El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó en las últimas horas que fueron identificados los restos de 12 personas que habían sido hallados enterrados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla.

Los restos habían sido encontrados a finales de septiembre de 2025 durante una investigación judicial por los crímenes cometidos entre 1976 y 1983. El hallazgo ocurrió en el predio donde funcionó uno de los centros de detención más siniestros de la dictadura.

Se trata de los primeros restos humanos encontrados en ese lugar, a cinco décadas de los hechos investigados.

Los fragmentos óseos aparecieron en un sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla. Durante las excavaciones, los investigadores localizaron un fémur, partes de cráneos y otros fragmentos óseos.

Las tareas de búsqueda se desarrollaron en una zona de aproximadamente 10 hectáreas, donde previamente se había determinado una alta probabilidad de la existencia de fosas comunes. Esa hipótesis surgió a partir de testimonios, fotografías y relevamientos aéreos incorporados a la causa.

Los análisis fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, mediante estudios antropológicos y genéticos que permitieron avanzar en la identificación.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, a cargo de Juan Miguel Ceballos, indicaron que el proceso de comunicación se encuentra en una etapa especialmente sensible.

Según explicaron, el juzgado brindará más información sobre las identidades una vez que finalice la notificación a los familiares directos de las víctimas.

Desde el Equipo Argentino de Antropología Forense indicaron que aquellos familiares de personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre y quieran actualizar sus datos de contacto pueden contactarse con el juzgado al (0351) 4335772 o por mail a fcordoba3.secddhh@pjn.gov.ar.

Fuente: El Doce

El debate sobre la libertad de expresión en Argentina alcanzó un nuevo punto de tensión tras la audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Universidad de Miami. Durante más de dos horas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y fotógrafos expusieron ayer ante el organismo internacional un panorama que, aseguran, está marcado por el aumento de agresiones, hostigamiento y restricciones al ejercicio periodístico desde la asunción de Javier Milei como presidente. El Estado argentino, por su parte, rechazó los reclamos y negó la existencia de un deterioro estructural, atribuyendo los hechos denunciados a situaciones aisladas.

La audiencia, concedida de manera unificada a partir de solicitudes encabezadas por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reunió a una amplia coalición de entidades como Amnistía Internacional, representaciones sindicales, y otras, junto a periodistas como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta. El objetivo fue actualizar el diagnóstico sobre el ejercicio del periodismo en el país, en un contexto que ya había motivado advertencias en el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Durante la exposición, Paula Moreno, presidenta de Fopea, describió un “deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico”, citando tres hechos centrales: el aumento inédito de agresiones, especialmente violencia digital y hostigamiento desde las máximas autoridades; el uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas; y la violencia física contra la prensa durante manifestaciones. Según los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un incremento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. En lo que va de 2025, la cifra ya alcanzó un récord de 257 casos, superando incluso el máximo histórico de 2013.

Moreno subrayó que el discurso gubernamental se caracteriza por el uso de “narrativas de odio y desinformación” como estrategia de confrontación. En ese sentido, citó la frase del presidente Milei, replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. El periodista Hugo Alconada Mon relató la persecución sufrida tras revelar un plan de la SIDE sobre espionaje interno, detallando intentos de hackeo y amenazas: “El objetivo de los ataques es intimidar y desalentar a quienes podrían investigar o publicar información sensible”, dijo Alconada Mon a la CIDH.

El abogado Hugo Wortman Jofré, representante de Poder Ciudadano, advirtió sobre el uso de la justicia como herramienta de intimidación y mencionó las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública como un punto crítico. “El uso de la justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, afirmó Wortman Jofré ante la Comisión.

Por su parte, Claudio Jacquelin, vicepresidente de Fopea, citó al ex editor de The Washington Post, Marty Baron: “La descalificación busca deshumanizar a los periodistas, convertirlos en objetos desechables”. Jacquelin denunció la inactividad institucional, recordando que la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año, y advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Las organizaciones SiPreBA, Fatpren y Argra hablaron de una “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo y el desmantelamiento de la agencia pública Télam. Amnistía Internacional y referentes como Julia Mengolini sumaron testimonios sobre campañas de odio amplificadas por el presidente y un ensañamiento particular contra las mujeres periodistas. Mengolini denunció: “El Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odio, para instalar enemigos y construir mentiras. Publicó en las redes cien mensajes en mi contra en cuatro días y usó el poder penal para perseguirme”.

El fotógrafo Tomás Cuesta, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, relató el caso de Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de un disparo de un gendarme durante la cobertura de una marcha de jubilados: “La granada que abrió su cabeza nos cambió a todos. Un mensaje directo para todos”.

En representación del Estado nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de restricciones a la libertad de prensa y sostuvo que no se han tomado “medidas regresivas”. Baños afirmó que las denuncias de agresiones en marchas corresponden a “hechos aislados” y no a una persecución deliberada, y agregó: “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”. Además, cuestionó que las presentaciones de las organizaciones excedían el objeto de la audiencia y defendió la realización de conferencias de prensa y la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.

Y agregó: “Someternos o prestarnos a ese diálogo que el comisionado Ralón nos está invitando, pero para el cual, probablemente con alguno de los representantes de la sociedad civil tengamos que tener una hoja de ruta previa para que esto no se convierta en un juicio contradictorio, que, más allá de lo que nos recordaba la Secretaria Ejecutiva, es una audiencia temática”.

“Si no derivamos de una audiencia temática a pretender poner de rodillas al Estado argentino defendiendo políticas de cualquier tinte que se trate. Y también tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la Nación”, consideró el funcionario del Gobierno.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, advirtió que no se trata de casos singulares, sino de una tendencia preocupante: “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos”, dijo Reneaum Panszi a la audiencia. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, subrayó: “Cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.

El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó la importancia de atender la situación de la libertad de expresión en Argentina y recordó los pronunciamientos previos del organismo. Caballero expresó el interés de la Comisión en realizar una visita formal al país para un seguimiento exhaustivo del tema: “Estamos interesados en hacer una visita”, afirmó, reivindicando los aportes históricos de Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos.

Durante la audiencia, la sociedad civil solicitó a la CIDH que monitoree el contexto represivo en Argentina, que exija al gobierno medidas para detener los ataques contra periodistas y voces críticas, y que ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas. Además, se pidió una visita de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión al país.

Fopea y Poder Ciudadano formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas: la realización de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la elaboración de un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024 por restringir la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la creación de un Observatorio Permanente sobre la situación de la libertad de expresión, el apoyo para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.

El encuentro, que se desarrolló en la Universidad de Miami, estuvo marcado por la tensión y la preocupación de la CIDH ante el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Argentina. La Comisión dejó abierta la posibilidad de una visita formal al país para profundizar el seguimiento de la situación.

El Encuentro Provincial de Derechos Humanos fue convocado por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher). La jornada del sábado estuvo marcada por el debate en comisiones temáticas y por la búsqueda de consensos frente al escenario actual en materia de derechos y contó con la participación de diferentes actores relacionados a los Derechos Humanos de toda la provincia.

La actividad comenzó por la mañana con un panel de apertura, seguido del trabajo en comisiones que abordaron problemáticas vinculadas a áreas como salud, ambiente, educación, violencia institucional, géneros y diversidades, cultura, jubilados, trabajo, discapacidad y justicia. El objetivo fue construir un diagnóstico común sobre la situación actual y, en un segundo momento, delinear perspectivas de acción y consignas colectivas.

El cierre estuvo a cargo de la referente de Derechos Humanos Ana María Careaga, quien destacó la importancia de haber generado un espacio de reflexión y acción. “Estamos en tiempos en que el neoliberalismo quiere imponer un pensamiento anulado de sí mismo, donde analizar la realidad es visto como algo negativo. Lo que hicimos hoy fue justamente lo contrario: elaborar un diagnóstico y trabajar en propuestas”, señaló.

Careaga sintetizó el aporte de cada comisión en consignas que, dijo, “dan cuenta de lo irrenunciable en cada sector”. Así, mencionó la defensa de la salud pública como “derecho humano universal, la educación pública gratuita y de calidad, la cultura popular y democrática, la preservación del ambiente como defensa de la vida, y la lucha contra la impunidad frente a la violencia institucional. También destacó aportes como “la ternura como resistencia” en salud mental, “el feminismo organizado ante la crueldad organizada” en género, y la consigna de la comisión de jubilados: “todos somos adultos mayores, es cuestión de tiempo”.

En su intervención, la dirigente remarcó que en todas las áreas analizadas apareció la noción de pérdida de derechos y la necesidad de reafirmar aquello que “no es negociable”. “Frente al individualismo que promueve el ‘sálvese quien pueda’, la respuesta está en lo colectivo. Las Madres de Plaza de Mayo nos enseñaron que la angustia individual puede convertirse en una lucha compartida. De ahí surge la idea de un héroe colectivo, que se construye en la acción común”, expresó.

Finalmente, Careaga adelantó que la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) proyecta actividades en torno a los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con el objetivo de que ese aniversario se convierta en un punto de inflexión y reafirmación democrática. “Cincuenta años del golpe, nunca más. No como una mirada nostálgica ni sólo de horror, sino como una apuesta hacia una sociedad democrática, inclusiva y en clave de derechos”, subrayó.

La jornada concluyó con un plenario en el que se reafirmó la necesidad de sostener y ampliar la articulación provincial de organizaciones.

En la Sala de Reuniones del Senado, segundo piso de Casa de Gobierno, se llevará adelante a las 9.30 horas una reunión de la Comisión Bicameral Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos que comenzará a funcionar con los miembros designados en esta conformación legislativa.

En este marco se establecerán además las autoridades y los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que por parte de la Legislatura serán el senador Juan Pablo Cosso, y las diputadas Silvina Deccó y Carola Laner.

Cabe aclarar que por la ley Nº 11059 sancionada en marzo de 2023, se modificaron artículos de la Ley Nº 10.563 (sancionada en 2017) sobre “Mecanismo de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” en virtud de lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.827.

Por esta normativa se crea el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura en la órbita de la Legislatura, en cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aprobado por ley 25.932, que tendrá competencia sobre cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites territoriales de la Provincia de Entre Ríos. El Comité se constituirá como un ente autárquico y autónomo en el ejercicio de sus funciones, que no recibirá instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado.

Características del Comité

La Ley Nº 11.059 establece en su primer artículo: Modifíquese el artículo 8° de la Ley 10.563, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 8°: Integración. El Comité estará integrado por seis (6) miembros. Se integrará de la siguiente manera: a) Dos (2) miembros a propuesta de las Organizaciones de Derechos Humanos con personería jurídica vigente, que avalen honorabilidad e integridad ética socialmente reconocida, trayectoria y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas democráticas. Su elección será producto de la elección democrática directa en asamblea convocada al efecto por parte de esas organizaciones de la sociedad civil. b) Tres legisladores (3) a propuesta del Poder Legislativo Provincial, uno por la mayoría y otro por la primera minoría de la Cámara de Diputados, y un Senador a propuesta de la mayoría del Senado Provincial. Al renovarse la composición de la Legislatura y dentro del primer mes de iniciado un nuevo período, cada Cámara renovará los miembros del Comité, conforme estos criterios. c) El Subsecretario/a de Derechos Humanos de la Provincia, u organismo que en el futuro lo reemplace, pudiendo ejercer esa representación otro agente de planta permanente de dicha dependencia. En el caso de los/las Legisladores que lo integren y en el de la Subsecretaría de Derechos Humanos, o el organismo que lo reemplace, el desempeño será una carga pública honoraria. Los viáticos y las compensaciones necesarias para el desarrollo de sus tareas serán fijados de acuerdo con el reglamento interno que se dicte. En el caso de los/las dos representantes de organizaciones de la sociedad civil, como el de la Secretaría Ejecutiva, serán remunerados conforme la jerarquía de una Dirección General tomando la base del Escalafón del Poder Ejecutivo Provincial. En la integración del Comité se asumen como prioritarios los principios de paridad de géneros sobre la base de la igualdad y no discriminación, de adecuada participación de las organizaciones de la sociedad civil interesados en el cumplimiento de las finalidades previstas en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente ley”.

Art. 2°: Modifíquese el artículo 10° de la Ley 10.563, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 10°: Selección de los integrantes de la sociedad civil. Con intervención y apoyo de la Comisión Bicameral, los/las Legisladores/as designados conforme el artículo 8° de la presente ley, el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos o el organismo que lo reemplace, y las Organizaciones de Derechos Humanos con personería jurídica vigente, que avalen honorabilidad e integridad ética socialmente reconocida, trayectoria y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas democráticas, se establecerá una convocatoria pública, democrática y en asamblea de elección directa, para seleccionar a los dos miembros que representarán a la sociedad civil, respetándose la paridad de género, a efectos de dejar conformado en forma inmediata de su celebración, el Comité creado por la presente ley que aplique el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.-

Art. 3°: Modifíquese el artículo 14° de la Ley 10.563, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 14°: Mandato. La duración del mandato de los/las representantes de la sociedad civil y de el/la Secretario/a Ejecutivo/a, será de cuatro años y podrán ser reelegidos una sola vez en forma inmediata tras la cual deberá darse un intervalo de tiempo para las nuevas designaciones”.

Art. 4°: Modifíquese el artículo 16° de la Ley 10.563, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 6º: Incompatibilidades. Los cargos de miembros por la sociedad civil y Secretaría Ejecutiva del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura son incompatibles con el ejercicio de otras actividades que pudieran afectar o poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del órgano”.

Art. 5°: Modifíquese el artículo 26° de la Ley 10.563, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 26°: Secretaría Ejecutiva. El/la titular de la Secretaría Ejecutiva será designado/a por el Comité por concurso de antecedentes y oposición, garantizándose reglas de publicidad, transparencia y legitimidad. El/la secretario/a ejecutivo tendrá dedicación exclusiva y percibirá una remuneración equivalente a la categoría de Director General de la Administración Pública Central, durando cuatro años (4) en sus funciones, siendo reelegible por un período. El ejercicio del cargo será incompatible con la realización de toda otra actividad remunerada pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades no rentadas de capacitación vinculadas a su área”. 

Fuente: APFDigital

Cada 25 de abril se celebra el Día Mundial del ADN en conmemoración del descubrimiento en 1953 de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN), uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. La creación de este día fue impulsada en 2003, luego de que culminara el famoso Proyecto Genoma Humano, que logró mapear y secuenciar el genoma humano –es decir, el conjunto de genes que determinan nuestras características–, lo que permitió una mayor comprensión de la herencia genética, la predisposición a enfermedades y la evolución de las especies. Otro hito clave en la historia de la ciencia moderna.

Pero… ¿Qué importancia tiene el ADN a la hora de pensar en algo tan intangible y socioculturalmente determinado como la identidad?, ¿Qué rol ocupó y ocupa la genética para desentrañar la historia argentina? y ¿Qué nuevas discusiones habilitan los avances científicos y en materia de Derechos Humanos para redescubrir quiénes somos? En el marco de esta fecha, y para responder a estas preguntas y abordar la cuestión de la identidad en su complejidad, Ahora ElDía conversó con Tatiana Sfiligoy, la primera nieta recuperada en el país por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. 

Tatiana tiene 51 años, es psicóloga y activista por los Derechos Humanos. Si bien nació en Córdoba y creció en Buenos Aires, actualmente vive en Gualeguaychú. Al comienzo de la conversación, resumió la historia de sus padres, Mirta Britos y Oscar Ruarte, quienes fueron secuestrados durante la última Dictadura Cívico-Militar y continúan desaparecidos al día de hoy. 

En agosto de 1976 Oscar fue secuestrado en Córdoba. Tiempo después, Mirta formó pareja con Alberto Jotar, un joven de La Plata, y tuvieron a Mara (nacida como Laura). La pareja fue secuestrada en octubre de 1977 en el Gran Buenos Aires: Alberto en su domicilio, y Mirta en la vía pública. Junto a ella se encontraban Tatiana, de cuatro años, y la pequeña Laura, de tres meses, quienes quedaron abandonadas en una plaza luego del operativo militar. Años después, Tatiana recordaría la imagen de ese secuestro. Las niñas fueron internadas en distintos institutos de menores como N.N. y adoptadas de buena fe en 1978 por Carlos Sfiligoy y su esposa Inés.

Al matrimonio se le ocultó el origen de las hermanas, pero a partir de la sospecha de un amigo de la familia, que pertenecía al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, comenzaron a indagar. Simultáneamente, las Abuelas de Plaza de Mayo –entre ellas, las abuelas biológicas de las niñas–, habían iniciado la búsqueda, y lograron localizarlas en marzo de 1980. 

En casi todos los 139 casos de nietos recuperados hasta el momento se pudo hacerlo en gran medida por un descubrimiento en el uso del ADN impulsado por las Abuelas de Plaza de Mayo. En 1979, ellas leyeron en un diario que un análisis de sangre había permitido probar la paternidad en un juicio. Esto les abrió las puertas a la posibilidad de utilizar la genética para encontrar a sus nietos. Fue así que, en 1984, se desarrolló el Índice de Abuelidad, una herramienta estadística que, a partir del análisis de ADN, establece con una alta precisión la probabilidad de parentesco entre un nieto y sus abuelos. Finalmente, en 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para archivar muestras de ADN de familiares de desaparecidos y facilitar la identificación de los nietos robados. 

Los Sfiligoy colaboraron desde un primer momento para establecer la identidad suprimida, de tal manera que si bien Tatiana y Mara permanecieron como sus hijas adoptivas, crecieron en contacto con su familia biológica. “Para mí fue la mejor solución en el sentido de que no perdí a mi familia biológica, pude restablecer ese vínculo con mis abuelas y seguir creciendo con una familia que me pudo dar un montón de cosas que mis padres biológicos, por obvias razones, no pudieron. Al mismo tiempo, vivimos toda esa etapa de la Dictadura sin poder decir en la escuela quienes éramos nosotras. Esos primeros años fueron bastante difíciles porque ya habíamos padecido situaciones horribles, y ahora teníamos que seguir ocultando que éramos hijas de desaparecidos, con cierto temor y estigmatización”, contó Tatiana.

Y agregó: “Siempre supe que era adoptada, no era una sorpresa para mí. Aunque al momento de encontrar a las abuelas mi primera reacción fue desconocerlas. Yo era muy chiquita, pero es un poco la reacción que tienen todos los nietos recuperados cuando los encuentran. Es un mecanismo de defensa porque implica aceptar la realidad de que tenés papás desaparecidos”.

El proceso por el que Tatiana tomó de a poco real dimensión de lo ocurrido y comprendió lo que implicaba ser quien era, se dio –de alguna manera– al mismo tiempo que la sociedad argentina, cegada y silenciada durante los años de la dictadura. “A los 12 años fue cuando finalmente entendí que mis papás no iban a volver, que estaban muertos y que había pasado esta situación tan terrible en la historia de la Argentina. Empecé a entender que no era el único caso, que había otros chicos que también habían pasado por situaciones similares”.

Sentirse parte de esta historia, y hacerse cargo de la misma, fue uno de los grandes motores que impulsaron a Tatiana a involucrarse en la causa de los Derechos Humanos y a trasladar este compromiso en otros aspectos de su vida, como su trabajo. “Muchos hijos o nietos, quizá no tienen el interés de asumir un lugar en la lucha. A mí me tocó ser la primera nieta encontrada por Abuelas de Plaza de Mayo por una cuestión azarosa. Asumir ese rol implica también una responsabilidad social, de la que por momentos me repliego un poco y en otros salgo a la luz, porque también es mi propia vida y no la de otro personaje. La historia te puede marcar en un montón de aspectos, pero tampoco te determina como persona. En mi caso, un poco por mi historia y otro poco por la familia en la que crecí, siempre me sentí aludida por distintas cuestiones sociales y decidí involucrarme”, expresó.

Y añadió: “El camino que cada uno de nosotros toma también tiene que ver con la búsqueda de esos derechos por los cuales nuestros padres también pelearon: la Salud, la Educación, el Trabajo y la Vivienda Digna. Y después, el Derecho a la Identidad. Todos los días, cuando trabajo en mi consultorio, trato de ejercer esos derechos con cada uno de mis pacientes. Fui una víctima del terrorismo de Estado, pero hoy en día no lo soy. Considero que estoy en un lugar desde donde puedo hacer mucho por otros, así como en su momento muchos también dieron posibilidades para ser quien soy hoy”.

Un nuevo giro en la búsqueda identitaria: las raíces afro

Hace algunos años, el vínculo de Tatiana con la cuestión identitaria dio un nuevo giro cuando se reconoció afrodescendiente, y comenzó un camino por conocer más sobre la historia de la esclavitud en Argentina y los lazos que la unen a ella por vía materna. “Este era un tema que me había llamado la atención, pero del que nunca me había hecho cargo y no buscado para atrás en mi historia. Hasta que en la pandemia, mientras trabajaba con fechas, nombres y lugares en relación al expediente de mis padres en los Juicios de Lesa Humanidad, busqué y obtuve la partida de nacimiento de mi abuela materna. Ahí se dio una especie de proceso interno, y caí en la cuenta de que hasta ese momento no había visto que ella tenía rasgos claramente afro y que yo también los tengo. Lo mismo de recordar conversaciones y otras cuestiones de mi abuela. Fue ahí que me dije: yo también soy afro. Todavía estoy en la búsqueda más específica, que tiene que ver con las poblaciones que se asentaban en Córdoba, por donde pasaba el Camino Real, en épocas de la colonia. Al mismo tiempo también fue un poco como un camino espiritual”, recordó.

Luego, contó que al comunicárselo a su hermana, esta se hizo un análisis de ADN que detecta el porcentaje de pertenencia de una persona a los distintos grupos étnicos que componen su árbol genealógico, abarcando muchas generaciones hacia atrás. Los resultados confirmaron los ancestros africanos de las hermanas. A su vez, Tatiana comentó que próximamente aprovechará un viaje al exterior para realizar este mismo estudio ella misma. “Esto terminó también de cerrar esta cuestión Afro, y también me lleva a poder a poder identificarme como parte de una cultura, de la resistencia, de la alegría. A mí me pasó algo doble: primero encontrar mi identidad en relación a mis padres y después reencontrarla en función de mis ancestros y de mis orígenes, algo que para mí fue sumamente importante”, manifestó.

Y agregó: “Me parece que todavía a la población argentina nos cuesta hablar de que somos también una comunidad afro. Hay una resistencia muy fuerte en función de lo cultural, de que el famoso ‘crisol de razas’ que es la Argentina, también incluye a los pueblos originarios y la afrodescendencia”.

Mientras sigue su camino de investigación y reconexión con su herencia familiar, Tatiana participa de la Asociación Civil “EntreAfros”, una entidad que nuclea a personas de Entre Ríos que se reconocen afrodescendientes y que trabajan en el rescate de su historia. “Con ellos fue también encontrar un grupo de pertenencia, donde poder también seguir investigando, seguir sacando el tema a la luz y poder encontrar qué alternativas tenemos en este momento, en esta ciudad, en estos lugares, para poder convocar y quitar esta estigmatización que se tiene de lo afro”, concluyó.

Esta semana, a raíz de un pedido realizado por la comisión vecinal de Los Espinillos, la Secretaría de Desarrollo Humano y la Agencia de Seguridad Municipal organizaron un encuentro entre los vecinos y las autoridades de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú.

Durante la reunión, el Secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, destacó la importancia de generar espacios de diálogo para fortalecer la seguridad en los barrios y reafirmó el compromiso de trabajar de manera articulada con la comunidad y las fuerzas de seguridad. En este sentido, se planteó la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre los vecinos y las autoridades. 

En esa misma línea, el Jefe de la Policía Departamental de Gualeguaychú, Luis Báez, brindó detalles sobre las acciones que se están llevando a cabo en la zona y explicó cómo proceder ante situaciones sospechosas. Además, destacó la importancia de realizar denuncias formales para facilitar la intervención y mejorar la respuesta ante hechos delictivos. 

Como parte de las medidas preventivas, se conversó sobre la posibilidad de implementar un sistema de alerta comunitaria y fortalecer el trabajo territorial mediante encuentros periódicos. También se remarcó la necesidad de mejorar la iluminación en algunos sectores de Los Espinillos y promover el uso de otras herramientas para la prevención del delito. 

En el encuentro, los funcionarios municipales subrayaron que la seguridad es una responsabilidad compartida y que el trabajo en conjunto entre el Estado, las fuerzas de seguridad y la comunidad es fundamental para generar un entorno más seguro. En este marco, se acordó continuar con reuniones periódicas para evaluar avances y ajustar estrategias según las necesidades del barrio. 

Finalmente, el Municipio reafirmó su compromiso de acompañar a los vecinos en la búsqueda de soluciones, garantizando la gestión de recursos y herramientas que contribuyan a mejorar la seguridad y la convivencia en el barrio Los Espinillos.

En el Boletín Oficial Nº 28.026 se publicó la creación del área de la Coordinación Legal y en Materia Contenciosa Internacional de Derechos Humanos, dependiente de la Coordinación General de la Secretaría de Justicia, a cargo de Martín Acevedo Miño. Como director del área se designó al abogado Juan Pablo Ballhorst.

“La necesidad de dar respuesta en el marco de los procesos judiciales iniciados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos donde se encuentre vinculada la Provincia de Entre Ríos, resulta necesaria la creación de una Coordinación Legal y en Materia Contenciosa Internacional de Derechos Humanos”, justificó el Ejecutivo.

“El área tendrá como tarea coordinar y asesorar en el ámbito de la Secretaría de Justicia en las cuestiones legales que le sean solicitadas, como asimismo en la elaboración de los proyectos especiales que les sean encomendados”, expresó el Boletín Oficial. 

Fuente: APFDigital

A partir de las 19 horas, se realizará un festival en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se suma a una seguidilla de actividades que se vienen realizando desde el espacio Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú. 

Los eventos comenzaron el sábado con una capacitación en la ex Unidad Penal Nº2 sobre “Buenas Prácticas de Archivo”. Luego se continuará el jueves con una proyección cinematrográfica en Sinergia Teatral. 

En tanto, el sábado en la exUP2 se realizará la presentación de la Obra de Teatro Ordonez y la Libertad a las 20 horas. Los cupos son limitados.  

Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos -RODHER- manifestaron su preocupación por el Proyecto de Ley que propicia la modificación del Reglamento de la Policía de Entre Ríos. 

Al respecto, expresaron que “se pretende crear una División Asuntos Jurídicos en el ámbito de la Policía que, de acuerdo a las afirmaciones públicas recientes del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, se dedicaría a la defensa legal de agentes denunciados o imputados por delitos vinculados con apremios ilegales, tratos crueles o inhumanos”.

Además, repudiaron “las declaraciones del Ministro, que resultan alarmantes, en tanto se refirió a esas prácticas como `accidentes de trabajo'. Parece mentira que haya que recordar que estas constituyen delitos graves en tanto violaciones de derechos humanos”. 

Desde Rodher sentenciaron que “el Estado debe promover la prevención y la sanción de la violencia institucional, no alentar su defensa. En primer lugar, porque ello es ilegal y violatorio de todos los compromisos asumidos por el Estado argentino en esta materia; en segundo lugar, porque implica un mensaje peligrosísimo para la institución policial, ya que banaliza la gravedad de estas prácticas, cuestiona a la veracidad de las denuncias y alienta la impunidad”.

En este marco, elevaron una nota por parte del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura:, en el que expusieron que “lejos de ser apoyados, los funcionarios que incurran en estas conductas deben ser separados inmediatamente de sus cargos y sancionados conforme a la normativa vigente.”

También recordaron la muerte Ariel Goyeneche que murió asfixiado porque “un agente de policía se apoyó con todo su peso sobre su cuello para `reducirlo', mientras otros miraban pasivamente. Las golpizas, las detenciones arbitrarias y el sometimiento a tratos crueles son prácticas que aún suceden y es función del Estado prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas”. 

Este encuentro tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y los compromisos internacionales asumidos en corresponsabilidad con las provincias en materia de derechos indígenas.

La reunión del Consejo, encabezada por el presidente del INAI, Claudio Abruj, contó con la presencia de representantes de varias provincias argentinas, como Tucumán, Jujuy, Salta, Mendoza, Chaco, Río Negro y Neuquén, quienes participaron tanto de manera presencial como virtual. Además, se sumaron representantes de organismos internacionales, incluyendo agencias de la ONU, para exponer sobre los programas de asistencia, cooperación y capacitación en torno a los derechos indígenas.

Durante el encuentro, cada provincia presentó un informe sobre la situación de las comunidades indígenas en su territorio, destacando los avances y desafíos en la implementación de políticas públicas. Se anunció que el tercer congreso del Consejo Federal de Políticas Indígenas tendrá lugar en octubre.

Mediante el decreto 727/2024, el Presidente derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.

Según argumenta el texto publicado anoche en el Boletín Oficial, el motivo de su derogación se sustenta en que la unidad tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".

A continuación, apuntan que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”".

Asimismo, ponen en cuestión la presunta vulneración de derechos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".

En ese sentido, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación "contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias". Por los motivos enumerados, el decreto publicado esta noche, ordena disolver la Unidad Especial.

La normativa, que entrará en vigencia a partir de hoy, llega apenas semanas después de que desde la organización Abuelas de Plaza de Mayo advirtieran en un comunicado que el Gobierno tenía listo un proyecto de decreto para eliminar el organismo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños.

A fines de junio, Abuelas alertó que, en caso de llevarse adelante esta decisión, se "ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado".

La UEI fue creada por decreto en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner para investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial. Asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En la actualidad, Abuelas cuenta con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas que son analizados por esta unidad, publicó Ámbito. 

Fuente: APFDigital

A pocos días de cumplirse un mes del viaje de seis miembros del bloque de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse con un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la diputada nacional Rocío Bonacci, quien viajó al penal, pero no salió en la foto, amplió detalles de lo ocurrido y apuntó al entrerriano Beltrán Benedit.

La diputada santafesina relató: “A mí me llama mi compañero de bloque (Benedit), me invita a hacer una visita al penal de Ezeiza no aclarando el objetivo y no diciendo que nos esperaba Astíz y un grupo de represores”. “Me insistió dos o tres veces, pero cuando llegamos nos comenta que íbamos a visitar a tal personaje de la dictadura que nos estaban esperando ansiosamente”, remarcó.

Los otros cuatro diputados oficialistas que visitaron la cárcel de Ezeiza fueron Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. Según Bonacci, quien busca desligarse del viaje realizado desde el Palacio Legislativo, “estos diputados iban para comunicarse con los genocidas para armar una especie de proyecto”.

De igual manera, la diputada de Santa Fe afirmó que la “comitiva” que se encontró con represores condenados como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y Carlos Suárez Mason entre otros, “estuvo acompañado por asesores”. De hecho, Bonacci reveló que “la foto la sacó la asesora de Guillermo Montenegro”.

Consultada por una presunta relación de la visita a Ezeiza con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, la diputada negó que esto fuese así, y agregó que “esto lo ‘craneó’ Beltrán Benedit con ayuda de Guillermo y parece ser que, a raíz de unos chats, esto tenía un ‘ok’ de Patricia Bullrich”.

Respecto a la reunión, detalló: “Le dije a Beltrán que no voy a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia”. También se refirió a la actitud de sus compañeros de bloque en penal: “Estaban contentos de estar ahí, incluso los reclusos porque ellos sabían quienes los iban a visitar”.

En el final, Rocío Bonacci fue consultada por la explicación que dio Lourdes Arrieta respecto a que “no sabía quiénes eran porque nací en el 1993”, y contestó: “Le creo a mi compañera”. “Yo me quise retirar y el guardiacárcel me dijo que tenemos que esperar y me quedé a un costado con mi celular”, concluyó.

El Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

La medida se hizo oficial a través del Decreto Decreto 696/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Pero había sido anticipada anoche por el vocero presidencial Manuel Adorni: "Faltaba su muerte administrativa: mañana (por hoy, martes) el INADI habrá dejado de existir para siempre".

"Disuélvese el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia", dice la Resolución en su artículo 1°. "Las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo", quedarán a cargo de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.

Por eso, también se le transfieren al Ministerio "la totalidad de los recursos materiales y financieros" asignados al disuelto organismo. Asimismo, su personal alcanzado por el régimen de estabilidad, quedará sujeto a los dispuesto por el artículo 11 del Anexo de la Ley 25.164.

Por qué se cierra el INADI

Las autoridades designadas por el nuevo Gobierno habrían detectado una serie de irregularidades en el manejo del organismo. En los considerandos de la Resolución, el Ejecutivo mencionó "graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia".

Siempre según el informe, tampoco se encontraron registros "fidedignos" ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos. Además, se detectó que "la gestión de los contratos de locación de inmuebles, así como el pago de los distintos servicios y gastos operativos, ha sido tardía e ineficiente, y su incumplimiento importó para el Estado Nacional la asunción del pago de intereses periódicos en perjuicio del Tesoro Nacional". A su vez, el análisis de gestión también reveló la existencia de 7.788 actuaciones administrativas -generadas desde 2016- sin resolver.

En diciembre del año pasado, el INADI contaba con 431 agentes activos, distribuidos en 44 sedes, entre delegaciones y subdelegaciones en todo el país, "sin control alguno sobre la efectiva prestación de sus labores". Durante 2023, el Estado destinó más de 1.000 millones de pesos para su funcionamiento. Y en marzo de este año, se destinaron 315 millones de pesos al pago de salarios del organismo.

El INADI fue creado en 1995 mediante la Ley 25.515 "con el objetivo de elaborar y llevar adelante políticas públicas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo".

En el 2000 se ordenó por primera vez su intervención, y tras un breve período, entre 2006 y 2009, se volvió a este esquema.

"La experiencia recogida en las sucesivas intervenciones antes mencionadas, efectuadas por distintas administraciones, de diversos signos políticos, demuestra que el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia", sostuvo el Ejecutivo.

En síntesis, "el fracaso del instituto de la intervención para lograr la normalización del funcionamiento del referido ente, los graves inconvenientes detectados que dan cuenta no solamente de irregularidades en la gestión de los recursos sino, más grave aún, en el incumplimiento por parte del Instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como razones de índole operativa de la Administración Pública Nacional, y la ineficiencia e ineficacia del Inadi", constituyen para el Gobierno nacional "motivos suficientes" para disolver "con urgencia" el precitado organismo.

“Como organismos de Derechos Humanos repudiamos la actitud de los diputados libertarios que visitaron a los genocidas en la cárcel y piden por su liberación. Como entrerrianos y entrerrianas el rechazo desde ya al legislador de nuestra provincia Beltrán Benedit, organizador de esta provocación”, expresó Rodher en un documento.También advirtió que “desde la campaña electoral y con más fuerza aún desde el 10 de diciembre, el gobierno intenta reflotar el arcaico discurso de la dictadura cívico militar que ubica en el lugar de enemigo interno a todo aquel que se oponga a sus políticas. Es por eso que hablan de zurdos, subversivos, extremistas o terroristas, de guerra en lugar de terrorismo de Estado, todo un catálogo de palabras que la Dictadura usó y que ahora pretenden impregnar de los mismos sentidos tanto para justificar los crímenes de lesa humanidad por los que están presos los genocidas, como para legitimar la represión que llevan adelante y planean continuar”.Señalaron que además “desconocen las sentencias judiciales que condenaron a los genocidas por secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, robo de bebés. Añoran y reivindican los crímenes de la dictadura, y pretenden habilitar las limitaciones al derecho a la protesta, las detenciones arbitrarias, las balas y gases del gobierno de Javier Milei”. Y apuntaron que “el objetivo final es el mismo: eliminar la organización popular que le pondrá freno a la miseria planificada y descolgará la bandera de remate que pusieron sobre nuestro país”.Fuente: APFDigital

El motivo del encuentro es reflexionar y establecer lineamientos de trabajo para la defensa de los Derechos Humanos en nuestra provincia.

A nivel provincial, la RODHER viene insistiendo ante el gobierno de Frigerio con la efectiva puesta en funcionamiento del Mecanismo de Prevención de la Tortura, entendiendo que el gobierno provincial obstruye sistemáticamente con pretextos burocráticos a pesar de que el organismo creado por ley es autónomo y cuenta con presupuesto propio.

Por otro lado, desde el inicio de la gestión provincial se viene denunciando desde esta red sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad, organismo del cual los propios organismos de derechos humanos fueron impulsores, y sobre la situación de los trabajadores que con su compromiso llevan a cabo las distintas políticas de Memoria a nivel provincial.

La RODHER nuclea organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de distintas localidades de la provincia, la integran: Comisión Permanente de DDHH de Colón, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, H.I.J.O.S. Regional Paraná, H.I.J.O.S. Regional Concordia, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná, Memoria Colectiva de Villaguay, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.

De llevarse adelante esta decisión, se "ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado", aseguraron desde el organismo de derechos humanos. Hasta ahora, el secretario Baños no ha dicho oficialmente nada al respecto.

La UEI fue creada por decreto en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner para investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial. Asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En la actualidad, Abuelas cuenta con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas que son analizados por esta unidad.

Para Abuelas, el proyecto de decreto que eliminaría la UEI "es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley".

Durante el debate en comisiones de esta ley, la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, pidió especialmente que se incluya al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) entre los organismos excluidos de ser eliminados por el presidente Javier Milei, en caso de que el Congreso le otorgara facultades especiales.

Finalmente, el BNDG fue incluido en el Senado dentro del listado de organismos que no podían ser modificados ni eliminados por el presidente de la Nación, una vez aprobada la Ley Bases, publicó Ámbito.

En la 56° sesión del organismo las políticas de derechos humanos del gobierno argentino, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, criticó que las medidas recientes que tomó el Gobierno de Javier Milei corren el riesgo de ir en contra de los derechos humanos.Volker TurkEn su discurso, afirmó que "en Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030".

Además, la gestión de Milei fue incluida en un comunicado junto a países como Sudán, Burkina Faso, Congo y Haití, donde, el funcionario que visitó Argentina en enero de este año, solicitó "a las autoridades a poner los Derechos Humanos en el centro de sus políticas, para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva".

A su vez, Turk también mencionó el cierre del Ministerio de la Mujer, la decisión de suspender la participación del país en eventos relacionados con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la denuncia penal contra los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por "instigación a cometer delitos", y la represión en el Congreso mientras era tratada la Ley Bases.

Y, finalmente, pidió por "pleno respeto" en el derecho de reunión y la libertad de expresión, de hecho la ONU plantea en su Agenda 2030 una serie de objetivos que buscan avanzar en la igualdad de género y el acceso igualitario a servicios esenciales como salud y educación.Fuente: Filo.news

“El 15 de junio del 2023 se celebró en Villaguay la Asamblea Abierta en la que se eligieron dos representantes de la sociedad civil para integrar el CPPT, con lo que quedó formalmente conformado el mecanismo local de prevención de la tortura, que tiene por objetivo la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad en todo el ámbito de la provincia”, sostuvo mediante un comunicado la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos. 

