trastorno del lenguaje semántico-pragmático que le genera dificultades en la comunicación y en la interacción social. Esta condición es característica de las personas que forman parte del Trastorno del Espectro Autista y del denominado Síndrome de Asperger.

A lo largo de su vida he comprendido que muchas de las dificultades que enfrenta no provienen solamente de su condición, sino del encuentro de esa condición con un mundo que muchas veces no la comprende.

Esto se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, especialmente en la convivencia, en el día a día, dónde transformarse para encajar parece ser la receta que nunca se termina de completar.

En lo social, aquello que para muchos de nosotros ‒los que nos llamamos “normales-neurotípicos”‒ resulta natural, puede requerir para él un enorme esfuerzo. Comprender una conversación, interpretar una intención, advertir una ironía, reconocer un doble sentido, entender aquello que no se dice expresamente, pero que los demás damos por sobreentendido, saber cuándo hablar, cómo responder o qué quiso verdaderamente decir otra persona son habilidades que utilizamos casi automáticamente.

Para él, muchas veces, ese mismo intercambio representa un complejo ejercicio de interpretación que requiere un enorme esfuerzo mental y emocional, incluso dejándolo exhausto por la energía que demanda. Por eso, frente a expresiones que para mí pueden parecer evidentes, Mariano suele detenerse y preguntar: “Papá, ¿a qué te referís con eso?”

Esa pregunta, a lo largo de los años, me hizo comprender algo. Durante mucho tiempo hemos pretendido que sean las personas con condiciones “diferentes” –del espectro autista- quienes comprendan y se adapten a nuestras maneras de comunicarnos y relacionarnos. Pero pocas veces nos preguntamos cuánto estamos dispuestos nosotros a aprender sobre la manera en que ellas comprenden el mundo.

Pero la experiencia de mi hijo también me llevó a mirar más allá de él y de su condición. ¿Cuántas veces tenemos frente a nuestros ojos personas en “desventaja” por condiciones diferentes para desenvolverse en la vida y ni siquiera lo advertimos?

Las diferencias no se limitan a una discapacidad. Hay personas que parten con menores posibilidades económicas, educativas o sociales; otras provienen de contextos culturales diferentes; otras enfrentan limitaciones físicas o simplemente no tuvieron las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades.

No todos llegamos a cada situación desde el mismo lugar, ni con los mismos recursos. Sin embargo, demasiadas veces observamos y juzgamos al otro como si todos hubiéramos tenido un mismo punto de partida.

La empatía no consiste solamente en reconocer que el otro es diferente. También supone intentar comprender esa diferencia y preguntarnos qué podemos hacer nosotros frente a ella.

Hablamos mucho de inclusión. Pero incluir no significa solamente abrir una puerta y permitir que alguien entre. También significa preguntarnos qué sucede con esa persona una vez que está adentro.

El verdadero desafío será dejar de preguntarnos qué debe hacer el otro para adaptarse a nosotros y comenzar a preguntarnos qué debemos hacer nosotros para acercarnos a su realidad.

Hoy, cuando Mariano me pregunta: “Papá, ¿a qué te referís con eso?”, trato de comprender que, no siempre es el otro quien tiene que cambiar, sino que también nos toca cambiar a nosotros, creando entornos amigables, construyendo puentes y corriendo barreras.

La Libertad Alianza junto a sus aliados logró revertir una compleja situación en el debate de los fondos para el colectivo de personas con discapacidad.

En el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto que la oposición forzó a realizar con la intención de obtener un dictamen que le permita prorrogar por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad, el bloque de LLA anunció su proyecto el cual toma varios de los puntos de la ley de Emergencia y se contrapone al Capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional que, básicamente, desfinancia y elimina buena parte de los derechos del sector.

El proyecto fue presentado por la ex diputada del PRO hoy de LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló que el texto era “superador” y que respetaba buena parte de lo que estaba establecido en la ley de emergencia. “No venimos a demonizar la emergencia sino a establecer una ley”.

El texto circuló en los minutos previos y generó el primer debate entre los diputados ya que unos entendían que el mismo no podía ser tratado porque no había sido ingresado.

Sin embargo, el oficialismo -que aunque se mostró triunfador el proyecto le significó una derrota respecto de su posicionamiento los últimos 12 meses- logró contener a los socios y obtuvo 41 firmas con el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan); y el MID, La Neuquinidad y Argentina Federal, que sumaron sus firmas pero con disidencias, básicamente, porque persiste en estos bloques las dudas respecto al cumplimiento del financiamiento.

Por el lado de la oposición las firmas las pusieron Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda.

Jaime Olivos

Al final, el oficialismo sumó 42 firmas y la oposición 36, lo que significa que cuando el tema llegue al recinto será el proyecto de LLA el que se tratará en primer término y, si no consigue los votos, cederá el debate a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras se iban recogiendo firmas, la oposición fue encadenando discursos de los opositores que empujan la prórroga. La primera fue María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, quien no solo hizo referencia con cierto sarcasmo que celebraba el cambio de opinión del oficialismo pero que desconfiaba del mismo. “El proyecto que plantea el oficialismo no fue tratado en esta comisión. No tiene el análisis de los diputados ni de las organizaciones y colectivos”, dijo la jujeña que después señaló que “primero tenemos que dar la discusión presupuestaria porque no fue sacado el Capítulo 6”.

En esa línea, el diputado Eduardo Valdez, quien dijo que “nos hubiera gustado resolver antes la situación del colectivo de personas con discapacidad. No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia. Sinceramente es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad, hasta sería un gran ejemplo antes que llegue el Papa. Pero retiren el presupuesto del parlamento, pongan las partidas de discapacidad con la firma de Caputo, y les vamos a creer”.

Germán Martínez, presidente del bloque peronista, señaló que si el oficialismo quería trabajar a favor de los discapacitados “el artículo 1 del proyecto debería decir que sigue la Emergencia y después todo lo demás. Con este dictamen del oficialismo no habrá ni un solo juez del país que tome una decisión sobre la Emergencia”.

Por la Coalición Cívica fue Maximiliano Ferraro quien le apuntó al oficialismo diciendo que “no nos tomen el pelo. El Gobierno y sus diputados dieron una verdadera vuelta carnero en el aire después de haber enviado un Presupuesto que buscaba destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos de las personas con discapacidad, y luego de que tuviéramos que obligarlos a emplazar a las comisiones para que el tema pudiera avanzar”.

“Durante un año incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores”. “Hoy pretenden lavarse la cara y saldar culpas con el dictamen que impulsan. Pero no puede pasar inadvertida la intención que tuvieron, los 15 procesados en la ANDIS por corrupción, ni el abandono y los incumplimientos hacia las personas con discapacidad y sus familias”, agregó.

Pero el que quizás graficó mejor el cambio de posicionamiento de LLA respecto a Discapacidad fue el diputado de origen radical Pablo Juliano quien hizo un punteo de la “copia” de la ley de Emergencia en Discapacidad que la oposición propone prorrogar por un año, pero evitando que la instancia jurídica de la emergencia continúe vigente un año más.

“¿A quién le tenemos que creer? Al presupuesto que mandó Caputo o a Silvana Giúdici que dice que se necesita una política pública y sustentable, total acá (la diputada libertaria) dice una palabra y luego mañana dice otra. Piden seguridad jurídica, pero es la que nosotros decimos que piden los familiares"

El dictamen

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

A diferencia de la propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.

Fuente: Infobae

Casi 24 horas después de que se conociera la renucia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad en medio del conflicto interno por los ajustes en la materia previstos en el Prespuesto 2027. Se trata de un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo recomendó para el cargo.

Di Liscia es contador púbico y fue titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2019. Previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, argumentaron desde el oficialismo para justificar su nombramiento.

Desde la cartera que conduce Mario Lugones aseguraron que la secretaría tendrá como prioridad “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

Asimismo, Di Liscia continuará al frente del proceso de auditoría de pensiones por invalidez laboral iniciada con el objetivo de detectar irregularidades luego de que se detectaran problemas estructurales en lo que supo ser la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fuentes de Balcarce 50 revelaron que Luis Caputo acercó el nombre debido su perfil técnico y experiencia en IOMA para que trabaje en los números del área. “Es un tipo de orden y reforma administrativa”, sostuvieron ante Infobae.

Fuente: Infobae

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios.

El abogado y exfuncionario quedó procesado y más cerca de ser enviado a juicio oral como presunto jefe de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Tribunal de Apelaciones con los votos de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificó también los procesamientos de otros 18 acusados y dio por probada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Además consideró probado que hubo “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” en la compra de medicamentos de alto costo para sectores vulnerables con “pago de sobornos a funcionarios” entre ellos el propio Spagnuolo. Esa fue la base de la acusación del fiscal que lleva el caso, Franco Picardi.

Spagnuolo fue designado en ANDIS en diciembre de 2023 por decreto del presidente Javier Milei y renunció en agosto de 2025, jaqueado por el escándalo de la difusión periodística de audios donde hablaba de un supuesto esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia que llegarían a altos funcionarios del Gobierno nacional.

Al respecto, los camaristas rechazaron nuevos planteos de nulidad de la causa en base a la presunta ilegalidad de esos audios que dieron origen a la investigación porque, remarcaron, se ordenó y está en marcha ya una pericia al respecto.

Los procesamientos fueron resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello en febrero pasado ya que la causa tramita en el juzgado federal 11 que está vacante y ahora es subrogado por Ariel Lijo, quien quedó a cargo de la investigación.

Entre los 19 acusados está también la ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, a quien se secuestraron casi USD 700.000 en su departamento. Según su declaración, los fajos de billetes encontrados en un allanamiento eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete, otro de los procesados.

La causa investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia judicial se produjo tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un supuesto esquema de pago de “retornos” dentro del organismo.

Alejandro Alberto Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. En una nota dirigida al titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, el funcionario comunicó que dejaba el cargo “a partir de este momento” y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, señaló Vilches en la nota enviada a Lugones. El funcionario agregó que la decisión responde a “razones estrictamente personales” y agradeció a las autoridades por su designación.

La renuncia se conoce en medio de la tensión generada dentro del oficialismo y con los bloques aliados por los cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y mientras el Congreso debate una prórroga a la emergencia.

Vilches había sido designado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad a partir del 23 de enero de 2026, mediante el Decreto 83/2026. Previamente había ocupado distintos cargos dentro del Ministerio de Salud.

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente en materia de discapacidad. Entre otros puntos, el texto establece cambios en las condiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad, modifica el esquema de prestaciones y plantea cambios en los mecanismos de actualización y financiamiento.

La inclusión de estos artículos generó diferencias incluso dentro del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que desconocía las modificaciones incorporadas al proyecto y cuestionó que no hubieran sido discutidas previamente en la mesa política.

“Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo Bullrich. La senadora también advirtió que este tipo de decisiones “resienten” el vínculo con los aliados parlamentarios, en un contexto en el que el Gobierno deberá negociar el Presupuesto con distintos bloques del Congreso.

Carina Leonardi, presidenta de la Asociación Civil sin fines de lucro TGD Padres TEA, difundió una carta abierta en la que expresó su preocupación por la situación del sector y por los cambios que, según señaló, contempla el proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en el Congreso.

“Escribimos esta carta con la urgencia de quien ve, día a día, que los derechos conquistados se convierten en letra muerta”, planteó Leonardi al comienzo del documento.

La referente sostuvo que la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa sin cumplirse de manera efectiva. “La Ley de Emergencia en Discapacidad existe. Es ley. Y, sin embargo, se la sigue atropellando en los hechos: no se aplica, no se respeta, no se financia como corresponde”, afirmó.

En su carta, Leonardi también cuestionó lo que describió como modificaciones previstas en el Presupuesto 2027. Uno de los puntos que señaló es la eliminación del arancel único para las prestaciones de discapacidad.

“Ya lo vivimos antes, cuando cada obra social fijaba su propio valor: Iosper, Iosfa, Osecac, cada una con su tarifa, cada una generando una desigualdad que terminaba pagando la persona con discapacidad y su familia, con menos oferta, peor calidad, más distancia”, sostuvo.

Para Leonardi, la posibilidad de regresar a ese esquema “no es un ajuste técnico: es un retroceso que ya sabemos, por experiencia, a dónde conduce”.

La situación de las pensiones

Otro de los aspectos que cuestionó es la reorganización de las pensiones. Según planteó en la carta, dentro de ese esquema “desaparece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social”, que, afirmó, alcanza a niñas, niños y adolescentes.

“Se las reemplaza por una pensión con requisitos más restrictivos, pensada para quienes están en edad laboral. ¿Qué pasa, entonces, con la infancia con discapacidad? ¿Dónde queda su derecho a un apoyo que hoy, aunque limitado, existe?”, preguntó.

Leonardi también remarcó que la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social no se otorga automáticamente, sino que requiere cumplir determinados requisitos.

“Que es un trámite lento y que implica responder a características de vulnerabilidad específicas, no la recibe todo el mundo sino quien responde a los requisitos solicitados”, explicó.

Y agregó: “Estos no son números en una planilla. No es una peli de ciencia ficción que mirás en una pantalla. Son personas. Son historias concretas. La mamá que hace malabares para sostener terapias, el chico que necesita un acompañante para poder aprender junto a sus compañeros, la mujer que después de años de lucha había logrado una pensión y hoy no sabe si la va a conservar”.

A partir de estos planteos, Leonardi resumió el reclamo de la organización bajo una consigna: “Por eso decimos: discapacidad en alerta”.

En la carta, pidió a los legisladores que escuchen a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan en el sector antes de tomar decisiones.

“Antes de votar, escuchen. Que reciba a las organizaciones de personas con discapacidad, a las familias, a quienes trabajamos todos los días acompañando estos procesos”, expresó.

Leonardi sostuvo además que, a su entender, los cambios planteados entran en tensión con el principio de no regresividad y con los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Que recuerden que estos cambios entran en tensión directa con el principio de no regresividad y con los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Argentina es parte”, señaló.

Otro de los cuestionamientos de la carta está relacionado con la distribución de los recursos presupuestarios. Leonardi afirmó que un incremento del gasto total no necesariamente implica una mejora para todos los sectores.

“Un presupuesto que aumenta el gasto total, pero recorta en discapacidad, en la movilidad de la AUH y en universidades no es un presupuesto neutral: es una decisión política sobre a quién se protege y a quién se abandona”, planteó.

Finalmente, Leonardi sostuvo que el reclamo no busca un tratamiento diferencial, sino el cumplimiento de derechos que ya fueron reconocidos.

“No pedimos privilegios. Pedimos que se cumpla lo que ya es ley. Pedimos que la discapacidad deje de ser la variable de ajuste de cada gobierno”, afirmó.

Y cerró con un pedido dirigido a quienes participan del debate legislativo: “Las voces de las personas con discapacidad tienen que estar en esa discusión. No después. Ahora”.

El colectivo de discapacidad de Gualeguaychú, integrado por usuarios, familias, prestadores e instituciones, manifestó su preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo nacional y advirtió por el impacto que podrían tener algunas de las modificaciones propuestas sobre las personas con discapacidad y quienes brindan servicios de atención y acompañamiento.

“Emitimos este comunicado de prensa para expresar nuestra preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027, presentado hoy por el Ejecutivo”, señalaron las organizaciones y espacios que suscribieron el documento.

Según expresaron, “algunos de los cambios propuestos en el mismo: según lo establecido en el Artículo 39 y otros, modificaría aspectos centrales de la Ley 24.901”, norma que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad.

Uno de los principales puntos señalados en el comunicado está relacionado con el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas. “El proyecto propone eliminar el esquema actual del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas, mecanismo que durante más de tres décadas ha permitido establecer valores de referencia comunes para las prestaciones brindadas a personas con discapacidad”, indicaron.

En ese sentido, plantearon que la modificación podría tener consecuencias sobre el acceso a las prestaciones en distintas partes del país. “Distintos sectores advierten que esta modificación podría generar desigualdades entre jurisdicciones, obras sociales y sistemas de cobertura, afectando la accesibilidad y continuidad de los apoyos y tratamientos”, sostuvieron.

Las organizaciones remarcaron que las prestaciones vinculadas a la discapacidad no deberían quedar condicionadas por criterios diferentes de financiamiento. “Las personas con discapacidad no pueden quedar sujetas a criterios variables de financiamiento que pongan en riesgo derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresaron.

Preocupación por las pensiones

El comunicado también hace referencia a las modificaciones que el proyecto contempla en materia de pensiones.

“Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por otras modificaciones incluidas en el proyecto, relacionadas con pensiones (volviendo el concepto de invalidez laboral con esto desaparece la cobertura a menores que rige en la actualidad)”, señalaron.

Según el colectivo, estos cambios generan incertidumbre no solamente entre las personas con discapacidad y sus familias, sino también entre quienes forman parte del sistema de atención.

“Lo que genera incertidumbre en miles de familias, profesionales, transportistas, acompañantes, instituciones y prestadores de todo el país”, indicaron.

Frente a este escenario, las organizaciones remarcaron: “La discapacidad no es un gasto”.

“Las prestaciones no son un lujo. Debemos contar con políticas públicas que garanticen derechos humanos fundamentales, inclusión social, acceso a la salud, a la educación y a una vida independiente”, afirmaron.

Ante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, el colectivo solicitó a los representantes del Congreso que evalúen las modificaciones vinculadas con discapacidad y sus posibles consecuencias.

“Por ello solicitamos a los legisladores nacionales que analicen en profundidad el impacto de estas medidas y escuchen la voz de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan diariamente en la defensa de sus derechos”, expresaron.

También convocaron a la comunidad a seguir el debate y acompañar las acciones impulsadas en defensa del sector.

El comunicado fue acompañado por instituciones y organizaciones vinculadas con la atención, educación, rehabilitación, recreación y acompañamiento de personas con discapacidad.

Entre las entidades firmantes se encuentran el Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día Alium; EPEI y Centro Educativo Terapéutico IDEEA; EPEI N° 15 Emanuel; Fundación Incluir y Grupo Promotor de Argentina “Quererla es Crearla”; Espacio Recreativo Terapéutico y Centro de Rehabilitación Crean; Asociación Civil sin Fines de Lucro de Equinoterapia El Establo; Casa Club Gualeguaychú; Red TDAH Gualeguaychú y la Asociación Civil sin Fines de Lucro TGD Padres TEA Gualeguaychú.

El documento concluye : “Sin derechos no hay inclusión. La inclusión no es un metro cuadrado dónde permanecer, inclusión es una comunidad abierta y despierta a las posibilidades de todos, sin moldes estándar. Sin inclusión no hay ciudadanía plena”.

El proyecto de ley de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo giró al Congreso vuelve sobre una obsesión del oficialismo: atacar a las personas con discapacidad. El proyecto deroga garantías legales vigentes, sustituye el criterio con que el Estado reconoce la discapacidad y traslada a la reglamentación del propio Ejecutivo decisiones que hoy son competencia del Congreso. La maniobra, además, arrastra un vicio de técnica legislativa al usar una ley de gastos para modificar leyes de fondo, algo que la propia normativa presupuestaria prohíbe.

La reforma más profunda está en los artículos 36 y 40 del proyecto, que reescriben el modo en que el Estado define quién accede a una pensión por discapacidad. La legislación vigente había adoptado, al menos en el papel, el modelo social consagrado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: la discapacidad como resultado de la interacción entre una condición de salud y las barreras del entorno, y no como una carencia individual a certificar en un consultorio. El Presupuesto 2027 regresa a la noción de "invalidez laboral", un criterio médico que Argentina había dejado atrás en su normativa de emergencia.

El cambio persigue la destrucción de un sistema construido de acuerdo a parámetros internacionales. El proyecto elimina, por ley, al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión no contributiva. Hasta ahora, contar con el CUD habilitaba el trámite; de aprobarse la reforma, los requisitos de acceso dejan de estar fijados por el Congreso y quedan librados por entero a lo que determine, más adelante, la reglamentación del Poder Ejecutivo. El cambio implica una transferencia de poder de un cuerpo colegiado y público hacia un decreto que puede cambiar sin debate parlamentario.

El artículo 37 introduce un giro que castiga de modo explícito la inclusión laboral. La ley de emergencia vigente permite compatibilizar la pensión con un empleo registrado o con la inscripción en el monotributo hasta un tope de dos salarios mínimos, un umbral pensado para que la incorporación al mercado formal no implique perder de golpe la cobertura. El proyecto invierte esa lógica: cualquier empleo registrado, incluso uno de pocas horas semanales, o cualquier alta tributaria, extingue la pensión sin matices.

A eso se suma la eliminación de la suspensión temporaria del beneficio y de la rehabilitación inmediata cuando el contrato de trabajo finaliza. Bajo el régimen actual, una persona con discapacidad que consigue un empleo y luego lo pierde puede recuperar la pensión sin demoras excesivas. El texto del Presupuesto borra ese mecanismo de contención y, en los hechos, empuja a la informalidad a quienes hoy están en condiciones de sostener un trabajo registrado. La norma choca con el artículo 27 de la Convención, que obliga a los Estados a promover el empleo de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, y termina operando como un desincentivo para blanquear cualquier changa o contrato part-time.

Los artículos 39 y 41 desarman el Nomenclador de Prestaciones Básicas, la herramienta que hoy fija valores únicos para las prestaciones que reciben las personas con discapacidad en todo el país. El texto sustituye el artículo 7° bis de la Ley 24.901 y establece que ese nomenclador "no incluirá valores universales", los cuales "deberán ser determinados por cada ente obligado" en su relación con los prestadores. La letra del proyecto invoca la organización federal del Estado y "las asimetrías regionales de costos, estructuras prestacionales y capacidades financieras" para justificar el cambio, y aclara que la universalidad "no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones": lo que promete, en cambio, es la garantía de "un piso mínimo prestacional común".

En los hechos, cada obra social, cada prepaga y cada provincia quedará habilitada para fijar sus propios valores. Es un esquema con vocación de fragmentar la atención médica y terapéutica según la capacidad de pago de cada jurisdicción o financiador, con una presión previsible a la baja en las zonas con menos recursos.

El proyecto también toca el mecanismo de actualización. Cuando el ente obligado sea el Estado nacional, los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas se fijarán en forma trimestral, mediante la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a propuesta del Directorio del Sistema. Reemplaza así la actualización mensual por movilidad que rige en la actualidad. Y si esa determinación trimestral no se produce en el plazo estipulado, la letra del proyecto prevé un mecanismo supletorio: los valores se fijarán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, un indicador general que no capta los costos específicos del sector prestacional. La reforma elimina, además, el estudio anual de costos que permitía ajustar los aranceles conforme a la estructura real de gastos de los prestadores, una herramienta que hasta ahora funcionaba como contrapeso frente a la sola referencia inflacionaria.

El artículo 41 deroga el artículo 8° de la Ley 27.793, la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Esa norma garantiza, para quienes cobran la pensión no contributiva, el acceso a un programa médico de atención con un piso de prestaciones fijado por la Ley 24.901. Con la derogación, esa cobertura deja de ser un derecho legal exigible para pasar a depender de decisiones administrativas que pueden revisarse sin necesidad de tocar la ley.

El mismo artículo del Presupuesto deroga el artículo 9° de la Ley 27.793, que hoy establece el traspaso automático de las pensiones no contributivas preexistentes hacia el nuevo esquema de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, con todas las garantías que ese régimen contempla. Al suprimirse la conversión de oficio, quienes ya cobran una pensión quedan afuera del paso automático y dependen de un trámite adicional, cuyas condiciones tampoco fija ya el Congreso.

También queda derogado el artículo 14 de la misma ley, que hoy obliga a que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas "sean iguales para todas las personas jurídicas obligadas" por la norma, determinados por el Directorio del Sistema y actualizados según lo dispuesto por el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo. Su eliminación es coherente con el desarme del nomenclador único descripto más arriba: cierra el círculo de una reforma que reemplaza un piso igualitario por un mosaico de valores que cada financiador definirá según su propio criterio.

El artículo 38 elimina la prohibición que impedía financiar los programas de discapacidad recortando otras partidas de "Servicios Sociales". La restricción actuaba como una salvaguarda para que la asistencia a personas con discapacidad no se pagara a costa de otros programas sociales. Su derogación abre la puerta a que el propio sistema de protección termine compitiendo por fondos con otras políticas del mismo rubro presupuestario.

En el mismo artículo se completa la avanzada con una maniobra que merece especial atención. El propio Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad alegando falta de fondos. Ahora, el Presupuesto 2027 asigna partidas presupuestarias para el sistema, pero recién después de haber vaciado la norma del contenido sustantivo que hacía valiosa esa protección: sin CUD como vía de acceso, sin compatibilidad laboral, sin nomenclador único y sin cobertura de salud garantizada por ley. El financiamiento se asigna a una estructura desmontada y vaciada, publicó El Destape.

Este martes 28 de julio, los Obeliscos de la Costanera se iluminarán de color naranja en adhesión al Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH).

La iniciativa será acompañada por el Municipio, a través del Área de Accesibilidad e Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano, y forma parte de la campaña promovida en todo el país por la agrupación Familias Leonas TDAH.

La fecha busca visibilizar esta condición del neurodesarrollo, facilitar el acceso a información confiable y promover el acompañamiento adecuado de niños, adolescentes y personas adultas con TDAH. También procura contribuir a la eliminación de prejuicios y favorecer el respeto de sus derechos en los ámbitos educativo, laboral y social.

El TDAH puede manifestarse mediante dificultades relacionadas con la atención, la impulsividad y la hiperactividad, con diferentes niveles de impacto en la vida cotidiana. Por este motivo, la detección temprana, el acceso a abordajes adecuados y la comprensión del entorno resultan fundamentales.

La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, publicó este martes en el Boletín Oficial una Resolución que establece una actualización del 1,90% para el mes de julio en los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Este incremento se calcula sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2026 y no presenta diferencias por tipo de prestación.

Además del ajuste general, la resolución ratifica el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia.

La actualización anterior, en junio, había sido del 2,10%.

Fuente: Ahora

Un fallo hizo lugar de manera parcial a un amparo y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a reintegrar una suma por prestaciones adeudadas de fonoaudiología practicadas en marzo a un niño de 9 años. La resolución declaró abstractos los reintegros por prestaciones de psicopedagogía y fonoaudiología correspondientes a abril. El fallo sugirió capacitación en la temática discapacidad.

El juez de Garantías de Paraná. Mariano Budasoff, resolvió este lunes “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo presentada por A.E.R.L, en representación de su hijo menor de edad con discapacidad”; y conden “a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a que dentro de cinco días hábiles de notificada reintegre al afiliado $145.888,80 en carácter de reintegro adeudado por la prestación de fonoaudiología correspondiente al mes de marzo de 2026”.

El juez también declaró abstracta la cuestión en relación a los reintegros por las prestaciones de psicopedagogía y fonoaudiología del mes de abril de 2026 al mismo niño”.

Además, le impuso las costas a la OSER que deberá abonar $1.738.424,40 en concepto de honorarios profesionales, es decir más de 10 veces la cantidad de dinero que significan los reintegros que motivaron el amparo.

En la resolución, citó APF Digital, el juez advirtió: “como vengo señalando en los casos análogos, corresponde llamar a la reflexión de las autoridades y empleados de la obra social sobre la forma de trato deshumanizado que exhiben hacia afiliados con discapacidad, como en el caso que nos ocupa”.

El magistrado cuestionó que en la obra social analizan la cuestión “desde aristas meramente economicistas y generando además excesiva litigiosidad”. También señaló la desproporción de costas profesionales en que OSER “se ve inmersa en forma recurrente”, por lo cual “incurre en uso inapropiado de los aportes cautivos de los agentes de la provincia de Entre Ríos”.

“Resulta así evidente que el personal de la obra social debe ser capacitado en temática de discapacidad”, sentenció Budasoff

El juez sostuvo: “No encuentro justificación en la demora evidenciada por la obra social respecto al abono de los reintegros de las coberturas reconocidas, descartando de plano, que el procedimiento interno de auditoria, autorización y pago que caracteriza a la OSER sea una razón valedera para hacer peligrar que el niño continúe recibiendo las prestaciones de fonoaudiología y psicopedagogía”.

El juez manifestó que “en el caso se advierte, además, una modalidad de actuación que se presenta con frecuencia por parte de la OSER, consistente en aprobar los reintegros y las coberturas prestacionales únicamente a partir de la promoción de la acción de amparo por el afiliado”.

El juez fue claróisimo respecto del modus operandi de la obra social provincial: “En otras palabras, recién cuando toma conocimiento de la judicialización del conflicto imprime curso a trámites que, hasta ese momento, habían permanecido injustificadamente demorados”, alertó.

El caso

El juez intervino ante la presentación que realizó el 19 de junio el padre de un niño de 9 años para que se ordene el pago total al 100% y actualizada la deuda por el tratamiento de fonoaudiología que su hijo lleva adelante correspondiente a los meses de marzo y abril de este año, y de psicopedagogí al mes de abril.

El amparista relató que su hijo tiene “diagnóstico de trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje y retraso mental leve, por lo que, se le ha expedido en el Iprodi certificado único de discapacidad por tales diagnósticos con orientación prestacional de rehabilitación y educativa (inicial/EGB), servicio de apoyo a la integración escolar”.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida comenzará a regir desde junio y alcanza a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador vigente.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

Según establece la normativa, los aranceles recibirán un incremento del 2,10%, porcentaje calculado en función de la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante mayo.

Beneficio diferencial para las provincias patagónicas

La resolución ratificó además la continuidad de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se desarrollen en las provincias de la Patagonia.

El Gobierno justificó la medida al considerar a la región como una zona desfavorable debido a sus particularidades geográficas, las mayores distancias y los costos logísticos que enfrentan los prestadores de servicios. El objetivo es compensar esos gastos operativos y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Cómo quedan los principales valores

Con la actualización, las prestaciones de centro de día registrarán nuevos montos. Una jornada doble alcanzará los $1.058.791,92, mientras que una jornada simple llegará a $563.272,78.

Por su parte, los centros educativos terapéuticos percibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble. También fueron actualizados los valores correspondientes a servicios de estimulación temprana, rehabilitación, transporte, alimentación y otras prestaciones incluidas dentro del sistema.

La actualización se da en medio de reclamos del sectorEl anuncio se produce en un contexto de fuertes reclamos por parte de organizaciones, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad, que desde hace meses exigen la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso el año pasado.

Diversos actores del sector sostienen que los incrementos otorgados resultan insuficientes frente al aumento de los costos operativos y advierten sobre dificultades para garantizar la continuidad de los servicios.

Fuente: BAE

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

Según el comunicado de Adorni en su cuenta de X al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, a partir del próximo viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

De acuerdo a la explicación del jefe de Gabinete en su cuenta de X, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.

Además, en una primera instancia, la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo de la administración de Javier Milei es extender el despliegue progresivamente hacia el resto de las provincias y localidades del país.

El Ministerio de Salud dio detalles de la medida

La cartera sanitaria informó que el objetivo de la medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, fue desarrollada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE, mientras que su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.

-Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.-Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.-Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:-Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.-Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).-Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Fuente: NA

En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que antes lideraba Sebastián Casanello, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo.

El principal implicado en la causa, el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Ante este escenario, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.

La representación legal del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, busca demostrar que las grabaciones sufrieron alteraciones y montajes maliciosos con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones. Para ello, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok.

El consultor técnico presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales. La hipótesis de la defensa señala que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en ambientes públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas.

De hecho, los abogados aportaron un informe privado previo realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para controlar la medida, mientras que las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos.

A pesar de la centralidad mediática de las grabaciones, las autoridades judiciales aclararon que la causa no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes.

Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un embargo de 202.000 millones de pesos.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde exfuncionarios de la Andis direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores.

Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas de streaming. Sin embargo, la investigación avanza sobre los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa. Para este miércoles, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas. 

Fuente: Agencia NA 

El Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa vigente. Las compañías están obligadas a mantener el beneficio, pero sin respaldo estatal

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de este martes. El texto dispone dejar “sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional” por los boletos gratuitos.

El esquema alcanzaba a los servicios de larga distancia y contemplaba el pago parcial por parte del Estado de los boletos sin cargo que las compañías debían otorgar en cumplimiento de la ley.

Esos pasajes gratuitos están establecidos en distintas normas, que incluyen a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La Resolución, de todos modos, aclara que esos derechos no se modifican. En ese sentido, establece que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual permanece “plenamente vigente y exigible”.

De esta manera, las empresas deberán continuar otorgando los pasajes sin costo, aunque dejarán de recibir compensaciones del Estado por ese concepto.

El texto recuerda que, a partir de la publicación del Decreto 883/2024, los transportistas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.

También explica que el régimen anterior se había creado en un contexto de intervención estatal en tarifas y que tenía como objetivo “mitigar los desequilibrios económicos” derivados de los boletos gratuitos.

Según el texto, “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”. A partir de ese cambio, el Gobierno concluye que la prolongación del sistema “torna innecesaria su continuidad”.

La Resolución también establece que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá garantizar “el efectivo cumplimiento de las obligaciones” vinculadas a la emisión de pasajes gratuitos.

Además, incorpora una cláusula transitoria para asegurar que la medida no afecte situaciones anteriores, en cumplimiento del principio de “seguridad jurídica”.

Con una convocatoria que reunió a referentes educativos, culturales, políticos y turísticos de Gualeguaychú, los organizadores de “Carnaval con todos” avanzaron en la planificación de una nueva edición de la iniciativa inclusiva que busca acercar a personas con discapacidad al carnaval. La reunión contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de comparsas y directivos de distintas instituciones educativas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la magnitud que tendrá esta nueva edición. Según explicó Rodrigo Ipperi, uno de los impulsores del proyecto, a Ahora ElDía, este año “Carnaval con todos” duplicará la cantidad de participantes respecto al 2025.

“El año pasado eran 300 personas y ahora son 600. Entonces hablamos de la magnitud del evento y de la necesidad de contar con todas las áreas para la elaboración de trajes, el acompañamiento educativo y también el apoyo municipal para garantizar que todo se lleve adelante sin problemas”, expresó.

El organizador destacó además el formato participativo del encuentro, que se extendió durante una hora y media y permitió un intercambio abierto entre todos los presentes.

“La reunión fue muy rica porque no nos pusimos como mesas de escuela, sino en ronda, en círculo. Todos nos mirábamos, todos aportábamos y surgieron cosas muy interesantes”, afirmó.

 Ipperi destacó la amplitud de sectores presentes durante el encuentro y remarcó la importancia del acompañamiento institucional para el crecimiento del evento.

“Estuvieron diferentes áreas, tanto educación, política como cultural. En educación estuvo la directora departamental de escuelas, Marta Irazabal, supervisores de Educación Especial, Artes Visuales y Tecnología, tanto de nivel provincial como departamental”, explicó.

También participaron representantes legales de instituciones privadas y especiales vinculadas al proyecto, además de los establecimientos educativos que formarán parte de la edición 2026 de Carnaval Con Todos.

En el plano político, Ipperi detalló que asistieron el secretario de Gobierno, Juan Ignacio Olano, concejales de distintas fuerzas políticas, la diputada provincial Julia Calleros, el secretario de Cultura, Deporte y Juventud Luis Castillo y representantes de los Corsos Populares “Matecito”.

A su vez, el ámbito carnavalero estuvo representado por dirigentes y directores de comparsas y clubes históricos de la ciudad. “Estuvieron los presidentes de Central Entrerriano y Tiro Federal, Joaquín Villanueva, director de Kamarr, y Gregorio Farina, director de Marí Marí. Los demás no pudieron asistir, pero estaban al tanto de la reunión”, señaló.

Durante la jornada también se proyectó un video que repasó el recorrido de Carnaval Con Todos desde 2025 hasta la actualidad, con el objetivo de contextualizar a quienes aún no conocían en profundidad la propuesta.

Ipperi valoró especialmente la predisposición y el compromiso de los asistentes. “Nadie se levantó de la reunión. Educadores, políticos y representantes culturales estuvieron con escucha atenta y muy predispuestos. Ojalá sirva para todo lo que se viene”, concluyó.

El caso se inició a partir de una acción de amparo presentada por la madre de la joven, quien reclamó la cobertura total del acompañamiento áulico necesario para la continuidad de su escolaridad. Según se desprende del expediente, su hija cuenta con Certificado Único de Discapacidad y requiere ese apoyo de manera permanente para sostener su trayectoria educativa.

La jueza de la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Ana Clara Pauletti, resolvió “hacer lugar a la acción de amparo promovida por CAL contra la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER), y condenar a ésta a continuar la cobertura total e integral a continuar la cobertura total e integral de la prestación ‘Módulo maestra de apoyo para acompañamiento en el aula’, ordenado en resolución del 13 de marzo de 2026 desde la fecha de inicio de clases en el período lectivo 2026 de ASM afiliado adherente, en el Instituto Agrotécnico de Gualeguaychú, por la profesora especial Marilin Alejandra Ponce y/o la prestadora que designe la progenitora, mientras dure su diagnóstico e indicación médica (que la progenitora deberá presentar al OSER antes del inicio del año escolar) y transite su inserción escolar”. La jueza le impuso las costas del proceso a la demandada vencida.

En el fallo, la jueza consideró que “es por eso, que existiendo una vulnerabilidad ínsita en quien reclama, no solo en la niña con discapacidad sino también en la madre de ésta, empleada pública del ámbito de la salud, corresponde hacer lugar a la acción de amparo tratada…”.

En la acción de amparo que promovió una mamá en representación de su hija con una discapacidad, para que se condene a la obra social “a otorgar la cobertura total e integral (100%) de la prestación de Módulo de Maestra de Apoyo áulica que su hija… utiliza de manera permanente y necesaria en la institución educativa a la que asiste, mientras dure su diagnóstico e indicación médica, sin necesidad de interponer sucesivas acciones en cada año lectivo”.

La amparista expuso que se trata de una persona con discapacidad, que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y le correspondía el 100% de dicha Cobertura. La mujer relató que no era la primera vez que debía recurrir a la Justicia. En años anteriores ya había promovido acciones similares para obtener la misma prestación.

La obra social rechazó la cobertura del apoyo escolar en el aula, aunque sí había autorizado la modalidad extraescolar. Argumentó que no se trataba de una prestación de salud sino educativa, y cuestionó la vía del amparo al sostener que no existía una afectación actual o inminente de derechos fundamentales.

Sin embargo, el tribunal advirtió que la distinción entre salud y educación no puede utilizarse como argumento para negar prestaciones cuando estos forman parte de un abordaje terapéutico integral. Asimismo, cuestionó la conducta de la obra social por insistir en rechazar una prestación que ya había sido objeto de una condena previa, precisó Diario Judicial.

La jueza también destacó que limitar la cobertura a un solo ciclo lectivo implicaría obligar a la familia a iniciar nuevas acciones cada año, con el consiguiente desgaste emocional y judicial. Por ello dispuso extender la obligación de la obra social mientras persista la necesidad médica y la escolarización de la joven.

En el fallo se remarcó que estaban en juego derechos fundamentales como la salud, la educación, la dignidad y el desarrollo integral, todos ellos reforzados por normas constitucionales y tratados internacionales. Además, la sentencia destacó que el amparo resulta una vía idónea cuando se trata de garantizar prestaciones urgentes vinculadas a estos derechos.

También destacó que limitar la cobertura a un solo ciclo lectivo implicaría obligar a la familia a iniciar nuevas acciones cada año, con el consiguiente desgaste emocional y judicial. Por ello, el Tribunal entrerriano dispuso extender la obligación de la obra social mientras persista la necesidad médica y la escolarización de la joven.

La jueza entendió que "la vía elegida tiene soporte pues en los artículos 43 de la Constitución Nacional, 56 de la Constitución Provincial, 1º de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y art. 29 de la Ley 26.061, marco que exige reconocer adicionalmente el derecho a una rápida respuesta prestacional de la obra social en relación a una prestación que ya estaba en curso, de modo de asegurar la garantía propia al derecho a la salud que emana del ‘principio de no interrupción’, aquí no respetado”.

También sostuvo que “q propósito, ello autoriza a evitar barreras injustificadas para el acceso a la cobertura que es de esperar siga siendo necesaria por la adolescente en la medida que continúe su proceso escolar, por lo que es preciso garantizarle el acceso a futuras prestaciones abarcativas de la etapa de escolarización restante yo solo del año en curso, evitando que deba iniciarse una nueva acción de amparo de verificarse un nuevo incumplimiento de la entidad".

El fallo recalcó que la condena de futuro "implica una tutela preventiva en sentencias de futura ejecución, pues en ellas se busca que la jurisdicción obre por una prestación todavía no debida, pero que existe el peligro que no se cumpla cuando llegue el momento, oportunidad en que el acreedor cuenta con un título ejecutorio de su crédito”.

Así, la obra social deberá brindar cobertura total e integral de la maestra de apoyo áulica desde el inicio del ciclo lectivo 2026 y durante todo el tiempo que dure el diagnóstico y la indicación profesional, garantizando la continuidad del tratamiento y evitando interrupciones.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes en el inicio de la segunda tanda de indagatorias por el presunto esquema de corrupción que se montó en el organismo durante su gestión.

El exfuncionario y exabogado del presidente Javier Milei se presentó minutos antes de las 9 ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del Juzgado Federal N° 11.

A la salida, una hora más tarde, intentó sin éxito evitar a la prensa. Aunque guardó silencio ante las preguntas, se limitó a decir que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.

A continuación está citado a declarar Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud que el Programa Incluir Salud, y que en los hechos era el “número dos” de la ANDIS. Tanto él como Spagnuolo están procesados en este expediente, decisión que se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo ordenó la ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Estos últimos tres son empresarios que tenían injerencia en la ANDIS.

Calvete -el lobista principal, hoy preso en la cárcel de Ezeiza- y Arnaudo están citados a declarar el miércoles. En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados.

La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Según los fiscales, la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias.

Para tomar como ejemplo, en el rubro de medicamentos se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” al que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA.

Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente. Esto llevó a la obtención de 21 licitaciones “acotadas” por un total de $30.337.220.919,77, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024, sumando un total de $9.514.743.020, según consta en la causa.

La maniobra descripta por la acusación se completó con coimas a funcionarios de ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares y la garantía de agilidad y prioridad en los cobros.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y alcanza tanto a exfuncionarios como a empresarios vinculados al expediente.

Entre los citados aparece el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en la causa.

Las indagatorias serán entre abril y mayo

Según se informó, las declaraciones indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye también la ampliación de las declaraciones de cinco personas ya procesadas, entre ellas el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

En la resolución, el juez Ariel Lijo sostuvo que la organización investigada “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.

También inhibieron bienes de personas y empresas

Además de las indagatorias, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes para personas y empresas involucradas. La medida busca evitar el desprendimiento de activos que podrían haber sido producto o instrumento de los posibles delitos y que, eventualmente, podrían ser recuperados por el Estado.

La causa investiga maniobras que habrían implicado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos.

Fuente: Ahora

A través de la ONG TGD Padres TEA Gualeguaychú, que nuclea a familias de personas con autismo de diversas zonas de la ciudad y de distintos estratos sociales, Ahora ElDía accedió a datos reveladores acerca de las situaciones que atraviesan en la actualidad. De una encuesta que realizaron, se desprende que en la gran mayoría de los casos quienes padecen una discapacidad son niños y que, en algunos casos, hay dos hijos con discapacidad dentro de la misma familia. Además, lo preocupante es que a la mayoría de los consultados nunca le otorgaron la pensión por discapacidad o directamente no la tramitaron producto de los filtros para poder cobrarla.

Carina Leonardi, referente de la ONG, detalló en profundidad la situación actual a raíz de los testimonios recogidos de varios padres de la organización: “El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad atraviesa una situación crítica debido al desfasaje sostenido entre los valores del nomenclador y el aumento general de costos (inflación)”.

En este aspecto, recordó: “Entre enero y septiembre, no hubo aumentos (nueve meses consecutivos), lapso en que los precios subieron de manera constante. En tanto, de octubre a diciembre se obtuvieron aumentos parciales, con un total anual aproximado del 30%, pero al haber estado congelado durante tanto tiempo, el incremento no fue significativo, más bien pareció un chiste: fue tardío, insuficiente y concentrado en el último trimestre”.

Y este año lejos de recomponerse la situación, según Lonardi, sigue empeorando: “En lo que va del 2026, en enero no hubo aumento, mientras que en febrero, marzo y abril sí los hubo, pero fueron bajos, lo que da como resultado un total acumulado del 12%. Ahora, las actualizaciones son más frecuentes, pero insuficientes frente a la inflación, ya que es mínimo lo que aumenta. El atraso continúa, se profundiza y repercute con un gran impacto en el sistema, ya que el desfasaje genera consecuencias directas: dificultad para sostener servicios y equipos profesionales, reducción o interrupción de tratamientos, pérdida de prestadores, sobrecarga de las familias, deterioro en la calidad de atención y falta de medicamentos. Las personas con discapacidad no pueden desaparecer del mapa”. Y agregó: “Los prestadores que estaban sosteniendo el sistema, es decir esperando 60, 90 y hasta 120 días o más para cobrar su trabajo, ahora no pueden hacerlo sumado que a las familias no les alcanza el dinero para pagar las terapias. Además, muchos están perdiendo sus empleos. Esto afecta directamente la inclusión educativa y social, como así también la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Otro inconveniente que marcó Leonardi involucra a las obras sociales: “Los prestadores que esperan el pago de la obra social más de una vez se encuentran con que deben guardar la documentación de un mes a otro porque el nomenclador subió menos de 1.000 pesos la hora, por ejemplo. Pero como el importe es mayor al del mes anterior, la obra social no recibe la documentación, respondiendo que el importe es mayor al autorizado y modifican los valores después del 10, que es hasta cuándo se puede cargar la información. El sistema presenta un atraso estructural que compromete su funcionamiento. Hay centros que ya no pueden sostenerse. La política de actualización arancelaria no logra acompañar la inflación y necesitamos que garanticen la sostenibilidad del sistema y que aseguren el acceso efectivo a las prestaciones. Hoy en día, hay familias que aún están esperando que les autoricen los planes de prestaciones presentados en febrero, lo que implica que no cuentan con los apoyos solicitados, ya sean tratamientos o acompañamientos escolares, porque hasta que no tienen la autorización no pueden acceder, aunque la obra social dispone de un tiempo de cinco días hábiles para responder, si la familia no presenta una intimación o recurso de amparo en muchos de los casos la falta de respuesta es indefinida. También hay quienes han dejado de contar con obra social por haberse quedado sin trabajo. En nuestro grupo pedimos que existan estadísticas claras, reales, pero los números no aparecen, siempre son aproximaciones y según la conveniencia del Gobierno, así que decidimos hacer una consulta para saber quiénes cuentan con pensión, porque parece que la mayoría o todas las personas con discapacidad tienen este beneficio y la realidad no es así. Nuestro trabajo nos da que la mitad de las familias no ha iniciado el trámite para adquirir la pensión, un 23% lo hizo hace 3 años o más pero no ha tenido respuesta. Y un porcentaje muy bajo ha recibido pensiones estos últimos años”.

Finalmente, sobre las modificaciones que presentó el Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad que no está cumpliendo, Leonardi cuestionó: “Uno de los grandes desequilibrios que persigue el nuevo proyecto es erradicar el nomenclador nacional, con lo que cada provincia y cada obra social podría poner su valor a las prestaciones y obviamente que siempre es a menos, no se reconoce el valor de los servicios de prestaciones básicas. Toda vida es valiosa fue el lema para el 2 de abril por la OMS y más aún si esta vida necesita apoyos. La discapacidad no está para ser vulnerada e ignorada, sino para humanizar a las personas y a la sociedad”.