La producción de autos sufrió una nueva caída en junio y acumuló un derrumbe del 18,3% en el primer semestre de 2026, respecto del mismo período de 2025. La pobre performance responde, en parte, a la competencia de vehículos importados, pero también a la menor demanda del exterior y a un cambio estructural de las terminales.

Según los datos oficiales de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en el sexto mes del año se fabricaron 37.029 unidades, un 13,6% menos que en junio del año pasado. En cinco de los seis meses de este año se vieron contracciones interanuales, todas de dos dígitos.

De este modo, en la primera mitad de 2026 la producción totalizó unos 204.658 vehículos, cuando en 2025 la cifra había sido de 250.478. El declive principal vino por el lado de los automóviles (-37,2%), ya que el segmento de utilitarios arrojó una merma de solo 2,9%.

Vale remarcar que buena parte de lo fabricado en el país tiene como destino la exportación. En ese sentido, las ventas a otros países sufrieron una baja interanual del 1,7% en junio y del 2,1% en el primer semestre.

Resaltó particularmente el menor envío de autos a Brasil, que concentra cerca de dos tercios de las exportaciones, aunque también fue relevante la baja hacia Paraguay. Por el contrario, se destacaron variaciones positivas hacia Chile y Colombia.

Estos magros números se dan en un contexto de fuerte penetración de vehículos chinos en toda la región, que afectan la producción tanto para el mercado interno como para el externo. Sin embargo, también influye el hecho de que algunas terminales automotrices decidieron interrumpir su producción de vehículos livianos para pasar a especializarse en pick-ups; mientras esa nueva actividad no se hace efectiva, los números "rojos" crecen.

Las ventas a concesionarios también arrojaron variaciones interanuales negativas, del 26,3% para junio y del 23,7% para el semestre. Cabe subrayar el caso de los autos chinos, cuyas ventas se dispararon 1533,2% en los primeros seis meses.

Frutafiel, una empresa entrerriana de bebidas con más de 70 años de trayectoria, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de Paraná luego de que sus costos operativos y financieros superaran su nivel de facturación en los primeros meses de 2026. La firma, que tiene su planta industrial en General Ramírez, departamento Diamante, describió en su presentación judicial una acumulación de factores que la llevaron a la insolvencia entre marzo y abril de este año.

En el escrito que presentó en la Justicia, Frutafiel describió un diagnóstico sobre las causas de su situación. “El proceso inflacionario erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”, puntualizó la compañía. La empresa señaló que no pudo trasladar esos incrementos al precio final de sus productos sin perder competitividad, lo que comprimió los márgenes de rentabilidad. A eso se sumó la retracción del consumo de productos no esenciales, el segmento en el que se concentra su producción: aguas saborizadas, cerveza, una bebida elaborada con vino y gaseosa, y la línea Aqualoe, su agua con pulpa de aloe vera.

El encarecimiento de la energía y los combustibles fue otra de las razones a las que la empresa adjudicó su situación. Según la presentación judicial a la que accedió el medio entrerriano Uno, los insumos derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de producción. El acceso al crédito bancario, por su parte, “se volvió inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado”, y el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales.

Según consta en el documento oficial, la firma también intentó compensar la caída de ventas con promociones en supermercados y cadenas de distribución, pero los descuentos que debió ofrecer dejaron márgenes de utilidad casi nulos. La morosidad de clientes —en algunos casos con imposibilidad de cobro— agravó el cuadro financiero.

Para sostener la operación, el presidente de la sociedad y principal accionista de la empresa vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la compañía. Ese aporte permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia, Golden Saft, que comenzó a comercializarse a principios de 2025. El producto tuvo buena recepción inicial, pero dos problemas truncaron su impulso: el proveedor de cerveza a granel no cumplió con los volúmenes comprometidos y la competencia replicó rápidamente el concepto. La empresa también lanzó un vino con jugo. Ambas líneas representan actualmente el 30% de la facturación total.

Fundada en 1956, Frutafiel produce además fideos secos y dulces de membrillo y batata, y es uno de los principales empleadores de General Ramírez, localidad de poco más de 13.000 habitantes. La empresa registró un activo total de $4.016.951.403 —con un activo corriente de $1.313.082.606 y uno no corriente de $2.703.868.796— frente a un pasivo de $3.818.314.937, lo que deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, menos del 5% del activo total. El Banco Central registra a la firma con 387 cheques rechazados sin fondos por un total de $1.085.442.794.

La empresa sostuvo en su presentación que la cesación de pagos se produjo entre marzo y abril de 2026: a fines de marzo dejó de cumplir los planes de facilidades de pago con ARCA y el 21 de abril comenzaron los rechazos de cheques. Pese a ello, la firma afirmó que su actividad “es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo” y que “el concurso preventivo producirá el desahogo financiero” que le permita volcar recursos a la producción y honrar sus compromisos pendientes.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, dispuso la apertura del proceso el 10 de junio, a partir de una solicitud presentada el 22 de mayo. El magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la firma —lo que le impide vender o transferir activos sin autorización judicial— y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.

La recaudación tributaria de junio totalizó los $20 billones y con ello descendió un 8% de acuerdo con los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Retomó así el sendero decreciente luego de una pausa en mayo que cortó una racha de 9 bajas consecutivas. En ese mes había subido 1,7% debido al ingreso de Ganancias de las empresas.

“Los recursos tributarios de junio alcanzaron $ 20.017.104 millones, con una variación interanual de 23,7%. La recaudación está afectada negativamente por los menores ingresos vinculados al Comercio Exterior”, señaló ARCA.

El organismo indicó que eso obedeció principalmente a “menores derechos de exportación ya que en junio 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios de estos derechos, por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de los aranceles a los derechos de exportación estipulados por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación”.

“Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz (Decreto 877/2025), en relación a las vigentes en junio 2025. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo 2026 a 5,5% en junio 2026 (Decreto 423/2026). La desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en el año anterior”, explicó el organismo.

En ese sentido, recordó que “incidió negativamente el vencimiento especial dispuesto para la presentación y pago del saldo de declaración jurada de personas humanas por Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025 hacia julio 2026″.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 6.54 billones y tuvo una variación interanual de 28,2% nominal El IVA Impositivo aumentó 28,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 26,6%. Todo contra una inflación estimada en 33,4% para el año. Si bien la explicación oficial menciona que hubo un incremento de planes de pago y la utilización de saldos a favor, no se hace mención a la baja de la actividad económica en sectores como la industria y el comercio, que tienen un impacto determinante en los ingresos de ese tributo.

En el Impuesto a las Ganancias los ingresos sumaron solo $3,2 billones, lo que implica una mejora nominal respecto del año pasado de 11,3%. ARCA explicó que afectó negativamente la prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas hacia el mes de julio 2026. En el año anterior el vencimiento correspondiente al período fiscal 2024 había operado en junio. También influyó a la baja el mayor cómputo en junio 2026 de saldos a favor de los contribuyentes generados en el ejercicio 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos.

Por otro lado, el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios registró entradas por $1,4 billones, con una mejora del 33,2% , lo que indica un rendimiento casi igual a la inflación del período anual.

En tanto, la Seguridad Social aportó $5,58 billones con un incremento nominal del 29,6%. La merma se relaciona con la caída de los salarios nominales ante la inflación y la merma del empleo registrado. Ni el denominado RIFL para permitir la contratación de personal con cargas reducidas; ni el PER, para regularizar personal, vigentes en el mes, tuvieron efecto.

Por otro lado, los derechos de exportación se desplomaron en términos nominales el 27% con ingresos por $881.128 millones, mientras que los aranceles de importación subieron nominalmente 13,8% hasta los $545.789 millones. En el primero de los casos la baja tiene que ver con la reducción de las alícuotas al campo. En el segundo caso, se vincula a la caída de las compras del exterior en un marco en el que la industria está en contracción.

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en junio de 2026 se habría registrado una caída real interanual del 7,4% de la recaudación tributaria nacional total.

Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9% en junio, del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 45,9% real interanual, habiendo incidido de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario. Le habría seguido impuestos internos con -19,7% y Ganancias con -16,7%, donde incidió de manera negativa la prórroga de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas físicas hacia julio de 2026. En el año anterior este vencimiento había operado en junio.

Los tributos que habrían tenido un incremento de recaudación serían el impuesto a los combustibles con una suba del 27,6% y Bienes Personales con 9,5%.

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 4,0% en términos reales respecto a junio de 2025.

El segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 2,9% real interanual. Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal.

Fuente: Ámbito

La morosidad en créditos continuó en ascenso durante mayo y alcanzó al 12,7% de las familias argentinas, consolidando un proceso que ya suma 19 meses consecutivos de incrementos. De acuerdo con un informe de la consultora 1816, elaborado sobre la base de datos del Banco Central (BCRA), el deterioro dejó a casi 7 millones de personas fuera del sistema formal de financiamiento.

El relevamiento indicó que el fenómeno no registra antecedentes desde el fin de la Convertibilidad. En menos de dos años, la tasa de irregularidad en el pago de préstamos pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en mayo de 2026, multiplicándose por más de cinco y reflejando el deterioro en la capacidad de pago de los hogares.

El estudio también advirtió que el 27% de quienes accedieron a un préstamo dejaron de ser considerados sujetos de crédito debido a su situación de mora, lo que restringe aún más las posibilidades de acceder a nuevos financiamientos.

El análisis mostró que la problemática golpea con mayor fuerza a los sectores más jóvenes. Entre las personas de 18 a 25 años, la irregularidad en el pago de créditos llegó al 42,8%, mientras que en el grupo de 26 a 35 años alcanzó el 39,3%. En tanto, entre quienes tienen entre 36 y 45 años, el indicador se ubicó en el 31%.

En términos generales, el informe señaló que cuatro de cada diez menores de 35 años con préstamos activos presentan algún grado de incumplimiento, una situación que evidencia el impacto del contexto económico sobre la población de menor edad y mayores dificultades para sostener sus obligaciones financieras.

A la vez, el reporte marcó diferencias entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras la banca pública mantuvo el volumen de préstamos para amortiguar la caída del crédito, las entidades privadas redujeron de manera significativa la oferta durante los primeros meses de 2026.

El panorama resultó aún más complejo en las entidades no financieras, que representan el 17% del mercado de créditos familiares. Allí, la morosidad escaló hasta el 32,2%, muy por encima del 10% registrado apenas un año y medio atrás, publicó NA.

Pese al fuerte crecimiento del incumplimiento, los analistas de 1816 señalaron que el reducido peso del crédito dentro de la economía argentina limita el impacto macroeconómico. Según explicaron, esa situación permitiría que el Producto Bruto Interno continúe creciendo durante los próximos doce meses.

De cara a los próximos meses, el mercado seguirá de cerca la evolución de junio y julio para determinar si el cobro del aguinaldo ayuda a las familias a cancelar parte de sus deudas y frenar una tendencia de alza que ya lleva casi dos años. Mientras tanto, el Gobierno mantiene el foco en la estabilidad cambiaria y en reducir la volatilidad de las tasas de interés.

Luego de conocerse esta semana que la empresa Pyam, ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, despidió a 11 empleados, en las últimas horas de este martes se supo que la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos dispuso una medida de conciliación obligatoria para que los trabajadores despedidos se reincorporen temporalmente a sus puestos. 

Así lo confirmó a Ahora ElDía Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos, e indicó: “Hicimos la presentación en la Secretaría de Trabajo, pidiendo la conciliación obligatoria y esta tarde nos notificaron al respecto. Por lo que mañana miércoles, los empleados que están despedidos se presentaran a trabajar. Vamos a estar acompañándolos a las 6 de la mañana. Tenemos que ver si la empresa acata la conciliación y los deja entrar. La conciliación retrotrae todos los despidos al día lunes y los muchachos tienen que entrar a trabajar y la empresa darles tareas como si estuvieran trabajando normal. Y nosotros tenemos que dejar de tomar medidas de acción directa”.Gómez también adelantó: “Después de esto, tendremos que ir a la audiencia de conciliación con la empresa que pusieron para el 15 de julio en la Secretaría de Trabajo, en Paraná. Iremos y veremos qué es lo que pretende la empresa, si seguir con la misma postura de continuar con los despidos o si podemos llegar a a saber qué está pasando realmente”.Noticia en desarrollo…

Durante un encuentro en la sede de la CGT, se conformó una mesa sectorial para analizar la situación de la industria avícola y de sus trabajadores, tomando como caso la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. 

Se reunieron trabajadores del sector, representantes políticos, sindicales -estuve presente la cúpula de la CGT- y de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), con el objetivo de visibilizar la problemática y avanzar en propuestas que permitan preservar la actividad y las fuentes de empleo.

En ese marco, el diputado nacional, Guillermo Michel, advirtió sobre el impacto de la apertura de las importaciones. "Estamos viendo una avalancha de importaciones que hoy afecta al sector avícola. En dos o tres años no va a quedar ninguna industria argentina en pie". 

Además, recalcó la falta de una respuesta por parte del Ejecutivo provincial: "Acá no alcanza con que la provincia le dé un bolsón de comida a los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, lo que se necesita es reconstituir el capital laboral para que la empresa funcione y genere nuevos puestos".

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, sostuvo: "La situación genera preocupación porque es una actividad que impacta en el 50 % de la producción avícola en la provincia de Entre Ríos; 900 trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos son parte de 8.000 trabajadores desocupados a lo largo y lo ancho de la Argentina". 

Asimismo, cuestionó "una ausencia total del Estado el cual no propone programas que puedan sostener un nivel de dignidad para los trabajadores" y remarcó que "no es una crisis generalizada del sector avícola, sino que es una parte del mismo, por lo cual debería haber herramientas para garantizar un horizonte positivo".

En la misma línea, el exministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, explicó que el objetivo del encuentro fue "tratar la problemática del frigorífico Tres Arroyos, que en estas últimas semanas frenó su producción dejando a 900 trabajadores y a un montón de familias sin un ingreso, generando un drama social importante en la ciudad de Concepción del Uruguay". En ese sentido, afirmó que la mesa busca "visibilizar el tema, hacer un seguimiento y tratar de aportar alguna solución".

Además, la diputada nacional por Entre Ríos, Marianela Marclay, convocó a ampliar el diálogo institucional para encontrar una solución a la problemática. "En necesario que se den conversaciones entre los gobernadores Frigerio (Entre Ríos) y Kicillof (Buenos Aires), para que las 8.000 familias que no tienen para comer, para vivir, ni para pagar sus alquileres puedan seguir adelante”.

Finalmente, para enfrentar la crisis de Granja Tres Arroyos, el diputado Michel planteó tres líneas de acción concretas: “Visibilizar la situación en la Cámara de Diputados para construir consensos y poner el tema en la agenda nacional; impulsar una mesa de diálogo en Entre Ríos con el gobierno provincial y el sector financiero para encontrar una salida que preserve los más de 2.000 puestos de trabajo; y promover una reunión con la CEPA para coordinar una respuesta conjunta junto a todo el sector”.

