Pasaron 15 años. Un quindenio. Para algunos podrá ser mucho tiempo, mientras que para otros pueda significar mucho más de lo que realmente es. Por esos tiempos, Cristina Fernández aún no había sido reelecta, aunque tenía todo para llevarse la votación por amplio margen. En la ciudad, Emilio Martínez Garbino le hacía frente al por entonces intendente Juan José Bahillo y en la provincia Sergio Urribarri era gobernador. Visto de esta manera, pareciera que no pasó tanto tiempo. Pero en materia judicial es un tiempo prudente como para que una causa sea archivada.

Eran momentos de otro sistema de justicia. Hasta el 2013, lo que sucedía en materia investigativa en la ciudad dependía de la figura del Juez de Instrucción. Parece algo menor, pero es sumamente importante para contar esta historia, porque era una sola persona la encargada de llevar adelante el proceso que posteriormente se dirimía en un juicio en Gualeguay.

Esa misma persona tenía la doble función de garantizar los derechos de un acusado y de acusarlo. Como lo dijo años después uno de los protagonistas de esta historia, Eduardo García Jurado, el Juez de Instrucción tenía un papel esquizofrénico bajo este sistema. Por fortuna todo eso cambió con el advenimiento del actual sistema, donde esa figura ya no existe y son los fiscales los responsables de la investigación de un caso que luego se define en la ciudad y el Juez de Garantías es quien brinda las garantías de un proceso sujeto a derecho.

El hecho y la tragedia El domingo 12 de junio de 2011, todavía no había comenzado el partido entre Unión del Suburbio y Sarmiento cuando una pelea en las inmediaciones de la cancha cambió para siempre la historia de Gualeguaychú, porque la muerte de Marcelo Daniel Melgar fue la primera y única muerte hasta el momento que se origina en la previa de un evento deportivo.

Este hombre tenía 42 años. Era simpatizante de Sarmiento, vivía en el barrio San Vicente de Paul, en Avellaneda y Martínez Paiva, y aquella tarde había ido a ver jugar a su equipo. El encuentro, correspondiente a la categoría Ascenso de la Liga Departamental de Fútbol, había sido considerado de alto riesgo y por eso la Policía había dispuesto un operativo especial. Ocho efectivos fueron destinados al lugar: cuatro dentro de la cancha y otros cuatro en las inmediaciones. Pero el despliegue no alcanzó para evitar lo que ocurrió.

Melgar llegó junto a un grupo de hinchas de Sarmiento. Algunas publicaciones de aquellos días hablan de unos 70 hinchas. La cancha de Unión tenía dos accesos y, según los testimonios recogidos posteriormente, el visitante debía ingresar por el sector de Maipú y Etchevehere. Melgar, sin embargo, habría terminado en la vieja entrada ubicada en Ayacucho y Etchevehere, un sector destinado a la parcialidad local. Allí, en medio de una situación que desde el primer momento estuvo atravesada por versiones contradictorias, ocurrió la agresión.

Al principio se habló de una piedra. Fue la primera versión que circuló después del ataque: que Melgar había recibido un objeto contundente en la cabeza durante un enfrentamiento entre hinchas de Unión y Sarmiento. Pero esa hipótesis fue rápidamente descartada por la investigación judicial. El juez de Instrucción N° 1, Eduardo García Jurado, informó que la lesión había sido provocada por un golpe de puño en el ojo izquierdo. El impacto habría hecho caer violentamente al hombre, que al desplomarse sufrió las lesiones que terminarían siendo mortales.

La diferencia no era menor. Porque el caso no parecía haber comenzado con una golpiza planificada ni con un ataque ocurrido en un lugar aislado. Todo había sucedido en cuestión de segundos, entre personas que se movían alrededor de una cancha, en la previa de un partido considerado de riesgo y en medio de un tumulto que, según el propio Juez, terminó dificultando la identificación del agresor.

Melgar cayó al suelo y esa caída fue, finalmente, la que convirtió una tarde de fútbol en una tragedia. El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico, fractura de base de cráneo y fractura de columna cervical. Además, presentaba un hematoma subdural que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Fue trasladado al Hospital Centenario, aunque no por una ambulancia. Los llamados para solicitar asistencia habían sido realizados, pero la unidad demoraba y finalmente fueron otros hinchas quienes lo llevaron en una camioneta particular.

La escena de aquella tarde quedó marcada por esa demora. Mientras el partido se acercaba a su comienzo, mientras en los alrededores se concentraban hinchas de ambos equipos y mientras la Policía intentaba contener el movimiento de las hinchadas, un hombre de 42 años era llevado de urgencia al hospital después de haber recibido un golpe que, en apariencia, podía haber sido apenas uno más entre los tantos episodios de violencia que suelen quedar perdidos en una multitud.

En este caso, no fue lo que terminó pasando. Melgar ingresó inconsciente y en estado de ebriedad, según informó posteriormente el Juez. Fue derivado rápidamente a Terapia Intensiva. Durante la noche debió ser operado por el hematoma que tenía en el cerebro. Pero la gravedad de las lesiones había dejado poco margen para la esperanza. A las tres de la madrugada se produjo la muerte cerebral. Finalmente, por la tarde del lunes 13 de junio, Melgar murió.

La noticia recorrió Gualeguaychú mientras todavía estaban frescas las imágenes de la tarde anterior. El fútbol, que debía haber sido el motivo de la reunión, había quedado convertido en el escenario de una muerte. Y entonces comenzó otra historia. La del expediente. Un golpe entre cientos de personas. No había las cámaras de seguridad con las que los investigadores pueden encontrar en la actualidad. Todo era a la vieja usanza: preguntando y preguntando. Alguien podía haber visto algo.

La causa quedó caratulada como “lesiones seguidas de muerte” y fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción de García Jurado. La Policía había intervenido durante los incidentes, pero el tumulto había sido demasiado grande para determinar en ese momento quién había golpeado a Melgar. La investigación, sin embargo, no se detuvo.

Durante los primeros días aparecieron testigos. Algunos mantuvieron sus declaraciones; otro modificó lo que había dicho inicialmente. El juez dispuso nuevas testimoniales y una rueda de reconocimiento en la que participaron cinco personas. Y, apenas unos días después de la muerte, la causa tuvo por primera vez un nombre señalado.

Un joven de 26 años, domiciliado en el barrio Zabalet y simpatizante de Unión del Suburbio, fue detenido e indagado como sospechoso de haber agredido a Melgar. El 16 de junio compareció ante el juez. Respondió las preguntas y negó haber golpeado al hincha. En aquel momento todavía persistía una de las primeras versiones del episodio: que Melgar había sido atacado con una piedra. El joven negó precisamente esa acusación. Mientras tanto, la Justicia continuaba tomando declaraciones.

Durante algunos días, la causa pareció acercarse a una respuesta. Había un detenido. Había testigos. Había una víctima mortal. Y había una escena concreta: la esquina de Ayacucho y Etchevehere, frente a la cancha de Unión del Suburbio.

Pero la investigación comenzó a encontrarse con el problema que había estado presente desde el primer minuto: reconstruir con certeza qué había ocurrido en medio de aquella multitud. La identificación del agresor no resultaba sencilla y el detenido terminó siendo liberado.

A fines de junio, el juez García Jurado dictó la falta de mérito para el joven de 26 años que había sido detenido por la agresión. La resolución no significaba que el caso estuviera cerrado ni que el hecho dejara de investigarse, sino que, en ese momento, no existían elementos suficientes y precisos para sostener un procesamiento.

El laberinto del expediente y la falta de culpablesEl expediente volvió a abrirse hacia un terreno mucho más incierto. Ya no había una persona privada de su libertad a la espera de una definición. Tampoco había una identificación judicialmente consolidada del responsable. Había preguntas que la Justicia intentó responderlas y una de esas respuestas fue reconstruir el hecho.

El juez ordenó volver al escenario de aquella tarde para intentar establecer, con la presencia de testigos y del propio joven que había sido imputado, cómo se había producido la agresión.

La reconstrucción se realizó el 5 de julio de 2011, frente a la cancha de Unión del Suburbio. Durante casi dos horas, entre las 16 y las 18, la esquina de Etchevehere y Ayacucho volvió a convertirse en una escena del crimen. Allí estuvieron el magistrado, la secretaria del juzgado, funcionarios judiciales, personal policial, testigos y el joven que había sido detenido en los primeros días de la investigación.

Alguien hizo de Melgar. Otros representaron a quienes habían estado aquella tarde. Se repitió la escena y los movimientos fueron señalados. Las posiciones fueron reconstruidas. Y hubo un detalle al que se prestó especial atención: dónde estaban los policías cuando ocurrió el incidente y cómo se encontraban distribuidos los integrantes de las dos hinchadas.

Allí, en ese lugar, el joven que había sido imputado volvió a sostener que no había sido quien golpeó a Melgar y provocó su caída. Después de aquella reconstrucción, el expediente debía seguir su curso, pero el tiempo fue pasando y otros crímenes en Gualeguaychú fueron opacando a lo sucedido con Melgar.

El 1 de julio de 2011, el joven Leonardo Herrera fue encontrado muerto con siete puñaladas, atado de pies y manos y cubierto con una manta en un complejo de cabañas en el Camino de la Costa. Toda la atención periodística y los recursos policiales se volcaron a determinar quiénes habían sido los autores de tremendo crimen. Y al igual que lo sucedido con Melgar, también es un caso impune.

La muerte de Melgar había provocado indignación y bronca entre sus familiares, allegados y simpatizantes de Sarmiento. El reclamo era directo: que quien o quienes hubieran participado de la agresión pagaran por lo que habían hecho.

La familia tuvo incluso que atravesar una escena dolorosa después de la muerte. El cuerpo fue retirado de la morgue y llevado al velatorio dentro de un ataúd que ya estaba cerrado. Sus familiares reclamaron poder verlo. La explicación que circuló fue que las lesiones habían provocado una desfiguración importante.

Era el final brutal de una historia que había comenzado con algo aparentemente cotidiano: un hombre que iba a ver jugar a su equipo. Quince años después, aquella muerte puede parecer lejana. Pero no lo es, porque esa muerte nunca fue esclarecida.

Hay noches que parecen destinadas a terminar como comenzaron: con un buen momento entre amigos, una comida compartida, algunas cervezas, conversaciones que se estiran más de la cuenta y la promesa de volver a encontrarse otro día. Sin embargo, la madrugada del 3 de abril de 2019 no terminó así.

Con la salida del sol, justo en la entrada del complejo Campos del Río, sobre la Calle 2, a pocos metros del Camino de la Costa y del río Gualeguaychú, fue hallado tendido el cuerpo de Dionel Benítez, un misionero de 51 años que desde hacía varios años trabajaba como sereno del lugar.

La víctima tenía el rostro desfigurado, múltiples traumatismos, fracturas y piezas dentarias perdidas. Lo que unas horas antes había sido una reunión entre conocidos se había transformado en una pelea brutal y, finalmente, en una muerte.

Durante las primeras horas, la escena parecía contar una historia mucho más sencilla y mucho más oscura: un hombre había sido atacado hasta matarlo. Pero la investigación descubriría que detrás de aquella imagen había otra historia. Una historia de insultos, amenazas, un cuchillo, forcejeos, miedo, golpes y una defensa que, para la Justicia, existió realmente, aunque terminó sobrepasando los límites permitidos.

Y esa diferencia, pequeña en las palabras, pero enorme en sus consecuencias, sería la que separaría una posible condena a 12 años de cárcel de una sentencia de cuatro años de prisión.

Un brindis pasado de copas

La noche del martes 2 de abril había comenzado sin ningún indicio de tragedia. Dionel Benítez recibió en el complejo a Rubén Da Silva, otro misionero de 28 años que se había radicado en la zona. También estaba Marcelo Daniel Morel, un vecino que compartía cierta confianza con ambos.

Los tres comieron un asado y tomaron cerveza. La reunión se extendió durante varias horas, en una escena que, vista después, adquirió la apariencia inquietante de una última fotografía: tres hombres compartiendo una mesa, sin saber que antes de que terminara la noche uno de ellos estaría muerto.

Morel se retiró durante los primeros minutos del 3 de abril. Había quedado atrás la comida y la conversación, y en el complejo solamente permanecieron Benítez y Da Silva. Y ese fue el punto ciego de la historia.

No hubo testigos directos de lo que ocurrió después. No existió una persona que pudiera reconstruir, minuto a minuto, qué pasó entre ambos. Lo que quedó fue una escena, un cadáver, rastros materiales y, tiempo después, dos versiones enfrentadas sobre el mismo episodio.

La primera versión surgió de la investigación policial. La segunda, mucho más tarde, de boca del propio acusado.

El cuerpo en la tranquera

A la mañana siguiente, un vecino que había estado con Benítez durante la noche volvió a pasar por las inmediaciones del complejo. Llevaba a su hija en moto hacia la casa de su expareja cuando vio algo extraño en la entrada. Había un cuerpo tirado.

Al principio no sabía que era Benítez. Se acercó, comprendió la gravedad de la situación y dio aviso a la Policía. A partir de ese momento, el lugar comenzó a llenarse de investigadores, uniformados y peritos. Trabajaron efectivos de la División Criminalística, Homicidios, la Comisaría Quinta y el Comando Radioeléctrico.

La tranquera del complejo se convirtió entonces en una escena del crimen. Benítez estaba muerto y su rostro mostraba una violencia que inicialmente llevó a los investigadores a pensar que habían utilizado algún elemento externo para golpearlo. Por el estado del cadáver se llegó a sospechar que el agresor podía haber empleado un palo, una madera o incluso un fierro. Todo parecía indicar que había sido víctima de una paliza deliberada y sólo faltaba establecer el motivo, el móvil.

Aunque estaba claro que no se trataba de un robo. En la cabaña no había signos de violencia ni faltantes que permitieran sostener que alguien había ingresado para llevarse objetos de valor. La investigación se concentró entonces en la reunión de la noche anterior y, especialmente, en la persona que había permanecido con Benítez después de que el tercer integrante del encuentro se retirara.

El nombre apareció rápidamente: Rubén Da Silva. Vivía en la zona y la Policía pudo localizarlo y detenerlo rápidamente. Este misionero fue trasladado a la Jefatura Departamental y ya en las primeras horas de la investigación quedó imputado por el homicidio. Cuando fue convocado a declarar ante la fiscal Martina Cedrés, por recomendación del defensor público Martín Clapier, decidió guardar silencio. Mientras tanto, la autopsia comenzaba a cambiar la primera lectura de la escena.

No había palo, había puños El médico forense Marcelo Benetti examinó el cuerpo y descartó una de las primeras hipótesis. No había un palo ni un fierro que explicara las lesiones. Benítez presentaba una profunda desfiguración del rostro, hematomas, múltiples heridas, fracturas y pérdida de piezas dentarias. El análisis forense determinó que las lesiones podían haber sido provocadas por un elemento contundente y romo, como por ejemplo el puño. La conclusión agregó otro elemento que adquiriría importancia: Da Silva presentaba hinchazón y lesiones en su mano derecha.

La causa de muerte también tenía una particularidad. El informe estableció una asfixia traumática. No se trataba de que Benítez hubiera sido estrangulado. Las lesiones producidas por los golpes habían provocado la pérdida de reflejos, un estado de coma y un edema que terminó generando la obstrucción de la vía aérea.

La cuestión que quedaba por resolver era otra: ¿cómo había comenzado esa pelea? Durante meses, la respuesta quedó encerrada entre la escena del crimen y el silencio de Da Silva. Pero eso terminó en el juicio, cuando el imputado contó su verdad, lo cual había preferido callar durante la etapa investigativa.

Fue recién en el debate oral, cuando ya se encontraba frente a los jueces y el proceso había llegado a su instancia decisiva, cuando decidió ejercer su derecho de defensa y relató lo que, según él, había sucedido aquella madrugada. Sus palabras modificaron el eje de la historia y el transcurso del juicio.

“Eran las 00.30, casi la 1 de la madrugada, cuando me pregunta: ‘¿Cuánto salió la comida así te doy mi parte?’. ‘No dejá, vos ya pagaste como tres veces, hoy pago yo, quedate tranquilo’, le contesté y me respondió: ‘Tenés plata y te hacés el agrandado, negro de mierda’. Lo miré y me reí pensando que me estaba cargando, pero me dice: ‘De qué te reís, encima te reís, te burlás. Te cago a trompadas y no te cobro nada’”, relató Da Silva sobre el inicio del conflicto que culminó con Benítez muerto.

“Me insulta y en eso agarra el cuchillo que estaba en la mesa y me empieza a amenazar: ‘Movete que te degollo acá mismo, te mato ya mismo’. Yo le digo que se tranquilice. Lo miro y me entró mucho miedo. Le digo: ‘Sabes qué, yo me voy y otro día hablamos’, pero cuando me levanto de la silla y salgo, él me ataca con el cuchillo”. Luego de eso fueron empujándose hasta la tranquera del frente del complejo y se tranzan en una lucha que termina con la muerte del hombre de 51 años a golpes de puño.

La oscuridad de la nocheEn su declaración ante el Tribunal, Da Silva reconstruyó aquella madrugada como una sucesión de retrocesos y forcejeos. Contó que logró sacarse de encima a Benítez después de que este intentara derribarlo. Dijo que hubo empujones y golpes menores y que, en determinado momento, recibió un golpe en el pecho, e incluso fue sujetado por el sereno.

Después vino otro forcejeo y finalmente llegaron hasta la tranquera. Era una zona oscura del predio y allí volvieron a enfrentarse. Da Silva reconoció que golpeó a Benítez, pero la diferencia entre su versión y la acusación fiscal estaba en el significado de esos golpes.

Para la Fiscalía, el resultado final demostraba un homicidio y no había elementos suficientes para acreditar que hubiera existido un ataque previo de la magnitud que el acusado relataba. Durante los alegatos, la fiscal Martina Cedrés sostuvo esa hipótesis y pidió una pena de 12 años de prisión.

En cambio, para la defensa, los golpes habían sido la respuesta a una agresión ilegítima y para los jueces, había suficientes elementos para considerar que esa agresión había existido, pero no para justificar todo lo que ocurrió después. Porque tras golpear a Benítez, Da Silva se retiró, fue hasta su casa, tomó una cerveza, escuchó música y se acostó a dormir. Mientras tanto, Benítez agonizaba en la puerta del complejo de cabañas.

La investigación estableció que las lesiones se habían producido entre aproximadamente las 0.30 y las 7.55 del 3 de abril, y que la muerte se produjo posteriormente, como consecuencia de la gravedad de las heridas. Entre ellas se encontraba una fractura expuesta del tabique nasal.

El juicio no tenía una cámara que mostrara la pelea. Tampoco había un testigo que pudiera decir quién comenzó el enfrentamiento. La Fiscalía debía demostrar la culpabilidad de Da Silva. Él, en cambio, no tenía la obligación de demostrar su inocencia. Y ese principio ocupó un lugar central en el razonamiento del Tribunal.

En el adelanto de veredicto, los jueces Arturo Dumón, Mauricio Derudi y Alicia Vivian señalaron que la hipótesis acusatoria no lograba explicar adecuadamente los elementos objetivos incorporados al debate. Para ellos, la Fiscalía había mantenido su posición acusatoria sin valorar de manera suficiente distintos indicios, documentos, elementos gráficos y testimonios que, según entendieron, daban sustento a buena parte de la versión de Da Silva.

La escena del crimen volvió a adquirir entonces una importancia decisiva. El cuerpo de Benítez no era solamente la evidencia de una muerte. También era parte de la reconstrucción de lo que había ocurrido. Para el Tribunal, el escenario primario contenía información que permitía vincular determinados elementos materiales con la versión entregada por el acusado. Y allí comenzó a tomar forma la tercera posibilidad que definiría el juicio: no una absolución, pero tampoco el homicidio simple tal como lo había planteado la acusación.

Los jueces consideraron acreditado que Da Silva había sido agredido de manera ilegítima. Según el veredicto, Benítez lo había atacado verbal y físicamente, y había utilizado un cuchillo. También consideraron que Da Silva había logrado desarmarlo durante su retirada y que, después de eso, Benítez continuó con las agresiones físicas.

La Justicia encontró en la prueba elementos suficientes para otorgar a ese relato un grado de “verosimilitud” que permitía reconstruir el episodio de esa manera. Para ellos, Da Silva había actuado en su defensa. ¿Pero hasta dónde puede ser legítima?

La gravedad de las lesiones sufridas por Benítez demostraba que la respuesta había ido demasiado lejos. La cantidad y la intensidad de los golpes habían producido una golpiza de tal grado que superaba los límites de la defensa legítima. Según la propia reconstrucción de Da Silva, en determinado momento Benítez ya había caído al suelo luego del forcejeo y su capacidad ofensiva se había reducido. Y aun así los golpes continuaron.

Ese fue el límite que el Tribunal consideró sobrepasado. La Justicia no desconoció el miedo, la perturbación y la situación de violencia en la que se encontraba Da Silva. Tampoco desconoció que había existido una agresión previa. Pero se entendió que una respuesta defensiva puede perder su carácter justificante cuando deja de guardar relación con la amenaza que pretende repeler. Y la muerte de Benítez era la evidencia más concreta de ese exceso.

La condena a prisión efectivaEl jueves 5 de septiembre de 2019, cinco meses después de aquella madrugada, en los Tribunales de Gualeguaychú se puso punto final al juicio. Fue Arturo Dumón quien leyó el adelanto del veredicto: Rubén Da Silva fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.

No por el homicidio simple que había sostenido la Fiscalía, con un pedido de 12 años, sino por homicidio simple cometido en exceso de legítima defensa. La diferencia no era una cuestión meramente técnica: Benítez había agredido, Da Silva se había defendido, pero esa defensa había continuado más allá de lo necesario.

El Tribunal también recurrió al principio jurídico de in dubio pro reo: ante la duda, la solución debía favorecer al acusado. Los magistrados entendieron que, aun cuando no pudiera alcanzarse certeza absoluta sobre cada uno de los elementos de la reconstrucción, la prueba disponible impedía sostener la hipótesis acusatoria con el grado de certeza necesario para una condena por homicidio simple sin esa atenuación.

Así terminó aquel juicio. Con una condena de cuatro años y una figura que, por sí sola, parecía resumir la contradicción de toda la causa: defenderse no había sido el delito; el delito había estado en no detenerse a tiempo.

Un tiempo después, en 2021, en plena pandemia, el caso fue llevado a la Cámara de Casación Penal en Concordia y los magistrados que intervinieron ante el planteo hecho por la Fiscalía, dispusieron rechazar el recurso y confirmar el fallo de primera instancia.

De esta forma, Da Silva comenzó a cumplir la sentencia en la Unidad Penal 9, pero tras el tiempo que permaneció bajo prisión preventiva, que se contabiliza dentro de la pena, salió en libertad condicional el 22 de abril de 2022.

