Los abogados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos, interpusieron una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia Federal de Paraná.

El recurso busca invalidar los puntos críticos del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El núcleo del reclamo se centra en que la nueva normativa permite que agentes de inteligencia —cuya identidad y funciones son por ley secretas y encubiertas— puedan realizar "aprehensiones de personas" en situaciones de flagrancia o bajo la excusa de proteger sus propias operaciones. Según los denunciantes, esto transforma a un organismo de espionaje en una fuerza de seguridad con poder de policía, algo prohibido por la Constitución Nacional.

Los letrados calificaron la medida como una "amenaza real y concreta" para la libertad ambulatoria de toda la sociedad. Sostienen que, al desplazarse los agentes de forma encubierta por todo el territorio, cualquier ciudadano podría ser interceptado o demorado sin que medie la orden escrita de un juez competente, lo que rompe con las garantías básicas del debido proceso y el derecho a circular libremente.

En el escrito, se solicita además la inconstitucionalidad del decreto por considerar que el Presidente no puede regular cuestiones que afectan la libertad personal y el derecho penal mediante un DNU. Argumentan que este tipo de restricciones solo pueden ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, respetando la división de poderes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Fuente: APFDigital

La oposición no consiguió este miércoles aprobar de manera definitiva la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto, que buscaba imponer nuevas reglas de control legislativo sobre el Ejecutivo, deberá volver al Senado luego de no alcanzar la mayoría absoluta de 129 votos requerida para sancionar su artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso trate los decretos presidenciales.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

Por otro lado, establece que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

Blanca Osuna publicó en X: “Sancionamos la reforma a la Ley de DNU. Un freno al autoritarismo de Javier Milei y al uso indiscriminado de decretos para gobernar por encima del Congreso y del pueblo”.

Por su parte, Gaillard uso la misma vía para expresarse: “Logramos aprobar la modificación de la Ley de DNU. Durante meses Milei usó los decretos como si el Congreso no existiera. Hoy pusimos un freno a ese abuso. La democracia se defiende con instituciones que funcionen y un Congreso que haga valer la voluntad del pueblo”.

Desde el Gobierno nacional, consideran que es posible que el Senado ratifique el texto original pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. 

Fuente: APFDigital

En una sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei. No obstante, el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate, por lo que volvería al Senado antes de convertirse en Ley.

El proyecto propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto. Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

El temario de la sesión incluye también la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los sectores opositores más duros advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

La agenda contempla, además, un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el objetivo de evitar que el Gobie En paralelo, la oposición intentará avanzar con interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos funcionarios fueron citados por la Comisión de Salud, pero no asistieron.

Finalmente, se debatirá la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría beneficiar a las provincias y servir como herramienta de presión para asegurar el quórum.rno prorrogue por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.

 Fuente: Infobae

En la que tal vez sea la última sesión previa a las elecciones generales del 26 de octubre, la Cámara de Diputados se reúne este miércoles a partir de las 12 con un gran número de expedientes para debatir y un tema central para aprobar o rechazar: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. Ese texto que analizarán este miércoles en el recinto tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

Con grandes chances de ser aprobado este miércoles, será clave el número de votos que obtenga, cuestión de imaginar lo que podría llegar a suceder cuando el texto vuelva al Congreso, mandado por el Ejecutivo con el veto inexorable correspondiente. Esto es, ver si a partir de esa votación la oposición puede ilusionarse con resistir esa decisión de Javier Milei, publicó Parlamentario.

El segundo tema a debatir es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Esa votación requiere mayoría simple, y lo seguro es que será rechazado por el oficialismo, que está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Luego será el turno del debate del Presupuesto 2026. No, no es que haya llegado por fin el momento de que se debata en el recinto una ley de leyes elaborada por el equipo económico de Javier Milei, sino que lo que se tratarán este miércoles son dos emplazamientos: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre.

El presidente saliente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a tener la máxima atención dada la intención de algunos legisladores opositores de pedir su remoción de la Cámara. Originalmente iban a ir por su apartamiento de la presidencia de la comisión, pero como el propio José Luis Espert se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto, por lo que quedó para debatir o emplazar es un pedido de expulsión de Espert de la Cámara baja.

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). 

Fuente: APFDigital

La oposición senatorial aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso. La iniciativa obtuvo, en la definición en general, 56 votos a favor, ocho en contra y las abstenciones de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Para tener una idea de lo que todo esto implica , los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El peor escenario para la Casa Rosada a futuro, cuya nave insignia es el 70/23 de desburocratización del Estado.

La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto. Si la ley es sancionada por Diputados -se estima un veto desde la Casa Rosada-, quedará en el olvido la que Cristina Kirchner empujó en 2006 como senadora, cuyo objetivo fue el mismo que critica hoy el espacio que comanda desde su prisión domiciliaria.

Como miembro informante, la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), aseguró: “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes y funciones, y por ello la necesidad de atenuación del presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.

“Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir, tiene menos requisitos que una ley ordinaria”, agregó Vigo.

Por su parte, desde la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Blanco manifestó que “después de mucho tiempo” se viene a “terminar con la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU” no sólo de “este Gobierno, que tiene un récord, sino de anteriores que tenían dificultades de interpretación de texto, porque han interpretado la Constitución nacional de una manera muy particular”.

Luego, Blanco apuntó directo a la expresidenta. En ese sentido, dijo: “Los autores de la ley 26.122, gente muy preparada y que ha tenido responsabilidades muy importantes en el país, han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución nacional sobre la excepcionalidad, que está fundada, casi con exclusividad, cuando el Congreso no pueda funcionar”.

En tanto, desde el peronismo, la riojana Florencia López sentenció: “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso. Queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.

Uno de los discursos más esperados fue el de Lucila Crexell (Provincias Unidas), quien durante largos años quiso analizar la ley cristinista y, en todas las ocasiones, fue dejada casi en soledad. Primero, la experimentada neuquina recordó la reforma constitucional de 1994 y cómo los DNU fueron “metidos por la ventana”, tras un “acuerdo político de una reelección por parte de un partido y la incorporación de cargos políticos, por el otro”, en clara referencia al PJ y la UCR.

Seguido a ello, Crexell disparó: “Se buscaba morigerar el presidencialismo y, lo que hicieron, fue exacerbar el centralismo y presidencialismo autoritario que hemos sufrido los argentinos”. Y agregó: “Hemos tenido una cantidad inmensa de DNU con aprobación tácita y sin control que no sólo modificaron leyes, sino que han sancionado leyes, una facultad privativa de un Congreso que resultó bastante pasivo frente a esas situaciones”.