Trabajadores despedidos de Unión Bat, empresa de baterías que cerró en Gualeguaychú el fin de semana, se manifestaron nuevamente este martes frente a la firma. Un centenar de empleados aguardan novedades sobre el futuro de la compañía, sin haber cobrado la última quincena ni el medio aguinaldo de junio. El jueves a las 12 una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, en Paraná, podría traer novedades. Mientras tanto, reina la incertidumbre.

“Estamos esperando para ver qué ocurre el jueves, si la empresa se presentará o no en la audiencia. Acá no ha aparecido nadie. La única información que manejamos es la que nos da el sindicato, que es muy poca. Ayer nos llegaron los telegramas”, indicó Mauricio Álvarez, uno de los despedidos.

“En la familia tratamos de llevar tranquilidad, pero no saber nada nos preocupa cada vez más”, apuntó por su lado Walter Delfino, delegado sindical. Y agregó: “Por ahora nos queda seguir esperando y ver qué sucede el jueves. La esperanza la tenemos, ojalá esto se revierta”.

Las prioridades económicas dividen con fuerza a los votantes oficialistas y opositores en la Argentina. Mientras quienes apoyan a La Libertad Avanza identifican el peso de las deudas como su principal preocupación, los opositores se enfocan en la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo.

Así se desprende de la última encuesta de la consultora Zentrix. Las respuestas ante la inflación, la llegada a fin de mes y la posibilidad de ahorrar reflejan dos agendas distintas que conviven bajo una presión económica generalizada, aunque con matices notables según la afinidad política.

Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal preocupación es el peso de las deudas personales. El 53,2% de quienes apoyaron al oficialismo en 2025 señala las deudas como su mayor inquietud, ubicando este problema por encima de otros temas económicos y sociales. En menor medida, mencionan la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%).

El foco en el endeudamiento destaca una dinámica particular dentro del electorado oficialista, que asocia su malestar económico más a la acumulación de compromisos financieros que a la evolución de los ingresos o la estabilidad laboral. En un contexto de mora en récord, esta preocupación por las deudas se traslada a la percepción sobre el poder adquisitivo y la capacidad de cubrir necesidades básicas a lo largo del mes.

Cuando se consulta sobre la relación entre salario e inflación, el 25,8% de los votantes oficialistas considera que su ingreso le gana a la suba de precios, mientras que el 66,2% opina que no lo logra. Aunque este porcentaje es mucho mayor al registrado entre los opositores, la mayoría del sector oficialista reconoce el rezago de los salarios frente a la inflación. Un 8,1% no sabe o prefiere no contestar a esta pregunta.

La evaluación sobre hasta qué fecha del mes alcanzan los ingresos muestra que el 52,5% de los oficialistas llega, como máximo, al día 20. Un 18,5% asegura que puede ahorrar, cifra que representa el triple de la proporción que lo logra entre los opositores.

En el caso de los votantes opositores, la preocupación central se desplaza hacia la incertidumbre económica. El 59,4% de este grupo menciona esa inquietud como la más relevante, seguida por los ingresos y el salario (52,6%). La corrupción también aparece entre las principales preocupaciones, con 51,6%, lo que la convierte en un punto de coincidencia con el oficialismo, aunque con un peso relativo distinto.

La atención puesta en la incertidumbre y en los ingresos refleja una percepción de vulnerabilidad ante posibles cambios en la economía y una mayor preocupación por la pérdida de capacidad de compra. La sensación de que los salarios no acompañan el aumento de precios se ve confirmada en la consulta sobre el poder adquisitivo: solo el 0,9% de los votantes opositores cree que su salario supera a la inflación, mientras que el 98,7% sostiene que no es así.

La dificultad para llegar a fin de mes es más marcada en este segmento. El 73% afirma que sus ingresos solo alcanzan hasta el día 20. La posibilidad de ahorrar es casi inexistente: apenas el 3,9% declara que logra guardar dinero una vez cubiertos los gastos básicos.

Estas diferencias no solo reflejan realidades materiales distintas, sino también percepciones y expectativas divergentes sobre el presente y el futuro económico. Mientras en el oficialismo predomina la preocupación por el endeudamiento, acompañada de cierta confianza en la recuperación del poder de compra, en la oposición se impone la visión de un deterioro constante de los ingresos y un clima de incertidumbre persistente. Ambos grupos comparten el malestar ante la corrupción, aunque la ubican en lugares diferentes de su agenda diaria.

El relevamiento de Zentrix que permitió identificar estas divisiones se basó en una encuesta autoadministrada en línea con 1.315 casos en todo el país. Participaron personas mayores de 16 años con acceso a internet, residentes en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

La segmentación política se determinó según el voto en las elecciones legislativas de 2025. El diseño muestral fue no probabilístico, con cuotas por sexo, edad y región, calibrado según la estructura del padrón nacional. Los resultados, según la ficha técnica, tienen validez a nivel nacional y no deben extrapolarse a provincias o localidades específicas.

