La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 10 para tratar tres proyectos de ley que apuntan a reglamentar el procedimiento de juicio político en la provincia.

Uno fue presentado por el diputado Esteban Vitor (PRO) en el 2021: “Se basa en un estudio de los antecedentes que han presentado mis pares a lo largo de los años pero con modificaciones que considero trascendentales para garantizar la calidad del proceso”, indicó.

Destacó la necesidad de establecer lineamientos precisos, “la idea es que cada pedido de Juicio Político que se presente sea tratado en tiempo y forma y con las garantías necesarias. Es importante que así se dé curso al pedido o se desestime la denuncia, se haga en un tiempo prudente y dando a conocer las justificaciones de la decisión”.

“Estoy convencido que este proyecto le brinda al proceso mayor institucionalidad, transparencia, responsabilidad y seriedad en línea con lo que estipula nuestra constitución, pero más importante, plasmando los valores republicanos que la sociedad reclama y que nosotros como legisladores debemos representar con honor”, expresó Vitor.

La segunda propuesta fue elaborada por Gabriela Lena que en los fundamentos remarcó que la Constitución “carece” de una norma reglamentaria clara y detallada que garantice los principios y garantías.

En ese sentido agregó: “Para ser más detallista, la norma constitucional carece de una normativa en cuanto a los tramites o procedimientos: como la debida forma para pedir e iniciar un expediente de juicio político, la apertura o no de un proceso investigativo, la forma de las notificaciones en el domicilio real o en el laboral, la forma de contestar la denuncia y/o de ser oído”.

Por ello, la legisladora subrayó que el fin del proyecto es consolidar al proceso de juicio político como “un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional”.

La otra iniciativa fue presentada por Juan Pablo Cosso en 2023: “Se trata de un instrumento de excepción que constituye uno de los resortes institucionales del Estado de derecho a través de los cuales se ejerce el control político entre los órganos del Estado”, indicó.

“La propuesta que se pone a consideración incluye la regulación de cuestiones que se presentaron en la práctica del procedimiento, asociadas a la taxatividad de las personas sujetas a juicio político, las actuaciones de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, el ejercicio del acusado de su derecho a la defensa, la incorporación de medios tecnológicos, los plazos del proceso, la eventual renuncia del denunciado, entre otras”, agregó.

“En ese marco, creemos que la reglamentación de este instituto supone un avance fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de Entre Ríos. Se busca el establecimiento de reglas claras para la ejecución de un procedimiento equilibrado, ágil, justo y que se desenvuelva en un plazo razonable, con la vigencia plena de todas las garantías inherentes al derecho de defensa y el debido proceso”, aseguró Cosso en los fundamentos del proyecto. 

Fuente: APFDigital

En una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados en el Congreso de la Nación, especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos alertaron que 1 de cada 4 personas tienen mora con billeteras virtuales y con tarjetas de créditos. Desde el bloque oficialista solicitaron la convocatoria a otra reunión informativa para que todos puedan presentar una lista de invitados a exponer.

El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.

“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.

Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino en manifestaciones que reprodujo el portal parlamentario.com.

Los expositores

Abrió la ronda de expositores la socióloga y docente Luci Cavallero quien precisó que son 39 billones de deudas que tienen las familias argentinas y se basó en datos del Banco Central: “Hay un fuerte incremento de morosidad históricos, los más altos en los últimos 20 años. No es solo mora bancaria, sino también se genera en préstamos que se sacan de las famosas empresas de finanzas digitales”, e indicó que 1 de cada 4 personas tienen mora con esas billeteras virtuales.

Cavallero señaló que los estudios que se vienen realizando hace más de un año hablando de un endeudamiento de 7 de cada 10 argentinos. “No es un endeudamiento circunstancial sino dedicado a poder subsistir y son usados para los gastos básicos”.

“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza. En ese contexto crece la mora y el endeudamiento de las familias”, planteó.

La socióloga manifestó que se trata de un problema de sustentabilidad económica de las familias y consideró que “el Congreso tiene que estar a la altura para poder darle a las familias un alivio. El endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente”.

“La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía que arroja a más argentinos a tener que endeudarse y a tener pluriempleo”, apuntó y detalló que las personas endeudadas “usan el crédito para cubrir gastos esenciales, altos niveles de angustia y estrés crónico, deterioro de salud física, imposibilidad de cubrir necesidades básicas”.

Cavallero cuestionó que “hay falta de información clara y accesible sobre las deudas, no hay condiciones de refinanciación, hay ausencia de instancias de negociación, no hay regulación de billeteras virtuales, prácticas abusivas de sistemas de cobranzas. Los bancos ofrecen refinanciaciones con cuotas que exceden la capacidad real de pago, inducen a la mora, entre otras”.

Por último, planteó que el proyecto de ley debe establecer acceso a la información, regulación de intereses, proteger los ingresos, regular los débitos automáticos, regulación de cobranzas y generar instancias de negociación. Que los montos de descuento no pueden dejar por debajo de la línea de pobreza a las familias, regulación de tasas fijadas en relación al costo de vida. Fomentar la responsabilidad de los bancos y las empresas virtuales”.

Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo –CABA-, afirmó que “hay un aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que no están pudiendo cumplir con el pago. Tienen la voluntad de pago, pero no la capacidad”.

“Aquellos que hoy tienen un crédito hipotecario y problemáticas mayores hay que atender porque las familias no se endeudan para comprar una casa. La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar”, expresó y agregó: “Lo que está afectando mucho a las familias es la mora automática y debería ser tratado en los proyectos”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española.

Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UP), respectivamente. 

El proyecto de ley fue presentado por el diputado Francisco Morchio, de La Libertad Avanza Entre Ríos. La iniciativa incorpora un artículo a la Ley 24.714 de Régimen de Asignaciones. En la actualidad, el monto a percibir por Asignación Universal por Hijo (AUH) ronda entre los $110.000 y los $142.000 para beneficiarios que residen en zonas australes.

En línea con la sanción de la Ley Penal Juvenil, el diputado nacional por Entre Ríos, Francisco Morchio, presentó un proyecto para modificar el Régimen de Asignaciones (24.714). El texto del entrerriano propone suspender la AUH destinada a protección social de aquellos adolescentes que se encuentren con sentencia en delitos tipificados por el Código Penal con cumplimiento efectivo de prisión.

Es la primera vez que Morchio presenta una iniciativa con giro a Previsión y Seguridad Social.

En la actualidad, el monto a percibir por Asignación Universal por Hijo ronda los $110.000 y los $142.000 para beneficiarios que residen en zonas australes. El último dato brindado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estimó que hay 4.119.752 inscriptos (septiembre 2025) menores de 18 años que perciben el subsidio mensualmente cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico, informó el portal de noticias legislativas parlamentario.com.

El proyecto de modificación a la Ley 24.714 que propone Morchio, establece, también, que “la percepción se restablecerá al momento en que el menor haya cumplido con todas las medidas impuestas en el marco del Régimen Penal Juvenil, mediante resolución judicial que así lo disponga y no haya adquirido la mayoría de edad”, precisó el portal Parlamentario.

“Es necesario resaltar que en la legislación actual no se encuentra sancionada ninguna norma que prevea la posibilidad de suspender dicho beneficio cuando el menor de edad, responsable penalmente, haya cometido un delito tipificado por nuestro ordenamiento jurídico penal, en claro detrimento de la sociedad”, señaló Francisco Morchio, último en sumarse del bloque de La Libertad Avanza.

Asimismo, reiteró en los fundamentos que el objeto de esta iniciativa es “suspender el beneficio social de la AUH que perciben los progenitores de aquel menor de edad que haya trasgredido la ley penal, en claro detrimento de la paz social, hasta tanto haya dado efectivo cumplimiento de las medidas penales impuestas por el juez competente y no haya adquirido la mayoría de edad al momento del levantamiento”.

La iniciativa impulsada por Francisco Morchio tiene giro a la Comisión de Previsión y Seguridad Social que esta semana quedó a cargo del diputado oficialista Pablo Ansaloni. Es la primera vez que el legislador impulsa un texto vinculado a este tema debido a que generalmente aborda cuestiones destinadas a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Congreso Nacional exigiendo a los diputados que no traicionen la Ley de Glaciares, vista parcial tras una reja ornamental.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para poner en tratamiento las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara baja a rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, busca que Javier Milei de respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el presidente de parte de este empresario.

La votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de la votación Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”.

“A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial. Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de 3 meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy (.. .) y que hasta el momento, si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes”, sostuvo Ferraro durante la sesión.

Fuente: NA

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto que crea una comisión para investigar la evolución de la deuda pública provincial, en el marco de una sesión en la que se destacó el consenso alcanzado entre el oficialismo y el PJ tras la incorporación de modificaciones propuestas por la primera minoría.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo transparentar de manera profunda y sistemática el endeudamiento de la provincia en las últimas décadas.

En ese sentido, a propuesta del bloque justicialista, se definió que el período de análisis se extienda desde 1991 hasta la actualidad (la iniciativa original establecía el año 1995).

El proyecto había sido devuelto a comisión en la sesión anterior, instancia en la que se reabrió el debate para incorporar aportes de otros bloques.

A partir de ese trabajo, se elaboró un nuevo dictamen que introdujo cambios sustanciales, entre ellos el carácter permanente de la comisión, la obligación de emitir informes anuales sobre los procesos de endeudamiento y la incorporación de instituciones por fuera de la política.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo López, destacó la “amplitud” del oficialismo para incorporar propuestas que “contribuyen a una mejor norma” y remarcó la importancia de conformar un ámbito plural que garantice distintas miradas sobre el proceso de endeudamiento, registró esta Agencia.

Según quedó establecido en el dictamen aprobado, la comisión investigadora estará integrada por tres representantes del Poder Legislativo, dos diputados y dos senadores (uno por la mayoría y otro por la primera minoría), representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el objetivo de sumar miradas técnicas, académicas e independientes.

Desde la bancada del PJ, la diputada Andrea Zoff resaltó que el nuevo dictamen es “claramente superior” al proyecto original y destacó la apertura del oficialismo para incorporar aportes de la oposición, aunque lamentó que no se haya incluido la propuesta de sumar herramientas que faciliten la comprensión pública de la deuda, como indicadores y recursos visuales.

En tanto, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Carlos Damasco (La Libertad Ríos) no acompañaron el artículo que dispone el modo en el que se conforma la comisión debido a queda afuera la segunda minoría de la Cámara, pero afirmativamente en general.

Los otros bloques libertarios votaron en contra del proyecto: cuestionaron aspectos vinculados a la integración de la comisión y plantearon dudas sobre su independencia.

Fuente: APFDigital

Este miércoles, la Cámara de Diputados avanzará con la votación de la reforma de la Ley de Glaciares a las 15 horas.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales.

 El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

Protestas en rechazo de las modificaciones en Entre Ríos

Las protestas se desarrollarán en simultáneo con la sesión legislativa donde se debatirá la modificación de la normativa vigente, que ha generado rechazo en distintos sectores ambientales y sociales. Bajo la consigna “No tienen licencia social”, los organizadores señalaron que la convocatoria forma parte de una acción nacional para expresar el rechazo a los cambios propuestos en la ley.

En Paraná, la Multisectorial por los Humedales convocó a quienes deseen sumarse a la actividad a concentrarse a las 17 en la intersección de Urquiza y San Martín, sobre la peatonal.

En Concordia, la actividad es impulsada por el Colectivo EcoSocial, que llamó a concentrarse a las 18 en la peatonal, en la intersección de calles Entre Ríos y Mitre, bajo la consigna “En defensa de los glaciares y en defensa del agua”. La convocatoria invita a los participantes a llevar carteles y representaciones de gotas de agua como forma de visibilizar el reclamo.

Por su parte, en Colón se realizará una concentración y asamblea a las 18 en la zona del Puerto, donde además se sumará el reclamo bajo la consigna “No a la refinería”.

En tanto, en Concepción del Uruguay la convocatoria está prevista para las 18 en Antártida Argentina 278.

Durante la jornada también habrá movilizaciones en distintas localidades de todo el país, con diversas consignas en rechazo a la modificación de la normativa y remarcando la importancia de proteger las reservas estratégicas de agua dulce, entre ellas “La Ley de Glaciares no se toca”, “El agua vale más que el oro”, “El agua no se vende, se defiende” y “No tienen licencia social”. El objetivo es visibilizar la preocupación por los cambios que el gobierno impulsa en la normativa que regula la protección de los glaciares y las reservas estratégicas de agua, lo que afectará la preservación de estos recursos naturales.

La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.

Para la semana que viene, los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. En particular, el primero ha traído controversia por el nivel de rechazo de ciertos sectores de la oposición: por caso, más de 100.000 personas buscaron anotarse para exponer en la audiencia previo a su tratamiento en comisiones.

Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.

El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.

Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.

“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirma una fuente que trabaja en esta materia junto al Gobierno.

Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos que tenía a disposición el Gobierno como para aliviar el estado de ciertos gobernadores. En rigor, busca evitar que la crisis provincial derive en un incremento de la deuda externa subnacional.

El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.

El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto transversal e inmediato. De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco que obtuvo Clarín, durante marzo las transferencias sumaron $5,05 billones, cifra que en términos constantes implica una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan al actual comienzo de año como el segundo más bajo, solo superado por el resultado de 2024.

Pese a todo, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente como para reclamarse mutuamente. “Las vacas flacas son para todos”, dice un funcionario del Gobierno Nacional.

El nivel de desesperación de ciertos gobernadores es tal que hasta los más lejanos al mileísmo han debido ceder en algunos aspectos de su política pública.

