento, por lo que ahora una familia tiene que contar con el monto entero para poder hacer frente a una garrafa, que si estamos hablando de, no sé, en torno a los veinte mil pesos”, comentó Escobar.

La medida contempla a un amplio sector de la población que se encuentra fuera del sistema bancario formal. “La novedad ahora es que vas a poder recibir esta ayuda mediante billeteras digitales, teniendo en cuenta la enorme porción de la población que no tiene una cuenta bancaria”, remarcó Escobar.

Cómo inscribirse y aspectos operativos

Para solicitar el reintegro, los usuarios podrán inscribirse en el sitio oficial del Gobierno nacional: argentina.gob.ar/subsidios, en la sección del programa correspondiente a la compra de garrafas. Una vez finalizado el registro, el reintegro se depositará en la modalidad elegida —cuenta bancaria o billetera digital— y no en efectivo.

El trámite resulta accesible para quienes necesitan la ayuda: “Lo pueden buscar en argentina.gob.ar. Ahí van a buscar la parte de garrafas de este programa y van a poder solicitar este reintegro una vez que esté en vigencia, les repito, en mayo”, explicó Escobar.

El avance de este sistema responde a la necesidad de incluir a quienes se encuentran en la informalidad laboral y, en muchos casos, fuera del sistema financiero tradicional. El reintegro funcionará únicamente mediante canales bancarios y billeteras digitales, sin contemplar pagos en efectivo.

Con información de INFOBAE

La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.

Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Inseguridad alimentaria

Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.

Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.

Bajó la asistencia a los médicos

Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.

Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.

En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.

Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.

En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.

En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).

Tras más de 45 años de historia en Mar del Plata, la empresa textil Textilana S.A, conocida por su marca de sweaters Mauro Sergio, confirmó que pidió la apertura de su concurso preventivo a fin de evitar la quiebra.

La firma comunicó que inició un proceso de reordenamiento estratégico para fortalecer su producción nacional. “En el marco de la transformación que atraviesa la economía argentina y ante la contracción generalizada del consumo, informa que ha solicitado la apertura de un proceso de reordenamiento“, explicó la empresa.

“Esta medida, tomada con la máxima responsabilidad institucional, busca garantizar la plena operatividad de nuestra estructura industrial y proteger el valor de nuestra marca. Con esta finalidad, se busca asegurar el pleno abastecimiento de mercadería a todos nuestros clientes”, afirmó.

Sostuvieron que el contexto macroeconómico actual exige decisiones “firmes” para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de sus compromisos empresariales.

“Reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestra vocación desde hace más de 45 años produciendo calidad argentina, adaptando nuestros procesos a las nuevas exigencias de eficiencia que el mercado global y nacional demandan hoy”, concluyó el comunicado de Textilana S.A..

Vale mencionar que el concurso preventivo es un proceso judicial que posibilita a las empresas negociar nuevas condiciones de pago con sus acreedores y mantener sus actividades, bajo control de la justicia, para evitar la declaración de quiebra.

En noviembre, la empresa había resuelto suspender a 175 operarios hasta el 30 de marzo, lapso en el que pagó el 78% de sus salarios. El 1 de abril, los trabajadores retomaron sus puestos.

Mauro Galván, miembro de la Comisión Interna de Textilana, había dicho al portal 0223 que la situación “es muy complicada” y que desde noviembre apenas 60 trabajadores se encontraban realizando sus tareas.

“La gente ya no está gastando absolutamente nada. Y a eso hay que sumarle las importaciones. Los gerentes no saben bien lo que va a suceder porque se están cerrando las ventanas de crédito. Esto no solo afecta a las cerca de 300 personas que trabajan ahí, sino a 300 familias”, señaló.

Ya el invierno pasado había sido duro para Mauro Sergio, con bajas en la producción y el despido de 50 trabajadores. Y no parece haber perspectivas de mejora esta temporada, ante la caída del poder de compra y las importaciones chinas. En ese entonces, la fábrica acumuló un exceso de stock al mismo tiempo que las ventas registraron una caída de entre el 15% y el 20%.