La legisladora neuquina después demolió la ley 26.122: “No establece un mecanismo que respete los principios constitucionales y estamos subsanando algo que rompe los principios rectores de la Constitución. Ocurren cosas irrisorias, como decretar un feriado nacional, y se vulneran intereses de las provincias, que fueron calladas en sus reclamos”.

“Es muy claro el asunto: no puede ser más fácil aprobar un DNU que una ley. Y si estaba mal antes, lo está ahora”, enfatizó la larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), otra entendida en la materia. Minutos después, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) propuso unos retoques extra -la Casa Rosada estuvo muy interesada en esto- que no fueron tenidos en cuenta. Por ese motivo se realizó la votación en general y luego en particular que mantuvo el despacho original.

Desde La Libertad Avanza, el líder de la bancada, Ezequiel Atauche (Jujuy), precisó que los DNU sirvieron “a todos los gobiernos, se utilizaron sin ningún obstáculo” durante largos años y “ahora le quieren quitar al Presidente una herramienta que sirve en un gobierno que tiene minorías parlamentarias muy graves”. Y auguró: “Están de salida. Dentro de poco van a ser un tercio menos”. (Fuente: Infobae)

La Cámara de Diputados debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en medio de un clima de fuerte tensión entre los legisladores tras los incidentes de la semana pasada.

La oposición cuestiona que la Casa Rosada haya pedido la autorización para el entendimiento con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y no con una ley.

La sesión coincide con la movilización que realizarán esta tarde jubilados, militantes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales con el Gobierno.

VIVA LA LIBERTAD, CARAJO! 🇦🇷 pic.twitter.com/n9ZBjlLKKd

Fue por 129 votos a favor y 108 en contra. Los libertarios tuvieron el apoyo de sus aliados y de la mayoría de los gobernadores. Unión por la Patria lo rechazó, pero los peronistas de Catamarca se ausentaron al momento de la votación.

La sesión estuvo enmarcada en un gran operativo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo a la espera de una nueva movilización en defensa de los jubilados. El miércoles de la semana pasada la marcha terminó con graves incidentes, heridos y cientos de detenidos. Para esta tarde el Gobierno anticipaba una convocatoria aún más nutrida debido a que agrupaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos adelantaron que se sumarían al reclamo.

El clima dentro del recinto fue muy tenso al comienzo de la sesión. Los diputados de La Libertad Avanza propusieron un Plan de Labor que apuntaba a que el debate sea lo más corto posible. La moción que presentaron recortaba los tiempos de exposición y la cantidad de cuestiones de privilegio para que la votación sea a las 16.

Desde el peronismo protestaron enérgicamente y acusaron al oficialismo de restringir el derecho a expresarse en el recinto. Finalmente, la moción fue aprobada con una amplia mayoría de 141 votos, contra 95 rechazos.

“Creemos que el tema tiene una envergadura tal que no puede haber limitante en el uso de la palabra. Entiendo que algunos pueden estar culposos, pero estos temas merecen un debate a fondo, lo expresamos en Labor Parlamentario”, planteó Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.

Tras su exposición, Menem le advirtió que si se extendía en el uso del tiempo acordado, le restaría tiempo a otros diputados de su bloque. Una amenaza que se repitió a lo largo de toda la sesión.

“¿Qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? ¡Vení a laburar!”, contestó Martínez a los gritos. El presidente de la Cámara le advirtió que lo llamaría al orden. “¡Llamame al orden! ¡Llamalo a (Lisandro) Almirón, que cagó a trompadas a un diputado!”, insistió el jefe del bloque peronista.

No fue el único choque entre libertarios y peronistas. Otro discurso que contribuyó a calentar el clima del recinto desde las primeras horas fue el del libertario Lisandro Almirón. “Hay dos países. Un país donde Argentina tiene la oportunidad histórica de subsanar errores. Hoy los argentinos están afrontando la deuda que en el pasado la generaron los gastos políticos del kirchnerismo. Han generado un daño terrible. Han dejado al país en un 55% de inflación y un 16% de indigencia”, dijo el libertario que protagonizó una bochornosa pelea con Oscar Zago la semana pasada.

Pero estos no fueron los únicos episodios de tensión. Inesperadamente, la diputada libertaria Marcela Pagano sacó de su cartera un megáfono y comenzó a recriminarle a Menem a los gritos por desconocerla como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Pagano había sido nombrada el año pasado al frente de esa comisión, pero luego el titular de la Cámara desconoció esa reunión constitutiva y la designación quedó en un limbo. “Usted está en un exceso, cometiendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle porque ¿sabe qué, señor Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista”, le recriminó Pagano, que se había negado a dar quórum al inicio de la sesión junto con su compañera díscola Rocío Bonacci.

Al tratarse de un DNU, en vez de un proyecto de ley, el Gobierno solo necesitaba la aprobación en una de las Cámaras para que quede firme, ya que la ley establece que para voltear un decreto es necesario el rechazo de ambas instancias. Fue la táctica que implementó el Gobierno para contrarrestar su debilidad legislativa en el Senado.

Entre las voces críticas, el neurocientífico Facundo Manes, referente del radicalismo disidente de Democracia para Siempre, rechazó el DNU y reclamó que el Gobierno envíe un proyecto de ley con los detalles del acuerdo, tal como dispone la Ley de Administración Financiera.

“No acompañaremos el acuerdo con el FMI porque es una irresponsabilidad institucional, económica y política. El acuerdo no se puede hacer de espaldas a la sociedad por decreto y sin toda la información a la vista”, dijo Manes. Y agregó: “La Argentina, señor presidente Milei, no necesita más fracturas. Y si realmente usted quiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, envíe un proyecto de ley, permita el debate. Y si es un buen acuerdo, será aprobado con argumentos y no con patotería o imposición”.

Desde el peronismo insistieron en que el Gobierno no informó el monto, ni el plazo ni el interés del nuevo préstamo y también recordaron que desde hace dos años no hay ley de Presupuesto. “Están queriendo aprobar un endeudamiento para siempre de los argentinos por vía de un DNU, violando la Ley Guzmán, violando la Constitución Nacional”, reclamó el diputado Eduardo Valdés.

