Es una de las historias menos conocidas por quienes habitan actualmente la ciudad del Carnaval, pero por aquellos años este homicidio se volvió el tema de conversación de cada tertulia, de cada reunión, porque el que había muerto no era otro que Protasio Méndez Casariego, el Jefe de Policía del departamento Gualeguaychú.

Pero antes de relatar lo que sucedió esa noche del viernes 6 de enero de 1893, hay que describir qué era lo que pasaba por aquellos años en Gualeguaychú, en el país y en el mundo. En los Estados Unidos se patentaba la fórmula de la Coca-Cola, y en Alemania, Rudolf Diesel recibía la patente del motor diésel. Arthur Conan Doyle publicaba “Las aventuras de Sherlock Holmes”, y en Argentina, el inventor Juan Vucetich identificaba a una asesina por sus huellas dactilares.

Gualeguaychú también estaba en pleno crecimiento. El 16 de julio de 1891 había abierto sus puertas la cárcel de Gualeguaychú, conocida luego como la UP2 (Unidad Penal 2), que serviría para albergar a la cantidad de detenidos y condenados por el Juez del Crimen, que ya no tenían lugar en la Jefatura de Policía. Justamente el protagonista de esta historia, Protasio Méndez Casariego, había sido designado por el Gobernador de Entre Ríos para que siguiera de cerca la obra que se había iniciado en 1888 en las afueras de la ciudad.

Por aquel tiempo había llegado a la ciudad el tranvía, algo totalmente novedoso y como ocurre siempre con cada innovación, había quienes se oponían a esta idea por el ruido que generaba. Este servicio urbano de pasajeros unía dos centros neurálgicos en aquella época: el puerto, que ya contaba con un muelle de madera, y la Estación de Ferrocarril inaugurada hacia poco, en 1889.

En el diario El Noticiero, de Inocencio Furques, que había tenido su primera publicación en febrero de 1878, se informaba en aquel momento que “el diputado Magnasco tuvo una entrevista con el Presidente de la República, Luis Sáenz Peña, a quien le expuso sobre la necesidad de construir cuanto antes el muelle de Gualeguaychú, el que no se ha llevado a cabo por las demoras que viene sufriendo el expediente relativo al mismo”. La burocracia política no es algo propio de esta época. Ya por aquellos años Osvaldo Magnasco gestionaba por obras que luego fueron claves para el crecimiento exponencial de Gualeguaychú.

Dos años después de la muerte de Protasio Méndez Casariego comenzó a funcionar la usina de gas para el alumbrado de las calles. “Un servicio que en aquella época y en este lugar podría catalogarse de extraordinario, algo que en materia de confort ponía en nuestra ciudad a la altura de las grandes capitales del mundo y, por supuesto, por encima de las ciudades argentinas de entonces. Nos referimos a la Planta Productora de Gas para uso público y domiciliario cuya construcción comenzó en 1894 para iniciar su funcionamiento en el año siguiente, en 1895”, escribió Enrique Ángel Piaggio en Evocaciones del Ayer.

Al igual que la cárcel, la Usina también fue construida en las afueras de la ciudad, en la zona noreste, en un terreno relativamente bajo ya que la tendencia del gas así lo exigía. Este lugar aún existe y hasta hace dos años atrás, el terreno era parte de un proyecto municipal para la construcción de 88 viviendas a través del crédito Procrear que luego, con el nuevo gobierno, quedó trunco.

Publicidades, noticias y defunciones

Los diarios microfilmados que se conservan en la hemeroteca del Instituto Magnasco permiten asomarse a un mundo totalmente distinto del actual. Junto a la crónica policial convivían anuncios de todo tipo —una partera "recibida por las facultades de París y Buenos Aires", una rebaja de 25 centavos el litro de vino blanco, una conferencia de un orador protestante recién llegado de Buenos Aires— y también algo de humor negro, como el caso de Regina González: "Ha sido puesta en libertad 'la resbalosa'. Como cada tanto tiempo se le van los pies, no ha de tardar en volver".

También había crónica policial de todo tipo, como la de Mateo Robledo, que "corrió a la madre con un cuchillo para matarla" y terminó preso en la costa uruguaya, o la nota sobre la señorita Camila Nievas, de apenas 15 años, que viajaba a Paraná para continuar sus estudios en la Escuela Normal tras "un brillante examen" el año anterior.

Pero sobre todo llama la atención el enorme volumen de avisos fúnebres. En una ciudad de apenas 12 mil habitantes, la cantidad de defunciones publicadas y, en particular, la cantidad de infantes entre ellas resulta llamativa: "Eduardo Correa. 1 año de gastroenteritis"; "Baldomero Castelo. 6 años - fiebre tifus"; "Macedonia Paredes. 4 años – pulmonía"; "Fernando Campbell. 11 meses – gastroenteritis", se leía cada martes, jueves y sábado en El Noticiero.

Neyra, Garibaldi y una muerte inesperada

Como en toda ciudad chica, el movimiento de la sociedad se concentraba alrededor de la plaza principal. Esa noche, el comisario Protasio Méndez Casariego caminaba desde la Jefatura de Policía hasta su casa sobre la calle Del Plata (hoy Luis N. Palma) cuando se cruzó con los periodistas Sixto Neyra y Pedro Muape, ambos del periódico El Noticiero.

Con Neyra existía una fuerte tensión, porque este hombre de 56 años escribía sobre ciertos delitos que se habían originado en la ciudad —un grupo de niños que robaba ropa lavada colgada al sol— y responsabilizaba a Méndez Casariego por ineficiente.

Sixto Doroteo Neyra era hijo del alférez Jorge Neyra, mano derecha del comandante Villagra durante el saqueo de Giuseppe Garibaldi en Gualeguaychú, en 1845, cuando fueron atacados 31 establecimientos comerciales y numerosas casas de familia, con un botín calculado en 30.000 libras esterlinas. Según la historiadora Silvia Razzetto, los invasores tomaron la casa de la familia Haedo como cuartel general, donde colocaron un cañón apuntando hacia la Comandancia. En la chacra de la familia Lapalma, los garibaldinos se enfrentaron además con ocho gauchos reunidos por el propio Jorge Neyra: tres de ellos murieron, y Neyra logró escapar con vida junto a cinco compañeros, después de que se le "boleara" el caballo. Sixto tenía apenas 8 años en ese momento y quedó al cuidado de su madre mientras su padre combatía. Más tarde estudió abogacía en Concepción del Uruguay, pero la muerte de su padre lo obligó a volver a Gualeguaychú, donde se hizo cargo de la familia y comenzó su carrera como periodista.

También tuvo su costado político: fue viceintendente en 1874, en pleno estallido de la revolución jordanista que siguió al asesinato del gobernador Justo José de Urquiza. Además, era tío de José María Neyra, otro periodista de renombre en el diario El Censor de Gualeguaychú y en La Razón y La Nación de Buenos Aires.

El cruce que terminó en un crimen

"Protasio Méndez Casariego, 39 años, argentino, casado, de infección pútrida, calle Rivadavia", describía el anuncio de defunción que publicó El Noticiero cinco días después de aquella noche fatídica.

Sixto Doroteo Neyra conversaba con su colega Pedro Muape en la esquina de la plaza Independencia cuando Protasio Méndez Casariego caminaba hacia esa dirección. Tal vez conociendo la interna que había entre el policía y el periodista, Muape se despidió de Neyra y caminó en sentido opuesto unos metros, hasta que escuchó la detonación de un arma de fuego. Cuando volteó la mirada, observó a Neyra con un arma en su mano y a Méndez Casariego tirado en el piso.

El disparo retumbó en toda la ciudad. Era verano, las ventanas estaban abiertas y toda la vida social de Gualeguaychú pasaba por esa plaza y sus alrededores. A pocos metros vivía Protasio junto a su esposa Cornelia Seguí y sus once hijos, entre los que se encontraba el recién nacido Claudio, que años más tarde sería intendente de Gualeguaychú y gestor del puente naranja que hoy lleva su nombre.

Protasio estaba gravemente herido: la bala había entrado por el costado derecho y terminado en el izquierdo, "entre cuero y carne". Todo había sucedido a pocos metros de la Jefatura, por lo que no tardó en llegar el oficial Campos, que detuvo a Neyra con el arma en la mano y sin que opusiera resistencia.

A Protasio no se lo llevó al Hospital de Caridad —que funcionaba en la ciudad desde 1857 con, según describió la historiadora Nati Sarrot, "cómodas salas diferenciadas por sexo, con admisión abierta de enfermos del pueblo y campaña"— sino a la casa de su hermano Honoré Méndez Casariego, un Comisario de Órdenes que vivía frente a la plaza, en Rivadavia e Independencia, donde se consideró que estaría mejor atendido. Durante las horas siguientes, esa casa fue una romería: no había nadie sin enterarse de lo ocurrido, aunque las versiones sobre el móvil del crimen eran variadas. Con el tiempo, la que se impuso fue esta: el Jefe de Policía le había recriminado a Neyra sus publicaciones, discutieron, Méndez lo golpeó con su bastón y el periodista respondió con un disparo. "La posición de la herida de Méndez hace imposible suponer que la haya recibido después de dar un bastonazo, en que invariablemente los adversarios quedan de frente", se escribió en el periódico.

La agonía y muerte de Protasio

Esa noche no se le pudo extraer la bala, y la espera hasta el día siguiente habría sido determinante en la infección que terminó costándole la vida. Los días siguientes, el estado de salud de Protasio y su temperatura corporal fueron noticia constante. El sábado se informaba que "la fiebre ha descendido a 39 grados" y que su estado general era "más satisfactorio que hoy de mañana". El lunes 10 de enero, en cambio, la crónica cambió de tono: "entre 10 y 11 de la mañana tuvo una alternativa de bastante gravedad. En el acto se vio rodeado por todos los médicos que le asisten desde el primer momento", informó El Noticiero, todavía con la esperanza de "alguna noticia satisfactoria sobre el estado del enfermo".

La mejoría fue engañosa. El final se dio a conocer el 12 de enero, aunque Méndez Casariego había fallecido la madrugada anterior. "La repentina fiebre... por la noche subió paulatinamente hasta pasar los 42 grados. La muerte lo sorprendió casi repentinamente. Durmió hasta las 12 y 30 de la noche y cuando se recordó había perdido el uso de la palabra. Inmediatamente el doctor Seguí hizo llamar al doctor Chaves, y media hora después espiraba Méndez Casariego, siendo su agonía momentánea", relató El Noticiero. El diario también lamentó que el Juez del Crimen nunca le hubiera tomado declaración a la víctima.

Una veintena de amigos condujo el cadáver a pulso hasta la casa de la calle Del Plata, y por la tarde "un selecto y numeroso acompañamiento" lo llevó al Cementerio del Norte, con la Banda Militar presente. "El fallecimiento en la plenitud de la vida de Méndez Casariego deja una esposa desolada y once huérfanos y por toda herencia su honradez intachable", cerró el diario.

La venganza del hermano

Dos horas después del disparo, el médico de cabecera le dijo a Honoré Méndez Casariego, hermano de la víctima y también comisario, que avisara a la esposa de Protasio porque el caso estaba perdido. Honoré fue hasta su oficina a escribir la esquela y, al llegar, se encontró —según declaró más tarde— "sentado y con el sombrero puesto al victimario de su hermano en su silla y escritorio".

Le ordenó al cabo que llevara a Neyra a la celda, algo que no era el lugar de un detenido; Neyra le retrucó que el criminal era su hermano, que lo había salido a matar a palos. Honoré lo sacó de un empujón y le asestó un garrotazo antes de que el cabo y dos soldados lo llevaran a la celda.

Neyra, hombre instruido, supo que ese procedimiento había sido irregular y no dudó en denunciar los malos tratos. Como el segundo al mando de la Policía era el propio hermano de la víctima, el gobernador Sabá Hernández dispuso el traslado interino del jefe de Policía de Concepción del Uruguay, coronel Carlos María Blanco, quien avanzó con la denuncia. Un centinela declaró que había visto al comisario darle a Neyra "un garrotazo que le volteó el sombrero y otro en la espalda", lo que bastó para que Blanco suspendiera a Honoré de su cargo. Un diario de Paraná llegó a publicar que Neyra "había sido torturado en el cepo colombiano", versión que la investigación de Blanco terminó descartando.

El mismo día de la muerte de Méndez Casariego, el gobernador dictó un decreto que le otorgó a la viuda un subsidio equivalente a tres meses de sueldo y puso los gastos del entierro a cargo del Gobierno: "Acuérdese a la viuda del extinto el equivalente a tres meses de sueldo que gozaba para gastos de luto", rezaba el artículo 3 de la disposición provincial.

Respecto a Sixto Neyra, poco se sabe: se desconoce cuál fue su condena y si pagó con cárcel por el crimen. El periodista murió cuatro años después del suceso, en 1897, a los 60 años. Los restos de Protasio descansan en el panteón de la familia Seguí, en el Cementerio Norte.

Hay casos policiales que quedan en la memoria por la gravedad de lo ocurrido. Otros, además, sobreviven durante años porque obligan a la sociedad a discutir dónde están los límites, quién tiene la potestad de ejercer la fuerza y qué ocurre cuando quienes deben hacer cumplir la ley terminan sentados en el banquillo de los acusados.

El homicidio de Iván Pérez pertenece a esa segunda categoría. Desde aquella mañana del 9 de octubre de 2019, cuando un disparo terminó con la vida de un joven de 24 años en un descampado del barrio Molinari, el caso generó posiciones enfrentadas. Para algunos sectores, la historia estaba atravesada por el prontuario de la víctima y por los delitos que había cometido o por los que debía responder ante la Justicia. Para otros, no había lugar para eufemismos: un policía había disparado por la espalda contra un hombre que escapaba desarmado y aquello era un claro ejemplo de gatillo fácil.

Entre esas dos miradas transcurrieron casi siete años de investigación, dos juicios por jurados, recursos judiciales y una condena que recién quedó firme en 2026.

No se trata de romantizar la delincuencia ni de desconocer el historial que tenía Pérez. La víctima tenía antecedentes y causas pendientes, y su accionar había afectado a otras personas. Pero esa circunstancia no podía modificar una cuestión central: en un Estado republicano, la potestad de administrar justicia no está en manos de particulares ni de funcionarios que puedan decidir discrecionalmente cuándo y cómo aplicar la fuerza. Esa tarea le corresponde al Poder Judicial.

Y justamente eso fue lo que se discutió durante años en los tribunales de Gualeguaychú: si Mauricio Gómez había actuado dentro de las facultades que le otorgaba su condición de policía o si había utilizado su arma reglamentaria de una manera que excedía cualquier procedimiento legal.

Una mañana que terminó en muerte

El 9 de octubre de 2019, el barrio Molinari era escenario de un nuevo procedimiento policial que tenía como protagonista a Iván Pérez, un joven de 24 años que atravesaba serios problemas de adicción y que era conocido por la Policía por distintas causas.

Un móvil de la Comisaría Octava lo perseguía luego de que fuera señalado como uno de los responsables del robo de una caja de herramientas y una amoladora de una casilla. Esa persecución terminó en un descampado ubicado en inmediaciones de Furques y Los Algarrobos, a pocos metros de una iglesia evangélica. Era alrededor de las 10.30 cuando un disparo de arma de fuego quebró la apacible y soleada mañana en la zona sudeste de la ciudad. Iván Pérez había caído muerto.

La reconstrucción del hecho estableció que estaba escapando y que se encontraba de espaldas al funcionario policial. Mauricio Gómez había descendido de la camioneta policial número 647, conducida por su compañero Juan Alberto Zapata. Desde allí avanzó algunos escasos metros, desenfundó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, apuntó a media altura y disparó. Nunca hubo una voz de alto previa al disparo.

La escena fue determinante para la investigación posterior. No se trataba solamente de establecer quién había efectuado el disparo, algo que rápidamente quedó fuera de discusión, sino determinar desde qué distancia se había producido, cómo había impactado el proyectil y, fundamentalmente, en qué posición se encontraba Pérez cuando recibió el balazo.