El Grupo Techint confirmó el despido de 150 operarios en su planta ubicada en Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús. Las desvinculaciones se harán efectivas este miércoles, mientras los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) permanecen en estado de alerta y asamblea permanente.

Los representantes gremiales ya solicitaron las reincorporaciones correspondientes y no descartan avanzar con medidas de fuerza si la empresa informa nuevas desvinculaciones o reformas en las condiciones de trabajo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Dylan Paz, trabajador y delegado de la UOM, ratificó que “los despidos se harán efectivos el 1ro. de julio”, pese a que la situación había sido comunicada el jueves anterior.

“De 340 que somos, 150 dejarían de estar trabajando a partir del miércoles. Ya planteamos las reincorporaciones y estamos en estado de asamblea permanente, esperando respuestas”, informó Paz.

Según indicaron los trabajadores, además de una fuerte caída en la producción, la planta sufrió el impacto de la pérdida de una licitación clave. La empresa habría quedado fuera del contrato para proveer tubos de acero destinados a la obra del Gasoducto Néstor Kirchner.

La falta de participación en ese proyecto estratégico vinculado a Vaca Muerta afectó los niveles de producción previstos para esta altura del año y profundizó la incertidumbre laboral dentro del establecimiento.

Los delegados gremiales y los trabajadores afectados anunciaron una movilización y protestas frente a la sede sindical, con el objetivo de reclamar que se apliquen esquemas de suspensión en lugar de cesantías.

Desde el gremio también advirtieron que el plan de la multinacional incluiría reducción de horas extras, recortes en premios por productividad y modificaciones significativas en los ritmos de producción.

En ese marco, la UOM permanece en estado de alerta y a la espera de una respuesta por parte de la empresa, mientras crece la preocupación por el futuro laboral de los operarios alcanzados por la medida.

La audiencia de conciliación convocada en el marco de la normativa laboral vigente, tiene por objetivo acercar las partes, garantizar los derechos de los trabajadores y explorar alternativas que minimicen el impacto del cierre.

Además, este lunes funcionarios de la delegación regional realizaron una inspección de constatación en el establecimiento a fin de verificar la situación de los trabajadores afectados.

"El gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, está siguiendo de cerca la situación", indicaron desde la secretaría.

Las ventas de autos volvieron a mostrar en mayo una fuerte caída interanual profundizando la crisis del sector, pero con un comportamiento desigual entre marcas. Mientras las terminales de mayor volumen, como Toyota, Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot y Chevrolet, registraron bajas frente al mismo mes del año pasado, varias automotrices asociadas a segmentos de lujo tuvieron incrementos significativos.

Según el último informe de patentamientos de ACARA (la cámara de concesionarios), en mayo de 2026 se vendieron 39.210 unidades de vehículos livianos, contra 53.105 en mayo de 2025, lo que implica un desplome interanual del 26,2%. En el acumulado del año, en tanto, el mercado llegó a 232.815 unidades, también por debajo de las 259.307 del mismo período de 2025, con una fuerte caída del 10,2%.

Por un lado, las marcas de mayor presencia en el mercado bajaron en cantidad de patentamientos durante mayo. Toyota encabezó las ventas del mes con 5.760 unidades, pero cayó 38,8% interanual. Volkswagen vendió 4.954 unidades y bajó 43,2% respecto al mismo mes de 2025. Fiat, con 4.607 patentamientos, retrocedió 38,3% en el período, mientras que Renault cayó 53,9% con 2.508 unidades, Peugeot bajó 41,3% con 2.506 y Chevrolet redujo sus ventas 16,3%, con 3.438 unidades. Ford mostró una caída menor, de 9,2%, con 4.030 unidades vendidas.

En sentido contrario, varias marcas premium o de menor volumen crecieron con fuerza durante mayo. Según el mismo informe de ACARA, BMW patentó 344 unidades, un 80,1% más que un año atrás. Mercedes-Benz llegó a 860 unidades, con una suba interanual de 72,3%. Audi vendió 378 unidades, un avance de 72,6%, y Porsche pasó de 5 a 30 unidades, con un salto de 500%. En el acumulado anual, BMW crece 87,3%, Mercedes-Benz 59,5%, Audi 21,3% y Porsche 271,4%.

El desempeño se da en un contexto particular para el mercado automotor. En marzo se informó la eliminación del impuesto interno conocido como “impuesto al lujo” para autos de alta gama, dentro del capítulo impositivo aprobado junto con la reforma laboral, con bajas de precios en algunos modelos importados y premium. Además, el proyecto oficial apuntaba a eliminar impuestos internos sobre automotores, motos, embarcaciones, productos electrónicos y otros bienes considerados suntuarios.

La mejora relativa de las marcas premium contrasta con el deterioro del poder adquisitivo de los asalariados. En marzo, el índice de salarios del INDEC mostró una suba mensual de 2,1% para el sector privado registrado, por debajo de la inflación de ese mes, mientras que en la comparación interanual los salarios registrados también quedaron por debajo del IPC.

De este modo, los salarios reales del sector privado formal bajaron sostenidamente desde septiembre de 2025 hasta marzo pasado, para recuperarse recién en abril pasado, aunque sin recuperar todavía la caída acumulada.