“Estamos ante una estafa. Mienten cuando dicen que no se aumente la deuda. Mienten cuando dicen que este acuerdo va a ayudar a estabilizar. Los endeudamientos con el FMI han sido una de las causas de las grandes crisis de Argentina. Mienten cuando dicen que es por herencia. Si hubo una herencia fue la del acuerdo del gobierno de Macri. Mienten cuando dicen que no va a afectar a la gente, porque están negociando una nueva tanda de ajuste. Y mienten cuando dicen que hay necesidad y urgencia”, argumentó Itai Hagman.

Máximo Kirchner fue uno de los más duros. Primero recordó que el camporismo votó en contra del acuerdo con el FMI que impulsó Martín Guzmán cuando era el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

“Nosotros fuimos capaces de decirle a nuestro propio gobierno que no. Acá se juega el destino de millones de argentinos. La argumentación nuestra en 2022 para no votar aquel acuerdo. ‘Este acuerdo no asegura la sostenibilidad del endeudamiento más allá de 2025’, por eso estamos acá”, dijo.

Y agregó: “Esto va a fracasar y ustedes lo saben. Lo que están haciendo es sacarse los problemas de encima. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar, así no va a poder pagar nunca”.

El peronismo votó mayoritariamente en contra, pero no pudo evitar, incluso a pesar de las advertencias de Cristina Kirchner en la última cumbre del PJ, que los diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, se ausenten al momento de la votación.

En línea con el Gobierno, desde el PRO destacaron la importancia del acuerdo con el FMI para llevar calma a los mercados y para fortalecer las reservas del Banco Central. “Nosotros sabemos en carne propia lo que significa que te quieran desestabilizar un gobierno, vivimos en carne propia el cisne negro de los mercados. Sabemos que cuando te empieza a ir mal, te dejan solo. Por eso nosotros tenemos una actitud diferente y no especulamos. Seguimos pensando que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto salga adelante”, dijo Silvia Lospennato.

“El kirchnerismo podrá especular y obstaculizar el tratamiento. Cuanto peor, mejor. Nosotros ya lo sufrimos, y no vamos a dejar que otros gobiernos lo sufran. Estamos decididos a trabajar juntos y a dejar gobernar al gobierno de Javier Milei”, aseguró Cristian Ritondo, con un guiño al eventual acuerdo entre ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el radicalismo señaló que cada vez que Argentina fue al default con el FMI “se duplicó la pobreza”. “Hacernos de fondos acrecienta nuestra capacidad crediticia. Y también puede dar la posibilidad de salir del principal obstáculo económico que tenemos que son el cepo y la brecha”, explicó Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada.

“Una vez más nuestro bloque viene a ayudar a un gobierno que no integra en un momento crítico, como lo hizo con el gobierno de Alberto Fernández, y con una actitud de sensatez, razonabilidad, coherencia e institucionalidad. Vamos a tratar de que la Argentina sufra peores consecuencias”, concluyó.

El momento de la votación llegó pocos minutos antes de las 17. El oficialismo logró sumar 129 votos afirmativos (el mínimo necesario), contra 108 votos en contra. Se abstuvieron la ex libertaria Lourdes Arrieta; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal; y el radical Martín Tetaz.

En Gualeguaychú, como en el resto del país, hay una gran cantidad de monotributistas que peregrinan entre el sistema público de salud (Caps y Hospital) y prepagas u obras sociales. Pero en este punto, los aportes para las mismas son bajos, por lo cual la cobertura que reciben es precaria o prácticamente nula.

Ante esta situación, el presidente Milei decidió implementar cambios a través del decreto 955/2024 que crea el “Registro de Agentes del Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes”, mediante el cual “se inscribirán las entidades del Sistema Nacional del Seguro de Salud que acepten recibir, como parte integrante de su población beneficiaria, a los Pequeños Contribuyentes, quedando facultadas para distinguir las categorías cuyo ingreso permitan”.

Pero, ¿qué significa esto? El contador Aníbal Farabello explicó que “en principio, lo que tenemos como novedad es que viene a traer un poco de claridad en algo que antes había incertidumbre: se arma un registro de prestadores de servicio. Antes cuando se daba de alta al monotributista quedaba en una situación de duda de a qué prestador de servicio se va a adherir, y a partir de estas modificaciones se va a crear un listado de las obras sociales que van a aceptar monotributistas”.

El profesional añadió que a raíz de este nuevo DNU “van a tener un tiempo de permanencia de 12 meses dentro de ese prestador de servicio y después van a poder cambiar. Antes la vigencia para cambiarte era de 3 meses”, y aclaró que también se eliminó el período de “carencia” de tres meses, ya que ahora desde el día hábil del mes siguiente al del cambio ya va a tener vigencia. 

“Hasta ahí el decreto trae claridad en algo que no tenía, de saber entre qué prestadores de servicios vas a poder elegir y está bueno que la entrada en vigencia sea el primer día hábil del mes siguiente luego del cambio. El problema va a ser qué tipo de prestación de servicio te va a dar esa obra social que vayas a contratar porque en el decreto se habla de dar un Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), que cubre situaciones muy básicas”, opinó el contador, y enfatizó que “viene a dar claridad para saber quiénes van a ser los prestadores, pero no de qué prestación van a dar... Porque lo que aporta un trabajador a través del monotributo es muy poco, entonces las obras sociales y las prepagas no los eligen ya que el monto que reciben por la cobertura que les tienen que dar es bajo y por eso tienen que abonar montos adicionales”. 

Acerca de cómo se va a implementar el DNU, Farabello planteó: “Va a estar el listado y los muchos o pocos que se anoten van a ofrecer un PMOE básico, entonces para que te atiendan mejor vas a tener que pagar”.

Sobre lo que sucede actualmente, comentó que “cuando se anota un monotributista le comentamos las obras sociales que los están tomando, entonces dirigimos sus aportes ahí y después él va y le comunican la prestación que le dan, que es el PMOE, y si querés algo más, tenés que cambiar de plan y pagar más”. Y agregó: “Este decreto puede ser significativo en el sentido que hoy muchos monotributistas ni iban a la obra social a la cual realizaban los aportes, entonces era un dinero que ingresaba en las arcas de la obra social sin prestar ningún tipo de prestación”.

“Las obras sociales van a empezar a competir y les pondrán algún incentivo u obligatoriedad a que den el servicio, pero está todo muy verde aún. No sé cómo se va a manejar ese listado y esa competencia, que hoy no hay porque los monotributistas no son buscados como clientes para las prepagas”.