“Este importante paso, sin embargo, no termina de consolidarse debido a la imposición de obstáculos burocráticos y dilaciones que no tienen otra explicación que una evidente falta de responsabilidad institucional y voluntad política del actual gobierno provincial”, denunciaron. 

“En estos seis meses el gobierno de Rogelio Frigerio ha venido impidiendo sistemáticamente que el Comité pueda ejecutar su presupuesto aprobado por ley, tanto desde el poder Ejecutivo como desde el Legislativo. De este modo se imposibilita el pleno desarrollo operativo de sus actividades, como la puesta en funciones del Secretario Ejecutivo seleccionado por concurso público, entre otras”, acusaron a la gestión del actual mandatario provincial.

Según enumeraron a continuación, “en esta línea, tampoco han cumplido con el recambio del representante del Poder Ejecutivo (un representante) ni de los tres representantes del Poder Legislativo (dos por diputados y uno por senadores). Esta decisión de dilatar sistemáticamente las designaciones, además de generar una anomalía de la representación estatal en el comité, incumple la Ley N°10.563 y su modificatoria  N°11.059, vigentes en nuestra provincia”. 

“Desde los organismos de Derechos Humanos vemos con profunda preocupación el desfinanciamiento y vaciamiento del Comité Provincial. Ante esta situación, hemos presentado notas a las presidencias de las cámaras de diputados y de senadores de Entre Ríos, presidentes de los distintos bloques legislativos y a la Directora General de Derechos Humanos de la Provincia, Gracia Jaroslavsky. No hemos recibido respuesta”, reclamaron.

“Es por todo esto que, a un año de la conformación del Comité de Prevención de la Tortura, exigimos a las autoridades del gobierno provincial que cumpla de manera inmediata con sus obligaciones y resuelva esta lamentable situación”. 

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos está conformada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Colón, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, H.I.J.O.S. Regional Paraná, H.I.J.O.S. Regional Concordia, los Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia, los Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación de ex presas y ex presos políticos de Entre Ríos “La Solapa”, Memoria Colectiva de Villaguay y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.

Desde que fue desmantelada y sacada de uso, la gran estructura de la Unidad Penal Nº2 pasó a ser una mole desocupada en el corazón de Gualeguaychú. Sin embargo, no por estar vacía es que quedó carente de historia o pasado.

En este contexto, la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú anunció que a partir del sábado 8 de junio a las 11 de la mañana presentarán y comenzarán a estar disponibles y abiertos al público todos los sectores que fueron delimitados dentro de la ex penitenciaría, todos estos constituyendo un Espacio de Memoria sobre lo transcurrido allí durante los años oscuros de la última Dictadura Cívico-Militar.

“La Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú es Patrimonio Histórico y Espacio de Memoria de la ciudad. Su construcción data de 1888 y su inauguración formal como prisión de máxima seguridad fue el 16 de julio de 1891”, explicaron las Madres de Plaza de Mayo mediante un comunicado. 

“En sus más de 130 años de funcionamiento este edificio vio transitar a miles de personas, con sus miles de historias. En el contexto de la última dictadura militar (1976 – 1983), nuestra comunidad fue marcada por la represión, el encierro y la desaparición de personas”, afirmaron. 

“La Unidad Penal Nº 2 se insertó en esa trama siniestra desde tiempo antes, a partir de la sanción de la Ley Nº 20.840 denominada ‘Penalidades para las Actividades Subversivas en todas sus Manifestaciones’, el 28 de septiembre de 1974. A través de esta ley se produjeron las primeras detenciones y el 28 de octubre de ese año comenzaron a alojarse presos políticos en esta prisión”, introdujeron. 

“Los hechos de la vida política argentina, el incremento de la conflictividad y la represión, impactaban en el régimen de encierro y las condiciones de vida interna. Las celdas y pabellones se fueron así poblando mientras y las comunicaciones y las visitas se fueron restringiendo”, recalcaron. 

“El golpe de estado del 24 de marzo 1976 fue sin dudas un punto de inflexión. Entre octubre de 1974 y diciembre de 1976 transitaron 206 presos políticos. En plena dictadura, se dispuso el traslado masivo a unidades penitenciarias de distintos puntos del país”, resaltaron a continuación. 

“En la zona de ingreso de la Unidad Penal estuvieron detenidas cuatro presas políticas, la mayoría de ellas junto a sus hijos: Diana Scopetta; Celia Chacón con su hijo Diego; Silvia Arancibia con su hija María Eva y Liliana Dasso con Alejandro”, describieron de esta manera uno de los episodios más sombríos vividos en la ciudad durante la Dictadura. 

El 21 de junio de 2022, en el marco de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se realizó el señalamiento de la Unidad Penal Nº 2 como Sitio de Memoria, por Ley Nacional Nº 26.691. 

En este contexto, las Madres de Plaza de Mayo anunciaron que “el 8 de junio realizaremos la presentación en público de los sectores delimitados dentro de la ex penitenciaría por donde transcurrió el horror y que constituyen el Espacio de Memoria de gestión directa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú”. 

“Les damos la bienvenida y agradecemos su acompañamiento. ¡Memoria, Verdad y Justicia, siempre!”, concluyeron.

El Ministerio de Justicia realizará una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado tras detectar irregularidades. La cartera judicial agregó que detendrá los pagos hasta tanto se esclarezca la situación.

A través de un comunicado, la cartera que conduce el ministro Mariano Cúneo Libarona explicó que dispuso esta medida "tras detectar distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago" de las compensaciones.

Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV

"La Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa 'Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita', y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal", indicó el Ministerio.

"En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional", detalló.

En paralelo, siguen su curso otras causas penales por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido.

"El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan", advirtió Justicia. Y concluyó: "Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado".