Este martes 28 de julio, los Obeliscos de la Costanera se iluminarán de color naranja en adhesión al Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH).

La iniciativa será acompañada por el Municipio, a través del Área de Accesibilidad e Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano, y forma parte de la campaña promovida en todo el país por la agrupación Familias Leonas TDAH.

La fecha busca visibilizar esta condición del neurodesarrollo, facilitar el acceso a información confiable y promover el acompañamiento adecuado de niños, adolescentes y personas adultas con TDAH. También procura contribuir a la eliminación de prejuicios y favorecer el respeto de sus derechos en los ámbitos educativo, laboral y social.

El TDAH puede manifestarse mediante dificultades relacionadas con la atención, la impulsividad y la hiperactividad, con diferentes niveles de impacto en la vida cotidiana. Por este motivo, la detección temprana, el acceso a abordajes adecuados y la comprensión del entorno resultan fundamentales.

La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, publicó este martes en el Boletín Oficial una Resolución que establece una actualización del 1,90% para el mes de julio en los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Este incremento se calcula sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2026 y no presenta diferencias por tipo de prestación.

Además del ajuste general, la resolución ratifica el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia.

La actualización anterior, en junio, había sido del 2,10%.

Fuente: Ahora

Un fallo hizo lugar de manera parcial a un amparo y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a reintegrar una suma por prestaciones adeudadas de fonoaudiología practicadas en marzo a un niño de 9 años. La resolución declaró abstractos los reintegros por prestaciones de psicopedagogía y fonoaudiología correspondientes a abril. El fallo sugirió capacitación en la temática discapacidad.

El juez de Garantías de Paraná. Mariano Budasoff, resolvió este lunes “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo presentada por A.E.R.L, en representación de su hijo menor de edad con discapacidad”; y conden “a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a que dentro de cinco días hábiles de notificada reintegre al afiliado $145.888,80 en carácter de reintegro adeudado por la prestación de fonoaudiología correspondiente al mes de marzo de 2026”.

El juez también declaró abstracta la cuestión en relación a los reintegros por las prestaciones de psicopedagogía y fonoaudiología del mes de abril de 2026 al mismo niño”.

Además, le impuso las costas a la OSER que deberá abonar $1.738.424,40 en concepto de honorarios profesionales, es decir más de 10 veces la cantidad de dinero que significan los reintegros que motivaron el amparo.

En la resolución, citó APF Digital, el juez advirtió: “como vengo señalando en los casos análogos, corresponde llamar a la reflexión de las autoridades y empleados de la obra social sobre la forma de trato deshumanizado que exhiben hacia afiliados con discapacidad, como en el caso que nos ocupa”.

El magistrado cuestionó que en la obra social analizan la cuestión “desde aristas meramente economicistas y generando además excesiva litigiosidad”. También señaló la desproporción de costas profesionales en que OSER “se ve inmersa en forma recurrente”, por lo cual “incurre en uso inapropiado de los aportes cautivos de los agentes de la provincia de Entre Ríos”.

“Resulta así evidente que el personal de la obra social debe ser capacitado en temática de discapacidad”, sentenció Budasoff

El juez sostuvo: “No encuentro justificación en la demora evidenciada por la obra social respecto al abono de los reintegros de las coberturas reconocidas, descartando de plano, que el procedimiento interno de auditoria, autorización y pago que caracteriza a la OSER sea una razón valedera para hacer peligrar que el niño continúe recibiendo las prestaciones de fonoaudiología y psicopedagogía”.

El juez manifestó que “en el caso se advierte, además, una modalidad de actuación que se presenta con frecuencia por parte de la OSER, consistente en aprobar los reintegros y las coberturas prestacionales únicamente a partir de la promoción de la acción de amparo por el afiliado”.

El juez fue claróisimo respecto del modus operandi de la obra social provincial: “En otras palabras, recién cuando toma conocimiento de la judicialización del conflicto imprime curso a trámites que, hasta ese momento, habían permanecido injustificadamente demorados”, alertó.

El caso

El juez intervino ante la presentación que realizó el 19 de junio el padre de un niño de 9 años para que se ordene el pago total al 100% y actualizada la deuda por el tratamiento de fonoaudiología que su hijo lleva adelante correspondiente a los meses de marzo y abril de este año, y de psicopedagogí al mes de abril.

El amparista relató que su hijo tiene “diagnóstico de trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje y retraso mental leve, por lo que, se le ha expedido en el Iprodi certificado único de discapacidad por tales diagnósticos con orientación prestacional de rehabilitación y educativa (inicial/EGB), servicio de apoyo a la integración escolar”.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida comenzará a regir desde junio y alcanza a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador vigente.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

Según establece la normativa, los aranceles recibirán un incremento del 2,10%, porcentaje calculado en función de la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante mayo.

Beneficio diferencial para las provincias patagónicas

La resolución ratificó además la continuidad de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se desarrollen en las provincias de la Patagonia.

El Gobierno justificó la medida al considerar a la región como una zona desfavorable debido a sus particularidades geográficas, las mayores distancias y los costos logísticos que enfrentan los prestadores de servicios. El objetivo es compensar esos gastos operativos y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Cómo quedan los principales valores

Con la actualización, las prestaciones de centro de día registrarán nuevos montos. Una jornada doble alcanzará los $1.058.791,92, mientras que una jornada simple llegará a $563.272,78.

Por su parte, los centros educativos terapéuticos percibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble. También fueron actualizados los valores correspondientes a servicios de estimulación temprana, rehabilitación, transporte, alimentación y otras prestaciones incluidas dentro del sistema.

La actualización se da en medio de reclamos del sectorEl anuncio se produce en un contexto de fuertes reclamos por parte de organizaciones, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad, que desde hace meses exigen la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso el año pasado.

Diversos actores del sector sostienen que los incrementos otorgados resultan insuficientes frente al aumento de los costos operativos y advierten sobre dificultades para garantizar la continuidad de los servicios.

Fuente: BAE

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

Según el comunicado de Adorni en su cuenta de X al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, a partir del próximo viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

De acuerdo a la explicación del jefe de Gabinete en su cuenta de X, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.

Además, en una primera instancia, la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo de la administración de Javier Milei es extender el despliegue progresivamente hacia el resto de las provincias y localidades del país.

El Ministerio de Salud dio detalles de la medida

La cartera sanitaria informó que el objetivo de la medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, fue desarrollada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE, mientras que su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.

-Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.-Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.-Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:-Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.-Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).-Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Fuente: NA

En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que antes lideraba Sebastián Casanello, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo.

El principal implicado en la causa, el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Ante este escenario, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.

La representación legal del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, busca demostrar que las grabaciones sufrieron alteraciones y montajes maliciosos con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones. Para ello, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok.

El consultor técnico presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales. La hipótesis de la defensa señala que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en ambientes públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas.

De hecho, los abogados aportaron un informe privado previo realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para controlar la medida, mientras que las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos.

A pesar de la centralidad mediática de las grabaciones, las autoridades judiciales aclararon que la causa no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes.

Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un embargo de 202.000 millones de pesos.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde exfuncionarios de la Andis direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores.

Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas de streaming. Sin embargo, la investigación avanza sobre los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa. Para este miércoles, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas. 

Fuente: Agencia NA 

El Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa vigente. Las compañías están obligadas a mantener el beneficio, pero sin respaldo estatal

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de este martes. El texto dispone dejar “sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional” por los boletos gratuitos.

El esquema alcanzaba a los servicios de larga distancia y contemplaba el pago parcial por parte del Estado de los boletos sin cargo que las compañías debían otorgar en cumplimiento de la ley.

Esos pasajes gratuitos están establecidos en distintas normas, que incluyen a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La Resolución, de todos modos, aclara que esos derechos no se modifican. En ese sentido, establece que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual permanece “plenamente vigente y exigible”.

De esta manera, las empresas deberán continuar otorgando los pasajes sin costo, aunque dejarán de recibir compensaciones del Estado por ese concepto.

El texto recuerda que, a partir de la publicación del Decreto 883/2024, los transportistas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.

También explica que el régimen anterior se había creado en un contexto de intervención estatal en tarifas y que tenía como objetivo “mitigar los desequilibrios económicos” derivados de los boletos gratuitos.

Según el texto, “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”. A partir de ese cambio, el Gobierno concluye que la prolongación del sistema “torna innecesaria su continuidad”.

La Resolución también establece que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá garantizar “el efectivo cumplimiento de las obligaciones” vinculadas a la emisión de pasajes gratuitos.

Además, incorpora una cláusula transitoria para asegurar que la medida no afecte situaciones anteriores, en cumplimiento del principio de “seguridad jurídica”.

Con una convocatoria que reunió a referentes educativos, culturales, políticos y turísticos de Gualeguaychú, los organizadores de “Carnaval con todos” avanzaron en la planificación de una nueva edición de la iniciativa inclusiva que busca acercar a personas con discapacidad al carnaval. La reunión contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de comparsas y directivos de distintas instituciones educativas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la magnitud que tendrá esta nueva edición. Según explicó Rodrigo Ipperi, uno de los impulsores del proyecto, a Ahora ElDía, este año “Carnaval con todos” duplicará la cantidad de participantes respecto al 2025.

“El año pasado eran 300 personas y ahora son 600. Entonces hablamos de la magnitud del evento y de la necesidad de contar con todas las áreas para la elaboración de trajes, el acompañamiento educativo y también el apoyo municipal para garantizar que todo se lleve adelante sin problemas”, expresó.

El organizador destacó además el formato participativo del encuentro, que se extendió durante una hora y media y permitió un intercambio abierto entre todos los presentes.

“La reunión fue muy rica porque no nos pusimos como mesas de escuela, sino en ronda, en círculo. Todos nos mirábamos, todos aportábamos y surgieron cosas muy interesantes”, afirmó.

 Ipperi destacó la amplitud de sectores presentes durante el encuentro y remarcó la importancia del acompañamiento institucional para el crecimiento del evento.

