El Gobierno giró este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que busca ampliar la base de contribuyentes que se inscriba en el Sistema Simplificado de Ganancias, a fin de alentar el ingreso al sistema de los dólares fuera del sistema financiero.

La iniciativa firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Petovello, se tratará en la primera semana de agosto.

La intención del oficialismo es poder sancionar el proyecto antes de fines de agosto, con lo cual deberá comenzar las negociones con los bloques aliados, ya que la Libertad Avanza solo tiene 95 de los 129 votos para poder abrir el recinto y para aprobar esta reforma.

En ese contexto serán claves las conversaciones que realicen con el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas cuando se reanude la actividad parlamentaria en agosto.

De todos modos, habrá un tema que seguro generará debate es que se permiten a los funcionarios poder ingresar al sistema, y ese punto provocará polémica ya que entre los aliados habrá pedidos para que se los excluya, luego de que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se adhirió al régimen tras su crecimiento patrimonial.

El oficialismo no solo debe tener mayoría para sancionar el proyecto sino para sacar los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que conducen los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

Ganancias

El proyecto amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno señala que con esta reforma se "democratiza el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias".

Fiscalización

Otro punto clave es que se mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, para los cuales se mantendrán los controles integrales previstos por la legislación vigente.

En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento delimpuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto delo declarado por el contribuyente.

Lavado

Se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen que quienes adhieran al régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). El requisito se considerará cumplido cuando esos canales sean utilizados en el origen o en el destino de la operación.

La iniciativa también dispone que los fondos canalizados bajo esas condiciones podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027, además de fijar criterios específicos para su tratamiento en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

En paralelo, el proyecto instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a dictar normas para que la adhesión al régimen sea considerada un antecedente favorable en los controles de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, aclara que esa condición no exime a los bancos, entidades financieras y demás sujetos obligados de cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.

Fuente: APF

En su sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dará ingreso al proyecto de Reforma Previsional que llega con media sanción del Senado. La iniciativa fue aprobada el miércoles de la semana pasada y fue incorporada al temario del pleno que se llevará adelante desde las 11.

Según supo AHORA, la norma pasará por dos comisiones de la Cámara Baja, pero no serán las mismas que en el Senado, donde se debatió en Presupuesto y Asuntos Constitucionales. En este caso, será en Presupuesto y Asuntos Previsionales, con la duda en relación a si habrá especialistas o directamente la discusión pasará por lo que considere cada uno de los legisladores.

La intención del oficialismo es no dilatar más los cruces por la norma, con lo cual el tratamiento en comisiones sería de no más de una semana. Desde Juntos por Entre Ríos aspiran a que, en una nueva sesión llevada adelante la semana del 27 al 31 de julio, se le dé sanción definitiva a la norma.

A diferencia del Senado, en Diputados no se esperan sorpresas: el oficialismo votaría a favor en bloque, con una mayoría automática que los habilita a no modificar nada de lo que llegó con media sanción. El peronismo, por su lado, se abroquelaría detrás de la negativa. La duda, eventualmente, persiste alrededor de los libertarios, que son cinco pero están divididos en tres bloques.

Fuente: AHORA

La Cámara de Diputados de Entre Ríos celebró este jueves 2 de julio su novena sesión ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. El encuentro, bajo la conducción del presidente del cuerpo, Gustavo Hein, otorgó media sanción a cuatro proyectos con despacho de comisión que integraron el orden del día, entre ellos la reglamentación del Juicio Político y la reglamentación del efecto derogatorio contenido en el artículo 60º de la Constitución Provincial.

Obtuvo un espacio central en el debate legislativo el dictamen sobre la reglamentación del procedimiento del Juicio Político. El texto final consensuado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento -que recibió media sanción y fue votado por unanimidad- recogió propuestas de la diputada Gabriela Lena y de legisladores con mandato cumplido Juan Pablo Cosso y Esteban Vitor. Al fundamentar la iniciativa, Lena planteó que se “está dotando a Entre Ríos de reglas claras”, al tiempo que aseguró: “El fortalecimiento de la democracia y del sistema republicano no se mide por la voluntad de controlar sino respetando el Estado de Derecho”.

La presidenta de la comisión manifestó que el dictamen surgió por consenso pues recibió aportes de todos los bloques políticos. Según planteó, el texto es “riguroso en el respeto de las garantías constitucionales para que, si debe aplicarse, todos sepamos cuáles son las reglas del juego”. Por parte del bloque de la primera minoría, el diputado Sergio Castrillón aseveró: “Debatimos y consensuamos cuáles son las condiciones para proceder ante un juicio político”, al tiempo que celebró la decisión de fusionar expedientes sobre la materia.

A su turno, el cuerpo otorgó media sanción por mayoría a un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que busca reglamentar el efecto derogatorio que prevé el último párrafo del artículo 60º de la Constitución de Entre Ríos. El texto proveniente del Poder Ejecutivo especifica que la derogación por triple inconstitucionalidad declarado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se limitará exclusivamente a la parte afectada por el vicio constitucional y excluyendo explícitamente fallos de oficio.

En este punto, la diputada Lena se refirió en su fundamentación ante el pleno que la iniciativa destaca por la necesidad de “dotar de seguridad jurídica a un aspecto institucional de trascendencia”, así como de “eliminar la incertidumbre en torno de la vigencia o pérdida de vigencia de las normas generales”. A su vez, la diputada María Laura Stratta argumentó el voto negativo de su bloque al considerar que “el artículo 60º es una cláusula de control constitucional y no una norma que requiera reglamentación”.

Ley de Mecenazgo Deportivo

Legisladores otorgaron media sanción por unanimidad a la reforma de la Ley Provincial Nº11.240 de Mecenazgo Deportivo, una iniciativa impulsada por la diputada Débora Todoni. La modificación se centra en el artículo 14º del texto, cuyo propósito es el de optimizar los mecanismos de financiamiento y apoyo para deportistas e instituciones deportivas de la provincia. 

Fuente: APF

La Cámara de Diputados sesionó este miércoles con una agenda clave para el Gobierno y avanzó en la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI). Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, entre ellas la de Lourdes Arrieta, el oficialismo obtuvo media sanción al proyecto.

En la misma jornada, obtuvo la autorización para ejecutar un plan de pago a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda defaulteada de 2001. Esta última iniciativa se aprobó con 139 votos a favor y 97 en contra y se convirtió en ley.

A pocos minutos de que finalizara la sesión se hizo presente en uno de los palcos la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, quien fue recibida con aplausos del bloque.

Qué propone el Súper RIGI

El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone una estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones. De esta manera, el país avanza en adoptar un modelo que prioriza la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de sectores emergentes mediante reglas especiales. La discusión se produce en un contexto de expectativa por parte de gobernadores, referentes industriales y actores del sector tecnológico, quienes observan el posible impacto sobre el entramado productivo local.

El régimen amplía y modifica los alcances del RIGI vigente, que desde su creación orienta los incentivos a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura. La nueva propuesta, en cambio, concentra los beneficios en actividades consideradas inéditas a escala comercial en el país, con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta. Para acceder al régimen, los proyectos deberán comprometer al menos el 20% de la inversión total en los primeros dos años.

Entre los principales beneficios fiscales, el Súper RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% —nivel que establece el RIGI— al 15%, incorpora un sistema de amortización acelerada, permite deducir quebrantos sin límite temporal y fija una alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Por otro lado, el régimen garantiza arancel cero para importaciones y retenciones cero a las exportaciones, establece un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe tasas municipales sobre ventas. Como el RIGI, contempla estabilidad regulatoria por 30 años.

Principales diferencias entre el RIGI y el súper RIGI

La Cámara de Diputados sesionaba este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

A las 12:26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quórum, y habilitó la sesión, que también incluye el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores.

El último en bajar al recinto para alcanzar el quórum fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien el pleno le aceptó la renuncia a la banca, y fue reemplazado por Martín Matzkin, quien juró por su banca que desempeñará hasta diciembre de 2029.

De esta manera se fortalece el armado de la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Congreso, que ya el nuevo diputado nacional por la provincia de La Pampa es parte del esquema político de la ex ministra de Seguridad.

De hecho, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar a Matzkin, y aprovechó para saludar a Ravier en su despedida de la Cámara de Diputados.

A continuación, se sometió a consideración una moción de apartamiento de reglamento planteada por la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman para forzar la inclusión sobre tablas del proyecto que propone la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la propuesta resultó rechazada con 104 votos afirmativos y 125 negativos.

De la misma forma, fue rechazada una moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que incluía pedidos de interpelación al ministro coordinador y también el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Luego de que se aprobaran una serie de tratados internacionales, Romina del Plá (Frente de Izquierda) pronunció una explosiva cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de las prestaciones del PAMI.

El diputado nacional de Unión por la Patria Horacio Pietragalla Corti le puso voz al homenaje a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, quien falleció a los 95 años el 14 de junio pasado.Noticia en desarrollo…

Cuando todo indicaba que la sesión que se esperaba pediría el oficialismo en Diputados esta semana finalmente no se concretaría, este lunes al mediodía la misma fue confirmada. Minutos antes de que la Scaloneta saliera a la cancha a disputar su segundo cotejo en este Mundial, se despejaron las dudas cuando La Libertad Avanza mostró sus cartas.

Fue al cabo de una serie de novedades que se fueron dando por la mañana: primero, la oficialización de la sesión pedida por la oposición hace más de diez días para tratar los proyectos contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esa cita es para las 14 de este martes 23. Pero inmediatamente después el oficialismo hizo su jugada a dos bandas: para desactivar la sesión de la oposición, y a la vez permitir realizar la sesión del 24 impulsada por el oficialismo. Fue al convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar a partir de las 15 del martes 30 todos los expedientes previstos para la sesión pedida por la oposición. Una sesión para la cual la oposición sabía que no tendría los 2/3 para habilitar el debate sobre tablas, por lo que terminaría emplazando. Ahora no van a emplazar para algo que está convocado. Al menos no lo harán los diputados del Pro y la UCR.

Fue en realidad el corolario de un trabajo realizado por el oficialismo y los diputados dialoguistas durante todo el fin de semana. Y que tiene como fin no solo dejar sin efecto a la sesión de este martes, que descuentan ya no tendrá quórum porque los dialoguistas no se sumarán.

Además, gana tiempo el oficialismo, ya que descomprime la relación con los aliados, y les da tiempo de paso con la resolución del tema Adorni, ya que este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales “empezará” el debate de la interpelación, lo cual implica que no será un tratamiento exprés, como hubiera implicado un emplazamiento “con dictamen”.

“Para nosotros bueno porque la primer sesión de comisión será informativa. Así que luego se requerirá otros plazos para llegar al eventual dictamen”, expresó una fuente oficialista consultada por Parlamentario.

La sesión de este miércoles

Saldada la situación, el oficialismo podrá abrir las puertas del recinto de Diputados este miércoles, dado que ya no tendrá la amenaza de pedidos de emplazamientos.

Por eso el bloque LLA pidió sesionar este miércoles a las 12 con un temario que incluirá tratados internacionales, en primer lugar; luego lo más urgente: los acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund, para saldar las deudas que restan con holdouts.

Y por último, la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, también conocido como “Súper RIGI”. 

Fuente: APF

El proyecto de resolución de diputados provinciales del PJ insta al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio de la ATER, se eleve la alícuota de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable al “no inscripto pleno y al inscripto sin alta en Entre Ríos”, a fin de “proteger al comercio entrerriano radicado, fortalecer la recaudación provincial y municipal, y corregir una asimetría competitiva que perjudica gravemente a comerciantes, municipios y comunas, y al empleo local”.

La iniciativa establece: ”Instar al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), instrumente la modificación de los Artículos 5° y 6° de la Resolución N° 273/22 ATER, elevando al cinco por ciento (5%) la alícuota de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable al no inscripto pleno —en ambos canales, físico y digital— y al tres por ciento (3%) la del inscripto sin alta en Entre Ríos, conforme al esquema detallado en los fundamentos de la presente”.

En los fundamentos del proyecto se consigna que “la medida que proponemos no implica crear ningún tributo nuevo, y puede instrumentarse de inmediato por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) mediante resolución general”.

En ese sentido, se indica que “la iniciativa tiene por objeto elevar una propuesta concreta de política tributaria destinada a proteger al comercio entrerriano radicado, fortalecer la recaudación provincial y municipal, y corregir una asimetría competitiva que hoy perjudica gravemente a nuestros comerciantes, a nuestros municipios y comunas, y al empleo local”.

“El crecimiento sostenido del comercio electrónico y la apertura indiscriminada impulsada en el último tiempo ha consolidado un universo de vendedores que operan activamente con efectos en el territorio entrerriano —concretando ventas a consumidores y comercios de nuestras ciudades— sin radicación local, sin locales habilitados y, en numerosos casos, sin inscribirse como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia. Estos operadores compiten con el comercio local en condiciones marcadamente desiguales: se benefician de su propia economía de escala, mientras el comerciante entrerriano radicado sostiene el empleo, paga sus tributos provinciales, abona las tasas municipales y mantiene su local abierto. El resultado es conocido en cada una de nuestras ciudades: pérdida de ventas del comercio formal, cierre de locales y la consiguiente caída de la actividad económica, del empleo y de la recaudación”.

Según se explica, “la Provincia de Entre Ríos se encuentra adherida al SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra), administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, que capta de manera unificada las ventas de comercio electrónico abonadas con medios de pago digitales, incluidas las que se canalizan a través de las grandes plataformas. La adhesión se concretó mediante la Resolución N° 273/22 ATER, que distingue —con buen criterio— dos situaciones de irregularidad fiscal y les asigna alícuotas diferenciadas: Artículo 5° — el no inscripto pleno: el sujeto que no figura en el padrón del SIRTAC ni acredita inscripción en ninguna jurisdicción adherida. Constituye la informalidad total frente al sistema. Hoy tributa el 3%, tanto en sus ventas en local o establecimiento físico (primer párrafo) como en las operaciones realizadas por plataformas digitales (segundo párrafo); Artículo 6° — el inscripto sin alta en Entre Ríos: el sujeto que sí está inscripto —como contribuyente de otra jurisdicción o de Convenio Multilateral— pero no dio el alta de la jurisdicción de Entre Ríos (908). Es un formal incompleto: el sistema lo conoce y tributa en otra jurisdicción, restando solamente incorporar a la Provincia. Hoy tributa el 1,5%”.

“La lógica vigente ya es incremental —quien más se aparta del cumplimiento, mayor retención soporta— y proponemos preservarla y reforzarla al elevar ambos valores: No inscripto pleno (Artículo 5°): elevar del 3% al cinco por ciento (5,00%) —el tope de la grilla del sistema, letra «Z»—, de manera uniforme tanto para las ventas en local físico como para las operaciones por plataformas digitales, asimilando el tratamiento de ambos canales; Inscripto sin alta en Entre Ríos (Artículo 6°): elevar del 1,5% al tres por ciento (3,00%). De este modo se mantiene una brecha clara y razonable entre ambas situaciones: el informal pleno tributa el máximo del sistema, mientras que quien al menos está inscripto —aunque sin alta en la Provincia— queda en un escalón intermedio. La medida no persigue una finalidad recaudatoria, sino esencialmente correctiva: inducir a la formalización, de modo que quien regularice su situación recupere de inmediato la alícuota ordinaria”.

Convocados en reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Comercio, Industria y Producción, presidida por Marcelo López y Juan José Bahillo, los miembros firmaron dictamen unánime para el Expediente por el que se establece el Régimen General de Compre Provincial. La propuesta tiene como objeto central la creación de “un ecosistema empresarial local competitivo y sostenible mediante el otorgamiento de preferencias a bienes, servicios y obras que tengan origen en la provincia”. De acuerdo con los fundamentos del texto, la normativa atiende necesidad de simplificar los trámites de acceso a los beneficios y el control de las empresas proveedoras del Estado.

Del debate y análisis del proyecto participaron el coordinador general de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, Leonel Rodríguez, y el director general de la Unidad Central de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Emanuel Squilaci. En el encuentro, los funcionarios sostuvieron la necesidad de reformar la actual Ley de Compre Provincial de Entre Ríos —vigente desde 2001— debido a la “excesiva complejidad burocrática que provoca una aplicación parcial en grandes contrataciones, lo que en los hechos excluye a muchas pymes locales por errores de papeleo”.

Como forma de readecuar la letra de la ley, el nuevo texto enviado por el Ejecutivo establece “la simplificación y transparencia del proceso mediante la creación de un certificado único con vigencia determinada”, que se tramita una sola vez al momento de la inscripción. De esta manera, el trato preferente y el beneficio previsto en el "Compre Provincial" se automatizan en todos los niveles de contratación pública, por lo cual la norma funcionaría como una medida directa de fomento y acompañamiento para los comerciantes y empresarios de la provincia.

Comisión Conjunta de Legislación General y de Salud Pública

Esta reunión de trabajo legislativo estuvo coordinada por los diputados Marcelo López y Silvio Gallay. En esta ocasión, los miembros otorgaron dictamen unánime al Expediente de creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica como una figura jurídica cuyo objetivo es regular el ejercicio profesional de quienes se desempeñan como visitadores médicos en el territorio entrerriano, así como garantizar un marco legal e institucional definitivo para la actividad. Según expresó López, como autor del proyecto, “la matriculación obligatoria en Entre Ríos elevará la transparencia y la calidad del servicio, lo que genera beneficios para los visitadores y la ciudadanía”.

Comisión de Salud Pública

La comisión presidida por el diputado Silvio Gallay emitió dictamen en torno del Expediente cuya autoría pertenece a la diputada Noelia Taborda, por el que se instituye el 11 de abril de cada año como el Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson. Durante el debate en comisión participaron como invitados de la impulsora del proyecto Guillermo Vartorelli y Luis Valdez, referentes del Grupo Entrerriano de Parkinson (GEP).

Finalmente, la comisión avanzó con el tratamiento del Expediente correspondiente al proyecto de ley que impulsa el Programa Provincial de Atención Integral en el Climaterio y Menopausia -bajo la autoría de la diputada Andrea Zoff-, cuyo objetivo es diagramar una política pública que garantice el acceso a estudios de diagnóstico y cobertura médica, “que ponga eje en la prevención del impacto en la salud cardiovascular y ósea que sobreviene en mujeres que atraviesan esa etapa biológica”, afirmó la legisladora. 

Fuente: APF

Con el arranque del Mundial de Fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá un miércoles de super acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de "Super RIGI".

El primer plato será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses".

Con esta iniciativa, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas.

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias ("Súper Rigi"), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

A las 15, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto del Poder Ejecutivo.

Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La iniciativa se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se exigen inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares.

A estas industrias de "frontera" tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para  operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los 3 años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Fuente: NA

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos mantendrá una reunión de trabajo el próximo martes en el Salón de los Pasos Perdidos. El objeto del encuentro será el tratamiento conjunto de tres proyectos de ley que proponen regular el procedimiento técnico y legal de los juicios políticos en el ámbito provincial.

Las iniciativas bajo análisis son el Proyecto de Ley de Procedimiento de Juicio Político (presentado por la diputada Gabriela Lena), el Proyecto de Ley de Juicio Político - Comisión Permanente de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, y un tercer Proyecto de Ley de Procedimiento de Juicio Político. El propósito de estas propuestas es dictar una ley que fije las reglas formales que la Constitución Provincial delega en la reglamentación.

Los proyectos de ley presentados abordan aspectos de la ingeniería procesal tales como los plazos legales para las actuaciones, los mecanismos y domicilios de notificación para los denunciados, las formas de interposición de la defensa y el patrocinio letrado, las vías de presentación de las denuncias por parte de los ciudadanos, y la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos para los baches interpretativos.

El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir la importación de prendas y artículos textiles usados durante cinco años, con la excepción de donaciones.

La medida se explica por cuestiones sanitarias y por la avalancha de importaciones producto del tipo de cambio congelado y la política aperturista del Gobierno, que está generando serios problemas de competitividad para la industria local de indumentaria.

La iniciativa, que fue girada a las comisiones de Industria y Economía, establece como excepción las donaciones dirigidas a entidades públicas, religiosas y organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando cumplan con requisitos de registro, antigüedad y acreditación del destino de los bienes.

En los fundamentos, Castagneto sostiene que “la medida busca prevenir riesgos sanitarios asociados a prendas usadas que pueden contener bacterias, hongos o residuos químicos, cuya fiscalización resulta difícil por el volumen y las condiciones de ingreso”.

El proyecto advierte sobre el impacto ambiental de estos productos, en especial por la presencia de fibras sintéticas que producen microplásticos, elementos que no se reciclan fácilmente.

De acuerdo a información dura contenida en la letra del proyecto, en 2025 ingresaron al país más de 4,6 millones de kilos de ropa usada, lo que supuso un aumento sideral, en un porcentaje creciente del total del mercado de indumentaria.

Esta situación está desencadenando procesos de competencia desleal, pérdida de fuentes de trabajo y merma de producción en la industria local de ropa y textiles.

Según Castagneto, Argentina se está convirtiendo en destino de excedentes textiles de otros países, en un proceso que describe como de “exportación de residuos”.

En medio de la interna autodestructiva entre territoriales y celestiales de La Libertad Avanza, la reciente sesión en la Cámara de Diputados le dio un respiro al Gobierno, que no sólo avanzó con un nuevo ajuste en los subsidios al gas sino que además logró bloquear la ofensiva que preparaba la oposición con el "affaire Adorni" como punta de lanza.

El gran ganador de la jornada del miércoles fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuya figura había quedado en entredicho luego de que la agrupación Las Fuerzas del Cielo lo vinculara directamente con una cuenta anónima (Periodista Rufus) en redes sociales que venía desparramando críticas a troche y moche contra Santiago Caputo y los hermanos Milei.

El karinismo negó las acusaciones contra el riojano, y hasta el presidente salió a respaldarlo públicamente, pero semejante espaldarazo no alcanzó para disciplinar a las tropas digitales de Caputo, que siguieron diseminando las sospechas contra el titular de la Cámara baja.

Para aplacar las críticas y volver a empoderarse, Menem necesitaba una contundente victoria política para onfrendarle a Milei, y lo consiguió con creces.

El primer objetivo se logró cuando reunió quórum: al habilitar la sesión propia, desactivó la convocatoria opositora pautada para una hora más tarde en el recinto, donde los cañones iban a apuntar sin piedad contra Manuel Adorni.

De esa forma, el oficialismo logró blindar al jefe de Gabinete, poniéndolo a resguardo de los proyectos que buscaban su interpelación y hasta una moción de censura.

Después de ese primer gran paso, había que pensar en la agenda propia que el Gobierno había diseñado con la Ley Hojarasca y luego con la readecuación del régimen de zona fría para subsidios al consumo de gas.

El primer proyecto, una depuración del digesto normativo con la derogación de cerca de 70 leyes obsoletas, nunca estuvo en riesgo y el resultado fue generoso para el Gobierno.

Celebró con devoción el secretario de Regulación de la Nación, Alejandro Cacace, el ex diputado radical que fue adoptado por el ministro "motosierra" Federico Sturzenegger.

Sin dudas el plato fuerte de este menú de pasos que fue la sesión en la Cámara de Diputados pasaba por el proyecto que proponía recortes en los subsidios el gas, especialmente en la zona centro y noroeste del país.

En la antesala a la sesión, esta iniciativa no llegaba con las garantías suficientes como para estar tranquilos en el resultado de la votación.

En ese escenario incierto entró a jugar el ministro de Interior, Diego Santilli, quien se puso al hombro la negociación con una serie de gobernadores.

A cambio de apoyo en el recinto, "el Colo" les prometió un esquema de subsidios a la energía eléctrica por zona cálida.

Las provincias invitadas a esta "promo" fueron Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones y Santa Fe.

Las gestiones tuvieron un desenlace "feliz" con cuatro de ellas, mientras que los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Ferraro, y de Catamarca, Raúl Jalil, exigieron una condición más: que el compromiso a subsidiar la electricidad estuviera por escrito en la letra de la misma ley.

Con el compromiso de esas cuatro provincias que sí confiaron en la palabra de Santilli las cuentas ya le daban al Gobierno como para ir medianamente tranquilos a pelear la votación al recinto de Diputados.

Los diputados de Pullaro votaron en contra y los de Jalil se abstuvieron, pero no fueron suficientes para desnivelar el resultado, que fue más holgado del que se preveía en los días previos, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones.

El Gobierno entiende que en el Senado no deberían haber mayores contratiempos para ratificar la media sanción de Diputados, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes directas.

La iniciativa busca retrotraer la política de subsidios a un esquema similar al que regía antes de la ley aprobada por ambas cámaras en el 2021, a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner que establecía rebajas de entre el 30 y el 50% en buena parte de las provincias del país.

La ampliación del régimen de zona fría en aquel entonces generó 3.4 millones de nuevos beneficiarios de las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis y algunas localidades de Tucumán.

Una vez que se implemente la nueva política, caerán los beneficios de cerca de 1.600.000 usuarios de estas regiones con climas frío templado durante los meses de invierno, y solo los mantendrán los restantes 1.800.000 pertenecientes a núcleos familiares con ingresos menores a 4.3 millones de pesos, inscritos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Pero las zonas a las que se les sigue reconociendo condiciones climáticas de frío extremo (Patagonia, Malargüe y la Puna) también se verán levemente perjudicadas, ya que se achicará la base de cálculo de los descuentos, tomando únicamente la parte variable por consumo para aplicar el subsidio, dejando entero y sin ningún tipo de descuento al cargo fijo reflejado en la factura.

De esta manera, el Poder Ejecutivo se asegura un recorte fiscal significativo, en sintonía con los lineamientos de la gestión libertaria.

En el discurso de cierre antes de la votación del proyecto, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici intentó conferirle al ajuste un revestimiento moral: "Un régimen de subisidios es eficiente cuando ajusta donde puede y subsidia donde debe".

Fuente: NA

La Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.

Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

Para anotarse este triunfo legislativo, el oficialismo se granjeó el apoyo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

Solamente se desprendió del esquema de habituales aliados los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron.

Además votó a favor, de manera insólita, la monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría.

Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acataron las órdenes de sus respectivos gobernadores y se plegaron al oficialismo.

Unión por la Patria votó monolíticamente en contra al igual que el Frente de Izquierda, y se sumaron las rechazo nueve diputados de Provincias Unidas (incluidos los cordobeses y santafesinos, provincias perjudicadas por el recorte del subsidio).

También rechazaron el proyecto el puntano Jorge Fernández (Primero San Luis), la cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y la sorpresa la dio el puntano Claudio Álvarez, el único de Innovación Federal que se diferenció de la postura de su bloque (producto del perjuicio para su provincia).

El interbloque Unidas se dividió: cuatro diputados de Provincias Unidas votaron a favor, al igual que Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se abstuvo y Mónica Frade no quiso votar para no fijar postura. La misma decisión tomó Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

El inicio de la sesión

La sesión se inició luego de que el oficialismo consiguiera ajustadamente el quórum, lo que le permitió cumplir con el otro objetivo que se había propuesto que era pisar y dejar sin efecto la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición con un temario que giraba en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La superposición de dos convocatorias a sesiones para este miércoles, generó un ida y vuelta de deliberaciones reglamentarias que insumió una hora y media de discusiones ociosas que retrasaron el tratamiento de los proyectos de ley.

Superado ese impasse, el primer proyecto que se trató fue la ley Hojarasca, que se aprobó con 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

Se trata de una iniciativa concebida por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

Zona Fría

Luego de aprobar una serie de tratados y convenios internacionales, llegó el plato fuerte con el tratamiento del proyecto de readecuación del régimen de subsidios por zona fría, para el cual el Gobierno había llegado con los votos justos.

A raíz de este escenario complejo en términos de votos, en la víspera había sellado un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas, a quienes se les prometió un esquema de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

El proyecto de ley de readecuación del régimen de "zona fría" tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo.

La idea es retrotraer la política de subsidios a un esquema similar al que regía antes de la ley aprobada por ambas cámaras en el 2021, a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner que establecía rebajas de entre el 30 y el 50% en buena parte de las provincias del país.

Los objetivos que persigue la iniciativa, de acuerdo a la letra del proyecto, son "la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas".

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

A partir de los cambios en el régimen de zona fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora.

A su vez, el proyecto crea un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria.

El debate 

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Energia y Combustibles, el libertario Facundo Correa Llano (LLA), quien señaló que "durante años la política Argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, distorsiones y privilegios".

"Eso nos llevó a confundir sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios y política energética con populismo tarifario”, indicó.

"Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”, remarcó.

El mendocino destacó que el presidente Javier Milei busca tener un "equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados”.

Al respecto, consideró que "cuando el subsidio deja de estar focalizado deja de ser una herramienta social y pasa a ser transformarse en una distorsión”, insistió el legislador oficialista y defendió que “focalizar no es ajustar, es garantizar a que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodriguez Machado (LLA) aclaró que “nadie está en contra de asistir a quienes no pueden afrontar el costo de la calefacción, de que las regiones con frío extremo tengan herramientas diferenciales", y explicó que "de lo que se está en contra es de que se les dé subsidios a quienes no los necesitan”.

Desde la oposición, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto expresó su rechazo al proyecto ya que "limitará este derecho a los ciudadanos y pobres de la Patagonia, al referirse a los cambios en el método de cálculo del subsidio.

"Queremos sostener la bandera de las provincias generadoras, porque son las provincias de la Patagonia las que generan el gas y el combustible. Por lo tanto venimos a sostener eso y nos oponemos a esta ley", enfatizó.

A su vez, la peronista fueguina Andrea Freites (UxP) criticó que el Gobierno impulse esta iniciativa "en un contexto de fragilidad e incertidumbre", y advirtió que con los cambios propuestos se recargarán las facturas del gas y se distorsionará un beneficio de más de 20 años.

La diputada opositora reivindicó la actual ley de zona fría, a la que definió como "soberanía y federalismo real" desde "La Quiaca hasta el ‘Fin del Mundo".

La kirchnerista Lucía Cámpora (UxP) afirmó que "el gobierno quiere aumentarle las tarifas a 4 millones de argentinos a través de la modificación del régimen de Zonas Frías".

“El proyecto de Milei deja a 3,2 millones de personas en 8 provincias de bajas temperaturas sin el beneficio vigente, lo que implicará aumentos de 50% en las tarifas de gas. Además, 900.000 usuarios en las regiones del Régimen Patagónico sufrirán aumentos”, advirtió.

“En concreto, los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI ni Remediar o pagar las nuevas tarifas de gas. O quizá deberán tomar más deuda con la tarjeta o la billetera virtual para poder pagar los servicios. Esta es la realidad de nuestros compatriotas”, lamentó la camporista.

La kirchnerista Fernanda Díaz sostuvo que “esta medida viene a consolidar una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía".

"No se entiende como están preocupados por poner un tarifazo sobre los argentinos y argentinas, y no se preocupan sobre cómo se va a pagar el endeudamiento permanente que estamos teniendo con el FMI, desembolsando miles de millones de dólares para sostener a este Presidente”, lanzó.

“Con esta nueva estafa, los vecinos de nuestras ciudades van a tener que decidir entre pagar la factura del gas o cumplir con una comida más diaria”, finalizó.

La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, aseguró que "el gobierno de Javier Milei todo lo que toca lo rompe".

"El régimen de Zona Fría, impulsado por Máximo Kirchner, es justo, solidario, pero además es un régimen que es autosustentable. No estamos hablando de un lujo, estamos hablando de vivir dignamente, mínimamente. Están haciendo que 4 millones de usuarios, en las puertas del invierno, reciban facturas con un 50, 30, 60 o hasta 100% de aumento. Es brutal lo que hacen", disparó.

"Pero además hacen otra cosa que es muy propia de ustedes: quitarle a las mayorías populares para entregarle pingües beneficios a los poderes económicos concentrados", siguió.

Según dijo, "con la modificación de esta ley se benefician unos pocos: los tres o cuatro dueños de las grandes energéticas en la Argentina". 

Por el Frente de Izquierda, Romina del Plá alertó que detrás de esta readecuación se viene "un tarifazo enorme a las familias argentinas".

"Desde nuestro bloque defendemos una concepción totalmente diferente que es el derecho social a la energía", afirmó la referente del Partido Obrero.

Y explicó que por el contrario "la energía y los bienes comunes no son para los negocios de las empresas a los que les dan todo tipo de beneficios y para que un grupo de vivos se llenen los bolsillos".

La legisladora camporista de la provincia de Córdoba Gabriela Estévez (UxP) alertó lo que se estaba discutiendo era "crearles un nuevo problema a las familias argentinas que tiene que ver con decidir, nada más y nada menos, si comen o si pagan el gas".

"En este contexto de caos absoluto hay algo que a mí me esta generando algo de satisfacción y es que el gobernador de la provincia de Córdoba esté defendiendo con uñas y dientes una ley de Máximo Kirchner cuando permanentemente están hablando de que el kirchnerismo discriminaba la provincia de Córdoba", indicó.

"Evidentemente el kirchnerismo no solo no discriminó a la provincia de Córdoba, sino que 688 mil familias de la provincia de Córdoba pudieron acceder a tarifas de gas más económicas, pudieron calefaccionarse mejor, pudieron vivir con mejor calidad de vida gracias a una ley que además se autofinanciaba y es superavitaria", subrayó.

En el cierre de Unión por la Patria, el jefe de bloque, Germán Martínez, recordó el compromiso que tuvo el peronismo a lo largo de las distintas gestiones para ampliar las políticas de subsidios energéticos.

El santafesino le pidió a los diputados del norte que tengan el compromiso de ayudar a las provincias del sur a mantener la política de zona fría para el consumo del gas.

"El norte de la Argentina necesita una tarifa diferencial para la energía eléctrica. Lo queremos dejar fijado por ley. Creemos que las zonas cálidas merecen un tratamiento especial", consideró.

"Llama la atención que algunos que hace muy poquito tiempo habían aprobado la ampliación de zonas frías estén hoy parados en otro lugar y no se den cuenta del perjuicio que le ocasionan a las familias argentinas", concluyó.

El último discurso estuvo en manos de la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici, quien recordó que en 2021 se tomó la decisión de extender el régimen de subsidios al gas a regiones de frío templado.

"Tomaron la decisión más inequitativa e injusta cuando hablamos de subsidios a la demanda", expresó.

Al respecto, cuestionó que "desde hace años los 47 millones de argentinos venimos financiando a las zonas frías templadas más ricas", incluyendo "countries" y "mansiones".

"Los 47 millones de argentinos pagamos más impuestos porque a ustedes se les ocurrió con la ley ampliada llevar la alícuota del 5.3 al 7.5%", apuntó.

Y acotó que para compensar los desequilibrios en la matriz energético habría que elevar la alícuota al 11.5%, algo que el actual Gobierno no está dispuesto hacer porque supondría "hacerle pagar el pato a todos los argentinos".

Para Giudici, "un régimen de subisidios es eficiente cuando ajusta donde puede y subsidia donde debe".

Recordó que el Gobierno de Milei reconvirtió la política al crear el programa de Subsidio Energético Focalizado (SEF), que se encargó de optimizar los recursos y detectar incompatibilidades entre nivel de ingresos y patrimonio con los beneficios otorgados.

En ese sentido, destacó que el Gobierno retiró subsidios en countries y mansiones de la zona AMBA y de Córdoba y hasta de propiedades en Puerto Madero.

Por otra parte, la diputada oficialista defendió la medida que propone la ley para "reformular las deudas entre distribuidores y empresas provinciales".

"Tratar de regularizar el mercado energético mayorista es algo que en la Argentina no se hace desde hace décadas. La ineficiencia que se provocó hasta ahora hizo que se acumulara en el Gobierno de Alberto Fernández hasta 18 mil millones de dólares de deuda. Acostumbrados al 'pagadios', nadie pagó nada", lamentó.

Fuente: NA

La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley Hojarasca, la iniciativa impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

En la misma sesión se debate en estos momentos y se votará el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por "zona fría", además de la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para "hacerle la vida imposible" al ciudadano argentino "de bien".

"Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución", consideró.

Para el miembro informante del oficialismo, "esto se debe en buena medida a que buena parte de nuestros pares desconocen que el derecho y el gobierno es anterior a la ley".

"Los gobiernos no nos otorgan derechos sino que nos reconocen derechos", apuntó el economista libertario, que agregó que "la degradación del derecho viene cuando pensamos que una ley es justa por la cantidad de manos levantadas".

Benegas Lynch sostuvo que "las regulaciones, las leyes y las normas son para proteger la vida, la propiedad y el derecho".

"No es el derecho a la felicidad o como se dice ahora el derecho al futuro", siguió el diputado de La Libertad Avanza.

"Medir la calidad legislativa por la cantidad legislativa es lo que he observado en estos dos años y medio. Es francamente patético y resulta ser una carrera para acumular proyectos en comisiones, y hasta los autores no tienen el menor interés en que vean la luz del recinto", cuestionó.

En ese sentido, reivindicó la Ley Hojarasca como un mecanismo para salir de "este laberinto regulatorio y de esta carrera de obstáculos para el laburante argentino de bien" y que a su juicio constituye "una cosa irrespirable en la Argentina".

En tanto, el legislador oficialista denunció que muchas normas fueron concebidas como "barreras artificiales para cobrar el peaje de la política" y así nutrir los "quioscos" de muchos políticos tradicionales.

"Esto sirve para alimentar el ego de los políticos megalómanos, pigmeos morales que no saben controlar ni siquiera sus complejos de inferioridad porque no pueden tolerar y se revuelcan cuando ven a un argentino de bien progresando y productivo", concluyó.

A su turno, Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que esta ley Hojarasca, la primera serie de otras normas que se presentarán con la misma finalidad, tiene "varios criterios".

"Suprimir normas que están superadas por normativas posteriores, y que por lo obsoletas son ridículas como la ley de Azotes; normas obsoletas por el avance tecnológico como la ley de microfilmación; leyes que afectan libertades individuales como la ley de mochileros; leyes que imponían un montón de trámites burocráticos hoy totalmente innecesarios; leyes que están vigentes con organismos que hoy no existen, o que establecimientos procedimientos vigentes imposibles de aplicar; organismos financiados con fondos nacionales sin ningún sentido", enumeró.

El santafesino se refirió en particular a la necesidad de derogar la ley sobre laboratorios públicos, de la cual dijo que "no sirvió de nada" porque no creó nuevos laboratorios ni asignó fondos.     

"Y los laboratorios existentes fueron creados por leyes provinciales, como en mi provincia, y se sustentan con los impuestos que pagamos los santafesinos", señaló.

En ese sentido, el secretario parlamentario de La Libertad Avanza consideró que "son leyes declamatorias, hechas para quedar bien con algún sector de la sociedad".

"El punto central de la Ley Hojarasca es el paradigma de la libertad. Estamos hablando de la batalla cultural que nos planeta el presidente: cambiar ese paradigma del Estado omnipresente de que todo y para todo necesita autorización del Estado", remató Mayoraz.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta se manifestó en contra de la Ley Hojarasca y opinó que "detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado".