Fuente: Infobae

El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.

En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.

El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.

Fuente; Infobae

La Libertad Avanza buscará sancionar el próximo miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Glaciares, que busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

El esquema de trabajo diseñado por el oficialismo es debatir la iniciativa el martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, a donde concurrirán a exponer los gobernadores del norte que impulsan la sanción de esta iniciativa para captar inversiones millonarias, y luego emitir el respectivo dictamen para ser debatido en la sesión del miércoles 8 de abril.

La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión para habilitar el debate así como convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de Febrero por el Senado, según señalaron fuentes parlamentarias de la LLA.

La Libertad Avanza tiene 94 votos-ya que el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem solo vota cuando se necesitan mayorías agravados o para desempatar- y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, 2 Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio, y al menos entre 2 y 4 de Provincias Unidas.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para impulsar millonarias inversiones mineras  en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.

Uno de los aspectos centrales que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

Fuente: Noticias Argentinas

La iniciativa plantea la “igualdad tributaria para proteínas” estableciendo: “ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al inciso a) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, el siguiente punto: 10. Huevos frescos y ovoproductos, incluidos los productos obtenidos a partir del contenido de los huevos, despojados -o no- de sus cáscaras, cualquiera fuere su forma comercial (huevo líquido, yema o albúmina líquida y sus derivados deshidratados, con presentaciones, en polvo o en escamas, etc.)”.

En los fundamentos del proyecto se explica que “mediante el artículo 96 de la ley 27.430 -Reforma Fiscal del año 2017- se incorporó una modificación al apartado 1º del inciso a) del artículo 28 de la ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en consecuencia, se redujo la alícuota que grava las carnes de pollo, conejos, porcinos, camélidos y caprinos al valor de la alícuota reducida del 10,5% (equivalente al 50% de la alícuota general de 21%). El objetivo de esta reforma fue igualar tributariamente la alícuota de todas las carnes con la carne bovina y, de esta manera, que las principales proteínas queden alcanzadas por la mencionada alícuota reducida. Sin embargo, la reforma olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos a pesar de ser también fuente destacada de proteína animal”.

Asimismo, se apunta que “del ‘Informe Productivo 2025’ elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), surge que el año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. El alza se dió gracias al aumento del 8,68% del parque productivo. Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año”.

Los legisladores manifiestan que se trata de “un alimento muy balanceado y de alta calidad para la dieta de niños, jóvenes y adultos”. En ese sentido, sostienen que “resulta conducente implementar esta equiparación tributaria para competir con igualdad de condiciones impositivas en la canasta de estos productos fundamentales en la dieta de los argentinos”.

Luego que los diputados decidieran en la última sesión que vuelva a Comisiones la iniciativa que busca analizar el endeudamiento provincial interno y externo, ya se programó fecha y hora para realizar dicho encuentro.

La Comisión de Legislación General retomará el análisis el próximo martes a las 17:30 en el Salón de los Pasos Perdidos.

Cabe recordar que dicha Comisión ya había emitido dictamen pero en el recinto el diputado Bruno Sarubi (JxER), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presentó la moción para que el proyecto vuelva a ser discutido.

La iniciativa ha generado cruces entre el oficialismo y el PJ ya que este último considera que el texto presentado, que fue modificado en cuanto al plazo de auditoría, desconoce el trabajo de los organismos de control y busca instalar sospechas sobre procesos que ya fueron auditados”.

Fuente: APF

Un pedido de informes que ingresó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos este jueves, solicitó al Poder Ejecutivo provincial que “se sirva informar, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad y Justicia, lo siguiente: Primero: Si el Poder Ejecutivo cuenta con estadísticas oficiales sobre muertes por suicidio en personal de la Policía de Entre Ríos durante el período 2023–2026”. Añadió que “en caso afirmativo, indique el número total de casos registrados y su desagregación por año, detallando edad, cargo o grado y jurisdicción de prestación de servicios”.

En segundo lugar instó a que se “informe si existen datos oficiales disponibles respecto de intentos de suicidio, ideación suicida y conductas autolesivas en el personal policial. En caso afirmativo, precise el alcance de los registros, período relevado y áreas intervinientes. Asimismo, indique si se prevé el fortalecimiento de los sistemas de información en esta materia”.

También pidió que “indique cuáles han sido las acciones, programas o dispositivos que se han implementado desde ambos Ministerios para el abordaje de esta problemática, detallando líneas de intervención, mecanismos de articulación institucional y, en caso de corresponder, su grado de implementación”.

El proyecto de la diputada peronista Silvia del Carmen Moreno, precisó que el objeto es “recabar información precisa, actualizada y sistematizada respecto de la situación de la salud mental del personal de la Policía de Entre Ríos, en particular en lo relativo a muertes por suicidio, intentos de suicidio, ideación suicida y conductas autolesivas”.

Condiciones laborales

La legisladora, tras detallar legislación nacional y provincial respecto de la grave problemática,  consideró que “en este marco, resulta particularmente relevante atender la situación del personal de las fuerzas de seguridad, en tanto su labor cotidiana que implica una exposición diferencial a factores de riesgo psicosociales, tales como estrés crónico, contacto permanente con situaciones de violencia, uso y portación de armas de fuego, exigencias operativas de alta intensidad”.

Añadió que “a ello se suman, en muchos casos, factores vinculados a las condiciones laborales, tales como extensas jornadas de servicio, esquemas de turnos rotativos, demandas operativas permanentes y condiciones salariales que pueden incidir en la calidad de vida del personal. Estos elementos, considerados en conjunto, pueden impactar en el bienestar psicosocial de los trabajadores y requieren ser contemplados en cualquier estrategia de abordaje integral”.

Cuestión de salud pública

Moreno destacó que “la problemática del suicidio constituye una cuestión de salud pública de creciente relevancia, que exige un abordaje integral por parte del Estado”. Añadió que “en este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el suicidio representa una de las principales causas de muerte prevenible a nivel global, lo que impone a los Estados la obligación de desarrollar políticas activas de prevención, detección temprana y asistencia”.

El pedido de informes destacó que “en el ámbito nacional, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, en el año 2024 se registraron 4.249 muertes por suicidio en la República Argentina, con una tasa de 9,8 casos cada 100.000 habitantes, constituyéndose en la principal causa de muerte violenta en el país”.

También destacó que “los sistemas de vigilancia sanitaria han permitido avanzar en la medición de la problemática, registrándose miles de intentos de suicidio anualmente, con una relación estimada de más de 17 intentos por cada caso consumado” y señaló que “estos registros corresponden a la población general y no se encuentran desagregados por pertenencia a fuerzas de seguridad, lo que evidencia la necesidad de contar con información específica a nivel provincial dado los últimos acontecimientos relacionados a suicidios de personal policial de nuestra provincia”.

En el ámbito de la provincia de Entre Ríos

La diputada expresó que en Entre Ríos “la situación presenta indicadores particularmente preocupantes”. Precisó que “la provincia registra actualmente una de las tasas de suicidio más elevadas del país, alcanzando aproximadamente 19,8 muertes cada 100.000 habitantes en 2024, lo que implica prácticamente duplicar la media nacional”.

También alertó que “la evolución reciente evidencia una tendencia sostenida, con incrementos respecto de años anteriores y la persistencia de valores elevados en registros parciales más recientes, lo que da cuenta de la magnitud y continuidad del fenómeno”.

Moreno precisó que “en este marco, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130 establecen la responsabilidad del Estado de desarrollar políticas activas de prevención, asistencia y producción de información epidemiológica, como herramientas fundamentales para el diseño de intervenciones eficaces”.

En aquella línea añadió que “a partir de la incorporación de los intentos de suicidio como evento de notificación obligatoria en el sistema sanitario nacional, se ha comenzado a dimensionar con mayor precisión la problemática: los registros recientes dan cuenta de miles de intentos de suicidio reportados anualmente en el país, lo que confirma que se trata de un fenómeno significativamente más amplio que los casos fatales”.

Además indicó que “en el plano normativo, corresponde destacar que la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 establece el derecho de todas las personas a la protección de su salud mental, imponiendo al Estado la obligación de garantizar acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación, con un enfoque comunitario e interdisciplinario”.

Moreno fundamentó el pedido de informes que “resulta oportuno que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, brinde información detallada que permita fortalecer las políticas públicas existentes, promover estrategias de prevención más eficaces y contribuir al cuidado integral del personal policial”.

Consideró que “el acceso a esta información resulta fundamental para el adecuado ejercicio de las funciones de control que competen a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, favoreciendo el diálogo institucional y la construcción de consensos en torno a una problemática de alta sensibilidad social” y solicitó “la aprobación del presente proyecto con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de salud mental y protección de los derechos de los agentes públicos”.

Fuente: APFDigital

La Cámara de Diputados dio lugar este miércoles a la primera jornada de audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares aprobada por el Senado..

Luego de un hecho inédito en el que miles y miles de argentinos se inscribieron para poder expresar sus argumentos en contra del proyecto, el Gobierno sólo habilitó a 200 personas para la primera jornada (presencial) y a otras 200 para la segunda (virtual), a realizarse este jueves. Dentro de los pocos que pudieron exponer este miércoles se encontró la Dra. Cecilia Domínguez, referente de la ONG entrerriana CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), quien sostuvo que “los glaciares son sistemas ecológicos que regulan el ambiente garantizando la calidad de vida de diversas especies” y aseguró que “la modificación de la ley producirá un grave ecocidio que conllevará la destrucción de toda la cadena ecológica “. 

La abogada finalizó su discurso afirmando que este intento de modificación por parte del Gobierno nacional “nace de un colonialismo impuesto desde el extranjero que busca satisfacer los intereses de un capitalismo financiero”.

La audiencia tuvo momentos de mucha tensión signados por reclamos de los disertantes quienes calificaron la audiencia de “farsa” y “antidemocrática” debido a que –entre otras irregularidades- solo el 0,4 % de los inscriptos pudo exponer.

La Cámara de Diputados abre este miércoles a las 10 la primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada, que será presencial, 200 oradores, y mañana otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde pondrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta hoy, miércoles.

La limitación de los oradores, así como la cantidad de asesores por bloque, será un tema de polémica en la primera etapa de la reunión, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda reclamarán la extensión de esas audiencias, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificaron anoche que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico, y que el ingreso a la HCDN se habilitará a las 9 horas y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba.

En una publicación de la red social X, se recordó que “solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas”.

Además, señalaron que “la actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada”.

“De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicita a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente”, agregaron.

Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estrictos con los tiempos en los que podrán hablar los oradores debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer casi 200 personas de las 24 jurisdicciones.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Cortes de transito

Desde la mañana de este miércoles, se implementarán cortes de tránsito en la zona del Congreso que estarán a cargo de las fuerzas federales y afectarán distintos accesos y cruces clave en las inmediaciones del Palacio Legislativo, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con demoras.

Entre los puntos donde se realizarán los cortes figuran Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre, con obturación sobre la primera arteria mencionada en cada caso.

Además, por la tarde habrá una marcha de organizaciones ambientalistas que reclamaban una extensión de las audiencias sobre glaciares.

 Diputados provinciales del Bloque “Más para Entre Ríos” le solicitaron al presidente de la Cámara, Gustavo Hein, que ponga en funcionamiento el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, debido a las múltiples denuncias contra el legislador socialista Juan Manuel Rossi.

En la misiva enviada al titular del cuerpo, se hizo referencia a la denuncia pública de Tamara Godoy, presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER) y militante socialista, que apuntó a Rossi por presuntas acciones de hostigamiento y violencia de género cuando se desempeñó trabajando en su bloque. A ella se le sumaron ocho exmilitantes más, que de forma anónima respaldaron lo vertido por Godoy en una carta enviada a los medios el viernes último.

Los diputados justicialistas, en ese sentido, expresaron su “profunda preocupación y enérgico repudio frente a los hechos de violencia denunciados públicamente” y señalaron que “la gravedad no sólo interpela la conducta individual, sino que compromete la responsabilidad institucional de este Cuerpo”.

En la nota, los diputados pidieron “de manera urgente” la “inmediata culminación, aprobación e implementación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, cuya elaboración fuera requerida en el ámbito judicial y luego aprobado por Resolución del Cuerpo, asegurando que el mismo contemple mecanismos claros de prevención, intervención y sanción”.

Además, pidieron entre otras acciones la adopción de medidas institucionales “concretas y eficaces tendientes a resguardar los derechos de las mujeres, garantizar ámbitos laborales libres de violencia y evitar cualquier forma de revictimización”.

Fuente: Ahora

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, encabezó este miércoles la primera Sesión Ordinaria del 147º Periodo Legislativo. En este marco, el cuerpo legislativo dio curso al tratamiento de los temas previstos en el orden del día, al tiempo que se aprobaron diversas iniciativas legislativas.

Una de las normas aprobadas refiere a una resolución presentada por el diputado Marcelo López por el que se insta a legisladores nacionales a que impulsen ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar el 3 de febrero, aniversario de la Batalla de Caseros, como feriado nacional.

Asimismo, se aprobó una declaración, de autoría del diputado Juan José Bahillo, por la que se insta al gobierno nacional a realizar gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para avanzar en la apertura de mercados para naranjas y mandarinas que se producen en la provincia.

En la fecha, además, tomaron estado parlamentario dictámenes de comisión que incluyen la creación de la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública -de autoría del Poder Ejecutivo- así como la declaración de utilidad pública y expropiación de un inmueble en El Solar y San Carlos, en departamento La Paz -de autoría del diputado López-, ambos expedientes girados al Orden del Día de la próxima sesión.

Proyectos del Poder Ejecutivo

La sesión ordinaria de este miércoles otorgó estado parlamentario a una serie de proyectos de ley enviados por el Gobierno Provincial, los cuales proponen el desarrollo de obras estratégicas en diversos departamentos, al igual que la regularización de inmuebles destinados al sistema educativo. Una de las iniciativas, contenida en el Expediente Nº28.947, autoriza a aceptar la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraná con vistas a la construcción de la Escuela Secundaria Nº78 “Intendente Juan Carlos Esparza”. Asimismo, el Expediente Nº28.950 contempla el ascenso a primera categoría de la comuna Ingeniero Sajaroff, en departamento Villaguay.

Otros expedientes que recibieron estatus parlamentario refieren a obras viales y apoyo a la producción. Así es como se prevé la expropiación de inmuebles para la ejecución de mejoras en los accesos a las cooperativas apícolas de Paraná -Expediente Nº28.985- y Gualeguaychú -Expediente Nº28.986-, así como la construcción de la Circunvalación de Nogoyá -Expediente Nº28.988- y un nuevo puente sobre el Arroyo “Del Sauce” -Expediente Nº28.997-.

El plan de obras contenido en el Expediente Nº28.987, por su parte, contempla la rehabilitación y reconstrucción de calzadas en las rutas provinciales Nº1 y Nº2, con impacto directo en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación. Por último, se incluyó el proyecto para la sistematización del Canal Mihura en el departamento Gualeguay, obra clave para el saneamiento hídrico de la zona -Expediente Nº28.998-.

Colonia Productiva

Al término de la sesión, el presidente de bloque oficialista, diputado Bruno Sarubi, comunicó al cuerpo que los diputados María Elena Romero y Jorge Maier representarán a la Cámara en la Comisión Asesora para el Fomento de la Colonia Productiva Guardamonte, según Ley Nº10.664, que tiene por objeto brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en torno a la evaluación y selección de los proyectos y en adjudicación de parcelas.

Homenajes

Como parte del desarrollo de la sesión, el cuerpo legislativo dio lugar al bloque de los homenajes. En esta instancia, la diputada Vilma Vázquez se refirió al 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos y al Día del Federalismo Entrerriano que se celebra cada 13 de marzo en conmemoración del natalicio de Francisco "Pancho" Ramírez. A su turno, la diputada Liliana Salinas brindó un reconocimiento a las mujeres en el marco del 8M.

Fuente: APFDigital

En la primera jornada de homenajes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos destacó la labor de mujeres que transforman sus comunidades a través de la cultura, la educación, el periodismo y la militancia por los derechos humanos. El ciclo continuará con una segunda instancia prevista para el jueves 26.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio inicio a las actividades por el Día Internacional de la Mujer con un acto que puso en valor el compromiso social de referentes de toda la provincia.

En este sentido, distinguieron a Nina Fuentes, quien fue convocada por la diputada Lorena Arrozogaray como referente cultural de Gualeguaychú y directora de danza; su instituto celebra las Bodas de Oro en 2026 y a Socorro Barcia, convocada por el diputado Carlos Damasco, como histórica referente del teatro independiente en Gualeguaychú y defensora de los derechos humanos tras su inhabilitación docente durante la dictadura.

El evento contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Hein, quien acompañó la entrega de distinciones a las homenajeadas. Durante el encuentro, los legisladores destacaron historias de vida marcadas por la vocación de servicio, la resiliencia y el aporte invalorable al desarrollo de la identidad entrerriana en sus diversas localidades.

Las mujeres reconocidas en esta primera fecha representan una síntesis del esfuerzo colectivo en áreas como la docencia rural, el arte y la comunicación social. Cada una de ellas recibió el aval de un diputado o diputada, quienes fundamentaron la elección en base al impacto positivo de sus trayectorias. Al inicio del acto, el diputado Hein dio la bienvenida al tiempo que resaltó “el legado marcado por logros y luchas de cada una por una provincia y una Argentina mejor”, mientras que la presidente de la Banca de la Mujer, Género y Diversidad, diputada Susana Pérez, destacó el 8 de marzo “no como una efeméride más sino como día de reconocimiento de derechos”.

El diputado provincial Juan José Bahillo presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo provincial impulse un plan de desendeudamiento destinado a los empleados públicos, a través del agente financiero del Estado.

La iniciativa plantea que, mediante el Ministerio de Economía, se gestione la elaboración e implementación de un programa que permita cancelar o refinanciar deudas que actualmente se descuentan de los salarios mediante códigos de descuento, ofreciendo líneas de crédito con tasas más bajas, plazos más extensos y condiciones financieras más favorables.

“El objetivo es que miles de trabajadores del Estado puedan reordenar su situación financiera y aliviar la carga de los descuentos sobre sus salarios, que en muchos casos terminan reduciendo de manera significativa el ingreso disponible de las familias”, explicó Bahillo.

En los fundamentos del proyecto, el legislador señala que el contexto económico de los últimos años, caracterizado por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo y tasas de interés elevadas, llevó a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad del sistema financiero alcanzó niveles cercanos al 9,3% hacia fines de 2025, con cifras aún más elevadas en entidades no bancarias como financieras, mutuales o cooperativas.

“Muchos empleados públicos mantienen compromisos financieros que se descuentan directamente de sus haberes, lo que reduce significativamente su ingreso disponible mensual”, advirtió el diputado.

Y agregó: “Cuando gran parte del salario termina absorbido por deudas tomadas en condiciones desfavorables, los aumentos pierden impacto real en el bolsillo. Detrás de ese endeudamiento hay miles de familias que hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, y el Estado tiene que generar herramientas que ayuden a aliviar esa situación”.

El proyecto propone que el Estado provincial promueva instrumentos que permitan reordenar la situación crediticia de los trabajadores, con el objetivo de mejorar su ingreso disponible y aliviar la economía de miles de familias entrerrianas.

El primer encuentro para tratar la reforma de la Ley de Glaciares se concentró en la definición de los mecanismos de discusión para su votación en Diputados. Si bien el plan inicial del Gobierno proyectaba para el 12 de marzo la sanción de la propuesta ya aprobada en el Senado, en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales definió no llevar la iniciativa a sesión este mes. La oposición solicitó más tiempo de debate y participación ciudadana.

"Teníamos contemplada la posibilidad de extender el debate para después no estar corriendo con el dictamen", aseguraron desde la conducción legislativa libertaria, donde sugirieron que podía ser convocada algún funcionario del Ejecutivo para respaldar el proyecto. "Es un pequeño triunfo, pero hay que cuidar este mes para que no se den vuelta diputados. Hoy ellos no tienen los votos en el recinto y tienen que revertir votos del peronismo", analizaron desde un bloque opositor.

La propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además, añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".

Esta potestad provincial, que se impondría por sobre el criterio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se ratificó con las dos reformas de último momento que incorporó el Senado antes de sancionar el proyecto con 40 a favor y 31 en contra. En estas reformas se removió la posibilidad de que la Cancillería intervenga en caso de zonas fronterizas y se eliminó la autoridad de un Comité de Cuenca de fiscalizar cuencas interjurisdiccionales en caso de potencial impacto ambiental.

Debate exprés o audiencias en provincias

El objetivo de la oposición en el inicio del debate fue evitar que se replique la metodología de tratamiento implementado en el Senado de la Nación, en donde hubo sólo dos reuniones de comisiones: una de los gobernadores de las provincias mineras el 17 de diciembre y otros de las empresas junto a ambientalistas el 18 de diciembre. Luego de eso, se dictaminó el proyecto hasta su votación en el recinto, el pasado 26 de febrero.

Dentro de la oposición, la bonaerense Sabrina Selva (Unión por la Patria), la porteña Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) solicitaron una serie de encuentros en la ciudad de Buenos Aires y otras en diferentes distritos, por el carácter interjurisdiccional de las cuencas hídricas. Ferraro argumentó que el 36% del territorio continental tiene como fuente hídrica el deshielo glaciar, mientras que el bonaerense Juan Grabois (Unión por la Patria) pidió garantizar el traslado a las provincias para que puedan intervenir comunidades afectadas que no tengan acceso a Internet.

A ello, el santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) contraofertó una sola audiencia pública el 25 de marzo, con cinco minutos de intervención por exponente. Con el transcurso del debate, el diputado oficialista cedió y propuso dos encuentros, uno presencial el 25 de marzo en la ciudad de Buenos Aires y el otro abierto a la participación en plataformas el 26 de marzo, con reuniones de comisiones conjuntas posteriores para dictaminar. A pesar de ello, advirtió que "el tiempo es finito".

El plenario en el que participó la Comisión de Recursos Naturales ocurre un día después de la suspensión de una actividad que iba a tener lugar en el mismo espacio, con el objetivo de revisar los fondos para prevención de incendios en la provincia de Chubut. "Evitan dar la cara por los incumplimientos del Gobierno en la prevención y combate contra el fuego, precarizan a los brigadistas, retienen fondos que deben enviar a los bomberos y apuran la entrega de los Glaciares", criticó la rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria), publicó Ámbito.