Tras conocerse el despido de 100 trabajadores de la empresa Unionbat S.A., durante el fin de semana se mantuvo un acampe frente a la fábrica y en la mañana de este lunes se recrudeció el reclamo con quema de cubiertas.

“Desde el viernes los trabajadores están acampando, esperamos que intervenga la secretaría de Trabajo y tome cartas en el asunto, pero por el momento no tenemos noticias de nadie”, explicó el delegado gremial que Químicos y Petroquímicos Martín Gómez, al respecto de la medida que tomaron los trabajadores tras ser despedidos vía WhatsApp.

“Esto es un combo explosivo que no va a quedar nada”, sintetizó al describir que la empresa vende menos que antes y además deja de producir porque es más rentable importar las baterías del exterior.

“En Concepción del Uruguay tenés 950 despidos en Tres Arroyos, en Larroque tenemos un conflicto hace dos años con Fademi, otra fábrica de baterías, que hay 40 familias ahí afuera esperando que cumplan la ley y dejen entrar a los trabajadores, esto no es algo nuevo, los empresarios están aprovechando la reforma laboral y que el Ministerio de Trabajo no funciona, entonces la gente queda a la deriva”, contextualizó Gómez.

“La parte política de Gualeguaychú está callada, no se mete en el Parque Industrial, tienen que hablar, son fuentes de trabajo y familias que hay acá, que los votaron a ellos”, cuestionó el delegado sindical.

“Tenemos una dirigencia sindical muy tibia, nosotros la estamos peleando como podemos”, reflexionó al pedir un cambio en el rumbo de la política industrial.

Operarios de Granja Tres Arroyos se anotan por estos momentos en un registro creado por la Provincia para poder recibir un subsidio especialmente dispuesto para ellos, en el marco de la emergencia derivada por el cierre intempestivo de la firma en Concepción del Uruguay.

A la espera de novedades tras un comunicado que dio cuenta de una posible reapertura escalonada de la planta -aunque sujeta a encontrar recursos para operar- los casi mil trabajadores de la compañía siguen en la incertidumbre y desconocen si seguirán o no siendo parte de la estructura.

Mientras tanto, y luego de conversaciones mantenidas entre los sindicatos y autoridades provinciales, se dispuso el abono de un subsidio especial de 200 mil pesos por dos meses. Junto a ello, una reducción de la boleta de luz, a través de un convenio de Enersa, que puede llegar a ser de hasta dos bimestres para familias con ingresos menores a tres canastas básicas.

Después de 60 años en el mercado local, una de las fábricas más emblemáticas de la industria automotriz anunció el cese definitivo de sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. La decisión se dio en el marco de un proceso de reestructuración global y una fuerte caída en las ventas internas que sentenció el fin de una era para el sector productivo.

La empresa Cabot, referente indiscutido en la producción de negro de humo (insumo clave para la fabricación de neumáticos), decidió bajar las persianas tras evaluar la rentabilidad de sus operaciones en la Argentina. La planta de la localidad de Campana, que supo ser un polo de innovación y empleo durante décadas, puso fin a su actividad de forma repentina.

El cierre no solo representa una pérdida de capacidad industrial para el país, sino un golpe directo a la zona donde operaba, con un impacto que va desde los proveedores de autopartes hasta los concesionarios oficiales.

La decisión se da en un escenario de fuerte retracción. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad manufacturera presentó caídas interanuales de dos dígitos en los últimos meses, con el sector de sustancias y productos químicos entre los más afectados.

El próximo 30 de junio se cumplirá un año desde que el Gobierno desactivó todos los programas que había de créditos al consumo con tarjeta de crédito. El denominado Ahora 12 fue reemplazado por Cuota Simple, y luego lo canceló bajo el argumento de que implicaban subsidios estatales. Ahora, los créditos al consumo en 12 o 18 cuotas podrían volver este añosi prosperan las gestiones que mantienen los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) con funcionarios del Ministerio de Economía.

La idea de los empresarios es que tanto bancos públicos como privados puedan disponer en breve de líneas de financiamiento a 12 o 18 meses, en lo que podría ser una reedición del Cuota Simple. Según fuentes cercanas, se estaría trabajando en un esquema de reducción de encajes, una alternativa que era solicitada en el mercado para facilitar el crédito a las personas.

Vale recordar que con la política de inmovilización de fondos que lleva a cabo el BCRA con los bancos, más la colocación de letras que lleva a cabo el Tesoro, se busca mantener la mínima liquidez en el sistema. Algunos economistas sugieren que el Gobierno deje a los bancos volcar parte de la liquidez en financiamiento al consumo, para mejorar la situación de las empresas.

En el Gobierno confían en que a partir del segundo semestre se recuperará fuerte la economía, a partir de una caída de la inflación. Pero la lectura que tienen desde la UIA es diferente: entienden que el importante desarrollo que están experimentando los sectores ligados a la minería y la energía no se transmite con rapidez al resto de las actividades.