Una persecución desde el aire, una camioneta cargada con unos mil kilos de carne, una fuga desesperada a pie, un operativo cerrojo que involucró a varias dependencias policiales y una segunda detención en medio del campo. Así comenzó uno de los casos de abigeato más llamativos de los últimos años en Gualeguaychú.

Hay persecuciones policiales que quedan grabadas por la velocidad de los hechos. Otras, por la cantidad de efectivos involucrados. Algunas, por la magnitud del delito. Y hay otras que parecen haber sido escritas para una película. La de aquel 12 de septiembre de 2024 tuvo todos esos ingredientes.

Un productor ganadero descubrió que habían entrado a su campo, habían faenado animales y se habían llevado otros. Pero en lugar de limitarse a dar aviso a la Policía y esperar que comenzara la investigación, tomó una decisión tan inesperada como determinante para el desenlace: subió a su helicóptero y salió a buscar a los ladrones.

Desde el aire encontró el rastro. Abajo, una camioneta Toyota Hilux blanca escapaba cargada con carne en la caja. Una motocicleta tomaba otra dirección. Pero el piloto del helicóptero comenzó a seguir a la camioneta y, desde arriba, pudo advertir que el vehículo avanzaba pesadamente.

Para ese momento, la Policía ya estaba alertada. Lo que siguió fue una persecución aérea y terrestre que atravesó caminos y rutas de la zona, un operativo cerrojo hacia distintos puntos del departamento y finalmente la captura de un hombre que, cuando comprendió que ya no tenía salida, abandonó la camioneta y trató de escapar corriendo por el monte. No llegó demasiado lejos.

En la caja de la Hilux había 36 cortes de carne vacuna. El peso rondaba la tonelada. También había dinero en efectivo, herramientas para el desposte, bolsas y otros elementos. El detenido era José Alberto Campodónico, de 31 años.

La historia, sin embargo, recién empezaba.

Minutos más tarde, el procedimiento policial regresó hacia el campo de donde habían sido sustraídos los animales. Allí apareció un segundo nombre: Juan Francisco “Carao” Cardozo, de 54 años.

Tiempo después, los dos terminarían sentados en el banquillo de los acusados.

La espectacularidad de un caso emblemático

Era 12 de septiembre de 2024. Los cuatreros eligieron un campo situado sobre la Ruta 12 para matar y faenar allí mismo la hacienda de un importante productor, pero lo que nunca creyeron es que iban a ser descubiertos en pleno acto y mucho menos que se los iba a perseguir desde el aire.

Al advertir que habían ingresado a su campo y que varios animales habían sido faenados, el hacendado utilizó su helicóptero personal para seguir a los delincuentes. La información que comenzó a transmitirse desde el cielo puso en movimiento a la Policía en tierra. Las comisarías de Ceibas, Médanos y Villa Paranacito desplegaron móviles y se organizó un operativo cerrojo sobre un amplio tramo de la Ruta 12. Mientras el helicóptero seguía la marcha de la camioneta, los policías intentaban cerrarle el paso desde abajo.

La persecución terminó cerca del kilómetro 181. La camioneta quedó abandonada sobre la banquina y su conductor salió corriendo. Los efectivos fueron detrás de él hasta un campo, donde el hombre ingresó en una zona de monte tupido. Finalmente fue reducido Campodónico.

Pero el operativo todavía no había terminado. La investigación rural siguió el rastro hasta otro punto de la zona y así fue como atraparon a Cardozo. Allí, los policías encontraron más carne y un animal que había sido faenado, todavía permanecía colgado de un árbol, sin despostar. “Carao” estaba oculto en una siembra.

Mucho después, cuando el ruido de los motores y el movimiento de los patrulleros ya habían quedado atrás, la historia continuaría en otro escenario: el de las audiencias, los alegatos, las condenas y los recursos judiciales.

Campodónico y Cardozo fueron llevados ante la Justicia y fueron imputados por la fiscal Martina Cedrés por abigeato triplemente agravado. La funcionaria judicial sostuvo que ambos habían participado del robo de los animales y de la posterior faena. La defensa, en cambio, negó esa participación y cuestionó distintos aspectos de la investigación.

Campodónico sostuvo que había concurrido a la zona con la intención de comprar carne a un precio menor y negó haber participado del robo de los animales. La defensa también cuestionó que se hubiera podido establecer de manera suficiente que los animales encontrados fueran los que habían sido denunciados como sustraídos. Cardozo también rechazó la acusación y negó haber participado en el hecho.

La Justicia debía entonces pasar de la espectacularidad de aquella persecución a una tarea mucho más minuciosa: determinar qué pruebas existían, qué podían demostrar y cuál había sido concretamente la participación de cada uno.

La causa avanzó. Pero había algo más que iba a pesar con fuerza en el futuro de ambos acusados. Los dos tenían condenas anteriores y las dos eran recientes.

La historia de Cardozo había empezado un año antes. Este hombre de 54 años no era un desconocido para la Justicia cuando fue detenido por el abigeato. En julio de 2023 había sido detenido en flagrancia por un robo ocurrido en el establecimiento rural “El Nazareno”. Aquella causa avanzó y el 19 de diciembre de 2023 se realizó el juicio. Cardozo recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por robo agravado por haber sido cometido en despoblado, en grado de tentativa, pero como la pena no superaba el máximo que permitía la excarcelación, recuperó la libertad bajo determinadas medidas y reglas de conducta.

Entre esas obligaciones estaba una que adquiriría enorme importancia menos de un año después: no volver a delinquir. Cardozo volvió a quedar involucrado en una causa penal en septiembre de 2024, y esta vez la acusación era mucho más grave, porque no se trataba de un intento de robo en un establecimiento rural, sino que la Fiscalía lo acusaba de haber participado en un millonario robo de ganado.

El otro, un poco más “pesado”

La historia de Campodónico tenía una coincidencia todavía más precisa. El 18 de diciembre de 2023, exactamente un día antes de que Cardozo recibiera su condena por el robo en “El Nazareno”, José Alberto Campodónico había sido condenado en Campana, a un año y tres meses de prisión de ejecución condicional por un hecho vinculado con la portación de un arma y amenazas con arma.

Por eso, cuando el helicóptero apareció sobre los campos en septiembre de 2024, ninguno de los dos hombres tenía una historia judicial en blanco. Ambos tenían condenas condicionales vigentes. Ambos habían recibido el beneficio de permanecer en libertad bajo determinadas condiciones. Y ambos volvieron a quedar involucrados en una causa penal antes de que aquellas condenas anteriores hubieran quedado cumplidas.

Después de la detención, Cedrés solicitó la prisión preventiva para los dos acusados y en una primera instancia se dispuso una medida por 35 días, pero luego la defensa apeló y las condiciones fueron modificadas. Cardozo quedó bajo arresto domiciliario, mientras que Campodónico continuó privado de su libertad.

La diferencia no era menor. En el caso de Campodónico pesaba especialmente la conducta que había tenido durante el procedimiento de detención: había abandonado la camioneta, había corrido por un campo, había ingresado en una zona de monte, había desobedecido la voz de alto y había intentado escapar hasta que finalmente fue reducido.

Campodónico quedó alojado en la Unidad Penal 9 y Cardozo continuó el proceso bajo arresto domiciliario. Y así llegaron al juicio.

La causa comenzó a adquirir una dimensión mayor cuando fue elevada a juicio. La Fiscalía sostenía que el robo había sido cometido por tres personas, aunque una de ellas no había sido identificada, y mantuvo la acusación por abigeato triplemente agravado.

Uno de los agravantes estaba relacionado con la cantidad de personas que, según la acusación, habían intervenido en el hecho. Otro tenía que ver específicamente con Campodónico y su vinculación con la actividad ganadera y comercial.

El debate oral permitió reconstruir aquella jornada del 12 de septiembre. El productor damnificado declaró y relató cómo descubrió el robo y cómo comenzó a seguir desde el aire a quienes escapaban con la carne. La escena volvió a aparecer en el juicio con una fuerza particular porque no se trataba de una persecución contada de oídas: quien había estado en el helicóptero era el propio damnificado.

La defensa, por su parte, intentó desmontar distintos aspectos de la acusación. Entre otras cuestiones, cuestionó que pudiera establecerse con certeza que los animales secuestrados correspondieran a los que habían sido denunciados como robados. Se plantearon diferencias en cuanto al pelaje, la raza, la cantidad de animales y la identificación mediante marcas y caravanas.

También se sostuvo que no había elementos suficientes para acreditar la participación de los dos acusados en el robo. La Fiscalía sostuvo lo contrario.

Después de dos jornadas de testimoniales llegaron los alegatos.

Las condenas

El 12 de diciembre de 2024, la fiscal Martina Cedrés formuló su pedido de pena. Solicitó ocho años de prisión para cada uno de los acusados por el abigeato triplemente agravado. Pero el pedido tenía una segunda parte que era fundamental. Cedrés solicitó que las nuevas penas fueran unificadas con las condenas anteriores que ambos tenían vigentes.

La consecuencia era concreta: si Campodónico y Cardozo eran condenados, no podrían continuar beneficiándose de las penas condicionales anteriores. La nueva condena debía convertirse en una pena efectiva mediante la unificación.

Para entonces, Campodónico ya estaba en la UP9 y Cardozo cumplía arresto domiciliario. La Fiscalía pidió que ambos permanecieran detenidos en la Unidad Penal 9. En tanto, la defensa volvió a pedir la absolución y sostuvo que no se había probado la acusación.

El juez que actuó fue Mariano Caprarulo, que estuvo un corto periodo de tiempo en Gualeguaychú. Su veredicto llegó el 20 de diciembre. Los encontró responsables por abigeato triplemente agravado y si bien las penas no fueron los ocho años solicitadas por la Fiscal, Campodónico recibió una pena unificada de seis años de prisión y a Cardozo se le dictó siete años y siete meses.

La diferencia se explicó por las condenas anteriores que cada uno tenía. Campodónico debía responder también por aquella pena de un año y tres meses dictada en Campana. Cardozo, por los tres años de prisión condicional impuestos en Entre Ríos por el robo agravado en despoblado en grado de tentativa.

Las condenas anteriores dejaron de ser una cuestión del pasado. Pasaron a formar parte de la nueva pena. Y lo que hasta entonces habían sido condenas condicionales se transformó, con la nueva sentencia, en prisión efectiva. La historia que había empezado con un helicóptero persiguiendo una camioneta terminaba con dos hombres condenados a pasar varios años tras las rejas. Desde entonces, ambos cumplen sus penas en la cárcel de Gualeguaychú.

 La Unidad Penal 2, la cárcel de máxima seguridad de Entre Ríos, fue inaugurada a finales del siglo XIX y, durante sus más de 100 años de actividad, fue protagonista de un sinfín de historias que la vincularon directamente con la cotidianeidad de la ciudad. A nadie, mientras estuvo activa, le pasó por el costado lo que allí ocurría, y mucho menos cuando algo sucedía dentro de sus muros.

Pocas semanas antes del motín de 1987, la Argentina había vuelto a las urnas. Se habían realizado elecciones legislativas en cada rincón del país y el peronismo había ganado en 20 de las 23 provincias. La democracia, recuperada tras los años oscuros de la última dictadura militar, parecía peligrar a cada instante. El gobierno de Raúl Alfonsín atravesaba una grave crisis política y económica. En Entre Ríos había sido electo Jorge Busti y, en Gualeguaychú, había festejado Manuel Alarcón.

Los diarios de la época hacían referencia a la pronta inauguración del Casino Gualeguaychú, que iba a funcionar en la planta baja y el primer piso del Hotel Embajador, ubicado en 3 de Febrero y San Martín. El nuevo casino contaría con 143 empleados y, para el día de la apertura, estaba prevista la llegada a la ciudad del gobernador Sergio Montiel.

Pero fue lo sucedido durante la noche del martes 29 de septiembre de 1987 lo que cautivó la atención de toda la ciudad. Los disparos de armas de fuego retumbaron durante aquella noche y se escucharon en diferentes barrios. Lo que ocurría dentro de la cárcel de Gualeguaychú no pasó desapercibido para nadie.

“Horas de zozobra”Por aquellos años, la realidad de la UP2 era muy distinta de la que terminó teniendo al momento de su cierre, en la segunda década del siglo XXI. El número de internos estaba muy por debajo de la capacidad de alojamiento del penal, por lo que es en este punto donde se descarta la primera hipótesis sobre el origen del motín.

Para 1987, la cárcel tenía 63 internos, pero su capacidad de alojamiento era mucho mayor. Según describió el director de Servicios Penitenciarios de Entre Ríos, Nicolás Haddad, después de aquella fatídica noche, la Unidad Penal de Gualeguaychú podía albergar a 360 personas.

“Horas de zozobra se vivían anoche tras el amotinamiento de reclusos en la UP2 ‘General Francisco Ramírez’, donde versiones extraoficiales señalaban que celadores del penal habían sido tomados como rehenes”, escribió diario El Argentino en su edición del miércoles 30 de septiembre.

Es que todo ocurrió durante las últimas horas del martes, momentos antes del cierre de redacción de los dos diarios locales. No había demasiada información precisa en esos primeros minutos; sólo se escuchaban las detonaciones que repercutían en distintos puntos de la ciudad.

Los que disparaban eran los guardias de la cárcel, que efectuaron disparos al aire para amedrentar a los internos que pretendían tomar el penal. La Policía tomó conocimiento rápidamente de lo que ocurría y desplegó móviles en los cuatro puntos cardinales de la prisión para evitar cualquier intento de fuga.

En un primer momento trascendió que los amotinados estaban armados con armas de fuego, pero la propia prensa puso esa versión en duda, ya que resultaba difícil de sostener teniendo en cuenta que ni siquiera los propios ‘celadores’ estaban armados.

Para las 22.45, el humo de las fogatas se había apoderado de la noche de Gualeguaychú. Adentro se quemaba todo lo que podía ser consumido por el fuego. Colchones, muebles y todo tipo de material combustible era arrojado a las diferentes hogueras que se habían encendido en las puertas de acceso a los dos grandes patios principales. Hubo una tercera fogata en el techo y en una torre, que también era alimentada con mantas, colchones y camas que se sacaban de las celdas. Incluso utilizaron kerosene que habían sacado de la cantina, donde habitualmente se vendía para los calentadores y estufas.

Pero lo más llamativo de todo era que no había reclamos. Los presos amotinados no exigían nada o, al menos, no se lo hacían saber a las autoridades. Todos los que tenían que estar se encontraban en la puerta de la cárcel, dispuestos a escuchar las demandas de los internos. Sin embargo, no había ningún pedido.

Las horas pasaron y, poco después de las 2 de la madrugada del miércoles 30 de septiembre, la situación comenzó a tranquilizarse. La Policía ingresó mientras los presos mostraban su rendición y, en el segundo piso de la cárcel, encontró a la única víctima fatal.

Claudio Alberto Lloret, de 25 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue hallado con cinco impactos de pequeños plomos de Itaka en el pecho y trasladado al Hospital Centenario, desde donde se informó su muerte. “Falleció a las 3 de la madrugada del miércoles, cuando era asistido en el hospital”, señala la crónica publicada por El Día.

Quien siguió de cerca todo lo sucedido aquella noche y fue el primero en ingresar al penal, una vez que la Policía controló la situación, fue el juez de Instrucción Celestino Toller. Asistido por el secretario Ramón Juárez y acompañado por la agente fiscal Graciela Pross Laporte, además del director de la cárcel, Roberto Cabrera, recorrieron cada rincón del establecimiento y analizaron el lugar donde había sido asesinado Lloret, además de los distintos sectores donde se registraron impactos de bala.

Con la luz del díaCon el correr de las horas se fueron conociendo algunos pormenores sobre lo sucedido durante aquella noche. “Un sobrecogedor e inenarrable panorama ofrecía el interior de los dos penales de la unidad carcelaria local, luego de la virtual batalla campal librada durante el amotinamiento de reclusos en la víspera”, describió El Argentino en su edición del jueves 1 de octubre.

El 90 por ciento del edificio había quedado inhabitable y, sobre un total de 130 celdas, tan sólo 29 podrían volver a ser utilizadas luego de algunas reparaciones. Se detalló que se habían producido desprendimientos de mampostería como consecuencia del calor generado por la quema de colchones. El mástil que existía en el patio del Penal 1 había sido destrozado y arrojado sobre la hoguera.

Incluso, la heladera de la cocina, después de arrancarle el equipo de refrigeración y la puerta, fue incendiada en el patio. “Todo es desolación. Todo destrucción”.

Los trascendidos de los que se hizo eco el periodismo de aquellos días señalaban a 20 reclusos como los cabecillas del motín y sostenían que el resto de los presos había debido sumarse por “obligación”, para evitar recriminaciones o algo peor. En definitiva, esa fue la versión que las autoridades terminaron aceptando como verdadera, ya que posteriormente esos 20 internos fueron trasladados a otras cárceles.

La primera autopsia realizada a Lloret determinó que uno de los impactos de plomo de la Itaka le había quebrado una costilla, perforado la pleura y provocado un neumotórax, por lo que terminó desangrándose. “De haber sido asistido de inmediato se le pudo haber salvado la vida, pero dadas las circunstancias que en esos momentos se vivían, sus compañeros no lo advirtieron. Hubo otros dos presos más que resultaron con heridas”.

El intento de fugaEl país atravesaba momentos de mucha tensión y malestar por la situación económica. Ese contexto no dejaba afuera a la Policía, que, aprovechando el destacado rol que había tenido en el control del motín, inició un autoacuartelamiento en protesta por los bajos salarios que se percibían en ese momento.

En la noche del 30 de septiembre se habían reunido en la capital provincial todos los jefes departamentales de la Policía para analizar la situación planteada en los distintos cuadros y, al cierre de la edición, habrían comenzado a autoacuartelarse en la Jefatura de nuestra ciudad, informó El Día.

Pero, más allá de lo que ocurría con la Policía, lo que preocupaba o interesaba a la sociedad era saber qué había sucedido durante el motín y por qué se había producido.

“No había reclamos”, fue lo que Toller le dijo a El Día, y dio a conocer su principal teoría: “Este motín fue en realidad un intento de fuga de dos reclusos, que terminó convirtiéndose en los sucesos que son de público conocimiento”.

Según indicó el juez a la prensa, “el intento de fuga fue denunciado de inmediato por los guardias con dos disparos hechos al aire. Simultáneamente, numerosos reclusos de alta peligrosidad llegaron presurosos a la guardia interna dando voces de que se estaría tratando de agredirlos. Los internos intentaron derribar la puerta que los separa de la guardia interna, lo que motivó la rápida decisión de los celadores de retirarse del lugar —por reglamento los internos no pueden portar armas, quedando, como resulta obvio, indefensos frente a sus posibles agresores—. Lograron clausurar la puerta externa cuando los internos derribaron la puerta interna y penetraron a la guardia. No fue posible la toma de rehenes por parte de los amotinados”.

A partir de allí se desarrolló lo que fue definido como un “espectáculo dantesco”: tiroteos, motín, explosiones de garrafas, aerosoles, gases lacrimógenos y gritos. Toller indicó que fueron los propios internos quienes solicitaron el traslado y la hospitalización de Lloret, al mismo tiempo que ofrecieron su rendición.

El saldo de una noche imborrable“Todo fue prácticamente depredado”, se narró en los diarios. Se contabilizaron destrozos en el sistema eléctrico y en el sistema sanitario, que había sido recientemente remodelado y ahora volvía a quedar inutilizado, con baños y duchas destruidos.

Fueron quemadas, rotas y destrozadas la vajilla, las puertas, el mobiliario de las celdas, máquinas de escribir, heladeras y el mástil. Las celdas quedaron fuera de uso.

Finalmente, se estableció que el edificio no había sufrido daños significativos en su estructura como consecuencia del fuego, cuyo objetivo habría sido impedir el ingreso de la Policía. Toller dialogó con el gobernador Montiel y le solicitó el traslado de los presos. También requirió al presidente del Superior Tribunal de Justicia el envío de camas, colchones y juegos de vajilla, con el objetivo de recuperar lentamente la funcionalidad de la cárcel.

Los 63 reclusos que se encontraban en la UP2 al momento del motín quedaron incomunicados. Los nombres de los cabecillas nunca trascendieron debido al secreto de sumario y, posteriormente, se supo que 15 de ellos fueron trasladados al Penal N° 7 de Resistencia y otros seis a la cárcel de Villa Devoto.

Ingresaron carpinteros, albañiles y herreros, todos abocados a las tareas de reconstrucción, y se autorizó una partida extraordinaria para reparar los sanitarios. Algunos internos ofrecieron su mano de obra con el objetivo de no ser trasladados a otra unidad penal y, finalmente, 45 lograron permanecer en Gualeguaychú.

El subsecretario de Justicia de Entre Ríos, José Luis Zuffiaurre, indicó que los trabajos de reparación demandarían una inversión de 70 mil australes.

¿Fuga o traslado?Será la pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Qué buscaban realmente los cabecillas del motín de 1987? Para las autoridades, se trató de una tentativa de fuga masiva y los guardias alcanzaron a escapar antes de ser tomados como rehenes. Para otros y, particularmente, para la prensa de aquel momento, todo pudo haber sido ideado para conseguir el traslado a otras unidades penitenciarias de menor complejidad y, desde allí, intentar una evasión menos dificultosa.

Otro de los puntos sobre los que nunca se encontraron respuestas fue la muerte de Lloret. Su cuerpo fue sometido a una tercera autopsia, de la que se extrajeron muestras de los proyectiles y de la ropa. Esos elementos iban a ser remitidos para su análisis por especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de determinar el origen de las balas.

Sobre su muerte, sólo trascendió que había sido asesinado por sus propios compañeros de cárcel. “¿Venganza o intento de culpar a la Policía?”, se preguntaban los medios de aquellos años.

Desde su apertura en 1891 hasta su cierre definitivo en 2022, la cárcel de Gualeguaychú albergó no sólo a una gran cantidad de personas, sino también un sinfín de historias. Por esas celdas pasaron todo tipo de delincuentes y algunos de ellos más célebres que otros dentro del mundo del hampa.

Ya para 1927, hace casi 100 años atrás, este lugar era foco de atención para muchas personas extramuros que se hacían eco de lo que ocurría allí dentro. Ese año, Mario César Gras publicó su novela “La Casa Trágica” y causó un gran revuelo en la sociedad de aquel momento, porque relataba sobre la violencia y vejámenes que allí dentro ocurrían.

Incluso, actualmente ese viejo edificio es Espacio de Memoria del Terrorismo de Estado por las más de 200 personas que pasaron por esa cárcel en carácter de presas y presos políticos durante los años de la última dictadura cívico militar y eclesiástica. Desde junio del 2024 está abierta al público en los espacios por donde todo transcurrió.

