Pocas semanas después de aquella final que Argentina perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue sin aclararse. A pesar de que se tomaron más de cincuenta declaraciones testimoniales en la causa, se analizaron cámaras de seguridad y se investigaron sospechosos y distintas líneas de hipótesis, nunca se pudo determinar realmente qué fue lo que sucedió con Rosalía Delia Abelleyra, ni tampoco el porqué.

Esta mujer de 76 años vivía sola en una casa de dos plantas, muy bonita y con un estilo arquitectónico moderno para la época en la que había sido construida. Fue la vivienda familiar de los Fernández, que tenían un muy buen pasar económico gracias al rol como camarista en Gualeguay que había tenido el esposo de Abelleyra en la década del 70 y otras propiedades que daban sus réditos para sostener ese estilo de vida.

Tras la muerte de Abelleyra, la propiedad estuvo durante muchos años a la venta, pero fue recién en este último tiempo que cambió un poco la fisonomía, principalmente la fachada que tenía, que la distinguía en uno de los puntos más céntricos y coquetos de la ciudad.

Abelleyra tenía tres hijos (un hombre y dos mujeres) y según lo que se desprendió de aquella investigación policial y judicial, la relación intrafamiliar no era de las mejores. Habría existido un histórico maltrato de la mujer hacia sus hijos, que con los años se convirtió en un resentimiento que los alejó de su madre. Por ello es que pasó tantos días encerrada y maniatada en el baño sin ser descubierta, ya que prácticamente nadie la visitaba, hasta que fue su propio hijo el que la rescató de ese estado.

Sin cámaras ni testigos

Cuando la Policía ingresó al domicilio ubicado en Luis N. Palma 418, hubo algo que les llamó poderosamente la atención: el desorden. Para los investigadores se estaba ante un claro asalto. Los delincuentes habían entrado a la vivienda y revuelto cada rincón. No había dudas. Pero con el correr de las horas la investigación dijo otra cosa.

Abelleyra fue encontrada en el baño, en posición fetal, atada de pies y manos, y con su rostro completamente desfigurado por golpes que recibió. Pero lo peor era el cuadro de deshidratación que presentaba y por el cual debieron internarla en la sala de cuidados intensivos del Hospital Centenario.

Un testigo presencial del momento en que rescataban a la mujer de la vivienda relató que se la oyó gritar reiteradamente: “Sos un hijo de puta”. Aunque el destinatario del insulto era un misterio, la frase encendió la primera línea de sospecha en la investigación. El rastro, no obstante, se desvaneció en pocas horas: los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lucrecia Lizzi la entrevistaron en el Hospital Centenario, donde la anciana descartó cualquier sospecha sobre su hijo.

Surgieron otras líneas investigativas. Se habló de tres hombres que habían llegado desde ciudad a los que los habían contratado o vendido el dato de que en esa casa había dinero, pero quedó en la nada porque no se encontraron pruebas. No surgió ninguna anormalidad en cada una de las cámaras de seguridad que el personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú analizó.

El jefe de Policía de Gualeguaychú por aquel entonces, comisario Vicente Giménez, señaló: “Nosotros vimos una vivienda muy segura, al igual que las que la rodean, dotadas de perros de vigilancia, sensores de movimientos y alarmas. La obra en construcción lindera está prácticamente cerrada, por lo que no hay por dónde ingresar, y además posee cámaras para el control de personal. Esa es una de las cámaras de las cuales tenemos una cantidad de material que se está analizando. Otra es la del edificio Torres de Avenida, más los testimonios recogidos. Seguimos trabajando y analizando las más de 60 horas de grabación que hay”.

Pero existía un punto ciego. La casa tenía su frente sobre Luis N. Palma y sobre esta avenida estaban ubicadas las cámaras de seguridad de vecinos, comercios y de la Municipalidad, pero la propiedad tenía otra salida por República Oriental y se estima que esa puerta se pudo haber utilizado para abandonar la vivienda sin ser captado por alguna filmación. Pero eso es otra hipótesis.

Lo cierto es que en esta causa no hay nada cierto y es por eso que, a casi 12 años del hecho no hay imputados y mucho menos condenas para los responsables.

Compradora compulsiva

La gran pregunta que les quitaba el sueño a los peritos era el móvil. ¿Por qué ensañarse con una anciana, golpearla, atarla y dejarla morir en el baño si no existía otra razón aparente que el robo? Es un interrogante que aún no tiene respuesta. Aunque al principio todo apuntaba a un asalto, la hipótesis nunca se confirmó: el desorden en la casa era tan caótico que los investigadores jamás pudieron determinar qué elementos faltaban, y mucho menos si había dinero en juego.

Abelleyra no solo vivía en un aislamiento extremo, muy similar al de los acumuladores compulsivos, sino que compraba constantemente cualquier objeto que tuviera a mano. Con su fallecimiento, ocurrido el 5 de octubre, los investigadores perdieron la principal fuente de información para esclarecer lo que había sucedido en esa casa. 

El único elemento clave con el que contaba el fiscal Lisandro Beherán eran los precintos plásticos con los que habían atado a la víctima. De hecho, para destrabar la causa, llegó personal de Investigaciones de Paraná, quienes recomendaron realizar un estudio genético sobre esos elementos. Los precintos fueron secuestrados y remitidos al Departamento de Genética Forense con la esperanza de obtener patrones de ADN para cotejarlos con los sospechosos. Sin embargo, tras pasar varios días en la ciudad, los peritos de la capital provincial no lograron hallar ningún otro indicio y los resultados de laboratorio no fueron los esperados. Así, la prueba más importante de la causa terminó en la nada.

Por aquellos años, Beherán declaraba a la prensa: “No se pudo determinar si la señora tenía dinero guardado y se lo habrían llevado. Lo que quedó bien definido es que era una persona que gastaba mucho dinero en compras”. Lo que el fiscal ignoraba en ese momento era que aquellos consumos excesivos de la víctima se convertirían en la prueba clave de otra causa: la que terminó con la condena por estafa de la tarotista Alejandra Atúm, hermana de la recordada Pequeña P.

La vidente

Pasó una década y las cifras en pesos que hoy parecen insignificantes, diez años atrás servían para terminar de pagar un auto cero kilómetro. Eso fue lo que pasó y comprometió a Alejandra Atúm, una de las hermanas de Pequeña P, la vedette de Gualeguaychú que llegó a los teatros de revistas en Buenos Aires y falleció el 27 de febrero de 2009

Alejandra, hoy ya fallecida, fue una de las personas que más bregó por la investigación de su hermana, junto a la madre de ambas. Había tomado notoriedad en los medios de comunicación porque estaba convencida que a Pequeña P la habían matado y los sostenía en cada una de las notas que a ella y su madre le hacían.

Esta notoriedad le valió para hacerse más conocida en su rol como vidente o tarotista. Y fue así que Gabriela Fernández, una de las hijas de Delia Abelleyra, la contactó para que le dijera mediante su experiencia paranormal quién había sido el que mató a su madre.

