Los abogados de la ciudad Jeremías Irigoytia y Heidi Boueke advirtieron sobre un escenario que se profundizó durante los últimos meses: consumidores que utilizan créditos no para invertir o proyectar a futuro, sino para pagar servicios, alimentos, alquileres y gastos cotidianos. Esa situación, explicaron, deriva muchas veces en un círculo del que resulta muy complejo salir.

“Hoy en día el tema número uno, muy lejos del segundo, tiene que ver con la situación particular económica en la que nos encontramos. La gente de clase media ha tenido que acceder a préstamos, se empezó a atrasar en los pagos y comenzó a utilizar la tarjeta de crédito para pagar el supermercado”, explicó Irigoytia.

Según señaló, esa dinámica generó que muchas familias ingresen en una “bola” de deuda sin saber cómo resolverla, mientras que del otro lado aparecen empresas y estudios de cobranza que despliegan distintos mecanismos para intentar recuperar esos montos.

“Hay mucha gente que no sabe cuáles son sus derechos, toma decisiones equivocadas, se asusta y se siente intimidada. Son cientos de consultas las que nos han llegado este año”, sostuvo el abogado.

Deudas que cambian de manos y cobranza agresiva

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales es el proceso mediante el cual algunas entidades financieras venden sus carteras de deudores a empresas dedicadas a la cobranza.

Irigoytia explicó que, según le transmitieron desde una entidad bancaria, cuando un cliente acumula alrededor de 90 días de atraso, muchas veces la deuda deja de ser gestionada directamente por el banco y pasa a formar parte de una cartera que es ofrecida a estudios o empresas especializadas.

“Publican toda la masa de deudores y las empresas que se dedican a la cobranza compran esas deudas. A partir de ahí cambia completamente la situación, porque empieza una persecución que realmente sorprende”, afirmó.

En ese escenario, aparecen llamados reiterados, reclamos a través de distintos canales y, en algunos casos, situaciones que los abogados consideran irregulares: “Muchas veces una persona recibe llamados de estudios jurídicos de cobranza por una deuda que ni siquiera sabe quién tiene. Cuando pregunta a quién le debe, no siempre recibe una respuesta clara”.

Además, señaló que es habitual que una misma deuda sea gestionada por distintos estudios, lo que genera mayor confusión para el consumidor.

Por su parte, Heidi Boueke hizo hincapié en que detrás de cada deuda hay una situación personal y económica que debe ser analizada. Remarcó que, si bien una deuda existe y debe ser afrontada, existen límites legales para la forma en que se realizan los reclamos: “Hay muchas conductas que están prohibidas. Se genera un hostigamiento hacia las personas, se comunican las deudas a familiares o a terceros, y eso está legalmente prohibido”.

En ese sentido, aclaró que las deudas son personales y que, salvo situaciones excepcionales, no pueden ser reclamadas a familiares, parejas, vecinos o empleadores.

“Tengo casos donde llaman al trabajo de una persona, donde esa persona atiende al público, y exponen una deuda personal delante de compañeros. Eso coloca al consumidor en una situación vergonzante y está prohibido”, sostuvo.

La abogada explicó que el problema actual no es solamente financiero, sino también social: “Antes un préstamo bancario estaba más relacionado con una inversión, con financiar estudios, una vivienda o un proyecto. Hoy muchas personas piden préstamos para pagar gastos corrientes, para pagar servicios o llegar a fin de mes”.

Esa situación provoca que muchas familias soliciten nuevos créditos para cubrir los anteriores, generando una “bicicleta” financiera: “Terminan sacando nuevos préstamos para pagar préstamos anteriores. El porcentaje del ingreso destinado a la deuda se vuelve incompatible con el sueldo y con cualquier posibilidad de progreso”.

Según explicó, es frecuente encontrar casos donde una persona tiene ingresos que no alcanzan para cubrir una cuota elevada: “Si alguien cobra 800 mil pesos y tiene una cuota de 600 mil, es evidente que en algún momento va a tener problemas porque no puede vivir con 200 mil pesos. La realidad es que muchas veces estas empresas buscan presionar porque saben que judicializar una deuda lleva tiempo y que existen límites para los embargos”.

¿Qué pueden hacer quienes tienen deudas?

Los profesionales remarcaron que el primer paso ante un reclamo es no actuar por miedo o desesperación.

Boueke recomendó solicitar siempre un detalle completo de la deuda: “Lo primero que hay que pedir es información. La entidad está obligada a explicar cuál era la deuda original, qué intereses se aplicaron, qué gastos se agregaron y cómo se llegó al monto reclamado”, indicó.

A partir de esa información se puede evaluar si el reclamo corresponde y qué alternativas existen. También destacó que muchas veces es posible negociar reestructuraciones, plazos más largos o quitas, especialmente cuando la persona tiene voluntad de pago.

“Hay gente que quiere pagar, pero no puede hacerlo en las condiciones que le plantean. Si sobre un préstamo de 100 mil pesos pretenden cobrar un millón y medio, la persona tiene derecho a analizar esa situación y negociar”, expresó Irigoytia.

Ambos abogados coincidieron en que el crecimiento del sobreendeudamiento no es solamente un problema económico. Tiene consecuencias en la vida cotidiana de las familias, genera estrés, conflictos y afecta la salud emocional.

“Es un tema social. La deuda genera problemas familiares, cambios en el humor, angustia y situaciones que después terminan impactando en otros ámbitos de la vida”, concluyó Boueke.

Mientras la situación económica continúa presionando a los hogares, la recomendación de los especialistas es clara: informarse, conocer los derechos y evitar tomar decisiones impulsadas por el miedo frente a los reclamos de cobranza.

La morosidad alcanza a unos seis millones de argentinos

Los incumplimientos siguen en aumento y ya afectan al 27,9% de los deudores. El deterioro es mayor entre usuarios de Fintech (como Mercado Pago) y tarjetas de consumo.

Los últimos datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran que durante mayo de 2026 (y se estima que los de junio darán peor) alrededor de 5,8 millones de personas no pudieron pagar regularmente sus deudas.

En total, el 27,9% de los 20,9 millones de deudores registrados presentó algún tipo de irregularidad, mientras que la mora del crédito otorgado a las familias alcanzó el 15,3%.

El deterioro resulta aún más pronunciado fuera del sistema bancario tradicional. Mientras la irregularidad del crédito familiar llega al 12,3% en los bancos, entre las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito trepa al 29,6%, el nivel más elevado desde que existen registros para ese segmento e incluso por encima del pico observado durante la pandemia.

Prometen que el usuario puede acceder a una gratificación inmediata sin incurrir en ningún gasto. Es decir, puro y absoluto placer. Eso, ¿es posible? ¿Realmente es sin contraer deuda? No hay acción que no genere algún costo. Quizás este pago no sea puramente económico, pero se cobra de diversas maneras.

Quienes diseñaron estos sitios conocen a la perfección la subjetividad de nuestra época. Se nombran abiertamente en sus páginas o aplicaciones como “sitios de dopamina”, exponiendo sin ningún velo su máxima: la promesa del placer ilimitado. El problema radica en que, al no haber un tope ni un costo real aparente, esta conducta deviene rápidamente en una compulsión a la repetición. En personalidades con tendencia a la adicción, esta dinámica no hace más que alimentar y agrandar el síntoma.

El placer que inicialmente se encontraba en la compra, el juego, la comida, el alcohol, muta hacia una necesidad constante de un plus; una insaciabilidad que empuja al sujeto a los canales oficiales de apuestas, comida o compras. En última instancia, estas páginas funcionan con un cartel directo y luminoso que ordena una sola cosa: «¡Consumir más!». Al no existir un freno real ni una ley que regule la experiencia, el circuito del goce se vuelve infinito y desbocado: más consumo, más quiero; más quiero, más consumo.

Quien creó estas páginas claramente está muy bien asesorado sobre lo que pega en esta era y en este siglo: el consumo. No es casualidad dónde surge este fenómeno (en Corea) y cómo se replica en países como Inglaterra. El objetivo de estas páginas es, supuestamente, hacerte un bien; que sientas dopamina "sin gastar dinero, sin engordar, sin costo alguno". Pero, ¿acaso no estuvo usted atrapado varios minutos/horas en la pantalla de su teléfono, tablet o computadora? ¿Qué de su alrededor no vio en el medio del scrolleo continuo y sostenido? La sonrisa de su hija, una charla profunda con su pareja, un mate con un amigo, el calor de una madre, o incluso discutir con sus hermanos.

La propuesta de estas plataformas es tan mágica que resulta inexistente. Porque encontrarse con la falta es inevitable. Taponar eternamente el agujero, ese vacío que angustia, con consumo y solo con eso, no nos sirve y nunca, nunca alcanza.

Cuidémonos de estas maniobras que pretenden que tengamos un «mayor control» sobre nosotros mismos cuando, paradójicamente, es lo que más se nos escapa. Al quedar atrapados en este circuito, perdemos la esencia misma de lo que nos humaniza y nos hace quienes somos.

La crisis que atraviesa la industria textil sigue profundizándose y no hay signos de recuperación. Entre abril de 2025 e igual mes de este año, el sector perdió 15.468 puestos de trabajo registrados, la mayor caída interanual de toda la serie relevada. El deterioro del empleo se produjo en un contexto de fuerte retracción de la producción, cierre de establecimientos, menor inversión y niveles históricamente bajos de utilización de la capacidad instalada,

Así surge de un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que también precisó que el agregado de los sectores de textil, confección, cuero y calzado empleó en abril a 95.094 trabajadores formales, 1.241 menos que el mes anterior. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada asciende a 25.683 empleos registrados.

La caída del empleo está en línea con el desplome de la producción. En mayo, el Índice de Producción Industrial (IPI) de productos textiles retrocedió 25,6% interanual, una baja diez veces superior a la registrada por el promedio de la industria, que fue de 2,5%. En el acumulado de enero a mayo, la producción textil cayó 26,5%, frente a una contracción de 3,1% del total industrial.

El informe destaca que el desempeño estuvo explicado principalmente por la fuerte caída de los hilados de algodón, que retrocedieron 35,3% interanual, mientras que en el acumulado del año el mayor descenso correspondió a tejidos y acabado de productos textiles, con una baja de 38,6%. También mostraron resultados negativos la preparación de fibras (-13,7%) y otros productos textiles (-19,1%).

Otro indicador que refleja la magnitud de la crisis es la utilización de la capacidad instalada. En mayo, las plantas textiles operaron al 42,2%, 5,2 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado y muy lejos del promedio industrial, que alcanzó el 58,4%. La brecha entre ambos niveles fue de 16,2 puntos porcentuales, una de las más elevadas entre las ramas manufactureras.

La contracción de la actividad también se tradujo en una reducción del número de empresas. En abril se contabilizaron 3.626 establecimientos dedicados a la actividad textil, 330 menos que un año antes. Solo en los primeros cuatro meses de 2026 dejaron de operar 115 establecimientos, mientras que frente a diciembre de 2023 el retroceso llega a 383 empresas.

El escenario también impactó sobre las decisiones de inversión. Entre enero y junio, las importaciones de maquinaria textil sumaron USD 60,2 millones, un 28% menos que en igual período de 2025. Las mayores caídas se registraron en telares planos (-75%), maquinaria para tejido de punto y bordadoras (-52%), equipos auxiliares (-50%) y máquinas de acabado (-40%).

En materia de precios, en junio, el rubro prendas de vestir, calzado y cuero aumentó apenas 0,4% respecto del mes anterior y acumuló una suba interanual de 11,9%, muy por debajo de la inflación general, que fue de 33,5% en el mismo período. Según el informe, se trató del rubro con las menores variaciones tanto mensuales como anuales dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aun así, de acuerdo a datos de la Cámara de la Indumentaria, la venta de ropa se redujo 6,9% en el tercer bimestre del año. El 55% de las empresas relevadas reportó caídas en sus ventas durante el período, mientras que un 27% logró subas y un 18% no registró cambios.

En materia de comercio exterior, las importaciones textiles totalizaron en junio 26.442 toneladas por USD 116 millones, con bajas interanuales de 13% en volumen y 7% en valor. En el acumulado del primer semestre alcanzaron 192.409 toneladas y USD 811 millones, lo que representa caídas de 18% en cantidades y 5% en dólares frente al mismo período del año anterior.

Al analizar únicamente los productos textiles —hilados, tejidos y confecciones—, las importaciones también mostraron una marcada retracción: cayeron 22% en volumen y 30% en valor durante junio, mientras que en el semestre acumularon bajas de 29% y 36%, respectivamente. La única excepción fueron las prendas terminadas, que registraron aumentos tanto en cantidades como en dólares.

En contraste, las exportaciones exhibieron una recuperación. La cadena textil completa exportó en junio 19.360 toneladas por USD 45 millones, con incrementos interanuales de 74% en volumen y 82% en valor. En el acumulado del semestre, las ventas externas crecieron 58% en toneladas y 57% en dólares, impulsadas principalmente por los envíos de hilados y materias primas.

Fuente: Infobae

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) oficializó una modificación en el mecanismo mediante el cual se trasladan a las facturas de los usuarios los costos de compra del gas.  A partir de agosto, el ajuste de las diferencias de precios dejará de aplicarse de manera estacional y pasará a realizarse cada dos meses. La medida había sido anunciada la semana pasada, pero fue oficializada este jueves a través de la Resolución 331/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La disposición está centrada en las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que reflejan la distancia entre el precio efectivamente pagado por las compañías distribuidoras para adquirir el gas y el valor estimado que había sido incorporado inicialmente en las tarifas cobradas a los usuarios.

Hasta el momento, esas diferencias eran acumuladas y corregidas según un esquema estacional. A partir de la nueva resolución, tanto su cálculo como su traslado a las tarifas se efectuarán con una frecuencia bimestral. Las autoridades pretenden así impedir que la acumulación de saldos durante períodos más prolongados provoque incrementos abruptos en las facturas de los usuarios.

En ese sentido, el texto oficial señaló que la modificación de la periodicidad apunta a “adecuarla, transitoriamente, a un esquema que sostenga los principios de gradualidad y previsibilidad, evitando todo ajuste significativo derivado de plazos más extensos”.

El Gobierno sostuvo, además, que la medida se adopta dentro del contexto de la emergencia vigente en el sector energético nacional, recientemente extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.

La Secretaría de Energía ordenó al ENReGE modificar los procedimientos con el objetivo de que el esquema refleje el costo efectivo del gas, sin ocasionar ganancias ni pérdidas extraordinarias para las compañías distribuidoras y preservando el principio de “mínimo costo para los consumidores”.

En consecuencia, la Resolución 559/2025, que regulaba el mecanismo anterior, quedará suspendida de manera transitoria para impedir incompatibilidades normativas mientras se mantenga la emergencia. El ente regulador tendrá que garantizar el cumplimiento de los criterios de transparencia y de las pautas destinadas a evitar que los precios superen los valores de mercado.

Los cuadros tarifarios elaborados con esta nueva metodología entrarán en vigencia desde agosto de 2026. La disposición ya fue comunicada a todas las empresas licenciatarias encargadas de la distribución de gas natural en el país, con el fin de que sea aplicada de manera inmediata.

Aun así, no se precisa cuál será el impacto de la primera actualización. El porcentaje que finalmente se traslade a las facturas dependerá de la diferencia existente entre el precio del gas proyectado y el costo efectivamente pagado por las distribuidoras durante el período considerado.

La inversión sumó su octava caída interanual consecutiva en junio, y se hundió 7,6% en el primer semestre, respecto del mismo período de 2025. Los especialistas no avizoran para la segunda mitad del año señales claras de recuperación sostenida y advierten que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el Súper RIGI son insuficientes para que el potencial rebote se expanda en toda la economía.

El dato mencionado se desprende de la habitual estimación de Orlando Ferreres & Asociados. El índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) de la consultora fue 6,2% inferior al de hace un año y, en términos mensuales, el referencial se contrajo 0,4%, por lo cual se mantiene en una dinámica de "serrucho", alternando rebotes alcistas y repliegues.

Respecto de junio de 2025, los peores números se observaron en el segmento de equipos durables de producción. En los nacionales el declive fue del 9,5%, mientras que entre los importados la cifra marcó un "rojo" de 12,7%.

La excepción vino por el lado de la inversión en construcción, que arrojó una tenue mejora del 0,4% versus junio de 2025.

"Al promediar el año en curso la inversión sigue marchando a niveles muy bajos, y no se ven aun señales claras que inviten a pensar en una recuperación, aunque ciertos rubros puntuales mostraron mejores números en el sexto mes del año. En efecto, la construcción logró ubicarse nuevamente en terreno positivo, y también tuvimos leves subas en los datos de patentamientos de vehículos comerciales pesados", expresó Ferreres en su informe difundido este miércoles.

La serie desestacionalizada de la consultora mostró que la inversión de junio fue la tercera más baja desde octubre de 2024, solo superior a la de abril de este año y a la de noviembre del año pasado. Hacia adelante, si bien la entidad no advierte un escenario que permita proyectar un repunte sostenido, espera que "continúe desacelerando la contracción de la inversión". "El factor que puede cambiar esta lenta evolución es el de las inversiones anunciadas bajo el paraguas del RIGI, pero los plazos y cronogramas de estas inversiones son flexibles, sujetos a cierta discrecionalidad", concluyó el informe.

Los números reflejan que la inversión está lejos de ser uno de los motores de la actividad económica en la actualidad, tal como pregona el marco conceptual del Gobierno. Por el contrario, las mejoras en el Producto Bruto Interno (PBI) vienen siendo traccionadas por las exportaciones y por el consumo privado, aunque esto último no quiere decir que hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, sino que responde más a cuestiones metodológicas sobre cómo mide el INDEC esta variable.

Según los últimos datos oficiales, la inversión cayó 11% interanual en el primer trimestre de 2026 y acumuló su cuarto retroceso consecutivo, en términos desestacionalizados. Además, desde la organización Fundar agregaron que la inversión representó apenas un 14,3% del PBI, un "mínimo histórico" y "muy lejos del 25% necesario".

Para Misión Productiva, una red de profesionales con experiencia en el sector privado y en el Estado, la dinámica negativa de la inversión se explica por cinco motivos: la debilidad de la demanda y de la masa salarial, la paralización de la obra pública, el mal desempeño de la construcción privada, la falta de crédito y políticas de acompañamiento a la inversión, y la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema económico. "El crecimiento actual, apoyado principalmente en agro, minería y energía, no alcanza para generar un proceso amplio de inversión en el conjunto de la economía, lo que compromete el crecimiento sostenido del país", profundizó.

A partir de estos números preocupantes, la inversión per cápita se ubicó un 21,8% por debajo del récord de 2018, previo a la corrida cambiaria que significó el comienzo del fin del gobierno de Mauricio Macri. "Comprar una máquina es apostar al futuro. Cada vez menos empresas lo hacen", alertó Fundar.

En cuanto al aporte que puede realizar el RIGI y el Súper RIGI, la entidad sostuvo que el programa es una respuesta a un "problema real", como lo es el escaso nivel de inversión que atraía el país hacia 2023, pero que está "mal resuelto". En ese sentido, señalaron "dos problemas serios": los beneficios "megaexcesivos a sectores que no lo necesitaban porque ya venían invirtiendo", como minería y energía, y la falta de una estrategia que busque generar encadenamientos de los sectores más pujantes con otras actividades que pueden ser proveedoras.

Al respecto, el investigador de Fundar y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Emiliano Libman, dijo a este medio que los sectores que concentran los proyectos del RIGI representan "una fracción muy chica de la inversión como para arrastrar el total". "A lo mejor ayuda a que deje de caer la inversión, pero no espero un repunte a corto plazo", acotó.

Anses confirmó una nueva actualización en los montos de las asignaciones familiares que comenzará a regir desde agosto. La medida alcanza a millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El incremento surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes de manera mensual según la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este caso, la suba toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,9%.

Además del aumento en las asignaciones, muchas familias seguirán recibiendo prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días. De esta manera, el ingreso mensual de los hogares alcanzados por estos beneficios volverá a incrementarse durante agosto.

Con el incremento del 1,9%, la AUH y la AUE tendrán un monto bruto de $150.861,93 por cada hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, Anses abonará el 80% de ese valor, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación.

De esta manera, el cobro mensual será de $120.689,54 por hijo, mientras que $30.172,39 permanecerán retenidos. En tanto, quienes perciban la AUH por Discapacidad pasarán a recibir un monto bruto de $491.221,18.

Además del aumento en las asignaciones, muchas familias continuarán cobrando programas complementarios que elevan el ingreso mensual. Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios y alcanzan hasta $149.425 para hogares con tres o más hijos.

También seguirá vigente el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a embarazadas y familias con niños de hasta tres años. Desde agosto, este beneficio será de $56.897 por cada menor alcanzado por el programa.

La combinación de la actualización de la AUH con las prestaciones complementarias permite que muchas familias perciban ingresos considerablemente más altos durante agosto. El monto final dependerá de la cantidad de hijos y de los beneficios que correspondan en cada caso.

Por ejemplo, una familia con un hijo menor de tres años que cobre la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche podrá superar los $249.000 de ingresos durante el mes. Quienes tengan más hijos o perciban otras asignaciones podrán acceder a montos superiores.

Los nuevos valores comenzarán a abonarse de acuerdo con el calendario de pagos de agosto que publique Anses. Para conocer el monto exacto de cada prestación, los beneficiarios pueden consultar su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Fuente: Ámbito

El trabajo en aplicaciones de delivery se convirtió en una fuente de ingresos para miles de personas, aunque sostenerse únicamente con esta actividad exige completar cada vez más entregas. En este contexto laboral, las diferencias en el pago por pedido entre las plataformas se suman los gastos de combustible, mantenimiento y telefonía que debe afrontar cada trabajador.

La situación económica de los repartidores se desarrolla, además, en medio de una discusión más amplia sobre el modelo laboral de las aplicaciones. Mientras la Justicia revisa su encuadre como trabajadores independientes, el aumento de la informalidad y las dificultades para acceder a empleos registrados empujan a más personas hacia una actividad marcada por ingresos variables y escasas protecciones.

Según el coeficiente de Alcance de Pedido Promedio de la Fundación Encuentro, en marzo de 2026, un repartidor necesitó completar 453 pedidos para alcanzar la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes. El cálculo partió de una remuneración media de $3.165,20 por entrega, sin considerar propinas.

A primera vista, el resultado parece estable, porque en diciembre, cuando se realizó la última medición, se necesitaban 454 viajes. Sin embargo, esa variación de apenas un pedido esconde un deterioro más amplio. La canasta total individual pasó de 140 a 147 entregas, la alimentaria subió de 63 a 67 y el costo de crianza aumentó de 170 a 175 pedidos para un niño. Además, un alquiler promedio pasó de 244 a 250 viajes y un monoambiente porteño, de 167 a 177.

Esta diferencia puede explicarse por el comportamiento de las plataformas. Entre las de penetración en el mercado, Rappi mantuvo congelado desde octubre de 2025 el valor informado por viaje, por lo que cada aumento del costo de vida redujo automáticamente su poder adquisitivo. PedidosYa, en cambio, elevó en marzo su promedio de $3.659 a $3.924 y empujó el indicador general de $3.033 a $3.165. Por lo tanto, la estabilidad depende de la aplicación en la que se trabaja y no refleja una mejora homogénea para el conjunto de los repartidores.

Según la Fundación Encuentro, la estabilidad del índice durante el primer trimestre se explicó principalmente por la actualización registrada en PedidosYa. Sin ese incremento en el valor promedio por pedido, la cantidad de entregas necesarias para alcanzar la Canasta Básica Total habría continuado aumentando para la mayoría de los indicadores. En cambio, en Rappi, donde el ingreso por viaje permaneció sin cambios, cada incremento en las canastas de consumo o en otros valores de referencia se tradujo en una mayor cantidad de pedidos necesarios para obtener el mismo nivel de ingresos.

La serie iniciada en julio de 2025 confirma ese patrón. Los pedidos necesarios para sostener al hogar tipo comenzaron en 450, tocaron un máximo de 461 en septiembre y cerraron marzo en 453. Cuando las empresas actualizan el pago, el indicador mejora de inmediato, pero esa recuperación vuelve a erosionarse si el valor queda congelado mientras aumenta el costo de vida.

Además, el APP, Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio, mide ingresos brutos. No incorpora las propinas, pero tampoco descuenta combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía ni otros gastos operativos. En consecuencia, las 453 entregas representan un piso para alcanzar la canasta y no el esfuerzo real necesario para sostenerla.

Repartidores de PedidosYa protestaron en Neuquén el 5 de abril de 2026 para reclamar mejores pagos, mayor seguridad y compensaciones por viajes largos.

El modelo laboral de las aplicaciones también quedó bajo revisión judicial. Rappi y PedidosYa consideran a los repartidores trabajadores independientes, por lo que no les reconocen derechos como vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, indemnización o cobertura por accidentes laborales.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo bonaerense entendió que las plataformas ejercen suficiente control sobre la actividad como para considerarlas empleadoras y les aplicó multas por no registrar a sus trabajadores.

En abril, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mantuvo vigentes buena parte de esas sanciones. Aunque el tribunal no resolvió de manera definitiva que todos los repartidores sean empleados, sus decisiones reforzaron el cuestionamiento al modelo de contratación de las plataformas y dejaron abierta la posibilidad de nuevos reclamos laborales.

Por ese motivo, las sentencias fortalecieron la controversia sobre el encuadre de los repartidores, pero no establecieron que todos los trabajadores de las aplicaciones sean automáticamente empleados dependientes. El conflicto continuará girando alrededor de quién organiza la actividad, fija la remuneración y controla el desempeño, así como de quién debe afrontar los aportes, las vacaciones, el aguinaldo y la cobertura frente a accidentes.

Al mismo tiempo, el modelo presiona sobre los demás participantes de la cadena. En este sentido, Focus Market estimó que las comisiones cobradas a los comercios se ubican entre el 25% y el 35% de cada venta, según la plataforma y el servicio logístico utilizado. Como ese costo puede trasladarse al precio final, el problema alcanza también al consumidor.

