Un violento episodio ocurrió en la zona de islas del Delta del río Paraná, donde un hombre de 67 años resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego tras una discusión vinculada a la actividad de pesca.

El hecho se registró en un islote ubicado a la altura del kilómetro 402 del río Paraná, en jurisdicción de islas entre Victoria y Rosario, alrededor de las 18.40 de este miércoles.

Según las primeras informaciones, la víctima manifestó que mantuvo una discusión con pescadores oriundos de Rosario por motivos relacionados con la zona de pesca. En ese contexto, uno de los sujetos efectuó un disparo y luego se dio a la fuga junto a otros en una embarcación.

Como consecuencia, el hombre sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado por familiares a un centro de salud de la ciudad de Rosario, donde permanece internado.

Según se informó a Ahora, intervino personal de Comisaría Segunda Sección Islas, junto a División Policía Científica y División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Además, se solicitó colaboración a Prefectura Naval Argentina y a la Policía de Santa Fe, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en turno para esclarecer lo ocurrido e identificar a los agresores.

Fuente: Ahora

Tras un dilatado judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Río Paraná (Piecas-DP) a raíz de la continua quema en zona de islas de aquellas jurisdicciones. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideraron que el Piecas-DP, un acuerdo interjurisdiccional existente desde 2008, es el ámbito adecuado para coordinar las políticas de prevención entre la Nación y las provincias.

Entre enero y septiembre de 2020 se quemaron 328.995 hectáreas, que representan aproximadamente el 14 % correspondiente al territorio del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Río Paraná (Piecas-DP) que comprende a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Aquel año, según datos oficiales, se quemaron 173.816 hectáreas de áreas naturales protegidas, 2.402 hectáreas de bosque nativo, 1.768 Ha de bosque nativo categoría rojo, 290.003 hectáreas de zonas ganaderas y 300 hectáreas de forestaciones (0,4 % de la superficie total forestada), 289 hectáreas con plantaciones de sauce y 11 Ha con álamos.

En aquel contexto, según consignó Rita Lucca en Diario Judicial, la “’Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente inició una demanda contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria con el objeto de que se les ordenara hacer cesar de modo efectivo, urgente e inmediato todos los focos de incendio que tienen lugar en las islas que están frente a las costas de Rosario; y adoptar todas las medidas necesarias para erradicar de modo definitivo la quema indiscriminada’ e ilegal de pastizales”.

La información dio cuenta de que “la organización explicó que la situación -que se repite casi todos los años y en 2020 generó una situación crítica- provoca un fenómeno de humo y hollín en toda la ciudad, afectando el derecho a la salud y al ambiente sano de sus habitantes. La mayoría de las islas -precisó- corresponden a la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos y puntualmente a la municipalidad de Victoria”.

También consignó que “en agosto del 2020, la Corte Suprema declaró que la causa correspondía a su competencia originaria, ordenó el traslado de la acción a los demandados y la citación de la provincia de Buenos Aires como tercero al considerar que la controversia le era común. También dictó una medida cautelar en la que dispuso que los demandados debían constituir de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental (CEA) en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PiecaS-DP). Se dispuso que ese Comité debía adoptar las medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en la región del Delta del Paraná, utilizando las bases de ese plan estratégico”.

También se precisó que “el Estado Nacional dijo que el dominio originario de los recursos naturales y la responsabilidad de implementar políticas de protección y de fiscalización de las normativas ambientales pertenece a las provincias y que su función se limita a dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Entre Ríos sostuvo que la cuestión se había tornado abstracta porque no existían focos activos en el Delta del Paraná, informó que se habían adoptado las medidas para que no se produjera nuevamente y subrayó una “situación excepcional regional de estrés hídrico”; mientras que Santa Fe afirmó que “a pesar de que los incendios ocurren fuera de su jurisdicción, sus efectos afectan el territorio santafesino”, que en su provincia se prohíbe la quema de pastizales y que ha impulsado numerosas medidas para prevenir y controlar incendios”.

Buenos Aires consideró que la provincia no incurrió en ningún obrar arbitrario o ilegal y que con lo sucedido en 2020 se organizó un plan técnico estratégico de prevención de incendios forestales. La ciudad de Rosario también cuestionó haber sido demandada y afirmó que “las quemas intencionales, ilegales y sistemáticas del Delta superior del Río Paraná se sitúan geográficamente (a excepción de las islas General Sabino Corsi -norte y sur- y General Pistarini empadronadas a favor de la Provincia de Santa Fe) en la Provincia de Entre Ríos”; y la localidad de Victoria admitió que la mayoría de las islas en que se producen incendios corresponden a su área, pero que la municipalidad no tiene facultades para adoptar actos en la prevención, control y extinción de los incendios.

Para los supremos, “entre los objetivos centrales del Piecas-DP aparece el de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios en el Delta, que se definió como un humedal caracterizado por su fragilidad ambiental”, pero no hubo avances en ese sentido.

Señalaron, en este sentido, que “para integrar a todos los actores del federalismo argentino, el desarrollo de las políticas de preservación que concertaron el Estado federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos a través de la firma del Piecas-DP debe razonablemente incluir la participación y el compromiso de los municipios”, y que “este trabajo concertado permitirá cumplir con el deber de diligencia que tienen los estados y así regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente”.

Y continuó la sentencia: “En la búsqueda de resolver un problema acuciante del Delta del Paraná, la intervención de este Tribunal alcanzó la identificación de las áreas en que se producen los incendios, las causas que los originan, la conformación urgente del CEA y la presentación de los objetivos de prevención y el compromiso de los estados en cumplir el Piecas-DP. De este modo, generó la ruptura del statu quo y permitió el desarrollo de las herramientas normativas e institucionales básicas para facilitar que las autoridades competentes atiendan el problema ambiental objeto del presente proceso. Ello cumplido, el seguimiento y ejecución del Piecas-DP no forma parte del cometido de este Tribunal, en la medida en que su monitoreo no solamente demandaría un tiempo indefinido en razón de la naturaleza cíclica de los incendios, sino que implicaría asumir una responsabilidad que incumbe a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales”.