Una vida entre penalesPara contar la historia de Ruben Alejandro Rodríguez de Armas hay que hablar de otra cárcel y no cualquier otra cárcel, sino de la Unidad 4 “Santiago Vázquez” (ex Comcar), la más peligrosa del Uruguay y poblada, que alberga la tercera parte de los presos del vecino país. El año pasado se conoció un informe sobre el hacinamiento y la mala alimentación de los reclusos, además del acceso limitado a la salud. Algo no muy diferente a lo que acontece en muchos penales argentinos.

En 2011 y estando preso en otro penal uruguayo, saltó varios alambrados y le disparó cinco tiros a su ex jefe Néstor “Rambo” Otero Peña, utilizando una pistola Beretta, que nadie pudo explicar cómo ingresó al penal. Ambos habían sido compañeros de celda muchos años, hasta que en 2006 un incidente los separó y quedaron enemistados. En diciembre de ese año, Rodríguez De Armas fue ingresado a sanidad penitenciaria con cinco puñaladas, en un episodio en el que se concluyó que el mismo Rodríguez se había lastimado para culpar a "El Rambo". Cinco años después, lo mató de cinco balazos.

Rodríguez De Armas ya gozaba de la fama de pesado dentro del sistema carcelario uruguayo, porque en febrero de 2001 ya se había cargado a otro y por la pena que había recibido, en el juicio al enterarse del monto a cumplir, no dudó en levantar un escritorio por los aires y tirárselo a su abogado defensor, que de casualidad salió ileso.

Sin embargo y pese a todo este historial violento, en julio de 2017 consiguió un dictamen positivo por parte del sistema penitenciario uruguayo para obtener el traslado a una cárcel más benévola desde la seguridad. Los integrantes de la Junta de Traslados habían barajado varias cárceles y se inclinaron por el ex Comcar por entender "que allí habría de estar más contenido". Le quedaban cuatro años de reclusión, tenía 40 años y dijo estar "harto de estar preso".

No hay muchas precisiones de cómo logró escapar esa tarde del viernes 13 de abril de 2018. La guardia penitenciaria notó la falta de Rodríguez de Armas en uno de los controles del Módulo 9 y, según fuentes policiales y lo que publicó en su momento Telemundo en Uruguay, “podría haberse dado a última hora de la tarde, luego de una salida al patio”.

Al parecer, Rodríguez de Armas logró ocultarse y salir del perímetro carcelario oculto en un camión perteneciente al propio Penal, evadiendo las revisiones de los controles perimetrales exteriores. La seguridad interna no constató su ausencia hasta que el vehículo ya había abandonado el predio del centro penitenciario. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior emitió su requisitoria a nivel nacional, aunque para ese momento, el prófugo ya había logrado cruzar la frontera hacia Argentina.

La detención en Gualeguaychú

La fuga de Rodríguez de Armas y su posterior llegada a nuestro país puso en alerta y bajo la órbita de la Justicia Federal la necesidad de atraparlo. Para mediados de 2018 todavía no existía el Juzgado Federal de Gualeguaychú, pese a que ya estaba creado en los papeles. En ese entonces todo pasaba por las manos del extinto juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró.

Este magistrado se puso al hombro la investigación junto a la inteligencia de las fuerzas de seguridad federales, que ya tenían el rastro de los lugares por dónde podía andar “El Oreja”. La Prefectura Naval fue la designada para encarar el último tramo de la investigación y llevar adelante el procedimiento que pondría fin a la historia del jefe narco uruguayo.

Fue así que el 1 de junio de 2018, Seró liberó una serie de allanamientos que se cumplimentaron su gran mayoría en Gualeguaychú, aunque también hubo operativos en Concepción del Uruguay, Colón y Buenos Aires. En nuestra ciudad fueron cinco en total: comenzaron a las 11 de la mañana y se prolongaron durante todo el día hasta entrada la noche. Se allanó un domicilio en 3 de Febrero casi 25 de Mayo, otro en Urquiza al 300, otro en Colombo al 300, y otro en un campo de Costa Uruguay Sur.

Pero el más importante de todos se produjo en un Parador ubicado en el kilómetro 56, sobre la Ruta Nacional 14. En una de las habitaciones del hotel se había alojado el hombre más buscado por la Justicia uruguaya. Había llegado junto a su mujer el día antes. Se alojaron en una habitación, se registraron con documentación falsa. Pasaron la noche y a la mañana del día siguiente los sorprendió la Prefectura. También se alojaba otro delincuente, conocido como “Fierrito”.

Hubo otros cinco detenidos, que fueron aprehendidos en distintos procedimientos, pero lo más importante pasaba por haber atrapado a Rodríguez de Armas. Se secuestraron 7.400 euros, más de 209.000 pesos argentinos, 103.820 dólares falsos, 67.388 pesos uruguayos, y 49.000 pesos chilenos. Se tenía precisado que el campo ubicado en Costa Uruguay sur, a unos 500 metros del Parador donde fueron detenidos “El Oreja”, su mujer y “Fierrito”, era propiedad de uno de ellos. Quince días después de las detenciones, Prefectura y Gendarmería buscaron arduamente elementos que pudieran pertenecer a la banda. Fue así que durante una inspección dentro de la vivienda hallaron una cifra superior a los 300 mil dólares.

Por tratarse de un detenido de esta índole y mientras se avanzaba desde el Juzgado Federal con su causa en Argentina por narcotráfico y su posterior extradición a Uruguay, Seró dispuso que fuera alojado en la Unidad Penal 2. Lo que no pudo nunca imaginar este magistrado es que casi un año después, “El Oreja” se iba a fugar de la forma más insólita posible.

La evasión

Cómo escapó Rodríguez de Armas de la forma en que lo hizo y de la cárcel considerada de máxima seguridad de la provincia, es una de las incógnitas que permanecen hasta hoy en día. Sobre todo, porque no hubo nadie del personal penitenciario que haya quedado involucrado o responsabilizado en ayudar en esa huida.

Para entrar a esa vieja cárcel había que pasar dos puertas de seguridad. La primera, el portón principal de Pellegrini, por la que se accedía a la institución. La segunda era la que daba paso al penal propiamente dicho, donde había una “reja huevo”, que se la denominaba de esa forma por la forma redondeada que tenía y que persiste hasta hoy en día.

Quienes lo conocieron coinciden que era un preso “muy educado y amable” y durante su estadía en Gualeguaychú no había originado problemas dentro del pabellón para presos federales, ubicado en el segundo piso de la prisión. Por ello, ese sábado 30 de marzo de 2019, a las 11 de la mañana de un día soleado, no llamó la atención que solicitara acudir hasta el área de sanidad, ubicado al lado de la guardia del establecimiento, entre ambos portones de seguridad.

Con un guardia pasó la “reja huevo” y quedó en ese lugar donde hay una mayor cantidad de agentes penitenciarios, como a la espera de ser llevado hasta sanidad. Una cámara de seguridad captó el momento. Inesperadamente quedó sólo y fue en ese momento en que aprovechó su oportunidad. Sabía muy bien hacia dónde dirigirse.

Caminó por un pasillo en dirección sur, hacia el lado de la calle Tala. En ese lugar funcionaba la cocina. Había sido mudada a ese sector de la cárcel porque dentro del penal propiamente dicho, había sido blanco de varios robos por parte de los internos, que sustraían diferentes elementos y por ello desde hacía un largo tiempo funcionaba en ese sector de la prisión.

La información que trascendió en ese momento sobre su fuga indicaba que había roto un candado de la cocina y que saltó una reja de dos metros que daba a Tala, por donde bajaban las provisiones a la cocina. Sin embargo, muchos creen que a Rodríguez de Armas ‘encontró’ ese candado abierto y su fuga fue mucho más fácil. Del otro lado lo habrían estado esperando.

“Fue de película”, recuerda un funcionario penitenciario que trabajaba por aquel tiempo. “Si me decís que fue de noche o llovía, o había algo que podría haber originado muna desatención, pero fue en pleno mediodía. Un sábado”, agregó el entrevistado.

Nunca se pudo dilucidar bien qué fue lo que pasó y si recibió o no ayuda para evadirse del penal más estricto que tenía Entre Ríos. La Guardia y el personal de servicio pasó a declarar en la investigación que se inició para determinar responsabilidades, pero todo quedó en la nada.

La muerte

“El Oreja” tenía 42 años cuando personal policial de la Jefatura de Canelones encontró su cadáver el 20 de julio del 2020, en una vivienda ubicada en la calle 3 del balneario Bello Horizonte. Un llamado telefónico al 911 alertó que había una persona herida y cuando los efectivos llegaron al lugar, hallaron su cuerpo tendido en el patio, sin signos vitales y con manchas de sangre a su alrededor.

Para ese entonces ya había serios indicios de que Rodríguez de Armas había regresado a Uruguay y la Policía estaba tras sus pasos porque era el principal sospechoso de asesinar de diez balazos en julio de 2019, a Julio César Romero Arguet, alias “El Pichulo”, un empresario sanducero con antecedentes por narcotráfico y asesinato.

“Aunque el secuestro y muerte del sanducero Julio César Romero Arguet, vinculado a la famosa Banda del Río y conocido por su actividad ilícita de la venta de drogas (delito por el que estuvo preso) no ha sido aclarado, la Policía contó siempre con la pista firme de que quien estaba detrás del hecho era Rodríguez de Armas. No se pudo establecer nunca –y tal vez ahora menos– si él habría actuado como sicario o dado la orden de terminar con la vida del sanducero”, escribió el diario El Telégrafo cuando informó sobre la muerte de “El Oreja”.

Todo indicaba que su asesinato se debió a un ajuste de cuentas en la venta de drogas en el vecino país. Pero lo cierto es que, al momento de su muerte, Rodríguez de Armas contaba con ocho antecedentes penales, cuatro de ellos por homicidio (uno en grado de tentativa), uno por rapiña, uno por hurto, uno por privación de libertad y el restante por evasión, delitos cometidos en los departamentos de Montevideo y San José.

Es una de las historias menos conocidas por quienes habitan actualmente la ciudad del Carnaval, pero por aquellos años este homicidio se volvió el tema de conversación de cada tertulia, de cada reunión, porque el que había muerto no era otro que Protasio Méndez Casariego, el Jefe de Policía del departamento Gualeguaychú.

Pero antes de relatar lo que sucedió esa noche del viernes 6 de enero de 1893, hay que describir qué era lo que pasaba por aquellos años en Gualeguaychú, en el país y en el mundo. En los Estados Unidos se patentaba la fórmula de la Coca-Cola, y en Alemania, Rudolf Diesel recibía la patente del motor diésel. Arthur Conan Doyle publicaba “Las aventuras de Sherlock Holmes”, y en Argentina, el inventor Juan Vucetich identificaba a una asesina por sus huellas dactilares.

Gualeguaychú también estaba en pleno crecimiento. El 16 de julio de 1891 había abierto sus puertas la cárcel de Gualeguaychú, conocida luego como la UP2 (Unidad Penal 2), que serviría para albergar a la cantidad de detenidos y condenados por el Juez del Crimen, que ya no tenían lugar en la Jefatura de Policía. Justamente el protagonista de esta historia, Protasio Méndez Casariego, había sido designado por el Gobernador de Entre Ríos para que siguiera de cerca la obra que se había iniciado en 1888 en las afueras de la ciudad.

Por aquel tiempo había llegado a la ciudad el tranvía, algo totalmente novedoso y como ocurre siempre con cada innovación, había quienes se oponían a esta idea por el ruido que generaba. Este servicio urbano de pasajeros unía dos centros neurálgicos en aquella época: el puerto, que ya contaba con un muelle de madera, y la Estación de Ferrocarril inaugurada hacia poco, en 1889.

En el diario El Noticiero, de Inocencio Furques, que había tenido su primera publicación en febrero de 1878, se informaba en aquel momento que “el diputado Magnasco tuvo una entrevista con el Presidente de la República, Luis Sáenz Peña, a quien le expuso sobre la necesidad de construir cuanto antes el muelle de Gualeguaychú, el que no se ha llevado a cabo por las demoras que viene sufriendo el expediente relativo al mismo”. La burocracia política no es algo propio de esta época. Ya por aquellos años Osvaldo Magnasco gestionaba por obras que luego fueron claves para el crecimiento exponencial de Gualeguaychú.

Dos años después de la muerte de Protasio Méndez Casariego comenzó a funcionar la usina de gas para el alumbrado de las calles. “Un servicio que en aquella época y en este lugar podría catalogarse de extraordinario, algo que en materia de confort ponía en nuestra ciudad a la altura de las grandes capitales del mundo y, por supuesto, por encima de las ciudades argentinas de entonces. Nos referimos a la Planta Productora de Gas para uso público y domiciliario cuya construcción comenzó en 1894 para iniciar su funcionamiento en el año siguiente, en 1895”, escribió Enrique Ángel Piaggio en Evocaciones del Ayer.

Al igual que la cárcel, la Usina también fue construida en las afueras de la ciudad, en la zona noreste, en un terreno relativamente bajo ya que la tendencia del gas así lo exigía. Este lugar aún existe y hasta hace dos años atrás, el terreno era parte de un proyecto municipal para la construcción de 88 viviendas a través del crédito Procrear que luego, con el nuevo gobierno, quedó trunco.

Publicidades, noticias y defunciones

Los diarios microfilmados que se conservan en la hemeroteca del Instituto Magnasco permiten asomarse a un mundo totalmente distinto del actual. Junto a la crónica policial convivían anuncios de todo tipo —una partera "recibida por las facultades de París y Buenos Aires", una rebaja de 25 centavos el litro de vino blanco, una conferencia de un orador protestante recién llegado de Buenos Aires— y también algo de humor negro, como el caso de Regina González: "Ha sido puesta en libertad 'la resbalosa'. Como cada tanto tiempo se le van los pies, no ha de tardar en volver".

También había crónica policial de todo tipo, como la de Mateo Robledo, que "corrió a la madre con un cuchillo para matarla" y terminó preso en la costa uruguaya, o la nota sobre la señorita Camila Nievas, de apenas 15 años, que viajaba a Paraná para continuar sus estudios en la Escuela Normal tras "un brillante examen" el año anterior.

Pero sobre todo llama la atención el enorme volumen de avisos fúnebres. En una ciudad de apenas 12 mil habitantes, la cantidad de defunciones publicadas y, en particular, la cantidad de infantes entre ellas resulta llamativa: "Eduardo Correa. 1 año de gastroenteritis"; "Baldomero Castelo. 6 años - fiebre tifus"; "Macedonia Paredes. 4 años – pulmonía"; "Fernando Campbell. 11 meses – gastroenteritis", se leía cada martes, jueves y sábado en El Noticiero.

Neyra, Garibaldi y una muerte inesperada

Como en toda ciudad chica, el movimiento de la sociedad se concentraba alrededor de la plaza principal. Esa noche, el comisario Protasio Méndez Casariego caminaba desde la Jefatura de Policía hasta su casa sobre la calle Del Plata (hoy Luis N. Palma) cuando se cruzó con los periodistas Sixto Neyra y Pedro Muape, ambos del periódico El Noticiero.

Con Neyra existía una fuerte tensión, porque este hombre de 56 años escribía sobre ciertos delitos que se habían originado en la ciudad —un grupo de niños que robaba ropa lavada colgada al sol— y responsabilizaba a Méndez Casariego por ineficiente.

Sixto Doroteo Neyra era hijo del alférez Jorge Neyra, mano derecha del comandante Villagra durante el saqueo de Giuseppe Garibaldi en Gualeguaychú, en 1845, cuando fueron atacados 31 establecimientos comerciales y numerosas casas de familia, con un botín calculado en 30.000 libras esterlinas. Según la historiadora Silvia Razzetto, los invasores tomaron la casa de la familia Haedo como cuartel general, donde colocaron un cañón apuntando hacia la Comandancia. En la chacra de la familia Lapalma, los garibaldinos se enfrentaron además con ocho gauchos reunidos por el propio Jorge Neyra: tres de ellos murieron, y Neyra logró escapar con vida junto a cinco compañeros, después de que se le "boleara" el caballo. Sixto tenía apenas 8 años en ese momento y quedó al cuidado de su madre mientras su padre combatía. Más tarde estudió abogacía en Concepción del Uruguay, pero la muerte de su padre lo obligó a volver a Gualeguaychú, donde se hizo cargo de la familia y comenzó su carrera como periodista.

También tuvo su costado político: fue viceintendente en 1874, en pleno estallido de la revolución jordanista que siguió al asesinato del gobernador Justo José de Urquiza. Además, era tío de José María Neyra, otro periodista de renombre en el diario El Censor de Gualeguaychú y en La Razón y La Nación de Buenos Aires.

El cruce que terminó en un crimen

"Protasio Méndez Casariego, 39 años, argentino, casado, de infección pútrida, calle Rivadavia", describía el anuncio de defunción que publicó El Noticiero cinco días después de aquella noche fatídica.

Sixto Doroteo Neyra conversaba con su colega Pedro Muape en la esquina de la plaza Independencia cuando Protasio Méndez Casariego caminaba hacia esa dirección. Tal vez conociendo la interna que había entre el policía y el periodista, Muape se despidió de Neyra y caminó en sentido opuesto unos metros, hasta que escuchó la detonación de un arma de fuego. Cuando volteó la mirada, observó a Neyra con un arma en su mano y a Méndez Casariego tirado en el piso.

El disparo retumbó en toda la ciudad. Era verano, las ventanas estaban abiertas y toda la vida social de Gualeguaychú pasaba por esa plaza y sus alrededores. A pocos metros vivía Protasio junto a su esposa Cornelia Seguí y sus once hijos, entre los que se encontraba el recién nacido Claudio, que años más tarde sería intendente de Gualeguaychú y gestor del puente naranja que hoy lleva su nombre.

Protasio estaba gravemente herido: la bala había entrado por el costado derecho y terminado en el izquierdo, "entre cuero y carne". Todo había sucedido a pocos metros de la Jefatura, por lo que no tardó en llegar el oficial Campos, que detuvo a Neyra con el arma en la mano y sin que opusiera resistencia.

A Protasio no se lo llevó al Hospital de Caridad —que funcionaba en la ciudad desde 1857 con, según describió la historiadora Nati Sarrot, "cómodas salas diferenciadas por sexo, con admisión abierta de enfermos del pueblo y campaña"— sino a la casa de su hermano Honoré Méndez Casariego, un Comisario de Órdenes que vivía frente a la plaza, en Rivadavia e Independencia, donde se consideró que estaría mejor atendido. Durante las horas siguientes, esa casa fue una romería: no había nadie sin enterarse de lo ocurrido, aunque las versiones sobre el móvil del crimen eran variadas. Con el tiempo, la que se impuso fue esta: el Jefe de Policía le había recriminado a Neyra sus publicaciones, discutieron, Méndez lo golpeó con su bastón y el periodista respondió con un disparo. "La posición de la herida de Méndez hace imposible suponer que la haya recibido después de dar un bastonazo, en que invariablemente los adversarios quedan de frente", se escribió en el periódico.

La agonía y muerte de Protasio

Esa noche no se le pudo extraer la bala, y la espera hasta el día siguiente habría sido determinante en la infección que terminó costándole la vida. Los días siguientes, el estado de salud de Protasio y su temperatura corporal fueron noticia constante. El sábado se informaba que "la fiebre ha descendido a 39 grados" y que su estado general era "más satisfactorio que hoy de mañana". El lunes 10 de enero, en cambio, la crónica cambió de tono: "entre 10 y 11 de la mañana tuvo una alternativa de bastante gravedad. En el acto se vio rodeado por todos los médicos que le asisten desde el primer momento", informó El Noticiero, todavía con la esperanza de "alguna noticia satisfactoria sobre el estado del enfermo".

La mejoría fue engañosa. El final se dio a conocer el 12 de enero, aunque Méndez Casariego había fallecido la madrugada anterior. "La repentina fiebre... por la noche subió paulatinamente hasta pasar los 42 grados. La muerte lo sorprendió casi repentinamente. Durmió hasta las 12 y 30 de la noche y cuando se recordó había perdido el uso de la palabra. Inmediatamente el doctor Seguí hizo llamar al doctor Chaves, y media hora después espiraba Méndez Casariego, siendo su agonía momentánea", relató El Noticiero. El diario también lamentó que el Juez del Crimen nunca le hubiera tomado declaración a la víctima.

Una veintena de amigos condujo el cadáver a pulso hasta la casa de la calle Del Plata, y por la tarde "un selecto y numeroso acompañamiento" lo llevó al Cementerio del Norte, con la Banda Militar presente. "El fallecimiento en la plenitud de la vida de Méndez Casariego deja una esposa desolada y once huérfanos y por toda herencia su honradez intachable", cerró el diario.

La venganza del hermano

Dos horas después del disparo, el médico de cabecera le dijo a Honoré Méndez Casariego, hermano de la víctima y también comisario, que avisara a la esposa de Protasio porque el caso estaba perdido. Honoré fue hasta su oficina a escribir la esquela y, al llegar, se encontró —según declaró más tarde— "sentado y con el sombrero puesto al victimario de su hermano en su silla y escritorio".

Le ordenó al cabo que llevara a Neyra a la celda, algo que no era el lugar de un detenido; Neyra le retrucó que el criminal era su hermano, que lo había salido a matar a palos. Honoré lo sacó de un empujón y le asestó un garrotazo antes de que el cabo y dos soldados lo llevaran a la celda.

Neyra, hombre instruido, supo que ese procedimiento había sido irregular y no dudó en denunciar los malos tratos. Como el segundo al mando de la Policía era el propio hermano de la víctima, el gobernador Sabá Hernández dispuso el traslado interino del jefe de Policía de Concepción del Uruguay, coronel Carlos María Blanco, quien avanzó con la denuncia. Un centinela declaró que había visto al comisario darle a Neyra "un garrotazo que le volteó el sombrero y otro en la espalda", lo que bastó para que Blanco suspendiera a Honoré de su cargo. Un diario de Paraná llegó a publicar que Neyra "había sido torturado en el cepo colombiano", versión que la investigación de Blanco terminó descartando.

El mismo día de la muerte de Méndez Casariego, el gobernador dictó un decreto que le otorgó a la viuda un subsidio equivalente a tres meses de sueldo y puso los gastos del entierro a cargo del Gobierno: "Acuérdese a la viuda del extinto el equivalente a tres meses de sueldo que gozaba para gastos de luto", rezaba el artículo 3 de la disposición provincial.

Respecto a Sixto Neyra, poco se sabe: se desconoce cuál fue su condena y si pagó con cárcel por el crimen. El periodista murió cuatro años después del suceso, en 1897, a los 60 años. Los restos de Protasio descansan en el panteón de la familia Seguí, en el Cementerio Norte.

Hay casos policiales que quedan en la memoria por la gravedad de lo ocurrido. Otros, además, sobreviven durante años porque obligan a la sociedad a discutir dónde están los límites, quién tiene la potestad de ejercer la fuerza y qué ocurre cuando quienes deben hacer cumplir la ley terminan sentados en el banquillo de los acusados.

El homicidio de Iván Pérez pertenece a esa segunda categoría. Desde aquella mañana del 9 de octubre de 2019, cuando un disparo terminó con la vida de un joven de 24 años en un descampado del barrio Molinari, el caso generó posiciones enfrentadas. Para algunos sectores, la historia estaba atravesada por el prontuario de la víctima y por los delitos que había cometido o por los que debía responder ante la Justicia. Para otros, no había lugar para eufemismos: un policía había disparado por la espalda contra un hombre que escapaba desarmado y aquello era un claro ejemplo de gatillo fácil.

Entre esas dos miradas transcurrieron casi siete años de investigación, dos juicios por jurados, recursos judiciales y una condena que recién quedó firme en 2026.

No se trata de romantizar la delincuencia ni de desconocer el historial que tenía Pérez. La víctima tenía antecedentes y causas pendientes, y su accionar había afectado a otras personas. Pero esa circunstancia no podía modificar una cuestión central: en un Estado republicano, la potestad de administrar justicia no está en manos de particulares ni de funcionarios que puedan decidir discrecionalmente cuándo y cómo aplicar la fuerza. Esa tarea le corresponde al Poder Judicial.

Y justamente eso fue lo que se discutió durante años en los tribunales de Gualeguaychú: si Mauricio Gómez había actuado dentro de las facultades que le otorgaba su condición de policía o si había utilizado su arma reglamentaria de una manera que excedía cualquier procedimiento legal.

Una mañana que terminó en muerte

El 9 de octubre de 2019, el barrio Molinari era escenario de un nuevo procedimiento policial que tenía como protagonista a Iván Pérez, un joven de 24 años que atravesaba serios problemas de adicción y que era conocido por la Policía por distintas causas.

Un móvil de la Comisaría Octava lo perseguía luego de que fuera señalado como uno de los responsables del robo de una caja de herramientas y una amoladora de una casilla. Esa persecución terminó en un descampado ubicado en inmediaciones de Furques y Los Algarrobos, a pocos metros de una iglesia evangélica. Era alrededor de las 10.30 cuando un disparo de arma de fuego quebró la apacible y soleada mañana en la zona sudeste de la ciudad. Iván Pérez había caído muerto.

La reconstrucción del hecho estableció que estaba escapando y que se encontraba de espaldas al funcionario policial. Mauricio Gómez había descendido de la camioneta policial número 647, conducida por su compañero Juan Alberto Zapata. Desde allí avanzó algunos escasos metros, desenfundó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, apuntó a media altura y disparó. Nunca hubo una voz de alto previa al disparo.

La escena fue determinante para la investigación posterior. No se trataba solamente de establecer quién había efectuado el disparo, algo que rápidamente quedó fuera de discusión, sino determinar desde qué distancia se había producido, cómo había impactado el proyectil y, fundamentalmente, en qué posición se encontraba Pérez cuando recibió el balazo.

En las primeras horas circuló una versión que sostenía que el disparo había sido efectuado de frente. La confusión tuvo una explicación: al observar el cuerpo, quienes realizaron las primeras inspecciones encontraron un orificio de salida en el rostro y eso llevó a interpretar inicialmente que la bala podía haber ingresado por la parte frontal. La autopsia despejó rápidamente esa posibilidad.

Con el cuerpo ya limpio y en la mesa de examen de la Morgue Judicial, el médico forense determinó que el proyectil había ingresado por la nuca y había salido por la parte frontal de la cabeza, a la altura de uno de los ojos. La trayectoria era compatible con una persona que se encontraba de espaldas al momento de recibir el disparo.

También se estableció que la distancia entre el punto donde cayó Pérez y el lugar en el que fue encontrada la vaina servida de la pistola reglamentaria era de 95 metros.

La investigación quedó en manos de la Gendarmería Nacional, que se encargó de las planimetrías y de recolectar los elementos que luego se incorporarían a la causa.

Dos historias con antecedentes

Desde el comienzo del caso hubo un elemento que alimentó la discusión pública: tanto la víctima como el policía tenían antecedentes judiciales.

Iván Pérez no era una persona ajena al delito. Al momento de su muerte tenía tres causas en trámite de elevación a juicio, todas ellas con la Investigación Penal Preparatoria finalizada. Los expedientes estaban relacionados con robos y hurtos y debía enfrentar a la Justicia en los meses siguientes. El último hecho que se le atribuía había sido el robo de la batería de un camión, en junio de 2019, por el que fue detenido junto con otros dos hombres.

Pero esa no era su primera causa. El 25 de noviembre de 2014, cuando tenía 19 años, había recibido una condena por hurto simple, desobediencia judicial y daños. La pena había sido de un año de prisión en suspenso.

Con las nuevas causas en trámite, el panorama judicial para Pérez podía significar una eventual pena de cumplimiento efectivo si era condenado.

Sin embargo, su historial no podía convertirse en una sentencia anticipada sobre las circunstancias de su muerte. La discusión judicial debía concentrarse en el hecho ocurrido el 9 de octubre de 2019 y en la conducta de quien efectuó el disparo. Y es aquí donde aparece el otro protagonista de la historia, con un antecedente que tampoco puede ser pasado por alto.

“Vejaciones”

Antes de convertirse en acusado por el homicidio de Pérez, Gómez ya había sido condenado por la Justicia. El episodio había ocurrido durante el Carnaval del País, el 9 de febrero de 2016. Esa madrugada, mientras se desarrollaba una de las noches del espectáculo, se produjo un inconveniente entre integrantes del público que requirió la intervención policial.

Un joven bonaerense que había llegado a Gualeguaychú para presenciar el Carnaval comenzó a filmar con su teléfono celular el procedimiento que realizaban los uniformados ante una aprehensión.

Gómez reaccionó ante esa situación. Se acercó por un costado al joven mientras lo filmaba, lo tomó del cuello y le aplicó golpes de puño en el rostro y patadas en el cuerpo. El joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental. Sin embargo, conocía sus derechos y decidió denunciar al funcionario policial.

La investigación quedó a cargo del entonces fiscal Sergio Rondoni Caffa, el mismo que tiempo después se haría cargo del crimen de Fernando Pastorizzo, quien imputó a Gómez por el delito de vejaciones ilegales.

En octubre de 2016 se realizó un juicio abreviado. El juez Mauricio Derudi consideró que la conducta atribuida al funcionario se encuadraba en tratamientos humillantes para la dignidad del ser humano y que afectaban el decoro de la persona.

Gómez fue condenado por vejaciones ilegales en acto de servicio, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un integrante de la fuerza policial mediante abuso de su función o cargo. La pena fue de un año de prisión de cumplimiento condicional y dos años de inhabilitación especial para ejercer la función policial.

A partir de esa condena, Gómez dejó el área de Operaciones y fue destinado al cuidado y entrenamiento de los perros de la Policía. Quedó en una situación denominada activo-pasivo. No llevaba uniforme ni arma, y durante dos años tampoco percibió su sueldo. Su actividad se limitaba a los momentos en los que era requerido el perro rastreador que tenía bajo su responsabilidad.

El período de dos años finalizó hacia fines de 2018. A partir de allí, según lo que correspondía, debía realizarse una pericia psiquiátrica que determinara si estaba en condiciones de regresar a la función como servidor público.

Cuando ocurrió el homicidio de Pérez, el entonces jefe de Policía, Cristian Hormachea, fue consultado sobre la situación de Gómez. Explicó que, cuando había llegado a la ciudad, el policía ya prestaba funciones en la dependencia de Rincón del Gato y en el container ubicado en el Acceso Sur. Hormachea manifestó desconocer si aquella pericia psiquiátrica se había realizado efectivamente.

Menos de un año después de haber cumplido el período de dos años desde su condena anterior, Gómez volvía a quedar involucrado en un hecho en el que utilizó un arma policial. Esta vez, el resultado había sido irreversible.

Un hecho histórico

La causa avanzó durante los meses posteriores al crimen hasta llegar a una instancia inédita para la ciudad. El 25 de marzo de 2021, al día siguiente del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizó en el Centro de Convenciones la audiencia de selección de jurados, conocida como “Voir dire”.

No era una audiencia más. Gualeguaychú se preparaba para realizar su primer juicio por jurados.

En aquella instancia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Lisandro Beherán y Martina Cedrés; la querella estuvo a cargo del abogado Pablo Di Lollo y la defensa del acusado fue ejercida por Alfredo Vitale. Entre todos debieron seleccionar a los ciudadanos que integrarían el jurado: seis hombres y seis mujeres, además de sus respectivos suplentes.

Ellos serían los encargados de determinar si el accionar de Gómez debía considerarse dentro de un procedimiento legal o si, por el contrario, existía responsabilidad penal por la muerte de Pérez.

La modalidad del juicio por jurados introducía una particularidad decisiva: para alcanzar un veredicto de culpabilidad se necesitaba unanimidad. Los 12 integrantes debían coincidir. Si uno de ellos no estaba de acuerdo con la culpabilidad del acusado, el jurado quedaba estancado. En ese escenario, el acusado debía afrontar un nuevo juicio con un jurado diferente.

Eso fue precisamente lo que ocurrió.

El primer jurado no consiguió alcanzar la unanimidad necesaria para declarar culpable a Mauricio Gómez. La consecuencia fue que no hubo condena y el acusado permaneció en libertad mientras se aguardaba la realización de un segundo juicio.

La resolución abrió un nuevo capítulo en una causa que ya había generado una fuerte discusión pública.

Para una parte de la sociedad, el resultado del primer juicio era la demostración de que existían dudas sobre la conducta del policía. Para otra, el hecho de que no se hubiera alcanzado unanimidad no modificaba las características materiales del disparo ni la reconstrucción que se había hecho del homicidio.

La espera por el segundo juicio se extendió durante varios meses. Finalmente, a fines de noviembre de 2023 comenzó el segundo juicio por jurados. Esta vez, el debate se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú y se extendió durante los primeros días de diciembre. El resultado fue diferente.

El nuevo jurado alcanzó la unanimidad y declaró culpable a Mauricio Gómez. La discusión que había quedado abierta en el primer juicio encontró una respuesta en el segundo: el accionar del policía fue considerado penalmente responsable de la muerte de Iván Pérez. Luego, el juez Arturo Dumón dictó una condena de 17 años de prisión por homicidio agravado.

La sentencia estuvo sostenida, entre otros elementos, por las pericias realizadas durante la investigación. Una de las cuestiones centrales fue la mecánica del disparo. La pericia de Gendarmería estableció que Gómez había tenido que quitar tres seguros antes de efectuar el disparo con su pistola reglamentaria. El dato resultaba relevante para determinar que no se había tratado de un movimiento involuntario o accidental.

También fue descartada la hipótesis de un rebote de la bala. El lugar donde ocurrió el hecho era un campo abierto y las características del proyectil, sumadas a su trayectoria y al modo en que ingresó en la cabeza de Pérez, contribuyeron a establecer que se trató de un disparo directo.

La autopsia fue otro de los elementos determinantes. El proyectil había ingresado por la nuca y salido por el rostro. La víctima estaba de espaldas cuando recibió el impacto.

A eso se sumaron los testimonios de cuatro personas que observaron la secuencia previa al disparo. Los testigos señalaron que vieron a Gómez descender de la camioneta, caminar unos pasos, apuntar y disparar mientras Pérez escapaba.

No se trataba solamente de una reconstrucción basada en indicios. La causa reunió testimonios, pericias, planimetrías y elementos balísticos que permitieron reconstruir la escena. La distancia de 95 metros entre el lugar donde cayó Pérez y el sitio donde fue encontrada la vaina también formó parte de esa reconstrucción.

Uno de los aspectos discutidos durante el debate fue la actuación del policía en relación con las propias normas que regulan el uso de la fuerza. Según quedó expuesto durante el juicio, el reglamento policial establece pautas respecto de las situaciones en las que corresponde utilizar un arma de fuego y en este caso había una circunstancia que resultaba especialmente significativa: Pérez no estaba armado y tampoco había agredido al funcionario.

La conducta atribuida a Gómez fue considerada incompatible con ese marco. Si la agresión no es armada y no existe una situación que justifique el uso del arma, el funcionario debe resolver el procedimiento sin recurrir a ella. El disparo que terminó con la vida de Pérez no ocurrió en medio de un enfrentamiento armado. Fue efectuado mientras el joven huía y de espaldas.

Ese elemento atravesó todo el proceso judicial y fue uno de los fundamentos centrales de la condena.

Casi siete años después

Aunque la condena de 17 años fue dictada en diciembre de 2023, el caso todavía no había terminado. La defensa recurrió la sentencia. El expediente llegó a la Cámara de Casación de Concordia, que en febrero de 2025 ratificó el fallo dictado en Gualeguaychú. Pero todavía quedaba una instancia extraordinaria.

En marzo de 2026, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia. A partir de ese momento, la condena quedó firme.

Recién en julio de 2026 Mauricio Gómez fue trasladado a la Unidad Penal N° 9 para comenzar a cumplir efectivamente la pena de 17 años que había recibido. El exsargento permanecerá allí hasta 2043.

El caso, además, quedó marcado por otro motivo: fue el proceso que inauguró los juicios por jurados en Gualeguaychú, con un primer intento sin unanimidad y un segundo que sí llegó a condena firme. Así terminó una historia que, durante casi siete años, obligó a discutir algo tan básico como trascendente: que incluso quienes tienen el monopolio legítimo de la fuerza deben actuar dentro de los límites que establece la ley.

Hay muertes que quedan asociadas para siempre a un lugar, a una noche y a una familia. La de Lucas Bentancourt es una de ellas.

En la madrugada del 8 de junio de 2019, el barrio Francisco Ramírez —conocido popularmente como el barrio 338, por su cantidad de viviendas— se convirtió en el escenario de un homicidio que conmocionó a Gualeguaychú. Lucas, de 33 años, volvía a su casa después de trabajar cuando mantuvo un cruce con un joven al que, según la investigación, había encontrado en una situación sospechosa y al que le pidió que se retirara del barrio.

Lo que vino después, ocurrió en pocos segundos. Una discusión, un enfrentamiento y un ataque con un arma blanca. Lucas recibió una profunda herida en el tórax que le perforó un pulmón. Caminó unos metros intentando llegar hasta su casa, pero murió en el descanso de la escalera de acceso a la vivienda en la planta alta. Fueron sus padres quienes lo encontraron sin vida.

Desde ese momento comenzó una historia que durante meses ocupó a los Tribunales, a la Policía, a los medios de comunicación y, fundamentalmente, a una familia que nunca volvió a ser la misma.

Una investigación que avanzó rápidamente

Las primeras horas fueron determinantes. Los investigadores entrevistaron a vecinos, amigos de Lucas y jóvenes que habían presenciado parte de lo sucedido. Dos grupos de testigos aportaron información coincidente sobre la identidad del posible agresor. El nombre de Genaro Gutiérrez apareció rápidamente en el caso.

Tenía 19 años, vivía en el barrio Eva Perón, conocido como 348, y contaba con antecedentes penales. Cerca del mediodía, unas diez horas después del homicidio, la Justicia ordenó allanar su vivienda. Allí fue detenido.

También fueron secuestrados varios cuchillos y prendas de vestir que serían sometidos a distintas pericias. El arma homicida nunca pudo ser encontrada, un elemento que posteriormente sería utilizado por la defensa para intentar poner en duda la autoría material del crimen.

La Fiscalía sostuvo desde el comienzo una hipótesis concreta: Lucas había enfrentado a Gutiérrez después de verlo en las inmediaciones del barrio y, luego de una primera discusión, el joven habría permanecido oculto en uno de los pasillos hasta sorprenderlo cuando regresaba a su casa.

La acusación entendió que no se había tratado simplemente de una pelea callejera. Para la querella, había un contexto previo: Lucas era conocido en el barrio y había tenido otros cruces con Gutiérrez porque lo había visto involucrado en situaciones delictivas.

Gutiérrez fue indagado en la audiencia de imputación y declaró que no recordaba lo ocurrido porque aquella noche había consumido drogas. Dijo que tenía problemas de adicción y que había atravesado internaciones. Claramente una estrategia que podría suavizar cualquier futura condena. Fue lo único que declaró, como si el haber consumido drogas lo eximía de lo que había hecho.

El juez de Garantías, Tobías Podestá, le dictó una prisión preventiva por 60 días y esa medida se fue prorrogando hasta la realización del juicio.

“Tiene que haber responsables”

Desde los primeros días, los Bentancourt reclamaron justicia. Hubo marchas hacia los Tribunales y una fuerte presencia de familiares, amigos y vecinos. La primera de esas movilizaciones fue una de las más numerosas que se recuerden en la ciudad.

Pero detrás de cada cartel, cada marcha y cada pedido había una pregunta mucho más profunda: ¿podría haberse evitado la muerte de Lucas? Gutiérrez tenía antecedentes y cumplía una condena condicional cuando apuñaló a Lucas. Esa situación se convirtió en uno de los ejes centrales del reclamo.

Cecilia Bentancourt, una de las hermanas de Lucas, sostuvo entonces que la responsabilidad no debía limitarse al autor material. Cuestionó que no existieran mecanismos suficientes para controlar el cumplimiento de las condenas condicionales y reclamó que se revisaran las decisiones que habían permitido que Gutiérrez permaneciera en libertad. La familia entendía que había señales previas que no habían sido atendidas.

El reclamo no implicaba desconocer la responsabilidad de quien había atacado a Lucas. Al contrario: buscaba ampliar la discusión hacia el funcionamiento de los distintos organismos que habían intervenido anteriormente con el joven. Esa mirada se profundizó después del juicio y quedó instalada como una de las grandes heridas que dejó el caso.

Un padre que pidió justicia y no venganza

En medio de ese dolor apareció una figura que terminó convirtiéndose en inseparable de la historia de Lucas: su padre, Luis Bentancourt.

Luis tenía una vida vinculada profundamente al trabajo con chicos. Desde los 16 años había dedicado buena parte de su vida a formar jóvenes a través del fútbol. Para él, enseñar no significaba solamente entrenar jugadores: primero había que formar personas.

Trabajaba en el barrio Toto Irigoyen, un lugar al que muchos consideraban difícil, pero que Luis miraba desde otro lugar. Escuchaba a los chicos, los respetaba, los abrazaba y buscaba acompañarlos.

Después del asesinato de su hijo, lejos de abandonar esa tarea, decidió continuar. “No voy a dejar en banda a los chicos del barrio”, dijo por aquel entonces. La frase terminó siendo mucho más que una declaración. Fue una manera de enfrentar el dolor.

Lucas también había compartido esa tarea con su padre. Entre 2015 y el año anterior al crimen habían trabajado juntos en las categorías menores de Defensores del Oeste. Lucas, apasionado por River Plate, había comenzado a comprender de adulto el verdadero valor de aquello que su padre había construido durante décadas.

Luis recordaba especialmente una frase que su hijo le había dicho durante uno de esos entrenamientos: que lamentaba todos los años que se había perdido de acompañarlo en ese trabajo con los chicos. Ese recuerdo adquirió otra dimensión después del crimen.

Luis hablaba de bronca, dolor y rabia. Pero también repetía una idea: no quería venganza. Quería justicia.

Una fuga que volvió a abrir la herida

Con la Investigación Penal Preparatoria concluida, el juez Tobías Podestá elevó la causa a juicio. La acusación ofreció una importante cantidad de pruebas documentales, testimoniales y materiales. Más de 40 testigos fueron propuestos para el debate, además de pericias médicas y psiquiátricas.

La Fiscalía y la querella sostuvieron que las pruebas permitían demostrar que Gutiérrez había sido quien atacó a Lucas. La defensa planteó otra hipótesis. Intentó poner en duda la presencia de Gutiérrez en el momento exacto del ataque mortal y sostuvo que el joven no recordaba lo ocurrido debido a su consumo de drogas. También cuestionó la inexistencia del arma homicida.

Pero antes que comenzara el juicio ocurrió un episodio que volvió a sacudir a los Bentancourt.

El 30 de noviembre de 2019, a pocos días del inicio del debate, Gutiérrez se fugó de la Jefatura Departamental, donde permanecía detenido. La noticia generó indignación. Según la versión brindada por su defensor, el joven atravesaba una crisis de abstinencia y había pedido atención médica. En determinado momento advirtió que la puerta de su celda estaba abierta y escapó. Posteriormente se dirigió a la casa de su madre y fue interceptado cuando regresaba junto a ella.

La Policía inició una investigación interna para determinar cómo había logrado salir de la dependencia y si existieron acciones u omisiones por parte del personal encargado de custodiarlo. Todo eso quedó en la nada, o por lo menos en un sumario interno que no trascendió públicamente, ni mucho menos la sanción que recibió el responsable. Para la familia, fue un nuevo golpe.

Luis escribió entonces: “volvieron a matar a Lucas”. Los amigos y hermanos del joven realizaron una intervención frente a la Jefatura Departamental con carteles en los que reclamaban que quienes custodiaban a los detenidos no volvieran a cometer una negligencia semejante. El juicio comenzaría pocos días después.

Reconstruir esa madrugada

El debate oral comenzó el 11 de diciembre de 2019, ante el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, integrado por Alicia Vivian, Mauricio Derudi y Arturo Dumón. Declararon testigos civiles, policías y profesionales. Algunos habían presenciado parte del enfrentamiento; otros conocían la relación entre Lucas y Gutiérrez y el contexto del barrio.

Un médico policial aportó elementos vinculados con las lesiones que presentaba el imputado y su posible relación con el ataque. También se analizaron fotografías del lugar del hecho y de los elementos secuestrados. La discusión sobre el consumo de drogas de Gutiérrez ocupó buena parte del debate.

La defensa intentó demostrar que su adicción había afectado sus capacidades y que, por esa razón, no podía comprender plenamente la criminalidad de sus actos. Gutiérrez había dicho al inicio del juicio que no recordaba nada de lo sucedido y que aquella noche había consumido marihuana y crack.

La acusación sostuvo lo contrario. Las pericias toxicológicas detectaron un metabolito de cocaína en la orina, aunque no se encontraron rastros de cocaína ni marihuana en sangre. El psiquiatra que intervino en la causa sostuvo que Gutiérrez se encontraba dentro de los parámetros de normalidad y que no presentaba condiciones de inimputabilidad.

La defensa también llevó al juicio a la madre del acusado y a una funcionaria que había intervenido en expedientes vinculados con Gutiérrez cuando era menor de edad. Allí se expuso la historia de consumo problemático y las internaciones que había atravesado.

Pero el Tribunal debía determinar algo central: si esa situación había impedido al acusado comprender lo que hacía. La respuesta fue negativa.

El pedido de las partes

Al momento de los alegatos, el fiscal Lisandro Beherán pidió una pena unificada de 24 años de prisión. Solicitó 20 años por el homicidio, 1 año y 2 meses por una tentativa de robo y la revocación de la condena condicional que Gutiérrez tenía desde 2018. La querella pidió la pena máxima de 25 años exclusivamente por el homicidio.

Los abogados de la familia sostuvieron que había varios elementos que agravaban la conducta: la nocturnidad, la indefensión de Lucas, el factor sorpresa, la utilización de un cuchillo y la conducta posterior al ataque. También remarcaron que Lucas no estaba armado y que Gutiérrez había abandonado el lugar después de la agresión.

La defensa, en cambio, pidió la absolución. Cuestionó la autoría material y sostuvo que no había pruebas suficientes para afirmar que Gutiérrez había sido quien produjo la herida mortal. También insistió en las alteraciones que, según su planteo, le habría provocado el consumo crónico de drogas.

En tanto, la familia de la víctima llegó a la última jornada con una esperanza concreta. Luis lo resumió de una manera que todavía permite comprender el fondo de aquella espera: ninguna condena le devolvería a Lucas, pero esperaba que la Justicia aplicara la pena que correspondía.

El veredicto

El Tribunal encontró a Genaro Gutiérrez responsable del homicidio de Lucas Bentancourt y le impuso 14 años de prisión por ese hecho. A esa pena se sumaron las consecuencias de la tentativa de robo y la revocación de la condena condicional que tenía vigente. El resultado fue una pena unificada de 18 años de prisión efectiva.

La sentencia estableció que Gutiérrez había actuado con conciencia y voluntad. Para los jueces, el consumo de sustancias no había demostrado una alteración permanente de sus facultades que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos.

El Tribunal consideró que hubo una conducta organizada: la utilización de un arma blanca, la elección de una zona letal del cuerpo, la huida posterior y el comportamiento registrado después del ataque fueron elementos valorados al momento de analizar la responsabilidad.

Pero los 14 años por el homicidio fueron recibidos con enorme decepción por la familia. A la salida de Tribunales hubo tensión y familiares y allegados increparon a la jueza Alicia Vivian. La sensación que quedó en los Bentancourt fue que esa condena no había alcanzado a reparar el daño. Para ellos, esa sentencia podía cerrar un expediente, pero no cerraba la historia.

El dolor de Luis

Después del fallo, Luis habló desde un lugar diferente. Ya no se trataba únicamente de la espera de un juicio. Había atravesado el crimen, las marchas, las audiencias, las pruebas, la fuga y finalmente una condena que consideraba insuficiente.

La familia había pedido 25 años. La Fiscalía había solicitado 20 por el homicidio. El Tribunal había fijado 14. Luis sintió que la Justicia le había dado otro golpe. “Nosotros creíamos que la Justicia, por primera vez, tenía la posibilidad de dar una condena ejemplar”, expresó en aquel entonces.

Pero hubo algo que Luis nunca abandonó: su vínculo con los chicos. Mientras reclamaba justicia por Lucas, continuó trabajando en el barrio Toto Yrigoyen. El potrero donde tantas veces enseñó fútbol terminó transformándose en un playón deportivo que lleva el nombre de su hijo.

Luis no pudo recuperar a Lucas. Tampoco consiguió la respuesta judicial que esperaba. Pero convirtió una parte de ese dolor en un espacio para que otros chicos tuvieran una oportunidad.

Luis Bentancourt murió a principios de abril de 2026 a los 69 años. Su muerte no pasó inadvertida para nadie, y mucho menos para el entorno del deporte de Gualeguaychú. Había sido entrenador, director técnico, formador y delegado de la Liga Departamental de Fútbol. Había pasado por clubes como Pueblo Nuevo y Defensores del Oeste. Y quienes lo conocieron lo recuerdan, sobre todo, por estar atento a los pequeños detalles, por contener, acompañar e inculcar valores. Para él, el fútbol era una herramienta para formar personas. Esa tarea no se interrumpió con el asesinato de su hijo.

Una historia que no terminó con la sentencia

El caso Lucas Bentancourt dejó también otras discusiones. Puso bajo la lupa el funcionamiento de las condenas condicionales, los controles sobre personas con antecedentes, las respuestas frente a las adicciones y la capacidad de los organismos estatales para intervenir antes de que un conflicto termine de la peor manera.

La propia sentencia analizó el historial de Gutiérrez y su situación de consumo. La familia, en cambio, insistió durante años en que las señales previas habían sido suficientes para advertir que existía un riesgo. Nunca dejaron de preguntarse si Lucas podría estar vivo si algunas decisiones hubieran sido diferentes. Pero es una pregunta que nunca tendrá respuesta.

Tampoco la tuvo otra cuestión que atravesó todo el proceso: cuánto puede hacer una condena frente a la muerte de un hijo. Para la Justicia, el caso terminó con una sentencia. Para los Bentancourt, no.

Genaro Gutiérrez permaneció un corto tiempo en la Unidad Penal 2 pero mantuvo un conflicto en el pabellón donde había sido alojado y ya para enero del 2020 fue trasladado a la Unidad Penal 4 de Concepción del Uruguay. Desde entonces se encuentra alojado en esa cárcel, aunque hay momentos donde es traído a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú para acercamiento familiar, como ocurrió esta semana, pero tras ello fue llevado de regreso a su celda en la UP4.

La historia judicial por la muerte de Gonzalo Acevedo tuvo un extenso recorrido que atravesó dos juicios, recursos de apelación y una revisión hasta llegar a una sentencia definitiva. El caso, ocurrido en octubre de 2014 en el corazón del barrio Munilla en Gualeguaychú, tuvo como protagonistas a integrantes de una familia acusada de participar en una violenta pelea que terminó con una víctima fatal y otra persona gravemente herida.

En los primeros minutos de esa madrugada del 26 de octubre de 2014, la Policía acudió a la esquina de Tala y Chalup por un llamado donde denunciaban sobre una pelea que se había originado en la zona. Al llegar, encontraron tendidas en la calle a dos personas: Gonzalo Acevedo estaba muerto, mientras que su amigo Walter Quiroga estaba vivo, pero muy mal herido.

Según constó en la causa, la víctima de 27 años recibió “múltiples lesiones contuso cortantes, punzo cortantes y contusas en diferentes áreas corporales que involucraron órganos vitales, tales como el pulmón, el pericardio, el diafragma y el corazón”. En tanto, Quiroga, de 28 años, recibió una puñalada de tres centímetros en la región inguinal derecha que puso en riesgo su vida, por la cual debió ser intervenido de urgencia para estabilizarlo y evitar su muerte.

Desde el comienzo, la investigación judicial tuvo como principal desafío reconstruir la secuencia exacta de lo sucedido, debido a las características propias de una pelea colectiva. La figura penal analizada fue la de homicidio en riña, una modalidad contemplada por el Código Penal con penas de entre 2 y 6 años, para aquellos casos donde una persona muere durante un enfrentamiento en el que aparecen varias personas en escena, pero por sobre todo no se puede determinar con certeza quién es el responsable directo de la acción mortal.

La causa avanzó con varios imputados y llegó a juicio oral en una primera instancia. En ese debate se analizaron testimonios, pericias y distintos elementos incorporados al expediente, aunque la resolución adoptada por el Tribunal en ese momento no dejó conforme a la acusación.

Alicia Vivian, la por entonces jueza que llevó delante de forma unipersonal ese juicio en 2015, había absuelto por el beneficio de la duda a la gran mayoría de los imputados por el delito de homicidio en riña, pero condenó a tres de ellos, Floreana Núñez, Jonathan Petizco y a Héctor Petizco, a un año de prisión efectiva por considerarlos penalmente responsables de lesiones graves en riña en perjuicio de Gonzalo Acevedo. Otra de las acusadas, Daiana Petizco, recibió un año de prisión condicional por el mismo delito. Es decir, todos fueron absueltos por el delito de homicidio en riña, pero los seis imputados fueron condenados de ocasionarles lesiones graves a una persona que murió asesinada por heridas de arma blanca, dictándoles penas que no superaron el año de prisión.

La acusación no quedó conforme y el proceso tomó entonces un nuevo rumbo. La Cámara de Casación Penal intervino sobre la sentencia inicial y resolvió revisar lo actuado, disponiendo que se realizara un nuevo debate oral para analizar nuevamente los hechos y las responsabilidades de los acusados.

Esa decisión abrió una nueva etapa en una causa que ya llevaba varios años de trámite judicial y que continuaba generando expectativa tanto entre los familiares de la víctima como entre los imputados.

Un nuevo juicio

El segundo debate oral representó una instancia clave para el expediente. En esa oportunidad se volvieron a escuchar testimonios y se analizaron las pruebas reunidas durante la investigación, con el objetivo de establecer qué participación tuvo cada uno de los acusados en aquella pelea que terminó con consecuencias fatales.

El Tribunal debió evaluar un escenario complejo: una confrontación en la que participaron varias personas, con versiones contrapuestas sobre cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes intervinieron y qué acciones derivaron en la muerte de Acevedo.

Finalmente, el juez Arturo Dumón dictó una nueva resolución y encontró responsables a tres integrantes de esa familia: Héctor Oscar Petizco, Jonathan Ismael Petizco y Floreana Leticia Núñez. Los tres fueron condenados a la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de homicidio en riña y lesiones graves, en relación con la muerte de Acevedo y las heridas sufridas por Quiroga.

La sentencia marcó un cambio respecto del primer proceso y estableció una responsabilidad penal para los acusados, luego de un extenso recorrido que incluyó la intervención de distintos organismos judiciales.

El fallo también reflejó la complejidad que presentan los casos de violencia grupal, donde la Justicia debe determinar responsabilidades dentro de un contexto en el que intervienen múltiples personas y donde la reconstrucción de los hechos depende del análisis conjunto de numerosos elementos probatorios.

Años de incertidumbre

Desde el momento del hecho hasta la sentencia condenatoria transcurrieron varios años en los que familiares, allegados y la comunidad de Gualeguaychú siguieron de cerca la evolución del expediente.

Para la familia de Gonzalo Acevedo, el proceso judicial representó la búsqueda de una respuesta frente a una muerte ocurrida en circunstancias violentas. Para los acusados, en tanto, significó atravesar distintas instancias en las que plantearon sus argumentos y ejercieron su derecho de defensa.

La causa tuvo como eje central determinar qué ocurrió durante aquella pelea y cuál fue el grado de participación de cada persona involucrada. La discusión judicial no estuvo centrada únicamente en la existencia del enfrentamiento, sino en la posibilidad de establecer responsabilidades penales dentro de un episodio donde participaron varias personas.

La confirmación posterior de la sentencia por parte de la Cámara de Casación Penal de Concordia permitió cerrar una etapa del expediente y dejó firme la condena contra los tres acusados.

De esta manera, una causa que comenzó con una riña callejera y una muerte, terminó convirtiéndose en un proceso judicial de varios años, atravesado por revisiones, nuevos debates y decisiones de distintos tribunales.

Una noche trágica

El expediente judicial tuvo como punto central la reconstrucción de lo ocurrido durante esa madrugada del 26 de octubre de 2014. Según se estableció durante la investigación, una discusión derivó en la agresión física entre los dos grupos, donde la violencia fue incrementándose hasta producir consecuencias irreversibles.

Uno de los principales obstáculos para la investigación fue determinar con precisión la secuencia de las agresiones y el rol que tuvo cada participante. En este tipo de episodios, donde intervienen varias personas en una pelea simultánea, la Justicia debe analizar no solamente quiénes estuvieron presentes, sino también cuál fue la conducta desplegada por cada uno y si esa intervención tuvo relación directa con el resultado final.

Durante los debates orales se analizaron las declaraciones de testigos, los informes médicos, las pericias y demás elementos incorporados al expediente. Cada una de esas pruebas fue evaluada para intentar reconstruir los momentos previos al desenlace y establecer las responsabilidades penales.

Además del fallecimiento de Acevedo, la causa también contempló las lesiones sufridas por Walter Quiroga, quien resultó gravemente herido durante el mismo episodio. Ese aspecto fue incorporado al análisis judicial y formó parte de la condena dictada posteriormente.

El cierre de una etapa

Luego del segundo juicio oral y de la condena impuesta a Héctor Oscar Petizco, Jonathan Ismael Petizco y Floreana Leticia Núñez, la resolución volvió a ser revisada por la Justicia.

La defensa de los condenados planteó distintos cuestionamientos sobre la sentencia, por lo que el expediente continuó su recorrido mediante los mecanismos de revisión previstos dentro del sistema judicial entrerriano.

Finalmente, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la condena, ratificando la responsabilidad atribuida a los tres integrantes de la familia por los delitos de homicidio en riña y lesiones graves.

La decisión significó el cierre de una etapa procesal que había comenzado con el hecho ocurrido en 2014 y que atravesó diferentes instancias hasta alcanzar una resolución definitiva.

El fallo confirmó una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva para los tres condenados, dejando firme la conclusión judicial alcanzada luego del segundo debate oral.

Los primeros días del año encontraban a la ciudad inmersa en el ritmo habitual de la temporada: las noches del Carnaval del País, el movimiento constante de turistas y las altas temperaturas que parecían no dar tregua. Mientras el centro conservaba el bullicio propio de esa época del año, en una esquina de Bolívar y 3 de Febrero comenzaba a gestarse una escena que, con el correr de las horas, quedaría grabada para siempre en la memoria policial de la ciudad.

Era la mañana del lunes 1° de febrero cuando un olor penetrante empezó a llamar la atención en el Hospedaje Mayo, una pensión de paso ubicada en Bolívar 536. Al principio nadie imaginó que detrás de la puerta de una de las habitaciones se escondía un crimen. Los responsables del lugar pensaron que podía tratarse de algún desperfecto, de comida en mal estado o incluso de un animal muerto. Sin embargo, con el correr de las horas el hedor se volvió insoportable.

La puerta permanecía cerrada y del otro lado nadie respondía. Fue entonces cuando decidieron dar aviso a la Policía. Minutos después llegaron los primeros efectivos. El procedimiento, que en un principio parecía rutinario, cambió por completo cuando lograron acceder a la habitación. Sobre una cama apareció el cuerpo sin vida de una mujer. El avanzado estado de descomposición hacía evidente que llevaba varios días muerta.

El calor agobiante de aquellos últimos días de enero había acelerado el proceso de descomposición hasta volver prácticamente irreconocible el cadáver.

La noticia comenzó a recorrer la ciudad con una velocidad inusitada. En una época en la que las redes sociales todavía no tenían protagonismo, pero la novedad corrió como reguero de pólvora por cada comercio, por cada esquina, por cada conversación de aquel mediodía.

¿Quién era la víctima? Esa respuesta demoró algunas horas porque hasta ese momento no existía ningún pedido de localización. Sin embargo, y mientras la Policía trabajaba en el hospedaje, a unas pocas cuadras de ese lugar, una familia comenzaba a comprender que la ausencia de una de sus integrantes en los últimos días escondía algo mucho más grave.

Desaparecida

Raquel Esther Terra tenía 38 años, aunque casi todos la conocían por otro nombre: Karina. Había nacido y crecido en el barrio Munilla. Quienes la conocían la describían como una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a enfrentar las dificultades cotidianas que imponía una vida atravesada por la precariedad económica.

Era madre de dos hijos. Sin empleo formal y con escasas oportunidades laborales, había encontrado en el trabajo sexual una forma de sostener económicamente a su familia. Desde hacía años frecuentaba la zona céntrica, especialmente las inmediaciones de San Martín y Pellegrini, donde era conocida tanto por otros trabajadores de la noche, como por comerciantes, cuidacoches y policías que patrullaban habitualmente el sector.

Su rutina era casi siempre la misma. Por eso comenzó a llamar la atención cuando dejó de aparecer. El jueves 28 de enero había sido la última vez que alguien la había visto con vida. Sin embargo, nadie imaginó que estaba desaparecida.

Karina alternaba su estadía entre la casa de su madre, Juana Morales, y el domicilio de su pareja. Durante varios días cada uno creyó que ella estaba en la vivienda del otro. Esa circunstancia retrasó la búsqueda y permitió que el crimen permaneciera oculto durante casi cuatro días.

Recién cuando un sobrino de su pareja llegó hasta la casa de Juana Morales a preguntar si Karina estaba allí comenzaron las dudas.

La respuesta fue negativa y a partir de ese momento empezaron a buscarla. Su pareja recorrió los lugares donde acostumbraba trabajar. Algunos conocidos preguntaron por ella en el centro. Pero nadie sabía nada. Horas después llegó la peor noticia.

Una identificación dolorosa

El cuerpo hallado en el Hospedaje Mayo era prácticamente irreconocible. El avanzado estado de descomposición impedía identificarla a simple vista. Fue necesaria la presencia de familiares. Juana Morales ingresó a la morgue con la incertidumbre de una madre que todavía conservaba una mínima esperanza.

Los médicos ya le habían advertido cuál era el estado del cuerpo. No fue el rostro lo que permitió reconocerla. Una pulsera de Boca Juniors que Karina llevaba siempre en una de sus muñecas terminó despejando cualquier duda.

La mujer encontrada en la habitación del hospedaje era su hija. Para la familia comenzaba un duelo inesperado. Pero para la Justicia recién empezaba una investigación que en pocos días cambiaría por completo el rumbo del caso.

En un primer momento todas las posibilidades permanecían abiertas. Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis, pero la autopsia derribó cualquier duda, a pesar que el estado que presentaba el cuerpo hacía difícil establecer qué había ocurrido dentro de aquella habitación cerrada.

La necropsia, realizada por el médico forense Oscar Chiapetti, fue determinante. Karina no había muerto por una causa natural. Había sido asesinada. El informe estableció que la mujer murió por asfixia mecánica provocada por estrangulamiento con un cinturón y el análisis permitió calcular que llevaba aproximadamente cuatro días fallecida. Ese dato coincidía con la última vez que había sido vista con vida.

A partir de allí, la investigación dejó de buscar una explicación para una muerte dudosa y pasó a perseguir a un homicida.

Las primeras pistas

Mientras Criminalística realizaba las pericias dentro del Hospedaje Mayo, los investigadores comenzaron a reconstruir quiénes habían pasado por esa habitación durante los últimos días. Cada dato era importante: los registros del hospedaje, las llaves, los movimientos de los huéspedes, las personas que habían entrado y salido del hospedaje. Las declaraciones del personal comenzaron a dibujar una primera línea investigativa.

No pasó mucho tiempo hasta que la atención de los investigadores se concentró sobre dos jóvenes que frecuentaban el lugar y trabajaban como cuidacoches en la zona del ex Casino Gualeguaychú y ambos fueron demorados en las horas posteriores.

La noticia ocupó rápidamente las portadas de los medios locales y la ciudad seguía con atención cada novedad. Lo que todavía nadie imaginaba era que la investigación avanzaría con una velocidad poco habitual y que, en cuestión de semanas, la Justicia lograría reconstruir casi por completo cómo habían sido las últimas horas de vida de Karina Terra.

Investigación, juicio y final

Las primeras horas posteriores al hallazgo fueron frenéticas. Mientras el cuerpo de Raquel Esther "Karina" Terra era sometido a una autopsia, el entonces Juzgado de Instrucción Nº 1 comenzó a reconstruir los últimos movimientos de la víctima. En aquellos años todavía regía el antiguo sistema procesal penal entrerriano, por lo que la investigación estaba a cargo del juez Eduardo García Jurado, quien dirigía personalmente cada medida probatoria.

Los investigadores sabían que el tiempo jugaba a su favor. Cuatro días habían transcurrido desde el crimen, pero el escenario todavía conservaba elementos suficientes para reconstruir lo ocurrido dentro de aquella habitación del Hospedaje Mayo.

El establecimiento era conocido por alojar pasajeros de paso y personas que alquilaban habitaciones por pocas horas. Por eso, cada ingreso y cada salida debían ser revisados minuciosamente.

Las primeras entrevistas al personal del hospedaje comenzaron a arrojar datos importantes. Uno de los nombres apareció repetidamente en las declaraciones: Pablo Andrés Fiorotto, un joven de 23 años que trabajaba como cuidacoches en el centro de Gualeguaychú y que conocía a Karina de los alrededores de San Martín y Pellegrini.

Los registros del hospedaje indicaban que Fiorotto había ocupado esa habitación y conservaba una copia de la llave. Esa información pasó a ser una pieza central de la investigación.

Cuando fue interrogado, Fiorotto intentó desvincularse del crimen, pero su relato comenzó a mostrar contradicciones casi desde el inicio. Aseguró no haber estado en el lugar durante los días en que los forenses estimaban que se había producido la muerte de Karina. Sin embargo, distintos testimonios obtenidos por los investigadores lo ubicaban en las inmediaciones del hospedaje y también en el centro de la ciudad durante esas jornadas.

Las grietas crecían con cada declaración. El personal del hospedaje aportó información sobre los movimientos dentro del edificio y otros testigos recordaron haber visto al joven ingresar y salir de la habitación. La situación era cada vez más complicada para el sospechoso, hasta que las pruebas reunidas terminaron por derribar su versión defensiva.

Los investigadores concluyeron que, tras mantener un encuentro sexual con la víctima, Fiorotto la estranguló utilizando un cinturón y luego abandonó el cuarto. Antes de irse cerró la puerta con llave desde el exterior. Ese detalle resultó decisivo.

La habitación permaneció cerrada durante varios días y el cuerpo recién fue descubierto cuando el olor provocado por la descomposición hizo imposible permanecer en el lugar. Aquella decisión permitió demorar el hallazgo del crimen y, durante casi cuatro días, el responsable continuó desarrollando su rutina con absoluta normalidad.

El móvil del crimen

La investigación descartó rápidamente otras hipótesis. No existía una relación sentimental entre víctima y victimario, ni tampoco había indicios de un robo planificado o de una pelea previa. El expediente terminó concluyendo que el móvil había sido estrictamente económico.

Según quedó acreditado durante la instrucción, Fiorotto había contratado los servicios sexuales de Karina, pero al momento de pagar decidió matarla para evitar entregar el dinero. Esta conclusión quedó respaldada por el conjunto de pruebas incorporadas a la causa y sería el eje de la acusación durante el juicio oral.

Mientras tanto, un segundo joven que había sido detenido en las primeras horas recuperó la libertad luego de que la Justicia dictara la falta de mérito, al no encontrar elementos que permitieran vincularlo con el homicidio.

Toda la responsabilidad penal quedó concentrada sobre Fiorotto. En menos de 60 días el juez García Jurado dio por concluida la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio. No era habitual que un homicidio llegara tan rápidamente a esa instancia en esos años con un sistema procesal obsoleto y vetusto. La prueba reunida había permitido reconstruir con claridad la secuencia de los hechos y sostener la acusación sin mayores fisuras.

Por aquellos años Gualeguaychú todavía no contaba con la infraestructura necesaria para realizar juicios orales por delitos de semejante gravedad. Todos los procesos por homicidio eran juzgados en la Cámara del Crimen de Gualeguay y allí se desarrolló el debate que puso fin a la investigación iniciada aquel caluroso primer lunes de febrero.

