La evolución de la cantidad de empresas con trabajadores registrados es uno de los indicadores más directos de la salud del entramado productivo. Cuando se achica, el dato dice más que la cantidad de cierres: muestra qué actividades pierden capacidad de sostener empleo formal y cuáles, en cambio, logran expandirse.

Las estadísticas oficiales más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 el universo de empresas con al menos un trabajador registrado pasó de 489.749 a 479.928. La diferencia es de 9.821 empresas menos, lo que representa una caída de 2,0% en ocho meses.

La estadística contempla únicamente a las empresas registradas que tienen al menos un trabajador formal, con cobertura de ART. No están incluidas las empresas unipersonales y pueden existir casos en los que las firmas sigan funcionando, pero no hayan tenido trabajadores cubiertos en el mes de medición. Por eso, la cifra debe leerse como un saldo neto de empresas empleadoras: surge de restar las que dejaron de figurar a las que se incorporaron.

El balance por sectores muestra un movimiento desparejo. De los 20 rubros que releva la estadística, 14 terminaron agosto con menos empresas que en diciembre y seis con más. Sumadas, las bajas alcanzan 10.906 empresas, mientras que las altas suman 1.085. De esa diferencia surge el saldo negativo de 9.821.

El comercio es el rubro de mayor peso y también el de mayor caída en términos absolutos. Pasó de 144.301 a 140.145 empresas: 4.156 menos, una baja de 2,9% en los primeros ocho meses del año. Ese sector explica por sí solo más de 42% de la reducción total, algo que se entiende por su tamaño, ya que reúne poco más de 29% de las empresas con trabajadores registrados del país.

Detrás se ubican la industria manufacturera y el transporte y almacenamiento. La industria pasó de 47.040 a 45.199 empresas, con 1.841 menos (3,9% de caída), y el transporte, de 33.979 a 32.316, con 1.663 menos. En este último caso, la baja de 4,9% es la más pronunciada entre los sectores de mayor tamaño. Entre los tres rubros suman 7.660 empresas menos, el 78% del total.

El patrón sugiere que la contracción se concentra en actividades vinculadas a la producción y la circulación de bienes, donde la pérdida de empresas arrastra también a los servicios comerciales y logísticos que las rodean.

Otro bloque afectado es el de las actividades ligadas al mercado inmobiliario. Los servicios inmobiliarios perdieron 961 empresas, al pasar de 26.428 en diciembre de 2025 a 25.467 en agosto de este año (3,6% de baja), mientras que la construcción cayó de 19.980 a 19.651, es decir, 329 menos (1,6% de retracción).

Los servicios inmobiliarios perdieron 961 empresas en los primeros ocho meses de este año.

Por su parte, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el segundo sector con más empresas registradas luego del comercio, redujo su número de 51.806 a 51.053 en el período analizado: 753 firmas menos, una baja de 1,5 por ciento. Alojamiento y servicios de comida, por su parte, pasó de 24.591 a 24.039 empresas, 552 menos, un descenso de 2,2%.

En términos porcentuales, la mayor caída corresponde a los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con 6,3% de baja (pasó de 1.488 a 1.395 unidades productivas). Su incidencia sobre el total es mínima, porque se trata de un universo de pocas empresas.

En el sentido contrario, seis sectores terminaron agosto con más empresas que en diciembre. El de mayor aumento es el de servicios de asociaciones y servicios personales, que pasó de 41.702 empresas en diciembre a 42.385 en agosto de este año: 683 más, un alza de 1,6 por ciento. Ese rubro aporta por sí solo 63% de las altas registradas.

Le siguen las actividades administrativas, que subieron de 12.362 a 12.561 empresas (199 más, 1,6%), y salud humana y servicios sociales, que pasó de 19.062 a 19.218 (156 más). Los tres rubros reúnen 1.038 de las 1.085 empresas incorporadas.

Los otros tres sectores tuvieron aumentos acotados. La administración pública sumó 25 empresas, de 2.823 a 2.848 (0,9%); los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento agregaron 15, de 7.362 a 7.377 (0,2%), y el suministro de electricidad y gas, siete, dado que pasó de 808 a 815 (0,9% de mejora).

Como se puede observar, los rubros que crecieron corresponden en su mayoría a servicios personales, administrativos, de salud y del sector público, actividades que dependen menos del ciclo de bienes. Sin embargo, su magnitud no alcanza para compensar lo ocurrido en el resto: las 1.085 altas equivalen a alrededor de 10% de las 10.906 bajas, y por eso el saldo del período es negativo.

Fuente: Infobae

La industria textil atraviesa uno de sus momentos más críticos, con una caída de la actividad de 20,8% interanual entre enero y agosto de 2026 y acumula un desplome de 33,9% frente al mismo período de 2023. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 40,6%, su nivel más bajo de la serie histórica, con excepción de 2020, durante la pandemia. En ese escenario, se destruyeron casi 29.000 puestos de trabajo, según el relevamiento de la Fundación Pro Tejer en el evento ProTextil 2026.

El conjunto de demanda interna debilitada, mayores importaciones y dificultades para sostener los costos de producción generaron un fuerte impacto en el mercado laboral del sector: se destruyeron 28.818 puestos de trabajo registrados (-23,9%) en la cadena de valor textil, indumentaria y calzado desde diciembre de 2023. La cifra representa casi un tercio de toda la destrucción de empleo industrial registrada en el país durante ese período.

Durante la apertura, su presidente, Luciano Galfione, cuestionó la política económica del Gobierno y reclamó medidas para sostener la producción nacional. Si bien reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación, advirtió que esas condiciones no alcanzan por sí solas para recuperar la actividad.

Otra cara de la crisis en el sector es la pérdida del tejido empresarial: se destruyeron 1.090 establecimientos industriales de la cadena textil, indumentaria y calzado entre diciembre de 2023 y julio de 2026, una contracción del 17,7%. En el mismo período, el comercio vinculado al sector perdió otros 3.804 establecimientos, una baja del 17,8%.

La situación se enmarca en un deterioro más amplio del entramado productivo: se cerraron 33.583 establecimientos con trabajadores asegurados entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según datos de la SRT. Esto equivale a una pérdida de alrededor de 42 empresas por día durante el último año.

Para Fundación Pro Tejer, la caída de la actividad no puede explicarse sin observar el comportamiento del consumo y el cambio en la composición del mercado interno. Las importaciones pasaron de representar históricamente cerca de la mitad del abastecimiento local a explicar alrededor del 70%. En paralelo, la producción nacional redujo su participación al 30%.

El avance de los productos importados se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Entre enero y agosto de 2026, frente al mismo período de 2023, el salario registrado privado cayó 4%, el público 25% y el haber mínimo jubilatorio, incluido el bono, retrocedió 10%. Las ventas en supermercados bajaron 16,2% y las de los shoppings 28,5% en la misma comparación.

A ese escenario se suma el incremento de los costos de los servicios públicos. En el AMBA, la canasta de luz, gas, agua y transporte aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241%, según los datos citados por la entidad.

Además, las importaciones de indumentaria crecieron 46% en toneladas entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período del año pasado, mientras que las confecciones para el hogar avanzaron 209%. En el caso de los productos textiles, los volúmenes importados también mostraron fuertes subas en distintos segmentos.

Asimismo, las importaciones realizadas vía courrier alcanzaron los u$s960 millones entre enero y septiembre de 2026, 6,3 veces el monto registrado en igual período de 2024 y un 60% más que en 2025. En junio de este año representaron el 1,8% de las importaciones totales, frente al 0,7% de diciembre de 2024.

Galfione cuestionó, además, las condiciones en las que compiten los fabricantes locales. Durante su discurso rechazó que el precio de la ropa responda exclusivamente a una supuesta ineficiencia de las fábricas argentinas. "Es la Argentina la que tiene un problema de competitividad", sostuvo.

En esa línea, apuntó contra los costos que se acumulan por fuera de las plantas industriales, entre ellos la presión tributaria, la logística, la infraestructura, el financiamiento, los alquileres comerciales y la intermediación.

Desde Pro Tejer reclamaron por una política industrial e incluyó una comparación con las medidas que están tomando otras economías. La entidad señaló que desde 2020 se multiplicaron las políticas industriales a nivel global, con instrumentos vinculados a subsidios, aranceles, exigencias de contenido local y restricciones al ingreso de determinados productos.

Entre los ejemplos mencionados aparecen las medidas de Estados Unidos sobre los envíos de bajo valor, los nuevos aranceles definidos por la Unión Europea para paquetes provenientes de fuera del bloque y la legislación francesa contra el ultra fast fashion. México también incrementó los aranceles para determinados productos provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales.

En contraposición, Galfione cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que no posee exigencias suficientes de integración con proveedores nacionales y podría no tener un derrame significativo sobre el entramado pyme. Cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas representan el 98% de las empresas empleadoras y concentran el 50% del empleo privado registrado, según los datos presentados.

La venta de facturas cayó un 80% interanual en Argentina, mientras que el consumo de pan tradicional acumuló una disminución del 55% durante los últimos dos años, según datos difundidos por representantes del sector panadero. La situación obligó a numerosos comercios a reducir la producción, implementar promociones y buscar nuevas fuentes de ingresos para sostener su actividad.

La pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, junto con los incrementos en los servicios, alquileres y materias primas, profundizó las dificultades económicas de las panaderías. De acuerdo con estimaciones de entidades del rubro, alrededor de 2.000 establecimientos cerraron sus puertas en los últimos 24 meses y se perdieron más de 16.000 puestos de trabajo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda, explicó que las facturas fueron uno de los productos más afectados por la retracción del consumo. Según detalló, una docena costaba entre $14.000 y $20.000, valores que resultaban difíciles de afrontar para numerosas familias.

"La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano", señaló Mora. Además, advirtió que el precio de una docena representaba una parte considerable de los ingresos de quienes realizaban trabajos ocasionales.

La disminución de las ventas también alcanzó a las tortas, masas finas y sándwiches de miga, productos tradicionalmente vinculados con celebraciones y reuniones familiares. "Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos", ejemplificó el dirigente.

En cuanto al pan, Mora sostuvo que continuó siendo uno de los productos más demandados porque muchas familias lo utilizaban como complemento o reemplazo de otras comidas. Sin embargo, aclaró que su comercialización también había disminuido considerablemente y que las ventas se concentraban principalmente en las variedades más económicas.

Frente a este escenario, numerosos comerciantes modificaron sus estrategias de venta. Un relevamiento realizado por NA en panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reveló que algunos establecimientos comenzaron a ofrecer facturas del día anterior a mitad de precio para recuperar parte de los costos y evitar desperdicios.

También se redujo la cantidad de productos elaborados diariamente, con el objetivo de ajustar la producción a una demanda cada vez menor. Otros negocios incorporaron alternativas comerciales, como la venta de café al paso, para generar ingresos adicionales.

Juan Carlos, responsable de una panadería del barrio porteño de Almagro, describió el cambio en los hábitos de compra. "Vender una docena es casi imposible. Hoy, como mucho, se llevan tres para compartir", expresó.

Los comerciantes observaron, además, un crecimiento de las compras por unidad o por montos específicos. En lugar de solicitar un kilo de pan o una docena de facturas, numerosos clientes comenzaron a pedir pequeñas cantidades para cubrir únicamente el consumo del día.

A la caída de las ventas se sumó el encarecimiento de los insumos utilizados diariamente en la elaboración de productos panificados. Mora explicó que la caja de margarina, que anteriormente costaba entre $40.000 y $45.000, llegó a superar los $120.000, aunque posteriormente se estabilizó entre $85.000 y $90.000.

Asimismo, indicó que el cajón de huevos pasó de $35.000 a $72.000, mientras que la bolsa de harina aumentó de $9.000 a $18.000. Estos incrementos se combinaron con mayores gastos de alquiler y servicios.

Según el relevamiento sectorial, algunas panaderías enfrentaron facturas de electricidad cercanas a los $800.000 mensuales, situación que llevó a propietarios a refinanciar deudas y recurrir al crédito para afrontar sus obligaciones.

Representantes de la Cámara de Industriales Panaderos señalaron que numerosos establecimientos operaban con márgenes de rentabilidad mínimos o directamente a pérdida. Además, explicaron que los comerciantes no podían trasladar todos los incrementos al precio final porque corrían el riesgo de perder más clientes.

En ese contexto, el sector advirtió que la combinación de menores ventas y mayores costos comprometió la continuidad de pequeños negocios familiares, con consecuencias directas sobre el empleo y la actividad comercial de los barrios.

La crisis financiera desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank terminó de sacudir al Gobierno de Paraguay. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo, luego de perder el respaldo del Partido Colorado, la fuerza oficialista que hasta ahora sostenía su gestión y cuyo principal referente, el expresidente Horacio Cartes, anunció que acompañaría el juicio político en su contra.

La decisión llegó después de una escalada política que dejó al mandatario cada vez más aislado. El Congreso debatía el pedido de destitución impulsado por legisladores opositores y disidentes del oficialismo, mientras dirigentes colorados reclamaban públicamente su salida. La crisis bancaria, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos, se convirtió así en una amenaza directa para la continuidad del Gobierno.

El golpe político más fuerte para Peña llegó de su propio espacio. Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra el mandatario. La decisión tuvo un peso particular porque fue el propio Cartes quien impulsó su candidatura presidencial en 2023 y conserva una fuerte influencia sobre la estructura partidaria.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, escribió Cartes en su cuenta de X. En el mismo mensaje sostuvo que su partido acompañaría el proceso “a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.

El pronunciamiento terminó de quebrar el respaldo político que Peña necesitaba para sostenerse en el poder. También se sumó el presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien pidió la renuncia del mandatario en medio de la discusión parlamentaria.

La Cámara de Diputados debatió el pedido de juicio político presentado contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La acusación reunió inicialmente 35 firmas y planteó un supuesto mal desempeño de sus funciones, con cuestionamientos vinculados con el manejo de la crisis bancaria, presuntos conflictos de intereses y la actuación de organismos públicos.

Para que el proceso avanzara al Senado, la Cámara baja debía reunir 53 votos sobre un total de 80 diputados. En la Cámara alta, la destitución requería el respaldo de 30 de los 45 senadores. La oposición y sectores disidentes del oficialismo anticiparon que apoyarían la acusación.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es que Peña había tenido acciones en el grupo empresario vinculado con Ueno Bank, aunque se desvinculó de esa participación en 2025. Los legisladores también apuntaron contra presuntas operaciones financieras con empresas relacionadas y la respuesta del Ejecutivo frente a las irregularidades investigadas.

El origen del conflicto fue la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central de Paraguay. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. El cierre dejó a una parte significativa de la población sin acceso a sus depósitos y provocó largas filas en las sucursales, reclamos y protestas en Asunción.

La autoridad monetaria tomó la decisión después de detectar problemas de solvencia y de que el banco informara que no podía reponer unos 70 millones de dólares utilizados de su encaje legal. La investigación judicial avanzó sobre los directivos de la entidad y del Grupo Vázquez, con imputaciones y detenciones por presuntas irregularidades en operaciones financieras.

El caso también tuvo repercusiones sobre el sistema financiero paraguayo: se registraron tensiones en la confianza de los ahorristas, movimientos de depósitos y un impacto sobre los indicadores económicos del país. El Banco Central y el Gobierno debieron anunciar medidas para atender a los clientes afectados y garantizar la continuidad del sistema.

Los bonos en dólares arrancan en rojo en Wall Street y en la plaza local mientras que el riesgo país supera los 850 puntos, dos días después de las elecciones de medio término en Estados Unidos que dieron por ganador al partido demócrata y que significó una fuerte derrota contra el presidente Donald Trump. Y si bien los expertos de la city sostienen que el impacto será moderado, lo cierto es que los factores locales también están pesando.

Al respecto, el ministro Luis Caputo trató de poner paños fríos y afirmó que la derrota de Donald Trump no cambiará la relación de Argentina con Estados Unidos. Fue durante la conferencia anual de FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde Luis Caputo, sostuvo que el resultado de las elecciones de medio término en EEUU no modificaría "sustancialmente" la relación bilateral.

"Con respecto a la elección, yo creo que para la Argentina no cambia. Ya lo hablé con el Tesoro en el G20. Era esperado, tal vez no por tanto, pero no va a cambiar esencialmente la relación", respondió ante una pregunta sobre los resultados. En cuanto al plan económico, otra de las dudas del mercado, el funcionario también señaló que un tipo de cambio más alto puede tener consecuencias negativas sobre la inflación y las cuentas fiscales.

Contrario al desempeño de los bonos, el MSCI Merval avanza 0,6% a 87.865,240 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más suben son Grupo Supervielle (+1,9%), Edenor (+1,4%), y BYMA (+1%).

Los bonos en dólares caen hasta 3% con el Global 2046 (-2,6%), a la cabeza. En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan se dispara hasta los 892 puntos básicos.

En la jornada previa, los activos argentinos también tuvieron una rueda negativa. "Los bonos en dólares volvieron a caer, a contramano de la deuda emergente, que subió con fuerza, mientras que el riesgo país anotó un nuevo máximo de los últimos meses", especificaron desde Cohen Aliados Financieros.

Por último, el Banco Central dará a conocer el REM correspondiente a octubre. El mismo reúne las proyecciones de los principales analistas económicos sobre inflación, tipo de cambio y crecimiento para los próximos meses.

Los últimos días han significado una lluvia de malas noticias dentro del mercado de la maquinaria agrícola: primero fue el estallido de la crisis en Pauny, luego los fuertes problemas que se conocieron también en Plantium y ahora se suma al listado Metalfor.