En las primeras horas circuló una versión que sostenía que el disparo había sido efectuado de frente. La confusión tuvo una explicación: al observar el cuerpo, quienes realizaron las primeras inspecciones encontraron un orificio de salida en el rostro y eso llevó a interpretar inicialmente que la bala podía haber ingresado por la parte frontal. La autopsia despejó rápidamente esa posibilidad.

Con el cuerpo ya limpio y en la mesa de examen de la Morgue Judicial, el médico forense determinó que el proyectil había ingresado por la nuca y había salido por la parte frontal de la cabeza, a la altura de uno de los ojos. La trayectoria era compatible con una persona que se encontraba de espaldas al momento de recibir el disparo.

También se estableció que la distancia entre el punto donde cayó Pérez y el lugar en el que fue encontrada la vaina servida de la pistola reglamentaria era de 95 metros.

La investigación quedó en manos de la Gendarmería Nacional, que se encargó de las planimetrías y de recolectar los elementos que luego se incorporarían a la causa.

Dos historias con antecedentes

Desde el comienzo del caso hubo un elemento que alimentó la discusión pública: tanto la víctima como el policía tenían antecedentes judiciales.

Iván Pérez no era una persona ajena al delito. Al momento de su muerte tenía tres causas en trámite de elevación a juicio, todas ellas con la Investigación Penal Preparatoria finalizada. Los expedientes estaban relacionados con robos y hurtos y debía enfrentar a la Justicia en los meses siguientes. El último hecho que se le atribuía había sido el robo de la batería de un camión, en junio de 2019, por el que fue detenido junto con otros dos hombres.

Pero esa no era su primera causa. El 25 de noviembre de 2014, cuando tenía 19 años, había recibido una condena por hurto simple, desobediencia judicial y daños. La pena había sido de un año de prisión en suspenso.

Con las nuevas causas en trámite, el panorama judicial para Pérez podía significar una eventual pena de cumplimiento efectivo si era condenado.

Sin embargo, su historial no podía convertirse en una sentencia anticipada sobre las circunstancias de su muerte. La discusión judicial debía concentrarse en el hecho ocurrido el 9 de octubre de 2019 y en la conducta de quien efectuó el disparo. Y es aquí donde aparece el otro protagonista de la historia, con un antecedente que tampoco puede ser pasado por alto.

“Vejaciones”

Antes de convertirse en acusado por el homicidio de Pérez, Gómez ya había sido condenado por la Justicia. El episodio había ocurrido durante el Carnaval del País, el 9 de febrero de 2016. Esa madrugada, mientras se desarrollaba una de las noches del espectáculo, se produjo un inconveniente entre integrantes del público que requirió la intervención policial.

Un joven bonaerense que había llegado a Gualeguaychú para presenciar el Carnaval comenzó a filmar con su teléfono celular el procedimiento que realizaban los uniformados ante una aprehensión.

Gómez reaccionó ante esa situación. Se acercó por un costado al joven mientras lo filmaba, lo tomó del cuello y le aplicó golpes de puño en el rostro y patadas en el cuerpo. El joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental. Sin embargo, conocía sus derechos y decidió denunciar al funcionario policial.

La investigación quedó a cargo del entonces fiscal Sergio Rondoni Caffa, el mismo que tiempo después se haría cargo del crimen de Fernando Pastorizzo, quien imputó a Gómez por el delito de vejaciones ilegales.

En octubre de 2016 se realizó un juicio abreviado. El juez Mauricio Derudi consideró que la conducta atribuida al funcionario se encuadraba en tratamientos humillantes para la dignidad del ser humano y que afectaban el decoro de la persona.

Gómez fue condenado por vejaciones ilegales en acto de servicio, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un integrante de la fuerza policial mediante abuso de su función o cargo. La pena fue de un año de prisión de cumplimiento condicional y dos años de inhabilitación especial para ejercer la función policial.

A partir de esa condena, Gómez dejó el área de Operaciones y fue destinado al cuidado y entrenamiento de los perros de la Policía. Quedó en una situación denominada activo-pasivo. No llevaba uniforme ni arma, y durante dos años tampoco percibió su sueldo. Su actividad se limitaba a los momentos en los que era requerido el perro rastreador que tenía bajo su responsabilidad.

El período de dos años finalizó hacia fines de 2018. A partir de allí, según lo que correspondía, debía realizarse una pericia psiquiátrica que determinara si estaba en condiciones de regresar a la función como servidor público.

Cuando ocurrió el homicidio de Pérez, el entonces jefe de Policía, Cristian Hormachea, fue consultado sobre la situación de Gómez. Explicó que, cuando había llegado a la ciudad, el policía ya prestaba funciones en la dependencia de Rincón del Gato y en el container ubicado en el Acceso Sur. Hormachea manifestó desconocer si aquella pericia psiquiátrica se había realizado efectivamente.

Menos de un año después de haber cumplido el período de dos años desde su condena anterior, Gómez volvía a quedar involucrado en un hecho en el que utilizó un arma policial. Esta vez, el resultado había sido irreversible.

Un hecho histórico

La causa avanzó durante los meses posteriores al crimen hasta llegar a una instancia inédita para la ciudad. El 25 de marzo de 2021, al día siguiente del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizó en el Centro de Convenciones la audiencia de selección de jurados, conocida como “Voir dire”.

No era una audiencia más. Gualeguaychú se preparaba para realizar su primer juicio por jurados.

En aquella instancia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Lisandro Beherán y Martina Cedrés; la querella estuvo a cargo del abogado Pablo Di Lollo y la defensa del acusado fue ejercida por Alfredo Vitale. Entre todos debieron seleccionar a los ciudadanos que integrarían el jurado: seis hombres y seis mujeres, además de sus respectivos suplentes.

Ellos serían los encargados de determinar si el accionar de Gómez debía considerarse dentro de un procedimiento legal o si, por el contrario, existía responsabilidad penal por la muerte de Pérez.

La modalidad del juicio por jurados introducía una particularidad decisiva: para alcanzar un veredicto de culpabilidad se necesitaba unanimidad. Los 12 integrantes debían coincidir. Si uno de ellos no estaba de acuerdo con la culpabilidad del acusado, el jurado quedaba estancado. En ese escenario, el acusado debía afrontar un nuevo juicio con un jurado diferente.

Eso fue precisamente lo que ocurrió.

El primer jurado no consiguió alcanzar la unanimidad necesaria para declarar culpable a Mauricio Gómez. La consecuencia fue que no hubo condena y el acusado permaneció en libertad mientras se aguardaba la realización de un segundo juicio.

La resolución abrió un nuevo capítulo en una causa que ya había generado una fuerte discusión pública.

Para una parte de la sociedad, el resultado del primer juicio era la demostración de que existían dudas sobre la conducta del policía. Para otra, el hecho de que no se hubiera alcanzado unanimidad no modificaba las características materiales del disparo ni la reconstrucción que se había hecho del homicidio.

La espera por el segundo juicio se extendió durante varios meses. Finalmente, a fines de noviembre de 2023 comenzó el segundo juicio por jurados. Esta vez, el debate se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú y se extendió durante los primeros días de diciembre. El resultado fue diferente.

El nuevo jurado alcanzó la unanimidad y declaró culpable a Mauricio Gómez. La discusión que había quedado abierta en el primer juicio encontró una respuesta en el segundo: el accionar del policía fue considerado penalmente responsable de la muerte de Iván Pérez. Luego, el juez Arturo Dumón dictó una condena de 17 años de prisión por homicidio agravado.

La sentencia estuvo sostenida, entre otros elementos, por las pericias realizadas durante la investigación. Una de las cuestiones centrales fue la mecánica del disparo. La pericia de Gendarmería estableció que Gómez había tenido que quitar tres seguros antes de efectuar el disparo con su pistola reglamentaria. El dato resultaba relevante para determinar que no se había tratado de un movimiento involuntario o accidental.

También fue descartada la hipótesis de un rebote de la bala. El lugar donde ocurrió el hecho era un campo abierto y las características del proyectil, sumadas a su trayectoria y al modo en que ingresó en la cabeza de Pérez, contribuyeron a establecer que se trató de un disparo directo.

La autopsia fue otro de los elementos determinantes. El proyectil había ingresado por la nuca y salido por el rostro. La víctima estaba de espaldas cuando recibió el impacto.

A eso se sumaron los testimonios de cuatro personas que observaron la secuencia previa al disparo. Los testigos señalaron que vieron a Gómez descender de la camioneta, caminar unos pasos, apuntar y disparar mientras Pérez escapaba.

No se trataba solamente de una reconstrucción basada en indicios. La causa reunió testimonios, pericias, planimetrías y elementos balísticos que permitieron reconstruir la escena. La distancia de 95 metros entre el lugar donde cayó Pérez y el sitio donde fue encontrada la vaina también formó parte de esa reconstrucción.

Uno de los aspectos discutidos durante el debate fue la actuación del policía en relación con las propias normas que regulan el uso de la fuerza. Según quedó expuesto durante el juicio, el reglamento policial establece pautas respecto de las situaciones en las que corresponde utilizar un arma de fuego y en este caso había una circunstancia que resultaba especialmente significativa: Pérez no estaba armado y tampoco había agredido al funcionario.

La conducta atribuida a Gómez fue considerada incompatible con ese marco. Si la agresión no es armada y no existe una situación que justifique el uso del arma, el funcionario debe resolver el procedimiento sin recurrir a ella. El disparo que terminó con la vida de Pérez no ocurrió en medio de un enfrentamiento armado. Fue efectuado mientras el joven huía y de espaldas.

Ese elemento atravesó todo el proceso judicial y fue uno de los fundamentos centrales de la condena.

Casi siete años después

Aunque la condena de 17 años fue dictada en diciembre de 2023, el caso todavía no había terminado. La defensa recurrió la sentencia. El expediente llegó a la Cámara de Casación de Concordia, que en febrero de 2025 ratificó el fallo dictado en Gualeguaychú. Pero todavía quedaba una instancia extraordinaria.

En marzo de 2026, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia. A partir de ese momento, la condena quedó firme.

Recién en julio de 2026 Mauricio Gómez fue trasladado a la Unidad Penal N° 9 para comenzar a cumplir efectivamente la pena de 17 años que había recibido. El exsargento permanecerá allí hasta 2043.

El caso, además, quedó marcado por otro motivo: fue el proceso que inauguró los juicios por jurados en Gualeguaychú, con un primer intento sin unanimidad y un segundo que sí llegó a condena firme. Así terminó una historia que, durante casi siete años, obligó a discutir algo tan básico como trascendente: que incluso quienes tienen el monopolio legítimo de la fuerza deben actuar dentro de los límites que establece la ley.

Hay muertes que quedan asociadas para siempre a un lugar, a una noche y a una familia. La de Lucas Bentancourt es una de ellas.

En la madrugada del 8 de junio de 2019, el barrio Francisco Ramírez —conocido popularmente como el barrio 338, por su cantidad de viviendas— se convirtió en el escenario de un homicidio que conmocionó a Gualeguaychú. Lucas, de 33 años, volvía a su casa después de trabajar cuando mantuvo un cruce con un joven al que, según la investigación, había encontrado en una situación sospechosa y al que le pidió que se retirara del barrio.

Lo que vino después, ocurrió en pocos segundos. Una discusión, un enfrentamiento y un ataque con un arma blanca. Lucas recibió una profunda herida en el tórax que le perforó un pulmón. Caminó unos metros intentando llegar hasta su casa, pero murió en el descanso de la escalera de acceso a la vivienda en la planta alta. Fueron sus padres quienes lo encontraron sin vida.

Desde ese momento comenzó una historia que durante meses ocupó a los Tribunales, a la Policía, a los medios de comunicación y, fundamentalmente, a una familia que nunca volvió a ser la misma.

Una investigación que avanzó rápidamente

Las primeras horas fueron determinantes. Los investigadores entrevistaron a vecinos, amigos de Lucas y jóvenes que habían presenciado parte de lo sucedido. Dos grupos de testigos aportaron información coincidente sobre la identidad del posible agresor. El nombre de Genaro Gutiérrez apareció rápidamente en el caso.

Tenía 19 años, vivía en el barrio Eva Perón, conocido como 348, y contaba con antecedentes penales. Cerca del mediodía, unas diez horas después del homicidio, la Justicia ordenó allanar su vivienda. Allí fue detenido.

También fueron secuestrados varios cuchillos y prendas de vestir que serían sometidos a distintas pericias. El arma homicida nunca pudo ser encontrada, un elemento que posteriormente sería utilizado por la defensa para intentar poner en duda la autoría material del crimen.

La Fiscalía sostuvo desde el comienzo una hipótesis concreta: Lucas había enfrentado a Gutiérrez después de verlo en las inmediaciones del barrio y, luego de una primera discusión, el joven habría permanecido oculto en uno de los pasillos hasta sorprenderlo cuando regresaba a su casa.

La acusación entendió que no se había tratado simplemente de una pelea callejera. Para la querella, había un contexto previo: Lucas era conocido en el barrio y había tenido otros cruces con Gutiérrez porque lo había visto involucrado en situaciones delictivas.

Gutiérrez fue indagado en la audiencia de imputación y declaró que no recordaba lo ocurrido porque aquella noche había consumido drogas. Dijo que tenía problemas de adicción y que había atravesado internaciones. Claramente una estrategia que podría suavizar cualquier futura condena. Fue lo único que declaró, como si el haber consumido drogas lo eximía de lo que había hecho.

El juez de Garantías, Tobías Podestá, le dictó una prisión preventiva por 60 días y esa medida se fue prorrogando hasta la realización del juicio.

“Tiene que haber responsables”

Desde los primeros días, los Bentancourt reclamaron justicia. Hubo marchas hacia los Tribunales y una fuerte presencia de familiares, amigos y vecinos. La primera de esas movilizaciones fue una de las más numerosas que se recuerden en la ciudad.

Pero detrás de cada cartel, cada marcha y cada pedido había una pregunta mucho más profunda: ¿podría haberse evitado la muerte de Lucas? Gutiérrez tenía antecedentes y cumplía una condena condicional cuando apuñaló a Lucas. Esa situación se convirtió en uno de los ejes centrales del reclamo.

Cecilia Bentancourt, una de las hermanas de Lucas, sostuvo entonces que la responsabilidad no debía limitarse al autor material. Cuestionó que no existieran mecanismos suficientes para controlar el cumplimiento de las condenas condicionales y reclamó que se revisaran las decisiones que habían permitido que Gutiérrez permaneciera en libertad. La familia entendía que había señales previas que no habían sido atendidas.

El reclamo no implicaba desconocer la responsabilidad de quien había atacado a Lucas. Al contrario: buscaba ampliar la discusión hacia el funcionamiento de los distintos organismos que habían intervenido anteriormente con el joven. Esa mirada se profundizó después del juicio y quedó instalada como una de las grandes heridas que dejó el caso.

Un padre que pidió justicia y no venganza

En medio de ese dolor apareció una figura que terminó convirtiéndose en inseparable de la historia de Lucas: su padre, Luis Bentancourt.

Luis tenía una vida vinculada profundamente al trabajo con chicos. Desde los 16 años había dedicado buena parte de su vida a formar jóvenes a través del fútbol. Para él, enseñar no significaba solamente entrenar jugadores: primero había que formar personas.

Trabajaba en el barrio Toto Irigoyen, un lugar al que muchos consideraban difícil, pero que Luis miraba desde otro lugar. Escuchaba a los chicos, los respetaba, los abrazaba y buscaba acompañarlos.

Después del asesinato de su hijo, lejos de abandonar esa tarea, decidió continuar. “No voy a dejar en banda a los chicos del barrio”, dijo por aquel entonces. La frase terminó siendo mucho más que una declaración. Fue una manera de enfrentar el dolor.

Lucas también había compartido esa tarea con su padre. Entre 2015 y el año anterior al crimen habían trabajado juntos en las categorías menores de Defensores del Oeste. Lucas, apasionado por River Plate, había comenzado a comprender de adulto el verdadero valor de aquello que su padre había construido durante décadas.