Es por eso que le pidieron al ministro de Economía, Luis Caputo, avanzar con algún tipo de programa que estimule el crédito. Se está pensando en materiales para la construcción, textiles y zapatos. Las intenciones de los industriales es que ese financiamiento al consumo sirva para evitar que siga cayendo la actividad manufacturera. Sería una especie de balsa para seguir flotando mientras se completa la transición a un nuevo modelo.

"Estamos en negociaciones para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que está caído", afirmó Martín Rappallini en una entrevista por el canal de noticias TN.

¿Vuelve el Ahora 12?

Sería bastante complicado que la administración libertaria pudiera reeditar un programa de estímulo al consumo que fue caballo de batalla del último gobierno kirchnerista, que también fue usado durante el período de Mauricio Macri.

Los planes "Ahora" llegaron a tener 6, 12 y hasta 18 cuotas y eran estructuras complejas que daban como resultado cuotas fijas con tarjetas de crédito. Para ello los bancos tenían que resignar una parte de su rentabilidad y el Estado aportaba otra parte mediante subsidios de tasa.

Entre toda la normativa que el ministro de Desregulación,Federico Sturzenegger, derogó recientemente, se encontraba la vinculada a estos programas, que establecía los reglamentos que debían cumplir los comercios participantes.

El programa Ahora 12 siguió vigente los primeros meses del gobierno de Javier Milei y luego se reemplazó por otro esquema llamado Cuota Simple que tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2025. En ese caso, el subsidio consistió en una reducción de encajes a los bancos, que es lo que se analiza ahora.

Lo que hay en vigencia ahora es un programa estrictamente privado elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la plataforma de procesamiento de pagos para comercios Payway. Se llama "Cuota MiPyME", al que los negocios pueden adherir y vender en 3 o 6 pagos.

El programa permite comprar casi todo el universo de productos y servicios que tenía Ahora 12.

El consumo continúa sin mostrar señales firmes de recuperación. De acuerdo con datos del INDEC, en el segmento de los supermercados, las ventas registraron una caída del 3,7% en abril respecto de igual período del año pasado (y rebotó un tibio 0,8% mensual), lo que representa la segunda peor performance del año, únicamente superada por el desplome del 5,1% que se había verificado en marzo. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las grandes cadenas minoristas arrastran una contracción del 3,3% frente al mismo período de 2025.

Por otro lado, el canal mayorista experimentó un retroceso del 5% en términos interanuales. De este modo, el acumulado enero-abril quedó con una variación negativa del 3,2% respecto de la misma etapa de 2025. Las ventas en los shoppings se desplomaron un 5,9%, con lo cual el acumulado del primer cuatrimestre cerró con un deterioro del 5,7%.

Para recuperar los planes de consumo con tarjetas de crédito, los bancos emisores primero deberían resolver el problema de su cartera en mora. Según dijo hace un par de semanas el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, los bancos nacionales se encuentran en este momento regularizando con sus clientes las deudas. Fuentes de la entidad habían estimado que en negociaciones particulares con sus clientes las entidades pudieron regularizar un 40% de sus clientes en mora, publicó Ámbito.

El desempleo pasó del 7,9% al 7,8% en el primer trimestre de 2026 frente a 2025, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto implica que 1,1 millones de argentinos se encuentran sin un empleo en los 31 aglomerados urbanos, lo que implica unos 9.000 desocupados más, ya que la población creció en ese período. Mientras que frente al trimestre pasado, y tomando en cuenta la estacionalidad, hubo una pérdida de 52.000 puestos de trabajo.

Los datos del mercado laboral muestran que la tasa de informalidad tocó su nivel más alto desde el inicio de la serie en el cuarto trimestre de 2023 y se ubicó en 44,2%, lo que implicó que casi 6 millones de argentinos trabajan sin derechos en los 31 aglomerados urbanos. Apenas más de 7,5 millones lo hace bajo las condiciones previstas bajo la ley, de los cuales 6 millones tiene descuento jubilatorio. El resto son cuentapropistas y patrones.

Al desagregar por región, se observa que la de desocupación fue del 8,7% en Gran Buenos Aires (-0,4 puntos porcentuales-p.p.); 8,2% en Pampeana (+0,8 p.p.); 7,2% en Noreste (+1,1 p.p.); 5,5% en Cuyo (-0,2 p.p.); 5% en Patagonia (+0,1 p.p.) y 4,9% en Noroeste (-0,2 p.p.).

Según reprodujo Ámbito, hacia dentro del Gran Buenos Aires, se destacó que la Ciudad de Buenos Aires tuvo un desempleo de 4,8% (-2,2 puntos porcentuales), mientras que en los partidos del conurbano se mantuvo en 9,7%.

En este sentido, la Encuesta Permanente de Hogares arrojó los siguientes resultados: de un total de 30.1 millones de personas activas en todo el país (63,4%), el 51,4% (15,5 millones) forman parte de la población inactiva, es decir, que no tienen trabajo o no lo buscan de forma activa, mientras que el 48,6% (14,6 millones) conforman la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual quiere decir que tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar.