En tanto, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, advirtió que "hay que ser muy termo para votar una ley como ésta". 

"No van a haber más de dos o tres diputados que van a levantar la mano para votar esta ley que tengan alguna idea de que se trata", reprochó, y cuestionó la idea de que se trate de una ley "inocua". Noticia en desarrollo…

Fuente: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles un proyecto del oficialismo para actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y focalizar los beneficios en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas en el esquema.

La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, fortalecer la segmentación de subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen concretada en 2021, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Según el proyecto, los subsidios quedarán dirigidos exclusivamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El padrón incluirá hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el caso de los hogares con integrantes con discapacidad, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera el CUD implica necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.

El texto también redefine el universo alcanzado por el régimen de Zona Fría y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

La propuesta oficialista sostiene que la ampliación del régimen realizada en 2021 llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, lo que derivó en la inclusión de sectores con alto poder adquisitivo o sin correspondencia con los criterios de vulnerabilidad económica.

Fuente: NA

La Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzará a debatir en comisión un proyecto de ley que busca crear un marco institucional y normativo para promover el desarrollo integral del norte entrerriano. La iniciativa, impulsada por la senadora Gladys Domínguez, ya cuenta con media sanción del Senado y será analizada este martes a las 17 por la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

El proyecto apunta a impulsar mejoras en materia económica, productiva, social, educativa y de infraestructura en una de las regiones históricamente más postergadas de la provincia. La propuesta plantea avanzar en un proceso de desarrollo local “sustentable y sostenido”, con políticas coordinadas entre distintos organismos del Estado y actores territoriales.

Según el texto presentado en el Senado, el eje central de la iniciativa será la creación de la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano, un organismo que tendrá la función de articular y coordinar las acciones destinadas a cumplir con los objetivos fijados por la ley. Ese espacio estaría integrado por representantes de distintos ministerios del gobierno provincial, la Dirección Provincial de Vialidad, el Consejo General de Educación (CGE), el Poder Legislativo, municipios y comunas de la región que adhieran a la normativa, además de organizaciones no gubernamentales.

La propuesta busca generar herramientas específicas para fortalecer el arraigo, fomentar inversiones y mejorar la calidad de vida en departamentos del norte provincial que arrastran problemas estructurales vinculados a infraestructura, empleo y acceso a servicios. En ese sentido, el proyecto pretende establecer políticas públicas de largo plazo orientadas a equilibrar las desigualdades regionales dentro de Entre Ríos.

El tratamiento en Diputados marcará el inicio de una nueva etapa legislativa para la iniciativa, luego de haber obtenido respaldo en la Cámara alta. La discusión en comisión permitirá analizar el alcance del proyecto y escuchar distintas posiciones sobre una propuesta que busca instalar una agenda específica para el desarrollo del norte entrerriano.

Manuel Quintar, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Jujuy, estacionó este miércoles una Tesla Cybertruck en la cochera de la Cámara de Diputados, un vehículo que en el mercado local puede valer más de 200.000 dólares según el modelo y las condiciones de importación. La imagen del auto, con un ploteo del logo de LLA, se viralizó en redes sociales y encendió el debate dentro y fuera del bloque oficialista.

El legislador no tardó en confirmar la propiedad del vehículo. Lo hizo con un mensaje en su cuenta de X: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

La escena tuvo repercusiones inmediatas puertas adentro del oficialismo. Según reconstruyeron fuentes legislativas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del predio apenas tomó dimensión de la incomodidad interna que el episodio generaba.

En el entorno del legislador jujeño le restaron importancia al asunto. En diálogo con Infobae, sostuvieron que “está en regla” y añadieron que si bien en el video no tiene patente, se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación. Por otra parte, las mismas fuentes agregaron que “él no tiene problema, la compro en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

El timing del episodio no pasa inadvertido. El Gobierno aplicó esta semana un recorte de casi 2,5 billones de pesos en el gasto presupuestado para 2026, con el objetivo de garantizar el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La poda alcanzó áreas como educación, salud, los programas de prevención del cáncer, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán.

A ese escenario se suma el desgaste que atraviesa la administración de Javier Milei por la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y ratificado en su cargo por el Presidente pese a la investigación en curso.

Desde la oposición, las críticas apuntaron al contraste entre el discurso de austeridad estatal del espacio libertario y la presencia de un vehículo de ese valor en el Congreso.

En enero de este año, tras una larga espera de casi diez meses entre la publicación del Decreto 196/2025 y la reglamentación para poder aplicarse a los usuarios, el Gobierno dio forma al esquema de trámites que se deben hacer para nacionalizar un auto importado que no cuente con la homologación convencional en Argentina, y deba obtener un Certificado de Seguridad Vial (CSV) para poder circular por la vía pública.

Tesla no tiene representación oficial en Argentina, por lo que la Cybertruck no puede adquirirse en concesionarias locales. Quienes importan una unidad de forma privada deben afrontar aranceles, IVA y el impuesto a los autos de lujo, lo que eleva considerablemente el precio final respecto al valor de origen en Estados Unidos, donde el modelo parte desde los 69.990 dólares. El detalle de esos costos establece que en concepto de transporte y flete se deben calcular unos USD 2.500, al llegar a Argentina un 35% de arancel de importación, un 3% de tasa estadística, otros USD 1.000 de gastos de logística y traslado local, un 10% de impuestos y tasas entre Ingresos Brutos, impuesto a las ganancias o anticipo, impuesto a los débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, y el IVA del 21%.

El perfil de Quintar combina la actividad legislativa con una trayectoria empresarial en el sector de la salud en Jujuy: administra clínicas y obras sociales privadas y participa desde principios de los años noventa en el manejo del sanatorio Los Lapachos, un negocio de origen familiar. Antes de sumarse a LLA, pasó por las filas del Partido Justicialista (PJ), donde fue candidato a legislador provincial en 2021.

Actualmente responde al sector del partido que conduce Karina Milei y, según el mundillo libertario, es un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, alineado con Santiago Caputo.

Hay versiones que indican que el legislador tiene en mente hacer campaña para la gobernación de Jujuy en 2027 con el vehículo como parte de su imagen pública. Su declaración jurada registra, además de la Cybertruck, un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota.

Luego de muchas especulaciones en torno al quórum para la sesión en Diputados que buscaba interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente la oposición pidió que se deje sin efecto el llamado para sesionar este jueves a las 11 en la Cámara baja.

“Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle que tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11:00″, se lee en la nota que enviaron un conjunto de diputados opositores.

Además, los legisladores pidieron convocar a sesión especial para el miércoles 20 a la misma hora. En esta oportunidad se incluirán temas que habían planteado desde la bancada peronista como condición para acompañar la interpelación al jefe de Gabinete.

La caída de la sesión había comenzado a gestarse horas antes. Los representantes de Provincias Unidas, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica habían convocado a una sesión especial para este jueves a las 11. Más tarde sumaron el acompañamiento del bloque peronista, aunque decidieron no incorporar al temario una serie de proyectos sociales impulsados por el sector que conduce Germán Martínez.

La decisión generó negociaciones y reuniones contrarreloj. La secretaria parlamentaria de UxP, Paula Penacca, había adelantado a los diputados convocantes que el bloque acompañaría el pedido de sesión, pero condicionó ese respaldo a la inclusión de iniciativas sociales que el peronismo viene trabajando en Diputados.

Finalmente, los bloques opositores resolvieron limitar el debate exclusivamente a la interpelación de Adorni y a una eventual moción de censura. Esa definición alejó la posibilidad de reunir el quórum necesario para abrir la sesión.

Fuente: TN / APFDigital

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 10 para tratar tres proyectos de ley que apuntan a reglamentar el procedimiento de juicio político en la provincia.

Uno fue presentado por el diputado Esteban Vitor (PRO) en el 2021: “Se basa en un estudio de los antecedentes que han presentado mis pares a lo largo de los años pero con modificaciones que considero trascendentales para garantizar la calidad del proceso”, indicó.

Destacó la necesidad de establecer lineamientos precisos, “la idea es que cada pedido de Juicio Político que se presente sea tratado en tiempo y forma y con las garantías necesarias. Es importante que así se dé curso al pedido o se desestime la denuncia, se haga en un tiempo prudente y dando a conocer las justificaciones de la decisión”.

“Estoy convencido que este proyecto le brinda al proceso mayor institucionalidad, transparencia, responsabilidad y seriedad en línea con lo que estipula nuestra constitución, pero más importante, plasmando los valores republicanos que la sociedad reclama y que nosotros como legisladores debemos representar con honor”, expresó Vitor.

La segunda propuesta fue elaborada por Gabriela Lena que en los fundamentos remarcó que la Constitución “carece” de una norma reglamentaria clara y detallada que garantice los principios y garantías.

En ese sentido agregó: “Para ser más detallista, la norma constitucional carece de una normativa en cuanto a los tramites o procedimientos: como la debida forma para pedir e iniciar un expediente de juicio político, la apertura o no de un proceso investigativo, la forma de las notificaciones en el domicilio real o en el laboral, la forma de contestar la denuncia y/o de ser oído”.

Por ello, la legisladora subrayó que el fin del proyecto es consolidar al proceso de juicio político como “un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional”.

La otra iniciativa fue presentada por Juan Pablo Cosso en 2023: “Se trata de un instrumento de excepción que constituye uno de los resortes institucionales del Estado de derecho a través de los cuales se ejerce el control político entre los órganos del Estado”, indicó.

“La propuesta que se pone a consideración incluye la regulación de cuestiones que se presentaron en la práctica del procedimiento, asociadas a la taxatividad de las personas sujetas a juicio político, las actuaciones de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, el ejercicio del acusado de su derecho a la defensa, la incorporación de medios tecnológicos, los plazos del proceso, la eventual renuncia del denunciado, entre otras”, agregó.

“En ese marco, creemos que la reglamentación de este instituto supone un avance fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de Entre Ríos. Se busca el establecimiento de reglas claras para la ejecución de un procedimiento equilibrado, ágil, justo y que se desenvuelva en un plazo razonable, con la vigencia plena de todas las garantías inherentes al derecho de defensa y el debido proceso”, aseguró Cosso en los fundamentos del proyecto. 

Fuente: APFDigital

En una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados en el Congreso de la Nación, especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos alertaron que 1 de cada 4 personas tienen mora con billeteras virtuales y con tarjetas de créditos. Desde el bloque oficialista solicitaron la convocatoria a otra reunión informativa para que todos puedan presentar una lista de invitados a exponer.

El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.

“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.

Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino en manifestaciones que reprodujo el portal parlamentario.com.

Los expositores

Abrió la ronda de expositores la socióloga y docente Luci Cavallero quien precisó que son 39 billones de deudas que tienen las familias argentinas y se basó en datos del Banco Central: “Hay un fuerte incremento de morosidad históricos, los más altos en los últimos 20 años. No es solo mora bancaria, sino también se genera en préstamos que se sacan de las famosas empresas de finanzas digitales”, e indicó que 1 de cada 4 personas tienen mora con esas billeteras virtuales.

Cavallero señaló que los estudios que se vienen realizando hace más de un año hablando de un endeudamiento de 7 de cada 10 argentinos. “No es un endeudamiento circunstancial sino dedicado a poder subsistir y son usados para los gastos básicos”.

“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza. En ese contexto crece la mora y el endeudamiento de las familias”, planteó.

La socióloga manifestó que se trata de un problema de sustentabilidad económica de las familias y consideró que “el Congreso tiene que estar a la altura para poder darle a las familias un alivio. El endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente”.

“La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía que arroja a más argentinos a tener que endeudarse y a tener pluriempleo”, apuntó y detalló que las personas endeudadas “usan el crédito para cubrir gastos esenciales, altos niveles de angustia y estrés crónico, deterioro de salud física, imposibilidad de cubrir necesidades básicas”.

Cavallero cuestionó que “hay falta de información clara y accesible sobre las deudas, no hay condiciones de refinanciación, hay ausencia de instancias de negociación, no hay regulación de billeteras virtuales, prácticas abusivas de sistemas de cobranzas. Los bancos ofrecen refinanciaciones con cuotas que exceden la capacidad real de pago, inducen a la mora, entre otras”.

Por último, planteó que el proyecto de ley debe establecer acceso a la información, regulación de intereses, proteger los ingresos, regular los débitos automáticos, regulación de cobranzas y generar instancias de negociación. Que los montos de descuento no pueden dejar por debajo de la línea de pobreza a las familias, regulación de tasas fijadas en relación al costo de vida. Fomentar la responsabilidad de los bancos y las empresas virtuales”.

Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo –CABA-, afirmó que “hay un aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que no están pudiendo cumplir con el pago. Tienen la voluntad de pago, pero no la capacidad”.

“Aquellos que hoy tienen un crédito hipotecario y problemáticas mayores hay que atender porque las familias no se endeudan para comprar una casa. La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar”, expresó y agregó: “Lo que está afectando mucho a las familias es la mora automática y debería ser tratado en los proyectos”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española.

Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UP), respectivamente.