El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes en el inicio de la segunda tanda de indagatorias por el presunto esquema de corrupción que se montó en el organismo durante su gestión.

El exfuncionario y exabogado del presidente Javier Milei se presentó minutos antes de las 9 ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del Juzgado Federal N° 11.

A la salida, una hora más tarde, intentó sin éxito evitar a la prensa. Aunque guardó silencio ante las preguntas, se limitó a decir que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.

A continuación está citado a declarar Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud que el Programa Incluir Salud, y que en los hechos era el “número dos” de la ANDIS. Tanto él como Spagnuolo están procesados en este expediente, decisión que se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo ordenó la ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Estos últimos tres son empresarios que tenían injerencia en la ANDIS.

Calvete -el lobista principal, hoy preso en la cárcel de Ezeiza- y Arnaudo están citados a declarar el miércoles. En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados.

La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Según los fiscales, la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias.

Para tomar como ejemplo, en el rubro de medicamentos se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” al que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA.

Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente. Esto llevó a la obtención de 21 licitaciones “acotadas” por un total de $30.337.220.919,77, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024, sumando un total de $9.514.743.020, según consta en la causa.

La maniobra descripta por la acusación se completó con coimas a funcionarios de ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares y la garantía de agilidad y prioridad en los cobros.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y alcanza tanto a exfuncionarios como a empresarios vinculados al expediente.

Entre los citados aparece el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en la causa.

Las indagatorias serán entre abril y mayo

Según se informó, las declaraciones indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye también la ampliación de las declaraciones de cinco personas ya procesadas, entre ellas el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

En la resolución, el juez Ariel Lijo sostuvo que la organización investigada “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.

También inhibieron bienes de personas y empresas

Además de las indagatorias, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes para personas y empresas involucradas. La medida busca evitar el desprendimiento de activos que podrían haber sido producto o instrumento de los posibles delitos y que, eventualmente, podrían ser recuperados por el Estado.

La causa investiga maniobras que habrían implicado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos.

Fuente: Ahora

A través de la ONG TGD Padres TEA Gualeguaychú, que nuclea a familias de personas con autismo de diversas zonas de la ciudad y de distintos estratos sociales, Ahora ElDía accedió a datos reveladores acerca de las situaciones que atraviesan en la actualidad. De una encuesta que realizaron, se desprende que en la gran mayoría de los casos quienes padecen una discapacidad son niños y que, en algunos casos, hay dos hijos con discapacidad dentro de la misma familia. Además, lo preocupante es que a la mayoría de los consultados nunca le otorgaron la pensión por discapacidad o directamente no la tramitaron producto de los filtros para poder cobrarla.

Carina Leonardi, referente de la ONG, detalló en profundidad la situación actual a raíz de los testimonios recogidos de varios padres de la organización: “El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad atraviesa una situación crítica debido al desfasaje sostenido entre los valores del nomenclador y el aumento general de costos (inflación)”.

En este aspecto, recordó: “Entre enero y septiembre, no hubo aumentos (nueve meses consecutivos), lapso en que los precios subieron de manera constante. En tanto, de octubre a diciembre se obtuvieron aumentos parciales, con un total anual aproximado del 30%, pero al haber estado congelado durante tanto tiempo, el incremento no fue significativo, más bien pareció un chiste: fue tardío, insuficiente y concentrado en el último trimestre”.

Y este año lejos de recomponerse la situación, según Lonardi, sigue empeorando: “En lo que va del 2026, en enero no hubo aumento, mientras que en febrero, marzo y abril sí los hubo, pero fueron bajos, lo que da como resultado un total acumulado del 12%. Ahora, las actualizaciones son más frecuentes, pero insuficientes frente a la inflación, ya que es mínimo lo que aumenta. El atraso continúa, se profundiza y repercute con un gran impacto en el sistema, ya que el desfasaje genera consecuencias directas: dificultad para sostener servicios y equipos profesionales, reducción o interrupción de tratamientos, pérdida de prestadores, sobrecarga de las familias, deterioro en la calidad de atención y falta de medicamentos. Las personas con discapacidad no pueden desaparecer del mapa”. Y agregó: “Los prestadores que estaban sosteniendo el sistema, es decir esperando 60, 90 y hasta 120 días o más para cobrar su trabajo, ahora no pueden hacerlo sumado que a las familias no les alcanza el dinero para pagar las terapias. Además, muchos están perdiendo sus empleos. Esto afecta directamente la inclusión educativa y social, como así también la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Otro inconveniente que marcó Leonardi involucra a las obras sociales: “Los prestadores que esperan el pago de la obra social más de una vez se encuentran con que deben guardar la documentación de un mes a otro porque el nomenclador subió menos de 1.000 pesos la hora, por ejemplo. Pero como el importe es mayor al del mes anterior, la obra social no recibe la documentación, respondiendo que el importe es mayor al autorizado y modifican los valores después del 10, que es hasta cuándo se puede cargar la información. El sistema presenta un atraso estructural que compromete su funcionamiento. Hay centros que ya no pueden sostenerse. La política de actualización arancelaria no logra acompañar la inflación y necesitamos que garanticen la sostenibilidad del sistema y que aseguren el acceso efectivo a las prestaciones. Hoy en día, hay familias que aún están esperando que les autoricen los planes de prestaciones presentados en febrero, lo que implica que no cuentan con los apoyos solicitados, ya sean tratamientos o acompañamientos escolares, porque hasta que no tienen la autorización no pueden acceder, aunque la obra social dispone de un tiempo de cinco días hábiles para responder, si la familia no presenta una intimación o recurso de amparo en muchos de los casos la falta de respuesta es indefinida. También hay quienes han dejado de contar con obra social por haberse quedado sin trabajo. En nuestro grupo pedimos que existan estadísticas claras, reales, pero los números no aparecen, siempre son aproximaciones y según la conveniencia del Gobierno, así que decidimos hacer una consulta para saber quiénes cuentan con pensión, porque parece que la mayoría o todas las personas con discapacidad tienen este beneficio y la realidad no es así. Nuestro trabajo nos da que la mitad de las familias no ha iniciado el trámite para adquirir la pensión, un 23% lo hizo hace 3 años o más pero no ha tenido respuesta. Y un porcentaje muy bajo ha recibido pensiones estos últimos años”.

Finalmente, sobre las modificaciones que presentó el Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad que no está cumpliendo, Leonardi cuestionó: “Uno de los grandes desequilibrios que persigue el nuevo proyecto es erradicar el nomenclador nacional, con lo que cada provincia y cada obra social podría poner su valor a las prestaciones y obviamente que siempre es a menos, no se reconoce el valor de los servicios de prestaciones básicas. Toda vida es valiosa fue el lema para el 2 de abril por la OMS y más aún si esta vida necesita apoyos. La discapacidad no está para ser vulnerada e ignorada, sino para humanizar a las personas y a la sociedad”.

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. "Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.

Del operativo participaban efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Adelanto…

Tras una jornada de protesta el pasado viernes 13, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunció la profundización de las medidas de fuerza con un paro total de actividades para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

La medida afectará la atención en centros de día, escuelas especiales, servicios de rehabilitación y transporte adaptado. El principal reclamo se centra en la "asfixia económica" que atraviesan las instituciones debido a las deudas acumuladas por el Gobierno Nacional, particularmente a través de los programas PAMI e Incluir Salud, que presentan atrasos de varios meses en la liquidación de facturaciones.

Instituciones al borde del cierre

El malestar no solo es institucional, sino que se traslada a los trabajadores que sostienen el sistema día a día. Según testimonios de profesionales del sector en la provincia, la situación es insostenible. "Algunos prestadores estamos en cese de actividades porque varios centros terapéuticos del país están cerrando debido a que no pueden sostenerse económicamente", explicó una trabajadora del área prestacional en Entre Ríos.

Esta falta de previsibilidad financiera impide el pago de salarios en término y el mantenimiento de la infraestructura básica. Desde el Foro señalaron que, hasta la fecha, el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Lugones, no ha brindado respuestas concretas ni un cronograma de pagos que alivie la incertidumbre de miles de familias y profesionales.

Un derecho vulnerado

El comunicado de las organizaciones advierte que el incumplimiento del Estado impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes ven interrumpidos sus tratamientos y apoyos fundamentales.

Sin una actualización arancelaria acorde a la inflación y sin la regularización de las deudas pendientes, el sector advierte que el cese de actividades podría extenderse, dejando a miles de usuarios sin la asistencia técnica y humana que requieren para su vida cotidiana. 

Fuente: APFDigital

Desde la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú creemos que no podemos dejar pasar esta fecha, ya que, en Argentina, hablar de Asperger no puede ser solo una efeméride.  No es un día más. 

Cómo presidente de la Asociación sostengo que tiene que ser una denuncia. Las personas con síndrome de Asperger —dentro del espectro autista— siguen siendo vulneradas por el Estado con: diagnósticos tardíos o inaccesibles. Muy lejos de lo que versa la ley integral de autismo; escuelas que excluyen y expulsan, porque reciben, pero no incluyen, no abrazan; obras sociales y prepagas que incumplen sin ninguna exigencia o penalización por parte del estado (ministerio de salud); apoyos que no llegan (acompañantes terapéuticos, maestros/as de apoyo a la inclusión; terapeutas, materiales: textos adaptados, consignas facilitadas, exámenes flexibilizados para que los alumnos puedan mostrar lo que saben en realidad. Que no siempre es dar características sueltas de los conceptos aprendidos; familias agotadas sosteniendo lo que debería garantizarse como derecho. 

Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio: No es una enfermedad, pero  el sistema falla. Porque pretende que las personas dejen de ser como son, sin tener en cuenta sus necesidades, intereses, estilos de aprendizaje o maneras de hacer, obligándolas a fracasar una y mil veces. La discapacidad no está en la persona:  Está en la falta de accesibilidad, en el ajuste, y en la ausencia de políticas públicas reales. La inclusión no se declama en discursos oficiales ni en fechas simbólicas, se garantiza con presupuesto, seguimiento y con cumplimiento efectivo de la ley. 

No queremos discursos vacíos. Leyes olvidadas, textos enteros en letra muerta.  No queremos romantización. Idealización al estilo Disney.  No queremos más familias solas. Queremos educación inclusiva real. Queremos salud accesible. Queremos trabajo digno. Y espacios laborales respetuosos donde haya compañeros y superiores que acompañen y sean puentes hacia el crecimiento personal y no barreras para el desarrollo integral de cada persona. Queremos que se respeten los derechos ya conquistados. Los derechos no se recortan, se cumplen. 

Junto a su padre y otros 17 acusados, Ornella Calvete fue procesada este lunes en la causa ANDIS como partícipe necesaria de la corrupción que habría existido en el organismo desde diciembre de 2023. Aunque no quedará detenida, la hija del operador Miguel Ángel Calvete y ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio no podrá recuperar de momento los 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros que la Policía Federal Argentina secuestró en su departamento.

En la mañana del último 9 de octubre, el juez federal Sebastián Casanello había ordenado una ola de allanamientos a pedido del fiscal Franco Picardi. Uno de ellos fue en un piso 34 de una lujosa torre de Puerto Madero, donde vivía la entonces funcionaria del Ministerio de Economía. Renunció pocos días después.

Los sabuesos de la PFA revisaron todo: muebles, cajones, cada rincón de la casa. Oculto entre cajas de relojes TAG Heuer, habanos Partagas y perchas con ropa, apareció el efectivo. Una millonada de la que Calvete hija, según afirmó ante Justicia, “nunca tuvo su disposición ni administración”.

Según las pruebas recolectadas en el expediente, Ornella Calvete funcionó como una pieza operativa clave para la expansión y el resguardo de los intereses económicos del grupo. Su pareja, Javier Cardini, era el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio que conduce Luis “Toto” Caputo, y también tuvo que renunciar tras el escándalo. No obstante, no está involucrado directamente en la causa penal.

Así encontraron los dólares, euros y pesos que tenía Ornella Calvete

Para el fiscal Picardi, que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, la funcionaria de Economía utilizaba su posición en el Estado para obtener información privilegiada. Desde su cargo como directora de Desarrollo Regional y Sectorial, realizó averiguaciones sobre la estructura interna de la ANDIS incluso antes de que se consolidara la maniobra delictiva.

Entre enero de 2024 y septiembre del mismo año, cabe recordar, había ostentado el cargo de directora de Análisis de Cadenas de Valor. Pero su injerencia ya se veía desde algún tiempo atrás.

Antes de ser designada oficialmente y tras la asunción del presidente Javier Milei, Ornella Calvete averiguó, a pedido de su padre, quiénes manejaban distintas áreas de la ANDIS, particularmente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y del programa Incluir Salud.

“¿Qué hacés Pa?”, contestó Ornella, “estaba medio picante porque entre Pazo y Posse se estaban disputando a ver a quién ponían”. Nicolás Posse fue el primer jefe de Gabinete de Ministros de Milei; mientras que el segundo nombre respondería a Juan Pazo, quien por entonces era funcionario del Ministerio de Economía y luego se hizo cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Renunció en diciembre pasado y dejó el Gobierno.

La PFA requisó el domicilio de Calvete en la calle México

Luego, ya en el cargo, Ornella Calvete habría aprovechado su acceso a bases de datos secretas para proveer listados de empresas importadoras y potenciales clientes para los “negocios” de su padre.

Específicamente, el fiscal Picardi contrastó una maniobra de este estilo con información sobre importaciones de urea, un fertilizante químico.

El 12 de mayo de 2025, Calvete padre le pidió por WhatsApp “el listado de las empresas compradoras en argentina (potenciales clientes)”. En respuesta, Ornella le envió un archivo adjunto con información detallada extraída de registros oficiales.

Esta información, creen los investigadores, no estaba relacionada con los medicamentos de la ANDIS, sino con otras líneas de negocio de Miguel Ángel Calvete. La información privilegiada le habría servido para que las empresas de Calvete pudieran identificar cómo hacer lobby en el mercado de agroquímicos y fertilizantes.

La justicia determinó que existía una “mancomunión” entre padre e hija para gestionar ganancias a partir de diversas actividades, no solo la salud.

En el "Círculo Tuco", donde Calvete llevaba un listado de sus contextos y conexiones, el empresario incluyó a su hija Ornella

Además de este caso puntual, Ornella ya había demostrado esta conducta apenas asumió su cargo. En diciembre de 2023, según se desprendió del análisis de su teléfono, le envió a un asesor del Senado -la Justicia mantuvo en resguardo de qué legislador- una presentación comercial de Droguería Profarma, una de las mayores beneficiadas por la corrupción en ANDIS y, supuestamente, empresa de la que Calvete es dueño en las sombras.

La propuesta ofrecía prótesis al PAMI, garantizando la confiabilidad de la empresa porque “es de mi viejo”. Otras conversaciones revelaron que también le pidió a la secretaria de su padre, Patricia Canavesio, un listado de “todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud” porque había conseguido un “interesado grande” en el Estado.

Las comunicaciones analizadas, entendió el juez Casanello, representan prueba suficiente para sostener que la imputada tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones.

En otro chat recuperado por los peritos informáticos de la DATIP, Ornella discutió con su padre la necesidad de utilizar “nombres de fantasía” para las empresas, argumentando explícitamente que no podían revelar que ellos eran los verdaderos dueños detrás del negocio.

Ya con el escándalo en todos los medios, en septiembre de 2025, la funcionaria de Economía alertó a Miguel Ángel Calvete que había “15 policías” en la planta baja de su edificio. “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, escribió Ornella, en referencia a Diego Spagnuolo.

“Hacete la gila”, contestó Calvete. Ninguno sabía si la PFA los estaba yendo a buscar.

Ante el temor de que la allanen, fue entonces que le preguntó a su padre si había forma de justificar la millonada que tenía escondida: “Indecomm -empresa de Calvete- tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mossssca. O digo que me lo prestó alguien olvidate”.

La investigación del fiscal Picardi también detectó que Ornella Calvete habría facilitado la inserción de otros miembros de la banda en contratos estatales. Se sospecha que tuvo injerencia en la contratación de Patricia Canavesio y Ruth Lozano, colaboradoras directas de su padre y presuntas testaferros, quienes entre febrero y octubre de 2025 facturaron unos 45 millones de pesos al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.

Imágenes del allanamiento al domicilio de Ornella Calvete

Estas maniobras habrían permitido al grupo diversificar sus fuentes de ingresos a costa del erario público -sostuvo la acusación- utilizando la influencia de la funcionaria para asegurar pagos y designaciones.

En un descargo escrito, presentado en diciembre, Ornella Calvete negó haber “integrado sociedades, gestionado contrataciones públicas o privadas, o mantenido vínculos comerciales con personas o empresas mencionadas en la causa”, y que los chats hallados por la Justicia “fueron erróneamente interpretados” y “no guardan relación alguna con maniobras delictivas ni con el esquema investigado”.

Como consecuencia de su presunta participación activa en la estructura criminal, el juez Casanello dictó su procesamiento sin prisión preventiva y ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 94.288.025.418 pesos.

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

La decisión alcanzó a otros 18 acusados y además se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.

La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”

La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, agregó el juez.

En un 2025 con muchas idas y vueltas se sancionó en el Congreso la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley N° 27.793), orientada a garantizar derechos y financiamiento al sector. El Ejecutivo inicialmente vetó (frenó) su aplicación, pero fue obligado por un fallo judicial a reglamentarla días pasados y ponerla en marcha. 

Después de muchos reclamos, se reglamenta mediante un decreto, de manera muy holgada, ya que si bien prevé un aumento “salvavidas” para las prestaciones, habla de cambios y de fortalecimiento en los organismos de apoyo, quedando muchos grises, dado que hay varios artículos que no están reglamentados aún, este decreto no es claro en cuanto a fechas, y en qué proporción se va a dar la actualización de los valores de las prestaciones y servicios que se brindan a las personas con discapacidad, a días de iniciar las clases, por ejemplo. Con respecto a las pensiones, y a pesar de lo que se cree todas las personas con discapacidad cuentan con una, esto no es una cuestión “sine qua non”, es un beneficio que se alcanza después de trámites muy largos y al que la gran mayoría de personas con discapacidad no acceden. Hace años que familias de nuestra Asociación están a la espera de una respuesta y no se les ha otorgado tal beneficio, tornándose un desafío más. Por supuesto estamos de acuerdo con auditorías transparentes y respetuosas, no masivas. Creemos y sostenemos que este beneficio debe ser otorgado a quien realmente lo necesite.

La reglamentación actual (Decreto 84/2026) establece lineamientos para la implementación del régimen de pensiones y prestaciones, criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas, articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y mecanismos de control. Pero desconocemos cómo se llevará adelante su implementación. La ley se inspira en el modelo social de discapacidad, que reconoce a las personas como sujetos plenos de derechos, no como objetos de asistencia. Se orienta a garantizar derechos como empleo, salud, educación, accesibilidad y participación social sin discriminación. 

Abordar a la discapacidad de manera integral es sumamente necesario, y es una decisión política. La Ley Establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, calculada en función de porcentajes del haber mínimo y compatible con empleo formal bajo ciertos límites de ingresos. Esta Ley también busca regularizar deudas acumuladas con prestadores y suspender recortes que afectaron servicios esenciales. La reglamentación remarca la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y otras instancias de diálogo con la sociedad civil. Esto nos hace ruido porque sabemos que el diálogo con los gobiernos, este y cualquiera de turno, pero con este gobierno en particular siempre es muy difícil hablar de discapacidad y derechos, servicios y prestaciones. La ley entró en vigencia inmediatamente, luego de ser reglamentada esta semana, pero todavía desconocemos los alcances reales. El período de Emergencia Nacional en Discapacidad fue declarado hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Estamos a muy poco de iniciar las clases y todavía hay familias con planes terapéuticos sin aprobar, otras que sus profesionales han decidido cortar la prestación porque no cobran aun los meses de septiembre en adelante. Los transportistas también están en vilo, dado que los gastos para brindar los servicios de traslado son cada vez más costosos y las obras sociales no hacen efectivos los pagos como debieran. También hay muchas instituciones a punto de cerrar sus puertas. “Habemus reglamentación”, pero no contamos aún con respuestas prácticas. Esperamos se agilicen los trámites y se brinden los apoyos económicos que son necesarios para habilitar los servicios.

No hay planes de apoyo y formación docente, por lo que contamos con escuelas abiertas y dispuestas a recibir la diversidad en sus aulas y otras que, sosteniendo un discurso inclusivo, expulsan en el día a día en el aula, imponiendo barreras al aprendizaje y la participación de manera permanente ya sea por desconocimiento o bien por desinterés. Que esta ley no caiga en letra muerta como tantas otras, es fundamental. Por lo que permanecemos alerta.

La discapacidad no debe ser tratada como un gasto a ajustar. Creemos que la inclusión se garantiza con hechos. Con apoyos reales y sostenidos que contemplan a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores que no deben ser castigados por elegir trabajar con personas con discapacidad, sino respetados y reconocidos por la labor que brindan. El Estado Nacional no puede, ni debe mirar para otro lado. Seguiremos bregando para que la reglamentación se cumpla de manera efectiva.  

El Gobierno nacional aprobó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida se conoce luego de una sentencia judicial que ordenó al Estado avanzar con la aplicación de la norma, aprobada por el Congreso en julio del año pasado y cuya entrada en vigencia había quedado supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

La norma, sancionada como Ley 27.793, declara la emergencia en materia de discapacidad y establece un nuevo marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Si bien el Congreso la aprobó, el Poder Ejecutivo había dispuesto mediante un decreto que su aplicación quedara condicionada a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Esa decisión derivó en una presentación judicial. En diciembre pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró la invalidez del artículo del decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su "inmediata puesta en marcha". En su fallo, sostuvo que el condicionamiento presupuestario resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para las personas con discapacidad.

El Gobierno nacional apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín, pero el magistrado habilitó la feria judicial de enero para supervisar el cumplimiento del fallo. En ese marco, intimó al Ministerio de Salud a informar qué medidas había adoptado para avanzar con la implementación de la norma.

A comienzos de enero, la cartera que conduce Mario Lugones comunicó a la Justicia que había iniciado una serie de pasos administrativos y comunicaciones internas para poner en marcha la ley, aunque aclaró que su aplicación no podía ser inmediata y no precisó fechas concretas. Con la reglamentación ahora publicada, el Ejecutivo formalizó ese proceso, informó Clarín.

La reglamentación aprobada ahora define cómo se aplicarán los puntos centrales de la ley, que hasta el momento carecía de reglas operativas. Entre los cambios más relevantes figuran la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, la conversión automática de beneficios ya otorgados y la implementación de auditorías periódicas para controlar el sistema.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo aclaró que dicta la reglamentación "sin reconocer hechos ni derechos" ni consentir los fundamentos de la sentencia judicial, pero con el objetivo de dotar de precisión operativa y administrativa a la norma, ordenar los criterios de implementación y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las políticas públicas.

Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El decreto define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades, procedimientos administrativos y sistemas de auditoría, y establece que el régimen deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y las reglas de compatibilidad de ingresos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales.

Además, se dispuso que las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de las prestaciones alcanzadas.

La reglamentación también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica. Asimismo, establece un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como prevé la ley.

El decreto ratifica además los mecanismos institucionales de consulta y participación, a través del Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor, el Consejo de Articulación de Programas y el Observatorio de la Discapacidad, con esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La norma lleva la firma del presidente, Javier Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Federico Sturzenegger.

Durante décadas, muchas personas, instituciones, directivos, dirigentes y militantes venimos trabajando honoríficamente para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos que tienen alguna condición, dentro de los colectivos de Personas con Discapacidad (PCD). Saber que te escuchan, que te entienden y que existe disposición para encontrar soluciones a través de ordenanzas, decretos, resoluciones o leyes que amparan derechos fijados en la Constitución, en legislaciones vigentes o en tratados internacionales, es parte de logros que suelen demorar años, pero que llegan. Pequeños o grandes, no son otra cosa que derechos adquiridos y mejor calidad de vida para nuestros hijos y para todo el colectivo de PCD.

Actuamos como referentes, aportando experiencia y militancia, y también como veedores para que las cosas se hagan bien. La información y el conocimiento nos otorgan poder cuando son bien utilizados.Durante años, las políticas públicas en discapacidad estuvieron a cargo de la Comisión Nacional Asesora para las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Allí se trabajaba sobre leyes de vanguardia y funcionaba de manera efectiva el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), abordando escolaridad, salud, vivienda, trabajo, acceso a la tecnología, deportes y recreación, siempre con el objetivo de reducir la discriminación y el estigma.

En ese contexto se fortaleció el movimiento asociativo de padres a nivel nacional y se trabajó intensamente en congresos, conferencias y seminarios, junto a referentes internacionales que aportaron experiencias de otros países. Paralelamente, Naciones Unidas impulsaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proceso del que Argentina fue parte activa.La Convención se dio a conocer a nivel mundial en 2006 y para nuestro país significó el primer Tratado Internacional rubricado en este nuevo milenio. Fue una herramienta fundamental, de jerarquía constitucional, para trabajar sobre derechos. Con ella se dejó atrás el modelo médico hegemónico de la discapacidad —la PCD no es un enfermo— y se adoptó el modelo social, basado en los derechos humanos.Las personas con discapacidad pasaron a ser reconocidas como Sujetos de Derecho: con identidad, derechos y obligaciones como ciudadanos. Se educan, votan, participan de la vida política, deben acceder al mercado laboral competitivo y al sistema de salud. Lo que antes se consideraban “beneficios” pasó a reconocerse claramente como derechos, expresados en los cincuenta artículos de la Convención y su protocolo facultativo.

Argentina puso en vigencia la Convención en 2008 como Ley Nacional Nº 26.378, sumándose a otras normativas existentes, como la Ley Nº 24.901 de prestaciones básicas. Todo indicaba que los tiempos venían con viento a favor.

En 2016, la Conadis fue transformada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con autonomía y presupuesto para llevar adelante políticas públicas. No funcionó como se esperaba, pero al menos era un espacio de discusión. Hoy, la realidad es muy distinta.

Se plantean quitas injustas de pensiones, reformas del sistema de salud que restringen prestaciones, trabas en educación inclusiva ya debatida e implementada, desaparición de capacitaciones y el vaciamiento de herramientas fundamentales para garantizar derechos. Aquello que durante años se promovió como responsabilidad social y buenas prácticas inclusivas hoy parece reducido a un “eso no se puede”.

Se denuncian actos ilícitos y de corrupción en la Andis, se eliminan derechos básicos y la Agencia se desintegra para pasar a depender del Ministerio de Salud de la Nación, ignorando la Convención y la Ley Nacional Nº 26.378, y regresando al modelo médico de la discapacidad. La PCD vuelve a ser considerada una persona enferma que hay que curar o rehabilitar, no educar ni incluir.Estas decisiones vulneran derechos y hacen retroceder conquistas logradas durante años, priorizando números y el tan mentado “déficit cero” por sobre la salud y los derechos de una parte importante de la población.

Promovemos el diálogo, nos manifestamos con marchas pacíficas, entregamos manifiestos y ofrecemos nuestra experiencia. La respuesta es represión, derogación de leyes, violación de derechos e incumplimiento de la legislación vigente. No implementar la ley de emergencia en discapacidad también vulnera derechos constitucionales. Las consecuencias son claras: personas que quedan en el camino, familias que colapsan, instituciones que no resisten.

Este 2026 nos encuentra llenos de incertidumbre. Hoy no sabemos dónde estamos parados ni vislumbramos un cambio. No es necesario estar de acuerdo conmigo, pero sí discutir y generar consensos para salir de esta gravísima situación. Dejemos de buscar simbolismos o interpretaciones. Simplemente, hagamos algo.

El juez federal de Campana Adrián González Charbay intimó hoy al Gobierno a reglamentar la ley de discapacidad antes del 4 de febrero. Se trata de una normativa aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei no reglamentó.

González Charvay hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió la vigencia del el art. II del Decreto 681/25, que frenaba la aplicación de la ley y obligaba al Congreso a decir de dónde sacaba los fondos para la implementación.

La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de junio último, pero luego, el 4 de agosto, el Presidente la vetó en su totalidad.

Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto.

Por eso, el Poder Ejecutivo debió promulgar la norma. Sin embargo, en el decreto de promulgación señaló que hasta que el Congreso no indicara cuáles serían las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedaba suspendida.

Ahora, que la ley de emergencia en discapacidad recuperó su plena vigencia, se deberán pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Asimismo, la ley promueve saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Además, reforma el sistema de pensiones no contributivas, con un financiamiento adecuado, y dispone auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.

También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.

La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos.

El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un “veto encubierto”, cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma. Para el juez, el Presidente ejerció facultades que no le son propias y transgredió el principio republicano de división de poderes.

Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso es inválida y configura un exceso de las facultades constitucionales.

El fallo del juez consideró que el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla es una falacia. El fallo destacó que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia.

Además, el magistrado señaló la contradicción del Poder Ejecutivo: mientras alega no tener fondos para destinar al área de discapacidad, “ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias” discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. “Esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector”, afirmó el juez.

Sostuvo además que hay una discriminación estructural contra las personas con discapacidad y alertó sobre una vulneración de tratados internacionales. Enfatizó que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño.

Al desfinanciar el sistema, “el Estado incumple su deber de protección especial” hacia un grupo en situación de “doble vulnerabilidad”, como lo es la niñez y la discapacidad.

El fallo tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y los prestadores de servicios. Ordena al Estado Nacional que cese la suspensión y aplique la ley votada por el Congreso.

El Gobierno puede recurrir esta sentencia y llegar a la Corte con su reclamo. Hoy por hoy la ley está vigente y pueden los damnificados reclamar que se aplique la ley.

Si el Estado apela, en caso de que conceda el recurso, el juez analizará si lo hace con efecto devolutivo o suspensivo, de esta decisión. Dependerá de su determinación. Será la Cámara Federal de San Martín la que resuelva.

Fuente: La Nación

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) expresó un fuerte rechazo al anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Desde la entidad manifestaron su preocupación por la forma y el contenido de la medida, que —según advirtieron— genera incertidumbre y supone un retroceso en materia de derechos.

A través de un comunicado, Asdra sostuvo que si bien el Estado tiene la facultad de reorganizar sus estructuras, estas decisiones deben comunicarse con mayor claridad, transparencia y en consonancia con la legislación nacional e internacional vigente en materia de discapacidad. En ese sentido, remarcaron que el anuncio se conoció a un día de finalizar el año, lo que provocó conmoción en la comunidad vinculada a la discapacidad.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la organización es la reducción de la discapacidad a una única área del Estado. Según señalaron, las personas con discapacidad requieren políticas públicas integrales que aborden múltiples dimensiones, como educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, participación comunitaria y salud. Este enfoque responde al modelo social y de derechos humanos que Argentina asumió al adherir, en 2008, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde Asdra consideraron especialmente grave el posible retorno a un enfoque estrictamente médico de la discapacidad, del que —según indicaron— costó décadas salir. Concebir la discapacidad únicamente desde el ámbito de la salud implica desconocer a las personas como sujetos de derechos y debilita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos integrales para la inclusión plena.

Asimismo, advirtieron que quitar a la discapacidad de un ámbito de articulación transversal representa un retroceso que luego se traduce en políticas públicas concretas o, directamente, en su ausencia. Por este motivo, la organización manifestó el malestar de la comunidad y reiteró la necesidad de sostener políticas públicas integrales, continuas y basadas en derechos.

Finalmente, Asdra expresó su preocupación por el contexto comunicacional en el que surge la medida, al señalar que se instala confusión y sospecha al asociar la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos. La entidad aclaró que el CUD no implica el cobro de dinero, sino el acceso a prestaciones y apoyos, y recordó que solo un porcentaje mínimo de las personas que lo poseen percibe una pensión. Según advirtieron, este tipo de mensajes contribuye a la estigmatización injusta de las personas con discapacidad y de sus familias.

El Gobierno avanzará con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que administra las pensiones para personas con discapacidad, cuyas funciones serán transferidas al Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, se darán de baja a quienes no cumplan con ciertos requisitos.

La novedad la dio a conocer este martes el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la que denunció "descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente". Cabe recordar que a mitad de año se conoció que el exdirector, Diego Spagnuolo, denunció una trama de corrupción en la compra de medicamentos que presuntamente llegaría hasta Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció el jefe de Ministros. También aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

De todas maneras, la absorción por Salud incluirá auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos. Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Vale destacar que la Agencia Nacional de Discapacidad evaluaba las condiciones de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y determinaba si una persona podía recibirlo o no.

¿Quiénes se quedarán sin la pensión por discapacidad?

Pese a que no se recortarán nuevas pensiones, sí seguirán vigentes los requisitos que había impuesto Andis con anterioridad para poder acceder al beneficio de una pensión por discapacidad. En caso de no cumplir con las condiciones establecidas, podría darse de baja.

Para no perder la pensión por discapacidad, una persona deberá cumplir con todos estos requisitos de forma obligatoria:

Contar con una incapacidad laboral total y permanente (igual o superior al 66%).

No recibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación (ya sea contributiva o no contributiva).

No estar trabajando en relación de dependencia ni inscripto como autónomo o monotributista (excepto en la categoría de monotributo social).

No poseer ingresos propios suficientes ni contar con familiares con obligación legal de proveer manutención.

Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar al menos 10 años de residencia).

No encontrarse privado de la libertad ni requerido por la Justicia.

La documentación para tramitar la PNC por invalidez laboral

DNI del titular (frente y dorso).

Certificado Médico Oficial (CMO) digital y estudios médicos respaldatorios.

Partida de nacimiento y documentación de los padres (si el solicitante es menor de edad).

Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).

Fotocopias de toda la documentación

Montos de la pensión por invalidez

Anses confirmó un aumento del 2,47% para sus prestaciones, debido a la Ley de Movilidad que se basa en el último dato de inflación de INDEC. En el caso de la pensión por invalidez, este beneficio consiste en un 70% de una jubilación mínima.

Así será el monto para enero de 2026 junto con el bono de $ 70.000:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52.

Aunque el anuncio de este martes se presenta como un gesto de orden institucional y transparencia, llega en medio de un escándalo por irregularidades que salpican al organismo, con investigaciones internas en curso y cuestionamientos sobre prácticas administrativas. 

Fuente: Ámbito

El Gobierno anuncio que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones.

El nuevo secretario de la Agencia de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones.

Recordemos que la Andis quedó en el centro de la polémica tras los audios de su ex titular Diego Spagnuolo, quien aseguraba que había coimas en el organismo y que el 3% era dirigido hacia Karina Milei.

El Carnaval del País contempla entradas sin cargo, con cupo limitado, para presenciar el evento.   Las personas que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder al Corsódromo para disfrutar la edición 2026. 

Para acceder al beneficio deberán presentar el Certificado en boletería a la hora de retirar su entrada. Se ha establecido que los días para buscar el ticket será los jueves en el horario habitual de atención. En caso de la primera noche, ya que el jueves previo es feriado, serán entregadas el viernes 2 de enero.

Cuando el CUD consigne un acompañante en los casos de movilidad reducida, el acompañante tendrá bonificada la totalidad de la entrada general. Si el Certificado contempla acompañante, en caso no tratarse de movilidad reducida, el acompañante abonará el 50% de la entrada general. Si el CUD no incluye acompañante, el mismo abonará entrada general completa. 

A fin de garantizar el acceso a mayor cantidad de personas que posean CUD, se estableció la alternancia en la entrega de entradas. Es decir, una misma persona no podrá concurrir dos veces consecutivas a presenciar el evento, si podrá hacerlo sábado por medio.

Es importante destacar que, las personas con movilidad reducida, cuentan con un espacio diseñado para que puedan disfrutar del espectáculo con comodidad. El mismo está emplazado al este del predio, cerca del inicio del espectáculo y cuenta con un ingreso exclusivo a la altura de calle Chacabuco. 

El Gobierno nacional apeló la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.

La decisión judicial del 12 de diciembre pasado fue apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación por “causar agravio al Estado Nacional”. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla con el patrocinio letrado del subprocurador, Julio Comadira.

El juez concedió la apelación "con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.

La presentación ratifica una decisión política del Gobierno que ayer generó tensión en el Congreso: la oposición logró rechazar el capítulo del Presupuesto que incluía la derogación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado por la oposición.

Ahora la Casa Rosada aspira a revertir esa votación en el Senado y volver a insistir en Diputados con la redacción general del Presupuesto, algo que quedó demostrado ayer que no será sencillo.

El fallo cuestionado

González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025, que suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad con el argumento de falta de partidas presupuestarias asignadas a ese financiamiento.

El juez ordenó su “inmediata aplicación”, advirtió por una violación del sistema republicano. El conflicto se desató cuando el Ejecutivo, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la norma pero suspendió su aplicación invocando la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que cualquier legislación que autorice gastos debe prever su financiamiento.

El juez sostuvo que la cláusula suspensiva “resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional”, al subordinar una decisión de los representantes del pueblo a una reglamentación de jerarquía inferior (el artículo 2 del decreto 681/2025).

El juez de Campana también objetó el argumento presupuestario y calificó esta justificación como engañosa, dado que la propia Ley de Emergencia faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas.

El fallo advirtió que se trataba de un “argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura” del texto, que otorgaba las herramientas necesarias para cubrir los gastos.

Los fundamentosAl evaluar los fundamentos del decreto impugnado y sus consecuencias en los hechos, el juez federal de Campana concluyó que la medida y sus resultados “no son otra cosa que un caso de clara discriminación a personas con discapacidad”, afectando también a niños y adultos mayores que sufren una doble vulnerabilidad.

González Charvay agregó que el Gobierno usó decretos para modificar el presupuesto en otras áreas, pero se negó a hacerlo en este caso. Según sentenció, aceptar la postura oficial implicaría validar un “uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN”, lo cual contradice las obligaciones asumidas por el Estado argentino.

La resolución judicial ahora apelada también ponderó la gravedad de la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras. El magistrado describió la situación actual como una “alarmante pérdida de poder adquisitivo” que “redunda en una merma en la calidad y la continuidad de todas las acciones destinadas a proteger, promover y restaurar la salud”.

Este panorama, según se desprende del fallo, mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema a quienes el Estado “está obligado a proteger” con mayor celo.

La sentencia también invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que prohíbe tomar medidas que disminuyan los niveles de protección ya alcanzados. El juez consideró que la suspensión de la norma provocaba, como resultado directo, un “deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud”, afectando a un grupo social que requiere una tutela especial.