Cabe recordar que Textilana comenzó sus actividades en Mar del Plata durante la década de 1970, originalmente bajo la denominación Todisco. Posteriormente, la compañía evolucionó hasta consolidarse como una pyme que integra todas las etapas del proceso productivo de ropa de punto, desde la generación del hilado hasta la elaboración final de sweaters y otras prendas. En 1980, adoptó el nombre Textilana y sumó procesos industriales propios a su estructura.

La empresa produce colecciones para público masculino, femenino e infantil, que comprenden sweaters, cárdigans, sacos, camperas, remeras y distintos accesorios tejidos.

La comercialización se realiza mediante canales propios, incluyendo ventas al por mayor, al por menor y una tienda online radicada en Mar del Plata, con alcance en todo el territorio nacional.

La crisis del sector textil no se limita a Mauro Sergio. La actividad de esta industria registró su mayor caída desde que se inició la serie estadística en 2016, con solo el 24% de su capacidad instalada en uso y una disminución interanual del 23,9% en el índice de producción.

De acuerdo con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el sector —que incluye confección, cuero y calzado— atraviesa una fase de fuerte contracción, mucho más pronunciada que la baja del 3,2% que mostró la industria en general, que trabajó al 53,6% de su capacidad en el mismo periodo.

En el plano comercial, la Argentina importó en febrero 12.800 toneladas de productos textiles por un valor de 32 millones de dólares.

El informe de la FITA señaló que el aumento en la importación de productos terminados, como prendas y confecciones, contrasta con la reducción en la compra de insumos básicos, principalmente hilados y tejidos.

Además, la entidad advierte sobre el ingreso de artículos importados a precios inferiores al costo de la materia prima, situación que genera distorsiones y competencia desleal para los productores locales.

Más del 70% de los productos textiles importados ingresaron al país a valores históricamente bajos. Se registraron operaciones con remeras de algodón por menos de 0,01 dólar, toallas por debajo de 0,30 dólar el kilo y pantalones de jean por menos de 1 dólar. Estas prácticas profundizaron el deterioro del sector, que enfrentó dificultades para competir con esos valores.

La industria argentina atraviesa un escenario complejo y volvió a reflejar señales de debilidad durante el arranque del año. Según informó este viernes el INDEC, el uso de la capacidad instalada en febrero fue de 54,6%, uno de los registros más bajos de las últimas décadas.

Si se toma el primer bimestre en conjunto, la industria trabajó al 54,1% de su potencial máximo, el menor nivel para ese período desde la crisis económica de 2002.

El dato confirma las dificultades que enfrenta el sector manufacturero, en un contexto marcado por caída del consumo interno, retracción productiva en varios rubros y creciente presión competitiva.

Entre las principales incidencias negativas apareció la metalmecánica, que apenas utilizó el 33,9% de su capacidad instalada.

Desde el organismo se explicó que esta baja estuvo vinculada a una menor producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También se observó un fuerte retroceso en la industria automotriz, que funcionó al 38,9% de su capacidad, con una caída interanual cercana a 16 puntos porcentuales.

Otro rubro afectado fue el de las industrias metálicas básicas, impactado por una merma del 14% en la producción de acero frente al mismo período de 2025.

Pese al escenario general, algunos sectores mostraron mejores niveles de utilización dentro de la industria.

La refinación del petróleo encabezó la lista con 88,9%, seguida por papel y cartón con 65,9%, sustancias químicas con 64,4% y alimentos y bebidas con 58,6%.

Estos segmentos se ubicaron por encima del promedio general informado para febrero.

La última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC reveló que el 51,9% de los empresarios industriales considera que la demanda interna insuficiente es hoy el principal límite para incrementar la producción.

Sin embargo, también creció la preocupación por la competencia de productos importados: el 11,8% de los consultados señaló ese factor como el problema central.

De esta manera, la industria inicia 2026 con indicadores que reflejan un nivel de actividad contenido, lejos de su capacidad plena y con señales de alerta en buena parte del entramado productivo.