El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 27 proyectos aprobados que representan compromisos de inversión por u$s76.174 millones. Sin embargo, el impacto sobre el mercado laboral sería relativamente acotado: las iniciativas contemplan la generación de aproximadamente dos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, por cada millón de dólares invertidos.

Así lo revela un informe de la consultora Paspartú, que analizó los proyectos que ya recibieron autorización oficial y estimó que, en conjunto, permitirían crear 133.076 empleos directos e indirectos.

El estudio también advierte importantes diferencias entre los sectores beneficiados por el régimen. Mientras las actividades vinculadas con infraestructura presentan una mayor capacidad de generación de puestos de trabajo por dólar invertido, los proyectos de petróleo, gas y energía requieren desembolsos considerablemente superiores en relación con la cantidad de empleos previstos.

En paralelo, el volumen de capital comprometido continuará incrementándose durante los próximos años, con un pico de inversiones previsto para 2028, aunque los plazos de ejecución de algunas iniciativas se extienden hasta 2056.

El RIGI, que contempla exenciones impositivas a las empresas, es una de las políticas más destacadas por el Gobierno.

De acuerdo con las estimaciones de Paspartú, los 27 proyectos aprobados generarían 133.076 puestos de trabajo, lo que equivale a un promedio aproximado de dos empleos por cada millón de dólares de inversión. Sin embargo, la capacidad de creación de empleo presenta diferencias significativas según la actividad económica.

La infraestructura encabeza el indicador, con aproximadamente 35 puestos por cada millón de dólares invertidos. Le sigue la siderurgia, con 13 empleos; tecnología, con cinco; minería, con tres; y petróleo, gas y energía, con apenas uno.

Estas diferencias responden, en buena medida, a las características de los proyectos. Las actividades intensivas en capital requieren grandes inversiones en instalaciones, equipamiento e infraestructura, pero no necesariamente generan una cantidad proporcional de puestos de trabajo.

La distribución sectorial también refleja esta situación. La minería concentra el 55,3% de los empleos previstos, a pesar de representar el 36,3% del capital comprometido. En contraste, petróleo y gas reúne el 60,6% de las inversiones, pero explica el 29% de los puestos de trabajo proyectados.

De esta manera, los sectores que concentran los mayores desembolsos no son necesariamente los que presentan una mayor intensidad de generación de empleo.

Al analizar las iniciativas individualmente, el proyecto Vicuña, ubicado en San Juan, encabeza el listado por cantidad de puestos de trabajo previstos, con aproximadamente 31.700 empleos directos e indirectos.

En segundo lugar aparece el proyecto de Fertilizantes, con una estimación de 12.500 puestos, seguido por la Terminal Multipropósito de Timbúes, en Santa Fe, que contempla otros 9.700. Sin embargo, cuando se considera la relación entre la cantidad de empleos y el monto invertido, las posiciones cambian.

La terminal portuaria de Timbúes lidera el indicador, con aproximadamente 35 puestos por cada millón de dólares. Le siguen el proyecto siderúrgico Sidersa, ubicado en San Nicolás, y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, ambos con una relación cercana a 13 empleos por millón invertido.

En el extremo opuesto se encuentran proyectos de gran escala vinculados con la producción energética.

La planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG) y el desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada proyectan aproximadamente 0,1 empleos por cada millón de dólares. Por su parte, Rincón de Aranda presenta una relación de 0,4 y el parque eólico de Olavarría, de 0,6.

El informe también analiza el calendario de ejecución de las inversiones comprometidas. Los u$s76.174 millones correspondientes a los 27 proyectos aprobados se desembolsarán de manera gradual, con plazos que se extienden hasta 2056.

Según las estimaciones, el 67% de ese capital, equivalente a u$s51.314 millones, se invertirá antes de 2035. El mayor volumen de desembolsos se registraría en 2028, cuando las inversiones superarían los u$s9.000 millones.

La concentración de los proyectos también presenta importantes diferencias geográficas. Las actividades de petróleo, gas y minería explican cerca del 97% de los fondos comprometidos, lo que posiciona a Neuquén, Río Negro y San Juan como las principales provincias receptoras.

En conjunto, estos tres distritos concentran el 74% de las inversiones aprobadas, impulsadas principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos mineros.

Si bien el calendario de desembolsos contempla plazos extensos, el impacto sobre la actividad económica comenzó a reflejarse en las compras de bienes de capital. Hasta octubre, 16 de los 27 proyectos aprobados habían iniciado operaciones de importación, que alcanzaron aproximadamente u$s700 millones.

Además de las iniciativas que ya recibieron aprobación oficial, el informe identifica 21 proyectos adicionales que todavía se encuentran en evaluación.

En conjunto, estas propuestas representan inversiones anunciadas por u$s133.221 millones. Si se suman a los compromisos correspondientes a las iniciativas ya aprobadas, el universo total del RIGI asciende a u$s209.394 millones.

No obstante, existe una diferencia importante entre ambos grupos: mientras los 27 proyectos aprobados ya cuentan con autorización oficial, los 21 restantes todavía deben completar el proceso de evaluación.

Entre las iniciativas pendientes predomina nuevamente el sector de petróleo y gas, que concentra el 86% de los montos anunciados, frente al 13,3% correspondiente a minería.

En términos geográficos, Neuquén aparece como el principal destino de estas inversiones potenciales, con aproximadamente USD 82.612 millones, equivalentes al 62% de los fondos anunciados para proyectos en trámite.

El mercado de trabajo formal en la Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio del segundo semestre del año, con el empleo sumando su decimocuarto mes de caída consecutiva y el salario mínimo ubicándose en un piso histórico.

Los datos expuestos sobre el panorama laboral en la Argentina se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet.

El trabajo detalló que el empleo asalariado formal total cayó 1,5% interanual en julio pasado, lo que implica una pérdida de 155.000 puestos de trabajo en un año y retrocedió 3,6% frente a noviembre de 2023, lo que representa un recorte de 370.000 fuentes laborales.

A nivel mensual, la cantidad de asalariados registrados retrocedió en algo más de 9.000 puestos de trabajo (-0,1%) respecto al mes anterior. Con este resultado, el total de trabajadores con cobertura de la seguridad social se ubicó en 9,93 millones de personas.

La mayor parte de la pérdida mensual se concentró en las empresas privadas. Durante julio de 2026, el empleo asalariado formal privado se redujo en 12,7 mil puestos (-0,2%), alcanzando un total de 6,1 millones de trabajadores. Se trata del 14º mes consecutivo de contracción en este segmento.

Desde noviembre de 2023, el sector privado arrastra una pérdida acumulada de 266.000 puestos de trabajo (-4,2%), lo que retrotrae la cantidad de empleados a niveles de mayo de 2014, según puntualizó el estudio.

El reporte resalta un marcado “desacople” entre el nivel de empleo y la actividad. Mientras que la economía (EMAE) tuvo entre noviembre de 2023 y julio de 2026 un crecimiento neto del 2,2%, pese a acumular una baja del 4,1% en lo que va de 2026, el empleo asalariado privado registró en ese mismo período un recorte superior al 4%.

En julio, 8 de los 13 sectores de la actividad privada disminuyeron sus dotaciones de personal. Las mayores contracciones relativas se observaron en la Construcción (-0,6%), Intermediación Financiera (-0,4%), Transporte (-0,3%), Comercio (-0,3%), Hoteles y Restaurantes (-0,3%) e Industria (-0,3%).

En términos absolutos, el Comercio, con 3.800 puestos menos, y la Industria, con una baja de 2.800 puestos, continuaron encabezando la caída del empleo formal. El sector industrial acumula variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses, con una pérdida de casi 95.000 empleos desde septiembre de 2023. Por su parte, la Construcción retrocedió a 377.000 trabajadores, manteniéndose cerca de sus mínimos históricos.

A nivel geográfico, el empleo privado cayó en 17 provincias, creció en 6 y se mantuvo sin cambios en una. Las mermas porcentuales más acentuadas se registraron en Santa Cruz (-0,9%), Corrientes (-0,7%) y Mendoza (-0,7%). Por volumen de empleo, la Provincia de Buenos Aires explicó el 66% de la destrucción total del mes, con una reducción de 8.000 puestos.

En el extremo opuesto, Neuquén (+8,9%) y Río Negro (+3,5%) se consolidan como las únicas dos jurisdicciones de todo el país que registran más ocupados formales privados que en noviembre de 2023. Esto se vincula con el dinamismo de la actividad en la explotación petrolera.

Por tamaño de firma, en agosto las empresas grandes redujeron levemente sus planteles (-0,1%), mientras que las pequeñas mostraron un modesto repunte (+0,1%) y las medianas permanecieron estables (0,0%).

En el sector público, el empleo aumentó en julio en 4.700 puestos (+0,1%), totalizando 3,4 millones de trabajadores. Pese a esta suba mensual, acumula un retroceso del 2,4% (-83.000 empleos) en comparación con noviembre de 2023.

En el caso del personal que trabaja en casas particulares, se registró una caída de 1.100 puestos (-0,2%) en julio, sumando 442,4 mil trabajadoras. El sector retrocedió un 4,7% respecto de noviembre de 2023 y acumula una contracción del 11,6% (-58.000 trabajadoras) desde su máximo histórico de octubre de 2019.

Salarios: mínimos de más de dos décadasEn materia de ingresos, el reporte destaca la profunda erosión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En septiembre de 2026, el SMVM se fijó en $383.800 nominales, manteniéndose sin variación en términos reales respecto del mes anterior (0,0%).

Sin embargo, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el haber mínimo real acumuló un desplome del 40,8%. Esta caída sitúa al salario mínimo real en niveles inferiores a los de la crisis de 2001, alcanzando su valor más bajo desde junio de 2003 y representando apenas un tercio (-67,1%) de su máximo histórico de septiembre de 2011.

En cuanto a las remuneraciones del sector privado asalariado, el Índice de Salarios del INDEC mostró en agosto pasado un incremento real del 1,15% respecto a julio, situándose un 2,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La remuneración promedio, por su parte, reflejó una estimación para agosto de una suba real mensual del 1,3% ($2.303.686 nominales), lo que la ubicaría un 0,8% por encima del nivel de noviembre de 2023. Los salarios públicos, por su parte, crecieron 0,6% real en agosto, pero continúan estando 15,3% por debajo de los valores de noviembre de 2023.

El empleo formal volvió a caer en julio: según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 9.085 asalariados perdieron su puesto en el mes. Con ese resultado, la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 asciende a 370.343 asalariados registrados. En el sector privado, además, ya son 14 meses seguidos de retroceso, y julio fue el mes de mayor destrucción desde noviembre del año pasado.

Según el análisis de los datos que realizó el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma Luis Campos, en el último año se destruyeron más puestos de trabajo que en el primer año y medio del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La fase actual de pérdida de empleo privado registrado tiene, además, una magnitud comparable a la de los últimos dos años del gobierno de Cambiemos (2018-2019). La diferencia es el contexto: entonces el sector público funcionaba como amortiguador, y ahora no.

El deterioro no distingue entre las ramas que el modelo económico presenta como motores. En el último año, minería y petróleo e intermediación financiera destruyeron empleo formal. Agro y pesca tuvieron una suba marginal. Industria y comercio, en cambio, registraron fuertes caídas.

El mapa territorial es todavía más desparejo. Desde el inicio de la gestión de LLA, el empleo formal solo creció en Neuquén y Río Negro, que sumaron 16.723 trabajadores entre ambas. En las 22 jurisdicciones restantes perdieron su puesto casi 285.000.

En julio el empleo en el sector público creció de manera considerable, pero el propio análisis advierte que podría tratarse de un efecto metodológico: había caído con fuerza en junio y en julio recuperó todo ese deterioro. En la comparación con noviembre de 2023, acumula un retroceso de 2,5%, muy por debajo del que registra el sector privado.

En casas particulares el empleo formal también bajó en julio. La tendencia general, sin embargo, parece haberse estabilizado en los niveles de principios de 2025, tras una caída muy fuerte en los cinco años anteriores.

Por otra parte, el salario real relevado por el SIPA perdió un par de décimas frente a la inflación en julio. Desde marzo se mantiene en niveles similares a los de noviembre de 2023, y el análisis no encuentra razones para que repunte en el corto plazo.

Los indicadores de agosto tampoco anticipan un cambio. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una caída marginal en ese mes y, por lo pronto, no hay ninguna señal de que el empleo formal vaya a recuperarse. La incógnita que queda abierta es hasta cuándo resisten las modalidades de empleo que funcionaron como refugio frente a la pérdida de puestos asalariados registrados, y si algunas ya empezaron a agotarse.

En un mercado laboral afectado por la debilidad de la actividad económica, el fenómeno del cuentapropismo se encuentra en auge. Durante el último año, creció entre 25% y 30% la cantidad de trabajadores operativos en cuatro plataformas líderes de transporte y delivery, según datos que pudo recopilar Ámbito en compañías del sector.

Este avance se da en un contexto de deterioro de las condiciones laborales. El desempleo escaló a 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y la informalidad saltó al 45%, según datos del INDEC. Se trata del nivel más alto de desocupación en cinco años (2021), cuando la Argentina salía de la pandemia del Covid-19, mientras que la proporción de trabajadores informales se encuentra en máximos de la serie que arrancó en 2023.

La situación del mercado laboral refleja las dificultades de la economía. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en julio se registró una caída del 2,9% respecto del mes anterior y del 1,4% interanual. Sin embargo, el panorama no es uniforme: sectores como el petróleo, la minería y el agro, que impulsan buena parte de las exportaciones y fueron señalados como los “ganadores del modelo”, han dinamizado la producción en algunas provincias.

La otra cara de este panorama se observa en empresas que bajan sus persianas y cuyas fábricas concentraban gran cantidad de mano de obra, principalmente en los grandes centros urbanos industriales del país: el conurbano bonaerense, el Gran Córdoba y el Gran Rosario. De esa manera, se observa el impacto en el empleo, que tiene múltiples dimensiones más allá de las estadísticas oficiales.

Caída del empleo, ingresos bajos y aumento del costo de vida con un salario que corre de atrás a la inflación son síntomas de este escenario. Una de sus manifestaciones es el aumento del pluriempleo y la incorporación a las aplicaciones de numerosas personas que ven deteriorados sus ingresos. Quienes complementan su trabajo manejando en una app y quienes son desplazados de un trabajo en blanco y pasan a ser repartidores son casos comunes en la nueva configuración que adquiere la economía argentina.

Ámbito recopiló datos de cuatro de las principales empresas que dominan el mercado de las apps en Argentina.

Los datos aportados por las empresas reflejan el salto registrado en el último año: las cuatro plataformas tuvieron un aumento de entre el 25% y el 30% en la cantidad de trabajadores operativos. En una empresa señalan que cada dos minutos un conductor empieza a manejar en la app por primera vez. Otra informa que se incorporan 500 nuevos repartidores por día.

Cabe subrayar que estas empresas presentan un porcentaje más elevado de personas que trabajan pocas horas, con una dedicación orientada más a complementar ingresos que al trabajo a tiempo completo.

Otra señaló que el 70% de los repartidores independientes se conecta menos de 10 horas por semana. El tiempo promedio de conexión es de 12,8 horas semanales. Sólo el 10% se conecta con una dedicación casi completa: cerca de 32 horas por semana. 

Según las estadísticas, los jóvenes son más proclives a incorporarse a las apps de reparto, ya sea en bicicleta o moto, con pocas horas por semana a modo de complemento del salario. Por otro lado, los adultos de más de 40 años tienden en mayor medida a las aplicaciones de conductores de autos y a dedicarles una jornada completa de trabajo, lo que sugiere que las utilizan como ingreso principal.

Los ingresos mensuales también reflejan esa diferencia en la dedicación: un repartidor gana en promedio $188.788 por mes, con una carga horaria que suele ser reducida. En cambio, un conductor que maneja 60 horas semanales percibe en promedio $800.000 mensuales, según los datos aportados por la empresa.

Los números aportados por las cuatro empresas muestran algo más que una expansión del cuentapropismo: reflejan un mercado laboral que ofrece menos oportunidades y obliga a buscar alternativas para sostener los ingresos. Para algunos, las aplicaciones son un complemento de un salario que no alcanza; para otros, una fuente principal de trabajo. El auge de las apps aparece, así, como una respuesta a las dificultades para conseguir empleo o llegar a fin de mes.

En un contexto de debilidad del mercado laboral y con mayores dificultades para sostener los ingresos de los hogares, la desocupación pasó a ser el principal problema del país para los argentinos y desplazó a los aumentos de precios y tarifas, que hace unos meses ocupaban el primer lugar entre las preocupaciones.

Según una encuesta de Management & Fit, en septiembre, la desocupación concentró el 19,8% de las menciones frente al 17,6% de la medición de julio, mientras que los precios y las tarifas bajaron al 18,9%, desde el 22,4% anterior.

El cambio refleja un aumento de 2,2 puntos porcentuales en las menciones a la desocupación, al mismo tiempo que la preocupación por los aumentos de precios y tarifas retrocedió 3,5 puntos.

Por otra parte, la dificultad para llegar a fin de mes se mantuvo como la principal preocupación personal, con 22% de las menciones, aunque bajó dos puntos respecto de julio. En segundo lugar quedaron los bajos ingresos, con 17,2%, seguidos por la inseguridad al salir a la calle, con 14%, y problemas de endeudamiento personal o familiar, con 10,4%.

Dentro de ese mismo relevamiento, aumentaron las menciones vinculadas específicamente con el mercado laboral. La falta de trabajo o estar desocupado alcanzó el 9,4%, frente al 8,9% de julio, mientras que la inseguridad de perder el trabajo llegó al 4,5%, desde el 3,5% anterior. También subió la preocupación por la dificultad para alquilar o acceder a una vivienda, que pasó de 4,9% a 7,4%. Así, las dificultades económicas suman el 69,1% de las menciones.

El deterioro de la percepción económica aparece también cuando se consulta por la situación de los hogares. En septiembre, el 52,4% de las familias manifestó algún tipo de dificultad económica. El 31,2% señaló que sus ingresos no alcanzan y atraviesa algunas dificultades, mientras que otro 21,2% afirmó que enfrenta grandes dificultades. En contraste, el 11,8% dijo que sus ingresos alcanzan bien y que puede ahorrar.

La percepción sobre el país también muestra un escenario adverso. El 56,7% evaluó negativamente la situación económica y social, contra apenas 16,8% que la consideró positiva. La valoración negativa aumentó 1,9 puntos respecto de julio, mientras que la positiva prácticamente no tuvo cambios.

Ese clima se refleja además en las expectativas. La evaluación negativa sobre cómo estará el país dentro de un año aumentó 3,2 puntos en septiembre.

Al mismo tiempo, el 59,1% considera que la situación económica actual puede mejorar a futuro. Entre quienes consideran que la situación no mejorará, aumenta la proporción de mayores de 40 años. Los menores de 40 años mencionan proporcionalmente más que la situación puede mejorar en más de un año.

Los sentimientos frente a la situación del país completan ese cuadro. La preocupación y desconfianza fue la respuesta más mencionada, con 27,3%, seguida por la tristeza, con 24%. En conjunto, los sentimientos negativos alcanzaron el 65,1%, casi el doble que los positivos, que representaron 32,9%.

En paralelo, según una encuesta de Zentrix, el 81,8% de los argentinos considera que su salario no logra ganarle a la inflación, una percepción que incluso se profundizó levemente respecto del mes anterior, cuando alcanzaba al 81,2%.

Además, el 39,3% de los encuestados califica negativamente su situación económica individual, pero esa proporción asciende al 61,5% cuando se refiere al escenario nacional.

Los ingresos y salarios aparecen como la principal preocupación, mencionados por el 50,1% de los consultados, apenas por encima de la incertidumbre económica, con 49,8%. La inflación, en cambio, ocupa el último lugar entre los diez temas relevados, con el 12,7%.

“Que la inflación sea la última preocupación y que la gran mayoría sienta que el salario no alcanza no es una contradicción: sugiere que el índice y la experiencia miden cosas distintas. El Indec informa cuánto suben los precios cada mes; los hogares comparan su ingreso con el nivel de precios acumulado, y una desaceleración de la inflación no se vive, por sí sola, como una recomposición”, señala Zentrix.

La tasa de desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de este año en el marco de un alza significativa de la gente que busca trabajo.

Así, se incrementó 0,3 puntos con relación al mismo período de 2025 y 0,1 puntos respecto de primer trimestre de este año.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,9%.

La tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,0%.

Y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 7,9%.

Las tasas de empleo y desocupación no registraron variaciones significativas respecto al mismo período del año anterior, según el INDEC. 

La tasa de actividad (48,9%) registró una suba estadísticamente significativa de 0,8 p.p. respecto al mismo trimestre de 2025.

La informalidad en el empleo presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. con respecto al mismo trimestre del año anterior. 

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.

La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%).

Fuente: Noticias Argentinas

El empleo registrado del sector privado volvió a caer en mayo y sumó el tercer mes consecutivo en declive, según datos oficiales. “La información procesada del registro administrativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que en mayo de 2026 el número de trabajadores registrados se contrajo por tercer mes consecutivo, aunque con una intensidad menor a la observada en los meses previos”, señaló un informe de la Secretaría de Trabajo.

Esto implica una pérdida de 12.000 empleos, al pasar de 12.797.600 en abril a 12.785.600 en mayo. Un año atrás el total era de 12.861.000, con lo cual se destruyeron 110.000 puestos de trabajo en términos interanuales. La tendencia profundiza el escenario que ya reflejaban los salarios registrados, que también perdieron contra la inflación.

El empleo registrado sigue en baja

Según la interpretación oficial, “la moderación de la caída se explica por el crecimiento del trabajo monotributista y del sector de casas particulares”. “En cambio, el empleo asalariado en relación de dependencia del sector privado mantuvo la tendencia contractiva que ya acumula doce meses”, indicó el trabajo a cargo del Ministerio de Capital Humano.

El trabajo registrado privado presentó una reducción del 0,1% intermensual en mayo, lo que representa una pérdida neta de aproximadamente 9.000 trabajadores según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) en empresas de los principales centros urbanos. La variación implica una desaceleración de las caídas observadas en los dos meses anteriores: -0,2% en marzo y -0,3% en abril.

Monotributo y casas particulares, en positivo

A diferencia de los meses previos, el declive no afectó de manera generalizada a todas las modalidades ocupacionales, sino que se concentró en el empleo asalariado y el trabajo autónomo. El trabajo monotributista volvió a crecer luego de dos meses de variaciones negativas, con la incorporación de 2.700 trabajadores (+0,1% respecto del mes anterior). En los últimos doce meses se sumaron más de 42.000 trabajadores (+2% interanual).

Otra modalidad que mostró un comportamiento positivo fue el trabajo en casas particulares, que creció un 0,3% en mayo, con cerca de 1.400 trabajadores nuevos. El dato se conoce en un contexto en el que la informalidad laboral sigue alta en el mercado de trabajo argentino.

El conflicto laboral en Unionbat suma un nuevo capítulo luego de que vencieran los plazos legales previstos para el pago de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos. Ante la falta de cumplimiento, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas intimó formalmente a la empresa para que abone las sumas adeudadas.

“Los tiempos legales ya se cumplieron, hoy se envió un telegrama intimando a la empresa que en 48 horas pague la indemnización y los sueldos adeudados”, informó Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos a Ahora ElDía.

La situación afecta a alrededor de un centenar de trabajadores de la planta que Unionbat posee en el Parque Industrial de Gualeguaychú. La empresa había comunicado a fines de junio el cese de actividades en la planta y la desvinculación de la totalidad del personal comprendido bajo el convenio colectivo. Muchos de los empleados despedidos contaban con entre 15 y 25 años de antigüedad.

El conflicto atravesó una conciliación obligatoria que se extendió durante 21 días y que concluyó sin que las partes alcanzaran un acuerdo. Según había señalado Gómez, durante ese período la empresa no presentó una propuesta concreta para revertir los despidos ni para retomar la actividad en la planta.

En la última audiencia, la firma ratificó que no contaba con alternativas para sostener los puestos de trabajo y comunicó que avanzaría con el pago de las indemnizaciones una vez finalizada la conciliación. Desde el gremio habían señalado entonces que esperarían el cumplimiento de los plazos legales, además del pago de los haberes que permanecían pendientes.

De acuerdo con lo informado por Gómez en ese momento, estaban adeudadas las quincenas correspondientes al 20 y al 5, además de otros conceptos vinculados a los trabajadores y la obra social.

Ahora, ante el vencimiento de los plazos sin que se hayan concretado los pagos, el sindicato decidió avanzar con una intimación formal. La empresa tendrá 48 horas, a partir de la recepción del telegrama, para regularizar las indemnizaciones y los salarios adeudados.

La conciliación obligatoria entre Unionbat y los trabajadores despedidos finalizó sin acuerdo y se confirmó el despido de alrededor de 100 empleados de la planta de Gualeguaychú, según aseguró Martín Gómez del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas a Ahora ElDía.

El secretario gremial, aseguró que durante los 21 días que duró la conciliación la empresa nunca presentó una propuesta para intentar revertir la situación.

"Lamentablemente no se pudo revertir lo de Unionbat porque la empresa no trajo ninguna propuesta. Estuvo dilatando todos estos días de conciliación y nunca acercó algo concreto como para poder sentarnos a hablar y solucionar este tema, para que la gente pueda ingresar a trabajar", afirmó.

Según explicó, en la última audiencia la firma ratificó que no tenía ninguna alternativa para sostener las fuentes laborales y comunicó que avanzará con el pago de las indemnizaciones una vez concluida la conciliación, que venció este martes a las 14.

Ahora, el sindicato aguardará el cumplimiento de los plazos legales para que la empresa abone tanto las indemnizaciones como los salarios adeudados.

"Vamos a esperar los cuatro días hábiles que tienen por ley para que paguen las indemnizaciones y también los haberes que están debiendo: la quincena del 20, la quincena del 5 y que dejen todo al día, incluida la obra social, que también dejaron de pagar", señaló Gómez.

El dirigente sindical lamentó el impacto que tendrá la decisión sobre la ciudad y sostuvo que se trata de una determinación que pudo haberse evitado si la empresa hubiera mostrado voluntad de negociación.

"Lamentablemente tenemos 100 trabajadores menos en Gualeguaychú por una decisión arbitraria de una empresa que nunca buscó solucionarlo ni traer otra opción para seguir produciendo", expresó.

Además, fue muy crítico con la actuación de la Secretaría de Trabajo durante todo el proceso. "La Secretaría de Trabajo no está funcionando para nada. Para lo único que funciona es para hacernos perder el tiempo a todos y que la gente la pase mal. La mayoría de los conflictos terminan con la gente en la calle porque no toma ninguna posición, aun sabiendo que las empresas no cumplen con la conciliación obligatoria. Ni siquiera les aplican las multas correspondientes", cuestionó.

Con la finalización de la conciliación obligatoria y sin una propuesta de continuidad por parte de la empresa, el conflicto ingresa ahora en su etapa final, con la expectativa puesta en el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes y el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.

En el marco del conflicto laboral que mantiene con la empresa Unionbat S.A., el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate volvió a denunciar una serie de incumplimientos durante una audiencia realizada este martes en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos.

Según consta en el acta correspondiente al expediente N° 3434021, la audiencia se desarrolló este 4 de agosto en Paraná, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el organismo provincial.

Durante la reunión, la representación sindical manifestó que la empresa no presentó propuestas para resolver el conflicto y ratificó todas las denuncias realizadas previamente ante la Secretaría de Trabajo.

Entre los principales reclamos, el gremio sostuvo que Unionbat S.A. no cumplió con la conciliación obligatoria, ya que, según afirmó, desde el inicio de esa instancia no reincorporó a los trabajadores afectados. Además, denunció la falta de pago de los salarios correspondientes a la primera quincena de julio, el incumplimiento de acuerdos económicos —entre ellos pagos por horas extras y beneficios previstos en el convenio colectivo para trabajadores jubilados— y la interrupción de la cobertura de la obra social por falta de ingreso de los aportes y contribuciones patronales.

Ante este escenario, el sindicato advirtió que, una vez finalizada la conciliación obligatoria, llevará adelante medidas de acción directa y/o acciones judiciales en defensa de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Trabajo que intime a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo y forma y que aplique las sanciones correspondientes por los incumplimientos constatados.

Por su parte, la representación de la empresa ratificó lo manifestado previamente, según quedó asentado en el acta, sin que se incorporaran nuevos argumentos durante la audiencia.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

El eje central de la reunión fue la grave crisis económica y productiva que afecta a la firma, en particular la paralización de la planta de Concepción del Uruguay, donde más de 900 trabajadores permanecen sin poder desempeñar sus tareas y con salarios adeudados desde fines de abril.

En ese marco, el gobernador expresó su cercanía con la situación que atraviesan los trabajadores y remarcó la disposición de la provincia para seguir de cerca la evolución del conflicto.

Cabe destacar que esta semana un grupo de trabajadores comenzó a cobrar el subsidio provincial de 200 mil pesos. Esta asistencia económica, sumada a la ayuda alimentaria y a una tarifa social diferenciada de luz, forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el gobierno provincial para acompañar a los empleados afectados por la crisis que atraviesa la empresa.

La palabra de los gremios

Tras la reunión, el secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), Rubén Lafuente, destacó que le plantearon al gobernador la delicada situación de la empresa, que trasciende a Entre Ríos y afecta a todas las provincias donde opera. "Valoramos la predisposición del gobernador, que conoce en profundidad la situación y ya viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sector", señaló.

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de la Carne, Carlos Molinares, hizo un balance positivo del encuentro: "Las cuatro organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores fuimos escuchadas por el gobernador, quien manifestó su compromiso de seguir buscando alternativas para que la empresa pueda reactivarse".

En tanto, el delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Edgardo Mayer, subrayó la necesidad de trabajar en conjunto para atraer inversores que reactiven una actividad "con futuro y perspectivas de crecimiento".

En este marco, el secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Daniel Leo, calificó el encuentro como "muy importante" para analizar junto al gobernador una situación compleja. "Reafirmamos ese compromiso conjunto, también con el Gobierno provincial, para encontrar alternativas que permitan sostener las fuentes de trabajo", afirmó. 

Fuente: APFDigital