La fábrica de pulverizadoras, fertilizadoras y otros equipos de Marcos Juárez (Córdoba) informó en un comunicado que decidió solicitar la apertura de su concurso preventivo ante los tribunales de esa ciudad.

“La decisión tiene como objetivo central proteger la continuidad de la compañía, ordenar sus obligaciones dentro del marco previsto por la ley y evitar que acciones individuales continúen afectando el patrimonio y la capacidad operativa de una empresa que sigue produciendo, vendiendo, entregando equipos y atendiendo a sus clientes”, indicó.

Cabe recordar que, al presentar ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) sus estados contables al segundo trimestre, la empresa que encabeza Eduardo Borri había reconocido una crisis “financiera y organizacional” y anunciado a sus inversores que planea “disminuir significativamente” su estructura.

Ahora, el paso siguiente fue recurrir al concurso preventivo para negociar la deuda con sus acreedores.

“El concurso preventivo constituye una herramienta destinada a preservar la empresa en marcha y generar las condiciones necesarias para que su operación sea sostenible y pueda volver a crecer, esperamos que rápidamente y con el acompañamiento de todos quienes forman parte de su actividad”, justificó Metalfor.

Y añadió: “Así, Metalfor continúa operando, produciendo y comercializando. La producción, las entregas, el abastecimiento de repuestos, el servicio técnico y nuestra red comercial continúan formando parte central de nuestro plan de continuidad. La presentación concursal busca precisamente proteger esa capacidad”.

Además, la firma recordó que tiene más de cinco décadas de historia, miles de clientes, productos ampliamente validados, ingeniería propia, una red nacional de comercialización y servicio y, sobre todo, un equipo humano que permitió construir todo lo anterior.

“La compañía inicia ahora una nueva etapa. El desafío es importante, pero también lo es nuestra decisión de continuar”, subrayó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que el Gobierno suspenderá los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes hasta mayo de 2027, como parte de un paquete de medidas destinado a aliviar las dificultades financieras que atraviesa el sector productivo. Además, adelantó que se ampliará el alcance del plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas y se habilitará la utilización de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras.

Durante su exposición en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario reconoció los problemas de financiamiento que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y aseguró que el Ejecutivo busca ofrecer herramientas para mejorar su situación.

"Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y los embargos. Suspenderemos embargos de ARCA hasta mayo del año que viene", afirmó Caputo.

En ese sentido, explicó que la suspensión busca otorgar un mayor margen para que las empresas puedan regularizar sus obligaciones fiscales sin comprometer su funcionamiento.

"La idea de esto, por supuesto, es que les dé margen para ordenar sus cuentas naturalmente y lo complementamos con la extensión del plan de 18 cuotas sobre lo que eran deudas con ARCA que vencían hasta el 30 de junio, lo vamos a extender a las deudas hasta el 31 de octubre", detalló De esta manera, el Gobierno ampliará el universo de obligaciones que podrán incorporarse al régimen de regularización, incluyendo las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, en lugar del límite anterior del 30 de junio.

"Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no necesariamente algo que se vaya a solucionar en un mes o dos", reconoció el ministro.

Caputo también vinculó la posibilidad de avanzar con estas medidas al ordenamiento de las cuentas públicas. "Dentro de lo que podemos, dada nuestra consolidación fiscal, nos permite hacer estas cosas que son enormes beneficios", sostuvo.

Otra de las medidas anunciadas apunta a resolver las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones, una problemática que afecta tanto a las pequeñas y medianas empresas como a las grandes compañías.

"La tercera medida también es muy importante. La famosa devolución de los reintegros joroba muchísimo. Tanto a pymes como a las grandes porque el Gobierno tarda mucho en devolver, entre seis y nueve meses", reconoció Caputo.

Para aliviar esa situación, el ministro anunció que las pymes podrán utilizar la totalidad de los saldos que tengan a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar obligaciones aduaneras, sin necesidad de esperar la devolución de esos fondos. "Permitiremos que las pymes puedan utilizar el 100% del saldo que tienen a favor por exportación o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras", precisó.

La medida también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente con un porcentaje menor. "También lo vamos a hacer por otro porcentaje para las grandes empresas, que va a ser cada vez más creciente hasta que terminemos con este tema de los reintegros", anticipó el funcionario.

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que el Gobierno propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires eliminar el impuesto a los sellos, como parte de la estrategia oficial para reducir los costos que enfrentan las empresas.

"Le vamos a estar proponiendo a CABA y las provincias la eliminación del impuesto a los sellos, que es un desastre al bolsillo porque grava todo, en un monto cercano a 0,4-0,5 del PBI", cuestionó Caputo.

Según explicó, el Ejecutivo buscará implementar un esquema de compensación para las jurisdicciones que adhieran a la iniciativa, particularmente en relación con las empresas comprendidas en regímenes de incentivo a las inversiones (RIGI).

"Para aquellas que estén adheridas al RIGI y al RIMI vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las empresas resignen la otra mitad, es decir que se elimine el impuesto pero que las provincias tengan un ingreso que lo compensamos desde Nación", detalló el ministro, según la transcripción de sus declaraciones. Los anuncios se producen en un contexto de dificultades para la recuperación industrial. Según estimaciones preliminares de la UIA, la producción manufacturera cayó 0,2% mensual en septiembre y 3,4% interanual, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 acumuló una contracción del 2,8% respecto del mismo período del año anterior.

La posibilidad de jubilarse se volvió más estrecha para miles de personas en Argentina: entre enero y septiembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) otorgó 43% menos nuevas jubilaciones que en el mismo tramo de 2025. La reducción se produce mientras una parte considerable del mercado laboral transcurre fuera del empleo registrado, crece el monotributo y se achican las alternativas para completar los aportes exigidos por el sistema.

La doctora Florencia Markarián, abogada previsional, puso el foco en el vínculo entre esa caída y el fin de las herramientas de regularización. En diálogo con Infobae Al Amanecer, planteó: “Nos sorprende el dato justamente por lo que tiene que ver con las moratorias”.

Para acceder a una prestación, el régimen requiere una edad mínima —60 años para las mujeres y 65 para los hombres— y 30 años de aportes. Ese umbral explica la centralidad que tuvieron las moratorias en las trayectorias laborales incompletas. “Cada vez se necesitaron todos los años de las moratorias para poder completar los años de aportes que se exigen”, explicó la especialista.

El retroceso no se mide solamente contra 2025. De acuerdo con los datos mencionados en la conversación, las altas jubilatorias de los primeros nueve meses de 2026 fueron 52% inferiores a las de los primeros meses de 2024. En ese escenario, el 43% de quienes sí logró jubilarse recurrió a una moratoria para regularizar períodos sin contribuciones. “Los empleos que la gente accede no siempre están registrados”, señaló Markarián.

La informalidad aparece así antes del momento del retiro: acompaña a los trabajadores durante años y luego condiciona la posibilidad de reunir los requisitos. Los conductores indicaron que alcanza al 45% de los ocupados, una proporción que deja a casi cinco de cada diez personas sin aportes previsionales, vacaciones pagas ni aguinaldo.

Las moratorias habían funcionado como una vía para saldar aportes pendientes y completar los 30 años requeridos. La menor cantidad de personas que recurre a ese mecanismo acompaña la baja de nuevas jubilaciones y reaviva una discusión que atraviesa a quienes llegan a la edad de retiro sin una carrera contributiva completa. “Hay muchísima gente que tiene que salir a trabajar, no porque quiera, sino por necesidad”, afirmó la especialista.

El problema tampoco queda restringido a quienes ya están cerca de jubilarse. Las interrupciones en el empleo formal y las ocupaciones sin registrar inciden sobre los trabajadores jóvenes, cuyas futuras prestaciones dependerán de los años que consigan acumular. “Uno se puede jubilar. Entiendo que van a seguir existiendo las jubilaciones que proporciona el Estado, pero que no va a alcanzar”, sostuvo Markarián.

Dentro de ese panorama, el crecimiento del monotributo suma otra diferencia en el tipo de aportes que llega al sistema previsional. El régimen incluye una contribución, pero no tiene el mismo efecto que una relación de dependencia al momento de determinar el haber. “La ANSeS no solamente recibe esos aportes de los trabajadores activos, sino también de distintos impuestos”, explicó la abogada previsional.

Markarián precisó que alrededor de 120 tributos cuentan con asignaciones específicas para financiar al organismo. Aun así, distinguió el peso de quienes trabajan con empleo registrado en la estructura de recursos: “Son quienes más aportes hacen”.

Esa diferencia se refleja al final de la vida laboral. Una persona que fue monotributista durante toda su carrera obtiene el haber mínimo, según describió la especialista. “Quien ha sido monotributista toda su vida se jubila con la mínima”, afirmó.

La letrada ubicó ese ingreso en torno a $505 mil mensuales y lo vinculó con las dificultades cotidianas que enfrentan los beneficiarios. “Apenas alcanza para cubrir lo básico”, dijo durante la conversación.

Hay una situación distinta para quienes alternaron períodos de monotributo con trabajos en relación de dependencia. En esos casos, los aportes realizados como asalariados pueden considerarse para el cálculo del haber. “Tiene la posibilidad de que se cuenten esos aportes”, indicó Markarián.

La discusión sobre los montos redefine, según la entrevistada, el lugar de la jubilación en la economía doméstica. La prestación estatal permanece como un derecho y una fuente de ingresos, pero puede resultar insuficiente para cubrir todas las necesidades. “Hoy en día la jubilación termina siendo un suplemento”, sostuvo.

Esa percepción se distancia de la idea con la que muchas generaciones planificaron el retiro: dejar de trabajar al cumplir los requisitos y sostenerse con el ingreso previsional. “Antes quizás la gente tenía la idea de que trabajaba, formaba la familia, se retiraba y disfrutaba de ese retiro”, recordó la abogada.

La continuidad laboral después de la edad jubilatoria, de todos modos, no depende solo del nivel del haber. También está atravesada por la actividad que cada persona desempeñó y por su estado de salud. “Hay que considerar cada caso en particular. Y el caso de las incapacidades, por supuesto”, planteó Markarián al referirse, entre otros, a trabajadores del petróleo y de embarcaciones.

En paralelo, existen iniciativas que plantean aumentar de manera gradual la edad jubilatoria. Una primera alternativa propone equiparar en 65 años la edad exigida para mujeres y hombres; otras llevan el umbral a 68 o 70 años. “Primero igualar las edades jubilatorias a los 65 años de edad”, detalló la especialista.

Para la abogada previsional, cualquier modificación debe contemplar la mayor expectativa de vida, pero también las diferencias entre las actividades y las condiciones con que cada trabajador llega al retiro. Sobre la discusión de la edad de las mujeres, Markarián señaló: “Se entiende perfectamente el contexto en el que estamos. Hoy en día el rol de la mujer es otro”.

La industria electrónica, electromecánica y luminotécnica atraviesa un escenario de dificultades productivas, reducción de puestos de trabajo y postergación de inversiones. Pasado a cifras, esto significa que el 42% de las compañías registró una caída de la producción frente al mismo período de 2025, mientras que el 35% mantuvo su actividad sin cambios y el 23% consiguió incrementarla.

El último relevamiento de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) reveló que durante el tercer trimestre de este año el retroceso de la actividad se profundizó y que las empresas mantienen expectativas conservadoras para el cierre del año.

Entre las empresas que redujeron su producción, la contracción promedio alcanzó el 36%, cinco puntos porcentuales por encima del 31% informado en el segundo trimestre.

El deterioro también se reflejó en las decisiones de contratación y en los planes de expansión. El 35% de las empresas redujo su dotación de personal, frente al 11% que incorporó trabajadores, mientras que apenas el 19% prevé realizar inversiones durante el cuarto trimestre.

El 81% restante no tiene planes de expansión, en un contexto en el que las firmas identifican la caída de las ventas y la incertidumbre económica y política como factores que condicionan sus decisiones.

Los resultados permiten comparar la evolución de un sector que agrupa actividades vinculadas con la electrónica, la energía, los productos de baja tensión y la iluminación. Cada uno de esos segmentos representa una parte relevante de la muestra relevada por CADIEEL, con participaciones del 27%, 27%, 23% y 23%, respectivamente.

Uno de los principales cambios respecto del relevamiento anterior se observa en las perspectivas de inversión. En el segundo trimestre, el 33% de las empresas proyectaba invertir durante el período siguiente. Para el cuarto trimestre, esa proporción cayó al 19%, una reducción de 14 puntos porcentuales. La mayoría de las compañías continúa sin encontrar condiciones para ampliar su capacidad productiva.

La evolución de las expectativas de producción también refleja una postura prudente. Para el cuarto trimestre, el 62% de las firmas espera mantener sus niveles de actividad, el 23% proyecta aumentarlos y el 15% anticipa una disminución. En el relevamiento anterior, el 55% esperaba estabilidad, el 30% preveía un aumento y el 15% estimaba una caída.

En las ventas, la expectativa de estabilidad reúne al 54% de las compañías, mientras que el 23% prevé una mejora y otro 23% anticipa un retroceso. En cuanto a la demanda interna, el 66% no espera variaciones, el 15% proyecta un incremento y el 19% prevé una disminución. Los datos muestran que las empresas no identifican, por el momento, señales generalizadas de recuperación del mercado que justifiquen ampliar sus niveles de actividad.

El informe también destaca el margen de capacidad productiva que permanece sin utilizar. El 65% de las compañías operó con hasta el 60% de su capacidad instalada durante el tercer trimestre. Aunque el indicador de CADIEEL corresponde a su propia muestra y no es directamente comparable con el relevamiento nacional del INDEC, ambos aportan evidencia de una utilización limitada de los recursos productivos.

Según el organismo estadístico, la utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera argentina fue del 58,5% en agosto de 2026, frente al 59,6% de igual mes del año anterior. Es decir, las fábricas trabajaron con poco menos de seis de cada diez unidades de su capacidad productiva disponible.

En materia laboral, los resultados del tercer trimestre muestran que el 54% de las empresas mantuvo su dotación de personal, el 35% redujo sus planteles y el 11% incorporó trabajadores. En comparación con el segundo trimestre, cuando el 41% había informado recortes y solo el 7% había sumado empleados, se redujo la proporción de compañías que achicaron sus equipos.

No obstante, el saldo continúa siendo desfavorable: la cantidad de empresas que redujeron personal triplica a la de aquellas que incorporaron trabajadores. Además, el 81% de las firmas prevé mantener sus dotaciones durante el último trimestre, el 11% anticipa nuevas reducciones y apenas el 8% espera contratar.

Las expectativas laborales, en este caso, presentan una mejora respecto de las proyecciones que CADIEEL había recogido para el tercer trimestre, cuando el 26% de las empresas esperaba reducir personal y el 7% proyectaba incorporaciones. Esa diferencia indica una menor proporción de firmas que anticipa ajustes para el cierre del año, aunque todavía no se traduce en perspectivas de generación de empleo a mayor escala.

A estos factores se suma el debate sobre la competitividad industrial. En el mercado local, las empresas manufactureras deben competir con productos importados y afrontar sus propios costos de producción.

En el caso de CADIEEL, el costo local aparece expresamente como una de las principales barreras para acceder a los mercados internacionales. Si bien el 54% de las empresas relevadas exportó durante el tercer trimestre, para la mayoría de ellas las ventas externas tienen una participación reducida en su facturación: el 57% de las firmas exportadoras destina hasta el 10% de sus ventas a esos mercados y otro 29% coloca entre el 11% y el 20%.

El dato supone un cambio respecto del segundo trimestre, cuando el 41% de las empresas había informado exportaciones y el 59% no había realizado ventas externas. También se redujo la proporción de firmas que destinan hasta el 10% de su producción al exterior, que en el relevamiento anterior llegaba al 73%.

Sin embargo, la mayor cantidad de empresas exportadoras no implica por sí sola que las ventas externas tengan un peso elevado en el negocio: el propio informe muestra que siguen siendo una porción limitada de la actividad comercial de buena parte del sector.

Para el cuarto trimestre, el 64% de las compañías espera mantener estables sus exportaciones, el 14% proyecta aumentarlas y el 22% prevé una disminución. Las expectativas, por lo tanto, también se inclinan hacia la estabilidad, sin una expansión generalizada de las ventas externas que compense las dificultades del mercado interno.

La seguidilla de empresas argentinas que recurren a la Justicia para reestructurar sus deudas suma un nuevo caso en el sector de la indumentaria. Class Life, la marca de trajes de baño y ropa deportiva, ingresó en concurso preventivo a través de su sociedad propietaria, Planeta Agua S.A., luego de declarar un pasivo de $1.581,6 millones. La compañía reconoció que la caída de las ventas le impide afrontar sus compromisos con bancos, proveedores y organismos fiscales.

La apertura del concurso fue dispuesta el 14 de octubre de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17. En la documentación presentada, la firma acompañó una nómina de 30 personas, entre ellas trabajadores con más de tres décadas de antigüedad, y explicó las dificultades económicas que la llevaron a solicitar la medida.

Class Life comenzó a operar en la década de 1980, impulsada por Norma y Alberto Pardo, con una propuesta centrada en trajes de baño. Posteriormente incorporó indumentaria deportiva y prendas para fitness. La empresa llegó a tener 24 locales en la Argentina y seis establecimientos en el exterior, con presencia en Uruguay, Chile, Colombia, Aruba y República Dominicana. En 2016, la firma comercializaba alrededor de 200.000 bikinis por temporada en el mercado argentino.

En cuanto a su estructura comercial, la documentación del concurso incluye contratos de locales ubicados en Avenida Santa Fe y la calle Migueletes, en la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa también cuenta con producción propia. Hasta abril de este año era propietaria del inmueble de Aráoz 1234, en Palermo, donde funciona su taller de confección. Tras venderlo, acordó continuar ocupándolo temporalmente mientras buscaba otro establecimiento para trasladar las máquinas y los insumos.

En el acta de directorio del 9 de septiembre, cuando se resolvió solicitar el concurso preventivo, Planeta Agua atribuyó sus dificultades a la retracción del consumo interno y al ingreso de prendas importadas. La empresa sostuvo que la competencia extranjera se beneficia de menores cargas impositivas y laborales, lo que, según su planteo, coloca a los fabricantes argentinos en desventaja.

El documento señala que la demanda de indumentaria se contrajo durante el ejercicio en curso, mientras los costos operativos y financieros continuaron superando los ingresos. Ante esa situación, la conducción decidió reducir gastos, aunque los ajustes no alcanzaron para recuperar el equilibrio de las cuentas.

La compañía también cuestionó que la reducción de la inflación no se hubiera traducido en una mejora de las ventas. "Se ha estado a la espera de que en algún momento con la baja de la inflación aumentara el consumo, pero ello no sucedió hasta el momento", sostuvo el directorio.

Según explicó, las obligaciones con bancos, proveedores y organismos fiscales habían sido organizadas sobre una proyección de ingresos que no se cumplió. "La falta de las ventas proyectadas colapsó la planificación y el flujo de caja", reconoció la firma.

La caída de la facturación también afectó los planes de facilidades de pago acordados con ARCA. La empresa señaló que no pudo sostener los vencimientos previstos y que esa situación, sumada al resto de sus obligaciones, derivó en la cesación de pagos.

Frente a la imposibilidad de cumplir esos compromisos, el directorio resolvió solicitar el concurso para negociar con los acreedores y continuar con la fabricación y comercialización de sus producto.

De acuerdo con la nómina de acreedores presentada ante la Justicia, Planeta Agua declaró deudas por $1.581,6 millones al 3 de septiembre de 2026. De ese total, $843,5 millones corresponden a créditos sin privilegio y $738,2 millones a créditos con privilegio general.

Entre las principales obligaciones figuran más de $606 millones correspondientes a planes de pago con ARCA, además de compromisos con entidades financieras y proveedores de materias primas. La nómina incluye firmas del exterior, entre ellas una compañía de Hong Kong y otra de Brasil.

Por su parte, los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que, a agosto de 2026, la sociedad acumulaba deudas financieras por $554,9 millones. El Banco Provincia concentraba $497,1 millones, seguido por Banco Macro, con $31,6 millones. También registraba obligaciones con Credicoop, BBVA, Galicia, Mercado Libre y American Express.

La compañía acumula, además, 10 cheques rechazados por un total de $19,9 millones, según los datos de la autoridad monetaria. Sin embargo, en agosto todas las entidades financieras todavía la calificaban en situación 1, considerada normal dentro del sistema bancario.

En su último balance anual, cerrado en octubre de 2025, Planeta Agua había registrado un pasivo de $1.359,9 millones, que incluía préstamos bancarios y financiamiento hipotecario.

La venta del inmueble de Palermo también forma parte de los movimientos patrimoniales informados durante el concurso. La operación se concretó el 8 de abril de 2026 y, según explicó la empresa, se acordó que pudiera permanecer en la propiedad sin pagar alquiler durante un plazo máximo de un año, mientras encontraba otra ubicación para su taller.

El caso de Class Life se conoce mientras las empresas de indumentaria enfrentan una fuerte caída de las ventas y una mayor competencia de productos importados. Según el último relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), más del 70% de las firmas consultadas registró una baja de sus ventas durante julio y agosto, mientras que el 86% identificó a la falta de demanda como su principal problema.

El avance de la ropa extranjera agrega presión sobre la fabricación nacional. Entre enero y agosto ingresaron al país 35.068 toneladas de prendas importadas por u$s534 millones, un incremento interanual del 54% en cantidades. En paralelo, la producción local de indumentaria retrocedió un 11,4% en agosto y acumuló 14 meses consecutivos de caída.

Para Class Life, que llegó a vender 200.000 bikinis por temporada y desarrolló una red comercial dentro y fuera del país, la crisis terminó por afectar su capacidad de sostener el negocio. La firma que nació hace más de cuatro décadas y logró expandirse en el mercado de trajes de baño ahora busca reordenar sus finanzas sin interrumpir la producción.

Los bonos soberanos en dólares profundizan su racha negativa este martes 20 de octubre, con caídas de hasta 1,8% en los títulos del tramo largo de la curva. En otra jornada adversa para la deuda argentina, los inversores no encuentran catalizadores que permitan revertir la tendencia bajista, en medio de las expectativas por la publicación de un nuevo dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), para el que se anticipa un desempeño débil. 

A nivel internacional, persisten las tensiones en los mercados de Estados Unidos y Europa, que también presionan sobre los activos emergentes.

En ese contexto, el Global 2046 (GD46) lidera las pérdidas con una caída del 1,8%, seguido por el GD41, que también retrocede 1,8%, el GD38 (-1,7%) y el GD35 (-1,5%). Los Bonares acompañan la tendencia negativa, con bajas de hasta 1,7%, en una rueda marcada por la presión vendedora sobre los títulos soberanos.

Como consecuencia del deterioro de las cotizaciones, el riesgo país vuelve a quedar bajo presión, después de haber alcanzado los 675 puntos básicos en la jornada anterior, y se aproxima al umbral de los 700 puntos. 

De superar ese nivel, el indicador profundizaría las señales de desconfianza del mercado respecto de la deuda argentina, en un escenario de incertidumbre económica local y mayor volatilidad financiera internacional.

Las ventas por el Día de la Madre 2026 cayeron un 1,4% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, la celebración acumuló su quinta caída consecutiva en comparación con el año anterior, en un contexto de restricciones en los presupuestos familiares y un consumo concentrado en productos de menor precio.

El informe de la CAME reveló que cuatro de los seis rubros relevados registraron caídas interanuales, mientras que solamente dos mostraron incrementos. El mayor retroceso se produjo en electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con una baja del 3,6%. Le siguieron cosméticos y perfumería, con una contracción del 3,2%; equipos periféricos, accesorios y celulares, también con un 3,2%; y calzado y marroquinería, con un descenso del 2,2%.

En cambio, las librerías registraron un crecimiento del 3,4%, mientras que la indumentaria mostró una suba marginal del 0,1%. El mejor desempeño de las librerías estuvo vinculado con la búsqueda de regalos más económicos por parte de los consumidores.

El ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque con importantes diferencias entre sectores. Cosméticos y perfumería registró el mayor gasto promedio, de $88.000, seguido por electrodomésticos ($72.581) y calzado y marroquinería ($67.332). En el otro extremo se ubicaron las librerías, con $37.638.

Las promociones, descuentos y planes de financiación en tres y seis cuotas resultaron fundamentales para sostener las operaciones. Sin embargo, los comerciantes advirtieron que estas herramientas redujeron sus márgenes de rentabilidad y no consiguieron impulsar significativamente las ventas.

El relevamiento también mostró que el 32,5% de los comercios vendió menos de lo esperado, frente a un 16,2% que superó sus previsiones. Por su parte, el 51,3% obtuvo resultados acordes con sus expectativas iniciales.

Respecto del impacto de la celebración sobre las ventas mensuales, el 39,9% de los comerciantes lo calificó como moderado, mientras que otro 31,7% consideró que contribuyó a la actividad, pero sin modificar el panorama general. Además, el 19,3% aseguró que la fecha no tuvo incidencia en sus ventas y solamente el 9% la consideró determinante para el desempeño del mes.

Entre los factores que condicionaron la actividad, CAME identificó las restricciones de financiamiento de los consumidores, la preferencia por artículos de menor valor y las condiciones climáticas adversas, que afectaron la concurrencia a los locales físicos en distintas regiones del país.

Casi la mitad de la deuda que los consumidores tienen con las cadenas de supermercados y electrodomésticos está en mora. Según un informe de la consultora Eco Go en base a la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), la morosidad conjunta llegó al 44,8% en agosto de 2026, frente al 23,3% de un año atrás. En electrodomésticos ya supera el 50%.

El indicador mide la porción de la deuda en situación 3, 4 y 5 de la clasificación del BCRA, es decir, los créditos con atrasos significativos o considerados de difícil recupero, sobre el total financiado.

Con ese criterio, la mora conjunta pasó de 23,3% en agosto de 2025 a 44,8% en agosto de 2026. El salto es todavía más marcado si se mira más atrás: hasta fines de 2024, la morosidad de estas cadenas rondaba entre el 10% y el 12%.

El rubro más complicado es el de las cadenas de electrodomésticos, donde la mora alcanzó el 50,1%, contra 27,3% un año antes. En otras palabras, uno de cada dos pesos prestados por estas empresas presenta un atraso relevante. El relevamiento incluye a Megatone, Naldo, Cetrogar, Frávega, Favanet y Carsa, la operadora de Musimundo.

En los supermercados la situación también se deterioró: la mora llegó al 40,4%, el doble del 20,1% registrado en agosto de 2025. En este grupo figuran Carrefour, Cencosud, La Anónima y Coto. Cabe aclarar que el informe presenta los datos agregados por rubro y no detalla la morosidad de cada empresa.

El stock de financiamiento otorgado por estas cadenas suma $ 2,14 billones, medido en pesos de septiembre de 2026. Los supermercados concentran $1,16 billones (54% del total) y las casas de electrodomésticos, $ 0,98 billones (46%).

El crédito tuvo un fuerte crecimiento tras el piso de febrero de 2024: se multiplicó por 2,6 en términos reales. Sin embargo, el impulso se frenó. Desde el máximo de octubre de 2025, el volumen cayó 3,5%, y en los últimos doce meses retrocedió 2,5% real.

Aún así, el reporte deja también un dato menos negativo. La mora temprana, la deuda en situación 2 que corresponde a los primeros atrasos, se ubicó en el 4,9% conjunto en julio de 2026.

Ese indicador viene bajando desde el pico de fines de 2025. Según la consultora, esto significa que hoy hay menos deuda entrando en atraso, aunque el stock de créditos impagos acumulados sigue en niveles muy altos.

El BCRA clasifica a los deudores según su cumplimiento:

- Situación 1: normal, pagos al día.- Situación 2: riesgo bajo o seguimiento especial, con primeros atrasos.- Situación 3: riesgo medio o con problemas.- Situación 4: riesgo alto o alto riesgo de insolvencia.- Situación 5: irrecuperable.

La mora que mide el informe suma las situaciones 3, 4 y 5. Quedar en esas categorías puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el sistema

La cantidad de empresas con dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras continúa en aumento. En agosto, otras 1.937 firmas ingresaron en mora y el universo de compañías con atrasos de pagos en el sistema bancario llegó a 58.982, un incremento del 53% en los últimos 12 meses, según el informe de Fidelitas.

En el caso de los CUITs de personas físicas con algún grado de mora, el informe registró una baja de 6.369.815 a 6.302.536, equivalente al 1,1%. La mejora estuvo concentrada en la mora temprana, correspondiente a la situación 2, que retrocedió 8,9%. Sin embargo, la evolución de los casos más graves evidencia que las dificultades de pago persisten.

De acuerdo con el relevamiento, 3,7 millones de CUITs se encuentran en situación crediticia 5, considerada irrecuperable, frente a los 1,8 millones registrados en enero de 2025. Es decir, más que se duplicó en un año y medio.

En paralelo, el Sistema de Evaluación de Riesgo Fidelitas (SERF) se ubicó en 37,7 puntos, con una caída de 0,6 puntos respecto de agosto, y permaneció en la categoría de Riesgo Elevado. El indicador refleja un escenario en el que las mejoras parciales en algunas variables financieras y sectoriales todavía no alcanzan para compensar el deterioro crediticio y la debilidad de la actividad económica.

El componente de riesgo crediticio del SERF obtuvo 19 puntos, el registro más bajo entre las variables que integran el indicador. Durante septiembre, el aumento de la cantidad de empresas en mora contrastó con una reducción de la tendencia ponderada de cheques rechazados y una estabilización de la cantidad de personas con dificultades de pago.

El costo del financiamiento es uno de los factores que condicionan esa dinámica. Fidelitas advirtió que las tasas de interés elevadas encarecen el crédito para empresas y familias, restringen el consumo y postergan decisiones de inversión. La política monetaria, orientada a contener la inflación y moderar la demanda de dólares, también limita la recuperación del financiamiento privado cuando las tasas permanecen altas durante períodos prolongados.

A ese cuadro se suma una actividad económica con dos comportamientos diferentes. El componente de actividad del SERF alcanzó 51,2 puntos, pero el retroceso interanual del EMAE de julio y las caídas de la industria manufacturera y la construcción contrastaron con el crecimiento de la minería en agosto.

La construcción registró una caída interanual del 4,4%, mientras que la producción industrial manufacturera retrocedió 3,2%, según los datos incorporados al informe. La diferencia entre estos sectores y las actividades vinculadas con los recursos naturales refleja una economía que avanza a distintas velocidades, con efectos desiguales sobre la producción, el empleo y la capacidad de pago de las empresas.

En este contexto, el comercio exterior fue el componente de mejor desempeño del indicador, con 72,8 puntos, impulsado por el superávit comercial de agosto. Sin embargo, ese resultado no alcanzó para evitar una nueva caída del SERF.

El informe de Fidelitas también advirtió sobre las tensiones financieras hacia 2027, cuando los vencimientos de deuda soberana alcanzarían los u$s25.000 millones entre capital e intereses. La evolución de las reservas, la demanda privada de divisas y la capacidad de refinanciación aparecen entre los factores que condicionarán el escenario económico de los próximos meses.

En medio de la caída sostenida del poder adquisitivo, la morosidad en las familias alcanzó el 18,4% del monto de crédito informado durante agosto. Significó un aumento de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto del mes previo y 9,8 p.p. interanual, acumulando 22 meses consecutivos de aumento. Ese incremento responde sobre todo a la suba de los irrecuperables, no de la deuda más nueva.

Ámbito accedió a un adelanto del relevamiento de agosto de 2026 elaborado por EcoGo y la Universidad Austral que muestra que las provincias de La Rioja, Santa Cruz y San Luis registran los mayores niveles de morosidad por monto: 26,2%, 24,2% y 24,2%, respectivamente. En el otro extremo se ubican La Pampa (9,6%), la Ciudad de Buenos Aires (12,5%) y Entre Ríos (14,5%).

Al medir el crédito a familias sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, Tucumán encabeza el ranking nacional con 13,8%, seguida por Catamarca (12,4%) y Formosa (12,1%). El promedio nacional se ubica en 9%.

Los proveedores no financieros de crédito (PNFC), que incluyen plataformas de financiamiento y emisoras no bancarias de tarjetas, representan el 14,8% del crédito informado, con un saldo de $15 billones. El sistema financiero concentra el 85,2% restante, equivalente a $86,8 billones, según el mismo relevamiento deEcoGo y la Universidad Austral.

Pero la participación en el volumen total no refleja por sí sola el nivel de exposición. En agosto, la irregularidad por monto de los proveedores no financieros llegó al 31,7%, frente al 16,1% registrado en el sistema financiero. Es decir, la proporción de crédito en situación irregular en el segmento no bancario prácticamente duplica la del sistema financiero tradicional.

La diferencia también se observa al excluir los créditos clasificados como irrecuperables. Bajo esa medición, la mora operativa se ubica en el 16,1% para los proveedores no financieros y en el 9,6% para el sistema financiero.

El peso de estos prestamistas varía según la provincia. En La Rioja, los proveedores no financieros representan el 35,8% del crédito provincial, la mayor participación del país. En Misiones, en tanto, la irregularidad por monto de ese segmento alcanza el 39,6%, mientras que en San Luis llega al 37,3%.

El empleo formal volvió a caer en julio: según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 9.085 asalariados perdieron su puesto en el mes. Con ese resultado, la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 asciende a 370.343 asalariados registrados. En el sector privado, además, ya son 14 meses seguidos de retroceso, y julio fue el mes de mayor destrucción desde noviembre del año pasado.

Según el análisis de los datos que realizó el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma Luis Campos, en el último año se destruyeron más puestos de trabajo que en el primer año y medio del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La fase actual de pérdida de empleo privado registrado tiene, además, una magnitud comparable a la de los últimos dos años del gobierno de Cambiemos (2018-2019). La diferencia es el contexto: entonces el sector público funcionaba como amortiguador, y ahora no.

El deterioro no distingue entre las ramas que el modelo económico presenta como motores. En el último año, minería y petróleo e intermediación financiera destruyeron empleo formal. Agro y pesca tuvieron una suba marginal. Industria y comercio, en cambio, registraron fuertes caídas.

El mapa territorial es todavía más desparejo. Desde el inicio de la gestión de LLA, el empleo formal solo creció en Neuquén y Río Negro, que sumaron 16.723 trabajadores entre ambas. En las 22 jurisdicciones restantes perdieron su puesto casi 285.000.

En julio el empleo en el sector público creció de manera considerable, pero el propio análisis advierte que podría tratarse de un efecto metodológico: había caído con fuerza en junio y en julio recuperó todo ese deterioro. En la comparación con noviembre de 2023, acumula un retroceso de 2,5%, muy por debajo del que registra el sector privado.

En casas particulares el empleo formal también bajó en julio. La tendencia general, sin embargo, parece haberse estabilizado en los niveles de principios de 2025, tras una caída muy fuerte en los cinco años anteriores.

Por otra parte, el salario real relevado por el SIPA perdió un par de décimas frente a la inflación en julio. Desde marzo se mantiene en niveles similares a los de noviembre de 2023, y el análisis no encuentra razones para que repunte en el corto plazo.

Los indicadores de agosto tampoco anticipan un cambio. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una caída marginal en ese mes y, por lo pronto, no hay ninguna señal de que el empleo formal vaya a recuperarse. La incógnita que queda abierta es hasta cuándo resisten las modalidades de empleo que funcionaron como refugio frente a la pérdida de puestos asalariados registrados, y si algunas ya empezaron a agotarse.

La Justicia de Misiones decretó la quiebra de Linor SRL, uno de los principales fabricantes de pallets de madera de Argentina, luego de que la compañía incumpliera el acuerdo preventivo alcanzado durante su concurso de acreedores. La decisión judicial se conoció después del cierre de su planta industrial en Azara, ocurrido en mayo de 2026, que dejó a 130 trabajadores sin empleo.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori. La resolución dispuso la incautación de los bienes de la compañía, incluidas instalaciones, maquinarias y vehículos, además del bloqueo de sus cuentas bancarias, publicó Infobae.

También se ordenó entregar los libros comerciales y toda la documentación contable, impositiva y laboral a la sindicatura, con el objetivo de preservar los activos y avanzar en el proceso de liquidación.

Antes del cierre, Linor acumulaba una deuda fiscal cercana a los 500 millones de pesos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las obligaciones pendientes se arrastraban desde 2024 y habían derivado en el embargo preventivo de las cuentas bancarias de la empresa.

La medida afectó la disponibilidad de fondos para afrontar el pago de salarios y adquirir insumos necesarios para sostener la producción. Además, la compañía mantenía deudas con la distribuidora de energía eléctrica.

Linor desarrollaba sus actividades en Azara, departamento Apóstoles, al sur de Misiones. Su producción estaba destinada a la fabricación de pallets de madera utilizados para almacenar y transportar mercaderías, con clientes pertenecientes a distintos sectores industriales.

La crisis empresarial había quedado expuesta durante 2025, cuando se difundió un video de Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de Linor, durante una reunión con empleados que reclamaban el pago de salarios atrasados.

“Si no quieren, no laburen, cobrarán cuando esto vaya a remate”, había expresado el empresario ante los trabajadores, según el registro que circuló públicamente.

Por su parte, el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas denunció incumplimientos salariales, falta de pago de vacaciones y de aportes a la obra social. Durante el conflicto, los empleados bloquearon los accesos al establecimiento ante denuncias sobre el retiro de equipos.

Agustín Báez, secretario general del gremio, había señalado que los problemas financieros se extendían desde hacía aproximadamente dos años. Según explicó, parte del personal había aceptado una reducción salarial del 20% para intentar preservar los puestos de trabajo.

La quiebra de Linor se produjo en un escenario de dificultades para la industria forestoindustrial, afectada por la caída de la demanda interna, el incremento de los costos energéticos y los problemas logísticos.

Enrique Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), advirtió que la situación del sector continuaba siendo compleja y que los aumentos de las tarifas eléctricas comprometían la continuidad de numerosos establecimientos.

En declaraciones a Social Club 977, el dirigente identificó tres factores que afectaban a las economías regionales: los elevados costos de energía, las dificultades logísticas y la presión impositiva.

Asimismo, planteó la necesidad de implementar medidas de alivio fiscal, como la suspensión temporal de la tasa forestal y la devolución de saldos de IVA, para evitar nuevos cierres de pequeñas y medianas empresas.

La quiebra de Linor profundizó las consecuencias de una crisis que ya había provocado el cierre de su planta y la pérdida de 130 puestos de trabajo.

En un mercado laboral afectado por la debilidad de la actividad económica, el fenómeno del cuentapropismo se encuentra en auge. Durante el último año, creció entre 25% y 30% la cantidad de trabajadores operativos en cuatro plataformas líderes de transporte y delivery, según datos que pudo recopilar Ámbito en compañías del sector.

Este avance se da en un contexto de deterioro de las condiciones laborales. El desempleo escaló a 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y la informalidad saltó al 45%, según datos del INDEC. Se trata del nivel más alto de desocupación en cinco años (2021), cuando la Argentina salía de la pandemia del Covid-19, mientras que la proporción de trabajadores informales se encuentra en máximos de la serie que arrancó en 2023.

La situación del mercado laboral refleja las dificultades de la economía. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en julio se registró una caída del 2,9% respecto del mes anterior y del 1,4% interanual. Sin embargo, el panorama no es uniforme: sectores como el petróleo, la minería y el agro, que impulsan buena parte de las exportaciones y fueron señalados como los “ganadores del modelo”, han dinamizado la producción en algunas provincias.

La otra cara de este panorama se observa en empresas que bajan sus persianas y cuyas fábricas concentraban gran cantidad de mano de obra, principalmente en los grandes centros urbanos industriales del país: el conurbano bonaerense, el Gran Córdoba y el Gran Rosario. De esa manera, se observa el impacto en el empleo, que tiene múltiples dimensiones más allá de las estadísticas oficiales.

Caída del empleo, ingresos bajos y aumento del costo de vida con un salario que corre de atrás a la inflación son síntomas de este escenario. Una de sus manifestaciones es el aumento del pluriempleo y la incorporación a las aplicaciones de numerosas personas que ven deteriorados sus ingresos. Quienes complementan su trabajo manejando en una app y quienes son desplazados de un trabajo en blanco y pasan a ser repartidores son casos comunes en la nueva configuración que adquiere la economía argentina.

Ámbito recopiló datos de cuatro de las principales empresas que dominan el mercado de las apps en Argentina.

Los datos aportados por las empresas reflejan el salto registrado en el último año: las cuatro plataformas tuvieron un aumento de entre el 25% y el 30% en la cantidad de trabajadores operativos. En una empresa señalan que cada dos minutos un conductor empieza a manejar en la app por primera vez. Otra informa que se incorporan 500 nuevos repartidores por día.

Cabe subrayar que estas empresas presentan un porcentaje más elevado de personas que trabajan pocas horas, con una dedicación orientada más a complementar ingresos que al trabajo a tiempo completo.

Otra señaló que el 70% de los repartidores independientes se conecta menos de 10 horas por semana. El tiempo promedio de conexión es de 12,8 horas semanales. Sólo el 10% se conecta con una dedicación casi completa: cerca de 32 horas por semana. 

Según las estadísticas, los jóvenes son más proclives a incorporarse a las apps de reparto, ya sea en bicicleta o moto, con pocas horas por semana a modo de complemento del salario. Por otro lado, los adultos de más de 40 años tienden en mayor medida a las aplicaciones de conductores de autos y a dedicarles una jornada completa de trabajo, lo que sugiere que las utilizan como ingreso principal.

Los ingresos mensuales también reflejan esa diferencia en la dedicación: un repartidor gana en promedio $188.788 por mes, con una carga horaria que suele ser reducida. En cambio, un conductor que maneja 60 horas semanales percibe en promedio $800.000 mensuales, según los datos aportados por la empresa.

Los números aportados por las cuatro empresas muestran algo más que una expansión del cuentapropismo: reflejan un mercado laboral que ofrece menos oportunidades y obliga a buscar alternativas para sostener los ingresos. Para algunos, las aplicaciones son un complemento de un salario que no alcanza; para otros, una fuente principal de trabajo. El auge de las apps aparece, así, como una respuesta a las dificultades para conseguir empleo o llegar a fin de mes.

El consumo masivo muestra una caída en las 24 provincias del país y ninguna recuperó los niveles que existían en 2023, según un estudio privado.

El trabajo de la Fundación Encuentro puntualizó que “es más profunda en el NEA y el NOA” y subrayó que “el salario registrado medido contra la inflación general no alcanza a explicar la baja”.

Adjudicó la situación al peso “del aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y la informalidad”.

“Las ventas en supermercados de enero a julio de 2026, a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y 7,0% por debajo de 2025 en el total del país”, detalló el informe.

En qué región de la Argentina se concentran las bajas 

A su vez, precisó: “Las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%), mientras que la región Pampeana (11,2%) y la Patagonia (10,9%) muestran las caídas más moderadas”.

Entre provincias, la distancia va de Formosa, que vende 39,3% menos que en 2023, a Neuquén, con una baja de 3,1%.

El informe señala que, medido con el IPC general, el salario privado registrado quedó prácticamente en el nivel de noviembre de 2023 en todas las regiones, con variaciones que van de una caída de 2,1% a una suba de 3,7%.

Frente a los precios regulados (tarifas, combustibles, transporte, salud prepaga y educación), en cambio, su poder de compra cayó entre 27,5% y 38,3%. El trabajo marca que “como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse”.

Como ejemplo utiliza el precio de la garrafa: “En el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no tiene conexión a la red de gas, la garrafa de 10 kg aumentó 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, frente a 276,0% del IPC regional.

Con este salto, un salario privado registrado promedio de la región pasó de comprar 91 garrafas a comprar 69.

Por otra parte, señaló que el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Solo crecieron Neuquén (7,1%) y Río Negro (2,8%), asociadas a Vaca Muerta.

Las mayores caídas porcentuales se registraron en Santa Cruz (16,4%), Tierra del Fuego (15,6%) y Catamarca (12,3%), mientras que Buenos Aires concentró la mayor pérdida en volumen, con 79 mil puestos.

Hacia adelante, el informe sostiene que la evolución del consumo dependerá más de la recomposición del ingreso disponible de los hogares que del crecimiento agregado de la actividad.

Agencia NA

En un contexto de debilidad del mercado laboral y con mayores dificultades para sostener los ingresos de los hogares, la desocupación pasó a ser el principal problema del país para los argentinos y desplazó a los aumentos de precios y tarifas, que hace unos meses ocupaban el primer lugar entre las preocupaciones.

Según una encuesta de Management & Fit, en septiembre, la desocupación concentró el 19,8% de las menciones frente al 17,6% de la medición de julio, mientras que los precios y las tarifas bajaron al 18,9%, desde el 22,4% anterior.

El cambio refleja un aumento de 2,2 puntos porcentuales en las menciones a la desocupación, al mismo tiempo que la preocupación por los aumentos de precios y tarifas retrocedió 3,5 puntos.

Por otra parte, la dificultad para llegar a fin de mes se mantuvo como la principal preocupación personal, con 22% de las menciones, aunque bajó dos puntos respecto de julio. En segundo lugar quedaron los bajos ingresos, con 17,2%, seguidos por la inseguridad al salir a la calle, con 14%, y problemas de endeudamiento personal o familiar, con 10,4%.

Dentro de ese mismo relevamiento, aumentaron las menciones vinculadas específicamente con el mercado laboral. La falta de trabajo o estar desocupado alcanzó el 9,4%, frente al 8,9% de julio, mientras que la inseguridad de perder el trabajo llegó al 4,5%, desde el 3,5% anterior. También subió la preocupación por la dificultad para alquilar o acceder a una vivienda, que pasó de 4,9% a 7,4%. Así, las dificultades económicas suman el 69,1% de las menciones.

El deterioro de la percepción económica aparece también cuando se consulta por la situación de los hogares. En septiembre, el 52,4% de las familias manifestó algún tipo de dificultad económica. El 31,2% señaló que sus ingresos no alcanzan y atraviesa algunas dificultades, mientras que otro 21,2% afirmó que enfrenta grandes dificultades. En contraste, el 11,8% dijo que sus ingresos alcanzan bien y que puede ahorrar.

La percepción sobre el país también muestra un escenario adverso. El 56,7% evaluó negativamente la situación económica y social, contra apenas 16,8% que la consideró positiva. La valoración negativa aumentó 1,9 puntos respecto de julio, mientras que la positiva prácticamente no tuvo cambios.

Ese clima se refleja además en las expectativas. La evaluación negativa sobre cómo estará el país dentro de un año aumentó 3,2 puntos en septiembre.

Al mismo tiempo, el 59,1% considera que la situación económica actual puede mejorar a futuro. Entre quienes consideran que la situación no mejorará, aumenta la proporción de mayores de 40 años. Los menores de 40 años mencionan proporcionalmente más que la situación puede mejorar en más de un año.

Los sentimientos frente a la situación del país completan ese cuadro. La preocupación y desconfianza fue la respuesta más mencionada, con 27,3%, seguida por la tristeza, con 24%. En conjunto, los sentimientos negativos alcanzaron el 65,1%, casi el doble que los positivos, que representaron 32,9%.

En paralelo, según una encuesta de Zentrix, el 81,8% de los argentinos considera que su salario no logra ganarle a la inflación, una percepción que incluso se profundizó levemente respecto del mes anterior, cuando alcanzaba al 81,2%.

Además, el 39,3% de los encuestados califica negativamente su situación económica individual, pero esa proporción asciende al 61,5% cuando se refiere al escenario nacional.

Los ingresos y salarios aparecen como la principal preocupación, mencionados por el 50,1% de los consultados, apenas por encima de la incertidumbre económica, con 49,8%. La inflación, en cambio, ocupa el último lugar entre los diez temas relevados, con el 12,7%.

“Que la inflación sea la última preocupación y que la gran mayoría sienta que el salario no alcanza no es una contradicción: sugiere que el índice y la experiencia miden cosas distintas. El Indec informa cuánto suben los precios cada mes; los hogares comparan su ingreso con el nivel de precios acumulado, y una desaceleración de la inflación no se vive, por sí sola, como una recomposición”, señala Zentrix.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei en el marco de la Argentina Week que terminó ayer en esta ciudad y atribuyó la persistencia del riesgo país, en torno a los 650 puntos básicos, a una combinación de shocks externos y factores electorales, al tiempo que reivindicó la confianza que el país genera hoy entre inversores de todo el mundo.

“Veníamos de un riesgo financiero de entre 2.500 y 3.000 puntos, depende del momento, y ahora estamos en niveles de 600. Es verdad que estuvo en 400, pero una parte de la suba se debe a lo que está pasando en el mundo”, señaló el ministro en declaraciones a Infobae y otros medios durante el evento celebrado en esta capital.

Caputo encuadró el comportamiento del índice dentro de una tendencia regional. Señaló que Chile revisó a la baja su proyección de crecimiento —de 2,5% a 0,5%— y Uruguay pasó de una estimación del 2,5% a apenas un 0,25%, como consecuencia del impacto del encarecimiento energético y el alza de tasas de interés en los mercados internacionales. “Para volver a ver los niveles de las tasas a 10 y 30 años que hay hoy, casi tenemos que remontarnos más de 20 años atrás”, afirmó. “Todos los países estamos viendo retracción en el nivel de crecimiento, producto del shock energético y también de las tasas”, dijo.

Consultado sobre la contracción registrada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, Caputo cuestionó la lectura del indicador desestacionalizado y remitió a la tendencia-ciclo como métrica más representativa en el contexto actual de mucha volatilidad.

“Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo. Ahora la tendencia-ciclo da 0,2% mensual, más baja que antes”, indicó. “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política. La gente ve al kirchnerismo y se retrae: nadie quiere volver a una inflación de 1% diario, cepo, desabastecimiento, importación de energía y suba de impuestos”. Proyectó que agosto y septiembre mostrarán mejor desempeño, con respaldo en la recaudación de septiembre, que calificó como “particularmente mejor”. “Crecemos, solo que a un ritmo más bajo, como pasa en otros países”, enfatizó.

Luis Caputo disfrutando en Paris junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín ((X: @LuisCaputoAR))

Anunció que en octubre comenzará la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales, lo que impulsaría el sector de la construcción, al que atribuyó un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. También mencionó el crédito hipotecario como otro factor de tracción y aseguró que la mora “ya está bajando y se empieza a ver el crédito otra vez, se vio en la venta de autos del mes pasado. El crédito es el motor del crecimiento en todos lados” .

Caputo describió las reuniones bilaterales de los dos días como maratónicas pero productivas. Indicó que en los encuentros con grandes inversores el punto más subrayado fue que Argentina “transmite confianza” y que la seguridad jurídica para inversiones de largo plazo es el factor determinante a la hora de comprometer capital. “Hoy tenemos anuncios de 10.000, de 6.000 millones de dólares. Antes, un anuncio de mil parecía una cosa enorme. Hoy casi parece normal”, graficó.

Subrayó además la presencia de gobernadores provinciales como un elemento de previsibilidad de cara a los inversores extranjeros. “Para los inversores es muy importante ver a los gobernadores que ratifican el rumbo. Yo a eso le doy una importancia enorme”, señaló.

Sobre la evolución del poder adquisitivo, Caputo indicó que el salario real se recuperó en cuatro de los últimos cinco meses y proyectó que agosto seguirá la misma tendencia. “En la medida en que mantengamos estas políticas, la desinflación se va a seguir dando y el salario real va a seguir recuperándose”, afirmó.

Respecto de la pobreza, el ministro se abstuvo de anticipar resultados, aunque recordó que el Gobierno contabiliza la salida de 12 millones de personas de esa condición desde el inicio de la gestión. “Los números de ahora tienen que ver con el impacto de la suba de tasas. Son números que siguen siendo altos, es un proceso. El camino es este, lo vimos acá. Estamos trabajando y asegurando inversiones para todos los mandatos que vengan, incluso más allá de 2031. Argentina no tuvo nunca esa visión de largo plazo, por eso el ‘plan platita’ y ese tipo de cosas”, dijo.

Finalmente, sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Caputo afirmó que la confianza que el organismo tiene hoy en Argentina es “inédito” y que la relación es “muy fluida a todo nivel”, desde la directora gerente, Kristalina Georgieva, hasta los equipos técnicos. “Nosotros hemos dado sobradas pruebas estos dos años y medio”, concluyó.