“(…) se resuelve condenar al Estado Nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP), en cuanto se acordó la instalación de equipamiento e infraestructura para establecer mecanismos de información de alerta temprana, la implementación de la red de Faros de Conservación, de un Plan Sistemático de Control y de un Plan de Manejo del Fuego para el Delta. Con costas”, concluyó. 

Fuente: APF Digital

El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas), creado en 2008, es conducido por el Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (CIAN), integrado por la Nación y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

En la Municipalidad de Rosario, se constituyó oficialmente el CIAN, como una herramienta estratégica de planificación y gestión para la sostenibilidad del territorio y la primera presidencia quedó para Entre Ríos.

La reunión contó con la presencia de las intendencias de Rosario, Victoria y San Nicolás, así como de organismos como el INTA, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, la Administración de Parques Nacionales, entre otros. Por Entre Ríos, asistieron la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, quien fue elegida presidenta del CIAN por un año, y el director general de gestión ambiental del agua, Osvaldo Fernández.

También estuvieron presentes el ministro de Ambiente de Santa Fe, Enrique Estevez; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; la intendenta de Victoria, Isa Castagnino; funcionarios de las carteras ambientales de Rosario y Santa Fe; y representantes de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. En representación del gobierno nacional, asistieron el director nacional, Nicolás García Romero; y otros funcionarios, como Fernando Boet, consignó portal del gobierno de Entre Ríos.

Durante la reunión, se constituyó el CIAN y se conformó el grupo técnico, quienes desempeñarán roles clave en la implementación de las estrategias del comité. Su presidencia es alterna, y este primer año corresponde a Entre Ríos. La próxima reunión se llevará a cabo el 20 de febrero en nuestra provincia.Se definió una agenda de trabajo que incluye la actualización del plan de gestión del Piecas y el abordaje de situaciones urgentes como el manejo del fuego, la prevención de incendios, la situación actual de la hidrovía y sus múltiples impactos ambientales y sociales, así como otros aspectos relacionados con la protección de humedales, la calidad del agua, las actividades productivas y sus implicancias en la zona del delta, como la pesca y el turismo.

En resumen, “la instauración de nuestra provincia como referente, a través de la presidencia del CIAN del Piecas, marca un compromiso firme con la sostenibilidad y la protección del Delta del Paraná, hito fundamental para nuestra gestión de gobierno”, afirmó Rosa Hojman. 

Tras la denuncia de una persona, la Policía de Entre Ríos detuvo este sábado a tres hombres oriundos de Santa Fe por iniciar un foco de incendio en la ruta nacional 174, a la altura del arroyo La Camiseta, en el departamento Victoria.

La información se dio a conocer desde la jefatura Departamental Victoria a partir de la denuncia de un ciudadano en el puesto control vial de esa misma jurisdicción.

El denunciante detalló que tres hombres descendieron de un utilitario, iniciaron un foco ígneo en la ruta nacional 174, a la altura de arroyo “La Camiseta”, en la zona de islas protegidas, y se retiraron rápidamente del lugar.Tras lo cual, y pasado un breve lapso de tiempo, personal policial observa un vehículo similar con tres hombres oriundos de la ciudad santafecina Granadero Baigorria, y tras ratificar los datos con el denunciante, se dio intervención al Juzgado Federal de la Ciudad de Victoria.

“El panorama es muy complicado. Vamos a tener un verano con muy poca agua y, posiblemente, muchos incendios”. Así es como el productor ganadero Federico Vignale prevé que serán los próximos meses en la zona de las islas frente a la ciudad de Rosario, donde tiene su hacienda. Desde 1933 que su familia trabaja en la zona y aseguró que en todos estos años son pocos los registros que tienen de haber llegado a situaciones de bajantes tan extremas como las que vive hoy.

Si bien, según los productores de la zona, allí la situación no llegó al extremo que se vive en ciertos lugares de San Pedro, donde las vacas mueren porque quedan empantanadas en busca de agua, hay preocupación por el regreso de los incendios y lo que vivirá el ganado en los próximos meses.

“Hay una bajante extrema, los arroyos están con muy poca agua. Lo poco que hay es lo que quedó de la inundación en el verano, pero empezará a evaporarse. La primavera llegó antes de lo esperado, y lo que estamos viendo es que se avecinan olas de calor muy fuertes, por lo que vamos a volver a enfrentar la falta de agua. Va a ser muy complicado en esta zona y en gran parte del delta”, afirmó Vignale, que tiene caballos y vacas en la zona.

Resaltó que también hay temor por los incendios. “Hay mucha abundancia de biomasa, causada por la acumulación de pasto seco, y eso aumenta el riesgo de incendios”, indicó. Recordó que su familia está en la zona desde 1933. “Según lo que relató mi padre, mi abuelo sí vivió una situación extrema, pero en su caso no”, señaló.

Esto fue así hasta 2022-2023, cuando se presentó otra situación complicada: “No teníamos agua para los animales y la pasamos muy mal. Los animales se empantanaban y encontrarlos era muy difícil debido a las grandes extensiones. Muchas veces, cuando encontrábamos al animal, ya estaba en mal estado”.

Frente a ello, el productor está trabajando con un nuevo sistema de monitoreo satelital que detecta el calor y muestra el movimiento de los animales, como una medida preventiva. “Cuando el río baja mucho, los límites naturales que detienen a los animales para que no avancen al campo de los vecinos se pierden porque se secan, y los animales migran en busca de agua, que deja de ser un recurso accesible”, comentó.

La preocupación por los próximos meses es grande, especialmente porque una medida cautelar impidió el desarrollo de trabajos y no permite la entrada de máquinas. “No nos permiten entrar máquinas para generar ripio. Pedimos que levanten la medida para que la provincia comience a atender el sector. La situación está cada vez peor, y estamos menos equipados para enfrentarla. No tenemos recursos suficientes para realizar proyectos, y la situación es crítica”, explicó.

Esta misma preocupación es la que manifestó Roberto Sotomayor, productor ganadero que ha vivido toda su vida en la isla del departamento Victoria, Entre Ríos, frente a Rosario. “El arroyo Paranacito, que siempre fue navegable, ahora tiene solo 50 cm de agua, lo que casi lo hace intransitable. Esto complica enormemente el acceso a las casas y afecta toda la zona. La esperanza de mejora es escasa; aunque podrían haber lluvias temporales, es muy poco probable que el nivel del agua recupere su caudal anterior”, explicó Sotomayor.

La crisis hídrica no solo impacta de lleno en la vida social de los isleños. “Aquí vive mucha gente con diversas condiciones sociales, desde ganaderos hasta pescadores y apicultores. La bajante afecta todos los tipos de producción y formas de vida. El agua es vital, y ahora tenemos que traer agua potable desde la ciudad porque el curso de agua está tan bajo que no es apto para el consumo humano. Esto afecta a todos los que vivimos aquí”, afirmó.

Sotomayor, quien tiene 60 años, nunca imaginó enfrentar una situación así, como también la vivió hace dos años. “Lamentablemente, estas cosas ocurren y no las elegimos. No nos permiten hacer obras para mejorar la situación, ni siquiera a nivel privado. Dragar el arroyo es una opción, pero si las leyes actuales no cambian, será muy difícil llevar a cabo cualquier solución”, reflexionó.

En su establecimiento, que se dedica a la ganadería de ciclo completo, desde la cría hasta el novillo, la situación es preocupante. “La comida [por el pasto] está empezando a llegar con la primavera, pero la pastura necesita agua. Aunque somos un humedal y tenemos algunos recursos adicionales, la falta de agua es evidente. Los campos, después de las grandes inundaciones y los incendios de años anteriores, han cambiado mucho su topografía, y ahora no tenemos los atajacaminos naturales que solíamos tener”, concluyó.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y su par de Santa Fe (Carsfe) adhirieron a la posición expuesta por la organización madre, la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con relación a las modificaciones que tuvo en 2020 Ley de Manejo del Fuego, en el marco del reclamo nacional para que se protejan los humedales.

Por entonces, se incendiaron ingentes territorios en humedales, hechos en los que se pudo probar la intencionalidad de los mismos. La presunción, entonces, era la tendencia al uso de esos ecosistemas para el desarrollo inmobiliario. Es así que se impulsó una reforma a la Ley de Manejo del Fuego Nº 26.816 intentando frenar la destrucción de esos humedales.

La norma, que la Mesa de Enlace de Entre Ríos declaró entonces como “un mamarracho”, dispone que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural” se prohíbe en esos predios, por el término de 30 años, “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.

La iniciativa, de Máximo Kirchner, fue acompañada por 132 votos a favor (de seis bloques diferentes), 96 negativos y 4 abstenciones. La expresión de Juntos por el Cambio la rechazó por considerarla un avance sobre la propiedad privada. Y el presidente Javier Milei, ya en campaña, prometió su derogación con igual argumento.

En contra

Para Farer, la norma aplica “castigos en lugar de soluciones” y supone “injusticia, arbitrariedad y desconocimiento”, según el texto que difundió Dos Florines.

Afirman que la reforma “nunca presentó respaldo técnico, ni desde el más mínimo sentido común, y fue edificada desde un desconocimiento total de la problemática rural, con absoluta arbitrariedad y con profundas fisuras jurídicas”.

Para los firmantes del documento “la ley actual considera de antemano que existe una presunción de intencionalidad, condenando a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho mínimo a la defensa”.

Se asegura que lo que exhibió la sanción de la ley fue “la incapacidad del Estado para controlar el fuego”.

El documento apunta que “en este escenario, y a partir de algunas voluntades legislativas que irían tras la derogación de la Ley, como así también la promesa realizada en el mismo sentido por el presidente Milei en diciembre de 2023, resulta necesario al menos rever los artículos que conspiran contra la producción”.

Se pide que se tenga en cuenta que los puntos en cuestión “aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad, desconocimiento, y no consiguen, de modo alguno, ir tras una solución al problema de origen”.

Personal de la Policía y la Brigada de Respuesta Ambiental de Entre Ríos, en conjunto con Prefectura, detectaron este miércoles un foco de incendio en islas del departamento Victoria. 

La Policía detuvo a tres personas efectuando la quema sin autorización quienes fueron puestos a disposición de la Justicia Federal. 

El ilícito se detectó en una isla arrendada, cerca de Laguna Grande y riacho Paranacito. A través de los patrullajes diarios que se realizan sobre las islas del Delta, se visualizó un foco de incendio, se montó un operativo y la policía entrerriana dio con tres personas que realizaban la quema ilegal y procedió a su detención. 

Las personas fueron puestas a disposición de la Justicia. 

A diez meses de esos episodios y por primera vez en la historia de la Justicia federal, se elevarán a juicio dos causas por incendios intencionales. En este caso, del Delta.

El ítem “incendios” está apagado. No brilla en las noticias porque no hay humo (tan evidentemente) a la vista. Sin embargo, como se verá, hay.

Las preguntas que empujan este informe son si, 1) hay personas procesadas, o en qué quedaron las investigaciones por los incendios intencionales de Entre Ríos, que son de los que más preocuparon a fines de 2022, y 2), si algo evitará que esta primavera-verano incendios en Entre Ríos, Corrientes, en Córdoba o en el resto de del país generen, otra vez, desmadres ambientales.

No es fácil combinar los dichos de los distintos actores responsables de la prevención e investigación de los incendios.

Los funcionarios se culpan entre sí o a la Justicia. Sobresalen diferencias (obvias e insalvables) entre los ámbitos provincial y nacional. En la Justicia se culpa a la gestión política y a otros actores del entorno propio. La discusión por la competencia (a quién le toca hacer qué) parece llevarse tiempo y esfuerzo preciados.

Incendios intencionales, a juicio federal

“Primera causa por incendios intencionales elevada a juicio... ¿será el inicio de la solución?”, reflexionó una fuente judicial que pidió anonimato.

En tanto el Código Penal tiene alcance nacional, la pena, sea un juicio provincial o federal, es la misma. En este caso será “estrago doloso”. Sin embargo, aunque podrían parecer iguales, la trascendencia que otorga el fuero federal (en comparación al provincial) es el impacto mediático.

Y cabe aclarar que la diferencia entre un tipo de juicio y otro tiene que ver con la competencia: si el hecho (el incendio, en estos casos) traspasó los límites interprovinciales, va a parar al fuero federal.

Ahora bien, ¿es realmente la primera vez que un incendio intencional se eleva a un juicio de este tipo?

No es fácil hallar un cerebro enciclopédico ideal, pero fuentes de la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron que el único antecedente comparable del que se tenga por ahora noticia es el juicio por el atentado a la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba), ocurrido en 1995.

La pena para quienes causaron incendios

Como ahora, entonces se aplicó el artículo 186 del Código Penal, que prevé penas para “el que causare incendio, explosión o inundación”.

Por haber causado la muerte de 7 personas, dañado a más de 300 y generado problemas de salud mental de la mayoría de la población circundante, a los acusados por las explosiones en Río Tercero les pesó el inciso 5° del artículo 186, o sea, penas de 8 a 20 años de prisión.

En cambio, al no haber víctimas fatales, los eventuales responsables de los incendios del Delta tendrán una pena de 3 a 10 años (excarcelable, en el caso de recibir el mínimo), siguiendo el inciso 1°, que castiga a quienes pongan bienes en peligro.

Ahora bien, ¿qué tal si esos bienes tienen valor un ecológico inconmensurable, como es el caso de los humedales?

Funcionarios y fuentes judiciales que insistentemente piden no ser nombrados subrayan las carencias del marco regulatorio argentino. Si bien tuvo actualizaciones, el Código Penal fue escrito a comienzos del siglo XX y, dicen todos, se necesita una actualización que tipifique figuras delictivas relacionadas, en concreto, al daño ambiental.

Se sabe que los incendios ambientales no son gratuitos. Sus implicancias a los ecosistemas son múltiples y con efectos que pueden durar décadas o siglos para revertirlos, y en otros casos no hay vuelta atrás. Pero ahora, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) le puso número a las implicancias de los fuegos en el Delta del 2022: afectaron a 83 especies animales y vegetales de la región.

Se trata de un estudio inédito de campo en la zona de los humedales del Paraná medio entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que llevó largos meses de investigación en los que cuantificaron la destrucción causada por el fuego en las islas, detallando el desastre ecológico en la fauna y flora de la región.

Al cabo de ese tiempo, registraron que los incendios intencionales de 2022 provocados por productores agro ganaderos y madereros, afectaron el hábitat de 83 especies animales y vegetales de la región, provocando mortandad y huidas del ecosistema. Ninguna de ellas se volvió a ver en la zona.

Según indicaron, el objetivo principal fue “recabar por primera vez información fidedigna de la biodiversidad que se perdió por el fenómeno, buscando generar un modelo predictivo que permita prever el impacto de las quemas sobre el suelo y los ecosistemas de humedales”. Y preguntas latente: ¿Verdaderamente es posible la restauración de los territorios, de qué manera y en cuánto tiempo?

“Arrasador”

El estudio estuvo encabezado por un grupo de investigadores del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la UNL, quienes evaluaron la situación en territorio desde Resistencia, en Chaco, hasta Diamante, Entre Ríos.

“Algunas eran bastante accesibles, otras no, dependiendo de la intensidad y la severidad de los incendios”, relató la investigadora Paola Peltzer, investigadora del equipo y del Conicet. Ahí, en campo, dimensionaron los efectos del fuego arrasador: “comenzamos a cuantificar cadáveres y destrucción total o parcial de nidos y refugios, especialmente de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, como también de flora nativa”.

Vieron ejemplares de ranas y víboras caídas en el suelo totalmente quemado producto de los incendios sucesivos de los últimos meses. “El avance del fuego sobre diversos ecosistemas va destruyendo la biodiversidad y desplazando comunidades. Esto viene asociado a la expansión de la frontera agropecuaria, pudiendo identificar como actividades principales la siembra de granos y el desarrollo de la ganadería”, afirma la investigadora.

Mortandad en las islas

En los últimos años relevaron 17 sectores de islas y humedales del Paraná medio. Durante agosto y septiembre últimos concretaron el primer análisis de los datos recolectados: ahí reflejaron que la mayoría de las unidades ambientales que componen los humedales fueron afectadas.

Una clave es la profundidad del suelo quemado: el 70% de los humedales no registró revegetación a mediano plazo (de 3 a 4 meses), con una variación de 2 a 12 centímetros. La altura de las llamas en especies “leñosas” alcanzó entre 2,70 y 4,20 metros.

En el estudio destaca que los albardones (montículos que se crean cuando un río amontona sedimentos) fueron los más dañados en un 83% del total, seguido por las media-lomas (47 %), las depresiones o lagunas internas un 17% y las barrancas con un 5%.

En cuanto a las especies afectadas, de forma directa por mortalidad o indirecta, con huidas, mencionan a semillas-frutos, corteza, nidos quemados, plantas, anfibios, aves, reptiles y mamíferos.

Según los datos, sólo un escaso número de especies se regeneran naturalmente a mediano plazo: la recuperación de especies leñosas requiere de un plazo mayor a un año, siempre y cuando el entorno no siga afectado por el impacto de circunstancias y actividades como la ganadería, los incendios reiterados y las precipitaciones, publicó Tiempo Argentino.

“Sin lugar a dudas, la solución debe venir de la mano colectiva, debemos empezar a entender que sin estos ecosistemas vamos a perder todo lo que ellos nos ofrecen. Estas áreas albergan al 40% de la biodiversidad de Argentina, brindan alimento, refugio y anidamiento de reproducción para numerosas especies”, subrayó la coordinadora del estudio.

En este escenario, estimaron que la recuperación de los depósitos de carbono quemados llevará decenas de años, mientras consideran que tal vez no pasen muchos años hasta una próxima bajante «extraordinaria y anormal» del Río Paraná, acelerada por la crisis climática.

“Queremos que las personas entiendan que no estamos pidiendo que dejen de producir, sino que queremos un cambio. Un cambio que sea sustentable y amigable con la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, no somos dueños. Una vez que empecemos a entender todo esto, creo que las soluciones van a salir por sí solas”, concluyó. (APFDigital)

Ambientalistas denunciaron en las últimas horas fiestas ilegales en la islas del Delta. Señalaron además que no sólo hubo varios eventos, sino que además fueron en zonas protegidas y, en casos, con pirotecnia, en medio de los incendios forestales que afectan a la zona hace más de dos años.

"El último fin de semana fue el más convocante, en relación a su magnitud. No tenemos ningún reparo sobre los paradores, el servicio o pasarla bien. Lo que sí tenemos que poner el alerta sobre que son organizadas con tiempo, hay preventa y van mucho más allá", indicó Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales. Y agregó: "La mayoría de los eventos fueron frente a Rosario, sobre Victoria. No se realizan controles y Prefectura está poco en el agua. Pero hubo otra más en la Isla de los Mástiles, con el agravante de que es reserva natural. Está ubicada sobre Santa Fe".

El ambientalista apuntó que las fiestas ilegales en las islas son una "tendencia a la alza", especialmente desde la cuarentena: "La mayoría de las fiestas se realizaban en la isla, porque no existe la ley en la práctica. Es un estado de anomia donde cada uno hace lo que quiere y hay una ausencia de voluntad política para controlar los territorios. Nosotros recomendamos asistir a otro tipo de paradores, no debemos naturalizar estos eventos que, en casos, terminan con fuegos artificiales".

Este miércoles, se realizaron nuevamente vuelos vigía sobre la zona del Delta, registrándose un foco frente a San Lorenzo, al norte de Rosario, y otro frente a San Pedro, provincia de Buenos Aires. Ante ello, se coordinó el ingreso de combatientes a terreno y se destinaron medios aéreos.

Para atender el incendio registrado frente a San Lorenzo trabajan brigadistas del comando instalado en Alvear, con el helicóptero suministrado por Entre Ríos y el avión hidrante cedido por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

A su vez, se está armando un comando frente a San Pedro para combatir el incendio registrado y se solicitó refuerzo de medios aéreos a Nación.

En la zona de Villaguay también se registró actividad ígnea este miércoles donde se encuentran trabajando bomberos voluntarios locales.

Fuente: Comando Operaciones y Defensa Civil de Entre Ríos

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Victoria, en el marco de la investigación por las quemas intencionales realizadas en el Delta del Paraná. La presentación fue acompañada del registro audiovisual tomado durante un sobrevuelo, en el que se observa a una retroexcavadora remover tierra para realizar un canal artificial.

La presentación realizada por Cabandié tiene por objeto “se investigue a los responsables y autores de los movimientos de suelo ilícitos que se vienen produciendo en el departamento de Gualeguay y localidades aledañas en la provincia de Entre Ríos, conductas sancionadas por el artículo 182 del Código Penal, como por el Decreto Provincial 4977/09”. Dichas actividades se encuentran prohibidas, además, por la Ley 9172 —por incumplimiento de la medida cautelar emitida el 1 de julio de 2020— sumado a que no se contaba con la evaluación de impacto ambiental correspondiente.

El video aportado como prueba surge de un vuelo de patrullaje de rutina efectuado por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, en el que se detecta maquinaria efectuando terraplenes en la zona de las Islas Lechiguanas, partido de Gualeguay.

La realización de nuevos cursos hídricos y de quemas deliberadas son prácticas productivas que afectan al ecosistema del Delta del Paraná. La creación de terraplenes en los humedales se asocia al desvío del flujo natural del agua y a la ampliación del territorio, lo que constituye una modificación del uso del suelo para actividades económicas como la ganadería, la agricultura y los proyectos inmobiliarios.

Además del registro audiovisual, se ofreció a la Dirección del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para dar cuenta sobre las detecciones y localizaciones de terraplenes y movimientos de suelos que alteran el curso normal de las aguas en los últimos 12 meses. En el mismo sentido, se propone a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía Federal para que informen sobre las actas de constatación labradas durante el último año. Asimismo, se puso a disposición de la fiscalía mencionada la declaración testimonial de Alberto Seuffernheld, director del SNMF.

Cabe recordar que las acciones de la cartera nacional en el combate del fuego se complementan con exposiciones ante la Justicia para que se avance con las investigaciones que den con los responsables de los incendios intencionales en el Delta. Con este fin, Cabandié, acompañado por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, se presentó en agosto en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria para presentar información georeferenciada sobre quemas. De esta manera, se brindaron datos arrojados por los Faros de Conservación que permiten identificar con precisión la ubicación de los terrenos donde se inician los focos ígneos. También se solicitó a la provincia de Entre Ríos que indique la nomenclatura catastral de dichos terrenos para determinar la titularidad de los campos.

El listado lo encabeza un apellido con mucho peso en Entre Ríos: se trata de Rufino y Aníbal Baggio, dos de los propietarios de la fábrica RPB SA. Los restantes son Elías José Oscar Cepeda, Juan Roal Salgado, Omar Gustavo Otero, Luis Carlos Pérez; Laura Beatriz Becherucci; y las sociedades Copra SA, Deltagro SA y Jorge R. Casals SCA. El trabajo está fechado el 16 de setiembre y ya está en manos de la Justicia Federal de Victoria, que deberá ahora resolver su situación.

Las medidas solicitadas por medio del trabajo del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación santafesino tienen dos objetos diferenciados en cuanto al avance de la investigación en cada uno de los eventos de incendios que se están investigando. Cabe aclarar que se denomina “evento” a cada uno de los incendios que de acuerdo a la investigación y las denuncias recibidas en ambos tuvieran la característica de expandirse desde su lugar de inicio, afectar áreas de magnitud de las islas y afectar mediante las emanaciones de humo la salud de los habitantes del departamento Rosario y zonas aledañas, así como el medioambiente en general, publicó el diario Página 12.

Estos incendios han generado diferentes denuncias cuyo objeto investigativo es casi idéntico, toda vez que se trata de determinar quién o quiénes son los titulares de los inmuebles incendiado, si los incendios fueron intencionales, si se propagaron a lotes linderos, si causaron una contaminación al medio ambiente y si causaron daños a la salud o lesiones de las personas que se encontraban en el lugar donde se dirigió el humo provocado por las quemas.

En ese sentido y siguiendo esa lógica la comprobación o acreditación de cada uno de los extremos expuestos anteriormente permite elaborar diferentes hipótesis de delitos cometidos por las personas que causaron los incendios. Desde el delito de incendio doloso, hasta la contaminación ambiental y el caso de las lesiones producidas a las personas que se ven obligadas a respirar el aire intoxicado, las variables son múltiples.

Debido a diferentes factores relativos a la investigación, no todos los eventos se encuentran en la misma etapa de investigación. No obstante, ya existen elementos para solicitar medidas de prueba sobre los responsables jurídicos de un inmueble donde el fuego se inició intencionalmente, y en otros casos obtener elementos para poder reforzar una hipótesis fuerte de trabajo elaborada en base a la evidencia recabada hasta el momento.

Entre las personas identificadas como posibles generadores de un incendio que se propagó, se extendió hacia la ciudad de Rosario y causó posibles daños en la salud de los habitantes de la ciudad y zonas aledañas se encuentran Rufino Pablo Baggio, Aníbal Ramón Baggio, Elías José Oscar Cepeda, Juan Roal Salgado, Omar Gustavo Otero, Luis Carlos Pérez; Laura Beatriz Becherucci; y las sociedades Copra SA, Deltagro SA y Jorge R. Casals SCA, consignó el diario Página 12.

De acuerdo al informe preliminar de Bomberos Nº 94/22 de fecha 5 de septiembre de 2022, en relación a la “Isla Garibaldi” ubicadas en Pueblo Esther, se indica como sector de inicio del proceso combustivo el lugar comprendido en las coordenadas geográficas 30°04’33.4”S 60°32’15.5”W (geoposicionado O-33.075952, O- 60.537646), al nivel del suelo. Se concluyó que posiblemente se haya producido por contacto con un elemento de llama libre (encendedor, papel encendido) con una o más porciones de elementos combustibles de origen orgánico, es decir, que posiblemente haya sido intencional. Además, el segundo informe preliminar de Bomberos N° 93/22 de fecha 9 de septiembre de 2022, referido a las “Islas del Paraná” ubicado en Victoria- Entre Ríos, indica como zona de inicio del proceso combustivo el lugar comprendido en las coordinadas geográficas 32°54’05.6”F 60°26’22.8”W (geoposicionado O-32.901550, O-60.439660), al nivel del suelo. En este último se concluyó no a través de la posibilidad sino pudiéndose afirmar que se produjo por contacto con un elemento de llama libre (encendedor, papel encendido) con una o más porciones de elementos combustibles de origen orgánico.

De acuerdo al informe de catastro recabado en el marco de la investigación las coordenadas del foco intencional corresponden a tierras de Juan Roal Salgado con domicilio en Melincué.

Respecto del resto de los titulares de campos nombrados, fueron elaborados de acuerdo a la información extraída a partir de los incendios ocurridos al menos en los años 2020, 2021 y 2022. Esta circunstancia fue reflejada por investigadores en un mapa que demuestra que las zonas afectadas por incendios en los años mencionados es exactamente la misma.

Esta coincidencia genera un alto grado de sospecha que lleva a solicitar medidas de investigación para obtener elementos que vincule a los titulares de los inmuebles donde se produjeron incendios en los años 2020, 2021 y 2022 con actividades ganaderas que requieren de las quemas para aumentar la productividad. Este es el caso de Rufino Pablo Baggio, Aníbal Ramón Baggio, Laura Beatriz Becherucci, Luis Carlos Pérez, Elías José Oscar Cepeda, y de lo/as integrantes de las sociedades Copra SAy Deltagro SA.

El trabajo de investigación también incluye un apartado donde se aborda concretamente la afectación sobre la salud de las quemas en las islas. “Existe evidencia científica de la contaminación del aire por el humo asociado a la quema de biomasa con niveles de Material Particulado por encima de los niveles guía de calidad de aire y de lo recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que los mismos tienen efectos deletéreos y de gran magnitud que ponen en peligro la salud de la población expuesta y que, además, degrada los ecosistemas de la Tierra, socava la seguridad económica de las naciones y es reconocida como una de las causas principales de enfermedad, discapacidad y muerte prematura en el mundo. Los efectos sobre la salud se asocian fundamentalmente (pero no únicamente) al aumento del número de materias particuladas pequeñas se traducen en un incremento reiteradamente demostrado de padecimientos respiratorios y cardiovasculares, existiendo además claras señales de su vinculación con enfermedades metabólicas (diabetes mellitus) y proliferativas (distintos tipos de cáncer)”.

A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el Gobierno nacional informó que  son siete las provincias que tienen focos de incendios activos producto de los incendios forestales: Entre Ríos, es una de ellas.

En Entre Ríos los focos se concentran en los departamentos Gualeguay y Victoria, donde hay cuatro focos: uno activo, uno controlado, uno contenido y otro extinguido.

Para el combate de estos focos, según la información proporcionada por Ambiente de la Nación, “se encuentran disponibles para operar tres aviones hidrantes, dos helicópteros con helibalde y un avión observador pertenecientes al SNMF y dos helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa”.

“Asimismo, están a disposición más de 60 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios. En el día de la fecha se suman un avión hidrante, un helicóptero con helibalde y un helicóptero para traslado de personal”. (APFDigital)

Paraná y las ciudades de alrededores se encuentran este jueves por la mañana bajo humo. Producto de los fuertes vientos, se reavivaron los incendios frente a las islas frente a la ciudad, en jurisdicción de Santa Fe, lo que perjudicó notablemente la visibilidad en la capital entrerriana y tornó el aire irrespirable.

"Tenemos frente a San Nicolás, Ramallo y San Pedro (Buenos Aires) focos ígneos enormes. Estamos con una situación crítica de mucho fuego en todo el delta frente a Paraná. El viento no permite actuar a los hidrantes aéreos", afirmó la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Silvina García, en diálogo con AHORA Litoral.

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"Estamos con una situación muy compleja. Hubo un cambio en la dirección del viento, por lo cual no habíamos tenido tanto humo. Ahora el viento trae el humo para este lado", sostuvo. Asimismo, dijo que los comandos operativos de brigadistas están en Sauce Viejo, Alvear, San Pedro y uno más que se agregará este jueves en Ramallo.

La funcionaria alertó que el fenómeno se agravó en todo el Delta de la provincia y que están esperando que las condiciones del tiempo mejoren para poder reanudar los trabajos para sofocar los incendios. "El viento levanta los focos que se estaban controlando, vuelve a generar daños y a extender los fuegos", indicó.

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"Hay gente prendiendo fuego"

"Fueron en lancha, robaron ganado y prendieron fuego. Eso nos informaron esta mañana desde Prefectura Naval Argentina. Es increíble que esto siga pasando y la gente siga atentando contra el ecosistema. Estamos hablando con intención de robar ganado y prender fuego. No hablemos más de productores, de especulación o intencionalidad ganadera, esto es otra cosa, sin dudas", manifestó.

Esta semana se emitió un alerta por altas temperaturas, vientos fuertes y bajas probabilidades de lluvia lo que complica el escenario. Por tal motivo se solicita a la población extremar los cuidados y evitar cualquier práctica de quema.

Se realiza un trabajo conjunto y articulado con las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, el gobierno nacional y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Los medios aéreos son coordinados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En Puerto Alvear funciona un comando con una guardia permanente, con 22 brigadistas de la Brigada de Respuesta Ambiental, de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, de la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) de Santa Fe, y de la Unidad Militar de Respuesta a Emergencias de Ejército Argentino. Cuentan con dos aviones hidrantes, dos helicópteros y un avión Vigía. Hay seis focos controlados y contenidos y uno activo, de grandes magnitudes detectado a la altura de Ramallo que se está atacando.

Por otra parte, en el comando instalado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, trabajan 28 brigadistas que se dividen en cuadrillas para combatir dos focos activos mediante líneas de defensa y quemas de ensanche con asistencias de medios aéreos. 

Allí interviene personal de la Municipalidad de San Pedro, Bomberos Voluntarios de San Pedro, Defensa Civil de Entre Ríos y Buenos Aires, Policía de Entre Ríos, Policía Federal Argentina, Fuerza Aérea Argentina, y Armada Argentina.

Paraná y las ciudades de alrededores se encuentran este jueves por la mañana bajo humo. Producto de los fuertes vientos, se reavivaron los incendios frente a las islas del Delta, lo que perjudicó notablemente la visibilidad en la capital entrerriana y tornó el aire irrespirable.

"Tenemos frente a San Nicolás, Ramallo y San Pedro (Buenos Aires) focos ígneos enormes. Estamos con una situación crítica de mucho fuego en todo el delta frente a Paraná. El viento no permite actuar a los hidrantes aéreos", afirmó la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Silvina García, en diálogo con AHORA."Estamos con una situación muy compleja. Hubo un cambio en la dirección del viento, por lo cual no habíamos tenido tanto humo. Ahora el viento trae el humo para este lado", sostuvo. Asimismo, dijo que los comandos operativos de brigadistas están en Sauce Viejo, Alvear, San Pedro y uno más que se agregará este jueves en Ramallo.

La funcionaria alertó que el fenómeno se agravó en todo el Delta de la provincia y que están esperando que las condiciones del tiempo mejoren para poder reanudar los trabajos para sofocar los incendios. "El viento levanta los focos que se estaban controlando, vuelve a generar daños y a extender los fuegos", indicó.

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"Hay gente prendiendo fuego""Fueron en lancha, robaron ganado y prendieron fuego. Eso nos informaron esta mañana desde Prefectura Naval Argentina. Es increíble que esto siga pasando y la gente siga atentando contra el ecosistema. Estamos hablando con intención de robar ganado y prender fuego. No hablemos más de productores, de especulación o intencionalidad ganadera, esto es otra cosa, sin dudas", manifestó. (Fuente: AHORA)

Detuvieron el accionar de personas que, con máquinas, llevaban adelante tareas de desmonte en islas de Victoria. La actividad está prohibida por leyes provinciales y ordenanzas municipales. El operativo se realizó el 4 de octubre y la situación había sido denunciada por la ONG "El Paraná no se toca".

Según informaron desde la Municipalidad de Victoria, personal de la Delegación de Islas acompañado por efectivos policiales de la Comisaría I de Islas concurrió al Lote 10, donde se había denunciado la presencia de maquinaria realizando trabajos de desmonte.

Desde la Delegación de Islas se comunicó que en el lugar se constató la presencia de una cargadora frontal que se encontraba realizando trabajos de remoción de chilcas, así como aromitos, sauces y alisios en torno a unos corrales preexistentes.

"Lo anterior viola las leyes provinciales 10.479/17 (y su decreto reglamentario 2474/19), 10.671/14 (de bosques nativos y su decreto reglamentario 1.329/15), Ordenanzas municipales 2.185/03 y 1.787/00, entre otras disposiciones reglamentarias. Se prohibió la continuidad de los trabajos y se informó a las autoridades correspondientes", agregaron desde la comuna de Victoria.

Cambio de dueño y desmonte

De acuerdo a lo publicado por la ONG ambientalista que denunció la situación, el terreno habría cambiado de dueños y le pertenecería a un hombre vinculado un frigorífico. "Sin importarle absolutamente nada, ingresó con esta máquina arrasando todo en su camino isla adentro", aseguraron.

Y agregaron: "Es difícil de explicar cómo nadie llegó para detenerlo, siendo que no está muy lejos de la comisaría de la primera sección de islas; por otro lado, esta zona está declarada por Victoria como reserva natural".

Tras la polémica suscitada por la autorización por parte de la Municipalidad de Victoria para realizar un evento en la zona de las islas del Delta, desde el municipio se informó que el permiso fue revocado. La novedad fue dada a conocer este jueves por la noche, a través de un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales.

La decisión se tomó mediante el Decreto Nº 1267/22, que dispuso "la Revocación de la Resolución 418/22 autorizando a la firma Garden Island SRL la realización del espectáculo “Parador Garden Island – Waves Opening Party” prevista para el 8 de octubre próximo en la Isla La Invernada, jurisdicción del ejido de Victoria".

Entre los argumentos de la medida, se expresa que "si bien la firma acompañó su pedido de autorización dando 'cumplimiento a las exigencias higiénico-sanitarias y de seguridad habituales para este tipo de evento', se pone sobre relieve que la Resolución ahora revocada 'ha omitido dar cumplimiento a una medida cautelar -atemporal- de la justicia federal de Paraná, dictada por el Juez Daniel Edgardo Alonso'".

De acuerdo al comunicado, la medida cautelar de la Justicia Federal establece "(…) la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente… actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental (…)".

Por este motivo, desde la Municipalidad de Victoria sostuvieron que "razones de oportunidad, mérito y conveniencia avalan la adopción de la medida suspensiva del evento, atento a los hechos de público conocimiento que se vienen sucediendo en nuestras islas, con graves consecuencias para el ambiente".

Los incendios

Desde hace casi dos años que la zona de islas del Delta, en especial aquella comprendida entre Rosario y Victoria, viene llevándose la atención de todo el país por los sucesivos incendios intencionales que producen graves daños ambientales.

Recientemente la ciudad de Rosario se vio fuertemente afectada por el humo, y a pesar de los anuncios y el trabajo de bomberos y Fuerzas Armadas, no se ha avanzado en el Congreso con una normativa que preserve los humedales.

Hace dos semanas ciudadanos se movilizaron al puente que une ambas ciudades y cortaron el tránsito. Hasta el momento no hubo avances en la Cámara de Diputados con la norma que reclama una importante parte de la sociedad.

Los informes de geo referenciación fueron utilizados para definir las áreas, algunas de las cuales estaban abandonadas a su suerte por los titulares, lo que no los aleja de la responsabilidad.

Las afectaciones sobre la salud de los habitantes de toda la región, que generaron denuncias, fueron las que dispararon esta causa. Las sospechas se centran sobre los lotes que sufrieron incendios al menos en los años 2020, 2021 y 2022. Esta circunstancia fue reflejada por investigadores en un mapa que demuestra que las zonas afectadas por incendios en los años mencionados es exactamente la misma. Esta coincidencia genera un alto grado de sospecha sobre los titulares de los inmuebles donde se produjeron incendios en los últimos tres años con actividades ganaderas que requieren de las quemas para aumentar la productividad, publicó Rosario/12.

Esta investigación fue coordinada por el fiscal federal Claudio Kishimoto y el Organismo de Investigaciones de Rosario y girada al juez federal de Victoria, Federico Martín.

El trabajo de investigación trata de determinar quién o quiénes son los titulares de los inmuebles incendiados, si los incendios fueron intencionales, si se propagaron a lotes linderos, si causaron una contaminación al medio ambiente y si causaron daños a la salud o lesiones de las personas que se encontraban en el lugar donde se dirigió el humo provocado por las quemas.

En base al mismo se analizó desde el delito de incendio doloso, hasta la contaminación ambiental y el caso de las lesiones producidas a las personas que se ven obligadas a respirar el aire intoxicado. Debido a diferentes factores relativos a la investigación, no todos los hechos denunciados se encuentran en la misma etapa de investigación.

La pesquisa se orienta a ubicar quiénes son los responsables jurídicos de un inmueble donde el fuego se inició intencionalmente y en otros casos permitirá realizar medidas para obtener elementos para poder reforzar una hipótesis fuerte de trabajo elaborada en base a la evidencia recabada hasta el momento.

En este sentido ya hay personas identificadas como posibles generadores de un incendio que se propagó, se extendió hacia la ciudad de Rosario y causó posibles daños en la salud de los habitantes de esa localidad y en las zonas aledañas, entre los que se intercalan apellidos de reconocidos empresarios y sociedades que explotan las islas.

Desde el inicio de las quemas descontroladas en las islas del río Paraná inferior, hace ya más de dos años, con el humo, la destrucción de la biodiversidad y sus consecuentes daños a la salud y al ambiente, este problema ha sido expuesto en la Justicia.

Hasta el mes pasado se recibían dos denuncias por semana que inmediatamente eran derivadas a la Fiscalía debido a que no se contaba con autores identificados. Al pasado mes de julio totalizaban unas 30 presentaciones de este tipo. Sobre estas acusaciones se aguardan algunas decisiones del fiscal a cargo.

Fuente: Análisis Digital