De hecho, los productos más solicitados registraron aumentos cercanos al 41% interanual y el poder de compra medido en hamburguesas, pizzas y helados cayó, en promedio, 12% en un año. Así, el delivery continúa expandiéndose como hábito de consumo, aunque la capacidad de los salarios para sostener esa demanda se debilita.

Para los repartidores, finalmente, la remuneración también convive con el riesgo vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial indicó que los ocupantes de motocicletas representan el 46% de las víctimas fatales en siniestros, un dato especialmente relevante para una actividad en la que el vehículo y buena parte de sus costos quedan a cargo del trabajador.

Trabajo en aplicaciones de delivery.

El crecimiento del delivery tampoco puede separarse del mercado laboral. En el primer trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,8%, frente al 7,5% del trimestre anterior, mientras la subocupación llegó al 11,1%. De este modo, la dificultad para acceder a un puesto formal convive con un número creciente de personas que trabajan menos horas de las que necesitan.

A su vez, un procesamiento del IIEP UBA-Conicet sobre la Encuesta Permanente de Hogares ubicó la informalidad en el 44,2% de los ocupados durante el primer trimestre, dos puntos por encima del año anterior. En otras palabras, más de cuatro de cada diez trabajadores desarrollan actividades sin la cobertura completa de las normas laborales, impositivas o de la seguridad social.

En este escenario, las aplicaciones ofrecen una entrada rápida y la posibilidad de sumar ingresos sin atravesar un proceso tradicional de contratación. Sin embargo, investigaciones del Conicet muestran que esa flexibilidad convive con incertidumbre, gestión algorítmica y dificultades para reconocer a las plataformas como empleadoras, aun cuando estas intervienen sobre la organización del proceso de trabajo.

Así, el delivery funciona como refugio ante la falta de empleo o la insuficiencia salarial, pero también absorbe trabajadores sin garantizarles una referencia colectiva para actualizar sus ingresos. El repartidor queda en la intersección de ambos problemas. Reduce la desocupación visible, aunque dentro de un universo de informalidad que le traslada buena parte de los costos, la incertidumbre y los riesgos de la actividad.

Imaginemos que nos aislamos con un grupo de personas y fundamos un país nuevo, con nuestra propia moneda. Elegimos a un gobernante para que administre nuestros impuestos, pero resulta ser muy irresponsable y asume gastos que superan ampliamente lo que recaudamos. Para tapar ese agujero, usa una herramienta sorpresa: una máquina de imprimir billetes. Al principio parece una gran solución. Hay más dinero en la calle y todos gastamos más, hasta llegar a un punto donde nuestras compras superan nuestra capacidad física de producir. Como los vendedores agotan su stock y no dan abasto, lógicamente empiezan a subir los precios.

Mientras tanto, la maquinita sigue imprimiendo. Cuando te querés acordar, lo que antes comprabas con una moneda ahora cuesta tres y lo que vendías a dos, ahora lo vendés a seis. Tus números son más grandes, pero no sos más rico; simplemente el dinero vale menos. Al darse cuenta de esto, nadie quiere usar esa moneda para ahorrar porque la maquinita destruye su valor todos los días. Al final, el nuevo país se quedó sin moneda y sus habitantes terminan ahorrando en otra: Bienvenidos a la inflación.

Esto, llevado a gran escala, es exactamente lo que hizo la política argentina durante años. Y esa famosa "máquina" tiene nombre y apellido: el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En las próximas semanas, el Gobierno enviará al Congreso lo que ya definen como el “proyecto del semestre”: una reforma estructural a la Carta Orgánica del BCRA (la constitución interna del ente, lo que dictamina que se puede hacer y qué no). El objetivo es claro y contundente: desconectar la maquinita para siempre y cambiar el ADN de nuestra política monetaria. Entonces, ¿qué propone exactamente esta nueva ley?

Un aspecto fundamental es el regreso al “Mandato Único”. El Banco Central pasará a tener una sola misión primordial: cuidar el valor del peso. Se terminan los objetivos socioproductivos. La mayor contribución que puede hacer el Estado por el crecimiento es lograr que nuestra moneda no pierda su valor y no podamos tener acceso a crédito para producir, para invertir en educación, o que no podamos ahorrar en nuestra propia moneda.

Otro aspecto importante es la prohibición absoluta de financiar al Tesoro. Se eliminan los adelantos transitorios y los trucos contables. Es, literalmente, sacarle la tarjeta de crédito al presidente de turno. Si el Estado gasta de más, tendrá que financiarse recaudando impuestos o tomando deuda, pero jamás emitiendo pesos. El proyecto incluye sanciones penales para los funcionarios que habiliten la emisión. Incluso introduce el concepto de “shutdown” (cierre temporal), que obligaría al Gobierno a paralizar funciones no esenciales si se queda sin presupuesto, sin poder tocar la puerta del BCRA.

Para que esto se cumpla, el BCRA no puede funcionar como una dependencia del Ejecutivo. Por eso, el proyecto establece que los mandatos de los directores durarán seis años con renovaciones escalonadas para no coincidir con los ciclos presidenciales. Echar al titular del Banco requerirá el acuerdo de dos tercios del Congreso. El objetivo final es que las elecciones pasen a ser “monetariamente irrelevantes”. De paso, el proyecto actualiza al banco para que pueda regular de manera moderna los activos virtuales, las billeteras digitales y las stablecoins.

Durante años, como el Estado necesitaba dinero para cubrir su déficit, los bancos hacían negocio: tomaban nuestros depósitos y se los prestaban al Gobierno comprando bonos. Era más cómodo y seguro que prestarle a la gente.

Si esta ley se aprueba, los bancos locales van a tener que volver a su verdadero trabajo: prestarle al sector privado. Esto significa que la Pyme o las empresas de los parques industriales, el productor avícola o el comerciante tendrán acceso a créditos reales. Y, fundamentalmente, el vecino de a pie podrá volver a soñar con un crédito hipotecario o prendario a largo plazo si logramos estabilizar y blindar institucionalmente la moneda.

Cambiar una ley es un gran paso, pero en Argentina sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer y esto es muy importante. El objetivo de este “blindaje” es elevar al máximo el costo político de volver a las malas prácticas. ¿Estará dispuesta la dirigencia política a atarse las manos definitivamente y vivir dentro de sus posibilidades? Si lo logramos, habremos dado uno de los pasos económico más importantes de los últimos años.

La morosidad del sistema financiero argentino registró un nuevo avance en mayo, impulsada principalmente por el deterioro en los préstamos otorgados a las familias. De acuerdo a datos oficiales, la irregularidad de los hogares ascendió a 12,8 por ciento durante el quinto mes del año. Se trata del mayor nivel en más de 20 años.

Según el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos más en comparación interanual.

El informe oficial destaca que el incremento de la mora tuvo como principal motor el desempeño de los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para este segmento alcanzó 12,8%, superando en 0,7 puntos porcentuales el registro del mes anterior y en 8,3 puntos el dato de hace un año. Aunque el ritmo de deterioro se moderó en los últimos meses, la cartera irregular sigue mostrando un crecimiento real sostenido, impactando en la capacidad de pago de los hogares.

Ahora bien, si se analiza la calidad de cartera por línea, se encuentra que el mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Le siguieron las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

En las empresas, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, 0,1 punto porcentual por encima de abril y 2,5 puntos más que un año atrás. Se trata de un nivel sensiblemente menor al de las familias, aunque también en ascenso.

El BCRA reconoció que el crédito comenzó a mostrar señales de recomposición. El saldo real de préstamos al sector privado en pesos aumentó 0,3% en mayo, luego de cuatro meses consecutivos de caídas, impulsado por las líneas comerciales y las de garantía real, mientras que el consumo volvió a retroceder.

En moneda extranjera, el financiamiento a privados creció 2,6% entre puntas de mes. En tanto, los depósitos del sector privado en pesos se redujeron 0,9% real, golpeados principalmente por las colocaciones a plazo.

De acuerdo con el Banco Central, pese al avance de la mora, el sistema financiero mantiene un colchón amplio para afrontarla. Las previsiones constituidas por las entidades cubrían en mayo el 86,3% de la cartera irregular y el 6,6% del total de créditos otorgados. Al considerar en conjunto la morosidad, el nivel de previsiones y el capital regulatorio, el crédito en situación irregular neto de previsiones representó apenas 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable.

En ese marco, la integración de capital del sistema se ubicó en 30,7% de los activos ponderados por riesgo, con un exceso de integración de 280,3% por encima de la exigencia normativa. Estos niveles de solvencia le otorgan a la banca margen para absorber el impacto de la mora sin comprometer su estabilidad.

Por otro lado, los indicadores de liquidez también se mantuvieron en niveles sólidos. El indicador que contempla únicamente las disponibilidades en pesos se ubicó en 11,9% de los depósitos en esa moneda, mientras que al sumar los títulos públicos y las operaciones de corto plazo con el BCRA, el ratio ampliado alcanzó 32,7 por ciento. En moneda extranjera, los activos líquidos representaron 50,9% de los depósitos en esa denominación.

El deterioro no se limita al porcentaje de cartera irregular. Según el último Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, un nivel que hace dos años no llegaba al 9 por ciento.

Según el BCRA, la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto responde, entre otros factores, a que la tasa de interés real de los créditos a personas dejó de licuarse por la inflación y se volvió significativamente positiva.

Los datos oficiales señalan que el deterioro golpea con mayor intensidad a los segmentos más jóvenes: entre los deudores de 18 a 25 años la irregularidad supera el 40%, mientras que la proporción desciende de manera progresiva a medida que aumenta la edad. La morosidad también es más pronunciada en las entidades no financieras, que concentran cerca del 17% del crédito a familias y donde el indicador ya ronda el 30%, muy por encima del promedio del sistema bancario tradicional.

Las diferencias también tienen un correlato territorial. En el norte del país, la proporción de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se ubica por debajo del promedio nacional. A su vez, entre quienes accedieron a préstamos exclusivamente a través de entidades no bancarias, por dificultades para calificar en la banca tradicional, el nivel de incumplimiento supera el 50 por ciento.

Fuente: Infobae

 El Gobierno de Estados Unidos anunció que desde este viernes entrará en vigencia un nuevo esquema de aranceles para importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina y la Unión Europea (UE), con tasas que irán del 10 al 12,6 por ciento.

La medida fue adoptada por la administración de Donald Trump como parte de una política destinada a sancionar a las economías que no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue confirmada esta tarde por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), que informó la conclusión de una serie de investigaciones iniciadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas injustas.

Al respecto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tiene como objetivo "corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora".

El mandatario estadounidense estableció el actual arancel general del 10 por ciento, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara su anterior esquema de tarifas globales.

En consecuencia, los gravámenes comenzarán a regir desde este viernes 24 de julio, cuando expire el arancel global temporal del 10 por ciento, que el gobierno de Washington había establecido por un plazo máximo de 150 días.

En tanto, los productos argentinos tendrán una tasa general del 10 por ciento, aunque la resolución contempla posibles exenciones para determinados sectores, aunque los rubros beneficiados todavía no fueron precisados, pero según la oficina comercial, permitirían al país "cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de trabajo forzoso".

Además, se confirmó que la misma alícuota se aplicará a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Por su parte, algunos productos procedentes de la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán aranceles de entre 10 y 12,5 por ciento, mientras que el resto de los países enfrentarán un gravamen también del 12,5. Anteriormente, la administración Trump había anunciado aranceles de 50 por ciento para productos canadienses y de 25 para aquellos procedentes de Brasil.

En el documento, el gobierno estadounidense anunció que se exceptuará el gravamen para "materias primas que, si estuvieran sujetas a estos aranceles, podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional", o bien productos "que podrían causar perturbaciones en toda la economía si estuvieran sujetos a estos aranceles". Y también alcanzará aquellas materias primas y manufacturas "que no se pueden cultivar o producir en cantidades suficientes o a precios razonables en los Estados Unidos".

Fuente: NA

El seguro de desempleo alcanzó a 90.634 trabajadores registrados despedidos sin causa durante el primer semestre del año, según datos de la Seguridad Social. La cifra representa un incremento del 27,4% respecto de las 71.151 altas registradas entre enero y junio de 2025 y refleja el impacto que tuvieron las cesantías en el empleo formal durante ese período.

Los sectores más afectados fueron la industria manufacturera, con 22.766 nuevos beneficiarios; el comercio, con 20.651; y la construcción, con 13.819 altas. En todos los casos se trata de empleados que accedieron a la Prestación por Desempleo tras perder su trabajo por causas no atribuibles al trabajador.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, una vez descontadas las bajas por reinserción laboral o por finalización del beneficio, en junio cobraban el seguro de desempleo 116.641 personas, con un haber promedio de 316.935 pesos.

Crecen los beneficiarios de la prestación

Del total de beneficiarios registrados en junio, 79.045 eran hombres y 37.596 mujeres. La mayor concentración correspondió a la provincia de Buenos Aires, con 49.899 personas, seguida por Córdoba (8.707), Santa Fe (8.326) y la Ciudad de Buenos Aires (7.990).

Si se consideran todas las incorporaciones registradas desde el inicio de la actual gestión nacional, las cifras muestran un fuerte crecimiento de los beneficiarios. Entre las 174.335 altas de 2024, las 153.847 de 2025 y las 90.634 del primer semestre de 2026, un total de 418.816 trabajadores comenzaron a percibir esta prestación en los últimos dos años y medio.

Como referencia, durante 2023 se habían registrado 108.942 altas y en 2022 la cifra había sido de 86.268 beneficiarios.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad.

Mientras perciben el beneficio —que puede extenderse hasta 12 meses— los trabajadores mantienen el cobro de las asignaciones familiares, conservan la cobertura de la obra social y ese período continúa computándose como antigüedad para la futura jubilación o pensión.

El monto de la prestación disminuye de manera progresiva: durante los primeros cuatro meses se cobra el 100% del beneficio correspondiente; entre el quinto y el octavo mes, el 80%; y desde el noveno hasta el duodécimo mes, el 70%.

Requisitos y cálculo del monto

Para acceder al seguro de desempleo, el trabajador debe acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido o a la finalización del contrato laboral. En el caso de empleados eventuales o de temporada, se exige haber trabajado menos de doce meses en ese mismo período y más de 90 días durante el último año.

Los precios internacionales del petróleo siguen en alza y se acercan a los US$100 este jueves, ante la persistencia de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del tránsito fluvial por el estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 4,96%, cotizando a 98,74 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 4,31% y se ubica en 90,58 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que incluye ataques de ambos lados tras la declaración de Donald Trump sobre el fin del acuerdo al señalar que “se ha terminado”.

En las últimas horas, Irán aumentó los controles sobre el estrecho de Ormuz y se agregó el bloqueo de los hutíes de Yemen (aliados de Teherán) al estrecho de Bab el-Mandeb, lo que amenaza con un conflicto de mayor dimensión.

En este caso, la restricción de la circulación por ahora solo aplica a los barcos de Arabia Saudita, en respuesta al bloqueo saudí sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén uniendo Asia con Europa y concentra la circulación de un 12% del comercio global, incluyendo millones de barriles de crudo, por lo que la inseguridad para transitarlo enciende las alarmas sobre el efecto en el costo de los productos que se mueven por la zona.

De esta manera, la continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán junto a la inestabilidad del tránsito fluvial seguro por el estrecho de Ormuz y el de Bab el-Mandeb, impacta de lleno en los mercados energéticos.

Fuente: Noticias Argentinas

El consumo masivo volvió a profundizar su caída en junio y cerró el mes con una baja de 2,7% interanual en volumen. Según el último informe de la consultora Scentia, el acumulado del año ya marca un rojo de 2,9%. En ese contexto, el comercio electrónico fue el único canal que escapó a la tendencia general: creció 41% frente a junio de 2025 y lo hizo en todas las categorías de productos relevadas.

El dato del mes contrasta con la señal que había dejado mayo, cuando la caída se había moderado a 1,6% y desde la propia consultora se anticipaba que una menor presión inflacionaria podría empezar a revertir el deterioro del consumo. Esa reversión no se produjo. Lejos de consolidar una mejora, junio registró la peor performance mensual de los últimos trimestres, con una retracción que se extendió a casi todos los canales de venta.

Tomando enero de 2023 como base 100, el consumo de junio de 2026 se ubicó en 82,9 puntos, dos puntos por debajo de los 84,8 que había marcado en mayo. El pico de esa serie se alcanzó en diciembre de 2023, cuando el índice llegó a 111, y desde entonces la tendencia fue descendente sin que ningún mes haya logrado una recuperación sostenida.

Las ventas en pesos no reflejan esa caída: subieron 26,6% interanual en valores nominales. Pero el precio promedio avanzó 23,1% en el mismo período, lo que indica que la suba en pesos no se tradujo en mayor volumen de productos vendidos. La inflación interanual al consumidor se ubicó en 33,5% en junio, con un acumulado de 16,8% en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El e-commerce, el único que resiste a la caída

Mientras los canales físicos retrocedieron de manera generalizada, el comercio electrónico aceleró su expansión. El alza de 41% interanual de junio supera el 29,9% que había registrado en mayo y eleva el acumulado anual a 34,8 por ciento.

Lo que distingue al canal online no es solo la magnitud del crecimiento sino su alcance: las ocho canastas relevadas por Scentia —alimentación, bebidas con y sin alcohol, desayuno y merienda, higiene y cosmética, impulsivos, limpieza de ropa y hogar, y perecederos— cerraron junio en terreno positivo dentro del comercio electrónico. Bebidas con alcohol lideró con un alza de 61,8%, seguida por alimentación con 54,6% e impulsivos con 45,2 por ciento.

El resto de los canales físicos presentó un panorama opuesto. Los kioscos y almacenes de barrio registraron la peor caída mensual con una baja del 4,6% interanual, seguidos por los mayoristas -cayó 3,3%- y los supermercados de cadena con una caída del 2,6 por ciento. Los autoservicios independientes retrocedieron 1,6% y las farmacias, que en mayo habían crecido 2,3%, cerraron junio sin variación (0,0%).

Qué se compra menos y qué resiste

El desglose por canastas para el total de canales muestra que las bebidas con alcohol fueron la única categoría con crecimiento en junio, con una suba de 9,4% interanual, probablemente explicado por la suba del consumo consecuencia del Mundial 2026. Las bebidas sin alcohol avanzaron 3,5 por ciento. El resto de los rubros operó en rojo: desayuno y merienda cayó 7,7%, limpieza de ropa y hogar bajó 6,2%, perecederos retrocedió 5,7% e impulsivos descendió 5,3%. Higiene y cosmética anotó una baja de 3,7% y alimentación cayó 0,5 por ciento.

En el acumulado del año, las bebidas con alcohol son también las que mejor se sostienen, con una suba de 2,6% en el YTD. Limpieza de ropa y hogar acumula la mayor caída con -7,1%, seguida por perecederos con -5,6% y desayuno y merienda con -5,3 por ciento.

El canal de kioscos, el más golpeado

El canal de kioscos concentró algunas de las caídas más pronunciadas del mes. Limpieza de ropa y hogar se desplomó 20,9% en esos puntos de venta, desayuno y merienda retrocedió 13,2% e higiene y cosmética cayó 11 por ciento. Alimentación bajó 8,5% e impulsivos, categoría central para ese tipo de comercio, descendió otro 8,5%. Las únicas excepciones fueron bebidas con alcohol (+10%) y bebidas sin alcohol (+9,8%), que también crecieron en el canal de autoservicios independientes.

En el canal mayorista, las bebidas sin alcohol registraron la caída más pronunciada de todo el informe: -21% interanual en junio. En el acumulado del año, esa misma categoría acumula un retroceso de 19,3% en ese canal.

El contexto macro no alcanza para sostener el consumo

El informe de Scentia incorpora un panel de indicadores económicos que muestra una economía con señales mixtas. El Producto Bruto Interno creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y cerró 2025 con un alza de 4,4%. Las exportaciones acumulan una suba de 24,4% en el año. La construcción avanzó 4,1% en mayo según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Pero otros indicadores van en sentido contrario. La producción industrial manufacturera acumuló una caída de 3,1% en el año al cierre de mayo, según el Índice de Producción Industrial (IPI). La producción automotriz retrocedió 13,6% en junio y acumula una baja de 18,3% en 2026. El patentamiento de vehículos 0 km cayó 12,8% en el mes y 9,9% en el acumulado. La pobreza se ubica en 28,2% y el desempleo en 7,8% al primer trimestre del año, según datos del Indec incluidos en el reporte de la consultora.

Fuente: Infobae

Obtuvo media sanción este miércoles el proyecto del Poder Ejecutivo que establece medidas de alivio fiscal para comerciantes entrerrianos. La iniciativa que fuera presentada por el gobernador Rogelio Frigerio llegó con dictamen y fue incluida en el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde obtuvo el visto bueno.

El proyecto pasa ahora a manos del Senado. Allí se establecen incentivos tributarios para la promoción de la actividad comercial, con especial foco en atenuar la carga fiscal de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado – Monotributo. El expediente estipula un “alivio fiscal para pequeños contribuyentes cuya actividad principal sea comercial”.

Además, se establecen exenciones en el Impuesto al Sello, como así también “reducciones transitorias” en algunos tributos en caso que el Poder Ejecutivo así lo disponga.

Cuando se presentó la medida, a mediados de junio, desde el gobierno se aclaró que los comerciantes no deberán hacer ningún trámite para obtener los beneficios.

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno presenta este miércoles el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal, con la cual busca atraer y formalizar un mayor ingreso de los denominados “dólares del colchón”.

La presentación oficial se realizará en el Ministerio de Economía, con la presencia de Luis Caputo junto a representantes de las cámaras del sector. La exposición tendrá lugar durante la tarde.

En principio, los cambios que introduce el Gobierno buscan aportar a una mayor adhesión de contribuyentes bajo este régimen.

Los “dólares del colchón” son aquellos que no están declarados o formalizados por las personas. Este es uno de los ejes fundamentales de la norma, dado que el Ejecutivo busca volcarlos e invertirlos en la economía del país.

La semana pasada, Caputo mantuvo una nueva reunión con un grupo de contadores y tributaristas para definir al 100% los cambios que se introducirán en el nuevo proyecto.

La postergación en la declaración jurada fue uno de los pedidos que esbozaron al funcionario. No fue casualidad: horas después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al periodo fiscal 2025, al 27 de agosto, aunque mantuvo la fecha del vencimiento del pago.

“La idea del Gobierno, por temas recaudatorios, era que no hubiera prórroga y que se rectificara después por el régimen simplificado a los que entraban luego con la modificación a la ley. Salió una prórroga de la declaración y no del pago: en mi humilde opinión, bastante bueno (de última se pagará con resarcitorios)”, dijo el contador Alejandro Rosenfeld, uno de los que participó del encuentro con Caputo.

Sin embargo, esta postergación no favoreció la recaudación en las cuentas públicas. Si bien cerró el primer semestre con un superávit, durante junio registró déficit primario y financiero.

Principales cambiosDos de los cambios que impulsa el Gobierno recaen sobre el Régimen Simplificado de Ganancias y las discrepancias significativas.

En el primero, de la norma actual, se crea un régimen por el cual los contribuyentes que adhieran quedan “blindados para siempre”. La crítica surge cuando se observan las condiciones: los ingresos anuales no pueden superar los $1.000 millones y el patrimonio total no puede estar por encima de los $10.000 millones, por lo que los grandes patrimonios quedan excluidos y, junto a ellos, mayores cantidades de dólares fuera del sistema financiero.

La segunda se basa en el límite legal que invalida la presunción de exactitud de la declaración del contribuyente. Es decir, si ARCA detecta una diferencia mediante una impugnación que supere el 15% de los saldos declarados o que sea mayor a $100 millones, el fisco derriba el beneficio de la Inocencia Fiscal, quitando el tapón impositivo y la prescripción corta. Ante esto, se busca agrandar el margen porcentual y, en caso de detectar un error, ARCA permitiría rectificar la declaración jurada y pagar la diferencia antes de que se inicie una investigación.

El nuevo proyecto contará con algunas de las modificaciones propuestas por distintos contadores y tributaristas, entre ellos Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman, que participaron de los encuentros.

Fuente: NA

La agencia Moody’s Ratings mejoró las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina a B3 desde Caa1, lo cual fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, la calificadora cambió la perspectiva a positiva desde estable.

La agencia señaló que el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, ya que la estabilización macroeconómica ha superado la fase inicial de ajuste y avanza hacia una mejora más duradera en los fundamentos crediticios.

Destacó los superávits fiscales sostenidos, la inflación a la baja y la continua liberalización económica, y sostuvo que "fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica".

La posición externa de Argentina ha mejorado, respaldada por un mayor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, junto con un mejor acceso al financiamiento externo.

La perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio de Argentina podría fortalecerse aún más a medida que las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinen con la estabilización macroeconómica en curso, según analistas.

Si bien persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, Moody’s señaló que el rango de resultados de política se ha reducido en comparación con ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad de las políticas.

El techo de calificación en moneda local de Argentina fue elevado a Ba3 desde B1, mientras que el techo en moneda extranjera fue elevado a B1 desde B2.

La recapitalización del banco central y la reducción de los pasivos intrasector público fortalecen la flexibilidad de la política, mientras que la caída de la inflación apoya una recuperación en los ingresos reales y la confianza.

Moody’s espera un crecimiento del PIB de alrededor de 3.4% en 2026 y de 3.5% en 2027.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que con esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody's, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década.

"Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina", señaló.

Moody's también elevó el techo de calificación para Argentina (Ba3 en moneda local y B1 en moneda extranjera).

Daza dijo que "este es un detalle técnico muy importante. Permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales".

Y un último punto. Moody's no solo mejoró la calificación de Argentina. También cambió la perspectiva de Estable a Positiva.

"Eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses. Esta vez es diferente!", destacó Daza.

Fuente: Noticias Argentinas

Un estudio realizado por el Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos sobre el Aguinaldo en la provincia que este ingreso extraordinario dejó de representar una oportunidad para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse, para la mayoría de los trabajadores entrerrianos, en una herramienta para sobrevivir. El 75,6% lo uso para pagar deudas y hacer consumos corrientes. Mientras que anteriormente se destinaba a vacacionar o al ahorro, ahora más de la mitad lo destinó a atender obligaciones financieras.

Este trabajo se propone otorgarle dimensión y analizar variables de empleo y consumo en el contexto del cobro del medio sueldo anual complementario en la provincia. Es una continuidad de distintos informes que desde Cisper hemos realizado con el eje en la situación de los trabajadores entrerrianos, contemplando los niveles de ingreso y el destino de estos recursos, reflejando en todos los casos una realidad marcada por la insuficiencia de los salarios a la hora de satisfacer las necesidades básicas de vida y una consecuente dinámica de endeudamiento para suplir esas carencias. Para completar el círculo vicioso, ese endeudamiento de subsistencia, que en un primer momento sostuvo el consumo, hoy es un gran limitante para la capacidad adquisitiva de los asalariados, que destinan buena parte de sus sueldos al pago de deudas e intereses. Aguinaldos empeñados es un trabajo basado en un relevamiento mixto, virtual y presencial, con 400 casos de la provincia, concentrados en su mayoría en la ciudad de Paraná. El estudio se realizó sobre ciudadanos mayores de 18 años, con y sin empleo, con actividad en el sector público y privado.

El informe revela que la mayoría de los trabajadores que perciben el aguinaldo lo destinaron o pensaban destinarlo a pagar o saldar deudas, con un fuerte cambio en el comportamiento de consumo respecto de la finalidad para la que se lo utilizaba. Mientras que ahora se emplea para cancelar pasivos o sostener consumos en general, antes se utilizaba principalmente como ahorro o inversión, para vacacionar o realizar actividades de ocio y para adquirir bienes. Por otra parte, nuestro trabajo permite avizorar el alcance que este derecho de los trabajadores efectivamente tiene en la población: mientras que en el sector público el sueldo anual complementario tiene un amplio alcance, en el sector privado 1 de cada 3 trabajadores no lo percibe. Este dato da dimensión de la presencia de relaciones laborales informales y precarias en la esfera privada, concordante con lo que las estadísticas de empleo reflejan a nivel nacional.

Otro de los elementos que podemos ver en este estudio es la presencia del aguinaldo según grupo etario: menos de la mitad de los menores de 30 años con empleo lo cobran. Asimismo, además de otros aspectos sobre el empleo que se desprenden del relevamiento, también vale la pena destacar la percepción respecto de la situación económica de los encuestados: el 65,7 % de los participantes dijo estar peor que un año atrás y solo el 12,4 % afirmó estar mejor.

Estos resultados, además de proporcionar una mirada adicional a los numerosos trabajos que reflejan la crisis que atraviesan los trabajadores, ofrecen cierta trazabilidad de la que es probablemente la principal causa de la complicada situación de comercios, pymes y empresas: la caída de las ventas. Los salarios que hoy se drenan por la canaleta del endeudamiento y los intereses, los aguinaldos que fluyen hacia ese mismo destino, son los clientes que les faltan a los comercios y las empresas.

Los aguinaldos que se destinan a pagar deudas representan entrerrianos que no viajan, que no compran, que no adquieren electrodomésticos, que no pueden encarar arreglos en sus casas y que no ahorran para invertir. Lo que históricamente funcionó como un ingreso extraordinario destinado al descanso, la inversión o la mejora del bienestar familiar hoy aparece absorbido por la necesidad de cancelar deudas y sostener gastos corrientes. Cuando el aguinaldo deja de ampliar las posibilidades de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia financiera, no solo se deteriora la calidad de vida de los trabajadores: también se debilita el mercado interno y se resiente el entramado productivo local. Porque una economía en la que el aguinaldo se empeña para llegar a fin de mes es una economía que ha reemplazado el desarrollo por la supervivencia.

Grupos etarios y sector de actividad

El relevamiento se dividió en cuatro grupos etarios: 18 a 29 años, 30 a 45 años, 45 a 65 años y mayores de 65 años. Con ese criterio se encuestó a las personas independientemente de tener o no empleo y, en caso de tenerlo, se consultó si percibía o no aguinaldo.El 52 % de los encuestados con empleo pertenecía al sector público, mientras que el 48 % se desempeñaba en el sector privado.Del total de encuestados, el 91,7% dijo estar empleado y el 8,3% dijo no poseer empleo. Entre los que poseen empleo, el 76,3% dijo percibir aguinaldo, mientras que el 23,7% manifestó no cobrarlo.

Alcance por actividad y edadEn cuanto al alcance del aguinaldo por sector, hay una marcada diferencia entre el sector público, donde alcanza el 89,4% de los trabajadores mientras que en el sector privado solo comprende al 62,3% de los empleados. De ese dato se desprende que 1 de cada 3 trabajadores del ámbito privado no percibe el sueldo anual complementario.Otro de los elementos en donde aparece una disparidad importante es en el análisis del alcance del aguinaldo según grupo etario, en donde se observa que en el segmento de los menores de 30 años, menos de la mitad lo percibe. Luego la cobertura va creciendo conforme al grupo etario.

En cuanto al desempleo, también se evidencia una marcada diferencia entre edades. El grupo de 18 a 29 años registra el mayor nivel de desocupación del relevamiento, mientras que dicho porcentaje disminuye progresivamente en los grupos de mayor edad.

Destino del aguinaldo

Lejos del histórico rol que desempeña el aguinaldo como ingreso extra para destinarse a finalidades para las cuales no se suele destinar el salario, el medio aguinaldo en esta coyuntura tuvo un destino atípico: abono de obligaciones financieras, consumo corriente y bienes no durables.El relevamiento de este estudio determinó que el 55,2% de los que lo perciben lo utilizaron para afrontar deudas. Por otro lado, el 21,3% dijo utilizarlo para consumo en general; el 15,3% lo destinó a ahorro y/o inversión; 3,8% dijo utilizarlo para vacaciones y/o recreación y el 3,8% restante lo utilizó para adquirir bienes.

De esta manera, el 76,5% utilizó el aguinaldo para pagar deudas o para consumo en general, lo que se podría interpretar como un destino de "supervivencia".

Al consultar si el destino del aguinaldo cambió respecto de años anteriores, el 76,1% respondió que sí, mientras que solo el 23,8% manifestó mantener el mismo uso.

Respecto de los destinos habituales que tenía el aguinaldo en años anteriores, predominaban las vacaciones o recreación, el ahorro o inversión, el consumo en general y la adquisición de bienes, mientras que pagar o saldar deudas ocupaba un lugar claramente secundario.

La comparación entre el destino que los encuestados le daban al aguinaldo en años anteriores y el que le dan hoy revela un cambio de comportamiento profundo, no un simple reacomodamiento de prioridades.El gráfico traduce esa comparación en variación neta (en puntos porcentuales), ordenando las categorías de mayor caída a mayor suba. Los números hablan por sí solos: pagar o saldar deudas pasó de ser el destino de apenas el 10,9% de los encuestados a concentrar el 55,2%, la variación más grande de todo el relevamiento. En simultáneo, vacaciones y recreación, que antes lideraba con el 33,8% de las menciones, se desplomó a un 3,8% (-29,4 puntos porcentuales), y el ahorro o inversión perdió 8,9 puntos.

Percepción sobre situación económica

La percepción sobre la situación económica personal confirma el clima de deterioro que se refleja en el resto de la encuesta. El 65,7% de los encuestados considera que su situación económica empeoró respecto a un año atrás, mientras que apenas el 12,4% percibe una mejora. El 21,9% restante siente que la situación se mantuvo igual. Esta lectura subjetiva es coherente con los datos objetivos relevados sobre el aguinaldo: para la mayoría, ya no es un ingreso destinado a mejorar la calidad de vida, sino una herramienta para sostenerla frente a un contexto que perciben, mayoritariamente, como más difícil que el año anterior.

La Justicia Federal declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, que había eliminado el sistema estatal de información en línea sobre los precios de los combustibles. El juez Alejo Ramos Padilla concluyó que la medida implicó un retroceso injustificado en la protección de los consumidores y vulneró el derecho constitucional a recibir información “adecuada y veraz”.

El fallo hizo lugar a la acción colectiva interpuesta por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que cuestionó la decisión del Gobierno de derogar la Resolución 314/2016, norma que obligaba a las estaciones de servicio a informar al Estado, dentro de las ocho horas, cualquier modificación en los precios de naftas, gasoil y GNC.

Para el magistrado, la Administración eliminó ese sistema sin implementar otro mecanismo que garantizara un nivel equivalente de protección. “La desregulación no autoriza a disminuir la protección al consumidor y el Estado no ha demostrado que el nuevo sistema brinde una tutela mejor o equivalente al sistema derogado”, afirmó el fallo.

El juez federal Ramos Padilla declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Economía.

La resolución cuestionada había sido dictada en el marco de la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional. El Ministerio de Economía sostuvo durante el proceso que la información sobre los precios continuaba disponible a través de aplicaciones, páginas web de las petroleras y directamente en las estaciones de servicio, por lo que consideró innecesario mantener la obligación administrativa.

Sin embargo, el juez rechazó ese argumento.

Según explicó, el derecho previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional no se satisface simplemente porque la información exista en distintos lugares. “El deber constitucional de proveer información adecuada y veraz no se agota en la mera existencia fáctica de información dispersa en el mercado”, sostuvo el magistrado. Y agregó que el Estado tiene “un deber positivo de organizar mecanismos que permitan a los consumidores acceder a información cierta, objetiva, comparable y fácilmente accesible”.

En ese sentido, destacó que obligar a los consumidores a recorrer distintas páginas web o incluso varias estaciones de servicio para comparar valores convierte el acceso a la información en un proceso “engorroso, poco accesible y de muy difícil concreción práctica”.

Uno de los ejes de la sentencia es el principio de no regresividad en materia de derechos de los consumidores. El juez recordó que el Estado puede modificar sus políticas públicas, pero no reducir el nivel de protección alcanzado sin una justificación suficiente.

“La Resolución 717/2025 eliminó un sistema público de información cuya finalidad específica era garantizar la transparencia del mercado de combustibles y facilitar el ejercicio del derecho constitucional de los consumidores a recibir información adecuada y veraz, sin que la demandada hubiera demostrado que los mecanismos actualmente existentes aseguren un nivel equivalente de tutela”, afirmó.

“La derogación impugnada importa una disminución injustificada del estándar de protección previamente alcanzado, razón por la cual corresponde declarar su invalidez”, completó.

Durante el proceso, el Estado sostuvo que la resolución respondía a una decisión de política económica que escapaba al control judicial. Ramos Padilla respondió que los jueces no analizan la conveniencia de las políticas públicas, pero sí deben verificar que respeten los derechos constitucionales.

“El examen que corresponde efectuar se limita a verificar si, al ejercer esas competencias, el Estado respetó el contenido mínimo de protección que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce a los consumidores”, sostuvo.

Además, rechazó que la presunción de legitimidad de los actos administrativos impidiera revisar la medida. “Tal presunción no impide su revisión judicial cuando se denuncia que el acto vulnera de manera directa derechos o garantías constitucionales”, completó.

La sentencia tiene efectos colectivos y alcanza “a todos los consumidores y usuarios de combustibles y gas natural comprimido comercializados en estaciones de servicio del territorio nacional”.

En el fallo, el juez también rechazó todos los planteos de improcedencia formulados por el Estado y por OPESSA, la empresa que intervino como tercero en el expediente, y declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía.

Durante el encuentro, organizado por la filial Crespo, los delegados analizaron temas vinculados a la política agropecuaria y manifestaron un contundente rechazo a la posible derogación de la ley que limita la extranjerización de tierras en el país.

Asimismo, cuestionaron la eventual adhesión de Argentina al convenio UPOV 91 en materia de semillas, al considerar que la iniciativa habilita el patentamiento de los eventos de mejoramiento vegetal y elimina el derecho de uso propio por parte de los productores.

En otro tramo del debate, los federados señalaron que persiste una elevada presión fiscal sobre el sector y advirtieron por las dificultades para acceder al financiamiento, una situación que, según indicaron, afecta especialmente a los pequeños y medianos productores.

La asamblea también puso el foco en la realidad de dos de las principales economías regionales entrerrianas: el arroz y la citricultura. Productores de ambas actividades expusieron la compleja situación que atraviesan, marcada por la falta de rentabilidad y la incertidumbre respecto del futuro de esas producciones.

En ese marco, los asistentes reafirmaron el compromiso de continuar trabajando para sostener la producción y contribuir al desarrollo económico de la provincia y del país.

En el plano institucional, la asamblea ratificó la postulación del productor arrocero Luciano Challio como director del Distrito III de Federación Agraria Argentina. Además, Gastón Velásquez y Lucero Kuhn fueron confirmados como coordinadores de la Juventud Federada. 

Fuente: APF Digital

La carne vacuna ocupa un lugar central en la mesa de los argentinos, pero ese vínculo viene atravesando cambios profundos en los últimos años. Los vaivenes de la economía, la evolución de los precios relativos y las decisiones que toman los frigoríficos a la hora de definir qué parte de la producción se destina al mercado interno y cuál se envía al exterior terminan moldeando, mes a mes, cuánta carne llega finalmente a los hogares. El primer semestre de 2026 dejó en evidencia hasta qué punto esos factores pueden combinarse para golpear el consumo.

Según el último informe económico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el abastecimiento del mercado doméstico de carne vacuna cayó 11,5% en la comparación interanual durante enero-junio de este año. El consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso, casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025. Fue, además, el peor primer semestre de los últimos 30 años.

La entidad explicó que esa retracción respondió, principalmente, al menor poder adquisitivo de los hogares, golpeado por el encarecimiento de la carne vacuna en relación con otros alimentos. En ese sentido, el promedio de los últimos doce meses del consumo per cápita se ubicó en 47 kilos por habitante al año, un nivel 8,2% inferior al registrado un año atrás, lo que equivale a 4,2 kilos menos por persona.

El informe de Ciccra señala que “el abastecimiento del mercado doméstico experimentó una caída de 11,5% anual, producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”. Esa suba de precios no fue pareja entre los distintos cortes, pero sí generalizada.

De acuerdo con los datos que releva el Indec y que la cámara recopila en su informe, el rubro carnes y derivados acumuló un incremento de 45% en los últimos doce meses, muy por encima del 33,5% que marcó el índice general de precios al consumidor en el mismo período. Dentro de ese rubro, fueron los cortes vacunos los que más treparon, con un alza de 53,6% anual, mientras que el pollo entero, que compite como sustituto en las decisiones de compra de muchas familias, aumentó a un ritmo bastante menor, de 29,9% anual. Esa brecha ayuda a explicar por qué buena parte de los consumidores optó por reducir las cantidades adquiridas o por volcarse hacia otras proteínas.

La caída del consumo interno no puede explicarse únicamente por los precios. También influyó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, un 8,9% menos que en igual período de 2025, en el marco de un proceso de menor disponibilidad de hacienda para faena que la industria viene atravesando desde hace tiempo. Esa menor faena se tradujo en una producción de carne vacuna de 1,428 millones de toneladas, con una baja de 6,2% respecto de igual semestre del año pasado.

Sin embargo, la producción no cayó al mismo ritmo que el consumo. La razón está en que las exportaciones tomaron un camino inverso: en los primeros seis meses del año sumaron 408,6 mil toneladas, un 10,2% más que en el mismo período de 2025. Esto significa que, del total de carne vacuna producida en el país, una porción mayor que en años anteriores se destinó a los mercados externos y una porción menor quedó disponible para el consumo local. Según Ciccra, la proporción de la producción que fue a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la que se destinó al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.

Al observar la serie histórica, que se remonta a mediados de la década de 1990, se encuentra que el primer semestre de 2026 aparece como el más bajo en materia de consumo interno de carne vacuna. Ni siquiera los años más complicados de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían registrado un nivel de abastecimiento doméstico tan bajo como el de este año.

La carne picada encabezó los aumentos del último año, con una suba del 56,2%. (Adobe Stock)

Cabe aclarar que, al tratarse de una serie que la propia cámara actualiza y corrige con el correr del tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros. Aun así, la tendencia de fondo resulta clara: la primera mitad de 2026 marcó un piso histórico para el consumo de carne vacuna en el país.

Este resultado se da, además, en un contexto particular para el sector. Ciccra viene señalando en sus últimos informes que la ganadería argentina podría estar transitando el final de una fase de liquidación de existencias que se extendió por tres años, en la que los productores enviaron a faena una proporción mayor de hembras de la habitual. En los últimos meses, ese proceso mostró signos de desaceleración, lo que eventualmente podría traducirse, más adelante, en una recomposición del rodeo y en una mayor disponibilidad de hacienda. Pero, por el momento, esa transición todavía no impactó en el nivel de consumo, que siguió retrocediendo.

L cierto, es qu combinación de menor producción, mayor participación de las exportaciones y precios relativos más altos terminó configurando el escenario menos favorable de los últimos treinta años para el consumo de carne vacuna en la Argentina. El informe de Ciccra ilustra esa dinámica también a nivel de cortes específicos: en la comparación interanual a junio, la carne picada común fue la que más subió de precio, con un 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Ambos son cortes de alto consumo popular, lo que ayuda a dimensionar por qué la caída del abastecimiento interno no se distribuyó de manera pareja, sino que golpeó especialmente a los productos que suelen integrar la dieta cotidiana de buena parte de los hogares argentinos.