De 40 años y oriundo de El Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires, Facundo Javier Barreto desapareció el 29 de enero mientras se dirigía a Gualeguaychú. Desde entonces, su familia no tiene noticias de él. Su celular fue hallado tirado en la banquina de la Ruta Nacional 12, pero aún no hay pistas sobre su paradero.

Barreto salió de su casa durante la noche, mientras todos dormían. Al despertarse, su sobrina notó que no estaba y asumió que había salido a buscar trabajo. Su hermana compartía la suposición, pero la preocupación creció al no recibir respuesta a mensajes ni verlo regresar. Al revisar sus pertenencias, notaron que su mochila de trekking azul no estaba y, al investigar sus redes sociales, encontraron comunicación fluida con una mujer de Gualeguaychú. “Él utilizaba mucho TikTok y tenía contacto con una novia virtual. Le mandamos mensaje y ella nos dijo que Facundo había dicho que venía para Gualeguaychú y que se encontrarían en la plaza San Martín, pero nunca llegó ni respondió sus mensajes”, contó la hermana.

Un turista encontró días atrás su celular en la ruta, pero no lo entregó a la Policía, lo que impide obtener información que podría ayudar en la búsqueda. La denuncia fue radicada en Buenos Aires, aunque la Policía de Gualeguaychú no ha intervenido. Según la familia, un joven de Paraná aseguró haberlo visto el lunes a la mañana en la terminal pidiendo Wi-Fi porque no podía comunicarse.

Se sospecha que pudo haber viajado a dedo hacia Entre Ríos, aunque su familia considera extraño este comportamiento, ya que no solía desplazarse de esa manera.

Un amplio operativo se desplegó este domingo por la mañana en el arroyo Paranacito, donde buscan a un joven que cayó al agua en la zona del puente de hierro, un sector de camping y habitual concurrencia de pescadores y turistas, en jurisdicción de Ibicuy. Personal policial trabaja en el lugar junto a los familiares de la víctima, que sería un joven turista.

El llamado de alerta llegó alrededor de las 9 y de inmediato motivó la intervención de efectivos policiales, que resguardaron la zona y comenzaron las actuaciones correspondientes. El sector donde ocurrió el hecho es muy transitado durante los fines de semana, especialmente en temporada estival.

En el lugar se encuentran familiares del joven, quienes colaboran con el personal policial en el proceso de identificación. Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad ni las circunstancias en las que se produjo la caída al arroyo.

La investigación continúa para establecer cómo ocurrieron los hechos, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona.

Fuente: Ahora

En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley para que la búsqueda de personas desaparecidas comience de inmediato y se mantenga activa hasta encontrar a la persona o saber qué ocurrió. La iniciativa busca establecer reglas claras y que todas las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada.

En la actualidad, no existen protocolos nacionales obligatorios ni un marco legal uniforme para actuar ante la ausencia de una persona. Cada jurisdicción define el abordaje según sus recursos e interpretaciones, situación que muchas veces demora los tiempos de reacción y deja casos librados a la voluntad de las autoridades locales. El resultado es la inexistencia de cifras confiables: se desconoce la cantidad real de personas desaparecidas en el país.

Informes recientes señalaron la existencia de más de 43.000 búsquedas activas, pero muchas ni siquiera reflejan la realidad, ya que numerosos archivos no se dan de baja ni siquiera cuando una persona fue localizada.

La propuesta, impulsada por el diputado Carlos Cisneros (Unión por la Patria), busca darle rango legal al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu). Este organismo, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, pasaría a coordinar en forma centralizada todas las acciones y registros relacionados con la búsqueda y la identificación de personas, garantizando que ningún caso quede sin seguimiento. La iniciativa establece que toda persona debe ser dada de alta como “desaparecida” apenas se advierta su ausencia, sin requisito de esperas administrativas, y que la búsqueda y la investigación avancen hasta esclarecer el destino o la identidad.

El proyecto dicta una nómina de principios claves: la inmediatez y continuidad de la búsqueda, la perspectiva de género, la articulación judicial y policial, y la obligación de tomar como guía los estándares internacionales de derechos humanos. Así, si existen sospechas de encubrimiento o participación de fuerzas de seguridad en una desaparición, los agentes implicados deberán ser apartados de la investigación. Además, la ley exige un trabajo coordinado entre la investigación judicial penal y el proceso de búsqueda.

Una novedad central es la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida, gestionado por el Sifebu. Cada fuerza policial, institución judicial y organismo de salud que reciba una denuncia, encuentre a una persona sin identificación o localice restos humanos, debe reportar la información de inmediato para unificar datos a nivel nacional. El incumplimiento de estas obligaciones será considerado falta grave, e incluso podrá derivar en sanciones disciplinarias y penales.

Asimismo, el proyecto crea el Consejo Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, espacio interinstitucional al que se invitará a provincias, organismos públicos y organizaciones civiles especializadas, con la meta de diseñar lineamientos estratégicos, promover la cooperación nacional y consolidar políticas públicas duraderas. También impulsa una Base Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos, con protocolos uniformes para fortalecer la identificación tanto de personas vivas como de restos humanos.

La ley propone mecanismos de control específicos para la inhumación y cremación de cuerpos no identificados, e impide estas acciones hasta agotar todas las vías de cotejo genético y documental. Requiere procesos forenses estandarizados y establece que los perfiles genéticos y la información de cada caso deben sumarse a la base nacional antes de cualquier disposición final de los restos.

Entre otros puntos, la norma obligaría a todos los ministerios y jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales a colaborar con el Sifebu en el suministro inmediato y permanente de información, y a todo el personal clave a capacitarse en la materia bajo una mirada de derechos humanos y equidad de género.

Según Cisneros, “una norma de rango legal le da estabilidad institucional, establece obligaciones concretas del Estado y reconoce el derecho de las familias a una búsqueda eficiente y sostenida”. El texto explicita la importancia de superar el abordaje fragmentario que origina respuestas dispares y fallas informativas. Incluye además la invitación formal a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adherirse a los lineamientos, con el objetivo de reemplazar la fragmentación por una política federal sostenida a largo plazo.

Entre 2006 y 2023 solo en el Congreso se presentaron 45 proyectos sobre búsqueda de personas, pero ninguno avanzó. Expertos y organizaciones remarcaron la importancia de “institucionalizar las lecciones aprendidas” y avanzar hacia un sistema con herramientas preventivas, con información centralizada y mecanismos de respuesta permanentes. El proyecto incorpora expresamente recomendaciones de organismos internacionales y fija la “búsqueda de personas y la determinación de su identidad” como un derecho humano fundamental, asociado al principio de dignidad y protección jurídico-estatal.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Derechos Humanos, Garantías, Justicia, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda, y sumó el interés de asociaciones y referentes de familias que exigen sostener la búsqueda de sus seres queridos hasta conocer el destino final.

El Club Atlético Excursionistas rendirá un sentido homenaje a Diego Fernández, el joven futbolista de sus divisiones juveniles que permaneció desaparecido desde 1984 y cuyos restos fueron recientemente identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Coghlan.

El acto tendrá lugar el próximo viernes a las 20, en el estadio de Bajo Belgrano, antes del partido frente a Villa San Carlos por la décima fecha de la Primera B Metropolitana.

En la ceremonia, la dirigencia del club entregará a Javier Fernández, hermano menor de Diego, un estandarte histórico utilizado por las divisiones inferiores entre 1978 y 1985. Se trata de un objeto simbólico que representa el vínculo del adolescente con la institución y que busca mantener vivo su recuerdo entre las nuevas generaciones de hinchas y futbolistas.

“Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El caso de Diego conmovió al fútbol argentino y al barrio de Belgrano. El joven, de apenas 16 años, había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984. Jugaba en Excursionistas y cursaba sus estudios secundarios en la ENET N°36.

En mayo pasado, durante una demolición en una vivienda de Coghlan, obreros hallaron restos óseos enterrados en una fosa pequeña. Tras diversos peritajes y pruebas de ADN, se confirmó que pertenecían al adolescente, cerrando una búsqueda de cuatro décadas por parte de su familia.

Además del homenaje en la cancha, la institución recuperó una carta escrita por Daniel Viviani, histórico dirigente, en la que recordaba cómo sus compañeros lo evocaban en cada partido: “Las finales las jugábamos por Excursionistas y por vos, cuando gritábamos ‘¡Se siente, se siente, el gaita está presente!’, alguna lágrima corría por mi cara”. El próximo viernes, esa memoria se transformará en tributo eterno.

(NA)

El sábado, alrededor de las 17 horas, miembros de la Policía de Entre Ríos encontró a Rosario González, la joven de 23 años que estaba desaparecida desde el domingo pasado.

La encontraron en la zona de Islas del Ibicuy, y al momento del hallazgo la joven deambulaba junto a su pareja, un hombre de 53 años que estaba prófugo desde hacía dos meses y que había sido denunciado por la chica por violencia de género. La muchacha, además, mostraba signos de desnutrición.

Por órdenes de la fiscal Martina Cedrés,  inmediatamente Rosario fue trasladada a Gualeguaychú, donde se encontró con sus padres y fue llevada al Hospital Centenario, donde fue evaluada por un médico.

En cuanto al hombre con pedido de captura fue detenido de inmediato: era buscado porque había sido denunciado por abuso sexual contra una menor de edad.

Ahora, la investigación intentará determinar si la joven de 23 años se fue por su propia voluntad o si fue retenida por la fuerza y bajo métodos coercitivos. 

No hay rastros de María Belén Zerda, una argentina de 38 años, cuya desaparición en Cancún fue denunciada el pasado 10 de abril. Previamente había hablado con su familia sobre presuntas amenazas que había recibido. 

En medio del misterio y la incertidumbre sobre el paradero de la joven en México, Guido Palacin del Estudio BVA, que representa a la familia Zerda habló con cronica.com.ar, y pidió a las autoridades mexicanas “que se haga una investigación seria, porque se dice información falsa. La familia en ningún momento dijo que tenía una enfermedad psiquiátrica como esquizofrenia”. Además, la investigación por desaparición la lleva adelante México y la familia no tiene acceso a la investigación.

“Lo que estamos viviendo es una pesadilla, nosotros somos gente de trabajo, gente normal. Quiero desmentir que mi hermana tiene problemas de esquizofrenia”, dijo Guillermo, hermano de Belén, en diálogo con este medio.

En ese marco, ya se puso en funcionamiento el Protocolo Alba, para la búsqueda inmediata de mujeres y niños desaparecidos. 

María Belén viajó a Cancún en febrero pasado con la ilusión de instalar su empresa de marketing personal para locales bailables. “Mi hermana vivía en la ciudad y viajaba a las playas por su trabajo”, contó.

La joven habló con su familia por última vez el pasado 6 de abril. En esa conversación telefónica sus familiares y amigos la notaron asustada por teléfono, incluso les contó sobre presuntas amenazas que había recibido y sostenía que “le habían intervenido el teléfono y estaba en estado de alerta".

A los días siguientes, precisamente el 9 desaparece, y la familia radica la denuncia el pasado 10 de abril. “Desde entonces no se sabe nada de ella”, explicó el letrado.

Los días posteriores a la desaparición, uno de los hermanos de Belén viajó a Cancún para buscar información. Allá pudo hablar con algunas amigas de su hermana, que estaban “asustadas”, “tenían miedo de hablar”. 

En cuanto a las hipótesis de lo que podría haberle sucedido a María Belén, su hermano sostiene que “tiene fe y esperanza que está escondida y asustada. Pero tiene que volver porque la familia la espera, y terminar con esta pesadilla que nos está haciendo mal a todos”.

Por ello, según lo que sostiene, su hermana “es una persona asustadiza”. 

“Para mí la llamaron y le nombraron su domicilio, entonces ella se asustó y podría haberse escondido en la selva”, remarcó y puntualizó sobre la peligrosidad de Cancún. 

En esa línea, aseguró que “Belén es una excelente persona, una chica muy querida”. A su vez, agradeció la colaboración que recibe de parte de la cónsul de Playa del Carmen y la cancillería. “Trabajar están trabajando”, expresó.

Después de cuatro días de angustia y desesperación, Emiliano Urbani, el joven de 22 años oriundo de Chajarí y estudiante de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue encontrado en la Costanera Este de Santa Fe.

Matías, el guardia de seguridad que lo encontró, relató que el joven, visiblemente lastimado y desorientado, le confesó “le pusieron un pañuelo en la nariz", dijo el guardia, quien aseguró que Emiliano estaba con picaduras de mosquitos y arañazos por todo el cuerpo.

Matías trabaja como guardia de seguridad en uno de los paradores de la Costanera Este. Cerca de las 23.30 del martes, cuando estaba en su puesto de trabajo, vio salir de la reserva a un joven y, gracias a una foto que la propia madre de Emiliano le había mostrado, pudo reconocerlo.

"Le brindé una campera, un short y agua. Estaba todo lastimado y tenía mucha hambre. Yo pensé que era un indigente. Estaba muy nervioso y temblaba mucho. Me decía 'Tengo sed, tengo mucha hambre, me robaron'", relató.

El trabajador contó que fue la madre de Emiliano quien, días pasados, se acercó a él, le mostró la foto de su hijo, le informó que estaba desaparecido y le pidió que le avisara si lo veía. Así fue que ni bien Matías tomó contacto con Emiliano, se comunicó con la madre.

Según el guardia, “el joven expresó que fue subido a una camioneta, le taparon la nariz con un pañuelo y lo llevaron hasta el fondo de una reserva natural”. Durante esos días, según la versión de Emiliano, pasó hambre y sed, ya que estuvo sin alimentos ni agua.

"El mismo Emiliano me pasó el número de la mamá, me atendió el padre, me pidió que lo retengamos, él no se iba a ir. Estaba tranquilo", relató Matías quien inmediatamente llamó al 911 para informar sobre el hallazgo.

El 24 de Marzo, el Día de la Memoria que recuerda los atroces episodios ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina, se convirtió en una fecha especial para la administración libertaria. Tal y como ocurrió el año pasado, este año el Gobierno volvió a difundir un video en el que insistió con la necesidad de contemplar lo que, a su juicio, se denomina “Memoria completa”.

La historia no es solo aquello que nos cuentan sino todo lo que nos atrevemos a descubrir.Este Día de la Memoria, defendemos la libertad de conocer nuestra historia. Completa. pic.twitter.com/7uZp9eCR4i

Apenas se publicó el video, el presidente Javier Milei retuiteó el mensaje de la cuenta de Casa Rosada con el siguiente comentario: “Memoria, Verdad y Justicia. Completa”.

En esta oportunidad, el video tuvo el texto y la voz de Agustín Laje, un joven escritor de la denominada “nueva derecha”, que fue nombrado presidente de la Fundación Faro, el think tank que puso en marcha Javier Milei para sostener y difundir las ideas libertarias. Desde allí se proveen los argumentos para la denominada “batalla cultural” que propone La Libertad Avanza.

La difusión por redes sociales ocurrió a horas de una masiva marcha opositora que encabezarán organizaciones sociales y políticas para exigir Justicia y el reclamo permanente por la reaparición de 30 mil detenidos desaparecidos. Esa cifra, en concreto, fue rechazada en el video difundido a los pocos minutos de iniciado este 24 de marzo.

El escritor y filósofo habló durante 19 minutos, en los que repasó y condenó tanto las violaciones a los derechos humanos cometidos por los represores, como los crímenes perpetrados por las organizaciones armadas, antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976.

“Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica, con fines partidarios, ideológicos y económicos”, afirmó.

Y agregó: “Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo 21, conoció la teoría del demonio único”.

Esta teoría indicaba que “el horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos”.

“Los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70. Para ello han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas", afirmó.

Al respecto, advirtió: “La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. No hay tal cosa como una verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error. Si borraron de la historia las atrocidades de las organizaciones terroristas, también se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976″.

“Durante la presidencia de Juan Domingo Perón se creó y empezó a actuar la Triple A, una organización paramilitar vinculada al gobierno que secuestró y asesinó a cerca de 500 personas. Además, en febrero y en octubre de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenó por medio de dos decretos del Poder Ejecutivo las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de Aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, recordó.

Esta pieza audiovisual se publicó en el marco de los 49 años del derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón por parte de la Junta Militar en 1976. El año pasado, el Gobierno difundió un video de casi 13 minutos de duración y renombró a la fecha como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”.

En el video, Laje destaca que Montoneros y el Ejército Revolucionario del pueblo fueron creados varios años antes de 1976 y llevaron “adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo”.

“En la sentencia del juicio a las Juntas Militares de 1985 se computó que las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979, un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 45 Copamientos de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista”, afirmó.

Y continuó: “Se calculó que las organizaciones terroristas en su momento de máximo apogeo, sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes (...) y produjeron en el lapso posterior a la instauración del Gobierno constitucional de 1973, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el período analizado”.

“Las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos. Lo que pretendían era perpetrar su propio golpe de Estado para instalar en la Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza asimilable a la Cuba castrista”, consignó.

El escritor manifestó que “fuimos empujados a ignorar esta parte crucial de nuestra historia simplemente porque no convenía a los mercaderes de la memoria a medias. Y lo que tampoco les convenía era contarnos que, según las mismas organizaciones terroristas, lo que atravesaba la Argentina en la década del 70 era un verdadero estado de guerra revolucionaria”.

“No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas”, consideró Laje.

“Las generaciones que no vivimos los años 70. Queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Además, queremos hacerlo en libertad. No aceptamos ninguna clase de censura, no le reconocemos validez a ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política”, prosiguió.

Y concluyó: “Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad. Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa”.

2004 tuvo un fin de año convulsionado por la tragedia de Cromañón, pero también por un hecho que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad: la desaparición de Kevin Joel Sánchez. Como cientos de familias que vienen a pasar las fiestas a Gualeguaychú, hace veinte años, el 31 de diciembre, el chiquito de 5 años llegó desde Buenos Aires al balneario Ñandubaysal con su hermano Brian (de 9 años en aquel entonces), sus papás Martín Sánchez y Analía Vivas, y sus tíos (el hermano de Martín y su pareja).

Llegaron temprano en la mañana. Tras acomodarse, unas pocas horas después fueron a la playa. Los chicos jugaban en el agua y su papá se había quedado dormido en la arena, a pocos metros. Según el mismo relató, Brian lo despierta al mojarlo. Él le pregunta “¿dónde está Kevin?” y le dice “allá jugando”, pero Kevin ya no estaba. 

En ese momento, Martín comienza una desesperada búsqueda junto a su esposa (que estaba mirando a su hijo, pero por unos segundos lo perdió de vista) y al resto de la familia. Dan aviso a la seguridad del balneario y a la policía. En la playa todos empiezan a aplaudir, pero nada.

El papá de Kevin, que actualmente se encuentra privado de la libertad por una causa de robo, relató desde la cárcel: “Buscamos durante dos o tres horas y el nene no aparecía, así que hicimos la denuncia, esperando que vengan más policías a buscarlo, pero me decían quédate tranquilo que tiene que estar ahí”, recordó a dos décadas de aquella tarde que le cambió la vida. 

“Lo buscamos a 100 metros entre los yuyos por si el agua lo había arrastrado, pero el río estaba tranquilo, justamente por eso fuimos a ese lugar con los nenes”, expresó Martín, que lamentó que “no nos ayudó la fecha, porque Gualeguaychú tiene Carnaval y empezaron a comentar que queríamos ensuciar a la ciudad, que habíamos llegado al camping sin Kevin y muchas otras pavadas más. Tuvimos que demostrar que habíamos ido con el nene porque no nos creían”.

En aquel entonces, sin la existencia de las redes sociales que viralizan la búsqueda, la familia de Kevin empezó a empapelar la ciudad con afiches con su cara. “Desde Turismo iban atrás y los sacaban”, cuestionó, y rememoró que “nos criticaban por la forma de hablar, o si insultábamos. La verdad que en ese momento tuvimos muchas personas en contra. Los únicos que nos llamaban eran los de la Jefatura Departamental para seguir recabando testimonios. A los 10 días, cuando volvimos a Buenos Aires a buscar algo de ropa y dinero para seguir con la búsqueda, nos paró Gendarmería porque teníamos el auto lleno de afiches con la cara de Kevin. Ellos no sabían nada de la desaparición de mi hijo. Cómo puede ser que un gendarme en la Ruta Nº 14 no esté enterado, cuando supuestamente estaban todas las fronteras cerradas por su desaparición. Se ensució mucho a la familia, como en todos los casos de desaparición de niños, las radios de Gualeguaychú decían que tenía antecedentes, que fue un ajuste de cuenta por temas de drogas, en fin. ¿Por qué no buscaron a la criatura en vez de ensuciarnos? En ese momento tenía antecedentes, había pasado 30 días detenido en una comisaría, pero siempre dije que investiguen todo lo que quieran de la familia, pero que no retrasen la búsqueda de Kevin”, expresó.

Quién también brindó su testimonio recientemente fue la tía política de Kevin, quien contó que Analía Vivas, la mamá del niño desaparecido, falleció en septiembre del año pasado de una enfermedad. “Sufrió durante muchos años por la desaparición de su hijo y nunca dejó de buscarlo”, aseveró. Al igual que su concuñado, sostiene que la Justicia y la Policía “no se involucraron realmente” en la búsqueda de Kevin.Las hipótesis y el estado actual de la causaEn un primer momento, todos apuntaron a que Kevin se había perdido en el balneario. Rastrillaron cada rincón, pero siempre con el mismo resultado. Luego, la búsqueda se trasladó al agua: recorrieron cientos de metros del río Uruguay, pero el cuerpo jamás apareció.

Transcurridas varias horas, la familia abandonó la idea de que el niño se hubiera ahogado y hasta el día de hoy se mantiene firme en su convicción de que a Kevin se lo llevó alguien. 

En lo que respecta a la causa judicial, caratulada hasta el día de hoy como "Sánchez, Kevin Joel s/su búsqueda", nunca tuvo sospechosos, mucho menos imputados o detenidos. Actualmente está a cargo del juez Tobías Podestá, del Juzgado de Garantías y Transición N° 1 de Gualeguaychú. “Desde la desaparición de Kevin se tomaron una batería de medidas hasta que llegó a un estancamiento”, comentó el letrado.

Podestá confirmó que las dos hipótesis que se pusieron a consideración desde un primer momento fueron “que se haya ahogado o que lo hayan llevado del balneario”.

De la primera “se hicieron varios rastrillajes en días sucesivos con personal de Prefectura; presentaron plano de los lugares de búsqueda y no había nada. Para cerrar el tema, no tenía informe de Prefectura Naval de Uruguay para ver si había aparecido el cuerpo”.

En cuanto a la segunda hipótesis, el juez dijo: “Pedí colaboración a la Secretaría del Ministerio de Seguridad de Búsqueda de Personas, para ver cuál era la estrategia para localizar a un menor y la clave es contar con las huellas digitales”. Del documento de Kevin, la Justicia de Gualeguaychú sólo contaba con una fotocopia, por lo que fue solicitado al Registro Nacional de las Personas y al Registro Civil local sin un resultado favorable. “Nos pusimos en contacto con la familia, pero la mamá falleció el año pasado y el papá estaba en prisión. Entonces localizamos al hermano en otra vivienda (no el domicilio original), le solicitamos el documento de Kevin, pero no nos los proveyó y después no contestó el teléfono, por lo que se dispuso un registro domiciliario por exhorto”. Por esta vía “se secuestró la documentación vinculada al menor, que es la partida de nacimiento y el DNI”.

En esta instancia, surgió otro inconveniente: “El documento de esa época no tiene huella digital. La única opción que nos quedaba era el lugar donde nació, en San Isidro. Se pidió dos veces que nos manden la documentación vinculada al nacimiento, pero nos respondieron que teniendo en cuenta el tiempo del registro, lo habían expurgado”, contó en una entrevista reciente a El Entre Ríos.

“La mayor dificultad por la que estamos estancados es la huella digital para poder hacer cotejos si hay una duplicación de identidad en el ReNaPer o en países limítrofes”, concluyó Podestá, quien aclaró que “hay un perfil genético de la familia, que puede utilizarse ante una sospecha concreta”.

A 20 años de la desaparición de Kevin Joel Sánchez, la búsqueda sigue viva, con la imagen actualizada que desarrolló Missing Children.

La desaparición de María Cash, la diseñadora desaparecida desde hace 13 años, suma un nuevo capítulo en su investigación. Este miércoles, empezaron los rastrillajes en el trayecto que habría recorrido junto al camionero Héctor Romero, último sospechoso identificado, entre la ermita de la Difunta Correa y Joaquín V. González, en Salta.

El tramo a inspeccionar abarca unos 80 kilómetros. En el operativo participan integrantes del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), junto con equipos locales del Ministerio Público de la Provincia y la Fiscalía encabezada por Eduardo Villalba.

Romero, imputado por homicidio agravado por alevosía, será trasladado al lugar para precisar detalles de sus declaraciones, ya que hasta ahora ha ofrecido tres versiones contradictorias sobre el sitio donde dejó a María Cash en julio de 2011.

Los peritajes también incluyen puntos específicos de la Ruta Nacional 16, donde una cámara de seguridad captó a Cash junto al camionero. Este rastro se desvanece en la rotonda del santuario de la Difunta Correa, lugar que Romero señaló como el último en el que estuvo con la joven.

La situación judicial de Romero

Héctor Romero, detenido en Salta, cumple prisión domiciliaria debido a su estado de salud: padece cáncer de próstata con metástasis y deberá someterse a quimioterapia en los próximos días. La medida fue dispuesta por la jueza federal Mariela Giménez.

El fiscal Villalba declaró a TN que Romero habría actuado en solitario, y adelantó que los rastrillajes serán clave para intentar localizar los restos de Cash.

Un recorrido lleno de incógnitas

El 8 de julio de 2011, María Cash fue vista por última vez. Ese día, se registró en una cámara de seguridad junto a Romero. Horas antes, había pedido atención en el Hospital San Bernardo, en Salta, pero abandonó el lugar antes de ser atendida.

María había iniciado su viaje el 4 de julio desde la terminal de Retiro, en Buenos Aires, hacia Jujuy. Tenía planes de montar un taller de diseño en esa provincia, pero nunca llegó a su destino. La última imagen que se tiene de ella corresponde a la Ruta 34, cerca de Salta, marcando el punto donde desapareció el rastro.

La familia de María Cash sigue esperando respuestas tras 13 años de incertidumbre. Los nuevos operativos renuevan las esperanzas de esclarecer uno de los casos de desaparición más resonantes del país.

El viernes del 8 de julio de 2011 por la tarde, el camionero Héctor Romero invitó a subir a su vehículo a María Cash, que hacía dedo a un costado de la Ruta Nacional N°34, en la rotonda del cruce de Torzalito, en General Güemes. Ese evento desencadenó uno de los misterios más grandes de la historia policial argentina reciente: ¿qué ocurrió con la diseñadora de 29 años, de quien nunca más se tuvo noticias? El enigma parece comenzar resolverse hoy, 13 años más tarde, con la detención e imputación del camionero, hoy acusado de matar a María, con un expediente en su contra por el homicidio calificado por alevosía, con una causa liderada por el fiscal Eduardo Villalba.

Romero no puede negar que fue la última persona que tuvo contacto con María. Aunque no se presentó en la Justicia tras la desaparición, debió admitirlo cuando los investigadores lograron identificarlo y ubicarlo gracias a la descripción de quienes presenciaron la secuencia en ese punto de Salta. Así, declaró por primera vez el 14 de julio de 2011, ante la Policía salteña.

Durante la entrevista, dijo que había llevado a María desde la rotonda de General Güemes hasta el paraje El Estanque, en inmediaciones de un santuario de la Difunta Correa donde “ella decidió quedarse”.

Al día siguiente, se dio su primera declaración formal como testigo ante la Justicia provincial. En esa oportunidad, señaló que trabajaba para un supermercado como chofer y que realizaba el transporte de mercaderías, habitualmente, “desde General Güemes a Joaquín V. González y viceversa”. Contó que el día de la desaparición, tras el arreglo de un neumático, partió hacia el destino mencionado, cerca de las 16. Dijo que en el cruce de las rutas 34/9 “una mujer le hizo dedo” y que se detuvo “para acercarla”. Romero manifestó que nunca lo hace, pero que “algo de la chica lo hizo detenerse”.

“Ella ascendió y tras varios minutos de silencio, le solicitó agua. Él le dijo que no llevaba”, relató. “Luego le preguntó a dónde viajaba y él le respondió que hasta González y él le consultó hasta donde viajaba ella, ella le respondió que viajaba a Córdoba”. Hoy, puede deducirse que esa conversación puede haber sido parte de un intento del camionero por desviar la investigación hacia esa provincia.

“Un poco más adelante, antes de llegar a la Difunta Correa, en el paraje denominado “Palomitas” sobre la Ruta 34, ella le pidió que parase porque ahí se quedaba. Se orilló y ella se bajó”. Este punto es importante para los investigadores, debido a que, aquí, el camionero presentó la primera contradicción en cuanto al sitio en el que la dejó.

Luego, dijo que esa reacción de María, pedirle que se detenga, “le resultó extraña”. “Le comentó que caminara más adelante donde paraban camiones para que siguiera. Ella no contestó nada”, aseguró que le llamó la atención, pero que no dijo nada porque “se sentía arrepentido de haberla levantado, porque lo tenía prohibido, por lo que el que se haya bajado lo tranquilizaba”.

Por último, describió la ropa que llevaba la mujer. Dijo que “no recordaba bien” aunque señaló que llevaba “botas caña larga de color marrón, un pantalón claro y una cartera de color oscuro y una campera de color claro en las manos”. Este detalle también fue puesto bajo la lupa. A los detectives que revisaron la causa les hizo ruido que el hombre comenzara de abajo hacia arriba, cuando lo habitual es que las descripciones comiencen desde arriba hacia abajo.

Sobre el aspecto, Romero dijo que “la vio desarreglada y con mucho olor a transpiración, que la notó un poco desorientada, que no hablaba mucho y, cuando lo hacía, no era muy elocuente”. Finalmente, preguntado si tenía algo más para aportar, hizo una llamativa aclaración: aseveró que “esta situación le puede traer problemas, pero al enterarse de que la joven que llevó es la buscada, aporta todo lo que conoce”.

Sin embargo, el hecho de no haberse presentado de forma voluntaria fue interpretado por la nueva unidad investigativa como una falta de colaboración en el caso.

La casa del camionero fue allanada el 27 de julio de 2011, es decir, recién 19 días después de la desaparición. Los policías salteños que ejecutaron el procedimiento no encontraron nada de interés. También secuestraron su camión Mercedes Benz con cámara frigorífica, donde encontraron manchas rojizas. Sin embargo, no resultaron ser de sangre al ser peritadas.

El 28 de julio, al día siguiente, Romero volvió a declarar. Ratificó sus dichos y pidió que se intensifique la búsqueda en la zona en el lugar en el que la dejó porque “alguien la habrá levantado”. Al mismo tiempo se desdijo sobre qué lo hizo detener para levantar a María. Señaló que nada de ella le llamó la atención y que no sabía porque había dicho eso.

Luego, Romero recordó un detalle: afirmó que la joven desaparecida tenía el pantalón dentro de la bota. Y aquí la tercera contradicción sobre el lugar que la dejó: “Llegando a la Difunta Correa, la chica le preguntó porque estaban todos esos camiones ahí y él le respondió porque paraban todos a descansar”. Detalló que le pidió que la dejara allí, “un poquito antes en Diagonal a la Difunta Correa”.

También se corrigió sobre las veces que le solicitó agua, dijo que fueron dos y remarcó que la vio “perdida mentalmente”. Puntualizó que no le comentó a nadie ese día que había levantado a una chica y que “no le había mirado mucho la cara” por lo que no pudo asegurar que se tratara de María Cash. En ese momento la causa ya había pasado al fuero federal.

Los investigadores analizaron los dichos de una entrevista que brindó al diario La Nación el 29 de julio de 2011 en la que mencionó que “pasando el peaje hay un lugar donde muchos camioneros se detienen a descansar, se llama “La Difunta Correa”. Llegando ahí ella vio que andan camiones y preguntó si había una estación de servicio. Yo le dije que no, entonces ella me dice que se quedaba ahí nomás. Entonces yo agarré, paré en la orilla, se bajó y yo seguí de viaje y de ahí no sé más nada”.

Finalmente, Héctor Romero prestó declaración testimonial ante esta Fiscalía Federal en noviembre de 2019. En esta ocasión señaló que “al llegar a la Difunta Correa, alrededor de las 16:30 horas, al ver muchos camiones, María le consultó si era una estación de servicio, él le explicó que ahí paraban camiones, por lo que le pidió bajar”.

A raíz de las diferentes declaraciones, se desprenden diferentes ubicaciones en las que habría dejado a María, luego de que suba al camión:

Estas contradicciones resultaron muy sospechosas a los investigadores, debido a que Romero trabajaba, en ese momento, hacía más de 20 años como camionero de la misma empresa, y hacía ese camino (de Güemes a Joaquín V. González) casi todos los días y lo conoce “como la palma de su mano”. “¿Por qué cambia la ubicación del lugar en el que bajó a María? Él sabe perfectamente que “el Estanque”, “Palomitas”, y “la Difunta Correa” son lugares que existen realmente, y se ubican en zonas diferentes de la ruta, por ende, no resulta viable que los confunda o los mezcle”, indicaron fuentes del caso.

Este miércoles, Romero, que primero se abstuvo de declarar ante Mariela Giménez, titular del Juzgado Federal N° 2, incurrió “en más incongruencias”, según revelaron. Dijo ser “totalmente inocente” y aseguró que “no le hizo nada malo” a María. La jueza no le creyó y le dictó prisión preventiva.

La causa que investiga la desaparición de María Cash tiene un detenido. Se trata de Héctor Romero, el camionero que fue la última persona en ver con vida a la diseñadora, cuyo paradero se desconoce desde el 8 de julio de 2011, cuando fue vista deambulando por una ruta en Salta.

Romero, de 71 años, oriundo de General Güemes, fue señalado como el principal sospechoso en la causa. Su detención fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, a cargo de la jueza Mariela Giménez, y ejecutada por personal de Gendarmería Nacional.

El camionero fue localizado esta tarde en una vivienda familiar en el barrio Pereyra Rozas, en la ciudad de Salta. Romero mostró una “actitud vencida” al momento de la detención y, en un principio, creyó que la presencia de las fuerzas de seguridad respondía a una notificación judicial, dado que en las últimas semanas varios testigos del caso habían sido citados nuevamente.

Tras la lectura de la orden de captura, Romero permaneció en silencio y fue trasladado a la sede de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina, donde quedó incomunicado. El sospechoso será indagado mañana, miércoles.

El día de la desaparición, Romero “levantó” a la joven que hacía dedo al costado de la Ruta Nacional N°34, en la rotonda del cruce de Torzalito, General Güemes, a bordo de un camión Mercedes Benz blanco con acoplado y la inscripción “Catita”. Según su versión, la llevó hasta un sector conocido como la Difunta Correa, en el paraje Palomitas, y luego continuó hacia Joaquín V. González.

Sin embargo, los investigadores detectaron múltiples contradicciones en sus declaraciones, inconsistencias en los horarios y testimonios que lo complican.

Inicialmente, Romero no colaboró con la investigación y fue identificado gracias al testimonio de un testigo que vio a María subir al transporte. El chofer, luego, dio diferentes versiones sobre el lugar exacto en el que dejó a la diseñadora en las cinco veces que prestó declaración.

Por otra parte, los peritajes realizados por los investigadores señalaron que “es casi imposible realizar la maniobra descrita por el camionero en ese lugar”. Según determinaron, “no hay tiempo de frenado para un camión con la carga que llevaba”.

Otro aspecto que llamó la atención de los detectives fue la descripción que Romero hizo de María en sus testimoniales, “desde abajo hacia arriba”. Según declaró, no recordó cómo estaba vestida en la parte superior ni su rostro porque, según él, “estaba despeinada y el pelo suelto le tapaba la cara”. Sin embargo, otras personas implicadas y las cámaras de seguridad del peaje indican que María tenía el cabello recogido.

El Cuerpo Especializado de Investigadores de la Provincia, dirigido por el fiscal federal Eduardo Villalba, sospecha que Romero miente sobre lo ocurrido y que las múltiples versiones que fueron surgiendo generaron confusión en la causa y beneficiaron su coartada. “Cada testimonio desvió el foco de quien podría ser el responsable de la desaparición, como ocurrió con Loan Peña”, afirmaron fuentes cercanas.

A lo largo de la investigación, se registraron más de 4.000 alertas de personas que aseguraron haber visto a María. “Algunos declararon por la recompensa, otros porque realmente lo creyeron, pero muchos testimonios resultaron falsos”, señalaron las fuentes.

Un ejemplo de ello es el caso del abogado Carlos Cuellar y su hijo Hugo, quienes afirmaron haber visto a Cash en la Difunta Correa a las 17 del día de su desaparición. No obstante, los peritajes indicaron que sus teléfonos impactaban en otra ubicación a esa hora. La semana pasada, el letrado fue imputado por falso testimonio. En la audiencia indagatoria optó por no declarar.

En enero de este año, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 5 millones de pesos la recompensa ofrecida para quienes aporten datos para dar con el paradero de la diseñadora.

El Cuerpo Especializado de Investigadores de la Provincia, comandados por el fiscal federal Eduardo Villalba , decidió investigar en el punto cero, es decir en el comienzo.

En ese marco este miércoles imputó a un abogado por falso testimonio.

La acusación tiene que ver con la declaración que dio hace 13 años, donde había coincidido con el relato del camionero que se supone que fue la última persona que la vio. 

Según informaron fuentes de la investigación, para la fiscalía entorpeció y desvió la investigación al dar datos falsos. En ese momento se realizaron procedimientos. Se comprobó que él no estuvo en el lugar.

Sofía Delgado, una joven de 20 años oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, se encuentra desaparecida desde el 30 de octubre, y su caso generó una intensa y desesperada búsqueda por parte de familiares, amigos y autoridades. Sofía mide 1,70 metros, tiene tez blanca, pelo negro lacio, ojos verdes y varios tatuajes visibles en el cuello, brazos y piernas. La última vez que fue vista, se encontraba en su hogar, ubicado en calle Francia al 500. Salió de madrugada tras pedir un servicio de delivery, llevándose su celular y la llave de la casa, pero dejando su documentación y pertenencias, además de encerrar a sus hermanos.

Desde su desaparición, su teléfono está apagado, y las autoridades manejan distintas hipótesis, ya que presentaba una personalidad psicológicamente vulnerable. Inicialmente, surgieron sospechas sobre su pareja, Lázaro Romero, pero el fiscal Carlos Ortigoza descartó su implicación luego de entrevistarlo y verificar que estaba en otro lugar en el momento de la desaparición. Según los datos recabados, antes de salir de su casa, Sofía le pidió a su novio una pequeña transferencia para comprar algo dulce en un kiosco cercano, pero la amiga que atendía en el kiosco aseguró que ella nunca llegó al lugar.

La desaparición llevó a su familia a organizar una marcha para exigir la aparición de Sofía. Además, el gobierno de la provincia ofreció una recompensa de $5.000.000 por cualquier dato sobre su paradero, mientras la investigación avanza bajo reserva. De hecho, este martes la investigación dio un giro con la detención de una pareja en Pergamino. En el operativo, que contó con la intervención de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI), fueron arrestados un hombre de 35 años, identificado como Alejandro Bevilacqua, y su pareja, M.L., de 29 años, quienes están acusados de estar involucrados en la desaparición de Sofía. 

Durante el allanamiento en su vivienda en la localidad de El Socorro, se incautaron dos celulares, prendas con restos biológicos, pendrives, discos rígidos, dos notebooks, la llave de un Peugeot, y juguetes sexuales relacionados con prácticas de sadomasoquismo. "La Policía llegó junto a perros de rastreo a una vivienda ubicada también en San Lorenzo, pero ¿de quién es esta vivienda? De un hombre con el cual Sofía había mantenido una relación. Este hombre, también fue detenida su pareja, con un embarazo muy avanzado, mantenía una relación con Sofía por fuera de la pareja de ambos", informaron desde la señal de C5N. 

Y agregaron: "Este hombre vive en Hipólito Yrigoyen al 2700, muy cerca del lugar desde el cual desaparece aquel 30 de octubre Sofía. Y cuando llegaron con los perros, comienzan a revisar los baños, revisan la cocina, y un perro marca un mueble que se encuentra muy cerca de uno de los baños. En ese mueble encuentran sábanas, y el perro insistentemente vuelve a marcar sobre las sábanas. Cuando se mueven las sábanas, encuentran una campera blanca y negra con manchas de sangre, que fueron corroboradas rápidamente por una prueba de luminol, y a partir de allí, la tarea investigativa que deviene en la segunda detención".

Al ser detenida, la pareja del principal sospechoso "incurre en una serie de contradicciones". "Los detiene y le secuestraron juguetes sexuales, teléfonos celulares, elementos que pueden ser de interés para la investigación. Lo que sí es ineludiblemente de interés para la investigación es la campera blanca y negra pelos del color que tiene el cabello Sofía, que van a ser peritados para extraerles el ADN", sentenciaron desde la señal de noticias.

Gustavo Vera, fundador y presidente de la organización La Alameda, dedicada a combatir la trata de personas y otras formas de explotación, se encuentra en el centro de una nueva controversia judicial. 

Los padres de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años desaparecido hace casi cinco meses, solicitaron su detención, al considerar que Vera intervino para encubrir la desaparición de su hijo. La familia, a través de su abogado, lo acusa de obstruir el proceso de búsqueda y desviar el caso.

El representante legal de la familia presentó un escrito en el que asegura que Gustavo Vera “habría operado dentro de una red organizada con diversos roles jerárquicos, orientada a encubrir la desaparición de Loan Danilo Peña y a entorpecer el proceso judicial mediante declaraciones falsas y maniobras de distracción”. 

Esta denuncia se suma a las ya complejas circunstancias que rodean el caso del menor, en el que las sospechas apuntan a una posible red de trata.

Los antecedentes de Gustavo Vera y las acusaciones de Jaitt

Vera, de 60 años, fundó La Alameda con el objetivo de luchar contra la trata, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Su trabajo en la organización lo llevó a ocupar un escaño como legislador porteño en 2013. Sin embargo, no es la primera vez que enfrenta graves acusaciones.

En 2018, la modelo y mediática Natacha Jaitt lo señaló públicamente, acusándolo de estar involucrado en una red de pedofilia vinculada al fútbol argentino, a raíz de una serie de denuncias sobre abuso sexual a juveniles en la pensión del club Independiente.

Vera respondió entonces con una demanda por calumnias e injurias contra Jaitt, argumentando que su activismo había afectado “intereses vinculados” a la explotación sexual, y que, en represalia, habrían impulsado una campaña en su contra mediante acusaciones de Jaitt, quien falleció un año después en circunstancias aún controvertidas.

Una nena que es hija de un exsocio del hijo de María Victoria Caillava, la exfuncionaria municipal que está detenida por el presunto secuestro de Loan Danilo Peña, contó en el jardín de infantes al que asiste que su papá “enterró a un nene”, lo que generó sorpresa e hizo que se desplegara un importante operativo. 

Cabe destacar que la última vez que se vio al niño de cinco años fue el 13 de junio pasado después de asistir a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, ubicada en el paraje Algarrobal de Corrientes.

"Mi papá enterró a un nene en una bolsa negra”, fue el textual que habría dicho la menor ante sus compañeritos y los docentes presentes. Ante esa fuerte declaración, una de las maestras dio aviso a las autoridades y se desplegó un importante operativo de rastrillaje en la zona de Loma Alta, en la localidad de Mburucuyá.

Así, mientras la causa avanza, la declaración de la menor abrió una nueva línea de investigación y podría darle un giro inesperado al caso que tiene en vilo al país desde hace más de cuatro meses.

Según trascendió, el terreno donde habría ocurrido lo relatado por la testigo pertenecería a un socio de uno de los hijos de Caillava, quien al igual que su marido, el capitán de navío (RE) Carlos Pérez, se encuentra detenida por la sustracción y el ocultamiento de Loan.

Para sorpresa de muchos, hace unos días la Cámara Federal de Goya, en la provincia de Corrientes, ordenó la excarcelación de gran parte de los acusados de entorpecer la investigación del caso de la búsqueda.

Pese a haber sido liberados, continúan imputados por los delitos de “violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado, privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los menores y falso testimonio”. Por lo tanto, les prohibieron salir del país y no podrán acercarse a los testigos.

La Cámara Federal de Goya liberó a siete de los diez detenidos pertenecientes a la Fundación Dupuy, aunque advirtió que continuarán procesados en la causa. Estaban acusados de estorbar la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Se trata de Leonardo Rubio, Valeria López, Pablo Núñez, Pablo Noguera, y los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda y Alan Cañete. La decisión de la excarcelación fue tomada este jueves por la mañana.

Este giro sorpresivo fue dispuesto por los jueves Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo, ya que ellos dictaminaron la liberación.

Continuarán siendo juzgados

Más allá de haber sido excarcelados, los acusados seguirán procesados por los delitos de violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado, privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los menores y falso testimonio.

Por su parte, a los abogados juzgados también se les suma la imputación de usurpación de título, hecho que se sumó en el transcurso del avance de la investigación.

Además, a pesar de la liberación, los acusados deberán cumplir ciertos requisitos con obligatoriedad. Entre ellos, no salir del país, presentarse cada cierto tiempo en la justicia y no tener contacto con los testigos del caso.

En el escrito, la Cámara Federal detalla que la medida fue autorizada porque "no existe riesgo de fuga, no cuentan con antecedentes penales y poseen arraigo domiciliario, familiar y laboral".

Sin embargo, uno de los puntos llamó especial atención. Es que en la dictaminación sobresale que "no se advierte que pudieran entorpecer la investigación", motivo principal de su detención.

El sorpresivo resultado de las imágenes satelitales pedidas por la jueza

Luego de la solicitud de la jueza Cristina Pozzer Penzo, se revelaron este miércoles imágenes satelitales del 13 de junio de 2024, el día que se vio por última vez a Loan Peña durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela en la localidad correntina de 9 de Julio.

Desde Goya, fuentes periodísticas señalaron que, pese al pedido de la Justicia, “ningún satélite tuvo movimiento entre el 13 y 14 de junio”. De esta manera, se abre una nueva línea en la causa, según los investigadores.

El periodista local Juan Cruz Velásquez aseguró que el pedido de la magistrada a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), no arrojó datos: “CONAE, informó a la justicia federal de Goya no tener ningún tipo de imágenes satelitales como había solicitado. Ningún satélite tuvo movimiento entre el 13 y 14 de junio”.

Velásquez, quien siguió el caso de cerca a lo largo de los 131 días de la búsqueda del menor y explicó: “Ahora resta esperar por los trackers de los celulares, pero deben comprar licencia del software para poder acceder a esa pericia”.

"Realizar una cuadrícula entre las geolocalizaciones debiendo acompañar las imágenes satelitales de los días y horas señaladas: 28°50′49″S 58°48′57'W'", había ordenado a través de un escrito la jueza Pozzer Penzo.

Mientras los rastrillajes continúan, se esperaba que estas imágenes pudieran aportar información eficaz sobre qué pasó con Loan ese 13 de junio cuando fue a almorzar con su papá a lo de su abuela.

A más de 110 días de la desaparición de Loan Peña, cuya investigación tiene a 17 personas detenidas, en las últimas horas surgieron unos chats sobre conversaciones que mantuvo el excomisario de Nueve de Julio, Walter Maciel, detenido por la causa, y otros policías vinculados al caso que participaron de la búsqueda.

Tras realizar los peritajes en su celular, se encontraron chats en los que los policías le compartían a Maciel sus hipótesis sobre los responsables de la desaparición de Loan. Las conversaciones evidenciaron cómo los oficiales trataban de “armar rompecabezas” sobre la investigación, y daban sus opiniones sobre la posible implicación de los tíos de Loan.

Luego de que Maciel les pidiera su opinión, un policía le escribió: “Le apuntamos todo a Benítez, de una. Entregó a la criatura. Laudelina también tiene que ver. Aunque hay algo que no nos cierra”.

Además, la exfuncionaria de Nueve de Julio, María Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez, ambos detenidos, también fueron mencionados en estas conversaciones. Según los chats, los agentes sospechaban de su forma de actuar los días próximos a la desaparición de Loan y en ellos mencionaban: “Sabe lo que no nos cierra jefe, que Victoria y el marido salieron a venir sabiendo que el nene estaba perdido”. Y concluyeron: “Ya le vamos a mostrar bien armado todo”.

El ex comisario Walter Maciel recibió dos llamativas transferencias tras la desaparición del pequeño Loan Peña en Corrientes. Ahora la Justicia investiga cuál fue el fin de cada una de ellas.

En el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre el análisis de las cuentas bancarias de todos los implicados en la causa, pedido por la jueza Cristina Penzo, se destaca que el ex comisario recibió dos transacciones, una fue tres días después de la desaparición del niño y la otra el 15 de julio.

Fechas y montos

La primera ocurrió el 16 de junio cuando Maciel recibió $170 mil desde una cuenta de Mercado Pago por parte de José Robledo. En esta ocasión, el ex comisario de 9 de Julio transfirió ese dinero hasta su tarjeta perteneciente al Banco Naranja.

Sin embargo, la que más llama la atención sucedió el 15 de julio, mientras Maciel estaba detenido, en el que una cuenta a nombre de Juan José Domínguez Perrens le envió $50 mil, de acuerdo a lo informado por el medio La 100.

Los investigadores siguen de cerca este movimiento bancario ya que en esta ocasión el nombre de la transacción decía “Para Loan”, cuando el imputado nunca había dado a conocer su CBU.

Revelaron cuánta plata recibió uno de los hermanos

Se supo que Mariano Peña recibió 170 millones de pesos en su cuenta bancaria y su billetera virtual por la presunta campaña solidaria.

En este marco, se detalla que Mariano recibió, desde el 10 de julio en adelante, 14 mil ingresos de dinero a su cuenta por la colecta para ayudar en la búsqueda de Loan.

Sobre los otros familiares, la PSA sostuvo que no existieron transacciones o sí las hubo, pero de bajo monto.

Una nueva polémica sacude el caso Loan luego de que la Justicia logró comprobar que se borraron mensajes del celular del ex marino Carlos Pérez cuando ya se encontraba detenido, acusado de la sustracción del niño desaparecido.

De acuerdo a lo informado, el teléfono del marido de María Victoria Caillava estaba bajo custodia de la Policía de Corrientes cuando se registraron los movimientos irregulares. De este modo, creen que los mensajes se eliminaron de manera remota o un agente policial está involucrado.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Loan, confirmó la polémica de los chats borrados a la Agencia Noticias Argentinas y ahora se aguarda a saber qué medidas tomará el Juzgado Federal de Goya.

Mensajes borrados

De acuerdo a un medio matutino, hay una gran cantidad de mensajes borrados del 13 y 14 de junio, sumado a los días posteriores a la desaparición del menor.

Un informe de la DATIP, del área pericial de la Procuración nacional, anunció la maniobra fraudulenta, lo que provocó sorpresa en la jueza Cristina Penzo.

Hace unas semanas había trascendido la noticia de que el ex capitán de navío había borrado archivos previo a su detención, pero en esta ocasión la DATIP constató que también ocurrieron estas irregularidades cuando el teléfono ya no estaba en sus manos.

Investigan transferencias millonarias que recibieron sus hermanos

Se dio a conocer que Cristian y Mariano Peña tenían en su cuenta de Mercado Pago cerca de $50 millones. La Justicia aún no sabe de dónde provino el dinero. Aducirían que son de donaciones.

La Justicia investiga transferencias millonarias que recibieron dos de los hermanos de Loan y hay desconcierto sobre el destino de dicho dinero. Conforme a lo informado, son $48 millones los que aparecieron en las cuentas de Mercado Pago de Cristian y Mariano Peña.

Las transacciones datan de tiempo después de la desaparición del menor y desde el entorno sostienen que las mismas están destinadas a la búsqueda del niño, así como también para la creación de “una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar”.

Aun así, según el medio LT7 Noticias a la Justicia le llama la atención la suma de dinero que rondaría en los $50 millones y que fue hallada tras las órdenes de los perfiles económicos de la familia, grupo cercano e imputados.

Supuestas donaciones

Asimismo, el 10 de julio de este año Mariano Peña había mencionado en un medio de comunicación que abrió una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones y “cómo dicha colaboración se difundió tanto es que se recaudó una suma millonaria”.

Frente a lo recaudado, el propio hermano se acercó hasta el Juzgado para informar sobre su estado patrimonial y anunció su intención de crear una fundación.

Sin embargo, la Justicia todavía no tiene claro de dónde provino el dinero, motivo por el cual continuarán investigando sobre las transacciones realizadas.

“Verificar gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales, bancos, AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/as registrados y los empleos por los cuales haya realizado aportes previsionales”, señala el documento del Juzgado Federal de Goya.