Finalmente, la Justicia desestimó el intento del Estado de presentar como solución la posible inclusión de fondos en el presupuesto del año 2026.

González Charvay determinó que esa promesa futura no resolvía la emergencia actual y reafirmó que “se impone una protección reforzada y la adopción de acciones positivas” de manera inmediata para garantizar una respuesta a la emergencia del sector.

Fuente: Infobae

En el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota considerable: la oposición le volteó un capítulo entero -el XI- con el que Javier Milei pretendía, principalmente, derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario.

La media sanción, amputada en una de sus partes fundamentales, será girada al Senado para su sanción definitiva. El rechazo al capítulo XI fue una catástrofe, admitieron los libertarios. El impacto fue tal que, en las horas posteriores, comenzó a circular incluso la hipótesis de un veto presidencial al Presupuesto.

El revés se dio después de la aprobación en general del texto, que se consiguió con el apoyo del interbloque Pro-UCR y los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan). Reunieron 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 19 abstenciones, en su mayoría del bloque Provincias Unidas.

Para garantizar esta mayoría, el oficialismo negoció de manera frenética, y hasta la medianoche, con gobernadores y bloques aliados, a los que buscó retribuir con distintas concesiones a cambio de su apoyo.

Pero el mayor escollo estuvo en la votación en particular de todos los artículos del proyecto oficial, cuya salvaguarda el Gobierno no tuvo nunca garantizada. El más polémico, el 75, proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad. El Gobierno ya había suspendido la vigencia de ambas normas pese a que ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto que les impuso el Presidente.

A sabiendas de que el artículo podía ser rechazado, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni propuso que la votación en particular del proyecto se realice por capítulo -y no por artículo- para intentar diluir la ofensiva. Ganó la pulseada con los aliados, pero al caer la tarde volvieron a sonar las alarmas: algunos aliados, decididos a hacer valer su voto a un oficialismo urgido, anticiparon que no votarían el capítulo XI, donde estaba el artículo en disputa.

Los libertarios intensificaron las negociaciones durante la madrugada y terminaron de delinear una estrategia contrarreloj. Para asegurar voluntades, a último momento Alberto “Bertie” Benegas Lynch anunció cambios en el texto: comunicó que se incorporaría un artículo para facultar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación reclamados por el alcalde porteño, Jorge Macri, y avalados por un fallo de la Corte Suprema. Se trataba de un reclamo central de Pro.

Esa cláusula fue ubicada deliberadamente en el capítulo XI, con el objetivo de preservar el resto del articulado sin modificaciones. En ese mismo apartado, el oficialismo relocalizó además el financiamiento por $21.300 millones destinado al Poder Judicial, que quedaría bajo la órbita del Consejo de la Magistratura. Con esa maniobra buscó, según admiten, evitar una eventual judicialización posterior.

La lectura opositora fue inmediata y áspera. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI, porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora”, vociferó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Sin embargo, al momento de la votación en particular, la jugada resultó insuficiente. Se aprobaron todos los capítulos, excepto el XI, que fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones.

El Gobierno no logró contener a los catamarqueños alineados con Raúl Jalil, a los tucumanos de Osvaldo Jaldo ni a un puñado de radicales que se negaron a convalidar las maniobras oficialistas.

El capítulo XI no solo concentraba la cláusula vinculada a la coparticipación porteña y al financiamiento del Poder Judicial, sino que además avanzaba sobre una batería de derogaciones sensibles: eliminaba la ampliación del régimen de zonas frías, dejaba sin efecto la movilidad del régimen de asignaciones familiares y prorrogaba la emergencia en salud pediátrica. Todo esto quedó sin efecto.

Las negociaciones

Con el ministro del Interior Diego Santilli instalado en el despacho del presidente de la Cámara Martín Menem, las conversaciones se estiraron hasta último minuto. “Se están cotizando caro los aliados”, se lamentaban anoche en el entorno del jefe de la cartera política.

Es que los bloques provinciales se mostraron duros en las últimas conversaciones. El espacio Elijo Catamarca, comandado por el gobernador Raúl Jalil, negoció hasta el final. Uno de sus diputados, Sebastián Nóblega, describió al Presupuesto como una “herramienta central de planificación”, pero dijo estar “decepcionado” por la insistencia del Gobierno en derogar normas “por la ventana” ya aprobadas por el Congreso. Reclamó más obras para Catamarca y cuestionó la falta de definiciones sobre la restitución del control del YMAD, el organismo minero que opera en territorio catamarqueño.

En la misma línea se pronunciaron los salteños alineados con el gobernador Gustavo Sáenz. El diputado Pablo Outes advirtió que los $1700 millones previstos para obras son insuficientes. Señaló que las rutas nacionales en zonas fronterizas son estratégicas y que están “detonadas”, lo que puede generar “situaciones de debilidad con los países que nos rodean”. También criticó la falta de definiciones en educación y discapacidad.

El debate

Contrario a lo que preveía, el oficialismo sufrió desde el inicio de la sesión. Por poco no alcanzó el quorum para arrancar el debate y, a lo largo de la jornada, los aliados condicionaron su apoyo a los artículos más polémicos del texto a cambio de más concesiones -obras públicas, Aportes del Tesoro Nacional y espacios de poder- para sus provincias.

Pese a que el debate público transcurrió sin mayores contratiempos, en canales subterráneos transcurrían las negociaciones de los lugartenientes del oficialismo para asegurarse el voto de los aliados que, hasta el final, hacían llegar más reclamos al ministro Santilli.

El radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) expuso estas maniobras a viva voz. Acusó al Gobierno de jugar “a la casta más rancia” y denunció el reparto discrecional de ATN para conseguir apoyos al Presupuesto: “Premian a los que mandaron al arco y castigan a las provincias con las cuentas ordenadas”.

Las concesiones del Gobierno fueron de lo más variadas: desde ATN hasta obras públicas y avales de la Nación para autorizar endeudamiento en las provincias.

El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026, más bajo que el valor actual. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, dio inicio al debate con un discurso en el que exaltó al presidente Javier Milei “por la batalla cultural” para que impere el equilibrio fiscal en las cuentas públicas y embistió contra el kirchnerismo por “degradar al Congreso e impulsar leyes bochornosas”.

Desde Unión por la Patria, Julia Strada, le enrostró al oficialismo que, contrario a lo que predica, impulsó políticas y leyes sin su correspondiente fuente de financiamiento.

“Eliminaron el único impuesto a la riqueza en la Argentina, bienes personales; impulsaron beneficios fiscales en el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) sin detallar su costo fiscal; redujeron en dos oportunidades las retenciones al campo y la minería. Está claro que se busca atacar a los sectores populares“, acicateó.

“Este presupuesto ratifica el rumbo impuesto por Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de salario y de consumo”, cuestionó, por su parte, Victoria Tolosa Paz quien, junto a Agustín Rossi, objetó el nuevo intento del Gobierno de echar por tierra las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. “Buscan derogarlas por la ventana violando la ley de administración financiera”, planteó.

El kirchnerismo anticipó, al igual que la izquierda, que no acompañará el presupuesto. Tampoco lo hará Provincias Unidas, aunque, a diferencia de Unión por la Patria, contribuyó a dar quorum a último minuto.

“Anoten: estuvieron a punto de que se caiga la sesión, pero este bloque se sentó para que haya debate”, enfatizó Nicolás Massot, quien planteó que la disyuntiva, en esta discusión presupuestaria, es cómo conciliar la libertad con la igualdad.

“Lo que estamos discutiendo es si hay libertad con igualdad desfinanciando la salud pediátrica y el sistema universitario. ¿Dónde está la igualdad cuando el Gobierno, que dice que no hay dinero, sí apareció el dinero para bajar Bienes Personales, alentar un blanqueo e impulsar un dólar barato, para bajarle el impuesto a los autos importados y la electrónica? No hay libertad posible en medio de tanta inequidad“, reprochó.

A su turno, Miguel Pichetto puso en duda las proyecciones macroeconómicas previstas para el año próximo, entre ellas la de la inflación -advirtió que está subestimada, al igual que el crecimiento- como el tipo de cambio. Asimismo, defenestró la política de importación, en especial de China. “A ustedes les gusta jugar cerca de los Estados Unidos, pero la política económica argentina es más pro China que americana”, enfatizó.

Desde el radicalismo, el mendocino Lisandro Nieri -aliado al oficialismo- instó a no olvidar que, hace dos años, la Argentina tenía un nivel de gasto “intolerable”, cepo cambiario, deuda comercial y hasta 15 tipos de dólar. “Ahora toca trabajar con bisturí sobre el gasto ineficiente y avanzar en la baja de impuestos. Se pulverizó el más dañino, que es la inflación. Por suerte se puso de moda una batalla cultural que se instaló, la del equilibrio presupuestario”, exaltó.

Más crítico, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que el presupuesto oficialista es “injusto, ilusorio y ficticio”. “Es imprescindible e imperioso que la nación cuente con una ley de presupuesto para el 2026, que garantice esa previsibilidad y transparencia en el uso de los recursos. Pero no necesitamos cualquier presupuesto, ni mucho menos uno que parece haber alcanzado una mayoría circunstancial de los votos necesarios a través de, vaya a saber, qué tipo de transacciones”, asestó.

En la sesión −que se extendería por al menos doce horas− se debatirán otros dos dictámenes también prioritarios para el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que propone incentivar el uso de los dólares atesorados sin declarar −conocido como ley de “inocencia fiscal”− y el que castiga con penas de prisión a los funcionarios que aprueben y ejecuten presupuestos con déficit fiscal. Este último recibió duras críticas opositoras por inconstitucional.

Fuente: La Nación

El gobierno nacional tiene decidido avanzar en la media sanción del Presupuesto 2026. En la reunión de Comisión de hoy, la primera y única, ya hizo circular el dictamen apenas comenzó la comisión.

Sin embargo, la suposición de que el oficialismo iba a mantener el mismo proyecto de ley que envió en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre con el fin de acortar los plazos, no se cumplió.

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, hizo una pequeña introducción respecto del proyecto y señaló que hoy iban a buscar dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria".

Pero rápidamente cambió el clima porque el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, le pidió a Bornoroni que explique si es el mismo proyecto y, si no, que explique las modificaciones. “Hubo modificaciones del proyecto presentado en noviembre que están plasmadas en el dictamen que le circulamos a la mayoría de los bloques”, respondió el cordobés sin avanzar en los detalles de los cambios.

Finalmente se conoció que el proyecto actual respecto del enviado por el Ejecutivo establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.

Estos cambios generaron una fuerte crítica de los sectores de la oposición que adelantaron que también presentarán un proyecto y un dictamen propio y que no acompañarán ni la ley de Presupuesto que propone el Ejecutivo ni la ley de Inocencia Fiscal. Hasta se “coló” la reforma laboral en donde algunos adelantaron que tampoco acompañarán.

“Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto. No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto, por eso nosotros en noviembre recomendamos que el Ejecutivo haga una reformulación pero ahora vamos a ir con un dictamen y un proyecto propio”, explicó Martínez.

“Nosotros estamos en contra del Art. 30 del proyecto del oficialismo que deroga el 6% para el financiamiento educativo. También proponemos garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica y estamos en contra de su eliminación”, señaló Martínez entre los ejemplos que citó para marcar las diferencias. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, sentenció.

Pero no solo la comisión iba a tener un dictamen del oficialismo y otro del peronismo, sino que iba a aparecer un tercer dictamen y el encargado de presentarlo fue el diputado Nicolás Massot del interbloque Unidos.

El bonaerense tuvo un fuerte discurso respecto del proyecto del oficialismo. “Hay plata para que la compra venta de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan. Hay plata para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año, que no son muchas y corresponden a unos pocos sectores, tengan una reducción impositiva. Para las que venían en la lona no porque esas reportarán quebrantos. Pero tampoco hay para las universidades”.

Massot continuó señalando que “no hay plata para los discapacitados pero sí para que desde los fondos del Anses subsidiemos 100% de los despidos que van a continuar haciendo las empresas el fondo de cese de empleo que ahora va a ser obligatorio. ¿Alguien del oficialismo puede explicar todo esto? Sin que el gobierno se sonroje elimina las tres leyes que sancionó el Congreso, que el gobierno derogó y que el Congreso volvió a aprobar por amplia mayoría", señaló Massot minutos antes de entregar el dictamen con las tres firmas de la representación del bloque en la comisión.

El oficialismo logró, a la hora de comenzar el debate, el dictamen de mayoría con 28 firmas. Es decir, los 20 propios más el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. En estas 28 firmas hubo 6 disidencias. Respecto a la ley de Compromiso Fiscal también obtuvo el dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias.

El segundo dictamen, y el primero de minoría, fue el de Fuerza Patria con 18 firmas que se suma a otro de minoría de Unidos.

Con estos números ya tiene listos los proyectos de ley para el miércoles ir al recinto en busca de la media sanción de ambas leyes.