Luis recordaba especialmente una frase que su hijo le había dicho durante uno de esos entrenamientos: que lamentaba todos los años que se había perdido de acompañarlo en ese trabajo con los chicos. Ese recuerdo adquirió otra dimensión después del crimen.

Luis hablaba de bronca, dolor y rabia. Pero también repetía una idea: no quería venganza. Quería justicia.

Una fuga que volvió a abrir la herida

Con la Investigación Penal Preparatoria concluida, el juez Tobías Podestá elevó la causa a juicio. La acusación ofreció una importante cantidad de pruebas documentales, testimoniales y materiales. Más de 40 testigos fueron propuestos para el debate, además de pericias médicas y psiquiátricas.

La Fiscalía y la querella sostuvieron que las pruebas permitían demostrar que Gutiérrez había sido quien atacó a Lucas. La defensa planteó otra hipótesis. Intentó poner en duda la presencia de Gutiérrez en el momento exacto del ataque mortal y sostuvo que el joven no recordaba lo ocurrido debido a su consumo de drogas. También cuestionó la inexistencia del arma homicida.

Pero antes que comenzara el juicio ocurrió un episodio que volvió a sacudir a los Bentancourt.

El 30 de noviembre de 2019, a pocos días del inicio del debate, Gutiérrez se fugó de la Jefatura Departamental, donde permanecía detenido. La noticia generó indignación. Según la versión brindada por su defensor, el joven atravesaba una crisis de abstinencia y había pedido atención médica. En determinado momento advirtió que la puerta de su celda estaba abierta y escapó. Posteriormente se dirigió a la casa de su madre y fue interceptado cuando regresaba junto a ella.

La Policía inició una investigación interna para determinar cómo había logrado salir de la dependencia y si existieron acciones u omisiones por parte del personal encargado de custodiarlo. Todo eso quedó en la nada, o por lo menos en un sumario interno que no trascendió públicamente, ni mucho menos la sanción que recibió el responsable. Para la familia, fue un nuevo golpe.

Luis escribió entonces: “volvieron a matar a Lucas”. Los amigos y hermanos del joven realizaron una intervención frente a la Jefatura Departamental con carteles en los que reclamaban que quienes custodiaban a los detenidos no volvieran a cometer una negligencia semejante. El juicio comenzaría pocos días después.

Reconstruir esa madrugada

El debate oral comenzó el 11 de diciembre de 2019, ante el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, integrado por Alicia Vivian, Mauricio Derudi y Arturo Dumón. Declararon testigos civiles, policías y profesionales. Algunos habían presenciado parte del enfrentamiento; otros conocían la relación entre Lucas y Gutiérrez y el contexto del barrio.

Un médico policial aportó elementos vinculados con las lesiones que presentaba el imputado y su posible relación con el ataque. También se analizaron fotografías del lugar del hecho y de los elementos secuestrados. La discusión sobre el consumo de drogas de Gutiérrez ocupó buena parte del debate.

La defensa intentó demostrar que su adicción había afectado sus capacidades y que, por esa razón, no podía comprender plenamente la criminalidad de sus actos. Gutiérrez había dicho al inicio del juicio que no recordaba nada de lo sucedido y que aquella noche había consumido marihuana y crack.

La acusación sostuvo lo contrario. Las pericias toxicológicas detectaron un metabolito de cocaína en la orina, aunque no se encontraron rastros de cocaína ni marihuana en sangre. El psiquiatra que intervino en la causa sostuvo que Gutiérrez se encontraba dentro de los parámetros de normalidad y que no presentaba condiciones de inimputabilidad.

La defensa también llevó al juicio a la madre del acusado y a una funcionaria que había intervenido en expedientes vinculados con Gutiérrez cuando era menor de edad. Allí se expuso la historia de consumo problemático y las internaciones que había atravesado.

Pero el Tribunal debía determinar algo central: si esa situación había impedido al acusado comprender lo que hacía. La respuesta fue negativa.

El pedido de las partes

Al momento de los alegatos, el fiscal Lisandro Beherán pidió una pena unificada de 24 años de prisión. Solicitó 20 años por el homicidio, 1 año y 2 meses por una tentativa de robo y la revocación de la condena condicional que Gutiérrez tenía desde 2018. La querella pidió la pena máxima de 25 años exclusivamente por el homicidio.

Los abogados de la familia sostuvieron que había varios elementos que agravaban la conducta: la nocturnidad, la indefensión de Lucas, el factor sorpresa, la utilización de un cuchillo y la conducta posterior al ataque. También remarcaron que Lucas no estaba armado y que Gutiérrez había abandonado el lugar después de la agresión.

La defensa, en cambio, pidió la absolución. Cuestionó la autoría material y sostuvo que no había pruebas suficientes para afirmar que Gutiérrez había sido quien produjo la herida mortal. También insistió en las alteraciones que, según su planteo, le habría provocado el consumo crónico de drogas.

En tanto, la familia de la víctima llegó a la última jornada con una esperanza concreta. Luis lo resumió de una manera que todavía permite comprender el fondo de aquella espera: ninguna condena le devolvería a Lucas, pero esperaba que la Justicia aplicara la pena que correspondía.

El veredicto

El Tribunal encontró a Genaro Gutiérrez responsable del homicidio de Lucas Bentancourt y le impuso 14 años de prisión por ese hecho. A esa pena se sumaron las consecuencias de la tentativa de robo y la revocación de la condena condicional que tenía vigente. El resultado fue una pena unificada de 18 años de prisión efectiva.

La sentencia estableció que Gutiérrez había actuado con conciencia y voluntad. Para los jueces, el consumo de sustancias no había demostrado una alteración permanente de sus facultades que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos.

El Tribunal consideró que hubo una conducta organizada: la utilización de un arma blanca, la elección de una zona letal del cuerpo, la huida posterior y el comportamiento registrado después del ataque fueron elementos valorados al momento de analizar la responsabilidad.

Pero los 14 años por el homicidio fueron recibidos con enorme decepción por la familia. A la salida de Tribunales hubo tensión y familiares y allegados increparon a la jueza Alicia Vivian. La sensación que quedó en los Bentancourt fue que esa condena no había alcanzado a reparar el daño. Para ellos, esa sentencia podía cerrar un expediente, pero no cerraba la historia.

El dolor de Luis

Después del fallo, Luis habló desde un lugar diferente. Ya no se trataba únicamente de la espera de un juicio. Había atravesado el crimen, las marchas, las audiencias, las pruebas, la fuga y finalmente una condena que consideraba insuficiente.

La familia había pedido 25 años. La Fiscalía había solicitado 20 por el homicidio. El Tribunal había fijado 14. Luis sintió que la Justicia le había dado otro golpe. “Nosotros creíamos que la Justicia, por primera vez, tenía la posibilidad de dar una condena ejemplar”, expresó en aquel entonces.

Pero hubo algo que Luis nunca abandonó: su vínculo con los chicos. Mientras reclamaba justicia por Lucas, continuó trabajando en el barrio Toto Yrigoyen. El potrero donde tantas veces enseñó fútbol terminó transformándose en un playón deportivo que lleva el nombre de su hijo.

Luis no pudo recuperar a Lucas. Tampoco consiguió la respuesta judicial que esperaba. Pero convirtió una parte de ese dolor en un espacio para que otros chicos tuvieran una oportunidad.

Luis Bentancourt murió a principios de abril de 2026 a los 69 años. Su muerte no pasó inadvertida para nadie, y mucho menos para el entorno del deporte de Gualeguaychú. Había sido entrenador, director técnico, formador y delegado de la Liga Departamental de Fútbol. Había pasado por clubes como Pueblo Nuevo y Defensores del Oeste. Y quienes lo conocieron lo recuerdan, sobre todo, por estar atento a los pequeños detalles, por contener, acompañar e inculcar valores. Para él, el fútbol era una herramienta para formar personas. Esa tarea no se interrumpió con el asesinato de su hijo.

Una historia que no terminó con la sentencia

El caso Lucas Bentancourt dejó también otras discusiones. Puso bajo la lupa el funcionamiento de las condenas condicionales, los controles sobre personas con antecedentes, las respuestas frente a las adicciones y la capacidad de los organismos estatales para intervenir antes de que un conflicto termine de la peor manera.

La propia sentencia analizó el historial de Gutiérrez y su situación de consumo. La familia, en cambio, insistió durante años en que las señales previas habían sido suficientes para advertir que existía un riesgo. Nunca dejaron de preguntarse si Lucas podría estar vivo si algunas decisiones hubieran sido diferentes. Pero es una pregunta que nunca tendrá respuesta.

Tampoco la tuvo otra cuestión que atravesó todo el proceso: cuánto puede hacer una condena frente a la muerte de un hijo. Para la Justicia, el caso terminó con una sentencia. Para los Bentancourt, no.

Genaro Gutiérrez permaneció un corto tiempo en la Unidad Penal 2 pero mantuvo un conflicto en el pabellón donde había sido alojado y ya para enero del 2020 fue trasladado a la Unidad Penal 4 de Concepción del Uruguay. Desde entonces se encuentra alojado en esa cárcel, aunque hay momentos donde es traído a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú para acercamiento familiar, como ocurrió esta semana, pero tras ello fue llevado de regreso a su celda en la UP4.

La historia judicial por la muerte de Gonzalo Acevedo tuvo un extenso recorrido que atravesó dos juicios, recursos de apelación y una revisión hasta llegar a una sentencia definitiva. El caso, ocurrido en octubre de 2014 en el corazón del barrio Munilla en Gualeguaychú, tuvo como protagonistas a integrantes de una familia acusada de participar en una violenta pelea que terminó con una víctima fatal y otra persona gravemente herida.

En los primeros minutos de esa madrugada del 26 de octubre de 2014, la Policía acudió a la esquina de Tala y Chalup por un llamado donde denunciaban sobre una pelea que se había originado en la zona. Al llegar, encontraron tendidas en la calle a dos personas: Gonzalo Acevedo estaba muerto, mientras que su amigo Walter Quiroga estaba vivo, pero muy mal herido.

Según constó en la causa, la víctima de 27 años recibió “múltiples lesiones contuso cortantes, punzo cortantes y contusas en diferentes áreas corporales que involucraron órganos vitales, tales como el pulmón, el pericardio, el diafragma y el corazón”. En tanto, Quiroga, de 28 años, recibió una puñalada de tres centímetros en la región inguinal derecha que puso en riesgo su vida, por la cual debió ser intervenido de urgencia para estabilizarlo y evitar su muerte.

Desde el comienzo, la investigación judicial tuvo como principal desafío reconstruir la secuencia exacta de lo sucedido, debido a las características propias de una pelea colectiva. La figura penal analizada fue la de homicidio en riña, una modalidad contemplada por el Código Penal con penas de entre 2 y 6 años, para aquellos casos donde una persona muere durante un enfrentamiento en el que aparecen varias personas en escena, pero por sobre todo no se puede determinar con certeza quién es el responsable directo de la acción mortal.

La causa avanzó con varios imputados y llegó a juicio oral en una primera instancia. En ese debate se analizaron testimonios, pericias y distintos elementos incorporados al expediente, aunque la resolución adoptada por el Tribunal en ese momento no dejó conforme a la acusación.

Alicia Vivian, la por entonces jueza que llevó delante de forma unipersonal ese juicio en 2015, había absuelto por el beneficio de la duda a la gran mayoría de los imputados por el delito de homicidio en riña, pero condenó a tres de ellos, Floreana Núñez, Jonathan Petizco y a Héctor Petizco, a un año de prisión efectiva por considerarlos penalmente responsables de lesiones graves en riña en perjuicio de Gonzalo Acevedo. Otra de las acusadas, Daiana Petizco, recibió un año de prisión condicional por el mismo delito. Es decir, todos fueron absueltos por el delito de homicidio en riña, pero los seis imputados fueron condenados de ocasionarles lesiones graves a una persona que murió asesinada por heridas de arma blanca, dictándoles penas que no superaron el año de prisión.

La acusación no quedó conforme y el proceso tomó entonces un nuevo rumbo. La Cámara de Casación Penal intervino sobre la sentencia inicial y resolvió revisar lo actuado, disponiendo que se realizara un nuevo debate oral para analizar nuevamente los hechos y las responsabilidades de los acusados.

Esa decisión abrió una nueva etapa en una causa que ya llevaba varios años de trámite judicial y que continuaba generando expectativa tanto entre los familiares de la víctima como entre los imputados.

Un nuevo juicio

El segundo debate oral representó una instancia clave para el expediente. En esa oportunidad se volvieron a escuchar testimonios y se analizaron las pruebas reunidas durante la investigación, con el objetivo de establecer qué participación tuvo cada uno de los acusados en aquella pelea que terminó con consecuencias fatales.

El Tribunal debió evaluar un escenario complejo: una confrontación en la que participaron varias personas, con versiones contrapuestas sobre cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes intervinieron y qué acciones derivaron en la muerte de Acevedo.

Finalmente, el juez Arturo Dumón dictó una nueva resolución y encontró responsables a tres integrantes de esa familia: Héctor Oscar Petizco, Jonathan Ismael Petizco y Floreana Leticia Núñez. Los tres fueron condenados a la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de homicidio en riña y lesiones graves, en relación con la muerte de Acevedo y las heridas sufridas por Quiroga.

La sentencia marcó un cambio respecto del primer proceso y estableció una responsabilidad penal para los acusados, luego de un extenso recorrido que incluyó la intervención de distintos organismos judiciales.

El fallo también reflejó la complejidad que presentan los casos de violencia grupal, donde la Justicia debe determinar responsabilidades dentro de un contexto en el que intervienen múltiples personas y donde la reconstrucción de los hechos depende del análisis conjunto de numerosos elementos probatorios.

Años de incertidumbre

Desde el momento del hecho hasta la sentencia condenatoria transcurrieron varios años en los que familiares, allegados y la comunidad de Gualeguaychú siguieron de cerca la evolución del expediente.

Para la familia de Gonzalo Acevedo, el proceso judicial representó la búsqueda de una respuesta frente a una muerte ocurrida en circunstancias violentas. Para los acusados, en tanto, significó atravesar distintas instancias en las que plantearon sus argumentos y ejercieron su derecho de defensa.

La causa tuvo como eje central determinar qué ocurrió durante aquella pelea y cuál fue el grado de participación de cada persona involucrada. La discusión judicial no estuvo centrada únicamente en la existencia del enfrentamiento, sino en la posibilidad de establecer responsabilidades penales dentro de un episodio donde participaron varias personas.

La confirmación posterior de la sentencia por parte de la Cámara de Casación Penal de Concordia permitió cerrar una etapa del expediente y dejó firme la condena contra los tres acusados.

De esta manera, una causa que comenzó con una riña callejera y una muerte, terminó convirtiéndose en un proceso judicial de varios años, atravesado por revisiones, nuevos debates y decisiones de distintos tribunales.

Una noche trágica

El expediente judicial tuvo como punto central la reconstrucción de lo ocurrido durante esa madrugada del 26 de octubre de 2014. Según se estableció durante la investigación, una discusión derivó en la agresión física entre los dos grupos, donde la violencia fue incrementándose hasta producir consecuencias irreversibles.

Uno de los principales obstáculos para la investigación fue determinar con precisión la secuencia de las agresiones y el rol que tuvo cada participante. En este tipo de episodios, donde intervienen varias personas en una pelea simultánea, la Justicia debe analizar no solamente quiénes estuvieron presentes, sino también cuál fue la conducta desplegada por cada uno y si esa intervención tuvo relación directa con el resultado final.

Durante los debates orales se analizaron las declaraciones de testigos, los informes médicos, las pericias y demás elementos incorporados al expediente. Cada una de esas pruebas fue evaluada para intentar reconstruir los momentos previos al desenlace y establecer las responsabilidades penales.

Además del fallecimiento de Acevedo, la causa también contempló las lesiones sufridas por Walter Quiroga, quien resultó gravemente herido durante el mismo episodio. Ese aspecto fue incorporado al análisis judicial y formó parte de la condena dictada posteriormente.

El cierre de una etapa

Luego del segundo juicio oral y de la condena impuesta a Héctor Oscar Petizco, Jonathan Ismael Petizco y Floreana Leticia Núñez, la resolución volvió a ser revisada por la Justicia.

La defensa de los condenados planteó distintos cuestionamientos sobre la sentencia, por lo que el expediente continuó su recorrido mediante los mecanismos de revisión previstos dentro del sistema judicial entrerriano.

Finalmente, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la condena, ratificando la responsabilidad atribuida a los tres integrantes de la familia por los delitos de homicidio en riña y lesiones graves.

La decisión significó el cierre de una etapa procesal que había comenzado con el hecho ocurrido en 2014 y que atravesó diferentes instancias hasta alcanzar una resolución definitiva.

El fallo confirmó una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva para los tres condenados, dejando firme la conclusión judicial alcanzada luego del segundo debate oral.

Los primeros días del año encontraban a la ciudad inmersa en el ritmo habitual de la temporada: las noches del Carnaval del País, el movimiento constante de turistas y las altas temperaturas que parecían no dar tregua. Mientras el centro conservaba el bullicio propio de esa época del año, en una esquina de Bolívar y 3 de Febrero comenzaba a gestarse una escena que, con el correr de las horas, quedaría grabada para siempre en la memoria policial de la ciudad.

Era la mañana del lunes 1° de febrero cuando un olor penetrante empezó a llamar la atención en el Hospedaje Mayo, una pensión de paso ubicada en Bolívar 536. Al principio nadie imaginó que detrás de la puerta de una de las habitaciones se escondía un crimen. Los responsables del lugar pensaron que podía tratarse de algún desperfecto, de comida en mal estado o incluso de un animal muerto. Sin embargo, con el correr de las horas el hedor se volvió insoportable.

La puerta permanecía cerrada y del otro lado nadie respondía. Fue entonces cuando decidieron dar aviso a la Policía. Minutos después llegaron los primeros efectivos. El procedimiento, que en un principio parecía rutinario, cambió por completo cuando lograron acceder a la habitación. Sobre una cama apareció el cuerpo sin vida de una mujer. El avanzado estado de descomposición hacía evidente que llevaba varios días muerta.

El calor agobiante de aquellos últimos días de enero había acelerado el proceso de descomposición hasta volver prácticamente irreconocible el cadáver.

La noticia comenzó a recorrer la ciudad con una velocidad inusitada. En una época en la que las redes sociales todavía no tenían protagonismo, pero la novedad corrió como reguero de pólvora por cada comercio, por cada esquina, por cada conversación de aquel mediodía.

¿Quién era la víctima? Esa respuesta demoró algunas horas porque hasta ese momento no existía ningún pedido de localización. Sin embargo, y mientras la Policía trabajaba en el hospedaje, a unas pocas cuadras de ese lugar, una familia comenzaba a comprender que la ausencia de una de sus integrantes en los últimos días escondía algo mucho más grave.

Desaparecida

Raquel Esther Terra tenía 38 años, aunque casi todos la conocían por otro nombre: Karina. Había nacido y crecido en el barrio Munilla. Quienes la conocían la describían como una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a enfrentar las dificultades cotidianas que imponía una vida atravesada por la precariedad económica.

Era madre de dos hijos. Sin empleo formal y con escasas oportunidades laborales, había encontrado en el trabajo sexual una forma de sostener económicamente a su familia. Desde hacía años frecuentaba la zona céntrica, especialmente las inmediaciones de San Martín y Pellegrini, donde era conocida tanto por otros trabajadores de la noche, como por comerciantes, cuidacoches y policías que patrullaban habitualmente el sector.

Su rutina era casi siempre la misma. Por eso comenzó a llamar la atención cuando dejó de aparecer. El jueves 28 de enero había sido la última vez que alguien la había visto con vida. Sin embargo, nadie imaginó que estaba desaparecida.

Karina alternaba su estadía entre la casa de su madre, Juana Morales, y el domicilio de su pareja. Durante varios días cada uno creyó que ella estaba en la vivienda del otro. Esa circunstancia retrasó la búsqueda y permitió que el crimen permaneciera oculto durante casi cuatro días.

Recién cuando un sobrino de su pareja llegó hasta la casa de Juana Morales a preguntar si Karina estaba allí comenzaron las dudas.

La respuesta fue negativa y a partir de ese momento empezaron a buscarla. Su pareja recorrió los lugares donde acostumbraba trabajar. Algunos conocidos preguntaron por ella en el centro. Pero nadie sabía nada. Horas después llegó la peor noticia.

Una identificación dolorosa

El cuerpo hallado en el Hospedaje Mayo era prácticamente irreconocible. El avanzado estado de descomposición impedía identificarla a simple vista. Fue necesaria la presencia de familiares. Juana Morales ingresó a la morgue con la incertidumbre de una madre que todavía conservaba una mínima esperanza.

Los médicos ya le habían advertido cuál era el estado del cuerpo. No fue el rostro lo que permitió reconocerla. Una pulsera de Boca Juniors que Karina llevaba siempre en una de sus muñecas terminó despejando cualquier duda.

La mujer encontrada en la habitación del hospedaje era su hija. Para la familia comenzaba un duelo inesperado. Pero para la Justicia recién empezaba una investigación que en pocos días cambiaría por completo el rumbo del caso.

En un primer momento todas las posibilidades permanecían abiertas. Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis, pero la autopsia derribó cualquier duda, a pesar que el estado que presentaba el cuerpo hacía difícil establecer qué había ocurrido dentro de aquella habitación cerrada.

La necropsia, realizada por el médico forense Oscar Chiapetti, fue determinante. Karina no había muerto por una causa natural. Había sido asesinada. El informe estableció que la mujer murió por asfixia mecánica provocada por estrangulamiento con un cinturón y el análisis permitió calcular que llevaba aproximadamente cuatro días fallecida. Ese dato coincidía con la última vez que había sido vista con vida.

A partir de allí, la investigación dejó de buscar una explicación para una muerte dudosa y pasó a perseguir a un homicida.

Las primeras pistas

Mientras Criminalística realizaba las pericias dentro del Hospedaje Mayo, los investigadores comenzaron a reconstruir quiénes habían pasado por esa habitación durante los últimos días. Cada dato era importante: los registros del hospedaje, las llaves, los movimientos de los huéspedes, las personas que habían entrado y salido del hospedaje. Las declaraciones del personal comenzaron a dibujar una primera línea investigativa.

No pasó mucho tiempo hasta que la atención de los investigadores se concentró sobre dos jóvenes que frecuentaban el lugar y trabajaban como cuidacoches en la zona del ex Casino Gualeguaychú y ambos fueron demorados en las horas posteriores.

La noticia ocupó rápidamente las portadas de los medios locales y la ciudad seguía con atención cada novedad. Lo que todavía nadie imaginaba era que la investigación avanzaría con una velocidad poco habitual y que, en cuestión de semanas, la Justicia lograría reconstruir casi por completo cómo habían sido las últimas horas de vida de Karina Terra.

Investigación, juicio y final

Las primeras horas posteriores al hallazgo fueron frenéticas. Mientras el cuerpo de Raquel Esther "Karina" Terra era sometido a una autopsia, el entonces Juzgado de Instrucción Nº 1 comenzó a reconstruir los últimos movimientos de la víctima. En aquellos años todavía regía el antiguo sistema procesal penal entrerriano, por lo que la investigación estaba a cargo del juez Eduardo García Jurado, quien dirigía personalmente cada medida probatoria.

Los investigadores sabían que el tiempo jugaba a su favor. Cuatro días habían transcurrido desde el crimen, pero el escenario todavía conservaba elementos suficientes para reconstruir lo ocurrido dentro de aquella habitación del Hospedaje Mayo.

El establecimiento era conocido por alojar pasajeros de paso y personas que alquilaban habitaciones por pocas horas. Por eso, cada ingreso y cada salida debían ser revisados minuciosamente.

Las primeras entrevistas al personal del hospedaje comenzaron a arrojar datos importantes. Uno de los nombres apareció repetidamente en las declaraciones: Pablo Andrés Fiorotto, un joven de 23 años que trabajaba como cuidacoches en el centro de Gualeguaychú y que conocía a Karina de los alrededores de San Martín y Pellegrini.

Los registros del hospedaje indicaban que Fiorotto había ocupado esa habitación y conservaba una copia de la llave. Esa información pasó a ser una pieza central de la investigación.

Cuando fue interrogado, Fiorotto intentó desvincularse del crimen, pero su relato comenzó a mostrar contradicciones casi desde el inicio. Aseguró no haber estado en el lugar durante los días en que los forenses estimaban que se había producido la muerte de Karina. Sin embargo, distintos testimonios obtenidos por los investigadores lo ubicaban en las inmediaciones del hospedaje y también en el centro de la ciudad durante esas jornadas.

Las grietas crecían con cada declaración. El personal del hospedaje aportó información sobre los movimientos dentro del edificio y otros testigos recordaron haber visto al joven ingresar y salir de la habitación. La situación era cada vez más complicada para el sospechoso, hasta que las pruebas reunidas terminaron por derribar su versión defensiva.

Los investigadores concluyeron que, tras mantener un encuentro sexual con la víctima, Fiorotto la estranguló utilizando un cinturón y luego abandonó el cuarto. Antes de irse cerró la puerta con llave desde el exterior. Ese detalle resultó decisivo.

La habitación permaneció cerrada durante varios días y el cuerpo recién fue descubierto cuando el olor provocado por la descomposición hizo imposible permanecer en el lugar. Aquella decisión permitió demorar el hallazgo del crimen y, durante casi cuatro días, el responsable continuó desarrollando su rutina con absoluta normalidad.

El móvil del crimen

La investigación descartó rápidamente otras hipótesis. No existía una relación sentimental entre víctima y victimario, ni tampoco había indicios de un robo planificado o de una pelea previa. El expediente terminó concluyendo que el móvil había sido estrictamente económico.

Según quedó acreditado durante la instrucción, Fiorotto había contratado los servicios sexuales de Karina, pero al momento de pagar decidió matarla para evitar entregar el dinero. Esta conclusión quedó respaldada por el conjunto de pruebas incorporadas a la causa y sería el eje de la acusación durante el juicio oral.

Mientras tanto, un segundo joven que había sido detenido en las primeras horas recuperó la libertad luego de que la Justicia dictara la falta de mérito, al no encontrar elementos que permitieran vincularlo con el homicidio.

Toda la responsabilidad penal quedó concentrada sobre Fiorotto. En menos de 60 días el juez García Jurado dio por concluida la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio. No era habitual que un homicidio llegara tan rápidamente a esa instancia en esos años con un sistema procesal obsoleto y vetusto. La prueba reunida había permitido reconstruir con claridad la secuencia de los hechos y sostener la acusación sin mayores fisuras.

Por aquellos años Gualeguaychú todavía no contaba con la infraestructura necesaria para realizar juicios orales por delitos de semejante gravedad. Todos los procesos por homicidio eran juzgados en la Cámara del Crimen de Gualeguay y allí se desarrolló el debate que puso fin a la investigación iniciada aquel caluroso primer lunes de febrero.

La condena

El juicio oral comenzó en marzo de 2011. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Roberto Javier Cadenas, que casualmente había jurado como magistrado en febrero de 2010, Jorge Omar Torres y Daniel Elías Alle. En tanto, la acusación estuvo a cargo del fiscal Dardo Tortul, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Víctor Rebossio.

Durante las audiencias declararon empleados del hospedaje, policías que participaron del procedimiento, peritos y testigos que permitieron reconstruir los movimientos de Fiorotto antes y después del crimen.

Los informes médicos confirmaron nuevamente que la muerte había sido provocada por estrangulamiento con un cinturón.

Los testimonios del personal del Hospedaje Mayo también resultaron determinantes. Fueron ellos quienes explicaron cómo comenzó a sentirse el intenso olor que llevó al descubrimiento del cuerpo y quienes aportaron datos sobre la ocupación de la habitación y las llaves del establecimiento.

La Fiscalía sostuvo que el homicidio había sido cometido con el único propósito de evitar el pago por los servicios sexuales prestados por la víctima y por ello solicitó una pena de 13 años de prisión por homicidio simple. La defensa, por el contrario, insistió en la absolución al considerar que no existían pruebas directas suficientes para responsabilizar a su asistido.

El 23 de marzo de 2011 la Cámara del Crimen de Gualeguay dio a conocer el veredicto. Los jueces encontraron a Pablo Andrés Fiorotto autor penalmente responsable del delito de homicidio doloso y lo condenaron a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Meses más tarde el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó íntegramente la sentencia, que quedó firme.

Fiorotto permaneció detenido inicialmente en la Unidad Penal de Gualeguay y luego fue trasladado a la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú para cumplir el resto de la condena. En 2016, luego de haber cumplido los dos tercios de la pena y reunir los requisitos legales exigidos por el régimen penitenciario, obtuvo la libertad condicional.

Parte del recuerdo

El crimen de Karina Terra pertenece a una etapa muy distinta de la historia reciente de Gualeguaychú.

En 2010 la figura penal del femicidio todavía no existía en la legislación argentina. Recién dos años más tarde el Congreso incorporaría ese agravante al Código Penal, modificando para siempre la forma en que la Justicia abordaría los asesinatos de mujeres atravesados por la violencia de género.

La familia de Karina tampoco contó con el acompañamiento institucional que hoy existe para las víctimas y sus allegados. Su madre y sus hermanas atravesaron el duelo prácticamente en soledad, mientras intentaban comprender cómo una mujer que había salido a trabajar para mantener a sus hijos terminaba convertida en protagonista de una de las páginas policiales más dolorosas de la ciudad.

Dieciséis años después, el viejo Hospedaje Mayo ya no existe. Sin embargo, para quienes siguieron de cerca la investigación, aquella habitación de Bolívar y 3 de Febrero sigue siendo el escenario donde comenzó a escribirse uno de los homicidios que más se recuerdan en la ciudad.

Para hablar de un hecho particular de la historia, primero hay que trazar un marco de lo que sucedía no sólo en el país, sino en el mundo. Analizar lo general para comprender lo particular, que en este caso se trata del asesinato del senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, muerto balazos en una sesión en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

El 24 de octubre de 1929, Estados Unidos amaneció con el derrumbe del mercado de valores, que arrastró a miles de inversores. Muchos perdieron sus grandes fortunas y los dólares que los capitalistas tenían, se evaporaron. Esto no sólo afectó a Estados Unidos, sino que trajo réplicas en todo el mundo.

Por aquellos años, Gran Bretaña, socio comercial de la Argentina, era el principal comprador de carnes y a causa de esta crisis bajó de golpe un 40% el valor de nuestras exportaciones. Esto llevó a que gran parte de los productores del campo, medianos y pequeños, se fundieran. Por lo tanto, hubo un cimbronazo tremendo en el sector y el país se quedó divisas para importar.

En ese momento, nuestro país producía muy poco, tenía una industria endeble y a consecuencia de lo que sucedía en el agro, se originó una expulsión de la mano de obra rural a las ciudades. Pero esto trajo aparejado la aparición de nuevas fuentes de trabajo que se abrían para sustituir las importaciones. Se empezaba a fabricar localmente lo que antes se importaba.

Lo que ocurrió es que esos nuevos puestos de trabajo no alcanzaban para satisfacer los números de desocupación. La situación era muy grave y el hambre de la gente también, y las clases dominantes tuvieron la excusa perfecta para volcar esa animosidad social en la figura del presidente Hipólito Yrigoyen. Fue así que el 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo lideraron el golpe de Estado que interrumpió por primera vez en nuestra historia el orden democrático y dio inicio a la llamada “Década Infame”.

Uriburu no hizo nada diferente a lo que sus predecesores iban a hacer a lo largo de los reiterados gobiernos de facto. Prohibió partidos políticos, suspendió elecciones e implementó ley marcial y censura. Buscaba un orden corporativista y autoritario, influenciado por el fascismo creciente en Italia y Alemania. Intentó reformar la Constitución con la intención de quedarse en el poder, pero fracasó ante un descontento popular y como figura de recambio apareció Agustín P. Justo, quien ganó en unas elecciones completamente fraudulentas en 1932, que la historia lo conoció como “fraude patriótico” porque se proscribió a la Unión Cívica Radical. Uriburu abandonó el país, se exilió en Europa y murió poco después.

Justo asumió la presidencia en 1932 y se mantuvo en el poder hasta 1938. Nacido en Concepción del Uruguay en 1876, este militar e ingeniero tuvo un vínculo muy especial con Gualeguaychú. Visitó la ciudad el 29 de mayo de 1937 y se convirtió en el tercer presidente en hacerlo, detrás de Urquiza y Avellaneda. Lo hizo en el yate presidencial “Tecuara”, llegó al renovado puerto de Gualeguaychú y fue en el marco de la inauguración de importantes obras, entre las que se destacaba la Costanera, la Avenida Del Valle y el Asilo de Ancianos (hoy Instituto Agrotécnico).

Justo, Roca y la Commonwealth

Al flamante presidente Justo, lo acompañó en la fórmula Julio Argentino Roca, el hijo del conquistador del desierto; y fue en ese contexto de crisis mundial que Gran Bretaña decide comprarles exclusivamente a sus colonias, conocidas como la Commonwealth, la comunidad británica de naciones.

Esta decisión dejaba afuera a la Argentina como proveedor de carne y demás derivados del sector agrícola ganadero, y originó que los terratenientes entraran en pánico. Enviaron a Londres una misión encabezada por Roca, donde brindó un discurso en la Cámara de Comercio Argentino-Británica y dijo que Argentina merecía ser parte del imperio británico.

Roca trató por todos los medios que la Argentina se incorpore a la Commonwealth, pero a Gran Bretaña no le interesaba y se aprovechó de la desesperación criolla. En todo caso, le dicen a Roca que están dispuestos a hacer un pacto comercial, y así se firma el 1 de mayo de 1933 el Pacto Roca-Runciman. El vicepresidente argentino y el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman.

Gran Bretaña solamente se compromete a comprar carne argentina en la medida que sea más barata que la de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. A cambio, Argentina se comprometía a dejar entrar a las empresas británicas sin pagar ningún derecho, y nuestro país acepta la imposición anglosajona que solo podrá establecer frigoríficos nacionales si no tenían fines de lucro.

Asesinato en el Senado

En 1984, el director Juan José Jusid estrenó su película “Asesinato en el Senado de la Nación”, con la actuación de grandes actores como Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, entre un largo elenco. No era una ficción, sino que estaba basado en los hechos que sucedieron 23 de julio de 1935. Esa tarde, mataron a balazos al senador nacional Enzo Bordabehere. Pero esos disparos de arma de fuego no estaban dirigidos a él que todavía no había asumido, sino que tenían como blanco a otro senador, que la historia poco rescata y que fue conocido como “el fiscal de la República”.

Lisandro De La Torre era Senador Nacional por Santa Fe del Partido Demócrata Progresista. Había llegado a un Congreso que se caracterizaba por la corrupción. Justo había llegado al poder de forma fraudulenta y de ahí para abajo todo estaba teñido de corrupción.

El Pacto Roca-Runciman fue el principio de una serie de entrega de soberanía a los británicos que De La Torre se encargó de denunciar dentro del recinto de la Cámara Alta. Durante cinco sesiones hizo público, de forma muy solitaria, los escandalosos negociados y la implicancia directa del Presidente Justo y dos de sus ministros, el de Agricultura y el de Hacienda, Luis Duhau y Federico Pinedo, respectivamente.

De La Torre presentó pruebas contundentes. Descubrió la facturación real que se enviaba a tierras británicas, escondida en cajas bajo el rótulo de “corned beef”, en un barco británico. Se llevaban las pruebas de la evasión fiscal y fraude, al calor del Pacto Roca-Runciman.

Esa tarde del 23 de julio, De la Torre iba a denunciar esto en el Senado de la Nación, pero a medida que iba relevando todo el entramado de corrupción, la situación comenzó a calentarse y Duhau y Pinedo lo amenazan de muerte, pero este político socialista de 66 años, lejos de amedrentarse continuó.

Duhau, impunemente, contestó a la audiencia: “Ya pagará todo este señor Senador, punto por punto, ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho”. De la Torre estaba completamente solo en el Senado y esperaba por la asunción de Enzo Bordabehere, otro santafesino que quería como a un hijo, electo Senador pero que Roca, como presidente de la Cámara, no aprobaba los pliegos para que asumiera y lo acompañara en la bancada demócrata progresista.

Bordabehere estaba esa tarde con la esperanza de que al terminar los temas de la sesión se pudiera tratar su pliego para finalmente asumir el cargo y acompañar a su mentor y maestro. Las discusiones eran cada vez más encendidas y las amenazas más impunes. Duhau era un estanciero bonaerense, vinculado a la Sociedad Rural. De la Torre reveló que Duhau se beneficiaba vendiendo ganado de su propiedad a los frigoríficos investigados.

A Pinedo le achacaba su papel como responsable técnico del tratado Roca-Runciman. Pero fue durante una discusión con este Ministro que sucedió todo. Fue insultado por Pinedo y De La Torre se paró de su banca y se dirigió hacia donde estaba Pinedo, pero al llegar, Duhau se interpuso y le dio un empujón. De la Torre cayó al piso: Bordabehere corrió en su auxilio, pero fue en ese instante que resonaron tres estampidos y, luego, otro. Pocos se dieron cuenta de que era Valdez Cora quien disparaba. Y que Bordabehere, al cubrir a De la Torre, se desplomaba en medio de un estallido de sangre. Tenía dos tiros en la espalda y, al girar el cuerpo hacia el hombre que gatillaba, recibió otro en el tórax. El cuarto disparo lo hirió a Duhau en la mano izquierda.

El comisario Valdez Cora

El sicario se había equivocado de blanco. El muerto debía ser De La Torre. Este hombre de 42 años, encargado del trabajo sucio del Partido Conservador y conocido por haber apoyado el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, lo premiaron con el cargo de comisario en la Policía de Buenos Aires. Pero no duró mucho: su carrera estuvo signada por apremios ilegales, abuso de poder y cobro de coimas.

Ese 23 de julio, Valdez Cora se encontraba en el Senado y no dudó en sacar su arma y disparar. Luego, salió corriendo del recinto, pero no alcanzó a abandonar el Congreso que fue detenido. Fue condenado a 20 años de prisión y recuperó la libertad en 1953. Su muerte se produjo al año y medio, sin que nunca fueran identificados sus cómplices e instigadores.

Bordabehere fue despedido en Santa Fe ante miles y miles de personas. De La Torre quedó destruido y nunca se pudo recuperar. Justo ni siquiera decretó duelo por el asesinato de Bordabehere y esa misma noche del crimen asistió a una gala en el Teatro Colón. De La Torre declararía horas después del crimen: “Se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino”.

El duelo y la muerte

Pinedo, sin esperar que pasara un tiempo prudencial, retó a duelo a De La Torre ese mismo día del homicidio, “con motivo de las expresiones lujuriosas vertidas por el senador Lisandro de La Torre”, argumentó el diario El Censor de Gualeguaychú en aquella edición del 25 de julio y agregó: “El lance se realizó esta mañana en Campo de Mayo, cambiándose los duelistas un disparo de pistola de acuerdo a los establecido por los respectivos padrinos, sin resultado”.

En el duelo, De La Torre disparó al aire, mientras que Pinedo tiró a matar, pero gracias a la mala puntería, la vida del Senador siguió unos años más, pero ya no era el mismo. Poco a poco se fue retirando de la vida política. Escribió sus memorias. El 5 de enero de 1937 renunció a su banca, cansado y abrumado por el silencio de la mayoría de la clase política, y dos años después se quitó la vida en su domicilio de Esmeralda 22, en la Ciudad de Buenos Aires.

Pocas semanas después de aquella final que Argentina perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue sin aclararse. A pesar de que se tomaron más de cincuenta declaraciones testimoniales en la causa, se analizaron cámaras de seguridad y se investigaron sospechosos y distintas líneas de hipótesis, nunca se pudo determinar realmente qué fue lo que sucedió con Rosalía Delia Abelleyra, ni tampoco el porqué.

Esta mujer de 76 años vivía sola en una casa de dos plantas, muy bonita y con un estilo arquitectónico moderno para la época en la que había sido construida. Fue la vivienda familiar de los Fernández, que tenían un muy buen pasar económico gracias al rol como camarista en Gualeguay que había tenido el esposo de Abelleyra en la década del 70 y otras propiedades que daban sus réditos para sostener ese estilo de vida.

Tras la muerte de Abelleyra, la propiedad estuvo durante muchos años a la venta, pero fue recién en este último tiempo que cambió un poco la fisonomía, principalmente la fachada que tenía, que la distinguía en uno de los puntos más céntricos y coquetos de la ciudad.

Abelleyra tenía tres hijos (un hombre y dos mujeres) y según lo que se desprendió de aquella investigación policial y judicial, la relación intrafamiliar no era de las mejores. Habría existido un histórico maltrato de la mujer hacia sus hijos, que con los años se convirtió en un resentimiento que los alejó de su madre. Por ello es que pasó tantos días encerrada y maniatada en el baño sin ser descubierta, ya que prácticamente nadie la visitaba, hasta que fue su propio hijo el que la rescató de ese estado.

Sin cámaras ni testigos

Cuando la Policía ingresó al domicilio ubicado en Luis N. Palma 418, hubo algo que les llamó poderosamente la atención: el desorden. Para los investigadores se estaba ante un claro asalto. Los delincuentes habían entrado a la vivienda y revuelto cada rincón. No había dudas. Pero con el correr de las horas la investigación dijo otra cosa.

Abelleyra fue encontrada en el baño, en posición fetal, atada de pies y manos, y con su rostro completamente desfigurado por golpes que recibió. Pero lo peor era el cuadro de deshidratación que presentaba y por el cual debieron internarla en la sala de cuidados intensivos del Hospital Centenario.

Un testigo presencial del momento en que rescataban a la mujer de la vivienda relató que se la oyó gritar reiteradamente: “Sos un hijo de puta”. Aunque el destinatario del insulto era un misterio, la frase encendió la primera línea de sospecha en la investigación. El rastro, no obstante, se desvaneció en pocas horas: los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lucrecia Lizzi la entrevistaron en el Hospital Centenario, donde la anciana descartó cualquier sospecha sobre su hijo.

Surgieron otras líneas investigativas. Se habló de tres hombres que habían llegado desde ciudad a los que los habían contratado o vendido el dato de que en esa casa había dinero, pero quedó en la nada porque no se encontraron pruebas. No surgió ninguna anormalidad en cada una de las cámaras de seguridad que el personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú analizó.

El jefe de Policía de Gualeguaychú por aquel entonces, comisario Vicente Giménez, señaló: “Nosotros vimos una vivienda muy segura, al igual que las que la rodean, dotadas de perros de vigilancia, sensores de movimientos y alarmas. La obra en construcción lindera está prácticamente cerrada, por lo que no hay por dónde ingresar, y además posee cámaras para el control de personal. Esa es una de las cámaras de las cuales tenemos una cantidad de material que se está analizando. Otra es la del edificio Torres de Avenida, más los testimonios recogidos. Seguimos trabajando y analizando las más de 60 horas de grabación que hay”.

Pero existía un punto ciego. La casa tenía su frente sobre Luis N. Palma y sobre esta avenida estaban ubicadas las cámaras de seguridad de vecinos, comercios y de la Municipalidad, pero la propiedad tenía otra salida por República Oriental y se estima que esa puerta se pudo haber utilizado para abandonar la vivienda sin ser captado por alguna filmación. Pero eso es otra hipótesis.

Lo cierto es que en esta causa no hay nada cierto y es por eso que, a casi 12 años del hecho no hay imputados y mucho menos condenas para los responsables.

Compradora compulsiva

La gran pregunta que les quitaba el sueño a los peritos era el móvil. ¿Por qué ensañarse con una anciana, golpearla, atarla y dejarla morir en el baño si no existía otra razón aparente que el robo? Es un interrogante que aún no tiene respuesta. Aunque al principio todo apuntaba a un asalto, la hipótesis nunca se confirmó: el desorden en la casa era tan caótico que los investigadores jamás pudieron determinar qué elementos faltaban, y mucho menos si había dinero en juego.

Abelleyra no solo vivía en un aislamiento extremo, muy similar al de los acumuladores compulsivos, sino que compraba constantemente cualquier objeto que tuviera a mano. Con su fallecimiento, ocurrido el 5 de octubre, los investigadores perdieron la principal fuente de información para esclarecer lo que había sucedido en esa casa. 

El único elemento clave con el que contaba el fiscal Lisandro Beherán eran los precintos plásticos con los que habían atado a la víctima. De hecho, para destrabar la causa, llegó personal de Investigaciones de Paraná, quienes recomendaron realizar un estudio genético sobre esos elementos. Los precintos fueron secuestrados y remitidos al Departamento de Genética Forense con la esperanza de obtener patrones de ADN para cotejarlos con los sospechosos. Sin embargo, tras pasar varios días en la ciudad, los peritos de la capital provincial no lograron hallar ningún otro indicio y los resultados de laboratorio no fueron los esperados. Así, la prueba más importante de la causa terminó en la nada.

Por aquellos años, Beherán declaraba a la prensa: “No se pudo determinar si la señora tenía dinero guardado y se lo habrían llevado. Lo que quedó bien definido es que era una persona que gastaba mucho dinero en compras”. Lo que el fiscal ignoraba en ese momento era que aquellos consumos excesivos de la víctima se convertirían en la prueba clave de otra causa: la que terminó con la condena por estafa de la tarotista Alejandra Atúm, hermana de la recordada Pequeña P.

La vidente

Pasó una década y las cifras en pesos que hoy parecen insignificantes, diez años atrás servían para terminar de pagar un auto cero kilómetro. Eso fue lo que pasó y comprometió a Alejandra Atúm, una de las hermanas de Pequeña P, la vedette de Gualeguaychú que llegó a los teatros de revistas en Buenos Aires y falleció el 27 de febrero de 2009

Alejandra, hoy ya fallecida, fue una de las personas que más bregó por la investigación de su hermana, junto a la madre de ambas. Había tomado notoriedad en los medios de comunicación porque estaba convencida que a Pequeña P la habían matado y los sostenía en cada una de las notas que a ella y su madre le hacían.

Esta notoriedad le valió para hacerse más conocida en su rol como vidente o tarotista. Y fue así que Gabriela Fernández, una de las hijas de Delia Abelleyra, la contactó para que le dijera mediante su experiencia paranormal quién había sido el que mató a su madre.

Pero Atún se aprovechó de esa situación de vulnerabilidad y también de la posición económica, y estaba convencida de que le iba a sacar beneficio. Mediante intimidación, le hizo creer a la mujer que su madre le debía dinero a una banda de delincuentes y que, si no le entregaban el pago de esa deuda, la iban a matar a ella y a sus dos hermanos.

Todo esto, una vez que Fernández se dio cuenta que Atúm la estaba estafando, terminó en una causa judicial y en una condena de dos años de prisión condicional, ya que le había requerido que le entregara 50 mil pesos para evitar la masacre.

En ese juicio, la Fiscalía intentó probar que la tarotista había asistido a Gabriela Fernández en varias oportunidades. En uno de esos encuentros, cuando fue a la vivienda de Abelleyra para hacer una “curación” y limpiar el lugar de “malos espíritus”, Fernández le regaló una costosa cartera Ricky Sarkany y un collar de su madre; la vidente no solo aseguraba haber espantado las malas energías, sino que además les reveló, supuestamente a través de sus poderes extrasensoriales, quién había sido el asesino de la anciana

“No hubo amenazas sino una puesta en escena para que la víctima incurriera en un error”, fue lo que le dijo el fiscal Beherán al juez Mauricio Derudi en el juicio a Atúm por los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de marzo de 2015. 

En su alegato, Beherán mencionó que Atúm cerró la deuda del crédito de su automóvil, calculada en unos 22 mil pesos, el día antes a que se conociera la denuncia de Fernández, y cuando se le preguntó por esta casualidad, la mujer se excusó diciendo que se trataba de un crédito que le habían dado a su marido en su trabajo, sin documentación respaldatoria.  

Pasaron casi cuatro años desde que se cometió el hecho hasta la lectura de la condena. En el medio pasó de todo, incluso un juicio trunco porque Martínez se había fugado del centro de rehabilitación en Concepción del Uruguay, cinco días antes a que iniciara el debate oral y público en Gualeguaychú, donde estaba imputado por “homicidio en ocasión de robo con abuso sexual con acceso carnal”.

Todo se inició en 2014. Estela Alberto llegó a su casa en el del sector 1 del barrio Eva Perón (348 viviendas) alrededor de las tres de la madrugada, luego de pasar la Nochebuena en la casa de su hermana. Cuando sus familiares regresaron a buscarla horas más tarde, ya nadie contestó a la puerta. Solicitaron la presencia de la Policía para ingresar al departamento. Entraron por una ventana y la encontraron tendida sobre la cama con manchas de sangre sobre las sábanas.

Fue llevada al Hospital Centenario, donde murió en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre. Tras la autopsia, se determinó que la causa de la muerte se debió a un fuerte golpe en la sien. Pero lo más aberrante fue el descubrimiento (aunque ya se había constatado en su ingreso al hospital) que había sido salvajemente abusada y que incluso se había utilizado un elemento contundente.

La autopsia que le realizó horas más tarde el médico forense Marcelo Benetti arrojó que tenía hematomas en ambos ojos, en el cuero cabelludo y en la nuca; en la región facial izquierda presentaba una probable compresión de suela de calzado, además de lesiones cortantes en el arco superciliar izquierdo, con desprendimiento parcial de piezas dentales. Tenía otras lesiones en el cuello, el hombro, la clavícula derecha, el brazo derecho, la mano izquierda y el meñique derecho.

Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se había tratado de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

No se tardó mucho en escuchar el nombre de Leandro “Coño” Martínez como sospechoso, o por lo menos en tener algún tipo de vinculación. Tal es así que fue detenido el 29 de diciembre, en una vivienda del sector oeste del barrio Eva Perón, pero fue liberado 24 horas después por el entonces fiscal Guillermo Biré por falta de pruebas suficientes para imputarlo por el hecho. Al otro día, el 31, fue nuevamente detenido, pero esta vez con claras certezas de que había sido el responsable. Había pruebas genéticas que lo involucraban directamente con el hecho.

Un pasado de drogas

A Martínez se le dictó una prisión preventiva que se fue prorrogando, hasta que su abogado defensor consiguió que continuara con esta modalidad en el Centro de Adicciones El Edén, que funciona en Concepción del Uruguay, por el consumo problemático de estupefacientes que tenía el joven de 22 años al momento del hecho.

Durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) no sucedió demasiado. Estaba clara la autoría de Martínez y sólo restaban conocerse resultados de informes periciales y detalles judiciales que permitieron avanzar la causa hasta que el Juzgado de Garantías elevó el legajo a juicio. La primera audiencia se fijó para el 3 de agosto.

Habían pasado ocho meses de cometido el hecho y el fiscal coordinador del Ministerio Público de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, tenía claro que iba a ir por la pena máxima: la reclusión perpetua. El tipo de crimen cometido podía llevar al acusado a una cadena perpetua. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Lo que no fue imposible para Martínez fue escapar del Centro de Adicciones donde estaba alojado cumpliendo su prisión preventiva. Sabía que enfrentaba una dura condena y no tenía nada para perder. Aprovechó el momento adecuado y se fue caminando por la puerta de entrada el jueves 30 de julio. Cinco días antes de que se iniciara el juicio.

“Chupate esta mandarina”

Desde entonces no se supo más nada de él. El juicio debió suspenderse porque el imputado debe estar presente y todo parecía indicar que el caso iba a quedar en el olvido. Pero en este punto hay que destacar el trabajo de los investigadores, tanto del Ministerio Público Fiscal y la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, que nunca dejaron atrás cualquier rastro de Martínez.

Pero “Coño” cometió un error terrible para cualquier criminal que se jacta de serlo. Se confió. Llegó a la zona de la Triple Frontera y creyó que nunca más lo iban a encontrar. Dejó abierta una de sus tres cuentas de Facebook. Allí subía declaraciones de amor a su nueva novia, con fotos y paisajes característicos de Brasil. El 7 de diciembre de 2015 ya les había adelantado a sus perseguidores adonde había llegado, escribiendo en su muro: “Chupate esta mandarina. ¡En Brasil, vieja!”.

Después de eso fue mucho más fácil rastrearlo. Incluso, a principios de 2016, viajó una comisión policial de Investigaciones para aprehenderlo, pero en esa ocasión no pudieron dar con su paradero. Martínez se movía por Bolivia, Paraguay y Brasil, haciendo malabares en los semáforos, lo que también dejó documentado en Facebook. Dejó escrito momentos de reflexión como “La vida sin drogas es mucho mejor. Veo mis cambios y mi felicidad día a día gracias a las personas que me enseñaron que una vida sin drogas es más linda. Fuerza chicos que se puede, yo pude y es tan lindo”, y otros en donde denotaba cierto cambio de vida.

Finalmente, fue atrapado cuando intentaba cruzar desde Ciudad del Este a Foz do Iguazú. Nueve meses duró su periplo por la triple frontera y en la Comisaría 2º de Foz do Iguazú esperó por su extradición, que llevó varios meses. Mientras, en Gualeguaychú, trabajaban en los trámites burocráticos para repatriarlo y a fines de mayo de 2016 culminaron con todo lo que debían preparar.

Recién a mediados de 2018 arribó al país custodiado por Interpol y quedó alojado en la Alcaidía de Sección Extradiciones, Departamento Interpol, ubicada en Buenos Aires. Luego se designó una comisión policial conformada por el Grupo Especial de Gualeguaychú, que efectivizó su traslado.

Una vez en nuestra ciudad y mientras se fijaba la fecha para el esperado juicio, Martínez fue alojado en la Colonia Penal N° 9 con prisión preventiva, pero a los pocos días debió ser reubicado en la (ya desalojada) Unidad Penal Nº 2 porque habría protagonizado un intento de fuga y ante cualquier otra situación se decidió su traslado a un lugar de mayor seguridad (todavía no habían sido construidos los pabellones de máxima seguridad).

El juicio

En septiembre comenzó el juicio y sólo dos audiencias bastaron para juzgarlo. No hubo mayores sobresaltos para determinar la autoría del hecho. Ninguno de los argumentos expuestos por la defensa encontró el reparo jurídico probatorio.

La jueza Alicia Vivian fue quien presidió el Tribunal, y junto a Arturo Dumón y Mariano Martínez (que reemplazó a Mauricio Derudi que en el inicio de la investigación actuó como Fiscal coordinador), impusieron de forma unánime la pena de 27 años de prisión por los delitos de "homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal calificado por haber resultado la muerte de la ofendida".

Martínez había declarado en una de las audiencias: “Yo no la mate, no la abusé y no le robe nada a Estelita” y argumentó que no había tenido nada que ver con lo sucedido. Para explicar sus rastros genéticos que fueron hallados en la escena del hecho y extraídos del cuerpo de la mujer, se defendió argumentando una supuesta relación sexual con la víctima a cambio de dinero.

Para los magistrados, la versión de Martínez tenía serias disonancias con pruebas sustanciales rendidas en el juicio. Esa versión que la víctima mantenía tanto con él, como con otros jóvenes, relaciones sexuales por dinero, fue desvirtuada por las pruebas y porque ninguno de los testigos que fueron convocados por la defensa del imputado pudo dar fe de lo argumentado. Todos ellos dijeron que "había comentarios en el barrio" y no pudieron establecer, ante preguntas concretas, el origen de esos comentarios. Negaron haber conocido o sabido que el acusado mantenía ese tipo de relación con la víctima.

Asimismo, la declaración de Martínez tampoco coincidía con la personalidad que tenía Estela Alberto y la forma que ella tenía de relacionarse con los jóvenes y sus vecinos. Esos mismos testigos, que eran compañeros de salida de "Coño" Martínez, a la hora de responder sobre la relación que mantenían con la víctima, fueron coincidentes en decir que no tenían contacto con ella, que era un trato normal, que era muy reservada y que si se les caía una pelota no se las quería devolver.

Derribando “comentarios”

De estos comentarios se desprende que Estela Alberto no era una persona afable ni de socializar con jóvenes. “No era sociable, o dada con sus vecinos del barrio, por el contrario, la preocupación, y el temor que sentía, hacen presumir su falta de confiabilidad social o vecinal”, explicaron los jueces de forma unánime en su sentencia.

Pero, además, en cuanto al tipo de relación sexual consensuada, fue científicamente desvirtuado gracias a los dichos y la labor desplegada por el médico forense Marcelo Benetti, que al revisar a la víctima encontró lesiones en zona genital y anal, y descartó la posibilidad de un trato sexual voluntario. Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se trató de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

El abogado defensor, Pablo Ronconi, pretendió desacreditar el robo, basándose en que tras el hecho se hallaron 28 mil pesos debajo del colchón de Estela Alberto. Poner en crisis el móvil del robo era crucial para la defensa porque de esta manera la pena no sería tan dura. Pero los jueces no coincidieron con esto y argumentaron: “Si el autor del hecho no se llevó ese dinero no es porque no tuviera intención de sustraerlo, sino porque sencillamente no se percató de su existencia”.

Los jueces no tuvieron dudas. Martínez estaba motivado por su necesidad de obtener dinero para continuar consumiendo drogas y bebidas alcohólicas, y por ese estado sucedió el hecho. “La muerte de la víctima no fue consecuencia del acto abusivo sino de la violencia ejercida en primera instancia para perpetrar el desapoderamiento”. Es por esto que el Tribunal valoró los hechos y los subsumió a las figuras de homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal.

El único tema de conversación en la calle, por aquellos días, era el descenso de categoría de River Plate. Nadie salía del asombro sobre lo que ese domingo 26 de junio de 2011 había sucedido. Pero esa semana todo cambió en Gualeguaychú y el interés social giró hacia lo que se había descubierto en la mañana del viernes 1 de julio: un joven había sido hallado muerto en un complejo de cabañas en la Calle 2, a metros del Camino de la Costa.

En aquel tiempo, la zona era muy distinta a la actualidad. Poca iluminación, calles de tierra, pocos habitantes en las inmediaciones, desolación y un montón de adjetivos más que se podrían agregar para describir un lugar muy diferente a la belleza que representa hoy.

Esa mañana había sido una de las más frías registradas ese año. Todavía no se había levantado la escarcha que blanqueaban los pastos cuando la Policía tomó conocimiento del crimen que había ocurrido dentro de un complejo de bungalows, situado muy cerca de la guardería de lanchas que todavía funciona sobre el Camino de la Costa.

Leonardo Herrera había sido hallado muerto, atado de pies y manos a una silla y cubierto con una manta. Tenía un corte de 10 centímetros sobre el lateral derecho del cuello, en la zona de la arteria aorta y siete puñaladas en el tórax. Tenía 24 años y trabajaba como sereno del lugar.

Desde ese día se tomó la posible hipótesis de que habían actuado entre tres y cuatro personas, incluso se habló de la filmación de una cámara de seguridad de un complejo aledaño a la escena del crimen, pero nunca se pudo ver fielmente lo que mostraban esas imágenes y mucho menos identificar a alguien.

Inmediatamente tomó fuerza la línea investigativa de que la víctima conocía a sus homicidas, porque en la escena del crimen no había nada que mostrara indicios de un ingreso violento. “Estaba todo limpio”, contó una fuente del caso en aquel momento. Incluso, dentro de esa hipótesis inicial, se estableció que los sospechosos habían permanecido con Herrera toda la noche, pero que en un momento determinado ocurrió algo que desencadenó la tragedia.

En principio se habló que el móvil sería el robo de un televisor LCD de 52 pulgadas, otra TV de 20 pulgadas, una computadora y un DVD, aunque la investigación policial no descartó otras teorías como un ajuste de cuentas o algo relativo a un tema pasional. Fue lo primero que se tejió para tratar de explicar el móvil que pudiera orientar la investigación.

En los albores de la investigación se nombró la posibilidad de que fueran cuatro las personas que habían estado con Leonardo Herrera esa noche del crimen, pero nunca quedó muy claro qué fue lo que pasó con ellos y si pudieron ser identificados.

Se estimó que estas cuatro personas abandonaron el lugar en un vehículo y una de las pruebas más importantes con las que se contaba en un principio era la filmación de una cámara de seguridad de la guardería de lanchas, ubicada justamente en esa intersección del Camino de la Costa y Calle 2, en las que se observaba el tránsito de un auto en la hora señalada en la que ocurrió el crimen.

Pero con esto hubo un grave inconveniente: nunca se pudo distinguir nada de esa imagen por la baja calidad de la filmación. La definición era muy mala, era de noche y la zona era muy oscura, con poco tránsito, principalmente a esa hora de la madrugada.

El video se remitió para ser analizado, pero nunca se pudo mejorar. Los píxeles no eran lo suficientes como para estirar la imagen sin que perdiera claridad, y además se dificultó realizarlo con otro tipo de tecnología debido a la deficiencia en tecnología del sistema informático que existía en ese momento en Entre Ríos.

El abogado que representó a la familia Herrera solicitó que esas imágenes fueran remitidas a la Policía Federal o a Gendarmería Nacional, pero desde la Justicia se negó ese pedido y se requirió que se le preguntara a la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para saber si había incorporado tecnología para ello. "La causa no avanza porque no hay tecnología suficiente como para profundizar la investigación como se debería", explicó años atrás el querellante.

Lo cierto es que la causa entró en un sinfín de idas y vueltas, que hasta el día de hoy no ha encontrado descanso. Quien inició la investigación fue el ex juez de Instrucción N° 3, Sergio Carboni. Por aquellos años, esta figura era quien comandaba las actuaciones de todas las investigaciones y relegaba el protagonismo de los fiscales a un segundo plano.

Así funcionaba el sistema investigativo por aquel entonces. Los fiscales eran meros colaboradores del Juez de Instrucción. Pero tras la jubilación de Carboni, el caso pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eduardo García Jurado, que lo suplantó interinamente.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2013, llegó la tan esperada Reforma Procesal Penal en Entre Ríos, que eliminaba la figura del Juez de Instrucción y aparecían los Juzgados de Garantías y de Transición, que tenían como finalidad resguardar las garantías del proceso penal y de las investigaciones que ahora quedaban exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.

Entonces, la investigación por el crimen de Leonardo Herrera pasó a la órbita del Juzgado de Garantías y Transición de María Angélica Pivas, que tomó ese lugar por aquellos tiempos, pero fue durante un corto periodo, porque tras su nombramiento como vocal de la Cámara de Gualeguay, el caso quedó en manos de su reemplazante, otro interino, el juez Mario Figueroa.

Luego de un tiempo subrogando el cargo de Juez de Garantías en Gualeguaychú, Figueroa también se alejó de la jurisdicción y su puesto fue tomado por el actual juez Ignacio Telenta.

Hay una máxima en el ámbito judicial forense que dice que las primeras 72 horas son claves para el esclarecimiento de un crimen; y que pasado ese tiempo las pruebas se van perdiendo, haciendo cuesta arriba llegar al culpable. Durante estos últimos 15 años esos folios o fojas han pasado de mano en mano sin que existan mayores novedades respecto al caso.

El hecho ya estaría proscripto penalmente. Dentro de esa investigación lo único que aparece como relevante es un registro palmar levantado en el lugar del hecho, que ha sido cotejado, pero “no ha dado resultados positivos”. La última directiva había sido volver a cotejar esas huellas con las bases de datos nacionales y provinciales, pero tampoco arrojó los resultados esperados que pudieran redireccionar la investigación. Incluso, hubo cierto optimismo en que esos cotejos de huellas con los registros con la base de datos de la Policía Federal Argentina en CABA y Provincia de Buenos Aires pudieran encauzar la investigación, pero los resultados también fueron insatisfactorios.

Quince años después del asesinato de Leonardo Herrera, una de las principales incógnitas ya no pasa únicamente por identificar a los responsables, sino por determinar si el paso del tiempo terminó clausurando cualquier posibilidad de persecución penal.

La cuestión no es menor. En derecho penal, la prescripción depende de la calificación legal del hecho, y justamente ese es uno de los problemas que arrastra este expediente desde sus inicios: nunca pudo establecerse con certeza bajo qué figura encuadra el crimen.

A lo largo de todos estos años no fue posible reconstruir de manera concluyente qué ocurrió aquella madrugada ni cuál fue el móvil del ataque. Esa falta de certezas impidió definir si se trató de un homicidio simple, de un homicidio cometido en ocasión de robo o de un homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que el autor mata para procurar su impunidad y que prevé la pena más grave del Código Penal.

La diferencia no es solamente jurídica. De ella depende también el plazo de prescripción de la acción penal. Según lo establecido por el Código Penal Argentino, los delitos reprimidos con prisión o reclusión perpetua prescriben a los 15 años, mientras que para otras figuras de homicidio el plazo es de 12 años.

Desde el 1 de julio de 2011, fecha del crimen, ya transcurrieron quince años. En consecuencia, si el hecho fuera considerado un homicidio simple o un homicidio en ocasión de robo, la acción penal se encuentra extinguida desde hace tiempo. Incluso bajo la hipótesis más gravosa, la del homicidio criminis causae, el expediente alcanzó durante este año el límite temporal previsto por la ley para la persecución penal.

De esta manera, la falta de una definición clara sobre las circunstancias del asesinato, sumada al paso de una década y media sin una resolución judicial definitiva, coloca al caso en un escenario donde la prescripción es el desenlace jurídico más probable para una causa que nunca logró esclarecer quién mató a Leonardo Herrera ni por qué lo hizo.

Este caso es, sin dudas, uno de los más tremendos e impactantes en la historia policial de la provincia y, a pesar de que ocurrió en Concepción del Uruguay, el hecho conmocionó y enlutó a todo Entre Ríos. Gran parte del país se hizo eco a través de los medios nacionales, los cuales reflejaron los crímenes por unos días hacia fines de 2016.

Para el Tribunal que lo juzgó en 2018 no hubo dudas que todo sucedió en un contexto de “Violencia de género”, en una negativa por parte del joven de 24 años de reconocer a quien era su esposa como una persona libre. Pero no sólo eso, también se determinó que actuó de forma coordinada y premeditada porque cuando salió de su casa en Basavilbaso, donde vivía con sus padres, sabía lo que iba a hacer.

Pero para contar esta historia hay que remontarse a mucho tiempo atrás del día que se desencadenó la tragedia, cuando Juan Pablo Ledesma y Yohanna Carranza de 23 años eran pareja. Para principios de 2016 aún vivían juntos y tenían dos pequeñas hijas de 7 y 5 años, aunque la convivencia en la casa que compartían en el barrio 134 viviendas de Concepción del Uruguay, estaba atravesada por la violencia.

Carranza estaba cansada de las agresiones y logró sacarlo del domicilio a través de una denuncia, que posibilitó que la Justicia dictara la prohibición de acercamiento, tres meses antes que sucedieran los asesinatos. Aunque la víctima había logrado su cometido, Ledesma siempre se las ingeniaba para seguir molestando a la mujer y las alertas se disparaban cada vez que el joven no devolvía a tiempo a sus hijas luego de las visitas parentales convenidas.

Por aquellos años, los números de femicidios ocurridos en el país ya eran tan alarmantes a los actuales. Incluso este cuádruple crimen se produjo 24 horas después del femicidio de dos mujeres en Paraná, donde un prefecto asesinó con su pistola reglamentaria a su ex esposa, a su ex novia e hirió a un vecino. Fue un año donde ocurrieron muchos hechos trágicos en Entre Ríos.

El Registro de la Corte Suprema de Justicia había contabilizado 235 femicidios en 2015, e incluso se había establecido que, en el 20% de ellos, había existido una denuncia previa por violencia de género. Otro dato que no disiente de lo que ocurre en el presente es que al 70% de esas mujeres las mató una pareja, un ex, un novio, un marido, un conviviente o un familiar.

Yohanna Carranza tenía miedo. Y no sólo por ella, sino también por sus hijas. Porque es muy común que incluso los hijos sean involucrados en la disputa conyugal. Son tomados como un valor con el cual extorsionan y amenazan. Hubo un caso en Concordia en abril del 2015 donde un hombre subió al auto a sus dos hijos mellizos de 7 años y condujo a alta velocidad y de contramano por la Ruta Nacional 14 hasta chocar contra un camión. Antes le había enviado un mensaje a su ex que decía: “No vas a ver más a tus hijos”.

El principio del final

Ledesma había pasado el fin de semana junto a sus hijas en Basavilbaso y pasada la medianoche ya lunes 7 de noviembre de 2016 pidió un remis para que lo llevara hasta Concepción del Uruguay. En el camino se comunicó con Carranza y le adelantó que quería hablar con ella.

En la casa estaba Carlos Vicente Peralta, un muchacho de 27 años que había iniciado hacía poco tiempo una relación con Yohana, e incluso aprovechando que durante ese fin de semana las niñas iban a estar con su padre, había sido la primera vez que se había quedado a dormir en la casa del barrio 134 Viviendas, donde se desató la tragedia.

Las crónicas policiales de aquel momento describían el hecho como un “ataque de celos”, de “incidente pasional”, “estaba con otro”, que “no habría tolerado la nueva relación”. Nada de eso sirve como justificativo. Ledesma no reconocía en Carranza otra cosa que no fuera de su propiedad. Como sentenció el Tribunal, no la consideraba una persona libre y por eso la mató.

Peralta fue la primera víctima. Y eso demuestra también la planificación que tenía. Debía dejar fuera de pelea al otro hombre que podía imposibilitar que llevara adelante la masacre y para esto el factor sorpresa fue clave. Con el cuchillo que había llevado desde Basavilbaso le dio tres puñaladas en la cocina de la casa provocándole lesiones en el tórax que afectaron el corazón y le causaron la muerte casi inmediata por un shock hipovolémico.

Carranza y las niñas fueron testigos directos del crimen. Todas salieron corriendo de la casa y Ledesma salió detrás de ellas. Yohana ensangrentada pedía auxilio, pero Ledesma tomó a las niñas y las llevó nuevamente para dentro de la casa, lo que obligó a la mujer a ingresar también por el temor a que les hiciera algo a las pequeñas.

Ledesma cerró la casa por dentro, trabó puertas y ventanas; y luego atacó a su ex con al menos cinco puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Carranza tuvo heridas en mejillas, piernas, cuello, en una oreja, hombros, tórax, zona mamaria y murió por una hemorragia masiva. También la mató en la cocina, delante de las niñas.

La tragedia terminó con la muerte de las pequeñas en la habitación que ambas compartían. A su hija Luisana, le produjo dos cortes en el cuello que le seccionaron la carótida y a la menor la hirió en cuatro oportunidades, seccionando ambas carótidas.

Para ese momento la Policía ya estaba en camino, aunque la masacre había terminado. Ledesma procuró que nadie pudiera ingresar a la casa. Trabó todas las aberturas y con el mismo cuchillo con el que asesinó a su familia, se originó lesiones en el cuerpo para simular un ataque de Peralta, dejando el arma en la mano del joven que yacía muerto en el piso.

Cuando los efectivos llegaron se encontraron con la casa totalmente cerrada y debieron forzar la entrada. Adentro el panorama era desolador. Las niñas degolladas en sus respectivas camas, Carranza y Peralta asesinados en la cocina, y Ledesma herido de arma blanca en otra de las habitaciones.

Nadie le creyó

La Investigación Penal Preparatoria que llevó adelante la fiscal Melisa Ríos no tuvo sorpresas ni giros. Desde el principio se descartó cualquier hipótesis que no tuviera a Ledesma como el responsable de esta masacre. Esa misma madrugada del 7 de noviembre, fue asistido y trasladado al Hospital Justo José de Urquiza, en donde permaneció unos días hasta que le dieron el alta. Tras ello fue imputado y se dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 4, para finalmente quedar alojado en la Unidad Penal N° 7.

Ríos solicitó numerosas medidas probatorias y testimoniales, de vecinos, familiares de las víctimas, así como del acusado y del remisero que trasladó a Ledesma esa noche. También se ordenaron numerosas pericias en el domicilio y el levantamiento de sangre, muestras que fueron remitidas a Paraná para pruebas de ADN. Se sumaron las pericias psicológicas al imputado, que en ningún momento demostró arrepentimiento por sus actos.

La causa fue elevada a juicio el 2 de septiembre de 2017 y se había fijado fecha de inicio para el 23 de octubre, pero por problemas de salud de su abogado defensor, Mario Arcusín, el mismo que defendió al ex intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, obligó a que se postergara el debate.

Finalmente, tras el receso de la feria judicial de verano del 2018 comenzó el juicio y como principal argumento defensivo, Arcusín recurrió como atenuante a la “emoción violenta”. Por su parte, el fiscal Fernando Lombardi, calificó el hecho como “una tragedia sin precedentes” en la ciudad y definió al asesino como un hombre “violento, controlador, egocéntrico y obsesionado” con Johana, “a quien ya había golpeado meses antes”.

Ledesma fue imputado de homicidio agravado por el vínculo de sus pequeñas hijas Luisana y Candela; homicidio agravado por el vínculo de su esposa Johanna Carranza y por violencia de género y homicidio agravado por venganza transversal en el caso de Carlos Peralta, a quien asesinó para causar dolor en Johanna Carranza.

Dos semanas después, el Tribunal, integrado por Rubén Chaia, Mariano Martínez y Fabián López Moras, llegó a una decisión. De forma unánime, los jueces consideraron que los hechos se dieron en un contexto de “violencia de género” y que Ledesma actuó en forma coordinada y premeditada al salir de su casa en Basavilbaso con el arma homicida. Chaia dijo que “la pena de prisión perpetua es aplicable”. El asesino “tenía dominio pleno del hecho, tanto en forma previa como posterior”, y que también “manipuló la escena del crimen”.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia ratificó la sentencia de primera instancia y Ledesma aún continúa preso. Podría recibir la libertad casi a sus 60 años.

Apenas había arrancado el 2017 cuando sucedió un hecho que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Una mujer había sido encontrada por su pareja, tirada en la cocina comedor de su casa, con un fuerte traumatismo de cráneo, en medio de un charco de sangre, pero con la cabeza bien acomodada sobre una almohada y un ventilador que le daba en el rostro.

Esta mujer era Beatriz Espíndola, tenía 56 años y vivía en una casa de Montevideo y Del Valle. Ese 18 de enero por la noche, su pareja llegó a la vivienda luego de un largo día de trabajo en el Parque Industrial, con cierta preocupación porque desde las cinco de la tarde no había logrado comunicarse con ella y eso no era común.

El panorama cuando abrió la puerta fue desesperante. Inmediatamente pidió por una ambulancia y alertó a su cuñada sobre lo que había sucedido. La mujer llegó de inmediato a la vivienda y fue ella quien acompañó a la víctima hasta el Hospital Centenario, mientras el hombre se quedó en la casa para tratar de entender qué era lo que había pasado. Fue allí que se dio cuenta que faltaban dos televisores, una tablet y cerca de tres mil pesos.

Espíndola quedó alojada en la Terapia Intensiva, inconsciente. El médico constató hundimiento de cráneo y debido a la gravedad de la situación, se decidió su traslado a una clínica de mayor complejidad en Concepción del Uruguay, donde permaneció poco menos de una semana en coma farmacológico.

Afortunadamente logró recuperarse. Cuando despertó, los investigadores quisieron saber detalles de lo ocurrido. La mujer le dijo al fiscal Martín Gil que no recordaba nada. Había sido atacada por la espalda y de un fierrazo la habían desmayado. Pero lo llamativo era el almohadón en la cabeza y el ventilador a su lado. Era 18 de enero, hacía mucho calor y la consideración del delincuente despertó muchísima intriga. Todo era muy raro, pero nadie abrió la boca. Debieron pasar seis meses para que el ataque sufrido por Espíndola tuviera sentido para los investigadores.

Un femicidio planificado

El crimen perfecto no existe, pero es cierto que, si una investigación no se hace seriamente desde un inicio, cae en serios riegos de que nunca de aclare quién fue el autor. Afortunadamente esto no fue lo que pasó con Ramón De La Cruz Ortiz, que fue detenido por el femicidio de Susana Villarruel 24 horas antes de que apareciera el cuerpo. Incluso, quedó aprehendido pocas horas después de que hiciera la denuncia por la desaparición de su ex esposa.

No hubo dudas. Desde un principio quedó en el ojo de la investigación: había sido la última persona en que la había visto con vida y nadie cayó en su mala actuación de congoja y desesperación. Pero, además, hubo otros indicios que marcaron el camino de los investigadores para determinar que había tenido relación con lo que hasta ese momento era una desaparición de persona.

Esa fría mañana del 10 de julio de 2017, Ortiz se presentó apurado en la casa de Susana Villarruel en el barrio Toto Irigoyen. La mujer de 37 años todavía dormía cuando su ex esposo tocó a la puerta. Le dijo que los estaba esperando un remise en Tropas e Irazusta, para ir al centro a realizar unos trámites.

Lo extraño de todo esto era que el auto no fue hasta la puerta del domicilio, pero la mujer no desconfió y salió caminando del barrio junto a quien minutos después iba a matarla.

Entre las 7 y las 7.20 de la mañana, el hombre de 38 años mató a Susana Villarruel, a unos pocos metros del puente sobre el Arroyo El Cura. La atacó con un arma blanca y le causó múltiples heridas, que terminaron con su vida. Tras la realización de la autopsia, el médico forense Marcelo Benetti detalló que la apuñaló en el cuello, en la sien y en la mama derecha.

Por la forma en la que se cometieron las heridas, es muy factible que la haya tomado por detrás. Mientras caminaban por la desolada Irazusta al sur, esperó el momento oportuno, donde no hubiera testigos y donde a la víctima le resultara imposible una defensa, pedir ayuda o escapar. Según el alegato que meses después realizaría el fiscal Lisandro Beherán en el juicio: “La atacó deliberadamente buscando y aprovechando la situación de indefensión de la señora, a quien agredió y apuñaló hasta dejarla sin vida, para luego ocultar el cuerpo en la maleza, para que no sea fácil su localización, y salir huyendo del lugar del crimen”.

Susana trató de defenderse, pero las puñaladas fueron mortales. Casi en el acto perdió la vida. Pero sus gritos fueron escuchados por tres personas, que luego declararon que la víctima conocía a su victimario: resultaba ser una persona conocida para quien iban dirigidos esos gritos, porque tenían relación directa con los hijos. “Con mis hijos no te metas, metete conmigo”, le decía.

Nadie le dice eso a alguien a quien no conoce. Y a los investigadores le fue cerrando todo cuando se fueron interiorizando sobre la relación conflictiva que había tenido Villarruel con Ortiz, que había terminado semanas antes porque el hombre no aportaba económicamente en la casa.

Ningún familiar se pudo contactar con Susana durante todo el día y cuando por la tarde le preguntaron a Ortiz por Susana comenzó el teatro. Entre las 22 y las 23 horas del mismo 10 de julio, el asesino hizo la denuncia en la Comisaría Octava.

Fue el propio Ortiz el que se involucró en la desaparición. Era la última persona que la había visto. Dijo que la había dejado en la parada, pero los colectiveros de la empresa declararon que jamás había subido, lo cual era cierto porque Susana murió en el camino.

La tarjeta y el video

Las inconsistencias en el relato de Ortiz fueron generando cada vez más sospechas en el fiscal Martín Gil, quien ordenó su detención al día siguiente de la desaparición. El hombre de 38 años estaba alojado en la Jefatura, mientras todavía se buscaba a Susana con vida, aunque las expectativas más realistas suponían un femicidio.

Otra de las incongruencias en el relato del asesino, con quien tenían un hijo en común, es que quiso acompañarla “porque en el barrio le gritaban cosas y la molestaban”, pero supuestamente la dejó en la parada del transporte público sin ver si efectivamente se subía al colectivo, mientras que él tomó un remise rumbo al centro, donde debían encontrarse nuevamente. Nada convincente.

El cuerpo de Susana fue buscado durante todo el 11 de julio. Los rastrillajes se concentraron en el Arroyo El Cura y se practicaron durante todo el día con perros y personal de Prefectura, pero recién apareció a la mañana siguiente. Fue encontrado a un costado del curso de agua, en una zona de pastizales, con golpes y heridas cortantes que habían sido ocasionadas con un arma blanca. Solo una hora se tardó en identificarla oficialmente.

Con la confirmación de que se estaba ante un crimen y el principal sospechoso estaba encerrado, el Fiscal requirió una orden de allanamiento en la vivienda donde se hospedaba Ortiz. Susana no tenía ninguna de sus pertenencias cuando la encontraron y resultó que estaban en poder de su ex esposo.

Susana debía ir ese lunes al centro de la ciudad a entrevistarse con un abogado para poner fin al matrimonio entre ambos de manera legal y eso habría sido el detonante del femicidio. Ortiz tomó el teléfono de la víctima y desde ese aparato se envió un mensaje como coartada mientras la mujer agonizaba tapada entre los matorrales.

Pero lo que lo comprometió aún más al sospechoso fue cuando se comprobó que Ortiz había retirado por cajero automático, dinero de la tarjeta de la Asignación Familiar por Hijo, minutos después de haber cometido el crimen. Esa transacción quedó grabada en las cámaras y sirvieron como prueba fundamental en el juicio.

Gil le había solicitado al Banco Nación que le informara si estaba vigente el plástico y cuándo se había registrado el último movimiento. La respuesta de la entidad fue reveladora. La tarjeta estaba activa y había sido utilizada por última vez el 10 de julio a las 9.27 horas, es decir el día que Susana Villarruel dejó la casa y poco después de haber sido asesinada.

Ortiz trató de defenderse diciendo que Susana le había dado la tarjeta para que sacara dinero para comprarle unas piedritas de Reiki, pero esto fue poco creíble. “La separación del matrimonio fue porque Ortiz no aportaba dinero para la casa. Si esa mañana habían salido juntos para que el acusado le diera dinero a Susana, no se puede entender como lógicamente terminó siendo completamente al revés”, señaló Beherán en el juicio.

Se unifican los casos

Fue en ese juicio realizado en noviembre de 2017, cuatro meses después de ocurrido el crimen, que la opinión pública se enteró que Ramón De La Cruz Ortiz era el hijo de Beatriz Espíndola, la mujer que casi muere a causa del fuerte golpe que recibió en su cabeza a principios de ese año.

Para ese entonces los investigadores ya habían unificado los hechos y fue gracias a que Espíndola decidió hablar y contar lo que le había pasado luego de enterarse del femicidio de Susana Villarruel.

Ese 18 de enero, su hijo llegó acompañado de otro hombre a la casa de Montevideo y Del Valle, cargando unas herramientas para “arreglar algo”. Le pidió gaseosa y cuando ella se dio vuelta, le pegó con un fierro en la cabeza. Todo esto se lo dijo con detalles al fiscal Gil luego del crimen de Villarruel. Antes -y por ser su madre - no lo quiso denunciar.

Cuatro días después de ocurrido este hecho, ocurrió otro caso de mucha similitud en el barrio Toto Irigoyen, muy cerca de donde vivía Susana Villarruel. Un hombre de 63 años fue encontrado tirado en el piso de su casa. Unos vecinos vieron la puerta abierta y apenas ingresaron lo hallaron desmayado, en un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza.

El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y de allí derivado a una clínica en Concepción del Uruguay debido a que presentaba un edema cerebral. Permaneció en coma inducido hasta que poco a poco recuperó su lucidez y regresó a Gualeguaychú para continuar con su recuperación.

En la casa no había signos de violencia. La puerta no estaba violentada y en el interior no había desorden, y además se halló el teléfono celular del hombre. Lo habían golpeado con el contrafilo de un hacha de mano. Por este hecho se involucró a dos jóvenes gracias al testimonio de un testigo privilegiado: Ramón De La Cruz Ortiz.

El fin de una historia trágica

Este hombre fue condenado a prisión perpetua a fines de noviembre de 2017. Había sido imputado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género. No hubo claroscuros en la decisión del Tribunal de Juicios encabezado por el vocal Mauricio Derudi. En ese juicio se ventilaron todos los pormenores y no hubo dudas en que el móvil del crimen se debió a la frustración que sintió cuando Susana Villarruel puso fin a la relación de pareja.

En un mensaje que envió el 24 de junio de 2017 a Ahora ElDía, que fue incorporado en la causa junto a una entrevista que se le realizó en una radio local antes de cometer el crimen, De La Cruz Ortiz escribió: “Quería contar mi caso. Hace una semana que vivo en la calle. Me echaron de mi casa con lo puesto. Mi mujer me dio 5 días para llevarme mis dos hijos de 9 y 12 años conmigo. Fui al Juzgado y por ser hombre no tengo derechos. No sé qué hacer, ni dónde ir a pedir ayuda”.  

Para los magistrados que fundaron su sentencia a prisión perpetua, les resultó indudable que Ortiz no había logrado asumir ni superar el distanciamiento de su mujer. No toleraba haber sido excluido por su esposa de la vivienda que habitaban, lo cual significaba ni más ni menos que romper con la estabilidad que había alcanzado a partir del vínculo.

Esa estabilidad fue brindada por el trabajo, por tener una vivienda propia, por dejar de vivir en la incertidumbre de no saber dónde dormir o qué comer, todo lo cual fue logrado por primera vez en su vida desde su relación con Susana al igual que la conformación de una familia con los hijos de ella, de él, y la hija que tenían en común, conforme lo explicó la licenciada Norma Hermann en el debate.

Ortiz sentía frustración no sólo por lo ocurrido, sino también por lo que se avecinaba que era la separación definitiva de Susana, con la consecuente privación del estado de bienestar que había logrado a partir de su relación, resultándole paradójico que quien le posibilitara acceder a esa dicha y confort sea la misma persona que abruptamente se lo privara. En absoluto estaba dispuesto a tolerar que su mujer sea la responsable de su infelicidad.

La historia oficial de Parera comenzó el 8 de diciembre de 1909, pero como todo pueblo pequeño de aquella época, su vida comenzó dos años antes, cuando en 1907 se colocaron las vías del ferrocarril y luego se levantó la Estación Faustino Parera, que finalmente le daría nombre a la localidad.

A partir de ese momento y con la construcción de algunas viviendas, surgieron los primeros comercios, como la carpintería de Esteban Kachinsky, la herrería de José Charadía. En 1911 se instaló la panadería de José Clímaco. El 12 de julio de 1917 abrió sus puertas la escuela “Dolores Costa de Urquiza” con 58 alumnos y llegó a 76 al finalizar el ciclo lectivo. Ese año se instaló también el primer teléfono público y al siguiente comenzó a funcionar el correo y la Comisaría.

El lugar crecía y la estación se había convertido en un importante nodo ferroviario, que conectaba Gualeguaychú con Paraná, con un movimiento intenso de pasajeros y carga. Así fue como, en 1920, llegó a la localidad un cordobés de 48 años que abriría la primera farmacia del pueblo.

Juan De La Torre fue a Parera en busca de nuevas oportunidades. Primero se instaló en el lado este de la estación y después de cinco años se trasladó al oeste, donde construyó una casita en la cual vivió y abrió la farmacia, hasta que fue asesinado a golpes en la noche del martes 5 de enero de 1932.

De La Torre era una referencia en la localidad. A lo largo de una década vivienda en ese lugar supo cosechar amistades y no había vecino que llegara a su casa en procura de medicamentos, incluso sin tener dinero como pagarlos. Era un buen vecino, en un pueblo pujante, donde todos se conocían.

A las ocho de la mañana del miércoles 6, el colono Isabelino Reyes fue hasta la farmacia con una urgencia. Uno de sus peones se había lastimado en la máquina trilladora y necesitaba de gasas y medicación. Tocó a la puerta y nada. Volvió a insistir y nadie salió a atenderlo. Esto llamó su atención, pero como nunca pasaba nada de gravedad en el pequeño pueblo, las sospechas eran más de intriga que por si hubiera sucedido algo malo.

Reyes se inquietó y se asomó a una ventana que daba al comedor de la casa y allí fue que observó el cuerpo de la víctima tirado en el suelo y envuelto con unos trapos. Inmediatamente fue hasta la Comisaría para contarle todo al comisario Mascheroni, pero había sido convocado a la Jefatura de Policía en Gualeguaychú y en su lugar había dejado al subcomisario Francisco Escalante.

Reyes le relató a Escalante lo que había visto y fueron hasta lo de De La Torre. Junto a otros vecinos lograron abrir la puerta de entrada y comprobaron que el cuerpo estaba sin vida. Tenía su cabeza totalmente ensangrentada y descubrieron que había sido golpeado con un tipo de garrote.

Escalante dio aviso a sus superiores y solicitó la presencia del médico de la Policía de Urdinarrain, Ricardo Roig, que más tarde viajó hasta Parera y confirmó que la víctima había fallecido pocas horas antes de haber sido descubierto el hecho. Su cuerpo presentaba ciertos signos que permitieron al especialista determinar que el ataque se había producido entre la noche del martes y primeras horas del miércoles.

“La vida que llevaba el infeliz De La Torre y las simpatías de que gozaba en todo el vecindario, hace presumir que el móvil del crimen ha sido el robo”, se informaba a través de las páginas de El Censor el jueves 7 de enero, cuando la opinión pública del resto del Departamento tomaba conocimiento de lo sucedido en Parera.

Las pruebas incriminatorias

De La Torre tenía 60 años cuando fue hallado muerto en su domicilio. Para la prensa de aquella época, su edad era la de un “anciano”, un calificativo que difiere mucho para lo que actualmente es considerado un adulto mayor. Sin embargo, y al igual que pasa hoy en día, que la víctima fuera una persona de la tercera edad generó indignación en la sociedad y se demandó de una rápida investigación policial para dar con el o los autores del hecho.

El domingo 10 de enero, el comisario de Órdenes Antonio Mir Neyra y el subcomisario Viegas se trasladaron desde la Jefatura Departamental de Policía hasta Parera con el fin de orientar la investigación y fue tal el “excelente” trabajo que realizó el policía que a su regreso esa misma noche ya tenía prácticamente esclarecido quiénes habían sido los autores.

En declaraciones a la prensa, Mir Neyra indicó que se tenía confirmado que ese martes 5 de enero en que se cometió el crimen, alrededor de las 17, un vecino de apellido Aguilar, oriundo de Almada y que viajaba desde la localidad de Pastor Britos hacia su casa, levantó con su auto a dos sujetos en el camino. Relató que los dejó frente a la colonia del señor Giacoppuzzi porque iban a pedir trabajo.

A los investigadores les indicaron en esa colonia que efectivamente los dos hombres habían pasado por el lugar, que se les ofreció y aceptaron comida, y que luego al retirarse lo hicieron caminando, pero se dio un detalle que para los policías fue determinante. Cortaron un gajo de un paraíso.

Mir Neyra y Viegas siguieron el camino de los sospechosos y encontraron rastros que terminaron por confirmar a los policías que estaban en la senda correcta para esclarecer el crimen. Debajo de un puente que atravesaba el arroyo El Gato encontraron una galleta de las que les habían convidado en lo Giacoppuzzi y restos de un repasador que coincidía con el tipo de trapo hallado junto al cuerpo de la víctima. Pero lo más importante en toda esta hipótesis para cerrar el caso: el garrote con el que los asaltantes mataron a golpes a De La Torre fue confeccionado con el gajo del árbol que sacaron de lo de Giacoppuzzi, ya que se trataba de la misma madera.

La martirizante confesión

Hoy en día parecería inverosímil llegar a juicio con este tipo de pruebas, pero por aquellos años no se discutía mucho el procedimiento policial. Incluso, la Policía se manejaba con cierta impunidad que se reflejaba en los medios de comunicación, como por ejemplo lo sucedido con un niño de 12 años que regaba la calle en pleno verano. Pasó un Comisario y le ordenó que desistiera de lo que estaba haciendo y antes que el menor cerrara la canilla, recibió un fustazo en la espalda que le dejó lesiones y una denuncia de su hermano García Reynoso para analizar la posible destitución del funcionario.

Otro caso, también en ese mismo mes y en Gualeguaychú, en una noche al finalizar el corso y cuando algunas personas comenzaron a mojar, la Policía que estaba en la esquina de 25 de Mayo y Churruarín realizó un acto de violencia que fue muy censurado en aquel momento. “Sin consideración a damas y niñas, los funcionarios policiales imponían el desalojo de la acera subidos con su cabalgadura a la vereda y el empuje de sus caballos exigían circulación. El buen comportamiento del público todas las noches y la corrección policial no merecían esta nota de desentonada cultura”, esgrimía el diario El Censor.

Para abril de 1932, la Policía ya había logrado la captura de todos los sospechosos, entre ellos Lucas Muñoz y Tolentino López. El juez del Crimen, Tancredo Aguilar Torres, estaba empecinado en cerrar el caso lo más rápido posible y llegó a habilitar en su juzgado algunas horas durante la tarde a fin de avanzar en la investigación y el sumario contra los sospechosos. Muchos pasaron por el Juzgado a declarar y dos fueron los principales acusados.

En una salida de ese Juzgado, Muñoz llegó a declarar a la prensa su inocencia y explicó que se había reconocido como coautor del crimen porque lo “martirizaron” en la Policía. Y que esa autoría del homicidio la había confesado también ante el magistrado porque tenía miedo que luego fuera objeto de martirios, pero que, tras hacer un careo con López para también acusarlo, se arrepintió de todo lo que lo habían obligado a confesar porque tampoco tenía nada que decir de López. Incluso aprovechó el diario para enviarle un mensaje a sus parientes en Pastor Britos para que le mandaran una manta y algo de ropa durante su detención.

Había poca carga probativa contra Muñoz y López. No existían las cámaras de seguridad, ADN o nada de lo que hoy es sustancial en una causa judicial. Lo único en lo que se basaba el caso era en declaraciones vagas de testigos que los situaban en Parera el día del hecho y en especulaciones como el tipo de madera con el que le pegaron a De La Torre y el gajo de paraíso que sacaron de lo de Giacoppuzzi.

La condena perpetua

El primero en ser detenido fue Muñoz. No hay muchas precisiones sobre cómo fue localizado. Lo único que sobresale es que en sus declaraciones complicó a Tolentino López y que, tras unos días, este joven peón de campo se presentó espontáneamente ante la Justicia, pero a medida que el tiempo transcurrió se fueron deslindando responsabilidades hasta quedar solamente detenido Muñoz. López recuperó su libertad y fue desligado del caso.

El 16 de noviembre de 1935, a casi cuatro años del crimen del farmacéutico, Lucas Muñoz fue condenado. Recibió prisión perpetua por el delito de homicidio con alevosía y como medio para consumar otro delito. Una figura penal muy similar a lo que hoy sería homicidio criminis causa.

Lo llamativo del juicio y que se aclara en la prensa, es que para llegar a esta conclusión se estudió la “personalidad moral del reo y la prueba referente a la retractación de la confesión que hiciera en sus primeras declaraciones. La retractación posterior a la confesión es prueba en contra del confesante”.

Se estableció la responsabilidad de Muñoz porque entró en contradicciones y más tarde se confesó autor al realizar la reconstrucción de su crimen, “con un descaro y naturalidad que dejó admirado a los representantes de la Justicia”.