Pero Atún se aprovechó de esa situación de vulnerabilidad y también de la posición económica, y estaba convencida de que le iba a sacar beneficio. Mediante intimidación, le hizo creer a la mujer que su madre le debía dinero a una banda de delincuentes y que, si no le entregaban el pago de esa deuda, la iban a matar a ella y a sus dos hermanos.

Todo esto, una vez que Fernández se dio cuenta que Atúm la estaba estafando, terminó en una causa judicial y en una condena de dos años de prisión condicional, ya que le había requerido que le entregara 50 mil pesos para evitar la masacre.

En ese juicio, la Fiscalía intentó probar que la tarotista había asistido a Gabriela Fernández en varias oportunidades. En uno de esos encuentros, cuando fue a la vivienda de Abelleyra para hacer una “curación” y limpiar el lugar de “malos espíritus”, Fernández le regaló una costosa cartera Ricky Sarkany y un collar de su madre; la vidente no solo aseguraba haber espantado las malas energías, sino que además les reveló, supuestamente a través de sus poderes extrasensoriales, quién había sido el asesino de la anciana

“No hubo amenazas sino una puesta en escena para que la víctima incurriera en un error”, fue lo que le dijo el fiscal Beherán al juez Mauricio Derudi en el juicio a Atúm por los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de marzo de 2015. 

En su alegato, Beherán mencionó que Atúm cerró la deuda del crédito de su automóvil, calculada en unos 22 mil pesos, el día antes a que se conociera la denuncia de Fernández, y cuando se le preguntó por esta casualidad, la mujer se excusó diciendo que se trataba de un crédito que le habían dado a su marido en su trabajo, sin documentación respaldatoria.  

Pasaron casi cuatro años desde que se cometió el hecho hasta la lectura de la condena. En el medio pasó de todo, incluso un juicio trunco porque Martínez se había fugado del centro de rehabilitación en Concepción del Uruguay, cinco días antes a que iniciara el debate oral y público en Gualeguaychú, donde estaba imputado por “homicidio en ocasión de robo con abuso sexual con acceso carnal”.

Todo se inició en 2014. Estela Alberto llegó a su casa en el del sector 1 del barrio Eva Perón (348 viviendas) alrededor de las tres de la madrugada, luego de pasar la Nochebuena en la casa de su hermana. Cuando sus familiares regresaron a buscarla horas más tarde, ya nadie contestó a la puerta. Solicitaron la presencia de la Policía para ingresar al departamento. Entraron por una ventana y la encontraron tendida sobre la cama con manchas de sangre sobre las sábanas.

Fue llevada al Hospital Centenario, donde murió en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre. Tras la autopsia, se determinó que la causa de la muerte se debió a un fuerte golpe en la sien. Pero lo más aberrante fue el descubrimiento (aunque ya se había constatado en su ingreso al hospital) que había sido salvajemente abusada y que incluso se había utilizado un elemento contundente.

La autopsia que le realizó horas más tarde el médico forense Marcelo Benetti arrojó que tenía hematomas en ambos ojos, en el cuero cabelludo y en la nuca; en la región facial izquierda presentaba una probable compresión de suela de calzado, además de lesiones cortantes en el arco superciliar izquierdo, con desprendimiento parcial de piezas dentales. Tenía otras lesiones en el cuello, el hombro, la clavícula derecha, el brazo derecho, la mano izquierda y el meñique derecho.

Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se había tratado de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

No se tardó mucho en escuchar el nombre de Leandro “Coño” Martínez como sospechoso, o por lo menos en tener algún tipo de vinculación. Tal es así que fue detenido el 29 de diciembre, en una vivienda del sector oeste del barrio Eva Perón, pero fue liberado 24 horas después por el entonces fiscal Guillermo Biré por falta de pruebas suficientes para imputarlo por el hecho. Al otro día, el 31, fue nuevamente detenido, pero esta vez con claras certezas de que había sido el responsable. Había pruebas genéticas que lo involucraban directamente con el hecho.

Un pasado de drogas

A Martínez se le dictó una prisión preventiva que se fue prorrogando, hasta que su abogado defensor consiguió que continuara con esta modalidad en el Centro de Adicciones El Edén, que funciona en Concepción del Uruguay, por el consumo problemático de estupefacientes que tenía el joven de 22 años al momento del hecho.

Durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) no sucedió demasiado. Estaba clara la autoría de Martínez y sólo restaban conocerse resultados de informes periciales y detalles judiciales que permitieron avanzar la causa hasta que el Juzgado de Garantías elevó el legajo a juicio. La primera audiencia se fijó para el 3 de agosto.

Habían pasado ocho meses de cometido el hecho y el fiscal coordinador del Ministerio Público de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, tenía claro que iba a ir por la pena máxima: la reclusión perpetua. El tipo de crimen cometido podía llevar al acusado a una cadena perpetua. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Lo que no fue imposible para Martínez fue escapar del Centro de Adicciones donde estaba alojado cumpliendo su prisión preventiva. Sabía que enfrentaba una dura condena y no tenía nada para perder. Aprovechó el momento adecuado y se fue caminando por la puerta de entrada el jueves 30 de julio. Cinco días antes de que se iniciara el juicio.

“Chupate esta mandarina”

Desde entonces no se supo más nada de él. El juicio debió suspenderse porque el imputado debe estar presente y todo parecía indicar que el caso iba a quedar en el olvido. Pero en este punto hay que destacar el trabajo de los investigadores, tanto del Ministerio Público Fiscal y la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, que nunca dejaron atrás cualquier rastro de Martínez.

Pero “Coño” cometió un error terrible para cualquier criminal que se jacta de serlo. Se confió. Llegó a la zona de la Triple Frontera y creyó que nunca más lo iban a encontrar. Dejó abierta una de sus tres cuentas de Facebook. Allí subía declaraciones de amor a su nueva novia, con fotos y paisajes característicos de Brasil. El 7 de diciembre de 2015 ya les había adelantado a sus perseguidores adonde había llegado, escribiendo en su muro: “Chupate esta mandarina. ¡En Brasil, vieja!”.

Después de eso fue mucho más fácil rastrearlo. Incluso, a principios de 2016, viajó una comisión policial de Investigaciones para aprehenderlo, pero en esa ocasión no pudieron dar con su paradero. Martínez se movía por Bolivia, Paraguay y Brasil, haciendo malabares en los semáforos, lo que también dejó documentado en Facebook. Dejó escrito momentos de reflexión como “La vida sin drogas es mucho mejor. Veo mis cambios y mi felicidad día a día gracias a las personas que me enseñaron que una vida sin drogas es más linda. Fuerza chicos que se puede, yo pude y es tan lindo”, y otros en donde denotaba cierto cambio de vida.

Finalmente, fue atrapado cuando intentaba cruzar desde Ciudad del Este a Foz do Iguazú. Nueve meses duró su periplo por la triple frontera y en la Comisaría 2º de Foz do Iguazú esperó por su extradición, que llevó varios meses. Mientras, en Gualeguaychú, trabajaban en los trámites burocráticos para repatriarlo y a fines de mayo de 2016 culminaron con todo lo que debían preparar.

Recién a mediados de 2018 arribó al país custodiado por Interpol y quedó alojado en la Alcaidía de Sección Extradiciones, Departamento Interpol, ubicada en Buenos Aires. Luego se designó una comisión policial conformada por el Grupo Especial de Gualeguaychú, que efectivizó su traslado.

Una vez en nuestra ciudad y mientras se fijaba la fecha para el esperado juicio, Martínez fue alojado en la Colonia Penal N° 9 con prisión preventiva, pero a los pocos días debió ser reubicado en la (ya desalojada) Unidad Penal Nº 2 porque habría protagonizado un intento de fuga y ante cualquier otra situación se decidió su traslado a un lugar de mayor seguridad (todavía no habían sido construidos los pabellones de máxima seguridad).

El juicio

En septiembre comenzó el juicio y sólo dos audiencias bastaron para juzgarlo. No hubo mayores sobresaltos para determinar la autoría del hecho. Ninguno de los argumentos expuestos por la defensa encontró el reparo jurídico probatorio.

La jueza Alicia Vivian fue quien presidió el Tribunal, y junto a Arturo Dumón y Mariano Martínez (que reemplazó a Mauricio Derudi que en el inicio de la investigación actuó como Fiscal coordinador), impusieron de forma unánime la pena de 27 años de prisión por los delitos de "homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal calificado por haber resultado la muerte de la ofendida".

Martínez había declarado en una de las audiencias: “Yo no la mate, no la abusé y no le robe nada a Estelita” y argumentó que no había tenido nada que ver con lo sucedido. Para explicar sus rastros genéticos que fueron hallados en la escena del hecho y extraídos del cuerpo de la mujer, se defendió argumentando una supuesta relación sexual con la víctima a cambio de dinero.

Para los magistrados, la versión de Martínez tenía serias disonancias con pruebas sustanciales rendidas en el juicio. Esa versión que la víctima mantenía tanto con él, como con otros jóvenes, relaciones sexuales por dinero, fue desvirtuada por las pruebas y porque ninguno de los testigos que fueron convocados por la defensa del imputado pudo dar fe de lo argumentado. Todos ellos dijeron que "había comentarios en el barrio" y no pudieron establecer, ante preguntas concretas, el origen de esos comentarios. Negaron haber conocido o sabido que el acusado mantenía ese tipo de relación con la víctima.

Asimismo, la declaración de Martínez tampoco coincidía con la personalidad que tenía Estela Alberto y la forma que ella tenía de relacionarse con los jóvenes y sus vecinos. Esos mismos testigos, que eran compañeros de salida de "Coño" Martínez, a la hora de responder sobre la relación que mantenían con la víctima, fueron coincidentes en decir que no tenían contacto con ella, que era un trato normal, que era muy reservada y que si se les caía una pelota no se las quería devolver.

Derribando “comentarios”

De estos comentarios se desprende que Estela Alberto no era una persona afable ni de socializar con jóvenes. “No era sociable, o dada con sus vecinos del barrio, por el contrario, la preocupación, y el temor que sentía, hacen presumir su falta de confiabilidad social o vecinal”, explicaron los jueces de forma unánime en su sentencia.

Pero, además, en cuanto al tipo de relación sexual consensuada, fue científicamente desvirtuado gracias a los dichos y la labor desplegada por el médico forense Marcelo Benetti, que al revisar a la víctima encontró lesiones en zona genital y anal, y descartó la posibilidad de un trato sexual voluntario. Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se trató de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

El abogado defensor, Pablo Ronconi, pretendió desacreditar el robo, basándose en que tras el hecho se hallaron 28 mil pesos debajo del colchón de Estela Alberto. Poner en crisis el móvil del robo era crucial para la defensa porque de esta manera la pena no sería tan dura. Pero los jueces no coincidieron con esto y argumentaron: “Si el autor del hecho no se llevó ese dinero no es porque no tuviera intención de sustraerlo, sino porque sencillamente no se percató de su existencia”.

Los jueces no tuvieron dudas. Martínez estaba motivado por su necesidad de obtener dinero para continuar consumiendo drogas y bebidas alcohólicas, y por ese estado sucedió el hecho. “La muerte de la víctima no fue consecuencia del acto abusivo sino de la violencia ejercida en primera instancia para perpetrar el desapoderamiento”. Es por esto que el Tribunal valoró los hechos y los subsumió a las figuras de homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal.

El único tema de conversación en la calle, por aquellos días, era el descenso de categoría de River Plate. Nadie salía del asombro sobre lo que ese domingo 26 de junio de 2011 había sucedido. Pero esa semana todo cambió en Gualeguaychú y el interés social giró hacia lo que se había descubierto en la mañana del viernes 1 de julio: un joven había sido hallado muerto en un complejo de cabañas en la Calle 2, a metros del Camino de la Costa.

En aquel tiempo, la zona era muy distinta a la actualidad. Poca iluminación, calles de tierra, pocos habitantes en las inmediaciones, desolación y un montón de adjetivos más que se podrían agregar para describir un lugar muy diferente a la belleza que representa hoy.

Esa mañana había sido una de las más frías registradas ese año. Todavía no se había levantado la escarcha que blanqueaban los pastos cuando la Policía tomó conocimiento del crimen que había ocurrido dentro de un complejo de bungalows, situado muy cerca de la guardería de lanchas que todavía funciona sobre el Camino de la Costa.

Leonardo Herrera había sido hallado muerto, atado de pies y manos a una silla y cubierto con una manta. Tenía un corte de 10 centímetros sobre el lateral derecho del cuello, en la zona de la arteria aorta y siete puñaladas en el tórax. Tenía 24 años y trabajaba como sereno del lugar.

Desde ese día se tomó la posible hipótesis de que habían actuado entre tres y cuatro personas, incluso se habló de la filmación de una cámara de seguridad de un complejo aledaño a la escena del crimen, pero nunca se pudo ver fielmente lo que mostraban esas imágenes y mucho menos identificar a alguien.

Inmediatamente tomó fuerza la línea investigativa de que la víctima conocía a sus homicidas, porque en la escena del crimen no había nada que mostrara indicios de un ingreso violento. “Estaba todo limpio”, contó una fuente del caso en aquel momento. Incluso, dentro de esa hipótesis inicial, se estableció que los sospechosos habían permanecido con Herrera toda la noche, pero que en un momento determinado ocurrió algo que desencadenó la tragedia.

En principio se habló que el móvil sería el robo de un televisor LCD de 52 pulgadas, otra TV de 20 pulgadas, una computadora y un DVD, aunque la investigación policial no descartó otras teorías como un ajuste de cuentas o algo relativo a un tema pasional. Fue lo primero que se tejió para tratar de explicar el móvil que pudiera orientar la investigación.

En los albores de la investigación se nombró la posibilidad de que fueran cuatro las personas que habían estado con Leonardo Herrera esa noche del crimen, pero nunca quedó muy claro qué fue lo que pasó con ellos y si pudieron ser identificados.

Se estimó que estas cuatro personas abandonaron el lugar en un vehículo y una de las pruebas más importantes con las que se contaba en un principio era la filmación de una cámara de seguridad de la guardería de lanchas, ubicada justamente en esa intersección del Camino de la Costa y Calle 2, en las que se observaba el tránsito de un auto en la hora señalada en la que ocurrió el crimen.

Pero con esto hubo un grave inconveniente: nunca se pudo distinguir nada de esa imagen por la baja calidad de la filmación. La definición era muy mala, era de noche y la zona era muy oscura, con poco tránsito, principalmente a esa hora de la madrugada.

El video se remitió para ser analizado, pero nunca se pudo mejorar. Los píxeles no eran lo suficientes como para estirar la imagen sin que perdiera claridad, y además se dificultó realizarlo con otro tipo de tecnología debido a la deficiencia en tecnología del sistema informático que existía en ese momento en Entre Ríos.

El abogado que representó a la familia Herrera solicitó que esas imágenes fueran remitidas a la Policía Federal o a Gendarmería Nacional, pero desde la Justicia se negó ese pedido y se requirió que se le preguntara a la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para saber si había incorporado tecnología para ello. "La causa no avanza porque no hay tecnología suficiente como para profundizar la investigación como se debería", explicó años atrás el querellante.

Lo cierto es que la causa entró en un sinfín de idas y vueltas, que hasta el día de hoy no ha encontrado descanso. Quien inició la investigación fue el ex juez de Instrucción N° 3, Sergio Carboni. Por aquellos años, esta figura era quien comandaba las actuaciones de todas las investigaciones y relegaba el protagonismo de los fiscales a un segundo plano.

Así funcionaba el sistema investigativo por aquel entonces. Los fiscales eran meros colaboradores del Juez de Instrucción. Pero tras la jubilación de Carboni, el caso pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eduardo García Jurado, que lo suplantó interinamente.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2013, llegó la tan esperada Reforma Procesal Penal en Entre Ríos, que eliminaba la figura del Juez de Instrucción y aparecían los Juzgados de Garantías y de Transición, que tenían como finalidad resguardar las garantías del proceso penal y de las investigaciones que ahora quedaban exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.

Entonces, la investigación por el crimen de Leonardo Herrera pasó a la órbita del Juzgado de Garantías y Transición de María Angélica Pivas, que tomó ese lugar por aquellos tiempos, pero fue durante un corto periodo, porque tras su nombramiento como vocal de la Cámara de Gualeguay, el caso quedó en manos de su reemplazante, otro interino, el juez Mario Figueroa.

Luego de un tiempo subrogando el cargo de Juez de Garantías en Gualeguaychú, Figueroa también se alejó de la jurisdicción y su puesto fue tomado por el actual juez Ignacio Telenta.

Hay una máxima en el ámbito judicial forense que dice que las primeras 72 horas son claves para el esclarecimiento de un crimen; y que pasado ese tiempo las pruebas se van perdiendo, haciendo cuesta arriba llegar al culpable. Durante estos últimos 15 años esos folios o fojas han pasado de mano en mano sin que existan mayores novedades respecto al caso.

El hecho ya estaría proscripto penalmente. Dentro de esa investigación lo único que aparece como relevante es un registro palmar levantado en el lugar del hecho, que ha sido cotejado, pero “no ha dado resultados positivos”. La última directiva había sido volver a cotejar esas huellas con las bases de datos nacionales y provinciales, pero tampoco arrojó los resultados esperados que pudieran redireccionar la investigación. Incluso, hubo cierto optimismo en que esos cotejos de huellas con los registros con la base de datos de la Policía Federal Argentina en CABA y Provincia de Buenos Aires pudieran encauzar la investigación, pero los resultados también fueron insatisfactorios.

Quince años después del asesinato de Leonardo Herrera, una de las principales incógnitas ya no pasa únicamente por identificar a los responsables, sino por determinar si el paso del tiempo terminó clausurando cualquier posibilidad de persecución penal.

La cuestión no es menor. En derecho penal, la prescripción depende de la calificación legal del hecho, y justamente ese es uno de los problemas que arrastra este expediente desde sus inicios: nunca pudo establecerse con certeza bajo qué figura encuadra el crimen.

A lo largo de todos estos años no fue posible reconstruir de manera concluyente qué ocurrió aquella madrugada ni cuál fue el móvil del ataque. Esa falta de certezas impidió definir si se trató de un homicidio simple, de un homicidio cometido en ocasión de robo o de un homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que el autor mata para procurar su impunidad y que prevé la pena más grave del Código Penal.

La diferencia no es solamente jurídica. De ella depende también el plazo de prescripción de la acción penal. Según lo establecido por el Código Penal Argentino, los delitos reprimidos con prisión o reclusión perpetua prescriben a los 15 años, mientras que para otras figuras de homicidio el plazo es de 12 años.

Desde el 1 de julio de 2011, fecha del crimen, ya transcurrieron quince años. En consecuencia, si el hecho fuera considerado un homicidio simple o un homicidio en ocasión de robo, la acción penal se encuentra extinguida desde hace tiempo. Incluso bajo la hipótesis más gravosa, la del homicidio criminis causae, el expediente alcanzó durante este año el límite temporal previsto por la ley para la persecución penal.

De esta manera, la falta de una definición clara sobre las circunstancias del asesinato, sumada al paso de una década y media sin una resolución judicial definitiva, coloca al caso en un escenario donde la prescripción es el desenlace jurídico más probable para una causa que nunca logró esclarecer quién mató a Leonardo Herrera ni por qué lo hizo.

Este caso es, sin dudas, uno de los más tremendos e impactantes en la historia policial de la provincia y, a pesar de que ocurrió en Concepción del Uruguay, el hecho conmocionó y enlutó a todo Entre Ríos. Gran parte del país se hizo eco a través de los medios nacionales, los cuales reflejaron los crímenes por unos días hacia fines de 2016.

Para el Tribunal que lo juzgó en 2018 no hubo dudas que todo sucedió en un contexto de “Violencia de género”, en una negativa por parte del joven de 24 años de reconocer a quien era su esposa como una persona libre. Pero no sólo eso, también se determinó que actuó de forma coordinada y premeditada porque cuando salió de su casa en Basavilbaso, donde vivía con sus padres, sabía lo que iba a hacer.

Pero para contar esta historia hay que remontarse a mucho tiempo atrás del día que se desencadenó la tragedia, cuando Juan Pablo Ledesma y Yohanna Carranza de 23 años eran pareja. Para principios de 2016 aún vivían juntos y tenían dos pequeñas hijas de 7 y 5 años, aunque la convivencia en la casa que compartían en el barrio 134 viviendas de Concepción del Uruguay, estaba atravesada por la violencia.

Carranza estaba cansada de las agresiones y logró sacarlo del domicilio a través de una denuncia, que posibilitó que la Justicia dictara la prohibición de acercamiento, tres meses antes que sucedieran los asesinatos. Aunque la víctima había logrado su cometido, Ledesma siempre se las ingeniaba para seguir molestando a la mujer y las alertas se disparaban cada vez que el joven no devolvía a tiempo a sus hijas luego de las visitas parentales convenidas.

Por aquellos años, los números de femicidios ocurridos en el país ya eran tan alarmantes a los actuales. Incluso este cuádruple crimen se produjo 24 horas después del femicidio de dos mujeres en Paraná, donde un prefecto asesinó con su pistola reglamentaria a su ex esposa, a su ex novia e hirió a un vecino. Fue un año donde ocurrieron muchos hechos trágicos en Entre Ríos.

El Registro de la Corte Suprema de Justicia había contabilizado 235 femicidios en 2015, e incluso se había establecido que, en el 20% de ellos, había existido una denuncia previa por violencia de género. Otro dato que no disiente de lo que ocurre en el presente es que al 70% de esas mujeres las mató una pareja, un ex, un novio, un marido, un conviviente o un familiar.

Yohanna Carranza tenía miedo. Y no sólo por ella, sino también por sus hijas. Porque es muy común que incluso los hijos sean involucrados en la disputa conyugal. Son tomados como un valor con el cual extorsionan y amenazan. Hubo un caso en Concordia en abril del 2015 donde un hombre subió al auto a sus dos hijos mellizos de 7 años y condujo a alta velocidad y de contramano por la Ruta Nacional 14 hasta chocar contra un camión. Antes le había enviado un mensaje a su ex que decía: “No vas a ver más a tus hijos”.

El principio del final

Ledesma había pasado el fin de semana junto a sus hijas en Basavilbaso y pasada la medianoche ya lunes 7 de noviembre de 2016 pidió un remis para que lo llevara hasta Concepción del Uruguay. En el camino se comunicó con Carranza y le adelantó que quería hablar con ella.

En la casa estaba Carlos Vicente Peralta, un muchacho de 27 años que había iniciado hacía poco tiempo una relación con Yohana, e incluso aprovechando que durante ese fin de semana las niñas iban a estar con su padre, había sido la primera vez que se había quedado a dormir en la casa del barrio 134 Viviendas, donde se desató la tragedia.

Las crónicas policiales de aquel momento describían el hecho como un “ataque de celos”, de “incidente pasional”, “estaba con otro”, que “no habría tolerado la nueva relación”. Nada de eso sirve como justificativo. Ledesma no reconocía en Carranza otra cosa que no fuera de su propiedad. Como sentenció el Tribunal, no la consideraba una persona libre y por eso la mató.

Peralta fue la primera víctima. Y eso demuestra también la planificación que tenía. Debía dejar fuera de pelea al otro hombre que podía imposibilitar que llevara adelante la masacre y para esto el factor sorpresa fue clave. Con el cuchillo que había llevado desde Basavilbaso le dio tres puñaladas en la cocina de la casa provocándole lesiones en el tórax que afectaron el corazón y le causaron la muerte casi inmediata por un shock hipovolémico.

Carranza y las niñas fueron testigos directos del crimen. Todas salieron corriendo de la casa y Ledesma salió detrás de ellas. Yohana ensangrentada pedía auxilio, pero Ledesma tomó a las niñas y las llevó nuevamente para dentro de la casa, lo que obligó a la mujer a ingresar también por el temor a que les hiciera algo a las pequeñas.

Ledesma cerró la casa por dentro, trabó puertas y ventanas; y luego atacó a su ex con al menos cinco puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Carranza tuvo heridas en mejillas, piernas, cuello, en una oreja, hombros, tórax, zona mamaria y murió por una hemorragia masiva. También la mató en la cocina, delante de las niñas.

La tragedia terminó con la muerte de las pequeñas en la habitación que ambas compartían. A su hija Luisana, le produjo dos cortes en el cuello que le seccionaron la carótida y a la menor la hirió en cuatro oportunidades, seccionando ambas carótidas.

Para ese momento la Policía ya estaba en camino, aunque la masacre había terminado. Ledesma procuró que nadie pudiera ingresar a la casa. Trabó todas las aberturas y con el mismo cuchillo con el que asesinó a su familia, se originó lesiones en el cuerpo para simular un ataque de Peralta, dejando el arma en la mano del joven que yacía muerto en el piso.

Cuando los efectivos llegaron se encontraron con la casa totalmente cerrada y debieron forzar la entrada. Adentro el panorama era desolador. Las niñas degolladas en sus respectivas camas, Carranza y Peralta asesinados en la cocina, y Ledesma herido de arma blanca en otra de las habitaciones.

Nadie le creyó

La Investigación Penal Preparatoria que llevó adelante la fiscal Melisa Ríos no tuvo sorpresas ni giros. Desde el principio se descartó cualquier hipótesis que no tuviera a Ledesma como el responsable de esta masacre. Esa misma madrugada del 7 de noviembre, fue asistido y trasladado al Hospital Justo José de Urquiza, en donde permaneció unos días hasta que le dieron el alta. Tras ello fue imputado y se dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 4, para finalmente quedar alojado en la Unidad Penal N° 7.

Ríos solicitó numerosas medidas probatorias y testimoniales, de vecinos, familiares de las víctimas, así como del acusado y del remisero que trasladó a Ledesma esa noche. También se ordenaron numerosas pericias en el domicilio y el levantamiento de sangre, muestras que fueron remitidas a Paraná para pruebas de ADN. Se sumaron las pericias psicológicas al imputado, que en ningún momento demostró arrepentimiento por sus actos.

La causa fue elevada a juicio el 2 de septiembre de 2017 y se había fijado fecha de inicio para el 23 de octubre, pero por problemas de salud de su abogado defensor, Mario Arcusín, el mismo que defendió al ex intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, obligó a que se postergara el debate.

Finalmente, tras el receso de la feria judicial de verano del 2018 comenzó el juicio y como principal argumento defensivo, Arcusín recurrió como atenuante a la “emoción violenta”. Por su parte, el fiscal Fernando Lombardi, calificó el hecho como “una tragedia sin precedentes” en la ciudad y definió al asesino como un hombre “violento, controlador, egocéntrico y obsesionado” con Johana, “a quien ya había golpeado meses antes”.

Ledesma fue imputado de homicidio agravado por el vínculo de sus pequeñas hijas Luisana y Candela; homicidio agravado por el vínculo de su esposa Johanna Carranza y por violencia de género y homicidio agravado por venganza transversal en el caso de Carlos Peralta, a quien asesinó para causar dolor en Johanna Carranza.

Dos semanas después, el Tribunal, integrado por Rubén Chaia, Mariano Martínez y Fabián López Moras, llegó a una decisión. De forma unánime, los jueces consideraron que los hechos se dieron en un contexto de “violencia de género” y que Ledesma actuó en forma coordinada y premeditada al salir de su casa en Basavilbaso con el arma homicida. Chaia dijo que “la pena de prisión perpetua es aplicable”. El asesino “tenía dominio pleno del hecho, tanto en forma previa como posterior”, y que también “manipuló la escena del crimen”.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia ratificó la sentencia de primera instancia y Ledesma aún continúa preso. Podría recibir la libertad casi a sus 60 años.

Apenas había arrancado el 2017 cuando sucedió un hecho que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Una mujer había sido encontrada por su pareja, tirada en la cocina comedor de su casa, con un fuerte traumatismo de cráneo, en medio de un charco de sangre, pero con la cabeza bien acomodada sobre una almohada y un ventilador que le daba en el rostro.

Esta mujer era Beatriz Espíndola, tenía 56 años y vivía en una casa de Montevideo y Del Valle. Ese 18 de enero por la noche, su pareja llegó a la vivienda luego de un largo día de trabajo en el Parque Industrial, con cierta preocupación porque desde las cinco de la tarde no había logrado comunicarse con ella y eso no era común.

El panorama cuando abrió la puerta fue desesperante. Inmediatamente pidió por una ambulancia y alertó a su cuñada sobre lo que había sucedido. La mujer llegó de inmediato a la vivienda y fue ella quien acompañó a la víctima hasta el Hospital Centenario, mientras el hombre se quedó en la casa para tratar de entender qué era lo que había pasado. Fue allí que se dio cuenta que faltaban dos televisores, una tablet y cerca de tres mil pesos.

Espíndola quedó alojada en la Terapia Intensiva, inconsciente. El médico constató hundimiento de cráneo y debido a la gravedad de la situación, se decidió su traslado a una clínica de mayor complejidad en Concepción del Uruguay, donde permaneció poco menos de una semana en coma farmacológico.

Afortunadamente logró recuperarse. Cuando despertó, los investigadores quisieron saber detalles de lo ocurrido. La mujer le dijo al fiscal Martín Gil que no recordaba nada. Había sido atacada por la espalda y de un fierrazo la habían desmayado. Pero lo llamativo era el almohadón en la cabeza y el ventilador a su lado. Era 18 de enero, hacía mucho calor y la consideración del delincuente despertó muchísima intriga. Todo era muy raro, pero nadie abrió la boca. Debieron pasar seis meses para que el ataque sufrido por Espíndola tuviera sentido para los investigadores.

Un femicidio planificado

El crimen perfecto no existe, pero es cierto que, si una investigación no se hace seriamente desde un inicio, cae en serios riegos de que nunca de aclare quién fue el autor. Afortunadamente esto no fue lo que pasó con Ramón De La Cruz Ortiz, que fue detenido por el femicidio de Susana Villarruel 24 horas antes de que apareciera el cuerpo. Incluso, quedó aprehendido pocas horas después de que hiciera la denuncia por la desaparición de su ex esposa.

No hubo dudas. Desde un principio quedó en el ojo de la investigación: había sido la última persona en que la había visto con vida y nadie cayó en su mala actuación de congoja y desesperación. Pero, además, hubo otros indicios que marcaron el camino de los investigadores para determinar que había tenido relación con lo que hasta ese momento era una desaparición de persona.

Esa fría mañana del 10 de julio de 2017, Ortiz se presentó apurado en la casa de Susana Villarruel en el barrio Toto Irigoyen. La mujer de 37 años todavía dormía cuando su ex esposo tocó a la puerta. Le dijo que los estaba esperando un remise en Tropas e Irazusta, para ir al centro a realizar unos trámites.

Lo extraño de todo esto era que el auto no fue hasta la puerta del domicilio, pero la mujer no desconfió y salió caminando del barrio junto a quien minutos después iba a matarla.

Entre las 7 y las 7.20 de la mañana, el hombre de 38 años mató a Susana Villarruel, a unos pocos metros del puente sobre el Arroyo El Cura. La atacó con un arma blanca y le causó múltiples heridas, que terminaron con su vida. Tras la realización de la autopsia, el médico forense Marcelo Benetti detalló que la apuñaló en el cuello, en la sien y en la mama derecha.

Por la forma en la que se cometieron las heridas, es muy factible que la haya tomado por detrás. Mientras caminaban por la desolada Irazusta al sur, esperó el momento oportuno, donde no hubiera testigos y donde a la víctima le resultara imposible una defensa, pedir ayuda o escapar. Según el alegato que meses después realizaría el fiscal Lisandro Beherán en el juicio: “La atacó deliberadamente buscando y aprovechando la situación de indefensión de la señora, a quien agredió y apuñaló hasta dejarla sin vida, para luego ocultar el cuerpo en la maleza, para que no sea fácil su localización, y salir huyendo del lugar del crimen”.

Susana trató de defenderse, pero las puñaladas fueron mortales. Casi en el acto perdió la vida. Pero sus gritos fueron escuchados por tres personas, que luego declararon que la víctima conocía a su victimario: resultaba ser una persona conocida para quien iban dirigidos esos gritos, porque tenían relación directa con los hijos. “Con mis hijos no te metas, metete conmigo”, le decía.

Nadie le dice eso a alguien a quien no conoce. Y a los investigadores le fue cerrando todo cuando se fueron interiorizando sobre la relación conflictiva que había tenido Villarruel con Ortiz, que había terminado semanas antes porque el hombre no aportaba económicamente en la casa.

Ningún familiar se pudo contactar con Susana durante todo el día y cuando por la tarde le preguntaron a Ortiz por Susana comenzó el teatro. Entre las 22 y las 23 horas del mismo 10 de julio, el asesino hizo la denuncia en la Comisaría Octava.

Fue el propio Ortiz el que se involucró en la desaparición. Era la última persona que la había visto. Dijo que la había dejado en la parada, pero los colectiveros de la empresa declararon que jamás había subido, lo cual era cierto porque Susana murió en el camino.

La tarjeta y el video

Las inconsistencias en el relato de Ortiz fueron generando cada vez más sospechas en el fiscal Martín Gil, quien ordenó su detención al día siguiente de la desaparición. El hombre de 38 años estaba alojado en la Jefatura, mientras todavía se buscaba a Susana con vida, aunque las expectativas más realistas suponían un femicidio.

Otra de las incongruencias en el relato del asesino, con quien tenían un hijo en común, es que quiso acompañarla “porque en el barrio le gritaban cosas y la molestaban”, pero supuestamente la dejó en la parada del transporte público sin ver si efectivamente se subía al colectivo, mientras que él tomó un remise rumbo al centro, donde debían encontrarse nuevamente. Nada convincente.

El cuerpo de Susana fue buscado durante todo el 11 de julio. Los rastrillajes se concentraron en el Arroyo El Cura y se practicaron durante todo el día con perros y personal de Prefectura, pero recién apareció a la mañana siguiente. Fue encontrado a un costado del curso de agua, en una zona de pastizales, con golpes y heridas cortantes que habían sido ocasionadas con un arma blanca. Solo una hora se tardó en identificarla oficialmente.

Con la confirmación de que se estaba ante un crimen y el principal sospechoso estaba encerrado, el Fiscal requirió una orden de allanamiento en la vivienda donde se hospedaba Ortiz. Susana no tenía ninguna de sus pertenencias cuando la encontraron y resultó que estaban en poder de su ex esposo.

Susana debía ir ese lunes al centro de la ciudad a entrevistarse con un abogado para poner fin al matrimonio entre ambos de manera legal y eso habría sido el detonante del femicidio. Ortiz tomó el teléfono de la víctima y desde ese aparato se envió un mensaje como coartada mientras la mujer agonizaba tapada entre los matorrales.

Pero lo que lo comprometió aún más al sospechoso fue cuando se comprobó que Ortiz había retirado por cajero automático, dinero de la tarjeta de la Asignación Familiar por Hijo, minutos después de haber cometido el crimen. Esa transacción quedó grabada en las cámaras y sirvieron como prueba fundamental en el juicio.

Gil le había solicitado al Banco Nación que le informara si estaba vigente el plástico y cuándo se había registrado el último movimiento. La respuesta de la entidad fue reveladora. La tarjeta estaba activa y había sido utilizada por última vez el 10 de julio a las 9.27 horas, es decir el día que Susana Villarruel dejó la casa y poco después de haber sido asesinada.

Ortiz trató de defenderse diciendo que Susana le había dado la tarjeta para que sacara dinero para comprarle unas piedritas de Reiki, pero esto fue poco creíble. “La separación del matrimonio fue porque Ortiz no aportaba dinero para la casa. Si esa mañana habían salido juntos para que el acusado le diera dinero a Susana, no se puede entender como lógicamente terminó siendo completamente al revés”, señaló Beherán en el juicio.

Se unifican los casos

Fue en ese juicio realizado en noviembre de 2017, cuatro meses después de ocurrido el crimen, que la opinión pública se enteró que Ramón De La Cruz Ortiz era el hijo de Beatriz Espíndola, la mujer que casi muere a causa del fuerte golpe que recibió en su cabeza a principios de ese año.

Para ese entonces los investigadores ya habían unificado los hechos y fue gracias a que Espíndola decidió hablar y contar lo que le había pasado luego de enterarse del femicidio de Susana Villarruel.

Ese 18 de enero, su hijo llegó acompañado de otro hombre a la casa de Montevideo y Del Valle, cargando unas herramientas para “arreglar algo”. Le pidió gaseosa y cuando ella se dio vuelta, le pegó con un fierro en la cabeza. Todo esto se lo dijo con detalles al fiscal Gil luego del crimen de Villarruel. Antes -y por ser su madre - no lo quiso denunciar.

Cuatro días después de ocurrido este hecho, ocurrió otro caso de mucha similitud en el barrio Toto Irigoyen, muy cerca de donde vivía Susana Villarruel. Un hombre de 63 años fue encontrado tirado en el piso de su casa. Unos vecinos vieron la puerta abierta y apenas ingresaron lo hallaron desmayado, en un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza.

El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y de allí derivado a una clínica en Concepción del Uruguay debido a que presentaba un edema cerebral. Permaneció en coma inducido hasta que poco a poco recuperó su lucidez y regresó a Gualeguaychú para continuar con su recuperación.

En la casa no había signos de violencia. La puerta no estaba violentada y en el interior no había desorden, y además se halló el teléfono celular del hombre. Lo habían golpeado con el contrafilo de un hacha de mano. Por este hecho se involucró a dos jóvenes gracias al testimonio de un testigo privilegiado: Ramón De La Cruz Ortiz.

El fin de una historia trágica

Este hombre fue condenado a prisión perpetua a fines de noviembre de 2017. Había sido imputado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género. No hubo claroscuros en la decisión del Tribunal de Juicios encabezado por el vocal Mauricio Derudi. En ese juicio se ventilaron todos los pormenores y no hubo dudas en que el móvil del crimen se debió a la frustración que sintió cuando Susana Villarruel puso fin a la relación de pareja.

En un mensaje que envió el 24 de junio de 2017 a Ahora ElDía, que fue incorporado en la causa junto a una entrevista que se le realizó en una radio local antes de cometer el crimen, De La Cruz Ortiz escribió: “Quería contar mi caso. Hace una semana que vivo en la calle. Me echaron de mi casa con lo puesto. Mi mujer me dio 5 días para llevarme mis dos hijos de 9 y 12 años conmigo. Fui al Juzgado y por ser hombre no tengo derechos. No sé qué hacer, ni dónde ir a pedir ayuda”.  

Para los magistrados que fundaron su sentencia a prisión perpetua, les resultó indudable que Ortiz no había logrado asumir ni superar el distanciamiento de su mujer. No toleraba haber sido excluido por su esposa de la vivienda que habitaban, lo cual significaba ni más ni menos que romper con la estabilidad que había alcanzado a partir del vínculo.

Esa estabilidad fue brindada por el trabajo, por tener una vivienda propia, por dejar de vivir en la incertidumbre de no saber dónde dormir o qué comer, todo lo cual fue logrado por primera vez en su vida desde su relación con Susana al igual que la conformación de una familia con los hijos de ella, de él, y la hija que tenían en común, conforme lo explicó la licenciada Norma Hermann en el debate.

Ortiz sentía frustración no sólo por lo ocurrido, sino también por lo que se avecinaba que era la separación definitiva de Susana, con la consecuente privación del estado de bienestar que había logrado a partir de su relación, resultándole paradójico que quien le posibilitara acceder a esa dicha y confort sea la misma persona que abruptamente se lo privara. En absoluto estaba dispuesto a tolerar que su mujer sea la responsable de su infelicidad.

La historia oficial de Parera comenzó el 8 de diciembre de 1909, pero como todo pueblo pequeño de aquella época, su vida comenzó dos años antes, cuando en 1907 se colocaron las vías del ferrocarril y luego se levantó la Estación Faustino Parera, que finalmente le daría nombre a la localidad.

A partir de ese momento y con la construcción de algunas viviendas, surgieron los primeros comercios, como la carpintería de Esteban Kachinsky, la herrería de José Charadía. En 1911 se instaló la panadería de José Clímaco. El 12 de julio de 1917 abrió sus puertas la escuela “Dolores Costa de Urquiza” con 58 alumnos y llegó a 76 al finalizar el ciclo lectivo. Ese año se instaló también el primer teléfono público y al siguiente comenzó a funcionar el correo y la Comisaría.

El lugar crecía y la estación se había convertido en un importante nodo ferroviario, que conectaba Gualeguaychú con Paraná, con un movimiento intenso de pasajeros y carga. Así fue como, en 1920, llegó a la localidad un cordobés de 48 años que abriría la primera farmacia del pueblo.

Juan De La Torre fue a Parera en busca de nuevas oportunidades. Primero se instaló en el lado este de la estación y después de cinco años se trasladó al oeste, donde construyó una casita en la cual vivió y abrió la farmacia, hasta que fue asesinado a golpes en la noche del martes 5 de enero de 1932.

De La Torre era una referencia en la localidad. A lo largo de una década vivienda en ese lugar supo cosechar amistades y no había vecino que llegara a su casa en procura de medicamentos, incluso sin tener dinero como pagarlos. Era un buen vecino, en un pueblo pujante, donde todos se conocían.

A las ocho de la mañana del miércoles 6, el colono Isabelino Reyes fue hasta la farmacia con una urgencia. Uno de sus peones se había lastimado en la máquina trilladora y necesitaba de gasas y medicación. Tocó a la puerta y nada. Volvió a insistir y nadie salió a atenderlo. Esto llamó su atención, pero como nunca pasaba nada de gravedad en el pequeño pueblo, las sospechas eran más de intriga que por si hubiera sucedido algo malo.

Reyes se inquietó y se asomó a una ventana que daba al comedor de la casa y allí fue que observó el cuerpo de la víctima tirado en el suelo y envuelto con unos trapos. Inmediatamente fue hasta la Comisaría para contarle todo al comisario Mascheroni, pero había sido convocado a la Jefatura de Policía en Gualeguaychú y en su lugar había dejado al subcomisario Francisco Escalante.

Reyes le relató a Escalante lo que había visto y fueron hasta lo de De La Torre. Junto a otros vecinos lograron abrir la puerta de entrada y comprobaron que el cuerpo estaba sin vida. Tenía su cabeza totalmente ensangrentada y descubrieron que había sido golpeado con un tipo de garrote.

Escalante dio aviso a sus superiores y solicitó la presencia del médico de la Policía de Urdinarrain, Ricardo Roig, que más tarde viajó hasta Parera y confirmó que la víctima había fallecido pocas horas antes de haber sido descubierto el hecho. Su cuerpo presentaba ciertos signos que permitieron al especialista determinar que el ataque se había producido entre la noche del martes y primeras horas del miércoles.

“La vida que llevaba el infeliz De La Torre y las simpatías de que gozaba en todo el vecindario, hace presumir que el móvil del crimen ha sido el robo”, se informaba a través de las páginas de El Censor el jueves 7 de enero, cuando la opinión pública del resto del Departamento tomaba conocimiento de lo sucedido en Parera.

Las pruebas incriminatorias

De La Torre tenía 60 años cuando fue hallado muerto en su domicilio. Para la prensa de aquella época, su edad era la de un “anciano”, un calificativo que difiere mucho para lo que actualmente es considerado un adulto mayor. Sin embargo, y al igual que pasa hoy en día, que la víctima fuera una persona de la tercera edad generó indignación en la sociedad y se demandó de una rápida investigación policial para dar con el o los autores del hecho.

El domingo 10 de enero, el comisario de Órdenes Antonio Mir Neyra y el subcomisario Viegas se trasladaron desde la Jefatura Departamental de Policía hasta Parera con el fin de orientar la investigación y fue tal el “excelente” trabajo que realizó el policía que a su regreso esa misma noche ya tenía prácticamente esclarecido quiénes habían sido los autores.

En declaraciones a la prensa, Mir Neyra indicó que se tenía confirmado que ese martes 5 de enero en que se cometió el crimen, alrededor de las 17, un vecino de apellido Aguilar, oriundo de Almada y que viajaba desde la localidad de Pastor Britos hacia su casa, levantó con su auto a dos sujetos en el camino. Relató que los dejó frente a la colonia del señor Giacoppuzzi porque iban a pedir trabajo.

A los investigadores les indicaron en esa colonia que efectivamente los dos hombres habían pasado por el lugar, que se les ofreció y aceptaron comida, y que luego al retirarse lo hicieron caminando, pero se dio un detalle que para los policías fue determinante. Cortaron un gajo de un paraíso.

Mir Neyra y Viegas siguieron el camino de los sospechosos y encontraron rastros que terminaron por confirmar a los policías que estaban en la senda correcta para esclarecer el crimen. Debajo de un puente que atravesaba el arroyo El Gato encontraron una galleta de las que les habían convidado en lo Giacoppuzzi y restos de un repasador que coincidía con el tipo de trapo hallado junto al cuerpo de la víctima. Pero lo más importante en toda esta hipótesis para cerrar el caso: el garrote con el que los asaltantes mataron a golpes a De La Torre fue confeccionado con el gajo del árbol que sacaron de lo de Giacoppuzzi, ya que se trataba de la misma madera.

La martirizante confesión

Hoy en día parecería inverosímil llegar a juicio con este tipo de pruebas, pero por aquellos años no se discutía mucho el procedimiento policial. Incluso, la Policía se manejaba con cierta impunidad que se reflejaba en los medios de comunicación, como por ejemplo lo sucedido con un niño de 12 años que regaba la calle en pleno verano. Pasó un Comisario y le ordenó que desistiera de lo que estaba haciendo y antes que el menor cerrara la canilla, recibió un fustazo en la espalda que le dejó lesiones y una denuncia de su hermano García Reynoso para analizar la posible destitución del funcionario.

Otro caso, también en ese mismo mes y en Gualeguaychú, en una noche al finalizar el corso y cuando algunas personas comenzaron a mojar, la Policía que estaba en la esquina de 25 de Mayo y Churruarín realizó un acto de violencia que fue muy censurado en aquel momento. “Sin consideración a damas y niñas, los funcionarios policiales imponían el desalojo de la acera subidos con su cabalgadura a la vereda y el empuje de sus caballos exigían circulación. El buen comportamiento del público todas las noches y la corrección policial no merecían esta nota de desentonada cultura”, esgrimía el diario El Censor.

Para abril de 1932, la Policía ya había logrado la captura de todos los sospechosos, entre ellos Lucas Muñoz y Tolentino López. El juez del Crimen, Tancredo Aguilar Torres, estaba empecinado en cerrar el caso lo más rápido posible y llegó a habilitar en su juzgado algunas horas durante la tarde a fin de avanzar en la investigación y el sumario contra los sospechosos. Muchos pasaron por el Juzgado a declarar y dos fueron los principales acusados.

En una salida de ese Juzgado, Muñoz llegó a declarar a la prensa su inocencia y explicó que se había reconocido como coautor del crimen porque lo “martirizaron” en la Policía. Y que esa autoría del homicidio la había confesado también ante el magistrado porque tenía miedo que luego fuera objeto de martirios, pero que, tras hacer un careo con López para también acusarlo, se arrepintió de todo lo que lo habían obligado a confesar porque tampoco tenía nada que decir de López. Incluso aprovechó el diario para enviarle un mensaje a sus parientes en Pastor Britos para que le mandaran una manta y algo de ropa durante su detención.

Había poca carga probativa contra Muñoz y López. No existían las cámaras de seguridad, ADN o nada de lo que hoy es sustancial en una causa judicial. Lo único en lo que se basaba el caso era en declaraciones vagas de testigos que los situaban en Parera el día del hecho y en especulaciones como el tipo de madera con el que le pegaron a De La Torre y el gajo de paraíso que sacaron de lo de Giacoppuzzi.

La condena perpetua

El primero en ser detenido fue Muñoz. No hay muchas precisiones sobre cómo fue localizado. Lo único que sobresale es que en sus declaraciones complicó a Tolentino López y que, tras unos días, este joven peón de campo se presentó espontáneamente ante la Justicia, pero a medida que el tiempo transcurrió se fueron deslindando responsabilidades hasta quedar solamente detenido Muñoz. López recuperó su libertad y fue desligado del caso.

El 16 de noviembre de 1935, a casi cuatro años del crimen del farmacéutico, Lucas Muñoz fue condenado. Recibió prisión perpetua por el delito de homicidio con alevosía y como medio para consumar otro delito. Una figura penal muy similar a lo que hoy sería homicidio criminis causa.

Lo llamativo del juicio y que se aclara en la prensa, es que para llegar a esta conclusión se estudió la “personalidad moral del reo y la prueba referente a la retractación de la confesión que hiciera en sus primeras declaraciones. La retractación posterior a la confesión es prueba en contra del confesante”.

Se estableció la responsabilidad de Muñoz porque entró en contradicciones y más tarde se confesó autor al realizar la reconstrucción de su crimen, “con un descaro y naturalidad que dejó admirado a los representantes de la Justicia”.