Tras un extenso debate y negociaciones que se prolongaron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con bloques aliados y la oposición para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza a fin de año. La iniciativa obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora deberá ser tratada en el Senado.

Pasada la medianoche, el tablero de la Cámara de Diputados registró 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones. La propuesta ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso al beneficio.

El consenso se alcanzó tras dejar de lado recortes incluidos originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027, los cuales habían generado fuertes críticas. El texto aprobado garantiza la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas, explicó la diputada Gabriela Estevez.

Por su parte, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que el dictamen final es contrario a las medidas de ajuste propuestas inicialmente por el Poder Ejecutivo. En tanto, la diputada Victoria Tolosa Paz destacó:

Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal.

El proyecto también introduce mecanismos de control mediante auditorías periódicas y establece un cronograma para la cancelación de deudas con los prestadores. La mayoría especial alcanzada reduce las posibilidades de modificaciones en la Cámara alta o de un veto presidencial.

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet votaron a favor del proyecto de ley que propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados y fue remitido al Senado de la Nación.

“Debemos proteger al productor agropecuario, no solo a sus inmuebles sino también a sus cultivos, ganado, silobolsas, corrales y al resto de su infraestructura agropecuaria. Son la fuente de ingreso del productor” señaló el diputado Michel.

La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

La reforma también crea el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño. Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.

El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares.

La Cámara de Diputados sesionó este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La discusión por la propiedad privada registró una victoria pírrica para La Libertad Avanza: logró aprobar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que sacar del proyecto la eliminación de la Ley de Tierras, norma que impone límites a los extranjeros para la compra de inmuebles en Argentina.

Por los cambios, el proyecto, que venía con media sanción del Senado, deberá volver a esa cámara para su aprobación final, pero ya sin la modificación que había provocado manifestaciones en rechazo a la liberación de los límites para que los extranjeros adquieran tierras de forma ilimitada.Minutos antes de las 17, Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la ley de Tierras, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU70/23, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, contra 4 en contra y seis abstenciones.

La iniciativa será girada al Senado que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.Fuente: Noticias Argentinas / Infobae

Salvo que aparezca un cisne negro que rompa con todas las expectativas, habrá quórum este miércoles en la sesión especial de la Cámara de Diputados donde se tratará un repertorio extenso de proyectos, que demandará muchas horas de debate hasta bien entrada la madrugada del jueves.

La convocatoria es a las 12 del mediodía y reunirá en el recinto a un oficialismo que va confiado a defender sus dictámenes de mayoría, y una oposición agazapada buscando la oportunidad de dar el batacazo en alguno de los temas.

una vez que el oficialismo reúna el número para habilitar la sesión, la oposición dura bajará al recinto para darle una respuesta a los colectivos de discapacidad y deudores críticos.

Después de que se cayera por falta de quórum la sesión opositora del pasado jueves, las cartas quedaron del lado del oficialismo, que jugará con la cancha inclinada a su favor e intentará imponer sus propios proyectos sobre Discapacidad y endeudamiento familiar.

Esos temas también habían estado en la fallida sesión de la semana pasada y fueron incorporados por el oficialismo en el temario de este miércoles como señuelo para seducir a dialoguistas para el quórum.

Qué se tratará

El primer tema del orden del día, y con el que se iniciará el debate en el recinto, es el proyecto venido del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, algo impensable meses atrás en un Gobierno que se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.

Además, aparece un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó la última gran tragedia sanitaria), que fuera trabajado por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la ex legisladora Mónica Fein, y otra iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural.

A La Libertad Avanza le interesa imponer sus propios dictámenes para bloquear los proyectos de la oposición, que implican una prorroga de la emergencia de la Discapacidad (que obliga a jueces a resolver con urgencia solicitudes de pensión y compensaciones a prestadores) y un plan de refinanciación de deudas a morosos con quita de punitorios y topes a las tasas de interés.

En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.

El proyecto ciertatamente incorpora todo el esquema de beneficios incorporados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una ley de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.

Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos. 

También argumentan que la ley propuesta por La Libertad Avanza y sus aliados delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso, por simple cruce de datos.

Tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.

Desde el conglomerado opositor se jactan de contar con el apoyo para prorrogar la emergencia del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), de todas las organizaciones de y para personas con discapacidad, del Foro Permanente Discapacidad, de las asociaciones de prestadores y transportistas, y de la Pastoral Social de la Conferencia Espiscopal.

En el caso del proyecto sobre morosidad familiar, el escenario está mucho más abierto y casi cualquier cosa puede ocurrir en el recinto.

El dictamen de mayoría, firmado por LLA, el PRO y la UCR, hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.

En cambio, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado "ley de regularización y alivio financiero", declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).

En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.

Fuente: NA

La Cámara de Diputados inicia una semana de alta intensidad política donde el oficialismo y la oposición medirán fuerzas tanto en el trabajo de comisiones como en el recinto. Tras la fallida sesión de la semana pasada, los bloques opositores buscan reorganizarse, mientras persisten tensiones internas en sectores como Provincias Unidas y el peronismo, este último afectado por la relación con los gobernadores.

La agenda parlamentaria tendrá su primer foco de atención con la visita del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a la comisión de Presupuesto. Su presencia ocurre en un contexto de alta sensibilidad tras la quinta marcha universitaria y la posterior represión. Un diputado de la oposición señaló al respecto:

Estamos reorganizándonos para recibir a Álvarez porque lo escuchamos toda la semana decir barbaridades.

Por otro lado, el debate sobre el proyecto de Malvinas, impulsado por el presidente Javier Milei, sufrió una postergación. Aunque el oficialismo buscaba dictaminar, la discusión se trasladó al 27 de octubre ante la falta de apoyos necesarios y las advertencias de empresas estadounidenses sobre el impacto de la medida. Esta señal sugiere que La Libertad Avanza aún no cuenta con el consenso suficiente para avanzar en la sesión maratónica prevista para el día siguiente.

El miércoles a las 12 se llevará a cabo la sesión convocada por el oficialismo para tratar los proyectos de Emergencia en Discapacidad y Desendeudamiento. Aunque el bloque libertario logró los dictámenes de mayoría, todavía enfrenta dificultades para cerrar acuerdos con sus aliados, quienes exigen especificaciones sobre los fondos destinados a los programas. Además, la Casa Rosada ha mostrado reticencias frente a los textos actuales.

En cuanto al desendeudamiento, la propuesta oficialista de educación financiera es cuestionada por la oposición, que reclama soluciones concretas para los más de 6 millones de personas endeudadas, especialmente con billeteras virtuales. Un diputado opositor concluyó:

El proyecto de ellos va a terminar con videos de Galperín explicando las tasas de los créditos. No resuelve nada. La verdad es que entre hoy y mañana vamos a retomar las conversaciones para ver si podemos volver a los 130 que nos permitió emplazar a las comisiones y darles vuelta los proyectos.

El Gobierno ganó ayer en Diputados cuando logró blindar su DNU 70/2023, y algunos actores de la cúpula libertaria vieron en el resultado de la cruzada con la oposición dura una muestra de las perspectivas para el debate por la reforma política. Sin embargo, no todos los diagnósticos post sesión convergen en el oficialismo y siguen las dudas sobre el nivel de apoyo que tendrán para suspender las PASO.

De hecho, aún no se atreven a ponerle fecha a la convocatoria de una sesión en el Senado para debatir el tema que más apremia, inquieta e interesa al Gobierno de cara a 2027.

Las miradas están divididas puertas adentro sobre lo que significa haber frenado la sesión opositora para esa discusión, que todavía está pendiente y que hoy es la más importante para la Casa Rosada. Quizás más aún que la defensa del DNU 70.

El Presidente siguió la jornada legislativa desde Estados Unidos junto a Karina Milei, que delegó las gestiones políticas para mantener en pie el DNU en Buenos Aires a su mano derecha, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Al final, la oposición no llegó a los 129 presentes para abrir el recinto. Y la diferencia la hicieron los diputados que responden a gobernadores con diálogo fluido con el oficialismo: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). La jujeña María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión, finalmente no bajó. Y ayudaron un fueguino del bloque Unión por la Patria que responde a Gustavo Melella y una diputada de Santiago del Estero, alineada con Gerardo Zamora.

En la mesa política, dicen que no fue “una victoria circunstancial”, aunque aclaran que todas las sesiones son particulares y tienen su lógica. De todos modos, en el ánimo triunfalista, ayer admitían en privado que lo tomaban como una señal de buena predisposición de los gobernadores, en especial el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el resto de las provincias que retiraron a sus diputados.

Para algunos referentes de la mesa política de Karina Milei, el desenlace de ayer, positivo para los violetas, fue una muestra de que se encuentran supuestamente más cerca de ganar la discusión por la PASO. “Estamos confiados en que sí”, dijeron en el bloque de LLA. Y redoblaron: “Antes de diciembre está aprobada”. En el bloque oficialista de Diputados agregaron con bastante seguridad: “En la última semana de noviembre se sesiona”.

Sin embargo, la relación con la Cámara alta no está aceitada después de los roces con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. La senadora aflojó bastante en el último tiempo con las críticas, después del encuentro del viernes con el Presidente en Olivos durante dos horas para volver a sintonizar, luego de los sucesivos señalamientos y desmarques que hizo en público.

El motivo de principal duda está en los propios gobernadores. Queda una pregunta: ¿fue una mala señal para la PASO que los tres diputados de Catamarca que responden a Raúl Jalil, un mandatario afín, se hayan sentado en el recinto cuando el Gobierno buscaba que no hubiera quorum? Lo mismo ocurrió con los de Gustavo Sáenz, de Salta, y con tres de los misioneros.

En el Senado algunos senadores violetas no coinciden con amalgamar las dos sesiones y no se animan a decir que el resultado de una esté atada a la otra. Con más determinación que en Diputados, donde sí dejan abierta la posibilidad de que haya un vínculo de correlación, los senadores sostienen en off que este triunfo no los deja más cerca de lograr la reforma política. “No creemos que influya”, dijeron, sin ánimo.

De todas formas, incluso en Diputados los más optimistas se recataban y trataban de evitar mostrarse demasiado triunfalistas por adelantado. “Cada sesión es distinta”, dijeron. También en Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo, que salió a festejar el resultado en la red X pero sin retuitear a Martín Menem. Como la mayoría, deslizaron que “son dos cosas distintas”.

Fuente: Infobae

La oposición no logró hoy alcanzar el quórum para habilitar la sesión especial en la Cámara de Diputados mediante la cual pretendía voltear el DNU 70/23 del Gobierno.

Transcurrida la media hora reglamentaria del horario convocado para el inicio de la sesión, se habían sentado en el recinto 121 diputados, faltando apenas ocho para cumplir con el objetivo.

El Gobierno festejó este resultado y valoró las ausencias clave de ocho legisladores de Provincias Unidas, los tres tucumanos de Independencia y el misionero "Colo" Vancsik de Argentina Federal.

Los 121 diputados presentes eran de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal y la Coalición Cívica.

El temario de la sesión también incluía el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares.

La convocatoria a la sesión, prevista para las 14 hs, se pinchó en la última semana por tres factores concurrentes: el fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización (borrando con la mano lo que había firmado semanas atrás cuando le negó legitimidad procesal a excombatientes de Malvinas), la voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que interesa a la oposición dialoguista, como discapacidad y endeudamiento.

El giro pragmático del Gobierno, que a fines de 2023 derogó la ley de Tierras, obedeció al temor de que la oposición juntara fuerzas en el recinto para tirar abajo el DNU 70/23 completo.

Si ese curso de acción opositor hubiese prosperado, no solamente se habría caído la derogación de la ley de Tierras sino también la de la ley de Alquileres, la de Góndolas, la de Abastecimiento; se habría desmoronado la política de cielos abiertos, se habría revertido la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y habría vuelto el control de precios a las empresas de medicina prepaga.

Por eso celebró el salvataje de la Corte y coronó la tarea con un dictamen que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 a través de una ley que estaba cajoneada desde hace más de dos meses, cuando obtuvo media sanción en el Senado

Fuente: Noticias Argentinas

La segunda reunión del plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional culminó en medio de otra escándalo. Sin el volumen de gritos de la semana pasada, el diputado nacional Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) reivindicó a la última dictadura cívico-militar y Germán Martínez (presidente de bloque de Unión por la Patria) lo cruzó: “Es para cag**lo a trompadas”.

“Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”, comenzó el diputado entrerriano, quien se hizo cargo de los dichos de Aldo Leiva, quien recordó la organización de viajes de diputados nacionales de La Libertad Avanza a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Sin el micrófono, el presidente del bloque peronista le contestó: “Nadie te aludió, vos fuiste a visitar a genocidas”. El libertario contestó: “No tengo inconvenientes…”. Germán Martínez se iba del Anexo C, y Benedit agregó: “No se vaya Martínez, no teatralice”. El diputado santafesino seguía gritando por fuera de micrófono.

Una vez que Germán Martínez dejó de interrumpir al entrerriano, el propio Benedit agregó: “Se ha instalado la palabra genocidio y hasta donde yo sé no hay ningún ciudadano condenado por genocidio”. Luego, siguió: “Hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante el señor Mario Santuccio -líder del ERP, asesinado el 19 de julio de 1976- que para perpetuarse en el poder dijo que iban a matar a un millón de argentinos”.

Los gritos se volvían a apoderar de la sala del Anexo C, y el propio Carlos Zapata intentó que Benedit concluyera su exposición, sobre todo, porque intuía que lo siguiera comentando iba a calentar el ambiente. De forma directa, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional le dejó en claro que el temario solo incluye a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Lejos de frenar, Beltrán Benedit explicó que la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fue por “una costumbre de fe”. Dentro de cuestión, alegó que los viajes a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza fue una enmienda religiosa como “visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados”.

Con la sala vacía, Germán Martínez le recordó a Beltrán Benedit que uno de los valores de la Iglesia Católica es “la santa sepultura”, en alusión a la desaparición sistemática de personas durante el período 1976 – 1983. Para cerrar, lo llamó “pelot***” y casi saliendo de la sala gritó: “Es para cag**lo a trompadas”. Benedit también contestaba y el santafesino cerró: “Anda a visitar a Astiz”, publicó Parlamentario.

Fuente: APFDigital

Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

Pero al mismo tiempo, desde el bloque Argentina Federal (Salta Misiones) dejaron trascender su enojo con la oposición por “utilizar la causa noble de los discapacitados para asegurarse el quórum”. En ese sentido, adelantaron que el bloque podría dividirse según intereses provinciales.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

El mismo día en que el oficialismo comienza a debatir el proyecto para reforzar su reclamo de soberanía de las islas Malvinas en la Cámara de Diputados, la oposición busca apoyos para convocar a una sesión especial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, luego de que el fallo de ayer de la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Una discusión que toca de lleno la cuestión de la soberanía y que cuenta con un reciente antecedente adverso para el Gobierno en el Senado: el rechazo de un capítulo entero del proyecto de propiedad privada.

Es justamente ese revés el que envalentona a los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos bloques provinciales, que se esperanzan con volver a reunir los consensos necesarios para llevar la discusión al recinto. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia de 2023 que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024.

Según pudo saber LA NACION, la intención de los bloques opositores es llamar en las próximas horas a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14. La duda sobre la fecha radica en que este miércoles todavía podrían registrarse bajas, ya que algunos diputados viajarían este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales.

Pero la incertidumbre va más allá. Es que incluso los propios impulsores de esta maniobra no tienen certeza sobre cómo pueden actuar algunos diputados de los bloques del centro que adhieren a aspectos generales del decreto, como los vinculados a las privatizaciones o a la ley de alquileres.

“El DNU 70 ya cumplió su ciclo. Parte de lo que era caducó, muchas de las emergencias que describe ya no están, vencieron en 2025 y fueron reemplazadas por ley, como, por ejemplo, la reforma laboral”, planteó un diputado opositor, en un mensaje dirigido a quienes todavía no tienen una postura clara al respecto.

En ese sentido, señaló que, si los reparos pasan por el articulado sobre alquileres, el oficialismo podría presentar un proyecto de ley específico que, muy probablemente, contaría con los avales necesarios en el Congreso. Lo mismo correría para otras cuestiones como las relacionadas a las privatizaciones o la libre elección de obras sociales sindicales.

Entre las definiciones que se barajan aparece la de separar la discusión del DNU de otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad. Si bien la oposición tenía previsto incluirlos en la próxima sesión, algunos legisladores advierten sobre el riesgo que conllevaría la jugada. Por estas horas, evalúan, en cambio, postergar ambos proyectos hasta el 21, cuando el oficialismo tiene previsto realizar una convocatoria en la que también sumaría la iniciativa sobre Malvinas.

A fines de ordenar una estrategia común, desde la bancada peronista que conduce Germán Martínez se reunieron esta mañana con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la entidad que había logrado frenar ante la Justicia el articulado que permitía la venta de tierras a extranjeros y cuya vigencia ahora fue restablecida por la Corte.

El diálogo con el resto de los bloques críticos para unificar los pasos a seguir está previsto durante y después del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, donde desde este mediodía se trata el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.

En efecto, Martínez fue uno de los primeros en tomar la palabra durante el encuentro y exigió a Zapata un cronograma claro de trabajo sobre la cuestión de Malvinas para “compatibilizar el trabajo en comisiones con la sesión especial para rechazar el DNU 70”.

De este modo, el jefe del bloque de UP anticipó el llamado a sesionar, al tiempo que apuntó contra “el escandaloso fallo de la Corte”, una muestra de la tensión con la que comenzó el plenario, en el que también abundan las críticas de varios legisladores por la ausencia de funcionarios de peso a la hora de discutir el proyecto.

La controversia se apalancó también en redes sociales donde desde ayer los diputados expresaron su repudio al fallo de la Corte y alertaron por sus alcances.

“Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno", arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

“A nosotros, diputados y senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”, reclamó Ferraro.

En simultáneo, un grupo de senadores de UP presentó un proyecto de ley en la Cámara alta que deroga el artículo 154 y restituye la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, “con las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70″.

Sin embargo, hay quienes ven con malos ojos el accionar de los peronistas en el Senado y se valen, en primer lugar, de una cuestión jurídica para sostener que no se puede derogar solo una parte de un DNU y, por otro, consideran que “le drenan el quórum” a los diputados.

Es que la cuestión parteaguas dentro de los distintos bloques. Mientras algunos legisladores se ven en la obligación de ir contra el DNU por reestablecer la venta de tierras a extranjeros sin ninguna limitación, otros aprovechan para de dar de baja de manera definita el megadecreto.

“Ya voté en el Senado en contra y voy a estar muy contento de hacerlo de forma negativa nuevamente en Diputados porque es profundamente inconstitucional”, remarcó Martín Lousteau.

Mientras tanto, el Gobierno activó desde esta mañana un operativo de control de daños en Diputados y convocó a sus aliados más cercanos a un encuentro encabezado por Martín Menem y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, a fin de contener la avanzada opositora.

La visión del riojano, alter ego de Karina Milei en Diputados, es clara y está vez va en línea con la de la Casa Rosada: no poner en riesgo el DNU, incluso si para ello debe hacer ciertas concesiones a los aliados.

En concreto, los libertarios exploran la posibilidad de incluir un capítulo que delimite los alcances de la venta de tierras a extranjeros en el reciente proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe pasar por la Cámara baja.

La Libertad Avanza acordó con los bloques dialoguistas sesionar este jueves y reformar el proyecto del Banco Central, con el objeto de que el Senado mantenga la exclusividad para la elección y remoción de los directores de la institución bancaria, que se harán por mayoría absoluta.

Uno de los puntos claves es que no se necesitarán los dos tercios para remover a un director, como se establecía en el proyecto votado en la Cámara de Diputados, sino una mayoría absoluta.

Con estas reformas, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, que deberá definir si acepta los cambios o insiste con los dos tercios con su texto aprobado el pasado 26 de Agosto.

Los cambios se terminaron de consensuar en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y los bloques aliados acordaron el temario de la sesión prevista para mañana a las 12, que contempla, además de la reforma del Banco Central, los cambios a la ley de Zonas Frías.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, confirmó que se realizarán los cambios sobre los nombramientos de los directores al proyecto votado en la Cámara de Diputados.

Explicó también que se establecerá que solo podrán ejercer su cargo en comisión durante el año parlamentario, como se establece con los jueces de la Corte Suprema.

El proyecto votado en la Cámara de Diputados establece que los directores del Banco Central tendrán que ser votados por mayoría simple por las dos cámaras del Congreso y que para la remoción se requerirá el aval de los dos tercios de los diputados y senadores.

El diputado provincial Juan Manuel Rossi hizo público el resultado del estudio que había anunciado tras las acusaciones difundidas en redes sociales. El análisis dio negativo para cocaína y para todas las demás sustancias evaluadas. “No todo vale en política”, afirmó.

Luego de las acusaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto consumo de drogas, el diputado provincial Juan Manuel Rossi cumplió con lo que había anunciado públicamente y se realizó un examen toxicológico.

El estudio fue realizado este miércoles 23 de septiembre en el Laboratorio del Este mediante un screening de drogas de abuso. El resultado fue negativo para cocaína, anfetaminas, marihuana, metadona, éxtasis, morfina y opiáceos, feniciclidina, barbitúricos, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos. El informe también consigna que la muestra fue obtenida en presencia del bioquímico.

“Para mí en política no vale todo. No me drogo ni me estaba drogando en la sesión. Con esta campaña sucia lo que buscan es desprestigiarme a mí y al gobierno provincial. Yo dije públicamente que me iba a hacer un examen toxicológico, fui, me lo hice y acá están los resultados: negativo para todas las sustancias analizadas”, sostuvo Rossi.

Ahora le toca a los dirigentes del PJ entrerriano explicar los contratos truchos de la Legislatura, la investigación sobre el patrimonio de Bordet, la condena por corrupción de Urribarri y los millones que investiga la Justicia en la causa SIRA.Yo hice lo que dije que iba a… pic.twitter.com/Fp1isorgeq

El legislador había rechazado previamente las acusaciones y atribuido la difusión del contenido a lo que definió como una “operación” de sectores ligados al PJ-kirchnerista. También había mencionado que no era casual que esta campaña sucia saliera justo ahora, cuando había cobrado protagonismo con distintas causas vinculadas a la malversación de fondos públicos durante los gobiernos de Urribarri y Bordet.

“Con el test negativo yo ya rendí cuentas. Ahora invito a los dirigentes del PJ que impulsaron estas acusaciones a que hagan lo mismo: que se realicen el mismo examen toxicológico y hagan públicos sus resultados. Y, además, que den explicaciones por los hechos de corrupción que involucraron a sus gobiernos y dirigentes: que expliquen a los entrerrianos dónde está la plata de los contratos truchos del Senado, dónde está el dinero de los exfuncionarios y dirigentes condenados por corrupción, qué pasó con los millones de la causa SIRA y, por qué no, que devuelvan la plata que le robaron a los entrerrianos”, expresó Rossi.

Una filmación de una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos generó una polémica en redes sociales luego de que usuarios acusaran al legislador Juan Manuel Rossi de haber consumido drogas en el recinto. Tras la viralización del video, el diputado publicó un descargo en X en el que la negó, dio su explicación sobre el movimiento registrado y se ofreció a realizarse un examen toxicológico.

En la secuencia, Rossi apareció sentado junto a la diputada María Elena Romero. Mientras ella hablaba, él acercó una mano a su rostro. El objeto que llevaba no se distinguía con claridad en la toma que circuló y el gesto dio lugar a interpretaciones sobre lo ocurrido.

La controversia escaló en redes antes de que Rossi respondiera públicamente. En su publicación, sostuvo que se trataba de una operación para perjudicarlo y afirmó que el objeto era una birome.

Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome "falopero". En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo.Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer… pic.twitter.com/6snmQ3NJok

El descargo completo de Rossi

“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”.

Luego, el diputado atribuyó la difusión de las acusaciones a adversarios políticos:

“Son los mismos operadores berretas del Partido Justicialista kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”.

Rossi también propuso someterse a un examen y cuestionó a quienes señaló como responsables de la maniobra:

“Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de [Sergio] Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”.

Tras el descargo, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó su apoyo a Rossi. El funcionario sostuvo que el video había sido “manipulado con Inteligencia Artificial (IA)”, una afirmación que no quedó acreditada por la información disponible.

Fuente: ElOnce

El bloque de La Libertad Avanza apeló a una estrategia de contención y definió ingresar al recinto a la espera de que la oposición consiguiera quórum en la sesión en la que se trató el emplazamiento a las comisiones con el fin de tratar los proyectos de morosidad y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La intención fue simple: negar la foto de un recinto con la mitad de las bancas vacías.

Así, en una imagen inusual, minutos antes de las 12 de mediodía -hora establecida para el inicio de la sesión- los legisladores libertarios y sus pares del peronismo y Provincias Unidas ingresaron al recinto. El bloque de la LLA, que había hecho trascender que iba a dar quórum, se quedó parado al lado de sus bancas y cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que había 135 diputados presentes, tomaron asiento y marcaron su presencia.

Sólo dos bloques se mostraron ausentes: el PRO y la UCR, quienes señalaron que no iban a avalar “una sesión pedida por el kirchnerismo”. Además, en estos sectores que actuaron siempre en consonancia con LLA, había enojo por el cambio de posición del oficialismo: “acordaron con el kirchnerismo”, se escuchó decir a una diputada.

En la reunión previa a la sesión, en Labor Parlamentaria, las partes llegaron a un acuerdo respecto de los tiempos. En este aspecto, se estableció que en el caso de Discapacidad el emplazamiento establecía un Plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto con fechas miércoles 16/9 de carácter informativa y miércoles 23/9 dictamen.

En el caso del debate por morosidad, el cronograma establece un Plenario de Finanzas y Defensa al Consumidor martes 15 y 22 de carácter informativa y martes 29 de septiembre dictamen.

En este esquema la oposición se sumó otra victoria y es que el oficialismo aceptó que la comisión de Presupuesto no participe de este debate.

En el comienzo de la sesión la oposición en voz del diputado Juan Marino pidió que se vote la habilitación del tratamiento del proyecto de ley de prórroga discapacidad que no cuenta con dictamen. En esta votación, LLA y sus socios no apoyaron pero, a la hora de votar el emplazamiento que pidió el mismo diputado de Unión por la Patria, hubo unanimidad: 249 votos a favor, 0 en contra.

En este momento se volvió a ver la estrategia libertaria. Tanto desde las bancas de los sectores de la oposición que impulsaron la sesión como del oficialismo, se aplaudió en modo triunfo. “Si todos son ganadores se licúa.”

“Ellos -por LLA- van a querer mostrarse como permeables al debate, pero lo cierto es que perdían y nosotros pasamos de 133 diputados a 249”, dijo uno de los diputados de la oposición que impulsó la sesión.

El mismo esquema de votación fue para el tratamiento de la treintena de proyectos de morosidad pero la novedad fue que en este caso hubo un voto en contra: el santacruceño José Luis Garrido.

“El Congreso hoy está a la altura de las circunstancias.Aprobamos el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa de los Consumidores para que dictaminen el 29 de septiembre. Hay 50 proyectos de ley y de ellos deben salir las soluciones para millones de argentinos que están megaendeudados para pagar gastos corrientes.Esta votación coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política, podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos”, dijo el radical de Unidos Pablo Juliano, uno de los impulsores de la sesión junto a Germán Martínez de Unión por la Patria.

Mientras la oposición se iba conforme, el oficialismo buscó opacar el triunfo del resto de los bloques. Primero, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, se encargó de señalar que el cronograma que se votó es el mismo que ya existía.

Desde la oposición sonreían. “La diferencia entre un plan de trabajo y un emplazamiento es que el primero se puede modificar y el segundo no. ¿Y por qué le vamos a creer si estamos discutiendo un tema que el Presidente nieva -morosidad- y otro que vetó -discapacidad?“.

Donde el oficialismo dice haberse anotado un pororto es que en los temas de morosidad no participe la comisión de Presupuesto. “Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos”.

Calleros era una dirigente estrechamente vinculada a Gualeguaychú. Antes de llegar a la Legislatura entrerriana desarrolló una extensa actividad gremial vinculada al sector rural y a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), espacio desde el cual construyó buena parte de su trayectoria pública.

Su recorrido político estuvo ligado al Partido Fe, espacio fundado por el histórico dirigente gremial Gerónimo “Momo” Venegas. Calleros fue candidata a diputada nacional por Entre Ríos en 2017 y nuevamente en 2021, aunque en ambas oportunidades no logró acceder a una banca.

El salto a la Legislatura provincial llegó en las elecciones de 2023. Calleros integró la lista de La Libertad Avanza en Entre Ríos como representante del Partido Fe y resultó electa diputada provincial por el departamento Gualeguaychú.

Su llegada a la Cámara de Diputados estuvo marcada también por una decisión política que tuvo repercusión a nivel provincial y nacional.

En octubre de 2023, antes de asumir su banca, Calleros anunció junto a Carlos Damasco y Liliana Salinas su alejamiento del espacio de La Libertad Avanza, luego del acuerdo entre Javier Milei y Patricia Bullrich de cara al balotaje presidencial.

“Me siento defraudada por la decisión de Milei”, había expresado entonces la dirigente, al explicar que el acuerdo con Mauricio Macri significaba un límite para el sector que ella representaba. Posteriormente, junto a Damasco, conformó el bloque Fe y Libertad en la Legislatura entrerriana.

Durante su mandato mantuvo una postura de acompañamiento a distintas iniciativas del gobierno provincial de Rogelio Frigerio. En abril de 2024, por ejemplo, sostuvo públicamente que había que “darle gobernabilidad” al gobernador y remarcó que, más allá de las diferencias políticas, la prioridad debía estar puesta en brindar soluciones a la sociedad.

Como legisladora, Calleros mantuvo una fuerte presencia en iniciativas relacionadas con su ciudad de origen.

Entre sus proyectos se destacó la declaración de interés legislativo de los 25 años de la celebración popular del 25 de Mayo en Gualeguaychú, una propuesta que reconoció el valor cultural e identitario que adquirió esta celebración para la comunidad local. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo de 2026.

También impulsó declaraciones de interés para distintas actividades e instituciones de Gualeguaychú. Entre ellas se encuentra el proyecto vinculado al programa “Carnaval con Todos”, organizado por la Escuela Privada de Educación Integral EPEI N° 23 “Emanuel”.

En mayo de 2025, además, realizó una donación de una bandera de ceremonias al Área Municipal de Malvinas de Gualeguaychú, en un acto que puso en valor el acompañamiento a los veteranos de guerra y la preservación de la memoria histórica.

Entre los proyectos de mayor relevancia que llevó adelante durante su paso por la Legislatura se encuentra la iniciativa para crear un Régimen de Consorcios Camineros Rurales. El proyecto, presentado junto a otros legisladores, buscó establecer una herramienta para el mantenimiento de los caminos rurales de la provincia. La iniciativa continuó su tratamiento legislativo y finalmente fue sancionada como ley en 2026.

También fue autora de un proyecto para que Entre Ríos adhiera a la denominada “Ley Nicolás”, orientada a fortalecer la calidad y seguridad en la atención sanitaria y prevenir errores de diagnóstico.

Durante su actividad parlamentaria participó además de debates vinculados con la salud pública, la infraestructura vial, la producción, la actividad rural y distintas problemáticas de la comunidad entrerriana.

Su trayectoria combinó así el trabajo gremial, la militancia política y la representación legislativa, con una presencia particularmente activa en cuestiones relacionadas con Gualeguaychú y el sector rural.

La noticia de su fallecimiento genera pesar en el ámbito político entrerriano y particularmente en Gualeguaychú, ciudad a la que representó durante su paso por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Fuente: Guale Digital 

La oposición buscará sesionar el próximo miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados para emplazar a las comisiones los proyectos vinculados al endeudamiento de familias y la emergencia en discapacidad, mientras el oficialismo busca convencer a sus aliados para que no den quórum para abrir esa reunión del pleno del cuerpo.

Los bloques opositores, encabezados por el peronismo, tiene el desafío de mantener unida a la mayoría que construyó en la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el debate de esas iniciativas.

Además, deberá acordar cuáles serán los proyectos que pedirán que se traten en las comisiones del medio centenar que se han presentado, para poder hacer el pedido de emplazamiento ya que tienen diferentes giros.

Ahora, con la convocatoria oficial a la sesión realizada por el secretario parlamentario, Adrián Pagan, para el próximo miércoles, se multiplicarán las negociaciones de la oposición para conservar bloques que hasta ahora fueron aliados del Gobierno Nacional y del oficialismo para hacer caer la sesión

La Libertad Avanza avanzó con una estrategia de abrir en la comisión de Finanzas, que preside Santiago Pauli, para tratar 35 proyectos con la expectativa de estirar el debate hasta fin de mes, pero ese esquema de trabajo fue rechazado por las bancadas opositores.

Esta estrategia de utilizar la comisión como "carnada" para que "piquen" los diputados dialoguistas no es inocente, sino que apunta directamente a quitarle fuerza a la convocatoria del 9 de septiembre, con el argumento de que la sesión carece de sentido, ya que uno de los temas ya está siendo debatido en comisión.

"La trampa", dicen los opositores, es que la reunión de Finanzas será meramente informativa y no tiene como fin último dictaminar para poder llevar los proyectos al recinto.

En ese contexto, el oficialismo buscará convencer a los legisladores que si bien votaron a favor para habilitar el debate no firmaron el pedido de sesión como los tres legisladores de Independencia, y para que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la sesión.

También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas que siempre votan con el oficialismo.

Por lo pronto, este martes continuará a las 15 el debate en la comisión de Finanzas donde expondrán invitados propuestos por los opositores. (NA)

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción por unanimidad al proyecto para declarar ciudadanos ilustres a los futbolistas Lisandro Martínez y Marcos Senesi, tras su destacada participación con la Selección Argentina en el Mundial de 2026. La iniciativa pasó al Senado provincial para completar su tratamiento legislativo.

El proyecto fue presentado por la diputada Carolina Streitenberger y propuso reconocer la trayectoria de ambos defensores: Martínez, oriundo de Gualeguay, y Senesi, nacido en Concordia.

Durante su argumentación en el recinto, Streitenberger definió a los futbolistas como un “ejemplo de esfuerzo, disciplina, perseverancia y superación”, y subrayó la relación que mantienen con las comunidades donde nacieron.

“A ellos les decimos gracias por representarnos con la camiseta más linda del mundo”, concluyó la legisladora al fundamentar el reconocimiento.

Tras el respaldo unánime de la Cámara baja, la declaración de ciudadanos ilustres quedó pendiente del tratamiento en el Senado entrerriano

Fuente: El Once

El oficialismo logró hoy en la Cámara de Diputados la media sanción de la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal, con la que el Gobierno busca sumar contribuyentes al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa se impuso con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

Es la segunda victoria consecutiva del oficialismo en el recinto, tras aprobar la víspera la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A La Libertad Avanza lo acompañaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, un puñado de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica la ley 27.799, es la segunda etapa del régimen que el Gobierno envió a Diputados en julio y elimina los topes para adherir: ahora podrán hacerlo todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin límites de ingresos ni patrimonio. Hasta hoy solo podían acceder quienes tuvieran un ingreso anual de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

También se extiende el plazo para entrar al régimen hasta el 31 de diciembre de 2027 y se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. Se redefine además el concepto de “discrepancia significativa”, el criterio que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada: se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % de lo declarado. Sobre ese punto, ARCA ya había reglamentado la extinción penal en delitos tributarios para quienes se acojan al régimen.

Quienes adhieran deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, con medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). El dictamen también acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El debate en el recinto

La miembro informante de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, defendió la norma al afirmar que produce “una cuestión muy sencilla pero revolucionaria”: confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos y no tomarlo como sospechoso por haberse protegido en épocas de hiperinflación con el ahorro en la informalidad. “Somos un país raro porque tuvimos tanta inflación que somos uno de los pocos países que gana en pesos pero ahorra en dólares”, explicó la cordobesa.

Silvana Giudici (La Libertad Avanza) ponderó la gestión económica al destacar que el objetivo de la reforma del Banco Central es “preservar la moneda y poner fin a la máquina de imprimir”, y celebró la “baja inflacionaria de 85 puntos” y los “27 meses de crecimiento consecutivo”.

Desde la oposición, Mariela Coletta (Provincias Unidas) calificó la iniciativa como una “obscenidad fiscal” y acusó al Poder Ejecutivo de negarse a explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen.

Juan Grabois (Unión por la Patria) la rechazó porque, a su entender, “convierte en culpables a los inocentes e inocentes a los culpables”. El líder de Patria Grande denunció que los beneficios van “para el 1% más rico” mientras se profundiza el ajuste sobre trabajadores, jubilados, pequeños empresarios y sectores populares, y apuntó contra el nombre de la ley: “Convierte por ley en inocentes a los evasores”, dijo, y mencionó al empresario Marcos Galperin, a quien acusó de ser un evasor “beneficiado” por el Gobierno.

Martín Lousteau (Provincias Unidas) sostuvo que “detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”. El ex ministro de Economía recordó que el presidente considera héroes a quienes evaden y que Adorni fue “uno de los primeros que adhirió a esta ley”.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz, quien desestimó las críticas y cuestionó que se equipare a quienes ahorraron por fuera del sistema con delincuentes: “Para ustedes, todos los contribuyentes que tienen dinero ahorrado legítimamente son todos delincuentes”. Para el legislador, la ley “va a impulsar el crédito en la Argentina” y la actividad económica.

La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles al mediodía a fin de tratar una serie de proyectos, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes (PCT).

La sesión fue pedida a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara baja con las firmas del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y referentes de todos los bloques dialoguistas, lo que da a entender que los temas a abordar en el recinto tienen acuerdo previo y no habría contratiempos para su aprobación con media sanción.

Firman el pedido de sesión Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del PRO, Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia - Tucumán), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo - San Juan), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

De esta lista sorprende acaso la firma de Scaglia, quien en lo personal mantiene buen vínculo con el oficialismo pero conduce un bloque cuya mayoría suele ser esquiva a la estrategia del Gobierno nacional.

La rúbrica de la diputada santafesina contrasta con la ausencia de la firma de Sebastián Nóblega, el presidente del bloque Elijo Catamarca, fuerza política alineada al gobernador Raúl Jalil que en los últimos tiempos empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza.

Tampoco el pedido de sesión lleva la firma de Eduardo Falcone del MID, quien quedó molesto por una serie de decisiones y destratos recientes del oficialismo.

En la sesión de la Cámara baja, además de los tres proyectos impulsados por la Casa Rosada, se tratará la reducción del IVA a la fécula de mandioca a pedido de la provincia de Misiones, y también una serie de expedientes de carácter simbólico vinculados a la declaración de capitales nacionales en distintos rubros de diferentes ciudades y provincias del país.

Fuente: NA

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a abrir el próximo miércoles 26 de agosto para tratar un temario amplio de cinco proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal "bis" (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

Los otros dos proyectos incluidos en el temario son producto de concesiones a fuerzas dialoguistas, a saber: la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5% (un guiño a Misiones), y la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país (como Salta, Santa Cruz y Salta).

En esta última iniciativa también hay gestos hacia aliados como el PRO, la UCR, el MID y Producción y Trabajo.

La iniciativa, definida por el propio Milei como "la más importante" de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

"Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos", se indica.

"De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda", explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Fuente: Noticias Argentinas