Los docentes universitarios anunciaron un paro de actividades para este miércoles 30 de septiembre. La medida de fuerza, que podría extenderse hasta 72 horas, fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) durante un plenario realizado el pasado viernes, con el objetivo de coordinar acciones junto a la Conadu Histórica.

El gremio precisó que la huelga se suspenderá únicamente si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% establecida en la Ley de Financiamiento Universitario. Hasta el momento, la propuesta oficial del Gobierno alcanzó un 3%, la cual fue rechazada por los docentes al considerar que aún persiste una deuda de actualización salarial cercana al 30%.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, se refirió a la situación actual del sector y la necesidad de fortalecer la organización frente a las políticas del gobierno de Javier Milei:

El objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que está marcado por la fragmentación e individualismo impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Este desacuerdo en las paritarias derivó además en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, la cual ya tiene fecha prevista para el 15 de octubre.

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocaron a un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, en reclamo por la falta de financiamiento para las casas de estudio y la situación salarial del sector.

La medida fue confirmada por distintos sindicatos universitarios, entre ellos Feduba, y se da en medio de una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuya implementación continúa siendo motivo de controversia.

El conflicto responde a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma. 

Esta falta de envío de fondos impacta de manera directa tanto en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas como en las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.

En materia de ingresos, la conducción sindical denuncia que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la reapertura de una paritaria formal, y quedaron marcadamente por debajo de la inflación acumulada. 

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que requerirían un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales para equiparar el nivel de compra de ese período. El retraso afecta especialmente a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, al tiempo que complica a los cargos de dedicación exclusiva.

A su vez, las autoridades y representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores altamente calificados con títulos de posgrado. La brecha de ingresos con el sector privado y con instituciones del exterior genera un drenaje de recursos humanos que afecta la calidad educativa y la producción científica y tecnológica nacional.

En este escenario, la medida de fuerza coincide con un contexto de dilación en la aplicación efectiva de la ley, por lo que las organizaciones sindicales no descartan profundizar el plan de lucha si no obtienen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo.