Las deudas de los argentinos atraviesan uno de los momentos más críticos de las últimas dos décadas. El incremento de la morosidad en préstamos personales y comerciales encendió las alarmas del sistema financiero, al tiempo que millones de familias perdieron acceso al crédito y las entidades endurecieron las condiciones para otorgar nuevos financiamientos.

El último informe de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la irregularidad en el cumplimiento de los préstamos familiares aumentó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo, el nivel más elevado de los últimos veinte años. En el segmento empresarial, la mora pasó del 3,3% al 3,5%, mientras que la irregularidad del total de créditos al sector privado llegó al 7,7%.

Estos indicadores reflejan un deterioro sostenido de la capacidad de pago tanto de hogares como de empresas, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la retracción del consumo y una recuperación económica que aún no logra trasladarse plenamente al bolsillo de la población.

El impacto más visible de esta situación es la exclusión financiera. Más del 27% de quienes tomaron un préstamo dejaron de ser sujetos de crédito, lo que representa cerca de siete millones de argentinos que actualmente no pueden acceder a nuevas líneas de financiamiento ni refinanciar sus obligaciones por los canales tradicionales.

La situación golpea especialmente a los jóvenes. Según los datos oficiales, el 40% de los menores de 35 años que poseen créditos activos registra al menos una obligación en mora. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, la morosidad alcanza el 42,8%, mientras que en la franja de 26 a 35 años llega al 39,3%.

Aunque los porcentajes disminuyen con la edad, el problema continúa siendo significativo: el 31% de las personas de entre 36 y 45 años presenta atrasos, mientras que el indicador se ubica en 23,5% entre quienes tienen entre 46 y 55 años.

El fenómeno no se limita al sistema bancario. En las entidades financieras no bancarias, que concentran aproximadamente el 17% del financiamiento destinado a las familias, la mora alcanzó el 32,2% durante mayo.

Hace apenas un año y medio ese indicador era inferior al 10%, lo que evidencia la rapidez con la que se deterioró la capacidad de pago de los hogares. El crecimiento de este segmento también refleja que muchas familias recurrieron a alternativas de financiamiento más costosas para sostener el consumo cotidiano.

La expansión de la mora en este mercado confirma que el problema trasciende al sistema bancario tradicional y afecta prácticamente a todo el entramado crediticio argentino.

Frente al aumento del riesgo, los bancos privados comenzaron a restringir el otorgamiento de créditos. Las entidades endurecieron los requisitos para aprobar préstamos personales, evitaron actualizar límites de tarjetas de crédito y priorizaron el fortalecimiento de sus balances antes que expandir el financiamiento.

La estrategia busca reducir la exposición frente a una cartera cada vez más deteriorada y preservar liquidez mientras persista la incertidumbre económica. La prioridad pasó a ser "limpiar" los balances antes que aumentar el volumen de préstamos.

En contraste con la banca privada, las entidades públicas optaron por sostener el crédito y ofrecer herramientas para que los clientes puedan regularizar sus deudas. El caso más destacado es el del Banco Provincia, que lanzó el programa "Ponete al día", destinado a refinanciar obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo.

El esquema contempla tasas diferenciadas según el nivel de atraso y la situación económica del cliente. Para quienes registran mora temprana de hasta 90 días y perciben haberes en la entidad, la tasa anual es del 50%, aunque baja al 39% para quienes cobran menos de cuatro salarios mínimos.

En los casos de mora avanzada, el interés desciende al 31% anual, mientras que también existe una línea específica para refinanciar deudas de tarjetas de crédito en hasta 60 cuotas con una tasa del 41% anual.

Según datos oficiales del Banco Provincia, durante los primeros cinco meses del año se concretaron más de 66.000 acuerdos de regularización.

Las operaciones involucraron aproximadamente 234.000 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 157% respecto del mismo período del año pasado.

Los programas están orientados principalmente a sectores vulnerables y buscan evitar que el deterioro financiero derive en una exclusión permanente del sistema crediticio.

La creciente carga financiera también quedó reflejada en una encuesta de la consultora Zentrix. El estudio reveló que el 53% de los votantes oficialistas considera que el peso de las deudas personales constituye actualmente su principal preocupación económica.

Entre los votantes opositores predominan la incertidumbre económica y la pérdida del poder adquisitivo, mientras que la posibilidad de ahorrar aparece prácticamente anulada. En cambio, entre quienes apoyan al oficialismo, el 18,5% asegura que todavía logra generar algún nivel de ahorro, aunque dos de cada tres reconocen que sus ingresos siguen sin superar el ritmo de la inflación.

En paralelo, el Congreso analiza distintos proyectos destinados a facilitar el desendeudamiento familiar, una problemática que comenzó a ocupar un lugar central en la agenda económica y política.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la recuperación del crédito dependerá principalmente de la estabilidad macroeconómica. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la baja sostenida de la inflación permitirá reducir las tasas de interés, recuperar el financiamiento y reactivar tanto el consumo como la inversión.

El último índice de inflación, que se ubicó en 2,1%, alimentó las expectativas oficiales de una continuidad en la desaceleración de los precios. Sin embargo, la caída real del 5,6% en la recaudación tributaria nacional evidencia que la recuperación económica todavía enfrenta importantes desafíos y mantiene abiertas las tensiones fiscales entre la Nación, las provincias y los municipios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el próximo lunes el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027, una hoja de ruta con la que el Gobierno buscará responder uno de los principales interrogantes del mercado: cómo planea financiar los vencimientos de deuda en dólares de los próximos dos años y con qué herramientas pretende construir un mayor “colchón” financiero para llegar a las elecciones presidenciales.

La presentación fue adelantada este jueves por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante su participación en el programa de streaming Las tres anclas. La intención del equipo económico de mostrar esa hoja de ruta.

“El lunes 6 de julio se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027”, afirmó el funcionario. Según explicó, la presentación incluirá “el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán”.

Furiase agregó que se trata de “un programa financiero que muestra el armado de colchones, de buffers (amortiguadores)”, con el que el Gobierno llegará a 2027 “con mucha holgura”, producto de los recursos financieros que busca acumular durante 2026.

Después de haber concentrado buena parte de la primera mitad del año en estabilizar la macroeconomía, fortalecer las reservas internacionales y propiciar una baja de la inflación, que se había acelerado desde 2025, el Gobierno busca ahora mostrar cómo piensa atravesar el principal desafío financiero que aparece en el horizonte: 2027. Ese año coincidirán las elecciones presidenciales (y provinciales) con un importante volumen de vencimientos de deuda. El objetivo oficial es llegar con mayores márgenes de maniobra y menores necesidades de refinanciamiento.

La construcción de esos “colchones” no se limita al Tesoro. En una reciente presentación ante inversores, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que el saneamiento patrimonial de la entidad permitirá ampliar el “poder de fuego” de la autoridad monetaria en unos US$20.000 millones, más allá de la acumulación de reservas mediante compras de dólares. Ese margen provendrá de tres frentes: la reducción de la posición vendida en el mercado de futuros, la plena disponibilidad de los swaps de monedas ya activados —unos US$8000 millones entre el tramo con China y el Banco de Pagos Internacionales (BIS)— y la refinanciación anticipada de los repos con bancos internacionales.

Hoy, en efecto, el Banco Central anunció que extendió hasta 2028 los vencimientos de los repos por unos US$6000 millones que originalmente expiraban durante 2027. La operación despejó uno de los principales compromisos financieros previstos para el año electoral y redujo sensiblemente el volumen de pagos concentrados en ese período.

De esta manera, los vencimientos en moneda dura previstos para 2027 se reducen de unos US$21.100 millones a alrededor de US$15.900 millones, concentrados principalmente en US$8400 millones de bonos soberanos, US$6000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y unos US$1500 millones de Bopreal.

Otra de las piezas centrales del programa son los préstamos estructurados con garantía de organismos multilaterales. El Gobierno ya cuenta con el aval del Banco Mundial para movilizar hasta US$2000 millones y con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$550 millones, que permitirá estructurar una operación por unos US$1200 millones.

En el caso de la línea respaldada por el Banco Mundial participan de las conversaciones entidades como JP Morgan, Citi, Bank of America y Banco Santander, aunque también podrían incorporarse otros bancos europeos y compañías aseguradoras internacionales. En paralelo, Deutsche Bank ya comenzó a contactar inversores para la operación respaldada por el BID, integrada por un tramo garantizado de US$550 millones y otro no garantizado por US$600 millones, con una vida promedio cercana a cuatro años. Economía y Deutsche Bank declinaron hacer comentarios ante la consulta de este medio.

Las líneas de crédito respaldadas por organismos multilaterales podrían obtenerse a tasas cercanas al 6% anual —que el equipo económico todavía negocia con las entidades financieras—, un costo considerablemente menor al que enfrentaría hoy una emisión soberana tradicional, que exigiría rendimientos superiores al 8% anual. Ese costo cayó significativamente en lo que va del año y el riesgo país es el más bajo desde principios de 2018.

Los recursos de esas operaciones no se destinarán a cubrir el próximo vencimiento con bonistas privados, previsto para el 9 de julio por unos US$4200 millones, pago para el cual el Tesoro ya tiene prácticamente todos los fondos depositados en su cuenta. El objetivo es utilizarlos para afrontar parte de los compromisos financieros de 2027 y seguir fortaleciendo los “colchones” de liquidez antes del año electoral.

A ese esquema todavía podría sumarse la Corporación Andina de Fomento (CAF). El equipo económico negocia con el organismo una garantía por al menos US$250 millones para estructurar una nueva operación de financiamiento. Según fuentes con conocimiento directo de las conversaciones, el directorio de la entidad tiene previsto analizar el proyecto el próximo 22 de julio.

En paralelo, el Tesoro volvió a emitir deuda en dólares en el mercado local y mantiene abierta la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito si el riesgo país continúa descendiendo hasta niveles compatibles con tasas inferiores al 8% anual, como planteó recientemente Furiase.

La estrategia oficial coincide con el diagnóstico de JP Morgan. En un informe publicado esta semana bajo el título "Argentina 2H26: reforzar los escudos para la prueba de 2027″, el banco sostuvo que, tras la estabilización alcanzada durante la primera mitad del año, el desafío para el segundo semestre pasa por consolidar esos avances y construir los “colchones” necesarios para atravesar el próximo ciclo electoral.

Según la entidad, la acumulación de reservas, la disciplina fiscal y el fortalecimiento de las fuentes de financiamiento serán claves para reducir la vulnerabilidad de la economía antes de las elecciones.

Fuente: La Nación

En junio de 2026, los argentinos destinan el aguinaldo principalmente a cancelar deudas. Si se lo compara con los cinco años anteriores, cuenta una historia bastante precisa del ciclo económico reciente. Eso es lo que hizo Focus Market: rastrear año a año el destino del sueldo anual complementario y cruzarlo con el contexto macroeconómico de cada junio entre 2022 y 2026.

“La forma en que los argentinos utilizan el aguinaldo refleja con bastante claridad las distintas etapas del ciclo económico reciente“, explicó Damián Di Pace, director de la consultora. Según el informe, el patrón fue variando desde una conducta defensiva pura —compra de dólares, stockeo, cobertura de gastos básicos— hacia comportamientos más diversificados a medida que bajó la inflación, hasta llegar al presente, donde el foco está en sanear las finanzas del hogar.

Con una inflación anual del 94,8%, junio de 2022 fue un mes de aceleración sostenida, renuncia de ministros y expectativas de mayor inestabilidad. El aguinaldo se fue al dólar y al stockeo: comprar bienes no perecederos antes de que subieran de precio era más racional que dejar los pesos quietos. La lógica era simple: cualquier activo físico o divisa dura ganaba contra el peso.

El año del récord. Con una inflación anual de 211,4% —la más alta desde 1991—, la devaluación post-PASO y la erosión extrema del salario real, el aguinaldo dejó de tener horizonte. La prioridad pasó a ser el stockeo en supermercados y los gastos generales: cubrir necesidades básicas que se encarecían semana a semana. “El aguinaldo se usa para sobrevivir el presente más que para ahorrar o invertir”, señala el informe.

El cambio de gobierno trajo devaluación inicial, ajuste fiscal fuerte y —en paralelo— una recuperación de los mercados financieros que modificó el comportamiento de una parte de la población. Con una inflación anual de 117,8% pero en desaceleración, el aguinaldo de junio 2024 combinó dólar como cobertura y acciones como apuesta a la recuperación económica. La Bolsa subía por expectativas, el dólar seguía como seguro. Un perfil de comportamiento que Focus Market describe como “transición”.

Con la inflación anual en 31,5% y una estabilización más consolidada, 2025 marcó el primer junio en años donde el aguinaldo tuvo un destino que no era estrictamente defensivo. Gastos generales y acciones lideraron las preferencias: parte de la población pudo mejorar su situación y combinar consumo con inversión productiva. Aunque, aclara el informe, la corrección de precios relativos —especialmente en servicios— ya empezaba a pesar sobre los ingresos.

El escenario actual tiene inflación interanual del 32% y una acumulación de doce puntos hacia la mitad del año. La desaceleración es real, pero los hogares llegan a junio con una mochila cargada: tasas altas previas, pérdida de poder adquisitivo residual y endeudamiento en tarjetas y cuotas. El aguinaldo va, en primer lugar, a cancelar esas deudas. El dólar conserva su lugar como refugio ante cualquier incertidumbre que pueda aparecer.

Focus Market llama a este momento “normalización con cicatrices”: la inflación baja redujo la urgencia de stockear, pero el endeudamiento acumulado obliga a usar el SAC para reparar el balance familiar antes que para consumir o invertir.

“Los resultados de 2026 muestran que, si bien la desinflación avanzó y la estabilidad ganó terreno, el fuerte aumento en la prioridad asignada al pago de deudas indica que ese proceso todavía no se tradujo plenamente en una mejora del bolsillo de la mayoría de las familias”, afirmó Di Pace. “La necesidad de recomponer balances personales sigue predominando sobre las decisiones de consumo o inversión”, finalizó el encuestador.

Fuente: Perfil

El Banco Central habilitó una nueva herramienta para intentar frenar los niveles récord de morosidad que se registran en el sistema financiero. Se trata de un reclamo de las empresas del sector fintech, que en los últimos meses se encontraron con la imposibilidad de cobrar los préstamos ofrecidos.

Si bien el crecimiento de morosos creció de manera más leve en el último mes (pasó del 11% al 11,5%), mientras que en los meses previos venía aumentando en un ritmo más acelerado, las cifras indican que la morosidad sigue incrementándose.

El nuevo instrumento, Cobro con Transferencia (CCT), permitirá que las billeteras virtuales como Mercado Pago puedan debitar automáticamente de la cuenta bancaria de los clientes la cuota pendiente de un préstamo.

La medida entrará en vigencia el 31 agosto. El sistema funcionará de manera similar a la opción que hoy existe para el pago de la tarjeta de crédito o un servicio mensual.

Si bien los bancos tradicionales ya contaban con esta facultad para cobrar las cuotas de los préstamos personales que otorgan, la novedad es que ahora se extiende esta potestad a las billeteras virtuales.

De esta manera, si un usuario saca un crédito a través de la aplicación de Mercado Pago y tiene cuenta sueldo en el Banco Nación, la billetera virtual podrá debitar directamente el monto de la cuota desde la cuenta bancaria.

"El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude", informaron las autoridades. Para el diseño de esta nueva herramienta se usaron modelos de otros países como Brasil, India y Australia.

Las entidades que provean del crédito deberán notificar a sus clientes un día antes de debitar el monto de la cuenta donde se realizará la operación.

Los prestamistas están autorizados a hacer hasta tres movimientos para cobrar de esta manera: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas. Los clientes pueden dar de baja el consentimiento inicial en cualquier momento y ésta se hará efectiva de forma inmediata.

Según datos oficiales, la falta de pago en los créditos otorgados por billeteras virtuales y financistas trepó al 25%. Más del doble de los usuarios que se financian por estas vías tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, en comparación con el 12% de morosidad que registran los bancos tradicionales (cifra que también es récord desde el año 2010).

En una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados en el Congreso de la Nación, especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos alertaron que 1 de cada 4 personas tienen mora con billeteras virtuales y con tarjetas de créditos. Desde el bloque oficialista solicitaron la convocatoria a otra reunión informativa para que todos puedan presentar una lista de invitados a exponer.

El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.

“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.

Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino en manifestaciones que reprodujo el portal parlamentario.com.

Los expositores

Abrió la ronda de expositores la socióloga y docente Luci Cavallero quien precisó que son 39 billones de deudas que tienen las familias argentinas y se basó en datos del Banco Central: “Hay un fuerte incremento de morosidad históricos, los más altos en los últimos 20 años. No es solo mora bancaria, sino también se genera en préstamos que se sacan de las famosas empresas de finanzas digitales”, e indicó que 1 de cada 4 personas tienen mora con esas billeteras virtuales.

Cavallero señaló que los estudios que se vienen realizando hace más de un año hablando de un endeudamiento de 7 de cada 10 argentinos. “No es un endeudamiento circunstancial sino dedicado a poder subsistir y son usados para los gastos básicos”.

“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza. En ese contexto crece la mora y el endeudamiento de las familias”, planteó.

La socióloga manifestó que se trata de un problema de sustentabilidad económica de las familias y consideró que “el Congreso tiene que estar a la altura para poder darle a las familias un alivio. El endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente”.

“La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía que arroja a más argentinos a tener que endeudarse y a tener pluriempleo”, apuntó y detalló que las personas endeudadas “usan el crédito para cubrir gastos esenciales, altos niveles de angustia y estrés crónico, deterioro de salud física, imposibilidad de cubrir necesidades básicas”.

Cavallero cuestionó que “hay falta de información clara y accesible sobre las deudas, no hay condiciones de refinanciación, hay ausencia de instancias de negociación, no hay regulación de billeteras virtuales, prácticas abusivas de sistemas de cobranzas. Los bancos ofrecen refinanciaciones con cuotas que exceden la capacidad real de pago, inducen a la mora, entre otras”.

Por último, planteó que el proyecto de ley debe establecer acceso a la información, regulación de intereses, proteger los ingresos, regular los débitos automáticos, regulación de cobranzas y generar instancias de negociación. Que los montos de descuento no pueden dejar por debajo de la línea de pobreza a las familias, regulación de tasas fijadas en relación al costo de vida. Fomentar la responsabilidad de los bancos y las empresas virtuales”.

Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo –CABA-, afirmó que “hay un aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que no están pudiendo cumplir con el pago. Tienen la voluntad de pago, pero no la capacidad”.

“Aquellos que hoy tienen un crédito hipotecario y problemáticas mayores hay que atender porque las familias no se endeudan para comprar una casa. La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar”, expresó y agregó: “Lo que está afectando mucho a las familias es la mora automática y debería ser tratado en los proyectos”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española.

Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UP), respectivamente.