La condena

El juicio oral comenzó en marzo de 2011. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Roberto Javier Cadenas, que casualmente había jurado como magistrado en febrero de 2010, Jorge Omar Torres y Daniel Elías Alle. En tanto, la acusación estuvo a cargo del fiscal Dardo Tortul, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Víctor Rebossio.

Durante las audiencias declararon empleados del hospedaje, policías que participaron del procedimiento, peritos y testigos que permitieron reconstruir los movimientos de Fiorotto antes y después del crimen.

Los informes médicos confirmaron nuevamente que la muerte había sido provocada por estrangulamiento con un cinturón.

Los testimonios del personal del Hospedaje Mayo también resultaron determinantes. Fueron ellos quienes explicaron cómo comenzó a sentirse el intenso olor que llevó al descubrimiento del cuerpo y quienes aportaron datos sobre la ocupación de la habitación y las llaves del establecimiento.

La Fiscalía sostuvo que el homicidio había sido cometido con el único propósito de evitar el pago por los servicios sexuales prestados por la víctima y por ello solicitó una pena de 13 años de prisión por homicidio simple. La defensa, por el contrario, insistió en la absolución al considerar que no existían pruebas directas suficientes para responsabilizar a su asistido.

El 23 de marzo de 2011 la Cámara del Crimen de Gualeguay dio a conocer el veredicto. Los jueces encontraron a Pablo Andrés Fiorotto autor penalmente responsable del delito de homicidio doloso y lo condenaron a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Meses más tarde el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó íntegramente la sentencia, que quedó firme.

Fiorotto permaneció detenido inicialmente en la Unidad Penal de Gualeguay y luego fue trasladado a la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú para cumplir el resto de la condena. En 2016, luego de haber cumplido los dos tercios de la pena y reunir los requisitos legales exigidos por el régimen penitenciario, obtuvo la libertad condicional.

Parte del recuerdo

El crimen de Karina Terra pertenece a una etapa muy distinta de la historia reciente de Gualeguaychú.

En 2010 la figura penal del femicidio todavía no existía en la legislación argentina. Recién dos años más tarde el Congreso incorporaría ese agravante al Código Penal, modificando para siempre la forma en que la Justicia abordaría los asesinatos de mujeres atravesados por la violencia de género.

La familia de Karina tampoco contó con el acompañamiento institucional que hoy existe para las víctimas y sus allegados. Su madre y sus hermanas atravesaron el duelo prácticamente en soledad, mientras intentaban comprender cómo una mujer que había salido a trabajar para mantener a sus hijos terminaba convertida en protagonista de una de las páginas policiales más dolorosas de la ciudad.

Dieciséis años después, el viejo Hospedaje Mayo ya no existe. Sin embargo, para quienes siguieron de cerca la investigación, aquella habitación de Bolívar y 3 de Febrero sigue siendo el escenario donde comenzó a escribirse uno de los homicidios que más se recuerdan en la ciudad.

Para hablar de un hecho particular de la historia, primero hay que trazar un marco de lo que sucedía no sólo en el país, sino en el mundo. Analizar lo general para comprender lo particular, que en este caso se trata del asesinato del senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, muerto balazos en una sesión en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

El 24 de octubre de 1929, Estados Unidos amaneció con el derrumbe del mercado de valores, que arrastró a miles de inversores. Muchos perdieron sus grandes fortunas y los dólares que los capitalistas tenían, se evaporaron. Esto no sólo afectó a Estados Unidos, sino que trajo réplicas en todo el mundo.

Por aquellos años, Gran Bretaña, socio comercial de la Argentina, era el principal comprador de carnes y a causa de esta crisis bajó de golpe un 40% el valor de nuestras exportaciones. Esto llevó a que gran parte de los productores del campo, medianos y pequeños, se fundieran. Por lo tanto, hubo un cimbronazo tremendo en el sector y el país se quedó divisas para importar.

En ese momento, nuestro país producía muy poco, tenía una industria endeble y a consecuencia de lo que sucedía en el agro, se originó una expulsión de la mano de obra rural a las ciudades. Pero esto trajo aparejado la aparición de nuevas fuentes de trabajo que se abrían para sustituir las importaciones. Se empezaba a fabricar localmente lo que antes se importaba.

Lo que ocurrió es que esos nuevos puestos de trabajo no alcanzaban para satisfacer los números de desocupación. La situación era muy grave y el hambre de la gente también, y las clases dominantes tuvieron la excusa perfecta para volcar esa animosidad social en la figura del presidente Hipólito Yrigoyen. Fue así que el 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo lideraron el golpe de Estado que interrumpió por primera vez en nuestra historia el orden democrático y dio inicio a la llamada “Década Infame”.

Uriburu no hizo nada diferente a lo que sus predecesores iban a hacer a lo largo de los reiterados gobiernos de facto. Prohibió partidos políticos, suspendió elecciones e implementó ley marcial y censura. Buscaba un orden corporativista y autoritario, influenciado por el fascismo creciente en Italia y Alemania. Intentó reformar la Constitución con la intención de quedarse en el poder, pero fracasó ante un descontento popular y como figura de recambio apareció Agustín P. Justo, quien ganó en unas elecciones completamente fraudulentas en 1932, que la historia lo conoció como “fraude patriótico” porque se proscribió a la Unión Cívica Radical. Uriburu abandonó el país, se exilió en Europa y murió poco después.

Justo asumió la presidencia en 1932 y se mantuvo en el poder hasta 1938. Nacido en Concepción del Uruguay en 1876, este militar e ingeniero tuvo un vínculo muy especial con Gualeguaychú. Visitó la ciudad el 29 de mayo de 1937 y se convirtió en el tercer presidente en hacerlo, detrás de Urquiza y Avellaneda. Lo hizo en el yate presidencial “Tecuara”, llegó al renovado puerto de Gualeguaychú y fue en el marco de la inauguración de importantes obras, entre las que se destacaba la Costanera, la Avenida Del Valle y el Asilo de Ancianos (hoy Instituto Agrotécnico).

Justo, Roca y la Commonwealth

Al flamante presidente Justo, lo acompañó en la fórmula Julio Argentino Roca, el hijo del conquistador del desierto; y fue en ese contexto de crisis mundial que Gran Bretaña decide comprarles exclusivamente a sus colonias, conocidas como la Commonwealth, la comunidad británica de naciones.

Esta decisión dejaba afuera a la Argentina como proveedor de carne y demás derivados del sector agrícola ganadero, y originó que los terratenientes entraran en pánico. Enviaron a Londres una misión encabezada por Roca, donde brindó un discurso en la Cámara de Comercio Argentino-Británica y dijo que Argentina merecía ser parte del imperio británico.

Roca trató por todos los medios que la Argentina se incorpore a la Commonwealth, pero a Gran Bretaña no le interesaba y se aprovechó de la desesperación criolla. En todo caso, le dicen a Roca que están dispuestos a hacer un pacto comercial, y así se firma el 1 de mayo de 1933 el Pacto Roca-Runciman. El vicepresidente argentino y el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman.

Gran Bretaña solamente se compromete a comprar carne argentina en la medida que sea más barata que la de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. A cambio, Argentina se comprometía a dejar entrar a las empresas británicas sin pagar ningún derecho, y nuestro país acepta la imposición anglosajona que solo podrá establecer frigoríficos nacionales si no tenían fines de lucro.

Asesinato en el Senado

En 1984, el director Juan José Jusid estrenó su película “Asesinato en el Senado de la Nación”, con la actuación de grandes actores como Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, entre un largo elenco. No era una ficción, sino que estaba basado en los hechos que sucedieron 23 de julio de 1935. Esa tarde, mataron a balazos al senador nacional Enzo Bordabehere. Pero esos disparos de arma de fuego no estaban dirigidos a él que todavía no había asumido, sino que tenían como blanco a otro senador, que la historia poco rescata y que fue conocido como “el fiscal de la República”.

Lisandro De La Torre era Senador Nacional por Santa Fe del Partido Demócrata Progresista. Había llegado a un Congreso que se caracterizaba por la corrupción. Justo había llegado al poder de forma fraudulenta y de ahí para abajo todo estaba teñido de corrupción.

El Pacto Roca-Runciman fue el principio de una serie de entrega de soberanía a los británicos que De La Torre se encargó de denunciar dentro del recinto de la Cámara Alta. Durante cinco sesiones hizo público, de forma muy solitaria, los escandalosos negociados y la implicancia directa del Presidente Justo y dos de sus ministros, el de Agricultura y el de Hacienda, Luis Duhau y Federico Pinedo, respectivamente.

De La Torre presentó pruebas contundentes. Descubrió la facturación real que se enviaba a tierras británicas, escondida en cajas bajo el rótulo de “corned beef”, en un barco británico. Se llevaban las pruebas de la evasión fiscal y fraude, al calor del Pacto Roca-Runciman.

Esa tarde del 23 de julio, De la Torre iba a denunciar esto en el Senado de la Nación, pero a medida que iba relevando todo el entramado de corrupción, la situación comenzó a calentarse y Duhau y Pinedo lo amenazan de muerte, pero este político socialista de 66 años, lejos de amedrentarse continuó.

Duhau, impunemente, contestó a la audiencia: “Ya pagará todo este señor Senador, punto por punto, ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho”. De la Torre estaba completamente solo en el Senado y esperaba por la asunción de Enzo Bordabehere, otro santafesino que quería como a un hijo, electo Senador pero que Roca, como presidente de la Cámara, no aprobaba los pliegos para que asumiera y lo acompañara en la bancada demócrata progresista.

Bordabehere estaba esa tarde con la esperanza de que al terminar los temas de la sesión se pudiera tratar su pliego para finalmente asumir el cargo y acompañar a su mentor y maestro. Las discusiones eran cada vez más encendidas y las amenazas más impunes. Duhau era un estanciero bonaerense, vinculado a la Sociedad Rural. De la Torre reveló que Duhau se beneficiaba vendiendo ganado de su propiedad a los frigoríficos investigados.

A Pinedo le achacaba su papel como responsable técnico del tratado Roca-Runciman. Pero fue durante una discusión con este Ministro que sucedió todo. Fue insultado por Pinedo y De La Torre se paró de su banca y se dirigió hacia donde estaba Pinedo, pero al llegar, Duhau se interpuso y le dio un empujón. De la Torre cayó al piso: Bordabehere corrió en su auxilio, pero fue en ese instante que resonaron tres estampidos y, luego, otro. Pocos se dieron cuenta de que era Valdez Cora quien disparaba. Y que Bordabehere, al cubrir a De la Torre, se desplomaba en medio de un estallido de sangre. Tenía dos tiros en la espalda y, al girar el cuerpo hacia el hombre que gatillaba, recibió otro en el tórax. El cuarto disparo lo hirió a Duhau en la mano izquierda.

El comisario Valdez Cora

El sicario se había equivocado de blanco. El muerto debía ser De La Torre. Este hombre de 42 años, encargado del trabajo sucio del Partido Conservador y conocido por haber apoyado el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, lo premiaron con el cargo de comisario en la Policía de Buenos Aires. Pero no duró mucho: su carrera estuvo signada por apremios ilegales, abuso de poder y cobro de coimas.

Ese 23 de julio, Valdez Cora se encontraba en el Senado y no dudó en sacar su arma y disparar. Luego, salió corriendo del recinto, pero no alcanzó a abandonar el Congreso que fue detenido. Fue condenado a 20 años de prisión y recuperó la libertad en 1953. Su muerte se produjo al año y medio, sin que nunca fueran identificados sus cómplices e instigadores.

Bordabehere fue despedido en Santa Fe ante miles y miles de personas. De La Torre quedó destruido y nunca se pudo recuperar. Justo ni siquiera decretó duelo por el asesinato de Bordabehere y esa misma noche del crimen asistió a una gala en el Teatro Colón. De La Torre declararía horas después del crimen: “Se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino”.

El duelo y la muerte

Pinedo, sin esperar que pasara un tiempo prudencial, retó a duelo a De La Torre ese mismo día del homicidio, “con motivo de las expresiones lujuriosas vertidas por el senador Lisandro de La Torre”, argumentó el diario El Censor de Gualeguaychú en aquella edición del 25 de julio y agregó: “El lance se realizó esta mañana en Campo de Mayo, cambiándose los duelistas un disparo de pistola de acuerdo a los establecido por los respectivos padrinos, sin resultado”.

En el duelo, De La Torre disparó al aire, mientras que Pinedo tiró a matar, pero gracias a la mala puntería, la vida del Senador siguió unos años más, pero ya no era el mismo. Poco a poco se fue retirando de la vida política. Escribió sus memorias. El 5 de enero de 1937 renunció a su banca, cansado y abrumado por el silencio de la mayoría de la clase política, y dos años después se quitó la vida en su domicilio de Esmeralda 22, en la Ciudad de Buenos Aires.

Pocas semanas después de aquella final que Argentina perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue sin aclararse. A pesar de que se tomaron más de cincuenta declaraciones testimoniales en la causa, se analizaron cámaras de seguridad y se investigaron sospechosos y distintas líneas de hipótesis, nunca se pudo determinar realmente qué fue lo que sucedió con Rosalía Delia Abelleyra, ni tampoco el porqué.

Esta mujer de 76 años vivía sola en una casa de dos plantas, muy bonita y con un estilo arquitectónico moderno para la época en la que había sido construida. Fue la vivienda familiar de los Fernández, que tenían un muy buen pasar económico gracias al rol como camarista en Gualeguay que había tenido el esposo de Abelleyra en la década del 70 y otras propiedades que daban sus réditos para sostener ese estilo de vida.

Tras la muerte de Abelleyra, la propiedad estuvo durante muchos años a la venta, pero fue recién en este último tiempo que cambió un poco la fisonomía, principalmente la fachada que tenía, que la distinguía en uno de los puntos más céntricos y coquetos de la ciudad.

Abelleyra tenía tres hijos (un hombre y dos mujeres) y según lo que se desprendió de aquella investigación policial y judicial, la relación intrafamiliar no era de las mejores. Habría existido un histórico maltrato de la mujer hacia sus hijos, que con los años se convirtió en un resentimiento que los alejó de su madre. Por ello es que pasó tantos días encerrada y maniatada en el baño sin ser descubierta, ya que prácticamente nadie la visitaba, hasta que fue su propio hijo el que la rescató de ese estado.

Sin cámaras ni testigos

Cuando la Policía ingresó al domicilio ubicado en Luis N. Palma 418, hubo algo que les llamó poderosamente la atención: el desorden. Para los investigadores se estaba ante un claro asalto. Los delincuentes habían entrado a la vivienda y revuelto cada rincón. No había dudas. Pero con el correr de las horas la investigación dijo otra cosa.

Abelleyra fue encontrada en el baño, en posición fetal, atada de pies y manos, y con su rostro completamente desfigurado por golpes que recibió. Pero lo peor era el cuadro de deshidratación que presentaba y por el cual debieron internarla en la sala de cuidados intensivos del Hospital Centenario.

Un testigo presencial del momento en que rescataban a la mujer de la vivienda relató que se la oyó gritar reiteradamente: “Sos un hijo de puta”. Aunque el destinatario del insulto era un misterio, la frase encendió la primera línea de sospecha en la investigación. El rastro, no obstante, se desvaneció en pocas horas: los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lucrecia Lizzi la entrevistaron en el Hospital Centenario, donde la anciana descartó cualquier sospecha sobre su hijo.

Surgieron otras líneas investigativas. Se habló de tres hombres que habían llegado desde ciudad a los que los habían contratado o vendido el dato de que en esa casa había dinero, pero quedó en la nada porque no se encontraron pruebas. No surgió ninguna anormalidad en cada una de las cámaras de seguridad que el personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú analizó.

El jefe de Policía de Gualeguaychú por aquel entonces, comisario Vicente Giménez, señaló: “Nosotros vimos una vivienda muy segura, al igual que las que la rodean, dotadas de perros de vigilancia, sensores de movimientos y alarmas. La obra en construcción lindera está prácticamente cerrada, por lo que no hay por dónde ingresar, y además posee cámaras para el control de personal. Esa es una de las cámaras de las cuales tenemos una cantidad de material que se está analizando. Otra es la del edificio Torres de Avenida, más los testimonios recogidos. Seguimos trabajando y analizando las más de 60 horas de grabación que hay”.

Pero existía un punto ciego. La casa tenía su frente sobre Luis N. Palma y sobre esta avenida estaban ubicadas las cámaras de seguridad de vecinos, comercios y de la Municipalidad, pero la propiedad tenía otra salida por República Oriental y se estima que esa puerta se pudo haber utilizado para abandonar la vivienda sin ser captado por alguna filmación. Pero eso es otra hipótesis.

Lo cierto es que en esta causa no hay nada cierto y es por eso que, a casi 12 años del hecho no hay imputados y mucho menos condenas para los responsables.

Compradora compulsiva

La gran pregunta que les quitaba el sueño a los peritos era el móvil. ¿Por qué ensañarse con una anciana, golpearla, atarla y dejarla morir en el baño si no existía otra razón aparente que el robo? Es un interrogante que aún no tiene respuesta. Aunque al principio todo apuntaba a un asalto, la hipótesis nunca se confirmó: el desorden en la casa era tan caótico que los investigadores jamás pudieron determinar qué elementos faltaban, y mucho menos si había dinero en juego.

Abelleyra no solo vivía en un aislamiento extremo, muy similar al de los acumuladores compulsivos, sino que compraba constantemente cualquier objeto que tuviera a mano. Con su fallecimiento, ocurrido el 5 de octubre, los investigadores perdieron la principal fuente de información para esclarecer lo que había sucedido en esa casa. 

El único elemento clave con el que contaba el fiscal Lisandro Beherán eran los precintos plásticos con los que habían atado a la víctima. De hecho, para destrabar la causa, llegó personal de Investigaciones de Paraná, quienes recomendaron realizar un estudio genético sobre esos elementos. Los precintos fueron secuestrados y remitidos al Departamento de Genética Forense con la esperanza de obtener patrones de ADN para cotejarlos con los sospechosos. Sin embargo, tras pasar varios días en la ciudad, los peritos de la capital provincial no lograron hallar ningún otro indicio y los resultados de laboratorio no fueron los esperados. Así, la prueba más importante de la causa terminó en la nada.

Por aquellos años, Beherán declaraba a la prensa: “No se pudo determinar si la señora tenía dinero guardado y se lo habrían llevado. Lo que quedó bien definido es que era una persona que gastaba mucho dinero en compras”. Lo que el fiscal ignoraba en ese momento era que aquellos consumos excesivos de la víctima se convertirían en la prueba clave de otra causa: la que terminó con la condena por estafa de la tarotista Alejandra Atúm, hermana de la recordada Pequeña P.

La vidente

Pasó una década y las cifras en pesos que hoy parecen insignificantes, diez años atrás servían para terminar de pagar un auto cero kilómetro. Eso fue lo que pasó y comprometió a Alejandra Atúm, una de las hermanas de Pequeña P, la vedette de Gualeguaychú que llegó a los teatros de revistas en Buenos Aires y falleció el 27 de febrero de 2009

Alejandra, hoy ya fallecida, fue una de las personas que más bregó por la investigación de su hermana, junto a la madre de ambas. Había tomado notoriedad en los medios de comunicación porque estaba convencida que a Pequeña P la habían matado y los sostenía en cada una de las notas que a ella y su madre le hacían.

Esta notoriedad le valió para hacerse más conocida en su rol como vidente o tarotista. Y fue así que Gabriela Fernández, una de las hijas de Delia Abelleyra, la contactó para que le dijera mediante su experiencia paranormal quién había sido el que mató a su madre.

Pero Atún se aprovechó de esa situación de vulnerabilidad y también de la posición económica, y estaba convencida de que le iba a sacar beneficio. Mediante intimidación, le hizo creer a la mujer que su madre le debía dinero a una banda de delincuentes y que, si no le entregaban el pago de esa deuda, la iban a matar a ella y a sus dos hermanos.

Todo esto, una vez que Fernández se dio cuenta que Atúm la estaba estafando, terminó en una causa judicial y en una condena de dos años de prisión condicional, ya que le había requerido que le entregara 50 mil pesos para evitar la masacre.

En ese juicio, la Fiscalía intentó probar que la tarotista había asistido a Gabriela Fernández en varias oportunidades. En uno de esos encuentros, cuando fue a la vivienda de Abelleyra para hacer una “curación” y limpiar el lugar de “malos espíritus”, Fernández le regaló una costosa cartera Ricky Sarkany y un collar de su madre; la vidente no solo aseguraba haber espantado las malas energías, sino que además les reveló, supuestamente a través de sus poderes extrasensoriales, quién había sido el asesino de la anciana

“No hubo amenazas sino una puesta en escena para que la víctima incurriera en un error”, fue lo que le dijo el fiscal Beherán al juez Mauricio Derudi en el juicio a Atúm por los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de marzo de 2015. 

En su alegato, Beherán mencionó que Atúm cerró la deuda del crédito de su automóvil, calculada en unos 22 mil pesos, el día antes a que se conociera la denuncia de Fernández, y cuando se le preguntó por esta casualidad, la mujer se excusó diciendo que se trataba de un crédito que le habían dado a su marido en su trabajo, sin documentación respaldatoria.  

Pasaron casi cuatro años desde que se cometió el hecho hasta la lectura de la condena. En el medio pasó de todo, incluso un juicio trunco porque Martínez se había fugado del centro de rehabilitación en Concepción del Uruguay, cinco días antes a que iniciara el debate oral y público en Gualeguaychú, donde estaba imputado por “homicidio en ocasión de robo con abuso sexual con acceso carnal”.

Todo se inició en 2014. Estela Alberto llegó a su casa en el del sector 1 del barrio Eva Perón (348 viviendas) alrededor de las tres de la madrugada, luego de pasar la Nochebuena en la casa de su hermana. Cuando sus familiares regresaron a buscarla horas más tarde, ya nadie contestó a la puerta. Solicitaron la presencia de la Policía para ingresar al departamento. Entraron por una ventana y la encontraron tendida sobre la cama con manchas de sangre sobre las sábanas.

Fue llevada al Hospital Centenario, donde murió en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre. Tras la autopsia, se determinó que la causa de la muerte se debió a un fuerte golpe en la sien. Pero lo más aberrante fue el descubrimiento (aunque ya se había constatado en su ingreso al hospital) que había sido salvajemente abusada y que incluso se había utilizado un elemento contundente.

La autopsia que le realizó horas más tarde el médico forense Marcelo Benetti arrojó que tenía hematomas en ambos ojos, en el cuero cabelludo y en la nuca; en la región facial izquierda presentaba una probable compresión de suela de calzado, además de lesiones cortantes en el arco superciliar izquierdo, con desprendimiento parcial de piezas dentales. Tenía otras lesiones en el cuello, el hombro, la clavícula derecha, el brazo derecho, la mano izquierda y el meñique derecho.

Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se había tratado de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

No se tardó mucho en escuchar el nombre de Leandro “Coño” Martínez como sospechoso, o por lo menos en tener algún tipo de vinculación. Tal es así que fue detenido el 29 de diciembre, en una vivienda del sector oeste del barrio Eva Perón, pero fue liberado 24 horas después por el entonces fiscal Guillermo Biré por falta de pruebas suficientes para imputarlo por el hecho. Al otro día, el 31, fue nuevamente detenido, pero esta vez con claras certezas de que había sido el responsable. Había pruebas genéticas que lo involucraban directamente con el hecho.

Un pasado de drogas

A Martínez se le dictó una prisión preventiva que se fue prorrogando, hasta que su abogado defensor consiguió que continuara con esta modalidad en el Centro de Adicciones El Edén, que funciona en Concepción del Uruguay, por el consumo problemático de estupefacientes que tenía el joven de 22 años al momento del hecho.

Durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) no sucedió demasiado. Estaba clara la autoría de Martínez y sólo restaban conocerse resultados de informes periciales y detalles judiciales que permitieron avanzar la causa hasta que el Juzgado de Garantías elevó el legajo a juicio. La primera audiencia se fijó para el 3 de agosto.

Habían pasado ocho meses de cometido el hecho y el fiscal coordinador del Ministerio Público de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, tenía claro que iba a ir por la pena máxima: la reclusión perpetua. El tipo de crimen cometido podía llevar al acusado a una cadena perpetua. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Lo que no fue imposible para Martínez fue escapar del Centro de Adicciones donde estaba alojado cumpliendo su prisión preventiva. Sabía que enfrentaba una dura condena y no tenía nada para perder. Aprovechó el momento adecuado y se fue caminando por la puerta de entrada el jueves 30 de julio. Cinco días antes de que se iniciara el juicio.

“Chupate esta mandarina”

Desde entonces no se supo más nada de él. El juicio debió suspenderse porque el imputado debe estar presente y todo parecía indicar que el caso iba a quedar en el olvido. Pero en este punto hay que destacar el trabajo de los investigadores, tanto del Ministerio Público Fiscal y la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, que nunca dejaron atrás cualquier rastro de Martínez.

Pero “Coño” cometió un error terrible para cualquier criminal que se jacta de serlo. Se confió. Llegó a la zona de la Triple Frontera y creyó que nunca más lo iban a encontrar. Dejó abierta una de sus tres cuentas de Facebook. Allí subía declaraciones de amor a su nueva novia, con fotos y paisajes característicos de Brasil. El 7 de diciembre de 2015 ya les había adelantado a sus perseguidores adonde había llegado, escribiendo en su muro: “Chupate esta mandarina. ¡En Brasil, vieja!”.

Después de eso fue mucho más fácil rastrearlo. Incluso, a principios de 2016, viajó una comisión policial de Investigaciones para aprehenderlo, pero en esa ocasión no pudieron dar con su paradero. Martínez se movía por Bolivia, Paraguay y Brasil, haciendo malabares en los semáforos, lo que también dejó documentado en Facebook. Dejó escrito momentos de reflexión como “La vida sin drogas es mucho mejor. Veo mis cambios y mi felicidad día a día gracias a las personas que me enseñaron que una vida sin drogas es más linda. Fuerza chicos que se puede, yo pude y es tan lindo”, y otros en donde denotaba cierto cambio de vida.

Finalmente, fue atrapado cuando intentaba cruzar desde Ciudad del Este a Foz do Iguazú. Nueve meses duró su periplo por la triple frontera y en la Comisaría 2º de Foz do Iguazú esperó por su extradición, que llevó varios meses. Mientras, en Gualeguaychú, trabajaban en los trámites burocráticos para repatriarlo y a fines de mayo de 2016 culminaron con todo lo que debían preparar.

Recién a mediados de 2018 arribó al país custodiado por Interpol y quedó alojado en la Alcaidía de Sección Extradiciones, Departamento Interpol, ubicada en Buenos Aires. Luego se designó una comisión policial conformada por el Grupo Especial de Gualeguaychú, que efectivizó su traslado.

Una vez en nuestra ciudad y mientras se fijaba la fecha para el esperado juicio, Martínez fue alojado en la Colonia Penal N° 9 con prisión preventiva, pero a los pocos días debió ser reubicado en la (ya desalojada) Unidad Penal Nº 2 porque habría protagonizado un intento de fuga y ante cualquier otra situación se decidió su traslado a un lugar de mayor seguridad (todavía no habían sido construidos los pabellones de máxima seguridad).

El juicio

En septiembre comenzó el juicio y sólo dos audiencias bastaron para juzgarlo. No hubo mayores sobresaltos para determinar la autoría del hecho. Ninguno de los argumentos expuestos por la defensa encontró el reparo jurídico probatorio.

La jueza Alicia Vivian fue quien presidió el Tribunal, y junto a Arturo Dumón y Mariano Martínez (que reemplazó a Mauricio Derudi que en el inicio de la investigación actuó como Fiscal coordinador), impusieron de forma unánime la pena de 27 años de prisión por los delitos de "homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal calificado por haber resultado la muerte de la ofendida".

Martínez había declarado en una de las audiencias: “Yo no la mate, no la abusé y no le robe nada a Estelita” y argumentó que no había tenido nada que ver con lo sucedido. Para explicar sus rastros genéticos que fueron hallados en la escena del hecho y extraídos del cuerpo de la mujer, se defendió argumentando una supuesta relación sexual con la víctima a cambio de dinero.

Para los magistrados, la versión de Martínez tenía serias disonancias con pruebas sustanciales rendidas en el juicio. Esa versión que la víctima mantenía tanto con él, como con otros jóvenes, relaciones sexuales por dinero, fue desvirtuada por las pruebas y porque ninguno de los testigos que fueron convocados por la defensa del imputado pudo dar fe de lo argumentado. Todos ellos dijeron que "había comentarios en el barrio" y no pudieron establecer, ante preguntas concretas, el origen de esos comentarios. Negaron haber conocido o sabido que el acusado mantenía ese tipo de relación con la víctima.

Asimismo, la declaración de Martínez tampoco coincidía con la personalidad que tenía Estela Alberto y la forma que ella tenía de relacionarse con los jóvenes y sus vecinos. Esos mismos testigos, que eran compañeros de salida de "Coño" Martínez, a la hora de responder sobre la relación que mantenían con la víctima, fueron coincidentes en decir que no tenían contacto con ella, que era un trato normal, que era muy reservada y que si se les caía una pelota no se las quería devolver.

Derribando “comentarios”

De estos comentarios se desprende que Estela Alberto no era una persona afable ni de socializar con jóvenes. “No era sociable, o dada con sus vecinos del barrio, por el contrario, la preocupación, y el temor que sentía, hacen presumir su falta de confiabilidad social o vecinal”, explicaron los jueces de forma unánime en su sentencia.

Pero, además, en cuanto al tipo de relación sexual consensuada, fue científicamente desvirtuado gracias a los dichos y la labor desplegada por el médico forense Marcelo Benetti, que al revisar a la víctima encontró lesiones en zona genital y anal, y descartó la posibilidad de un trato sexual voluntario. Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se trató de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

El abogado defensor, Pablo Ronconi, pretendió desacreditar el robo, basándose en que tras el hecho se hallaron 28 mil pesos debajo del colchón de Estela Alberto. Poner en crisis el móvil del robo era crucial para la defensa porque de esta manera la pena no sería tan dura. Pero los jueces no coincidieron con esto y argumentaron: “Si el autor del hecho no se llevó ese dinero no es porque no tuviera intención de sustraerlo, sino porque sencillamente no se percató de su existencia”.

Los jueces no tuvieron dudas. Martínez estaba motivado por su necesidad de obtener dinero para continuar consumiendo drogas y bebidas alcohólicas, y por ese estado sucedió el hecho. “La muerte de la víctima no fue consecuencia del acto abusivo sino de la violencia ejercida en primera instancia para perpetrar el desapoderamiento”. Es por esto que el Tribunal valoró los hechos y los subsumió a las figuras de homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal.

El único tema de conversación en la calle, por aquellos días, era el descenso de categoría de River Plate. Nadie salía del asombro sobre lo que ese domingo 26 de junio de 2011 había sucedido. Pero esa semana todo cambió en Gualeguaychú y el interés social giró hacia lo que se había descubierto en la mañana del viernes 1 de julio: un joven había sido hallado muerto en un complejo de cabañas en la Calle 2, a metros del Camino de la Costa.

En aquel tiempo, la zona era muy distinta a la actualidad. Poca iluminación, calles de tierra, pocos habitantes en las inmediaciones, desolación y un montón de adjetivos más que se podrían agregar para describir un lugar muy diferente a la belleza que representa hoy.

Esa mañana había sido una de las más frías registradas ese año. Todavía no se había levantado la escarcha que blanqueaban los pastos cuando la Policía tomó conocimiento del crimen que había ocurrido dentro de un complejo de bungalows, situado muy cerca de la guardería de lanchas que todavía funciona sobre el Camino de la Costa.

Leonardo Herrera había sido hallado muerto, atado de pies y manos a una silla y cubierto con una manta. Tenía un corte de 10 centímetros sobre el lateral derecho del cuello, en la zona de la arteria aorta y siete puñaladas en el tórax. Tenía 24 años y trabajaba como sereno del lugar.

Desde ese día se tomó la posible hipótesis de que habían actuado entre tres y cuatro personas, incluso se habló de la filmación de una cámara de seguridad de un complejo aledaño a la escena del crimen, pero nunca se pudo ver fielmente lo que mostraban esas imágenes y mucho menos identificar a alguien.

Inmediatamente tomó fuerza la línea investigativa de que la víctima conocía a sus homicidas, porque en la escena del crimen no había nada que mostrara indicios de un ingreso violento. “Estaba todo limpio”, contó una fuente del caso en aquel momento. Incluso, dentro de esa hipótesis inicial, se estableció que los sospechosos habían permanecido con Herrera toda la noche, pero que en un momento determinado ocurrió algo que desencadenó la tragedia.

En principio se habló que el móvil sería el robo de un televisor LCD de 52 pulgadas, otra TV de 20 pulgadas, una computadora y un DVD, aunque la investigación policial no descartó otras teorías como un ajuste de cuentas o algo relativo a un tema pasional. Fue lo primero que se tejió para tratar de explicar el móvil que pudiera orientar la investigación.

En los albores de la investigación se nombró la posibilidad de que fueran cuatro las personas que habían estado con Leonardo Herrera esa noche del crimen, pero nunca quedó muy claro qué fue lo que pasó con ellos y si pudieron ser identificados.

Se estimó que estas cuatro personas abandonaron el lugar en un vehículo y una de las pruebas más importantes con las que se contaba en un principio era la filmación de una cámara de seguridad de la guardería de lanchas, ubicada justamente en esa intersección del Camino de la Costa y Calle 2, en las que se observaba el tránsito de un auto en la hora señalada en la que ocurrió el crimen.

Pero con esto hubo un grave inconveniente: nunca se pudo distinguir nada de esa imagen por la baja calidad de la filmación. La definición era muy mala, era de noche y la zona era muy oscura, con poco tránsito, principalmente a esa hora de la madrugada.

El video se remitió para ser analizado, pero nunca se pudo mejorar. Los píxeles no eran lo suficientes como para estirar la imagen sin que perdiera claridad, y además se dificultó realizarlo con otro tipo de tecnología debido a la deficiencia en tecnología del sistema informático que existía en ese momento en Entre Ríos.

El abogado que representó a la familia Herrera solicitó que esas imágenes fueran remitidas a la Policía Federal o a Gendarmería Nacional, pero desde la Justicia se negó ese pedido y se requirió que se le preguntara a la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para saber si había incorporado tecnología para ello. "La causa no avanza porque no hay tecnología suficiente como para profundizar la investigación como se debería", explicó años atrás el querellante.

Lo cierto es que la causa entró en un sinfín de idas y vueltas, que hasta el día de hoy no ha encontrado descanso. Quien inició la investigación fue el ex juez de Instrucción N° 3, Sergio Carboni. Por aquellos años, esta figura era quien comandaba las actuaciones de todas las investigaciones y relegaba el protagonismo de los fiscales a un segundo plano.

Así funcionaba el sistema investigativo por aquel entonces. Los fiscales eran meros colaboradores del Juez de Instrucción. Pero tras la jubilación de Carboni, el caso pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eduardo García Jurado, que lo suplantó interinamente.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2013, llegó la tan esperada Reforma Procesal Penal en Entre Ríos, que eliminaba la figura del Juez de Instrucción y aparecían los Juzgados de Garantías y de Transición, que tenían como finalidad resguardar las garantías del proceso penal y de las investigaciones que ahora quedaban exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.

Entonces, la investigación por el crimen de Leonardo Herrera pasó a la órbita del Juzgado de Garantías y Transición de María Angélica Pivas, que tomó ese lugar por aquellos tiempos, pero fue durante un corto periodo, porque tras su nombramiento como vocal de la Cámara de Gualeguay, el caso quedó en manos de su reemplazante, otro interino, el juez Mario Figueroa.

Luego de un tiempo subrogando el cargo de Juez de Garantías en Gualeguaychú, Figueroa también se alejó de la jurisdicción y su puesto fue tomado por el actual juez Ignacio Telenta.

Hay una máxima en el ámbito judicial forense que dice que las primeras 72 horas son claves para el esclarecimiento de un crimen; y que pasado ese tiempo las pruebas se van perdiendo, haciendo cuesta arriba llegar al culpable. Durante estos últimos 15 años esos folios o fojas han pasado de mano en mano sin que existan mayores novedades respecto al caso.

El hecho ya estaría proscripto penalmente. Dentro de esa investigación lo único que aparece como relevante es un registro palmar levantado en el lugar del hecho, que ha sido cotejado, pero “no ha dado resultados positivos”. La última directiva había sido volver a cotejar esas huellas con las bases de datos nacionales y provinciales, pero tampoco arrojó los resultados esperados que pudieran redireccionar la investigación. Incluso, hubo cierto optimismo en que esos cotejos de huellas con los registros con la base de datos de la Policía Federal Argentina en CABA y Provincia de Buenos Aires pudieran encauzar la investigación, pero los resultados también fueron insatisfactorios.

Quince años después del asesinato de Leonardo Herrera, una de las principales incógnitas ya no pasa únicamente por identificar a los responsables, sino por determinar si el paso del tiempo terminó clausurando cualquier posibilidad de persecución penal.

La cuestión no es menor. En derecho penal, la prescripción depende de la calificación legal del hecho, y justamente ese es uno de los problemas que arrastra este expediente desde sus inicios: nunca pudo establecerse con certeza bajo qué figura encuadra el crimen.

A lo largo de todos estos años no fue posible reconstruir de manera concluyente qué ocurrió aquella madrugada ni cuál fue el móvil del ataque. Esa falta de certezas impidió definir si se trató de un homicidio simple, de un homicidio cometido en ocasión de robo o de un homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que el autor mata para procurar su impunidad y que prevé la pena más grave del Código Penal.

La diferencia no es solamente jurídica. De ella depende también el plazo de prescripción de la acción penal. Según lo establecido por el Código Penal Argentino, los delitos reprimidos con prisión o reclusión perpetua prescriben a los 15 años, mientras que para otras figuras de homicidio el plazo es de 12 años.

Desde el 1 de julio de 2011, fecha del crimen, ya transcurrieron quince años. En consecuencia, si el hecho fuera considerado un homicidio simple o un homicidio en ocasión de robo, la acción penal se encuentra extinguida desde hace tiempo. Incluso bajo la hipótesis más gravosa, la del homicidio criminis causae, el expediente alcanzó durante este año el límite temporal previsto por la ley para la persecución penal.

De esta manera, la falta de una definición clara sobre las circunstancias del asesinato, sumada al paso de una década y media sin una resolución judicial definitiva, coloca al caso en un escenario donde la prescripción es el desenlace jurídico más probable para una causa que nunca logró esclarecer quién mató a Leonardo Herrera ni por qué lo hizo.

Este caso es, sin dudas, uno de los más tremendos e impactantes en la historia policial de la provincia y, a pesar de que ocurrió en Concepción del Uruguay, el hecho conmocionó y enlutó a todo Entre Ríos. Gran parte del país se hizo eco a través de los medios nacionales, los cuales reflejaron los crímenes por unos días hacia fines de 2016.

Para el Tribunal que lo juzgó en 2018 no hubo dudas que todo sucedió en un contexto de “Violencia de género”, en una negativa por parte del joven de 24 años de reconocer a quien era su esposa como una persona libre. Pero no sólo eso, también se determinó que actuó de forma coordinada y premeditada porque cuando salió de su casa en Basavilbaso, donde vivía con sus padres, sabía lo que iba a hacer.

Pero para contar esta historia hay que remontarse a mucho tiempo atrás del día que se desencadenó la tragedia, cuando Juan Pablo Ledesma y Yohanna Carranza de 23 años eran pareja. Para principios de 2016 aún vivían juntos y tenían dos pequeñas hijas de 7 y 5 años, aunque la convivencia en la casa que compartían en el barrio 134 viviendas de Concepción del Uruguay, estaba atravesada por la violencia.

Carranza estaba cansada de las agresiones y logró sacarlo del domicilio a través de una denuncia, que posibilitó que la Justicia dictara la prohibición de acercamiento, tres meses antes que sucedieran los asesinatos. Aunque la víctima había logrado su cometido, Ledesma siempre se las ingeniaba para seguir molestando a la mujer y las alertas se disparaban cada vez que el joven no devolvía a tiempo a sus hijas luego de las visitas parentales convenidas.

Por aquellos años, los números de femicidios ocurridos en el país ya eran tan alarmantes a los actuales. Incluso este cuádruple crimen se produjo 24 horas después del femicidio de dos mujeres en Paraná, donde un prefecto asesinó con su pistola reglamentaria a su ex esposa, a su ex novia e hirió a un vecino. Fue un año donde ocurrieron muchos hechos trágicos en Entre Ríos.

El Registro de la Corte Suprema de Justicia había contabilizado 235 femicidios en 2015, e incluso se había establecido que, en el 20% de ellos, había existido una denuncia previa por violencia de género. Otro dato que no disiente de lo que ocurre en el presente es que al 70% de esas mujeres las mató una pareja, un ex, un novio, un marido, un conviviente o un familiar.

Yohanna Carranza tenía miedo. Y no sólo por ella, sino también por sus hijas. Porque es muy común que incluso los hijos sean involucrados en la disputa conyugal. Son tomados como un valor con el cual extorsionan y amenazan. Hubo un caso en Concordia en abril del 2015 donde un hombre subió al auto a sus dos hijos mellizos de 7 años y condujo a alta velocidad y de contramano por la Ruta Nacional 14 hasta chocar contra un camión. Antes le había enviado un mensaje a su ex que decía: “No vas a ver más a tus hijos”.

El principio del final

Ledesma había pasado el fin de semana junto a sus hijas en Basavilbaso y pasada la medianoche ya lunes 7 de noviembre de 2016 pidió un remis para que lo llevara hasta Concepción del Uruguay. En el camino se comunicó con Carranza y le adelantó que quería hablar con ella.

En la casa estaba Carlos Vicente Peralta, un muchacho de 27 años que había iniciado hacía poco tiempo una relación con Yohana, e incluso aprovechando que durante ese fin de semana las niñas iban a estar con su padre, había sido la primera vez que se había quedado a dormir en la casa del barrio 134 Viviendas, donde se desató la tragedia.

Las crónicas policiales de aquel momento describían el hecho como un “ataque de celos”, de “incidente pasional”, “estaba con otro”, que “no habría tolerado la nueva relación”. Nada de eso sirve como justificativo. Ledesma no reconocía en Carranza otra cosa que no fuera de su propiedad. Como sentenció el Tribunal, no la consideraba una persona libre y por eso la mató.

Peralta fue la primera víctima. Y eso demuestra también la planificación que tenía. Debía dejar fuera de pelea al otro hombre que podía imposibilitar que llevara adelante la masacre y para esto el factor sorpresa fue clave. Con el cuchillo que había llevado desde Basavilbaso le dio tres puñaladas en la cocina de la casa provocándole lesiones en el tórax que afectaron el corazón y le causaron la muerte casi inmediata por un shock hipovolémico.

Carranza y las niñas fueron testigos directos del crimen. Todas salieron corriendo de la casa y Ledesma salió detrás de ellas. Yohana ensangrentada pedía auxilio, pero Ledesma tomó a las niñas y las llevó nuevamente para dentro de la casa, lo que obligó a la mujer a ingresar también por el temor a que les hiciera algo a las pequeñas.

Ledesma cerró la casa por dentro, trabó puertas y ventanas; y luego atacó a su ex con al menos cinco puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Carranza tuvo heridas en mejillas, piernas, cuello, en una oreja, hombros, tórax, zona mamaria y murió por una hemorragia masiva. También la mató en la cocina, delante de las niñas.

La tragedia terminó con la muerte de las pequeñas en la habitación que ambas compartían. A su hija Luisana, le produjo dos cortes en el cuello que le seccionaron la carótida y a la menor la hirió en cuatro oportunidades, seccionando ambas carótidas.

Para ese momento la Policía ya estaba en camino, aunque la masacre había terminado. Ledesma procuró que nadie pudiera ingresar a la casa. Trabó todas las aberturas y con el mismo cuchillo con el que asesinó a su familia, se originó lesiones en el cuerpo para simular un ataque de Peralta, dejando el arma en la mano del joven que yacía muerto en el piso.

Cuando los efectivos llegaron se encontraron con la casa totalmente cerrada y debieron forzar la entrada. Adentro el panorama era desolador. Las niñas degolladas en sus respectivas camas, Carranza y Peralta asesinados en la cocina, y Ledesma herido de arma blanca en otra de las habitaciones.

Nadie le creyó

La Investigación Penal Preparatoria que llevó adelante la fiscal Melisa Ríos no tuvo sorpresas ni giros. Desde el principio se descartó cualquier hipótesis que no tuviera a Ledesma como el responsable de esta masacre. Esa misma madrugada del 7 de noviembre, fue asistido y trasladado al Hospital Justo José de Urquiza, en donde permaneció unos días hasta que le dieron el alta. Tras ello fue imputado y se dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 4, para finalmente quedar alojado en la Unidad Penal N° 7.

Ríos solicitó numerosas medidas probatorias y testimoniales, de vecinos, familiares de las víctimas, así como del acusado y del remisero que trasladó a Ledesma esa noche. También se ordenaron numerosas pericias en el domicilio y el levantamiento de sangre, muestras que fueron remitidas a Paraná para pruebas de ADN. Se sumaron las pericias psicológicas al imputado, que en ningún momento demostró arrepentimiento por sus actos.

La causa fue elevada a juicio el 2 de septiembre de 2017 y se había fijado fecha de inicio para el 23 de octubre, pero por problemas de salud de su abogado defensor, Mario Arcusín, el mismo que defendió al ex intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, obligó a que se postergara el debate.

Finalmente, tras el receso de la feria judicial de verano del 2018 comenzó el juicio y como principal argumento defensivo, Arcusín recurrió como atenuante a la “emoción violenta”. Por su parte, el fiscal Fernando Lombardi, calificó el hecho como “una tragedia sin precedentes” en la ciudad y definió al asesino como un hombre “violento, controlador, egocéntrico y obsesionado” con Johana, “a quien ya había golpeado meses antes”.

Ledesma fue imputado de homicidio agravado por el vínculo de sus pequeñas hijas Luisana y Candela; homicidio agravado por el vínculo de su esposa Johanna Carranza y por violencia de género y homicidio agravado por venganza transversal en el caso de Carlos Peralta, a quien asesinó para causar dolor en Johanna Carranza.

Dos semanas después, el Tribunal, integrado por Rubén Chaia, Mariano Martínez y Fabián López Moras, llegó a una decisión. De forma unánime, los jueces consideraron que los hechos se dieron en un contexto de “violencia de género” y que Ledesma actuó en forma coordinada y premeditada al salir de su casa en Basavilbaso con el arma homicida. Chaia dijo que “la pena de prisión perpetua es aplicable”. El asesino “tenía dominio pleno del hecho, tanto en forma previa como posterior”, y que también “manipuló la escena del crimen”.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia ratificó la sentencia de primera instancia y Ledesma aún continúa preso. Podría recibir la libertad casi a sus 60 años.

Apenas había arrancado el 2017 cuando sucedió un hecho que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Una mujer había sido encontrada por su pareja, tirada en la cocina comedor de su casa, con un fuerte traumatismo de cráneo, en medio de un charco de sangre, pero con la cabeza bien acomodada sobre una almohada y un ventilador que le daba en el rostro.

Esta mujer era Beatriz Espíndola, tenía 56 años y vivía en una casa de Montevideo y Del Valle. Ese 18 de enero por la noche, su pareja llegó a la vivienda luego de un largo día de trabajo en el Parque Industrial, con cierta preocupación porque desde las cinco de la tarde no había logrado comunicarse con ella y eso no era común.

El panorama cuando abrió la puerta fue desesperante. Inmediatamente pidió por una ambulancia y alertó a su cuñada sobre lo que había sucedido. La mujer llegó de inmediato a la vivienda y fue ella quien acompañó a la víctima hasta el Hospital Centenario, mientras el hombre se quedó en la casa para tratar de entender qué era lo que había pasado. Fue allí que se dio cuenta que faltaban dos televisores, una tablet y cerca de tres mil pesos.

Espíndola quedó alojada en la Terapia Intensiva, inconsciente. El médico constató hundimiento de cráneo y debido a la gravedad de la situación, se decidió su traslado a una clínica de mayor complejidad en Concepción del Uruguay, donde permaneció poco menos de una semana en coma farmacológico.

Afortunadamente logró recuperarse. Cuando despertó, los investigadores quisieron saber detalles de lo ocurrido. La mujer le dijo al fiscal Martín Gil que no recordaba nada. Había sido atacada por la espalda y de un fierrazo la habían desmayado. Pero lo llamativo era el almohadón en la cabeza y el ventilador a su lado. Era 18 de enero, hacía mucho calor y la consideración del delincuente despertó muchísima intriga. Todo era muy raro, pero nadie abrió la boca. Debieron pasar seis meses para que el ataque sufrido por Espíndola tuviera sentido para los investigadores.

Un femicidio planificado

El crimen perfecto no existe, pero es cierto que, si una investigación no se hace seriamente desde un inicio, cae en serios riegos de que nunca de aclare quién fue el autor. Afortunadamente esto no fue lo que pasó con Ramón De La Cruz Ortiz, que fue detenido por el femicidio de Susana Villarruel 24 horas antes de que apareciera el cuerpo. Incluso, quedó aprehendido pocas horas después de que hiciera la denuncia por la desaparición de su ex esposa.

No hubo dudas. Desde un principio quedó en el ojo de la investigación: había sido la última persona en que la había visto con vida y nadie cayó en su mala actuación de congoja y desesperación. Pero, además, hubo otros indicios que marcaron el camino de los investigadores para determinar que había tenido relación con lo que hasta ese momento era una desaparición de persona.

Esa fría mañana del 10 de julio de 2017, Ortiz se presentó apurado en la casa de Susana Villarruel en el barrio Toto Irigoyen. La mujer de 37 años todavía dormía cuando su ex esposo tocó a la puerta. Le dijo que los estaba esperando un remise en Tropas e Irazusta, para ir al centro a realizar unos trámites.

Lo extraño de todo esto era que el auto no fue hasta la puerta del domicilio, pero la mujer no desconfió y salió caminando del barrio junto a quien minutos después iba a matarla.

Entre las 7 y las 7.20 de la mañana, el hombre de 38 años mató a Susana Villarruel, a unos pocos metros del puente sobre el Arroyo El Cura. La atacó con un arma blanca y le causó múltiples heridas, que terminaron con su vida. Tras la realización de la autopsia, el médico forense Marcelo Benetti detalló que la apuñaló en el cuello, en la sien y en la mama derecha.

Por la forma en la que se cometieron las heridas, es muy factible que la haya tomado por detrás. Mientras caminaban por la desolada Irazusta al sur, esperó el momento oportuno, donde no hubiera testigos y donde a la víctima le resultara imposible una defensa, pedir ayuda o escapar. Según el alegato que meses después realizaría el fiscal Lisandro Beherán en el juicio: “La atacó deliberadamente buscando y aprovechando la situación de indefensión de la señora, a quien agredió y apuñaló hasta dejarla sin vida, para luego ocultar el cuerpo en la maleza, para que no sea fácil su localización, y salir huyendo del lugar del crimen”.

Susana trató de defenderse, pero las puñaladas fueron mortales. Casi en el acto perdió la vida. Pero sus gritos fueron escuchados por tres personas, que luego declararon que la víctima conocía a su victimario: resultaba ser una persona conocida para quien iban dirigidos esos gritos, porque tenían relación directa con los hijos. “Con mis hijos no te metas, metete conmigo”, le decía.

Nadie le dice eso a alguien a quien no conoce. Y a los investigadores le fue cerrando todo cuando se fueron interiorizando sobre la relación conflictiva que había tenido Villarruel con Ortiz, que había terminado semanas antes porque el hombre no aportaba económicamente en la casa.

Ningún familiar se pudo contactar con Susana durante todo el día y cuando por la tarde le preguntaron a Ortiz por Susana comenzó el teatro. Entre las 22 y las 23 horas del mismo 10 de julio, el asesino hizo la denuncia en la Comisaría Octava.

Fue el propio Ortiz el que se involucró en la desaparición. Era la última persona que la había visto. Dijo que la había dejado en la parada, pero los colectiveros de la empresa declararon que jamás había subido, lo cual era cierto porque Susana murió en el camino.

La tarjeta y el video

Las inconsistencias en el relato de Ortiz fueron generando cada vez más sospechas en el fiscal Martín Gil, quien ordenó su detención al día siguiente de la desaparición. El hombre de 38 años estaba alojado en la Jefatura, mientras todavía se buscaba a Susana con vida, aunque las expectativas más realistas suponían un femicidio.

Otra de las incongruencias en el relato del asesino, con quien tenían un hijo en común, es que quiso acompañarla “porque en el barrio le gritaban cosas y la molestaban”, pero supuestamente la dejó en la parada del transporte público sin ver si efectivamente se subía al colectivo, mientras que él tomó un remise rumbo al centro, donde debían encontrarse nuevamente. Nada convincente.

El cuerpo de Susana fue buscado durante todo el 11 de julio. Los rastrillajes se concentraron en el Arroyo El Cura y se practicaron durante todo el día con perros y personal de Prefectura, pero recién apareció a la mañana siguiente. Fue encontrado a un costado del curso de agua, en una zona de pastizales, con golpes y heridas cortantes que habían sido ocasionadas con un arma blanca. Solo una hora se tardó en identificarla oficialmente.

Con la confirmación de que se estaba ante un crimen y el principal sospechoso estaba encerrado, el Fiscal requirió una orden de allanamiento en la vivienda donde se hospedaba Ortiz. Susana no tenía ninguna de sus pertenencias cuando la encontraron y resultó que estaban en poder de su ex esposo.

Susana debía ir ese lunes al centro de la ciudad a entrevistarse con un abogado para poner fin al matrimonio entre ambos de manera legal y eso habría sido el detonante del femicidio. Ortiz tomó el teléfono de la víctima y desde ese aparato se envió un mensaje como coartada mientras la mujer agonizaba tapada entre los matorrales.

Pero lo que lo comprometió aún más al sospechoso fue cuando se comprobó que Ortiz había retirado por cajero automático, dinero de la tarjeta de la Asignación Familiar por Hijo, minutos después de haber cometido el crimen. Esa transacción quedó grabada en las cámaras y sirvieron como prueba fundamental en el juicio.

Gil le había solicitado al Banco Nación que le informara si estaba vigente el plástico y cuándo se había registrado el último movimiento. La respuesta de la entidad fue reveladora. La tarjeta estaba activa y había sido utilizada por última vez el 10 de julio a las 9.27 horas, es decir el día que Susana Villarruel dejó la casa y poco después de haber sido asesinada.

Ortiz trató de defenderse diciendo que Susana le había dado la tarjeta para que sacara dinero para comprarle unas piedritas de Reiki, pero esto fue poco creíble. “La separación del matrimonio fue porque Ortiz no aportaba dinero para la casa. Si esa mañana habían salido juntos para que el acusado le diera dinero a Susana, no se puede entender como lógicamente terminó siendo completamente al revés”, señaló Beherán en el juicio.

Se unifican los casos

Fue en ese juicio realizado en noviembre de 2017, cuatro meses después de ocurrido el crimen, que la opinión pública se enteró que Ramón De La Cruz Ortiz era el hijo de Beatriz Espíndola, la mujer que casi muere a causa del fuerte golpe que recibió en su cabeza a principios de ese año.

Para ese entonces los investigadores ya habían unificado los hechos y fue gracias a que Espíndola decidió hablar y contar lo que le había pasado luego de enterarse del femicidio de Susana Villarruel.

Ese 18 de enero, su hijo llegó acompañado de otro hombre a la casa de Montevideo y Del Valle, cargando unas herramientas para “arreglar algo”. Le pidió gaseosa y cuando ella se dio vuelta, le pegó con un fierro en la cabeza. Todo esto se lo dijo con detalles al fiscal Gil luego del crimen de Villarruel. Antes -y por ser su madre - no lo quiso denunciar.

Cuatro días después de ocurrido este hecho, ocurrió otro caso de mucha similitud en el barrio Toto Irigoyen, muy cerca de donde vivía Susana Villarruel. Un hombre de 63 años fue encontrado tirado en el piso de su casa. Unos vecinos vieron la puerta abierta y apenas ingresaron lo hallaron desmayado, en un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza.

El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y de allí derivado a una clínica en Concepción del Uruguay debido a que presentaba un edema cerebral. Permaneció en coma inducido hasta que poco a poco recuperó su lucidez y regresó a Gualeguaychú para continuar con su recuperación.

En la casa no había signos de violencia. La puerta no estaba violentada y en el interior no había desorden, y además se halló el teléfono celular del hombre. Lo habían golpeado con el contrafilo de un hacha de mano. Por este hecho se involucró a dos jóvenes gracias al testimonio de un testigo privilegiado: Ramón De La Cruz Ortiz.

El fin de una historia trágica

Este hombre fue condenado a prisión perpetua a fines de noviembre de 2017. Había sido imputado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género. No hubo claroscuros en la decisión del Tribunal de Juicios encabezado por el vocal Mauricio Derudi. En ese juicio se ventilaron todos los pormenores y no hubo dudas en que el móvil del crimen se debió a la frustración que sintió cuando Susana Villarruel puso fin a la relación de pareja.

En un mensaje que envió el 24 de junio de 2017 a Ahora ElDía, que fue incorporado en la causa junto a una entrevista que se le realizó en una radio local antes de cometer el crimen, De La Cruz Ortiz escribió: “Quería contar mi caso. Hace una semana que vivo en la calle. Me echaron de mi casa con lo puesto. Mi mujer me dio 5 días para llevarme mis dos hijos de 9 y 12 años conmigo. Fui al Juzgado y por ser hombre no tengo derechos. No sé qué hacer, ni dónde ir a pedir ayuda”.  

Para los magistrados que fundaron su sentencia a prisión perpetua, les resultó indudable que Ortiz no había logrado asumir ni superar el distanciamiento de su mujer. No toleraba haber sido excluido por su esposa de la vivienda que habitaban, lo cual significaba ni más ni menos que romper con la estabilidad que había alcanzado a partir del vínculo.

Esa estabilidad fue brindada por el trabajo, por tener una vivienda propia, por dejar de vivir en la incertidumbre de no saber dónde dormir o qué comer, todo lo cual fue logrado por primera vez en su vida desde su relación con Susana al igual que la conformación de una familia con los hijos de ella, de él, y la hija que tenían en común, conforme lo explicó la licenciada Norma Hermann en el debate.

Ortiz sentía frustración no sólo por lo ocurrido, sino también por lo que se avecinaba que era la separación definitiva de Susana, con la consecuente privación del estado de bienestar que había logrado a partir de su relación, resultándole paradójico que quien le posibilitara acceder a esa dicha y confort sea la misma persona que abruptamente se lo privara. En absoluto estaba dispuesto a tolerar que su mujer sea la responsable de su infelicidad.

La historia oficial de Parera comenzó el 8 de diciembre de 1909, pero como todo pueblo pequeño de aquella época, su vida comenzó dos años antes, cuando en 1907 se colocaron las vías del ferrocarril y luego se levantó la Estación Faustino Parera, que finalmente le daría nombre a la localidad.

A partir de ese momento y con la construcción de algunas viviendas, surgieron los primeros comercios, como la carpintería de Esteban Kachinsky, la herrería de José Charadía. En 1911 se instaló la panadería de José Clímaco. El 12 de julio de 1917 abrió sus puertas la escuela “Dolores Costa de Urquiza” con 58 alumnos y llegó a 76 al finalizar el ciclo lectivo. Ese año se instaló también el primer teléfono público y al siguiente comenzó a funcionar el correo y la Comisaría.

El lugar crecía y la estación se había convertido en un importante nodo ferroviario, que conectaba Gualeguaychú con Paraná, con un movimiento intenso de pasajeros y carga. Así fue como, en 1920, llegó a la localidad un cordobés de 48 años que abriría la primera farmacia del pueblo.

Juan De La Torre fue a Parera en busca de nuevas oportunidades. Primero se instaló en el lado este de la estación y después de cinco años se trasladó al oeste, donde construyó una casita en la cual vivió y abrió la farmacia, hasta que fue asesinado a golpes en la noche del martes 5 de enero de 1932.

De La Torre era una referencia en la localidad. A lo largo de una década vivienda en ese lugar supo cosechar amistades y no había vecino que llegara a su casa en procura de medicamentos, incluso sin tener dinero como pagarlos. Era un buen vecino, en un pueblo pujante, donde todos se conocían.

A las ocho de la mañana del miércoles 6, el colono Isabelino Reyes fue hasta la farmacia con una urgencia. Uno de sus peones se había lastimado en la máquina trilladora y necesitaba de gasas y medicación. Tocó a la puerta y nada. Volvió a insistir y nadie salió a atenderlo. Esto llamó su atención, pero como nunca pasaba nada de gravedad en el pequeño pueblo, las sospechas eran más de intriga que por si hubiera sucedido algo malo.

Reyes se inquietó y se asomó a una ventana que daba al comedor de la casa y allí fue que observó el cuerpo de la víctima tirado en el suelo y envuelto con unos trapos. Inmediatamente fue hasta la Comisaría para contarle todo al comisario Mascheroni, pero había sido convocado a la Jefatura de Policía en Gualeguaychú y en su lugar había dejado al subcomisario Francisco Escalante.

Reyes le relató a Escalante lo que había visto y fueron hasta lo de De La Torre. Junto a otros vecinos lograron abrir la puerta de entrada y comprobaron que el cuerpo estaba sin vida. Tenía su cabeza totalmente ensangrentada y descubrieron que había sido golpeado con un tipo de garrote.

Escalante dio aviso a sus superiores y solicitó la presencia del médico de la Policía de Urdinarrain, Ricardo Roig, que más tarde viajó hasta Parera y confirmó que la víctima había fallecido pocas horas antes de haber sido descubierto el hecho. Su cuerpo presentaba ciertos signos que permitieron al especialista determinar que el ataque se había producido entre la noche del martes y primeras horas del miércoles.

“La vida que llevaba el infeliz De La Torre y las simpatías de que gozaba en todo el vecindario, hace presumir que el móvil del crimen ha sido el robo”, se informaba a través de las páginas de El Censor el jueves 7 de enero, cuando la opinión pública del resto del Departamento tomaba conocimiento de lo sucedido en Parera.

Las pruebas incriminatorias

De La Torre tenía 60 años cuando fue hallado muerto en su domicilio. Para la prensa de aquella época, su edad era la de un “anciano”, un calificativo que difiere mucho para lo que actualmente es considerado un adulto mayor. Sin embargo, y al igual que pasa hoy en día, que la víctima fuera una persona de la tercera edad generó indignación en la sociedad y se demandó de una rápida investigación policial para dar con el o los autores del hecho.

El domingo 10 de enero, el comisario de Órdenes Antonio Mir Neyra y el subcomisario Viegas se trasladaron desde la Jefatura Departamental de Policía hasta Parera con el fin de orientar la investigación y fue tal el “excelente” trabajo que realizó el policía que a su regreso esa misma noche ya tenía prácticamente esclarecido quiénes habían sido los autores.

En declaraciones a la prensa, Mir Neyra indicó que se tenía confirmado que ese martes 5 de enero en que se cometió el crimen, alrededor de las 17, un vecino de apellido Aguilar, oriundo de Almada y que viajaba desde la localidad de Pastor Britos hacia su casa, levantó con su auto a dos sujetos en el camino. Relató que los dejó frente a la colonia del señor Giacoppuzzi porque iban a pedir trabajo.

A los investigadores les indicaron en esa colonia que efectivamente los dos hombres habían pasado por el lugar, que se les ofreció y aceptaron comida, y que luego al retirarse lo hicieron caminando, pero se dio un detalle que para los policías fue determinante. Cortaron un gajo de un paraíso.

Mir Neyra y Viegas siguieron el camino de los sospechosos y encontraron rastros que terminaron por confirmar a los policías que estaban en la senda correcta para esclarecer el crimen. Debajo de un puente que atravesaba el arroyo El Gato encontraron una galleta de las que les habían convidado en lo Giacoppuzzi y restos de un repasador que coincidía con el tipo de trapo hallado junto al cuerpo de la víctima. Pero lo más importante en toda esta hipótesis para cerrar el caso: el garrote con el que los asaltantes mataron a golpes a De La Torre fue confeccionado con el gajo del árbol que sacaron de lo de Giacoppuzzi, ya que se trataba de la misma madera.

La martirizante confesión

Hoy en día parecería inverosímil llegar a juicio con este tipo de pruebas, pero por aquellos años no se discutía mucho el procedimiento policial. Incluso, la Policía se manejaba con cierta impunidad que se reflejaba en los medios de comunicación, como por ejemplo lo sucedido con un niño de 12 años que regaba la calle en pleno verano. Pasó un Comisario y le ordenó que desistiera de lo que estaba haciendo y antes que el menor cerrara la canilla, recibió un fustazo en la espalda que le dejó lesiones y una denuncia de su hermano García Reynoso para analizar la posible destitución del funcionario.

Otro caso, también en ese mismo mes y en Gualeguaychú, en una noche al finalizar el corso y cuando algunas personas comenzaron a mojar, la Policía que estaba en la esquina de 25 de Mayo y Churruarín realizó un acto de violencia que fue muy censurado en aquel momento. “Sin consideración a damas y niñas, los funcionarios policiales imponían el desalojo de la acera subidos con su cabalgadura a la vereda y el empuje de sus caballos exigían circulación. El buen comportamiento del público todas las noches y la corrección policial no merecían esta nota de desentonada cultura”, esgrimía el diario El Censor.

Para abril de 1932, la Policía ya había logrado la captura de todos los sospechosos, entre ellos Lucas Muñoz y Tolentino López. El juez del Crimen, Tancredo Aguilar Torres, estaba empecinado en cerrar el caso lo más rápido posible y llegó a habilitar en su juzgado algunas horas durante la tarde a fin de avanzar en la investigación y el sumario contra los sospechosos. Muchos pasaron por el Juzgado a declarar y dos fueron los principales acusados.

En una salida de ese Juzgado, Muñoz llegó a declarar a la prensa su inocencia y explicó que se había reconocido como coautor del crimen porque lo “martirizaron” en la Policía. Y que esa autoría del homicidio la había confesado también ante el magistrado porque tenía miedo que luego fuera objeto de martirios, pero que, tras hacer un careo con López para también acusarlo, se arrepintió de todo lo que lo habían obligado a confesar porque tampoco tenía nada que decir de López. Incluso aprovechó el diario para enviarle un mensaje a sus parientes en Pastor Britos para que le mandaran una manta y algo de ropa durante su detención.

Había poca carga probativa contra Muñoz y López. No existían las cámaras de seguridad, ADN o nada de lo que hoy es sustancial en una causa judicial. Lo único en lo que se basaba el caso era en declaraciones vagas de testigos que los situaban en Parera el día del hecho y en especulaciones como el tipo de madera con el que le pegaron a De La Torre y el gajo de paraíso que sacaron de lo de Giacoppuzzi.

La condena perpetua

El primero en ser detenido fue Muñoz. No hay muchas precisiones sobre cómo fue localizado. Lo único que sobresale es que en sus declaraciones complicó a Tolentino López y que, tras unos días, este joven peón de campo se presentó espontáneamente ante la Justicia, pero a medida que el tiempo transcurrió se fueron deslindando responsabilidades hasta quedar solamente detenido Muñoz. López recuperó su libertad y fue desligado del caso.

El 16 de noviembre de 1935, a casi cuatro años del crimen del farmacéutico, Lucas Muñoz fue condenado. Recibió prisión perpetua por el delito de homicidio con alevosía y como medio para consumar otro delito. Una figura penal muy similar a lo que hoy sería homicidio criminis causa.

Lo llamativo del juicio y que se aclara en la prensa, es que para llegar a esta conclusión se estudió la “personalidad moral del reo y la prueba referente a la retractación de la confesión que hiciera en sus primeras declaraciones. La retractación posterior a la confesión es prueba en contra del confesante”.

Se estableció la responsabilidad de Muñoz porque entró en contradicciones y más tarde se confesó autor al realizar la reconstrucción de su crimen, “con un descaro y naturalidad que dejó admirado a los representantes de la Justicia”.