Finalmente, consultado si puede haber monotributistas que se queden sin obra social, aseguró que “hay derechos adquiridos y esto no afecta a los que ya tienen, sino que es para las nuevas contrataciones. Al establecer las reglas de juego van a generar condiciones para que haya una competencia, porque si el servicio que van a dar como cobertura médica es tan básico (que mucha gente va a ir atenderse al Hospital en vez de al PMO) y la base de clientes es grande, se puede volver tentador, pero si hay muchos prestadores de servicio van a ser pocos los monotributistas para cada uno y ahí dejaría de serlo”, concluyó.

De esta manera, en las próximas semanas se verá cómo se implementan estas nuevas medidas y cómo queda el escenario para los monotributistas, si van a poder acceder o no a un servicio privado de salud o si se volcarán al ya muy demandado sistema público.

Por primera vez en 22 años, los productores de yerba mate comenzaron esta semana la cosecha principal sin un precio mínimo garantizado para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin moler). Esto se debe a que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) quedó en una situación crítica debido al DNU que desreguló parte de la economía.

Según los expertos, la desregulación no debería afectar los precios en las tiendas, al menos a corto plazo. Esto se debe a que el precio del paquete a la salida del molino ya ha sido ajustado debido a la fuerte devaluación de diciembre pasado. Además, no ha habido un aumento significativo en lo que se paga por la hoja verde, que ronda los 370 pesos por kilo en el secadero.

“Con el valor que tiene la yerba en el mercado, los industriales podrían pagar los 500 pesos que demandan los productores sin tocar el precio del paquete”, afirmó un representante de los productores de yerba mate, publicó Ámbito.

Reacciones a la desregulación de la yerba mate

Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, buscó tranquilizar a la gente. “No creo en absoluto que los precios se vayan para arriba”, afirmó. Explicó que en el mercado de la yerba mate “hay un precio que la mayoría está pagando, un precio estable”. “Se está dando muy bien (la actividad) durante estos últimos tiempos, la verdad que yo no espero una suba”, expresó.

Gabur, que también es miembro del directorio del INYM, habló de una campaña de miedo por parte de algunos sectores, que pronosticaban que el kilo de yerba costaría 6.000 pesos en los supermercados a partir de la desregulación. Además, restó importancia a los precios que establecía el Instituto. “Si pusiera un valor, siempre es lo mínimo que se puede pagar. Es decir que por abajo de eso no puede pagar, pero por arriba puede pagar todo lo que quiera. Es lo que ocurre”, afirmó.

En tanto, un cooperativista sostuvo: “No creo que el precio se dispare. Hoy día los industriales tienen la posibilidad de pisar el precio que se le paga al productor y con eso mantener el precio a la salida de molino”. El precio de un paquete de un kilo de yerba en el camión ronda los 2.200 pesos. “Con esos montos podrían pagar 450 pesos por la materia prima sin sacrificar la rentabilidad”, explicó.

Qué dice el mega DNU sobre la yerba mate

En diciembre pasado, apenas asumió, el presidente Javier Milei firmó el decreto 70/2023 que, entre otras cosas, le quitó al INYM la facultad de fijar los valores de referencia, dejando en una situación de indefensión a más de 10.000 pequeños productores yerbateros de Misiones.

Hoy día existen más de 210.000 hectáreas con yerba mate en Misiones y Corrientes y algunos analistas estiman que en uno o dos años habrá una sobreproducción.

Tras el fracaso de la sesión de precios, en marzo pasado, los representantes de los chacareros ante el INYM insisten en que es necesario remitir los antecedentes a la Secretaría de Agricultura para que se emita el laudo correspondiente, pero otros señalan que la sesión de precios nunca pudo ser abierta por la ausencia de los directores que representan a la industria y a Corrientes.

“No se puede mandar a laudo porque no hubo desacuerdo entre las partes”, admitió uno de los miembros del directorio. “Esa instancia se abre cuando no hay unanimidad para fijar los precios. Acá no pudimos llegar a esa instancia por el faltazo de esta gente”, explicó.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo, estuvo en Misiones en febrero pasado y en un encuentro con representantes de la cadena productiva aclaró que el decreto recién entraría en vigencia cuando se conociera la reglamentación. Y que hasta entonces el Instituto mantenía sus facultades para fijar precios, algo que ahora los industriales y Corrientes desconocen.

FUENTE: Análisis Digital

El Gobierno nacional dio marcha atrás con la convocatoria a gobernadores dialoguistas que había pautado para este lunes en Casa Rosada y pospuso el encuentro para el 4 de abril.Llamativamente, la invitación que se cursó el sábado cayó en saco roto 24 horas después. Los mandatarios no recibieron explicaciones y desde Nación no esgrimieron argumentos del porqué del aplazamiento. El jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos iban a ser los encargados de la recepción.El llamado apuntaba a avanzar con acuerdos para aprobar la nueva ley ómnibus y blindar el mega DNU en el Congreso. Un camino al potencial Pacto de Mayo que esbozó Javier Milei en su discurso ante el Congreso.El sábado, los gobernadores peronistas no estaban enterados de la cumbre. Los mandatarios díscolos, en rigor, fueron excluidos de ese cónclave. Pero algunos jefes provinciales que integran la liga de Juntos por el Cambio también estaban al margen de la reunión.La contramarcha se da luego de las masivas movilizaciones por el Día de la Memoria, que dejó en soledad al Gobierno nacional. La reinstauración de la teoría de los dos demonios y la negación de la cifra de 30 mil desaparecidos no tiene aval de los gobernadores. Los mandatarios, en especial los radicales, hubiesen quedado en posición incómoda en la foto con funcionarios nacionales un día después de la difusión del polémico video que publicó la Casa Rosada este domingo.Otro punto clave es la reunión de los diez mandatarios del Norte Grande este martes en Salta, donde se esgrimirán reclamos a Nación por la quita de fondos. Sentarse un día en la mesa nacional y al siguiente firmar documento de quejas, era otro incordio, en este caso para los norteños.Asimismo, el motín que se gesta para trabar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria con la que Milei avanzará por decreto es otro motivo que obliga a recalcular estrategias en Balcarce 50.Un nuevo capítulo de la tensa relación de Milei con los gobernadores, en el espinoso camino al Pacto de Mayo, señaló Ámbito.(Fuente: APFDigital)

El Gobierno recibirá este lunes a los gobernadores para negociar la Ley Ómnibus, el DNU 70/2023 y el pacto fiscal. Según pudo saber TN, no está definido si los mandatarios irán a la Casa Rosada o si se conectarán por Zoom. El jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, presidirán el encuentro.El Ejecutivo quiere acordar los puntos clave del proyecto para que luego de Semana Santa avance la negociación en las comisiones de Economía y Gobierno con los ministros provinciales. La línea en Balcarce 50 es que la ley se trate a mediados de abril en Diputados.La primera comisión la presidirá el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la segunda se espera que la encabecen el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi. Podría estar también el asesor presidencial Santiago Caputo, que ya estuvo en las reuniones con los bloques del PRO, la UCR y HCF.Más allá de que Francos ya le envió el borrador de la nueva Ley Ómnibus de 269 artículos y las medidas fiscales a los gobernadores, la mesa técnica del oficialsimo sigue retocando los puntos técnicos del proyecto y presentará nuevas propuestas. Lo están analizando Rolandi, Federico Sturzenegger y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, entre otros.La oferta fiscal del Gobierno para los mandatarios provinciales se compone de la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, un régimen de Regularización de Activos y la modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.Incluye además la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.El documento de la Ley Ómnibus que quiere aprobar el Gobierno se compone de 177 páginas y 269 artículos y contiene las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desregulaciones económicas, un aumento del 10% para las jubilaciones y su indexación al IPC y un blanqueo laboral.Impulsa también la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de facultades al Ejecutivo.Como anticipó TN, el Ejecutivo redujo la lista de empresas a privatizar a 13. En la nómina de privatización total están Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ex Enarsa) y Radio y Televisión Argentina. Como sujetas a un esquema de empresa mixta, el Gobierno propone Nucleoeléctrica Argentina -administra Embalse, Atucha I y Atucha II-, Banco Nación junto a todas las empresas del grupo Nación, y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).En la lista de empresas con posibilidad de concesión quedaron: Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, publicó Tn.Lo que ya quedó afuera del borrador de la nueva ley es el aumento del 10% de las jubilaciones y la indexación de la fórmula al Índice de Precios al Consumidor desde el mes de abril, de forma que no se realizaría un aumento respecto a la inflación de los meses pasados: diciembre (25,5%), enero (20,6%) y febrero (13,2%). El oficialismo lo sacará por decreto y el aumento rondará en el 12%.Lo que intentará incluir en la negociación el Ejecutivo es la vigencia del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Quieren que forme parte del acuerdo y aseguran que su rechazo o aprobación condicionará el pacto de mayo que propuso Javier Milei.(Fuente: APFDigital)

En lo que representó una dura derrota para Javier Milei y el oficialismo libertario del Senado, el Frente de Todos y un grupo de la oposición anti kirchnerista se unieron y rechazaron este jueves el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. Ahora, la definición trascendental de este tema pasó a Diputados, con una norma aún vigente pero que podría convertirse como la primera en ser desactivada por ambas Cámaras del Congreso.

La norma insignia de Milei, que fue rechazada con 42 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones, elevó la tensión no sólo en el Congreso, sino también en la relación entre el primer mandatario y la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La titular del Senado resguardó al Gobierno durante más de un mes y pagó sola el costo político de no convocar -ante pedidos para sesionar-, aunque se quedó sin margen en los últimos días y tuvo que incorporar el aterrizaje del mega DNU en el recinto. Eso generó la furia de la Casa Rosada.

Al inicio del debate el jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, ejecutó una medida salvadora a través de una moción para postergar el análisis de la medida. No tuvo éxito, con 41 votos en contra y sólo 30 a favor. Ahí quedó marcado el destino final. Fueron claves para ello el kirchnerismo, los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider, y silvestres provinciales como Mónica Silva (Río Negro) y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.Los votos que rechazaron la postergación del debate sobre el mega DNU

Los últimos tres responden a gobernadores patagónicos. A ellos se sumaron, entre otros, radicales como Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires) y Edith Terenzi, que es aliada al mandatario chubutense, Ignacio Torres. Sin embargo, su comprovinciana Andrea Cristina hizo lo contrario y jugaron a dos bandas. Todos repitieron su accionar al momento de la definición, salvo los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que rechazaron la moción y luego se abstuvieron.

El Frente de Todos, primero en reclamar una sesión por esta cuestión, se mostró unido y tuvo a sus 33 legisladores para dicha moción. A ellos se unieron los opositores anti kirchneristas mencionados con anterioridad, la neuquina Lucila Crexell, . En tanto, se abstuvieron la peronista disidente Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador cordobés, Juan Schiaretti, los misioneros Arce y Rojas Decut, y el radical Maximiliano Abad.

La definición del mega DNU pasa ahora a Diputados, que parte de una base de al menos 110 votos a favor del rechazo. Ni bien sea informada de la votación de este jueves, la Cámara baja podrá debatirlo en el recinto, pese a que la idea del oficialismo es encontrar una salida y estirar la discusión a través de la bicameral de Trámite Legislativo, que analiza este tipo de normas.

El problema de la bicameral es que para hoy mismo tenía una reunión -no realizada por la sesión- para recibir las explicaciones de funcionarios. Hay dos que son exigidos por la oposición: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De hecho, Posse representa el mayor interés por su discreción. No podrá eludir por mucho más tiempo al Congreso, ya que tendrá que asistir a alguna de las dos Cámaras para realizar el informe de gestión que plantea la Constitución. Algunos diputados radicales, como Julio Cobos, ya hicieron presentaciones en ese sentido.

En medio de todo este embrollo aparecen un inminente análisis de la renovada ley “ómnibus” en Diputados y los primeros contactos entre gobernadores y la Casa Rosada sobre la única batalla real que les interesa a ambos en estos momentos: la plata.

Durante la sesión de este jueves, el Senado avaló convenios internacionales y sancionó -importante, ante la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)- la ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.(Fuente: Infobae)

El Senado debate este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en medio de tironeos internos entre el presidente Javier Milei y su compañera de fórmula y titular de la cámara alta, Victoria Villarruel.En este marco, la Vicepresidenta de la Nación dirige una sesión en donde el bloque de Unión por la Patria está a cuatro votos de asegurarse el rechazo al DNU, su principal objetivo legislativo a corto plazo.El entrerriano Edgardo Kueider, del bloque Unidad Federal, fue uno de los oradores que anticipó su voto negativo y durante el debate sostuvo que “hoy hay una amplia coincidencia en que este decreto es inconstitucional”: “Esto lo saben el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, todos los diputados y el presidente de la Cámara de Diputados”, agregó.Durante su alocución aseguró que escuchó “a todos, desde el Presidente para abajo, decir que tienen el respaldo del 56 por ciento de los ciudadanos, pero si esa es la motivación para creerse omnipotente e ignorar la Constitución Nacional y el resto de los poderes del Estado, está equivocado”.“El 29,9 por ciento de los votos que sacó Milei en las elecciones, un porcentaje estaba sustentado en el enojo de la gente con todos los partidos políticos y que no encontraban ningún otro canal de representación, y por otro porcentaje de jóvenes que se engancharon con el discurso de la casta”, explicó.Seguidamente Kueider aseguró que el electorado votó a Milei porque quería un cambio “y es erróneo creer que el 56 por ciento de la sociedad está apoyando el ajuste”, sino que “gran parte de ese porcentaje está sufriendo esto que hoy vive la República Argentina”.“Es la principal motivación del Presidente de la Nación a gobernar sin el Congreso, sin los gobernadores, a agredir permanentemente y a refundar la República Argentina a través de un DNU que tiene 366 artículos, que en realidad no es un DNU sino en definitiva son 300 leyes”, expresó.Por ello, el senador entrerriano afirmó que como senadores tienen “la responsabilidad institucional de defender el Artículo Nº 1 de la Constitución”: “Es nuestro deber decirle al Presidente de la Nación que acá hay voluntad de trabajar y de tratar los proyectos que crea oportuno. Estamos en condiciones de debatir y lo hemos demostrado”.(Fuente: APFDigital)

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resolvió este jueves citar a funcionarios del Poder Ejecutivo a partir de la semana que viene, entre los que se destacan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que expongan sobre los alcances y detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 firmado por el presidente Javier Milei a mediados de diciembre del año pasado.Además la Comisión resolvió incluir en la discusión los más de 100 DNU firmados por el gobierno de Alberto Fernández y que nunca fueron debatidos en la Bicameral.La reunión de senadores y diputados se prolongó por más de dos horas y media y estuvo marcada por fuertes cruces entre los legisladores del radicalismo, PRO, La Libertad Avanza y Hacemos Coalición Federal, y los del Frente de Todos.Mientras los primeros apoyaron la moción de citar a los funcionarios y continuar analizando la validez del DNU, el kirchnerismo insistió en que los artículos 19 y 20 de la Ley que reglamenta los Decretos establecían que el documento ya debía ser llevado al recinto para su tratamiento."En ningún lado dice que la Bicameral no pueda seguir tratando el DNU", aseguró el diputado porteño de PRO Hernán Lombardi, al responderle a la senadora kirchnerista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quien había cuestionado que la vicepresidenta de la Nación, Victoria VIllarruel, se había negado a facilitar la sesión especial que el Frente de Todos pidió en dos oportunidades.La Comisión resolvió incluir en la discusión los más de 100 DNU firmados por el gobierno de Alberto Fernández.Por su parte, el diputado bonaerense Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, pronosticó que "este DNU se caerá, aparentemente, de manera inminente en el Senado" y aconsejó comenzar a tratar en la Cámara baja "leyes que vayan reemplazando los diferentes capítulos del DNU".La advertencia de Massot está vinculada con que el pasado lunes, un grupo de senadores de la oposición no kirchnerista también le reclamó a Villarruel la convocatoria a una sesión especial con el objetivo de rechazar el DNU en el recinto.No obstante, la Ley que regula la validez de los Decretos establece que deben ser las dos Cámaras del Congreso las que deben rechazar un DNU para que este cese en su alcance."Dado que los plazos están vencidos y el pleno no tendrá demasiadas excusas para no convocar cualquier pedido sesión especial, aprovechemos para poder sostener sesiones informativas respecto del DNU", aclaró Massot.A partir del martes, la Bicameral recibirá, además de a Posse y a Caputo, al ministro de Salud, Mario Russo; al secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Armando Guibert; al secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Fernando Vilela; al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; y al director o autoridad máxima de Anses.La reunión

Con objeciones del kirchnerismo, que avisó en el inicio de la reunión que no participarían de la votación de autoridades en desacuerdo con la forma en que se conformó la comisión, el presidente del cuerpo, el libertario Juan Carlos Pagotto dio inicio al encuentro a las 14.En primer término, los diputados y senadores votaron al nuevo vicepresidente de la Bicameral, Hernán Lombardi (JXC), y al radical Víctor Zimmerman (UCR), que acompañarán a Pagotto en la conducción de los debates.En el comienzo de los discursos, Zimermann reiteró el pedido para que funcionarios del Poder Ejecutivo asistan a la Bicameral a explicar en detalle aspectos del último DNU del presidente Javier Milei que busca desregular la economía.El senador radical explicó que este DNU "no impacta en las provincias de la misma manera", algo que hace necesario "sacarse interrogantes y que los funcionarios puedan enriquecer este debate a efectos de que en un tiempo prudencial podamos analizarlo".Zimmerman aclaró que no solo se debe debatir el DNU 70/23 de Milei, sino que también deben analizarse todos los DNU pendientes, cerca de 170, del gobierno de Alberto Fernández.La diputada de Unión por la Patria (UxP), Carolina Gaillard, insistió con la impugnación de la comisión por considerar que fue "irregular la constitución, no se respetó la Constitución y se está alterando la voluntad popular" y volvió a cuestionar la cantidad de lugares que se le dieron a UxP en la comisión.Gaillard pidió tratar el DNU "en el recinto sin demoras y sin dilaciones" en el tramo final de su intervención.(Fuente: Télam)

Senadores opositores afirmaron que "hay números más que suficiente" en la cámara alta para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió en diciembre del año pasado.Los pronunciamientos de los legisladores se producen luego de que el lunes senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales le reclamaran por nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el DNU."Creemos que el momento oportuno para tratar del DNU es ahora. Ya no hay excusa, ya está conformada la Comisión Bicameral y comienza el período de sesiones ordinarias. Hay una amplia mayoría de los 9 senadores que pedimos sesión que van a votar en contra del DNU", sostuvo el senador nacional de Unión Federal por Entre Ríos Edgardo Kueider en declaraciones a El Destape Radio.En esta línea, el senador indicó que "el contexto es de un rechazo contundente del DNU en el Senado y en Diputados" y remarcó que "hay números más que suficientes para rechazarlo"."Lo importante es que haya sesión para tratar el DNU, si lo rechaza el Congreso todo lo que pasó hasta ahora queda, si la Corte Suprema de Justicia lo declara nulo todos los actos jurídicos quedarían nulos", relató el senador entrerriano e insistió en la importancia de que "intervenga antes la Justicia para tratar el DNU" y apuntó que "no es un DNU, es un DNU con 300 decretos adentro".A su turno, la senadora nacional por Neuquén del bloque Unidad Ciudadana y vicepresidenta tercera del Senado Silvia Sapag, expresó que es necesario que "la presidenta del cuerpo (la vicepresidenta Victoria Villarruel) llame a sesión especial"."Si Villarruel no autoriza la sesión no pasa nada, no hay un resorte que haga que eso salte, hay una falla en la reglamentación", remarcó."Estamos dispuestos a sesionar, (Villarruel) está haciendo caso omiso y estamos viendo que hay resortes de la democracia que no están especificados", aseveró la senadora.Además, afirmó que está totalmente en contra del DNU porque "se lleva por delante la Constitución" y añadió: "Mi vocación es derribar el DNU, ayer hubo un nuevo pedido de sesión por nueve senadores oficialistas, pero no marcan día ni hora y lo dejan al libre albedrío de la Vicepresidenta", aseveró.Desde el PRO, el senador nacional Martín Goerling aseguró que "es muy posible que el DNU se rechace en el Senado" y consideró que eso implicaría "un retroceso muy grande".En declaraciones a radio Perfil, el senador afirmó: "Vamos a ver como se dan los tiempos, vamos a ver si la presidenta de la Cámara convoca para discutirlo".Pero aún así, el senador misionero consideró que "es muy posible el rechazo" porque "hay 33 votos seguros de rechazos de Unión por la Patria (UxP) y con 37 alcanza para el quórum".(Fuente: Télam)

Luego de que se conformara la comisión bicameral para tratar el DNU de Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem señaló que tienen que "designar autoridades y empezar a tratar los decretos a partir del 2021 que no fueron tratados". 

Además, criticó a quienes calificaron de "ataque a la institucionalidad" la demora en la constitución de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo. "Se levantaron por un ataque de institucionalidad los mismos que avalaron no tratar ningún DNU ni en el 2023, ni en el 2021, la última vez que esta Comisión se juntó y trabajó fue en el 2018", indicó Menem en declaraciones a CNN Radio.

En ese sentido, explicó que la demora provino porque "Unión por la Patria envió más nombres de los que tenían que mandar" y agregó que aún tienen que "designar autoridades y empezar a tratar los decretos a partir del 2021 que no fueron tratados". 

BICAMERALSigo sorprendido por el "apuro" de algunos representantes de los partidos tradicionales en avanzar en la conformación de la comisión bicameral.Me refiero de esta manera porque son las mismas fuerzas políticas que estuvieron en silencio durante DOS AÑOS Y TRES MESES.…

"Me mandaron una lista con cinco nombres de manera informal, tenían que mandar tres. Se los rechacé y me mandaron cuatro, les volví a decir que no y me dijeron que yo tenía que tachar uno", sostuvo.

Asimismo, Menem acusó al jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, de "ponerse en la lista apropósito para que lo tachen" y pidió "no dramatizar porque es parte del juego de la política". "Ya hemos hemos elevado los nombres, depende de ellos designar autoridades", resumió.

En cuanto a la "Ley de Bases", Menem dijo que "se evaluará en el momento oportuno". "Veremos si los que no nos acompañaron toman conciencia de que esa ley es exactamente lo que votó la gente en el 2023", indicó.(Fuente: Filo.news)

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe tratar el DNU de desregulación económica, fue convocada para el próximo jueves a las 12 para elegir sus autoridades, informaron fuentes parlamentarias.Voceros parlamentarios señalaron que la intención del oficialismo es elegir como presidente al senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto.El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza), definió este lunes los ocho integrantes de ese cuerpo que conformarán la comisión bicameral que analiza los DNU, asignándole tres espacios a Unión por la Patria, en lugar de los cuatro que solicitaba, y resolviendo así la cuestión que demoraba la conformación del cuerpo.Martín Menem / Foto: Florencia Downes.Con la designación formal de los ocho representantes por la Cámara baja, quedó finalmente conformada la comisión, ya que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había hecho lo propio hace más de un mes.

Resuelta la cuestión, la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo será la siguiente: Unión por la Patria 6 (3 diputados y 3 senadores); La Libertad Avanza 3 (2 diputados y 1 senador); el PRO 2 (uno de cada cámara); la UCR 2 (uno de cada cámara); Hacemos Coalición Federal 1 diputado; Unidad Federal 1 senador y Cambio Federal 1 senador.

La comisión bicameral deberá abocarse tras su constitución al estudio del DNU 70/23 presentado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre y con vigencia desde el 29 de ese mes.

Sin embargo, como el plazo reglamentario para que se expida la comisión se encuentra vencido, el bloque de Unión por la Patria solicitó tres reuniones del plenario del Senado para abordar el tratamiento.(Fuente: Télam)

El Gobierno nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, informaron fuentes judiciales.La presentación hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de abogados que representa al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación cuestiona."No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora", sostuvieron los abogados de la PTN en el escrito al que accedió Télam.Al respecto, los letrados opinaron que "tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar".El énfasis de las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del DNU estaba puesto, sin embargo, en la injustificada invocación de las condiciones de "necesidad y urgencia" a las que recurrió el Ejecutivo para no pasar la mentada reforma por el Congreso de la Nación."El texto del artículo 99 de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad", habían remarcado los jueces de la Cámara Federal del Trabajo cuando dejaron sin efecto el capítulo 4 del DNU.En su escrito de casi 40 páginas, los abogados de la PTN también cuestionaron los criterios que utilizó de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.La presentación hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de abogados que representa al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo / Foto: Alfredo Luna."Corresponde señalar que el Tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado", sostuvieron los representantes legales del Estado nacional.Y agregaron: "A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa", dispararon.Acerca de si el DNU contempla normativas cuya implementación requieren un carácter de urgencia, la presentación de la Procuración indicó que "la excepcionalidad, que no es emergencia"" es "un concepto de valoración meramente política y no jurídica" como ocurre con otros como los de “seguridad de fronteras”, “conmoción interior” y “justicia social”, entre otros citados.A criterio de la representación legal del Estado, estos conceptos son "ajenos" para "la práctica constitucional y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. La valoración política de la emisión del DNU corresponde exclusivamente el Poder Legislativo", sostuvo,La Cámara Nacional del Trabajo declaró el 30 de enero último la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral contenido en el Título IV del DNU 70/2023 del Gobierno con motivo de una presentación realizada por la CGT.El tribunal sostuvo que las reformas en materia laboral incluidas en el DNU hecho público por el presidente Javier Milei el 10 de diciembre pasado era contrario al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.La norma establece que el Ejecutivo nacional "participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar", pero que "no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo".La CGT se movilizó el 27 de diciembre pasado a los Tribunales para reclamar que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del DNU que Milei había anunciado a la población una semana antes por cadena nacional.El 24 de enero último, la central obrera llevó adelante un paro nacional por 12 horas de extensión y una manifestación esta vez frente al Congreso para sostener el reclamo y rechazar las medidas económicas del Gobierno nacional.Algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el DNU que firmó el presidente Milei son la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.(Fuente: Télam)

La justicia dejó sin efecto la medida cautelar que suspendió la derogación de la Ley de Tierras, establecida en el DNU 2023/70, a raíz un pedido del Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM). 

El juez federal Alberto Recondo no le dio "legitimación" a la entidad para solicitar la anulación de ese tramo de la medida del Gobierno de Javier Milei."La calidad alegada es insuficiente para constituir al Centro peticionante en la condición de parte legitimada, por lo que corresponde el rechazo de la presente acción", indicó Recond, luego de citar un caso de la Corte Suprema denominado causa "Cerámica San Lorenzo".

El juez, que se encuentra a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 4, resolvió "rechazar la acción intentada" por el CECIM y dejó "sin efecto la medida cautelar" con la que su par de La Plata, Ernesto Kreplak, suspendió días atrás el artículo 154 del DNU que derogaba la Ley de Tierras.Agregó que "por más amplia que resulte la interpretación que se atribuya a dicho estatuto, de los términos allí utilizados no puede extraerse que el CECIM pueda estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina", según la resolución a la que accedió la agencia Télam.

Con todo, el juez ponderó el rol del Centro al asegurar que promueve en la comunidad de la ciudad de La Plata "valiosos fines", con los que mantienen "la memoria activa del conflicto bélico" y honran "a los héroes caídos en defensa de la República Argentina".(Fuente: Filo.news)

El Gobierno nacional oficializó este a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial la intervención de los medios públicos y designó a un exgerente del Grupo América y a un exintegrante del Consejo de la Magistratura como sus interventores.

Según el texto publicado el viernes, Diego Chaher y Diego Marías, nombrados interventor e interventor adjunto, respectivamente, estarán al frente de la gestión de Educ.Ar Sociedad del Estado, de la agencia de noticias Télam, de Radio y Televisión SE (la firma que contiene la TV Pública, Radio Nacional y las FM estatales) y de la firma Contenidos Públicos, que contiene las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, además del Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA).

Chaher es un abogado mendocino que actualmente se desempeñaba como director de asuntos legales del Grupo Supercanal-Airlink y fue gerente corporativo del Grupo América durante casi 20 años.

Después de haberse recibido de abogado en la Universidad de Belgrano en 1997, hizo un máster en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo - Alta Dirección Escuela de Negocios en Mendoza, en el 2000, y otros estudios de posgrado.

Por su parte, Marías, también abogado, fue legislador porteño y jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Como legislador fue clave en la redacción del Código Electoral porteño, mientras se desempeñaba como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Después de su paso por la Legislatura y el Gobierno porteño, juró en noviembre del 2020 como integrante del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados de la Capital Federal.

Activo en redes sociales, Marías se pronunció días atrás a favor de la Ley Ómnibus compartiendo la exposición de Diego Santilli en el Congreso, en la que el diputado del PRO señalaba que las reformas "salir del abandono, terminar con los privilegios de unos pocos y hacer los cambios necesarios para la Argentina".

La intervención está fijada por el plazo de un año y los funcionarios designados toman el rol de los directorios de los medios estatales que quedarán bajo su órbita. Así, reemplazarán a Bernarda Llorente en Télam, a Rosaura Audi en Contenidos Públicos (en simultáneo, había sido además subsecretaria de Medios de Alberto Fernández) y al directorio encabezado por Javier Monte en RTA.

Como informó Clarín, el decreto fue firmado a última hora de este viernes por el jefe de Estado y el ministro del Interior. Es la primera medida de gestión de Milei en los medios públicos, ya que hasta ahora no había designado a nadie ahí y les habían prorrogado dos veces la designación a Llorente y Audi.

Si bien el plazo de la intervención es por 12 meses, el Ejecutivo estableció que dicho período podrá "ser prorrogado por única vez" por la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se encuentra comandada por Nicolás Posse.

En el ejercicio de sus cargos, el interventor y su adjunto tendrán ambos las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al directorio y/o a su presidente.

Fuente: Clarín

La Cámara Nacional del Trabajo admitió este martes el amparo presentado por la CGT contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 promulgado por Gobierno nacional y anuló todo el capítulo laboral de esa normativa, según informaron fuentes judiciales.El tribunal de apelaciones resolvió “modificar la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional” y “declarar la invalidez constitucional del Título IV” del DNU de Javier Milei.El fallo lleva la firma de los jueces que integran la sala de feria de la Cámara del Trabajo Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera, quienes reconocieron a la CGT la “legitimación activa” para cuestionar todos los artículos de la reforma laboral incluida en el DNU y no solo aquellos que hacían a derechos colectivos, como había ocurrido en primera instancia.Los jueces fueron tajantes al señalar que aquello que el Gobierno buscó hacer a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, al menos en términos de reforma de las leyes laborales, debió haberse realizado por la vía legislativa.“No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”, afirmaron los jueces en el fallo de 15 páginas al que accedió Télam.“El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas”, remarcaron.En primera instancia, la jueza que intervino había declarado la nulidad de 6 artículos del capítulo laboral pero había dejado vigentes los demás a la espera de que se algún trabajador eventualmente afectado por su aplicación pudiera presentarse ante la justicia.Télam adelantó este fin de semana que el tema había pasado a estudio del tribunal de apelaciones del fuero del trabajo a raíz de las presentaciones de la CGT y el Gobierno: mientras los representantes gremiales buscaban la nulidad del capítulo completo, el Estado Nacional pretendía revertir el fallo de primera instancia y que todo quedara vigente.(Fuente: Télam)