El Ejército Argentino resolvió dar de baja a 34 integrantes de la fuerza que contaban con condenas firmes por delitos de lesa humanidad, en una decisión que se conoció en las últimas horas y que se produce en un contexto de renovados debates sobre memoria, justicia y responsabilidades institucionales.

La medida fue adoptada a partir de un planteo impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que había advertido la existencia de numerosos casos de efectivos condenados que aún mantenían su condición dentro de las Fuerzas Armadas, a pesar de lo que establece la normativa vigente.

Según se informó, la resolución alcanza a un total de 34 militares, entre ellos un teniente coronel retirado y 33 suboficiales. Todos ellos habían recibido condenas firmes en causas vinculadas a crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, lo que habilitó la aplicación de esta medida administrativa.

La baja implica consecuencias directas sobre la situación de los involucrados, ya que pierden el estado militar y, con ello, dejan de percibir beneficios asociados como haberes de retiro, pensiones y cobertura de salud. Esta decisión se enmarca en la obligación legal de apartar de las fuerzas a quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos, una exigencia que también responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.

El caso se inscribe en una serie de acciones similares adoptadas en los últimos años. A comienzos de 2025, el Ministerio de Defensa ya había dispuesto la baja de otros 23 militares en condiciones similares, en una medida que también se basó en resoluciones judiciales firmes.

Uno de los nombres incluidos en la reciente resolución es el del exteniente coronel Juan Daniel Amelong, quien cuenta con múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, algunas de ellas a prisión perpetua. Su figura ha tenido exposición pública en los últimos años, en medio de discusiones políticas vinculadas al juzgamiento de los crímenes de la dictadura.

El impulso de la PIA fue clave para avanzar con estas medidas. Un informe del organismo había detectado al menos 78 casos de militares y miembros de fuerzas de seguridad con condenas firmes que no habían sido dados de baja, lo que generó reclamos para regularizar la situación.

De este modo, la decisión del Ejército busca adecuarse a las disposiciones legales vigentes y cerrar una situación irregular que se había prolongado en el tiempo, en un tema sensible que continúa atravesando la agenda pública y el debate institucional en la Argentina.

En la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, la Junta Militar compuesta por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea interrumpió el orden constitucional y democrático haciéndose con el control total de la República Argentina. El Congreso quedó disuelto, las autoridades gubernamentales derrocadas y las instituciones intervenidas. Así lo anunció el Comunicado Nº1, transmitido por primera vez alrededor de las 3.15 a.m. por Cadena Nacional de radio y televisión:“Se comunica a la población que a partir del día de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanan de la autoridad militar, de seguridad o policial; así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación". Lo firmaban los jefes de las tres fuerzas: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

Pocas horas después, a las 8.30 de la mañana, autoridades militares del Escuadrón de Exploraciones de Caballería Blindada de Gualeguaychú ingresaron al palacio municipal de nuestra ciudad y relevaron de su cargo al intendente Leoncio Otero y a su gabinete, a la par que disolvieron el Concejo Deliberante. Según los diarios locales El Argentino y Noticias, el Mayor Juan Miguel Valentino y el Capitán Gustavo Martínez Zuviría, quien asumiría ese mismo día como “intendente interventor interino” o comisionado, reunieron a los trabajadores municipales en el hall de entrada a las 10 de la mañana para transmitirles los objetivos de la intervención militar:

“(…) el Ejército Argentino ha tenido que salir a la calle para luchar contra un flagelo, el flagelo subversivo (…) Así como le expresé a los delegados de gremios, este no es un golpe militar, no es un “golpe” que pretende ir contra un partido político. Esto que hemos realizado es un movimiento de reorganización nacional, en el cual tienen que tomar participación todos aquellos que se consideren argentinos", les indicó el Mayor Valentino, según fue transcrito de manera textual en los periódicos. 

Luego, en diálogo con la prensa, Valentino aseguró: “La situación actual en la ciudad de Gualeguaychú es de completa normalidad y hemos encontrado la mayor de las disposiciones a los efectos de continuar el proceso de reorganización nacional que se ha iniciado en el día de la fecha”. Consultado sobre si existían detenidos políticos, el Mayor expresó que “no podría decirles detenidos políticos”, ya que su lucha “es la lucha contra la subversión”, y que “por consiguiente, los allanamientos y las detenciones que se han producido son producto, y valga la redundancia, de operaciones que estamos realizando contra la subversión”. Después, respondió a la pregunta por los nombres de los detenidos indicando que los darían a conocer “a posteriori, cuando sea oportuno”. 

Tras el paso del Capitán Martínez Zubiría por el gobierno local, le sucedieron Isidoro Etchebarne (1976-1980), Raúl Esnaola (1980-1981), Emilio G. Vitale (1981-1983) y Damián Denardi (1983), quien con el retorno de la democracia entregó el mando al intendente electo Ricardo César Taffarel.

En tanto, a nivel provincial, el Gobernador de Entre Ríos depuesto por el Golpe fue Enrique Tomás Cresto. Fue desplazado por el coronel Juan Carlos Trimarco, quien después de una breve intervención, dejó la provincia a cargo del brigadier Rubén Daniel Di Bello (1976-1978). Le siguieron el comodoro Pablo Federico Jávega (1978), el general de brigada Carlos Enrique Aguirre (1978-1981), el doctor Jorge Washington Ferreyra (1981-1983) y el ingeniero Mario César Bertozzi (1983). Este último, le entregó el poder al doctor Sergio Alberto Montiel, quien ganó las elecciones democráticas del 30 de octubre de 1983.En línea con los grandes medios gráficos como La Nación o Clarín, los periódicos locales también retrataron el golpe como si se tratase de un evento natural, haciendo alusión a una “normalidad” y “tranquilidad” reinantes. “Las FF.AA asumieron el gobierno. Reina tranquilidad en todo el país”, anunciaba la tapa de El Argentino, mientras que Noticias afirmaba: “Fin de la crisis. Asumió el teniente Gral. Videla”. El editorial de este último, titulado “El país vuelve a la normalidad”, decía: “(...) la ciudadanía espera ansiosa las medidas que las autoridades militares tomarán para adecentar la administración pública, sin caer en exceso, pero con el rigor que sea necesario y que exigen las actuales circunstancias. El pueblo trabajador no perderá las conquistas sociales ya adquiridas, pero tanto la actividad gremial y política tendrá que ser desterrada de cuajo, para evitar males mayores a la República”.Luego, refiriendo a los comunicados y proclamas de la Junta Militar, agregaba: “La ciudadanía confía plenamente en esos propósitos inspirados en el bien común, y no habrá ningún argentino de bien que no esté consustanciado con los textos dados a publicidad”.

En todo el país, la Dictadura contó con la complicidad de civiles, de los medios de comunicación y de una parte de la Iglesia y del Poder Judicial, así como también con la colaboración de grandes empresarios, quienes ayudaron a pergeñar el Golpe y, en algunos casos, dispusieron de sus fábricas para el secuestro y detención ilegal de trabajadores y líderes sindicales. Su interés estaba alineado al plan de la cúpula militar y sus aliados: imponer, un modelo económico ligado al naciente neoliberalismo, basado en la distribución desigual de la renta, el desincentivo de la industria nacional, el fomento de la especulación financiera y la desintegración de toda forma de organización de la clase trabajadora.El objetivo expreso de la Dictadura era, entre otras cosas, lo que ellos llamaban “el exterminio de la subversión”, un concepto amplio y difuso que utilizaron como justificativo para ejercer el terrorismo de Estado. La idea de subversión excedía ampliamente a las organizaciones políticas armadas. La definían como un "virus" o "enfermedad" social, dentro de la cual incluían no solo a guerrilleros sino también a militantes políticos, sociales, sindicalistas, sacerdotes, intelectuales, artistas, docentes, estudiantes y cualquiera que cuestionara el orden establecido, considerándolos enemigos que debían ser aniquilados.

Así lo demostraron efectivamente en la práctica: la enorme mayoría de las personas secuestradas, detenidas, torturadas, ejecutadas y desaparecidas no tenían vínculo alguno con la violencia armada. Por otra parte, lejos de tratarse de una “guerra” o de la Justicia impartiendo su condena, la represión tuvo un modus operandi ilegal y clandestino. Si bien parte de este accionar ya estaba en marcha desde 1974, el Golpe implementó un plan sistemático de probada intencionalidad genocida, y los crímenes cometidos adquirieron el carácter de delitos de lesa humanidad. No se trataba de “excesos”.Gualeguaychú vivió en carne propia el terrorismo de Estado, que secuestró, desapareció y/o asesinó a 37 jóvenes de la ciudad. Varias familias sufrieron la pérdida de dos de sus hijos o hermanos. Al día de hoy, se sigue buscando a quienes nunca fueron encontrados y a dos bebés que fueron apropiados: Pedro, hijo de Blanca Angerosa, y a otro/a hijo/a de Marta Bugnone. Por otra parte, el horror de la Dictadura también se impartió en la ciudad a través de los allanamientos, amenazas y estigmas sufridos por las familias y amigos de las víctimas, así como también mediante la privación de la libertad por motivos meramente políticos que vivieron muchos otros gualeguaychuenses.

El recuerdo de aquellos días de terror, en palabras de Patricia SavoyLa referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú compartió con Ahora ElDía una mirada retrospectiva y personal sobre la atmósfera que se vivía en Gualeguaychú en los momentos previos al golpe de estado y durante el oscuro período que le siguió.

“No tengo un recuerdo claro de dónde estaba en el momento del anuncio, de aquel famoso comunicado de la Junta Militar, pero sí tengo muy clara la sensación de miedo, de terror, de decir ‘no nos puede estar pasando esto’. Ya se vivía un clima de mucha tensión para la militancia política y social. En el gobierno anterior habían comenzado las persecuciones, y en la unidad penitenciaria de Gualeguaychú ya había presos políticos, militantes sociales, como Enrique Guastavino, Daniel Yrigoyen o Siri Chacón, por nombrar algunos. Por otro lado, esto era una irrupción en la democracia, por lo que se sabía que iba a traer consecuencias serias: era un estado de sitio, con pérdida de garantías, toques de queda, y un montón de situaciones que hacían difícil prever qué es lo que iba a pasar hacia adelante”, relató Patricia Savoy.La referente de Madres de Plaza de Mayo local, contó que en ese momento “estaba casada, tenía un bebé, un hijo pequeño, y estaba embarazada nuevamente. Con mi marido ya habíamos sufrido un allanamiento, en esta persecución que hubo durante el último tiempo del gobierno de Isabel Perón. El allanamiento fue dirigido por la Policía Federal de Concepción del Uruguay con el apoyo de la policía y del ejército local. Si bien no fuimos detenidos, no sé qué es lo que buscaban ni querían comprobar, y no lograron su objetivo, estábamos marcados en esas famosas listas que ellos tenían para perseguir a gente en Gualeguaychú”.“Lo que se vivió después fue muy difícil porque a partir de ahí hubo muchas detenciones a nivel local: de amigos, compañeros de militancia, compañeros de colegio. La gran mayoría terminó en la unidad penitenciaria; algunos estuvieron algunos días desaparecidos y después fueron blanqueados y traídos al ejército local. Todos habíamos atravesado nuestra adolescencia, nuestra juventud, en un compromiso social fuerte. Muchos habíamos pasado por la Casa de la Juventud, que era una casa de la iglesia en la que teníamos nuestros grupos de trabajo, sobre todo los trabajos sociales, de contención social en los barrios”, detalló sobre el clima que se vivía hace cincuenta años.Savoy dijo que la casa de sus padres fue allanada, “porque mi hermana estuvo detenida dos o tres días en Chajarí, con sus compañeras de trabajo. Ellas vivían en una escuela rural y trabajaban mucho con las ligas agrarias. Mi hermana quedó en libertad, pero perdió su trabajo, porque todos los que tenían antecedentes a partir del 24 de marzo quedaron cesantes en las actividades educativas. Sus compañeras quedaron detenidas y fueron llevadas a Paraná, donde estuvieron presas prácticamente durante todo el proceso que duró la dictadura. En Gualeguaychú desaparecieron dos de nuestros amigos: la Noni González y el Ruso Dezorzi. Eran amigos, de compartir un montón de vivencias y situaciones de la diaria. A fines de diciembre de 1976 desapareció mi hermana en La Plata”. A medio siglo del último golpe militar en nuestro país, Savoy reflexionó y reconoció que “todos estos hechos atravesaron la vida cotidiana de nuestras familias. Fue un proceso duro de atravesar, tratando de acompañar, y de vivir también preservándonos en algunas situaciones, porque a medida que iban avanzando los días íbamos sabiendo de los secuestros, de las desapariciones, de las detenciones. Era una situación que no pasaba lejos del entorno de uno, por lo tanto se hizo difícil. ¿Qué consecuencias me trajo a mí esto? Un cambio rotundo en mi vida, y creo que fue lo que me convirtió en lo que soy hoy: una militante de los derechos humanos”.

La referente de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Gualeguaychú Patricia Savoy habló en Cero y Bolazo sobre las actividades previstas para el Día de la Memoria y, también se refirió a los recientes hallazgos del equipo argentino de Antropología Forense en la Perla. 

A solo dos semanas de que se cumplan años 50 del inicio de la última dictura militar argentina (1976- 1983), la Justicia Federal de Córdoba confirmó que se identificaron los restos de 12 detenidos-desaparecidos en el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla. Las tareas de reconocimiento fueron realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial local.

“Yo tengo una hermana desaparecida, y gracias al trabajo de Antropología Forense, sus restos fueron restituidos. Me imagino lo que deben estar viviendo las familias. Las emociones son muy fuertes, y a su vez es un cierre de lo que sucedió. La figura del desaparecido para las familias ha sido terrible, no saber lo que pasó, dónde están, qué los hicieron, sobre todo esta información que Antropología les puede dar a las familias es importantísima, y reafirma nuestra verdad de que fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos y asesinados. Nos sirve a nosotros para la otra pata, la de la Justicia, para que se siga adelante con los juicios. Dentro de poco se inician dos juicios nuevos, nosotros seguimos activos, llevando el camino que seguimos llevando al día de hoy”, manifestó Savoy. 

Además, la referente social contó que el sábado por la mañana se realizarán recorridas históricas en la exUnidad Penal N°2, declarada sitio de memoria. El domingo se llevará a cabo a las 16 horas, una caravana náutica por el río Gualeguaychú, y el martes 24 una marcha y acto central en la Plaza San Martín. Además, el jueves habrá una charla en la escuela Enova a cargo de Carlos Skiliar. 

Un nuevo centro clandestino de detención que habría funcionado durante la última dictadura cívico-militar fue identificado en la ciudad de Paraná.

El hallazgo surge de una investigación articulada entre el Registro Único de la Verdad, la Fiscalía Federal y el Poder Judicial, y fue presentado formalmente ante el Ministerio Público Fiscal para que se profundicen las actuaciones.

Alejandro Milocco, extrabajador del Registro Único de la Verdad, explicó que la investigación comenzó a partir de una solicitud concreta de la Fiscalía Federal, que buscaba determinar si determinados testimonios de víctimas correspondían a centros clandestinos ya registrados en la provincia. “Cuando empezamos a analizar las declaraciones advertimos que no se trataba del mismo lugar”, señaló.

A partir de esa primera observación, se inició un trabajo minucioso de cruce de información. Se revisaron declaraciones judiciales tomadas desde el regreso de la democracia en 1983, documentación del archivo del Registro Único de la Verdad y registros históricos municipales.

Ese análisis permitió concluir que los relatos no coincidían con centros clandestinos ya identificados, como el Batallón de Comunicaciones. Por el contrario, las descripciones remitían a otro espacio, hasta ahora no documentado como centro clandestino de detención.

Según reconstruyó la investigación, el lugar funcionaba como un sitio transitorio. Allí eran trasladadas personas detenidas ilegalmente desde otros centros para ser interrogadas y sometidas a torturas durante horas o días, antes de ser devueltas a los lugares de detención permanente.

Milocco explicó que los testimonios describen una antigua casona con características muy específicas: un sótano al que se accedía por una escalera, una galería, una arboleda particular y un camino de ingreso bien definido. “Las víctimas recuerdan con claridad esos elementos, lo que nos permitió orientar la búsqueda”, indicó.

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el análisis de fotografías aéreas históricas utilizadas por el municipio para relevar la expansión urbana. Ese material permitió comprobar que la construcción existía al menos desde 1933 y seguía en pie hacia fines de la década del 70.

Además, se realizaron trabajos de planimetría y geolocalización para determinar distancias y ubicaciones. De ese modo, se estableció que el inmueble se encontraba en la zona de calle General Espejo, detrás del Batallón de Comunicaciones, dentro de lo que hoy es el campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Aunque la edificación ya no existe, la ubicación fue corroborada junto a testigos víctimas, quienes pudieron reconocer el lugar a partir de referencias espaciales.

El decimocuarto centro clandestino identificado en Entre RíosDe confirmarse judicialmente, este hallazgo elevaría a 14 la cantidad de centros clandestinos de detención identificados en la provincia de Entre Ríos.

Milocco remarcó que la denuncia presentada busca que la Justicia pueda acceder a documentación a la que el Registro no puede requerir directamente, como planos del Ejército o archivos del Estado nacional.

“La investigación sobre el terrorismo de Estado no está cerrada. Todavía hay baches, respuestas que no tenemos y testimonios que siguen aportando información”, afirmó.

Milocco subrayó además el fuerte impacto simbólico del descubrimiento. “Pensar que en un lugar donde hoy circulan cientos o miles de estudiantes, donde se produce conocimiento, haya funcionado un centro de torturas, obliga a seguir construyendo memoria”, sostuvo.

Fuente: El Once

Julio Simón, más conocido como el “Turco Julián”, un ex policía federal condenado a prisión perpetua por diversos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, murió este martes a los 82 años.

Considerado uno de los represores más sanguinarios, cumplía la condena en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Campo de Mayo. La Justicia lo había hallado culpable de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en su paso por los centros clandestinos de detención 'El Banco', ‘Club Atlético’ y 'Olimpo'.

Hace dos semanas, la Cámara Federal de Casación Penal había convalidado el rechazo de la prisión domiciliaria al 'Turco Julián'. Su defensor público oficial había solicitado ese beneficio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 (TOCF) porteño, a cargo de la ejecución de la pena, alegando que el represor tenía "graves problemas de salud".

La noticia sobre la muerte del ‘Turco Julián’ se conoció horas después de haberse conmemorado el Día de la Memoria Por la Verdad y la Justica,  con una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo.

Quién fue el Turco Julián

Durante la última dictadura, estuvo al mando de grupos de tareas encargados del secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. Era de público conocimiento el uso de esvásticas por parte del represor y el pronunciamiento de su antisemitismo, sobre todo cuando torturaba a quienes profesaban el judaísmo.

En un acto cargado de simbolismo y trascendencia histórica, el escritor Ernesto Sábato entregó en mano al presidente Raúl Alfonsín el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), titulado “Nunca Más”. Fue el 20 de septiembre de 1984. Aquel documento, que recopilaba las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar argentina (1976-1983), fue un testimonio demoledor de los horrores perpetrados por el terrorismo de Estado. Pero también fue mucho más: fue la cristalización de un compromiso ético y literario que Sábato, a lo largo de su vida, había asumido con la condición humana, el sufrimiento y la lucha por la dignidad.

Sábato no era un político ni un abogado de Derechos Humanos, sino un escritor, un científico que había abandonado la física para sumergirse en los abismos del alma. Autor de novelas emblemáticas como “El túnel”, “Sobre héroes y tumbas” y “Abaddón el exterminador”, su literatura estaba marcada por una profunda reflexión sobre el mal, la soledad y las contradicciones. Su visión pesimista del mundo, no exenta de una búsqueda desesperada de redención, lo convertía en una figura especialmente indicada para abordar los oscuros acontecimientos del gobierno de facto.

Cuando Alfonsín lo convocó para presidir la Conadep, Sábato no dudó en aceptar. Sabía que su nombre y su trayectoria le otorgaban una legitimidad moral incuestionable. Pero también sabía que la tarea que le esperaba sería desgarradora. Recorrer los testimonios de sobrevivientes, leer los relatos de torturas y desapariciones, reconstruir la siniestra arquitectura del horror, significaba adentrarse en el lado más oscuro de la condición humana.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada por decreto presidencial el 15 de diciembre de 1983, pocos días después de la asunción de Alfonsín. Su objetivo era documentar los crímenes cometidos por el régimen militar y elaborar un informe que sirviera de base para la Justicia. Durante nueve meses, el equipo de la Conadep, conformado por juristas, periodistas, religiosos y defensores de los Derechos Humanos, trabajó incansablemente para recopilar denuncias y evidencias. Se recibieron más de 8.900 testimonios y se identificaron alrededor de 340 centros clandestinos de detención.

Como presidente de la Comisión, se convirtió en el rostro visible de esa lucha. Su participación no fue meramente simbólica; leyó informes, escuchó testimonios, se involucró en la redacción del documento final. Y, sobre todo, le dio una dimensión literaria y moral que trascendió lo meramente jurídico.

En el prólogo del Nunca Más, escribió un texto estremecedor que sintetizaba el espíritu del informe: “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.

La entrega del informe fue un acto histórico. Con el documento en sus manos, el Presidente anunció la apertura del Juicio a las Juntas, que llevaría a la cárcel a los principales responsables de la dictadura. Así se convirtió en un libro clave en la construcción de la memoria histórica argentina y su impacto no solamente fue judicial o político, sino también social y cultural. La frase "Nunca Más" pasó a ser un lema insoslayable en la lucha por los Derechos Humanos.

Por su parte, Sábato quedó marcado para siempre por esa experiencia. Aunque ya era un intelectual reconocido a nivel mundial, su papel en la comisión lo proyectó como una figura ética de la democracia recuperada. Su relación con el informe no estuvo exenta de polémicas: algunos sectores de la izquierda lo criticaron por equiparar la violencia de las organizaciones armadas con la represión estatal, mientras que la derecha lo atacó por revelar los crímenes del gobierno de facto. Sin embargo, su compromiso con la verdad y la justicia quedó fuera de toda duda.

Falleció el 30 de abril de 2011, a los 99 años. Su legado literario es incuestionable, pero su participación en la Conadep es, sin dudas, uno de sus aportes más significativos a la historia argentina. Fue un escritor que no se refugió en la torre de marfil de la literatura, sino que puso su voz y su prestigio al servicio de una causa fundamental: la lucha contra el olvido y la impunidad.

El “Nunca Más” no sólo sirvió para juzgar a los responsables de la dictadura, sino también para consolidar una conciencia colectiva sobre la necesidad de defender los Derechos Humanos. Y en ese proceso, la figura de Sábato se erige como un testimonio de que la literatura no sólo puede narrar la historia, sino que puede converger en un mismo camino con el de la memoria, la verdad y la justicia.

El gobierno de Javier Milei tomó distancia de la promesa que hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel de reabrir las causas por crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras en los años 70, durante el acto por el Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo.

La promesa de Villarruel se da en un contexto en que el Congreso atraviesa las consecuencias políticas de la reunión que organizaron un grupo de diputados libertarios en la cárcel de Ezeiza con ex militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Durante el homenaje de este martes, al que asistieron familiares de victimas de atentados durante al última dictadura militar y de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, la Vicepresidenta pidió que todos los ex integrantes del grupo guerrillero Montoneros “estén presos por ensangrentar la Nación”, y expresó que "Argentina merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece ser la tierra de unión y paz que imaginaron nuestros próceres, pero debe hacerlo con justicia". 

“Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Argentina, nuestra Patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia debe hacerlo solo con este valor. Para ello, todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Sólo con los asesinos en las cárceles podremos, en la unidad y el deber cumplido, poner a nuestra amada Argentina de pie”, aseguró la mandataria.

Pero el Presidente se quiere mantener lejos de los años 70 y de la dictadura: “Esa no es mi agenda”, dijo Milei días atrás. Y desde el entorno de la vicepresidenta aclararon que el planteo fue realizado motu proprio y que “no compromete al presidente ni al gobierno”, según informó Infobae.

Ante una consulta de ese medio a fuentes de Casa Rosada sobre la declaración de Villarruel, indicaron que “No es un tema nuestro” y confirmaron que ni desde el Ministerio de Justicia, como tampoco desde ninguna otra área del Ejecutivo está bajo análisis o en estudio avanzar con presentación o reclamo alguno ante los tribunales que tiene causas sobre delitos cometidos en los 70 por organizaciones armadas.

Asimismo, Infobae informó que Villarruel va a impulsar presentaciones ante la Justicia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) -organismo que fundó en 2006 y que aún preside- con “el objetivo de hacer visibles a las víctimas, trabajar por el reconocimiento de sus derechos y aportar nuestro esfuerzo en pos de la verdad histórica”. Fuente: NA

El diputado entrerriano quedó más expuesto con respecto a la polémica por la visita a los represores y tildó de “papanatas" y de "blando" al presidente Javier Milei.

El escándalo por la visita de genocidas al penal de Ezeiza por un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) sigue escalando. En las últimas horas, Lourdes Arrieta, parte de la comitiva y próxima a ser expulsada del bloque con denuncias en la Justicia de por medio, dio a conocer los chats de los grupos de Whatsapp creados a los efectos de la actividad.

Entre otros puntos relevantes que se revelan existe uno que involucra al entrerriano Beltrán Benedit, señalado en más de una ocasión por Arrieta como el responsable de la organización de la visita. De acuerdo a lo que se puede apreciar, y a partir de lo expresado por la diputada Alida Ferreyra, ella y el electo legislador por nuestra provincia ya habían visitado la cárcel de Campo de Mayo -donde hay más de 50 represores detenidos- en el mes de marzo.

En la conversación, se deja entrever que aquella determinación había sido mucho más secreta que la de Ezeiza. El contexto del chat es un pedido expreso del Poder Ejecutivo de no publicar un comunicado aclarando lo sucedido, a los que Benedit trata de “papanatas” al presidente Javier Milei, dado que la intención era “cerrar” el tema explicando en un escrito lo que había pasado. Los legisladores se muestran molestos con el “silencio cómplice” de Martín Ménem, presidente de la Cámara; y de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA, publicó Bicameral. (APFDigital)

El 11 de julio, seis diputados oficialistas llegaron en una camioneta de la Cámara de Diputados a la Unidad 31 de Ezeiza, donde están alojados Astiz y otros represores de la última dictadura. La comitiva estuvo integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.Tras ello,  iniciaron los pedidos de explicaciones de los tribunales federales en plena feria judicial. Alli el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, exhortó al juez Obligado –que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz– a averiguar cómo se había gestado la excursión a la cárcel.Al respecto Obligado le pidió informes a Bullrich con carácter de urgente pero la ministra demoró la respuesta casi una semana. Sin embargo cuando llegó la contestación al Tribunal Oral Federal 5, la contestación fue solo por parte del subdirector del SPF, Diego Morel, en la que indicaba que los diputados habían estado en la cárcel siguiendo las normativas y que habían ingresado el 11 de julio.Luego de este suceso, el abogado querellante Pablo Llonto pidió que se iniciara una nueva investigación. Lo respaldó el fiscal Félix Crous ya que para ambos no “cerraba” con la explicación que habían dado dos de las diputadas que fueron a Ezeiza: según Bonacci y Arrieta, habían llegado engañadas, sin saber que iban a ver a los torturadores de la última dictadura. Arrieta, conocida por haber aparecido en una comisión con un patito en la cabeza, llegó a decir que ella no sabía quién era el exmarino porque había nacido en 1993.Para Llonto se habría violado lo que establece el decreto 1136/97 (sobre la pena privativa de la libertad) en su artículo 8. Allí dice que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta. Esto quiere decir que el detenido debe saber quién quiere visitarlo y, de esa forma, prestar su consentimiento. Si Bonacci y Arrieta no sabían a quienes iban a ver, mal podrían haber hecho el pedido de autorización para la entrevista. Y menos aún podría Astiz haber consentido el encuentro.El fiscal Crous también advirtió que se podría haber violado el artículo 109 del mismo decreto, que establece que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario. En esa línea, si esa documentación no estaba, tanto integrantes del SPF como legisladores podrían ser responsabilizados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o falsedad ideológica.A pesar de que el defensor Guillermo Jesús Fanego, abogado de Adolfo Donda y de Alberto González –el “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel, reclamó que se desechara los planteos de la querella y de la fiscalía Obligado decidió formular una denuncia penal para que se investigue la justicia federal de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza. El caso estará en manos del juez federal Ernesto Kreplak.Fuente: APFDigital

La diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta confirmó este miércoles que en su visita al penal de Ezeiza, junto con un grupo de compañeros de su bloque, conversó con militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura, entre los que se encontraba Alfredo Astiz. Como parte de su excusa, la legisladora denunció que fue “engañada” y que “no tiene idea” de quiénes eran los encarcelados.“Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años”, dijo Arrieta, quien integró la comitiva junto a Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro.

Al ser interpelada por los periodistas que la entrevistaron en MDZ Radio por su desconocimiento, Arrieta se defendió: “Es un tema que no está en mi agenda que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos. Hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí”.

"Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, agregó.

Además, contó: A mí se me informó que era una visita netamente institucional y humanitaria para conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos”.

Alfredo Astiz es una de las caras más emblemáticas de la última dictadura. Su apodo era el “Ángel de la Muerte” ya que se infiltró entre los familiares de desaparecidos diciendo que él también era una víctima que buscaba a su hermano. En diciembre de 1977, los represores de la ESMA secuestraron a los miembros de un grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz. Entre las víctimas estaba la líder de de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Se cree que todos fueron asesinados en los famosos vuelos de la muerte. 

Alfredo Astiz, apodado el “Ángel de la Muerte”. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se despegó de la polémica que se desató en el bloque de La Libertad Avanza por la recorrida de un grupo de legisladores al penal de Ezeiza al asegurar: “Son actos individuales”.

“Quienes hayan ido no lo tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Sé que fueron a visitar al Servicio Penitenciario, porque varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior”, respondió Menem al ser consultado por la polémica.

Además, se encargó de aclarar: “Dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. Yo no le puedo preguntar a un legislador a dónde va. No soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años, que los legisladores piden un vehículo y van”.

“En tercer término no es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”, aclaró durante la entrevista.

Como reconstruyó Infobae, hubo reclamos en el chat de WhatsApp del bloque, principalmente pidiendo explicaciones a Beltrán Benedit y Lourdes Arrieta, que habrían sido los organizadores de la actividad, según trascendió en un primer momento.Fuente: Infobae

Con el voto de los ediles de Más para Entre Ríos y de Juntos por Entre Ríos, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó un proyecto de rechazo y repudio a la visita de diputados de La Libertad Avanza a un grupo de genocidas. Un concejal libertario se distanció del gesto de sus copartidarios.

La solidaridad con los represores condenados por delitos de lesa humanidad alojados en la cárcel de Ezeiza, entre los que se encuentra Alfredo Astiz, fue organizada, encabezada y defendida posteriormente por el entrerriano Beltrán Benedit, que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el año pasado en la boleta de Javier Milei, Victoria Villarruel y Sebastián Etchevehere como candidato a gobernador.

Ante el repudio que provocó la noticia de la visita apenas se conoció, el entrerriano ratificó el gesto con los represores del Terrorismo de Estado al calificarlos como "ex combatientes contra la subversión" a quienes les habían "inventado los cargos". Astiz, por ejemplo, fue condenado por el secuestro y desaparición de tres monjas francesas y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, en 1977.

La Legislatura paranaense se hizo eco este martes de la visita que conmocionó el Congreso nacional e incluso las propias filas libertarias. Aunque no acompañó la iniciativa, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Paraná, Darío Baez, tomó distancia de la iniciativa de Benedit.

"La Libertad Avanza no es eso"

Báez manifestó que desde su bloque comparten totalmente las motivaciones que generaron este repudio y los valores de la democracia, más allá de no haber acompañado el proyecto, debido a que las razones de dicha reunión todavía se están investigando.

“Consideramos que La Libertad Avanza no es eso, fue una decisión personal de esos diputados nacionales la de visitar a los genocidas”, remarcó.

El edil confirmó: “Son actos individuales, no es nuestra postura desde La Libertad Avanza".

El proyecto del peronista Sergio Elizar desató un debate en el pleno entre el oficialismo y el edil libertario que plantó posición, registró Entre Ríos Ahora. Desde el bloque de Cambiemos se acompañó de manera unánime el repudio al diputado nacional , sin hablar del proyecto de comunicación.

"La visita a militares entre los que se encontraban condenados por delitos de lesa humanidad no es nuestra posición política. Abrazamos los valores democráticos y republicanos", sostuvo Báez, dejando en claro que no acompañaban con el voto la ordenanza pero sí "a los valores y los principios que la motorizan". También dejó en claro que se va iniciar un proceso de investigación en el Congreso del contexto en que se realizaron esas visitas.

Al explicar las motivaciones de la iniciativa, el concejal Elizar expresó: “Nosotros como pueblo argentino fuimos capaces de juzgar a los criminales del Terrorismo de Estado y condenarlos, vaya entonces el más absoluto repudio, en momentos en los que hay que salvaguardar la democracia frente a discursos del odio, por respeto a los familiares en esa lucha que sigue pendiente respecto a la búsqueda de los nietos y en honor a los 30.000 desaparecidos, no podemos mirar a un costado”.

“Como legisladores y ciudadanos argentinos debemos exigir que se investiguen los motivos de esa reunión”, sostuvo el edil.

En este sentido, el concejal Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos) señaló: “Acabamos de celebrar 40 años de democracia, algunos de nosotros vivimos la última dictadura y la tenemos muy presente, por lo que nos parece inadmisible que un legislador de la democracia a nivel nacional, que en realidad tendría que estar dando cátedra de Derechos Humanos, se le ocurra visitar a genocidas que ya fueron juzgados en el regreso de la democracia, en un juicio que fue destacado a nivel mundial y donde se declaró el Nunca Más”.

“Todos los argentinos de bien y sobre todo los que ejercemos una función pública tenemos que hacer mención permanentemente a lo que significó perder por un largo período los valores de la República y vivir en un proceso de falta de libertad, y lo que implicó luego recuperarla”, enfatizó.

Santiago Omar Riveros, una figura central del terrorismo de Estado en Argentina, falleció este viernes a los 101 años. A su avanzada edad, era la última figura jerárquica del Ejército implicada en violaciones masivas a los derechos humanos durante la dictadura militar. Comandó los Institutos Militares entre 1976 y 1978, siendo responsable de atrocidades en Campo de Mayo, y se desempeñó como embajador en Uruguay de 1981 a 1983.

Nacido en Villa Dolores en 1923, fue importante para la Junta Interamericana de Defensa en dos ocasiones, ya que en enero de 1976, proclamó la supuesta derrota del Ejército Revolucionario del Pueblo tras el copamiento del cuartel de Monte Chingolo. Sin embargo, sus declaraciones fueron parcialmente desmentidas por el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla. Y, cuatro años más tarde, en 1980, defendió las acciones militares en la Junta, con palabras que quedaron registradas en el prólogo del informe "Nunca Más": "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores".

En su tiempo en Campo de Mayo, Riveros fue responsable de los centros clandestinos "El Campito" y "Las Casitas", además del Hospital Militar y la Prisión Militar de Encausados. En estos lugares se llevaron a cabo graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo partos de mujeres secuestradas.

Tras el retorno de la democracia, fue mencionado en el Juicio a las Juntas por el expresidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, quien relató un tenso intercambio con Riveros y Reynaldo Bignone sobre el accionar clandestino de los militares. "Hay oportunidades en que es preferible no vivir, general Riveros. Además usted no tiene jerarquía ni atribuciones como para pretender indicarme a mí cómo debo proceder", señaló Lanusse.

Riveros enfrentó a la justicia tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como la nulidad del indulto otorgado por Carlos Menem en 1989. En 2009, fue condenado a prisión perpetua por el brutal asesinato del adolescente Floreal Avellaneda. En 2012, fue condenado por el robo de bebés junto con Videla y Bignone, y en 2018, por los crímenes de obreros de Ford, en un juicio que también involucró a directivos de la empresa automotriz.

Finalmente, en diciembre de 2023, Riveros sumó su decimotercera condena a perpetua por el secuestro, torturas y asesinato de Mario Hernández. Al momento de su muerte, cumplía arresto domiciliario.

Fuente: Filo.news

El 16 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes que militaba en la Unión de Estudiantes (UES) y en la Juventud Guevarista fueron desaparecidos. Durante la misma década, las Brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús se dedicaron a torturar y desaparecer a alrededor de 600 personas. 

A 48 años de estos hechos, varios de los genocidas se encontraron con un fallo que los condenó a prisión perpetua. 

El 26 de marzo de 2024 pasará a historia por ser el día en el que Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro, desaparecidos durante la llamada Noche de los Lápices, encontraron justicia.

De esa noche solo quedan los traumáticos recuerdos de los sobrevivientes Gustavo Calotti, Patricia Miranda, Emilce Moler y Pablo Díaz que sin dudas encontraron reparadora la condena. Sin embargo, Díaz hizo un pedido a los gritos: "Ahora necesitamos saber dónde están. Quiero saber dónde están los chicos". 

Condena perpetua 

Esa es la pena que recibieron Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno y el médico policial Jorge Antonio Bergés, por la desaparición de los estudiantes de La Plata en aquella fatídica noche. 

La condena fue dictada por el  juez Ricardo Basílico del TOF 1 de La Plata y los  jueces Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, que siguieron el proceso por Zoom. Los condenaron a perpetua por delitos de lesa humanidad en un contexto político donde el negacionismo está a la orden del día. 

Pero los genocidas de la Noche de los Lápices no fueron los únicos que recibieron su condena. El mismo TOF investigó, analizó y ahora sentenció a los partícipes de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 de la localidad de La Tablada que actuó sobre todo en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda. 

Por su parte, el extraditado en Uruguay, a Alberto Julio Canditi que formó parte del Destacamento 101 se lo sentenció a cumplir 25 años de prisión. 

Sin embargo, Enrique Augusto Barre, muy cercano a quien se conoce como "Nazi" Wolk en el Pozo de Banfield, fue absuelto. 

Sin embargo, Juan Martín Nogueira, Ana Oberlin y Gonzalo Miranda, que forman parte de las querellas, apelarán la absolución de Barre. 

La lista de los militares y civiles condenados

Son diez los represores que no volverán a ver la luz del día ni sin barrotes de por medio. Entre la lista de condenados a prisión perpetua no solo hay militares que estaban en función durante la Noche de los Lápices y en lo que significó la actuación de la Brigada de Banfield, sino que también se condenó a civiles que participaron ya sea como cómplices o como actores activos en la consecución de los actos genocidas. 

La lista de nombres y sus respectivos cargos:

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En el marco del Juicio por las Brigadas que operaron de manera clandestina en el Sur del Conurbano bonaerense durante la década del 70, fueron sentenciados a cadena perpetua los responsables de la llamada Noche de los Lápices.

Tras 10 años de juicio, la pena se dictó por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las y los estudiantes desaparecidos, que en aquel entonces reclamaban por el boleto estudiantil. Se trata de uno de los casos más emblemáticos de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Se trata del abogado Jaime Lamont Smart, ex ministro de Justicia bonaerense, y del médico Jorge Bergés, que fueron condenados a prisión perpetua.

Santiago Villanueva estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional, pero después de un tiempo dio un giro a su carrera y viró hacia Sociología. Militante de la Juventud Peronista, a fines de 1975 tomó distancia debido a diferencias políticas.

Luego de que su hermano, Ernesto Villanueva, cayera preso siendo el Rector de la Universidad de Buenos Aires, comenzó a militar en la agrupación “Familiares de Detenidos” debido a las condiciones en las cuales se encontraba su hermano. 

Mi papá tenía, por aquellos tiempos, 31 años. Se caracterizaba por tener siempre una sonrisa. Era muy chistoso, inteligente, fanático de los autos y, quienes lo conocieron, lo señalaron siempre como un optimista de la vida.

Trabajaba en el Centro de Cómputos del Banco Ganadero Argentino y también en los comienzos del PAMI haciendo la misma tarea. Recuerdo que me contaba cuán grandes eran aquellas máquinas que él programaba y me traía siempre las hojas de formulario continuo y las tarjetas microperforadas para que, junto a mi hermano, dibujáramos los fines de semana cuando nos venía a buscar ya que se había separado ya hacía unos años de mi mamá.

Corría 1978, el Mundial de Fútbol había terminado hacía un mes y una noche cerrada de invierno vinieron por él y su compañera... Se los llevó un grupo que se presentó como policías, de su casa, ubicada en el barrio porteño de Floresta.

La noticia la recibimos pocos días después. Mi mamá no dudó en contarnos la verdad a mí y a mi hermano. Nos dijo que Santiago Villanueva, mi papá, está desaparecido. Con mis 12 años, apenas pude entender qué es lo que había pasado; mi hermano, de 5, mucho menos que yo.