“Estuvieron diferentes áreas, tanto educación, política como cultural. En educación estuvo la directora departamental de escuelas, Marta Irazabal, supervisores de Educación Especial, Artes Visuales y Tecnología, tanto de nivel provincial como departamental”, explicó.

También participaron representantes legales de instituciones privadas y especiales vinculadas al proyecto, además de los establecimientos educativos que formarán parte de la edición 2026 de Carnaval Con Todos.

En el plano político, Ipperi detalló que asistieron el secretario de Gobierno, Juan Ignacio Olano, concejales de distintas fuerzas políticas, la diputada provincial Julia Calleros, el secretario de Cultura, Deporte y Juventud Luis Castillo y representantes de los Corsos Populares “Matecito”.

A su vez, el ámbito carnavalero estuvo representado por dirigentes y directores de comparsas y clubes históricos de la ciudad. “Estuvieron los presidentes de Central Entrerriano y Tiro Federal, Joaquín Villanueva, director de Kamarr, y Gregorio Farina, director de Marí Marí. Los demás no pudieron asistir, pero estaban al tanto de la reunión”, señaló.

Durante la jornada también se proyectó un video que repasó el recorrido de Carnaval Con Todos desde 2025 hasta la actualidad, con el objetivo de contextualizar a quienes aún no conocían en profundidad la propuesta.

Ipperi valoró especialmente la predisposición y el compromiso de los asistentes. “Nadie se levantó de la reunión. Educadores, políticos y representantes culturales estuvieron con escucha atenta y muy predispuestos. Ojalá sirva para todo lo que se viene”, concluyó.

El caso se inició a partir de una acción de amparo presentada por la madre de la joven, quien reclamó la cobertura total del acompañamiento áulico necesario para la continuidad de su escolaridad. Según se desprende del expediente, su hija cuenta con Certificado Único de Discapacidad y requiere ese apoyo de manera permanente para sostener su trayectoria educativa.

La jueza de la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Ana Clara Pauletti, resolvió “hacer lugar a la acción de amparo promovida por CAL contra la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER), y condenar a ésta a continuar la cobertura total e integral a continuar la cobertura total e integral de la prestación ‘Módulo maestra de apoyo para acompañamiento en el aula’, ordenado en resolución del 13 de marzo de 2026 desde la fecha de inicio de clases en el período lectivo 2026 de ASM afiliado adherente, en el Instituto Agrotécnico de Gualeguaychú, por la profesora especial Marilin Alejandra Ponce y/o la prestadora que designe la progenitora, mientras dure su diagnóstico e indicación médica (que la progenitora deberá presentar al OSER antes del inicio del año escolar) y transite su inserción escolar”. La jueza le impuso las costas del proceso a la demandada vencida.

En el fallo, la jueza consideró que “es por eso, que existiendo una vulnerabilidad ínsita en quien reclama, no solo en la niña con discapacidad sino también en la madre de ésta, empleada pública del ámbito de la salud, corresponde hacer lugar a la acción de amparo tratada…”.

En la acción de amparo que promovió una mamá en representación de su hija con una discapacidad, para que se condene a la obra social “a otorgar la cobertura total e integral (100%) de la prestación de Módulo de Maestra de Apoyo áulica que su hija… utiliza de manera permanente y necesaria en la institución educativa a la que asiste, mientras dure su diagnóstico e indicación médica, sin necesidad de interponer sucesivas acciones en cada año lectivo”.

La amparista expuso que se trata de una persona con discapacidad, que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y le correspondía el 100% de dicha Cobertura. La mujer relató que no era la primera vez que debía recurrir a la Justicia. En años anteriores ya había promovido acciones similares para obtener la misma prestación.

La obra social rechazó la cobertura del apoyo escolar en el aula, aunque sí había autorizado la modalidad extraescolar. Argumentó que no se trataba de una prestación de salud sino educativa, y cuestionó la vía del amparo al sostener que no existía una afectación actual o inminente de derechos fundamentales.

Sin embargo, el tribunal advirtió que la distinción entre salud y educación no puede utilizarse como argumento para negar prestaciones cuando estos forman parte de un abordaje terapéutico integral. Asimismo, cuestionó la conducta de la obra social por insistir en rechazar una prestación que ya había sido objeto de una condena previa, precisó Diario Judicial.

La jueza también destacó que limitar la cobertura a un solo ciclo lectivo implicaría obligar a la familia a iniciar nuevas acciones cada año, con el consiguiente desgaste emocional y judicial. Por ello dispuso extender la obligación de la obra social mientras persista la necesidad médica y la escolarización de la joven.

En el fallo se remarcó que estaban en juego derechos fundamentales como la salud, la educación, la dignidad y el desarrollo integral, todos ellos reforzados por normas constitucionales y tratados internacionales. Además, la sentencia destacó que el amparo resulta una vía idónea cuando se trata de garantizar prestaciones urgentes vinculadas a estos derechos.

También destacó que limitar la cobertura a un solo ciclo lectivo implicaría obligar a la familia a iniciar nuevas acciones cada año, con el consiguiente desgaste emocional y judicial. Por ello, el Tribunal entrerriano dispuso extender la obligación de la obra social mientras persista la necesidad médica y la escolarización de la joven.

La jueza entendió que "la vía elegida tiene soporte pues en los artículos 43 de la Constitución Nacional, 56 de la Constitución Provincial, 1º de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y art. 29 de la Ley 26.061, marco que exige reconocer adicionalmente el derecho a una rápida respuesta prestacional de la obra social en relación a una prestación que ya estaba en curso, de modo de asegurar la garantía propia al derecho a la salud que emana del ‘principio de no interrupción’, aquí no respetado”.

También sostuvo que “q propósito, ello autoriza a evitar barreras injustificadas para el acceso a la cobertura que es de esperar siga siendo necesaria por la adolescente en la medida que continúe su proceso escolar, por lo que es preciso garantizarle el acceso a futuras prestaciones abarcativas de la etapa de escolarización restante yo solo del año en curso, evitando que deba iniciarse una nueva acción de amparo de verificarse un nuevo incumplimiento de la entidad".

El fallo recalcó que la condena de futuro "implica una tutela preventiva en sentencias de futura ejecución, pues en ellas se busca que la jurisdicción obre por una prestación todavía no debida, pero que existe el peligro que no se cumpla cuando llegue el momento, oportunidad en que el acreedor cuenta con un título ejecutorio de su crédito”.

Así, la obra social deberá brindar cobertura total e integral de la maestra de apoyo áulica desde el inicio del ciclo lectivo 2026 y durante todo el tiempo que dure el diagnóstico y la indicación profesional, garantizando la continuidad del tratamiento y evitando interrupciones.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes en el inicio de la segunda tanda de indagatorias por el presunto esquema de corrupción que se montó en el organismo durante su gestión.

El exfuncionario y exabogado del presidente Javier Milei se presentó minutos antes de las 9 ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del Juzgado Federal N° 11.

A la salida, una hora más tarde, intentó sin éxito evitar a la prensa. Aunque guardó silencio ante las preguntas, se limitó a decir que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.

A continuación está citado a declarar Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud que el Programa Incluir Salud, y que en los hechos era el “número dos” de la ANDIS. Tanto él como Spagnuolo están procesados en este expediente, decisión que se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo ordenó la ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Estos últimos tres son empresarios que tenían injerencia en la ANDIS.

Calvete -el lobista principal, hoy preso en la cárcel de Ezeiza- y Arnaudo están citados a declarar el miércoles. En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados.

La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Según los fiscales, la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias.

Para tomar como ejemplo, en el rubro de medicamentos se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” al que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA.

Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente. Esto llevó a la obtención de 21 licitaciones “acotadas” por un total de $30.337.220.919,77, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024, sumando un total de $9.514.743.020, según consta en la causa.

La maniobra descripta por la acusación se completó con coimas a funcionarios de ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares y la garantía de agilidad y prioridad en los cobros.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y alcanza tanto a exfuncionarios como a empresarios vinculados al expediente.

Entre los citados aparece el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en la causa.

Las indagatorias serán entre abril y mayo

Según se informó, las declaraciones indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye también la ampliación de las declaraciones de cinco personas ya procesadas, entre ellas el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

En la resolución, el juez Ariel Lijo sostuvo que la organización investigada “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.

También inhibieron bienes de personas y empresas

Además de las indagatorias, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes para personas y empresas involucradas. La medida busca evitar el desprendimiento de activos que podrían haber sido producto o instrumento de los posibles delitos y que, eventualmente, podrían ser recuperados por el Estado.

La causa investiga maniobras que habrían implicado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos.

Fuente: Ahora

A través de la ONG TGD Padres TEA Gualeguaychú, que nuclea a familias de personas con autismo de diversas zonas de la ciudad y de distintos estratos sociales, Ahora ElDía accedió a datos reveladores acerca de las situaciones que atraviesan en la actualidad. De una encuesta que realizaron, se desprende que en la gran mayoría de los casos quienes padecen una discapacidad son niños y que, en algunos casos, hay dos hijos con discapacidad dentro de la misma familia. Además, lo preocupante es que a la mayoría de los consultados nunca le otorgaron la pensión por discapacidad o directamente no la tramitaron producto de los filtros para poder cobrarla.

Carina Leonardi, referente de la ONG, detalló en profundidad la situación actual a raíz de los testimonios recogidos de varios padres de la organización: “El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad atraviesa una situación crítica debido al desfasaje sostenido entre los valores del nomenclador y el aumento general de costos (inflación)”.

En este aspecto, recordó: “Entre enero y septiembre, no hubo aumentos (nueve meses consecutivos), lapso en que los precios subieron de manera constante. En tanto, de octubre a diciembre se obtuvieron aumentos parciales, con un total anual aproximado del 30%, pero al haber estado congelado durante tanto tiempo, el incremento no fue significativo, más bien pareció un chiste: fue tardío, insuficiente y concentrado en el último trimestre”.

Y este año lejos de recomponerse la situación, según Lonardi, sigue empeorando: “En lo que va del 2026, en enero no hubo aumento, mientras que en febrero, marzo y abril sí los hubo, pero fueron bajos, lo que da como resultado un total acumulado del 12%. Ahora, las actualizaciones son más frecuentes, pero insuficientes frente a la inflación, ya que es mínimo lo que aumenta. El atraso continúa, se profundiza y repercute con un gran impacto en el sistema, ya que el desfasaje genera consecuencias directas: dificultad para sostener servicios y equipos profesionales, reducción o interrupción de tratamientos, pérdida de prestadores, sobrecarga de las familias, deterioro en la calidad de atención y falta de medicamentos. Las personas con discapacidad no pueden desaparecer del mapa”. Y agregó: “Los prestadores que estaban sosteniendo el sistema, es decir esperando 60, 90 y hasta 120 días o más para cobrar su trabajo, ahora no pueden hacerlo sumado que a las familias no les alcanza el dinero para pagar las terapias. Además, muchos están perdiendo sus empleos. Esto afecta directamente la inclusión educativa y social, como así también la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Otro inconveniente que marcó Leonardi involucra a las obras sociales: “Los prestadores que esperan el pago de la obra social más de una vez se encuentran con que deben guardar la documentación de un mes a otro porque el nomenclador subió menos de 1.000 pesos la hora, por ejemplo. Pero como el importe es mayor al del mes anterior, la obra social no recibe la documentación, respondiendo que el importe es mayor al autorizado y modifican los valores después del 10, que es hasta cuándo se puede cargar la información. El sistema presenta un atraso estructural que compromete su funcionamiento. Hay centros que ya no pueden sostenerse. La política de actualización arancelaria no logra acompañar la inflación y necesitamos que garanticen la sostenibilidad del sistema y que aseguren el acceso efectivo a las prestaciones. Hoy en día, hay familias que aún están esperando que les autoricen los planes de prestaciones presentados en febrero, lo que implica que no cuentan con los apoyos solicitados, ya sean tratamientos o acompañamientos escolares, porque hasta que no tienen la autorización no pueden acceder, aunque la obra social dispone de un tiempo de cinco días hábiles para responder, si la familia no presenta una intimación o recurso de amparo en muchos de los casos la falta de respuesta es indefinida. También hay quienes han dejado de contar con obra social por haberse quedado sin trabajo. En nuestro grupo pedimos que existan estadísticas claras, reales, pero los números no aparecen, siempre son aproximaciones y según la conveniencia del Gobierno, así que decidimos hacer una consulta para saber quiénes cuentan con pensión, porque parece que la mayoría o todas las personas con discapacidad tienen este beneficio y la realidad no es así. Nuestro trabajo nos da que la mitad de las familias no ha iniciado el trámite para adquirir la pensión, un 23% lo hizo hace 3 años o más pero no ha tenido respuesta. Y un porcentaje muy bajo ha recibido pensiones estos últimos años”.

Finalmente, sobre las modificaciones que presentó el Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad que no está cumpliendo, Leonardi cuestionó: “Uno de los grandes desequilibrios que persigue el nuevo proyecto es erradicar el nomenclador nacional, con lo que cada provincia y cada obra social podría poner su valor a las prestaciones y obviamente que siempre es a menos, no se reconoce el valor de los servicios de prestaciones básicas. Toda vida es valiosa fue el lema para el 2 de abril por la OMS y más aún si esta vida necesita apoyos. La discapacidad no está para ser vulnerada e ignorada, sino para humanizar a las personas y a la sociedad”.

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. "Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.

Del operativo participaban efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Adelanto…

Tras una jornada de protesta el pasado viernes 13, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunció la profundización de las medidas de fuerza con un paro total de actividades para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

La medida afectará la atención en centros de día, escuelas especiales, servicios de rehabilitación y transporte adaptado. El principal reclamo se centra en la "asfixia económica" que atraviesan las instituciones debido a las deudas acumuladas por el Gobierno Nacional, particularmente a través de los programas PAMI e Incluir Salud, que presentan atrasos de varios meses en la liquidación de facturaciones.

Instituciones al borde del cierre

El malestar no solo es institucional, sino que se traslada a los trabajadores que sostienen el sistema día a día. Según testimonios de profesionales del sector en la provincia, la situación es insostenible. "Algunos prestadores estamos en cese de actividades porque varios centros terapéuticos del país están cerrando debido a que no pueden sostenerse económicamente", explicó una trabajadora del área prestacional en Entre Ríos.

Esta falta de previsibilidad financiera impide el pago de salarios en término y el mantenimiento de la infraestructura básica. Desde el Foro señalaron que, hasta la fecha, el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Lugones, no ha brindado respuestas concretas ni un cronograma de pagos que alivie la incertidumbre de miles de familias y profesionales.

Un derecho vulnerado

El comunicado de las organizaciones advierte que el incumplimiento del Estado impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes ven interrumpidos sus tratamientos y apoyos fundamentales.

Sin una actualización arancelaria acorde a la inflación y sin la regularización de las deudas pendientes, el sector advierte que el cese de actividades podría extenderse, dejando a miles de usuarios sin la asistencia técnica y humana que requieren para su vida cotidiana. 

Fuente: APFDigital

Desde la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú creemos que no podemos dejar pasar esta fecha, ya que, en Argentina, hablar de Asperger no puede ser solo una efeméride.  No es un día más. 

Cómo presidente de la Asociación sostengo que tiene que ser una denuncia. Las personas con síndrome de Asperger —dentro del espectro autista— siguen siendo vulneradas por el Estado con: diagnósticos tardíos o inaccesibles. Muy lejos de lo que versa la ley integral de autismo; escuelas que excluyen y expulsan, porque reciben, pero no incluyen, no abrazan; obras sociales y prepagas que incumplen sin ninguna exigencia o penalización por parte del estado (ministerio de salud); apoyos que no llegan (acompañantes terapéuticos, maestros/as de apoyo a la inclusión; terapeutas, materiales: textos adaptados, consignas facilitadas, exámenes flexibilizados para que los alumnos puedan mostrar lo que saben en realidad. Que no siempre es dar características sueltas de los conceptos aprendidos; familias agotadas sosteniendo lo que debería garantizarse como derecho. 

Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio: No es una enfermedad, pero  el sistema falla. Porque pretende que las personas dejen de ser como son, sin tener en cuenta sus necesidades, intereses, estilos de aprendizaje o maneras de hacer, obligándolas a fracasar una y mil veces. La discapacidad no está en la persona:  Está en la falta de accesibilidad, en el ajuste, y en la ausencia de políticas públicas reales. La inclusión no se declama en discursos oficiales ni en fechas simbólicas, se garantiza con presupuesto, seguimiento y con cumplimiento efectivo de la ley. 

No queremos discursos vacíos. Leyes olvidadas, textos enteros en letra muerta.  No queremos romantización. Idealización al estilo Disney.  No queremos más familias solas. Queremos educación inclusiva real. Queremos salud accesible. Queremos trabajo digno. Y espacios laborales respetuosos donde haya compañeros y superiores que acompañen y sean puentes hacia el crecimiento personal y no barreras para el desarrollo integral de cada persona. Queremos que se respeten los derechos ya conquistados. Los derechos no se recortan, se cumplen. 

Junto a su padre y otros 17 acusados, Ornella Calvete fue procesada este lunes en la causa ANDIS como partícipe necesaria de la corrupción que habría existido en el organismo desde diciembre de 2023. Aunque no quedará detenida, la hija del operador Miguel Ángel Calvete y ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio no podrá recuperar de momento los 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros que la Policía Federal Argentina secuestró en su departamento.

En la mañana del último 9 de octubre, el juez federal Sebastián Casanello había ordenado una ola de allanamientos a pedido del fiscal Franco Picardi. Uno de ellos fue en un piso 34 de una lujosa torre de Puerto Madero, donde vivía la entonces funcionaria del Ministerio de Economía. Renunció pocos días después.

Los sabuesos de la PFA revisaron todo: muebles, cajones, cada rincón de la casa. Oculto entre cajas de relojes TAG Heuer, habanos Partagas y perchas con ropa, apareció el efectivo. Una millonada de la que Calvete hija, según afirmó ante Justicia, “nunca tuvo su disposición ni administración”.

Según las pruebas recolectadas en el expediente, Ornella Calvete funcionó como una pieza operativa clave para la expansión y el resguardo de los intereses económicos del grupo. Su pareja, Javier Cardini, era el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio que conduce Luis “Toto” Caputo, y también tuvo que renunciar tras el escándalo. No obstante, no está involucrado directamente en la causa penal.

Así encontraron los dólares, euros y pesos que tenía Ornella Calvete

Para el fiscal Picardi, que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, la funcionaria de Economía utilizaba su posición en el Estado para obtener información privilegiada. Desde su cargo como directora de Desarrollo Regional y Sectorial, realizó averiguaciones sobre la estructura interna de la ANDIS incluso antes de que se consolidara la maniobra delictiva.

Entre enero de 2024 y septiembre del mismo año, cabe recordar, había ostentado el cargo de directora de Análisis de Cadenas de Valor. Pero su injerencia ya se veía desde algún tiempo atrás.

Antes de ser designada oficialmente y tras la asunción del presidente Javier Milei, Ornella Calvete averiguó, a pedido de su padre, quiénes manejaban distintas áreas de la ANDIS, particularmente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y del programa Incluir Salud.

“¿Qué hacés Pa?”, contestó Ornella, “estaba medio picante porque entre Pazo y Posse se estaban disputando a ver a quién ponían”. Nicolás Posse fue el primer jefe de Gabinete de Ministros de Milei; mientras que el segundo nombre respondería a Juan Pazo, quien por entonces era funcionario del Ministerio de Economía y luego se hizo cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Renunció en diciembre pasado y dejó el Gobierno.

La PFA requisó el domicilio de Calvete en la calle México

Luego, ya en el cargo, Ornella Calvete habría aprovechado su acceso a bases de datos secretas para proveer listados de empresas importadoras y potenciales clientes para los “negocios” de su padre.

Específicamente, el fiscal Picardi contrastó una maniobra de este estilo con información sobre importaciones de urea, un fertilizante químico.

El 12 de mayo de 2025, Calvete padre le pidió por WhatsApp “el listado de las empresas compradoras en argentina (potenciales clientes)”. En respuesta, Ornella le envió un archivo adjunto con información detallada extraída de registros oficiales.

Esta información, creen los investigadores, no estaba relacionada con los medicamentos de la ANDIS, sino con otras líneas de negocio de Miguel Ángel Calvete. La información privilegiada le habría servido para que las empresas de Calvete pudieran identificar cómo hacer lobby en el mercado de agroquímicos y fertilizantes.

La justicia determinó que existía una “mancomunión” entre padre e hija para gestionar ganancias a partir de diversas actividades, no solo la salud.

En el "Círculo Tuco", donde Calvete llevaba un listado de sus contextos y conexiones, el empresario incluyó a su hija Ornella

Además de este caso puntual, Ornella ya había demostrado esta conducta apenas asumió su cargo. En diciembre de 2023, según se desprendió del análisis de su teléfono, le envió a un asesor del Senado -la Justicia mantuvo en resguardo de qué legislador- una presentación comercial de Droguería Profarma, una de las mayores beneficiadas por la corrupción en ANDIS y, supuestamente, empresa de la que Calvete es dueño en las sombras.

La propuesta ofrecía prótesis al PAMI, garantizando la confiabilidad de la empresa porque “es de mi viejo”. Otras conversaciones revelaron que también le pidió a la secretaria de su padre, Patricia Canavesio, un listado de “todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud” porque había conseguido un “interesado grande” en el Estado.

Las comunicaciones analizadas, entendió el juez Casanello, representan prueba suficiente para sostener que la imputada tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones.

En otro chat recuperado por los peritos informáticos de la DATIP, Ornella discutió con su padre la necesidad de utilizar “nombres de fantasía” para las empresas, argumentando explícitamente que no podían revelar que ellos eran los verdaderos dueños detrás del negocio.

Ya con el escándalo en todos los medios, en septiembre de 2025, la funcionaria de Economía alertó a Miguel Ángel Calvete que había “15 policías” en la planta baja de su edificio. “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, escribió Ornella, en referencia a Diego Spagnuolo.

“Hacete la gila”, contestó Calvete. Ninguno sabía si la PFA los estaba yendo a buscar.

Ante el temor de que la allanen, fue entonces que le preguntó a su padre si había forma de justificar la millonada que tenía escondida: “Indecomm -empresa de Calvete- tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mossssca. O digo que me lo prestó alguien olvidate”.

La investigación del fiscal Picardi también detectó que Ornella Calvete habría facilitado la inserción de otros miembros de la banda en contratos estatales. Se sospecha que tuvo injerencia en la contratación de Patricia Canavesio y Ruth Lozano, colaboradoras directas de su padre y presuntas testaferros, quienes entre febrero y octubre de 2025 facturaron unos 45 millones de pesos al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.

Imágenes del allanamiento al domicilio de Ornella Calvete

Estas maniobras habrían permitido al grupo diversificar sus fuentes de ingresos a costa del erario público -sostuvo la acusación- utilizando la influencia de la funcionaria para asegurar pagos y designaciones.

En un descargo escrito, presentado en diciembre, Ornella Calvete negó haber “integrado sociedades, gestionado contrataciones públicas o privadas, o mantenido vínculos comerciales con personas o empresas mencionadas en la causa”, y que los chats hallados por la Justicia “fueron erróneamente interpretados” y “no guardan relación alguna con maniobras delictivas ni con el esquema investigado”.

Como consecuencia de su presunta participación activa en la estructura criminal, el juez Casanello dictó su procesamiento sin prisión preventiva y ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 94.288.025.418 pesos.

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

La decisión alcanzó a otros 18 acusados y además se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.

La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”

La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, agregó el juez.

En un 2025 con muchas idas y vueltas se sancionó en el Congreso la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley N° 27.793), orientada a garantizar derechos y financiamiento al sector. El Ejecutivo inicialmente vetó (frenó) su aplicación, pero fue obligado por un fallo judicial a reglamentarla días pasados y ponerla en marcha. 

Después de muchos reclamos, se reglamenta mediante un decreto, de manera muy holgada, ya que si bien prevé un aumento “salvavidas” para las prestaciones, habla de cambios y de fortalecimiento en los organismos de apoyo, quedando muchos grises, dado que hay varios artículos que no están reglamentados aún, este decreto no es claro en cuanto a fechas, y en qué proporción se va a dar la actualización de los valores de las prestaciones y servicios que se brindan a las personas con discapacidad, a días de iniciar las clases, por ejemplo. Con respecto a las pensiones, y a pesar de lo que se cree todas las personas con discapacidad cuentan con una, esto no es una cuestión “sine qua non”, es un beneficio que se alcanza después de trámites muy largos y al que la gran mayoría de personas con discapacidad no acceden. Hace años que familias de nuestra Asociación están a la espera de una respuesta y no se les ha otorgado tal beneficio, tornándose un desafío más. Por supuesto estamos de acuerdo con auditorías transparentes y respetuosas, no masivas. Creemos y sostenemos que este beneficio debe ser otorgado a quien realmente lo necesite.

La reglamentación actual (Decreto 84/2026) establece lineamientos para la implementación del régimen de pensiones y prestaciones, criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas, articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y mecanismos de control. Pero desconocemos cómo se llevará adelante su implementación. La ley se inspira en el modelo social de discapacidad, que reconoce a las personas como sujetos plenos de derechos, no como objetos de asistencia. Se orienta a garantizar derechos como empleo, salud, educación, accesibilidad y participación social sin discriminación. 

Abordar a la discapacidad de manera integral es sumamente necesario, y es una decisión política. La Ley Establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, calculada en función de porcentajes del haber mínimo y compatible con empleo formal bajo ciertos límites de ingresos. Esta Ley también busca regularizar deudas acumuladas con prestadores y suspender recortes que afectaron servicios esenciales. La reglamentación remarca la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y otras instancias de diálogo con la sociedad civil. Esto nos hace ruido porque sabemos que el diálogo con los gobiernos, este y cualquiera de turno, pero con este gobierno en particular siempre es muy difícil hablar de discapacidad y derechos, servicios y prestaciones. La ley entró en vigencia inmediatamente, luego de ser reglamentada esta semana, pero todavía desconocemos los alcances reales. El período de Emergencia Nacional en Discapacidad fue declarado hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Estamos a muy poco de iniciar las clases y todavía hay familias con planes terapéuticos sin aprobar, otras que sus profesionales han decidido cortar la prestación porque no cobran aun los meses de septiembre en adelante. Los transportistas también están en vilo, dado que los gastos para brindar los servicios de traslado son cada vez más costosos y las obras sociales no hacen efectivos los pagos como debieran. También hay muchas instituciones a punto de cerrar sus puertas. “Habemus reglamentación”, pero no contamos aún con respuestas prácticas. Esperamos se agilicen los trámites y se brinden los apoyos económicos que son necesarios para habilitar los servicios.

No hay planes de apoyo y formación docente, por lo que contamos con escuelas abiertas y dispuestas a recibir la diversidad en sus aulas y otras que, sosteniendo un discurso inclusivo, expulsan en el día a día en el aula, imponiendo barreras al aprendizaje y la participación de manera permanente ya sea por desconocimiento o bien por desinterés. Que esta ley no caiga en letra muerta como tantas otras, es fundamental. Por lo que permanecemos alerta.

La discapacidad no debe ser tratada como un gasto a ajustar. Creemos que la inclusión se garantiza con hechos. Con apoyos reales y sostenidos que contemplan a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores que no deben ser castigados por elegir trabajar con personas con discapacidad, sino respetados y reconocidos por la labor que brindan. El Estado Nacional no puede, ni debe mirar para otro lado. Seguiremos bregando para que la reglamentación se cumpla de manera efectiva.  

El Gobierno nacional aprobó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida se conoce luego de una sentencia judicial que ordenó al Estado avanzar con la aplicación de la norma, aprobada por el Congreso en julio del año pasado y cuya entrada en vigencia había quedado supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

La norma, sancionada como Ley 27.793, declara la emergencia en materia de discapacidad y establece un nuevo marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Si bien el Congreso la aprobó, el Poder Ejecutivo había dispuesto mediante un decreto que su aplicación quedara condicionada a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Esa decisión derivó en una presentación judicial. En diciembre pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró la invalidez del artículo del decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su "inmediata puesta en marcha". En su fallo, sostuvo que el condicionamiento presupuestario resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para las personas con discapacidad.

El Gobierno nacional apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín, pero el magistrado habilitó la feria judicial de enero para supervisar el cumplimiento del fallo. En ese marco, intimó al Ministerio de Salud a informar qué medidas había adoptado para avanzar con la implementación de la norma.

A comienzos de enero, la cartera que conduce Mario Lugones comunicó a la Justicia que había iniciado una serie de pasos administrativos y comunicaciones internas para poner en marcha la ley, aunque aclaró que su aplicación no podía ser inmediata y no precisó fechas concretas. Con la reglamentación ahora publicada, el Ejecutivo formalizó ese proceso, informó Clarín.

La reglamentación aprobada ahora define cómo se aplicarán los puntos centrales de la ley, que hasta el momento carecía de reglas operativas. Entre los cambios más relevantes figuran la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, la conversión automática de beneficios ya otorgados y la implementación de auditorías periódicas para controlar el sistema.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo aclaró que dicta la reglamentación "sin reconocer hechos ni derechos" ni consentir los fundamentos de la sentencia judicial, pero con el objetivo de dotar de precisión operativa y administrativa a la norma, ordenar los criterios de implementación y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las políticas públicas.

Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El decreto define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades, procedimientos administrativos y sistemas de auditoría, y establece que el régimen deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y las reglas de compatibilidad de ingresos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales.

Además, se dispuso que las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de las prestaciones alcanzadas.

La reglamentación también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica. Asimismo, establece un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como prevé la ley.

El decreto ratifica además los mecanismos institucionales de consulta y participación, a través del Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor, el Consejo de Articulación de Programas y el Observatorio de la Discapacidad, con esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La norma lleva la firma del presidente, Javier Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Federico Sturzenegger.