Aún recuerdo salir de mi casa para ir al colegio y ver el Falcón verde en la puerta; verlo en todos lados por donde nos movíamos… Siempre supe que eran ellos quienes me habían secuestrado la alegría. 

Creo que más difícil que atravesar esa situación fue tener que vivir las reiteradas preguntas de mis compañeritos, de mis maestros y escuchar de algunos adultos que mi papá se había ido de viaje y que ya regresaría... Yo sabía que no esto no sucedería ya que mi vida siempre estuvo empapada de política y tenía en claro que, durante esos tiempos que estaba afrontando el país, la idea de ellos era simple: los que piensan diferente había que exterminarlos, desaparecerlos.

Con los años, el silencio se hizo duro y profundo y ya entrada mi adolescencia comencé mi lucha por saber dónde estaba mi papá.

La militancia llegó a mi vida allá por 1982, luego de la Guerra de Malvinas. Recuerdo que cantábamos: “Se va acabar, se va acabar...”.

Las marchas de la resistencia y el caminar junto a las Madres de Plaza de Mayo me hicieron fuerte y sentir el orgullo de una madre por su hijo y hasta dónde puede llegar la lucha y el amor, el mismo que me llevó a mí a enfrentar la historia de quién fue mi papá y que habían hecho con él.

Mi viejo estuvo, en un primer momento, en el Banco para luego ser enviado al Olimpo, donde permaneció hasta fines de 1978, momento en el cual finalmente sufrió el “traslado”.

Mi tarea fue saber cada paso que dio mi papá y conocer a todos los que lo rodearon, escucharlos, reír y llorar con ellos, aprender quién fue, qué pensaba…. 

En 2007, el Equipo de Antropólogos Forenses (EAAF) dio con él y, mediante un análisis con el ADN que había brindado su hermano, finalmente me dieron la noticia que mi papá volvía a estar entre nosotros. Sí, después de 29 años, mi viejo regresaba, pero ¿cómo entender que ya no estaba vivo?

Él había estado todos estos años enterrado como NN en el cementerio de Gesell, entre dos parcelas. El registro del cuerpo estaba anotado a mano alzada en un cuaderno.

Yo seguía sin caer entre la felicidad de llegar a la cima y la tristeza de perder esa falsa esperanza que algún día, quizás, volvería a verlo… Pero si lo vi. Allí estaba su cuerpo casi completo, solo faltaban sus manos. Estaba allí, sobre una mesada, esperándome. Estaba allí, frente a mí, después de años de lucha. Lloré mucho, casi todo lo que no había llorado para luego terminar con una sonrisa. Tomé su brazo y le dije: “Gracias viejo, sabía que me harías feliz”.

Hoy, Santiago Villanueva, mi papá, mi viejo, descansa en paz en el Cementerio de Chacarita y sus nietos pueden ir a gritarle: “Abuelo... Te queremos”.

En medio de los dichos de respaldo a los genocidas instalados por la fórmula de La Libertad Avanza, el dirigente de la UCR recibió mensajes intimidantes acompañados por fotografías tomadas cuando ingresaba a su casa. "Se sienten legitimados por un discurso que habilita a la violencia y la persecución", denunció Rombolá.Este tipo de hechos “son un paso más en el camino de violencia y persecución”, advirtió Rombolá, al tiempo que responsabilizó “a Javier Milei y Victoria Villarruel” por su seguridad y la de sus allegados.Los mensajes fueron enviados en las últimas horas, cuando los sectores de ultraderecha que reivindican la dictadura redoblaron sus discursos de odio.“Una bala te hace falta bastardo”, le escribió un usuario de la red X. “Con un fierro en la cabeza te agarraría pendejo bastardo”, dice otro. Todos incluyen alguna foto de Rombolá tomada de sus redes sociales.Pero el más intimidante es uno en que fue grabado y fotografiado ingresando a su domicilio, en el barrio porteño de Almagro, con la siguiente amenaza: “Vos quedate tranki… el falcon arranca por almagro la semana que viene”.“Fueron distintos mensajes en distintos días”, indicó Rombolá durante una entrevista por Radio 10 en la que anticipó que presentará una denuncia judicial para que se investiguen estos hechos.El dirigente lamentó que “uno tenga que acostumbrarse a estas cuestiones” que son producto “del nivel de violencia que tristemente está siendo elevado y aceptado”.No obstante, reconoció que la gravedad de esas amenazas “aumenta cuando la cosa pasa a la proximidad”. El hecho de ser filmado y fotografiado ingresando a su domicilio hizo que “la preocupación aumente”, añadió.Para el dirigente radical “se percibe un nivel nuevo en la violencia y las ganas de amedrentar de aquellos que se sienten legitimados por un discurso que habilita a la violencia y la persecución”.Identificó como autores de ese discurso a Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, “que en una entrevista admitió que pretende instalar una tiranía” para salir de la crisis.“Lamentablemente, (las amenazas) son daños esperables” pero “no me van a amedrentar”, subrayó Rombolá, quien a la vez ratificó que él seguirá “trabajando para que esos sectores nunca más sean una opción viable para gobernar los destinos del país”, publicó Página 12. Fuente: APFDigital

Será en el Predio del Centro Cultural Gualeguaychú “Luis Luján”. Participan en la organización la Asociación Puentes a Gualeguaychú – Centros de Estudiantes – Organizaciones vinculadas a la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gchú.

El evento será un festival musical – e instalaciones de diversas organizaciones: Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú.  El Nodo Abuelas Departamento Gualeguaychú. – Centro de Atención Primaria “Munilla” – Instituto Superior de Arte.

A 47 años de “La Noche de los Lápices” la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú les da la bienvenida al “Festival por los Derechos de la Juventud”.

“La “Noche de los lápices” significa en la Memoria Colectiva un hecho que nos remite a la Dictadura Cívico Militar iniciada a partir del 24 de Marzo de 1976 y hasta la vuelta a la democracia en 1983”, explicaron desde la organización.

         El 16 de septiembre se recuerda como la “Noche de los Lápices”  el secuestro de un grupo de jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, en un operativo en la ciudad de La Plata llevado a cabo por miembros del Ejército y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre el 9 y el 21 de setiembre de 1976. Estos hechos marcados por la tortura, la violencia y la muerte, que sucedieron en los primeros meses de la dictadura cívico-militar, fueron relatados por Pablo Díaz en el Juicio a la Junta. 

El compromiso de esas chicas y chicos, estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata nos remite a su lucha por el derecho al “boleto estudiantil”, como hace poco lo fue para los alumnos de los Centros de Estudiantes de Gualeguaychú. El boleto  iguala el derecho de estudiar que debe garantizar el Estado y que deberá ser defendido si alguien lo quiere eliminar para achicar los gastos del Estado.

         Este hecho que significó la desaparición de María Ciocchini (18 años), Horacio Urgano (17 años), Claudia Falcone (16 años), Claudio De Acha (18 años), Daniel Racedo (18 años) y Francisco Montaner (16 años) ha motivado que el 16 de Setiembre se celebre hoy el “Día Nacional de la Juventud”, según la ley 27.002 del año 2014, en conmemoración de la “Noche de los Lápices”.

Igualmente, en la Provincia de Entre Ríos, en la ciudad de C. del Uruguay, un grupo de estudiantes secundarios también fueron privados de su libertad y fueron torturados, por miembros de la Policía Federal, hecho que se conoce como la “Noche del Mimiógrafo” que también fue secuestrado; era una impresora que los chicos usaban para hacer sus volantes denunciando los abusos de la dictadura. 

Sobrevivientes de estos delitos de lesa humanidad: Carlos Martínez Payva, Roque Minata, César Román y Changui Rodríguez – estudiantes secundarios de la UES de Concepción del Uruguay, de 15,16 y 17 años. 

Esto también fue un atentado de la dictadura contra la vida, contra la dignidad de los cuerpos y que vulneró el derecho a la información y a la libertad de expresarse que son derechos que deben ser respetados en democracia y cuyo cumplimiento debemos exigir.

“Como autoridades de Derechos Humanos de la República Argentina repudiamos la actividad negacionista del terrorismo de Estado y del genocidio convocada para este lunes 4 en la Legislatura porteña con el argumento falaz de la llamada ‘teoría de los dos demonios’, que falsea la historia y busca legitimar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, enmarcándolos en una guerra que no existió”, afirmaron los representantes de las Secretarías de derechos Humanos de distintas provincias, entre ellas Entre Ríos.“Lo que sí existió fue un plan sistemático de exterminio, un genocidio ideado y ejecutado por el Estado dictatorial”, señalaron y afirmaron que “el pacto democrático se asienta en este consenso que es la base innegociable de la democracia”.“Es inadmisible, por lo tanto, que en un espacio institucional identitario de la democracia, como es la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se permita una ofensa y una amenaza a la democracia y le brinde escenario y micrófono a profetas del terror, de la negación, de la violencia y de la apología del delito como la diputada Victoria Villarruel”.“El terrorismo de Estado fue, es y seguirá siendo condenado por la sociedad, por la cultura y por la Justicia constitucional de nuestra democracia”, aseveraron.“A los genocidas no se los homenajea, sino que se los juzga dentro del Estado de Derecho y se los condena. Memoria, Verdad y Justicia”, aseveraron.Los firmantesNadia AstradaSecretaria de Derechos Humanos de Santa CruzDélfor "Pocho" BrizuelaSecretario de Derechos Humanos de La RiojaEvangelina SaizarSecretaria de Derechos Humanos de Río NegroÉrica BrunottoSecretaria de Derechos Humanos de TucumánLucila PuyolSecretaria de Derechos Humanos y Diversidad de Santa FeDaniela ÁguilaSecretaria de Derechos Humanos de Santiago del EsteroMariana ReyesSecretaria de Derechos Humanos de SaltaAbigail AstradaSecretaria de Derechos Humanos y Diversidad de Tierra del Fuego AeIASMario CuguraSubsecretario de Derechos Humanos de ChubutClarisa BottoSubsecretaria de Derechos Humanos de San JuanNayla BoshSubecretaria de Derechos Humanos y Géneros de ChacoMatías MorenoSubsecretario de Derechos Humanos de Buenos AiresJuan Pablo FasceSubsecretario de Derechos Humanos de La PampaDaniel PaduánSubsecretario de Derechos Humanos de Entre RíosAnatilde Bugna Subsecretaria de Derechos Humanos de Santa FeHernán Verlardez VacaDirector de Derechos Humanos de CatamarcaCarlos GoyaDirector de Promoción y Protección de Derechos Humanos de San JuanMarcelo AcostaDirector de Promoción de Derechos Humanos de La Rioja. 

En un clima tenso, militantes de organizaciones de derechos humanos presionan sobre las vallas que dispuso la policía de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de la Legislatura. Se realizan marchas a metros del edificio en donde Victoria Villarruel lanzó la convocatoria para homenajear a víctimas del terrorismo.

Las inmediaciones de avenida de Mayo y Plaza de Mayo están cubiertos de cientos de integrantes de distintas organizaciones de izquierda. Se pueden observar panfletos con la consigna “son 30 mil” y cánticos que recuerdan al dictador Jorge Rafael Videla. Los dirigentes y militantes intentaron sin éxito ingresar al acto convocado por Villarruel.

En el Salón Dorado de la Legislatura comenzaron a llegar los invitados, entre los que se encuentran legisladores de diferentes distritos del país que forman parte de La Libertad Avanza.

Nicolás Stulberg

Victoria Villaruel, candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, en la fórmula que encabeza Javier Milei, convocó para este lunes 4 de septiembre a un homenaje a víctimas de actos terroristas perpetrados por el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, organizaciones que, en la década de los setenta, revindicaron la lucha armada en el campo político. Será a las 17 horas en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En los minutos previos al acto, los alrededores del parlamento porteño tenían un vallado dispuesto por la policía metropolitana y un operativo que custodia el edificio en el casco histórico del centro porteño.

El motivo de la convocatoria generó una contramarcha, encabezada por organizaciones de izquierda y de derechos humanos que repudiaron la iniciativa.

El presidente volvió a confrontar con Javier Milei al encabezar un acto en San Juan. Además, evaluó: “Nos tocaron cuatro años espantosos para gobernar y sin embargo la sacamos adelante”

La jueza Noemí Berros resolvió ratificar las condenas contra Miguel Torrealday y Jorge Rossi por participar del robo de los bebés mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela durante la última dictadura cívico militar. De ese modo, Torrealday debe cumplir una condena de 9 años y Rossi una pena de 6 años tal como había establecido el juez del Juicio Roberto López Arango.

Además, la magistrada dispuso que dispuesto al doble conforme (condena en primera instancia y confirmación en Casación) que ambos profesionales deberán cumplir su pena bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud.

Los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) habían acudido, mediante sus defensas, a la audiencia de este viernes con la intención de aminorar la pena. Sin embargo, Berros consideró que las penas dispuestas por López Arango se dictaron conforme a derecho, consignó Análisis.

La querella, a cargo de Sofía Uranga, Lucía Tejera y Marcelo Boeykens, había solicitado que se sostengan las penas contra los médicos y reclamaron que la prisión sea efectiva en una cárcel común. La Fiscalía a cargo de José Candioti se pronunció valorando la sentencia del juez de juicio, Roberto López Arango, y solicitó que las penas se sostengan.

Por su parte, los abogados defensores Miguel Cullen y José Velázquez hicieron una serie de planteos que buscaban mejorar la situación procesal de los condenados. Además, mostraron certificación médica de distintas afectaciones de salud que sufren ambos médicos condenados para solicitar la prisión domiciliaria.

Miguel Torrealday y Jorge Rossi cerraron el debate de la audiencia. Torrealday aseguró: "Yo aporté toda la información que tuve" y Rossi agregó: "Ojalá apareciera el melli que nos tiene preocupados a todos y soy inocente de los hechos".