A su vez, según informó Noticias Argentinas, la tasa de empleo conformó el 44,8%, equivalentes a 13,5 millones de personas que tienen al menos una ocupación, trabajando al menos una hora.

En cuanto a la tasa de desocupación, son 1,1 millones de personas las que están desocupadas, representando el 7,8%. Estas no tienen ocupación, pero sí buscan trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar.

Por otro lado, de los 13,5 millones de ocupados, el 71,8% son asalariados, es decir, 9,7 millones de personas; de los cuales, el 62,1% tiene descuento jubilatorio y el 37,9% no cuenta con el mismo.

Ahora, en relación con los no asalariados, el 28,2% (3,8 millones), el 85,5% trabaja por cuenta propia, el 13% tiene patrón y el 1,1% es trabajador familiar sin remuneración.

Otro punto que destaca el informe del Indec es el de la informalidad laboral. En él, solo el 55,7% está en la formalidad y el 44,2% en la informalidad.

El consumo privado registró en mayo una caída interanual de 2,2% y un retroceso del 0,3% respecto al mes anterior, según un informe privado.

Con este resultado, el indicador suma seis meses consecutivos de bajas en la comparación interanual.

Durante los primeros cinco meses, la contracción acumulada en el nivel de consumo es del 1,8% cuando se lo compara con el mismo período de 2025.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP).

Este indicador de alta frecuencia busca "anticipar los datos oficiales del consumo privado de la Argentina" a través de un modelo de regresión lineal múltiple que utiliza diversos indicadores económicos mensuales.

En cuanto a los indicadores generales de la economía, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), medida en términos reales, mostró una baja del 3% interanual en mayo.

La industria de la indumentaria registró en los últimos meses un período de fuerte deterioro en casi todos sus indicadores y, según el propio sector, atraviesa una crítica situación y es el más afectado.

Por su parte, los préstamos vinculados al consumo desaceleraron su crecimiento y, en el caso de las compras con tarjeta de crédito, "registraron por primera vez una caída en términos reales", con una baja del 3,5% interanual.

El rubro de bienes durables presentó comportamientos divergentes. El patentamiento de automóviles anotó en mayo su cuarta caída en el año, con un descenso del 26,2% interanual.

En sentido opuesto, el patentamiento de motos continuó con su tendencia positiva al crecer un 26,0% en el quinto mes del año.

Por otro lado, el despacho de cemento en bolsa, vinculado a pequeñas obras, bajó un 8,3% interanual.

La actividad metalúrgica cayó 5,1% interanual en mayo y 1,4% respecto a abril. En lo que va de 2026, acumula un retroceso del 6%. El sector atraviesa una fase de contracción prolongada y los industriales no proyectan una recuperación, al menos en el corto plazo.

Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,8%, uno de los niveles más bajos de toda la serie histórica, lo que representa una caída de 6,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

Por sectores, el panorama continúa siendo contractivo. La mayoría de los rubros del entramado metalúrgico mantuvo su tendencia negativa, con bajas interanuales en Fundición (-8,9%), Maquinaria Agrícola (-8,6%), Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%).

En particular, Maquinaria Agrícola registró su primera variación negativa del año. Por el contrario, Carrocerías y Remolques fue el único sector que creció (1,9%).

En el análisis por cadena de valor, se destacó, por primera vez en 2026, el retroceso de las empresas vinculadas al sector agrícola (-9,5%). Asimismo, continuaron exhibiendo contracciones las cadenas de Minería (-5,6%), Consumo Final (-5,5%), Automotriz (-4,6%), Alimentos y Bebidas (-4,0%), Petróleo y Gas (-3,5%), Energía Eléctrica (-1,9%) y Construcción (-1,1%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas. En este contexto, resulta fundamental continuar promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco son alentadoras: 7 de cada 10 empresas no esperan cambios en su producción durante los siguientes tres meses.

El deterioro de la actividad alcanzó a las principales provincias metalúrgicas, aunque con magnitudes dispares. Buenos Aires mostró el desempeño más débil (-5,9%), debido a la menor producción de bienes de capital, fundición y otros productos de metal. A su vez, anotó una marcada disminución en el uso de la capacidad instalada.

En Santa Fe (-5,1%), el resultado estuvo condicionado principalmente por la evolución de la maquinaria agrícola, un rubro que hasta hace pocos meses había contribuido a sostener la actividad. Córdoba (-4,1%) también profundizó su retroceso interanual, en un contexto de menor dinamismo en autopartes y maquinaria agrícola.

Por su parte, Entre Ríos (-3,8%) mantuvo una trayectoria negativa, asociada fundamentalmente al comportamiento de los bienes de capital. Mendoza (-2,4%), en tanto, presentó la menor caída entre las jurisdicciones relevadas, aunque igualmente impactada por ese segmento.

Como resultado, el empleo en las empresas metalúrgicas registró una baja del 2,2% interanual y del 0,2% respecto de abril.

Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM Rosario) y dueño de Establecimiento Metalúrgico Catalano, contó que en la ciudad de Rosario llevan 34 meses de caída ininterrumpida de la actividad metalúrgica. Aseguró que se generó una especie de tormenta perfecta: aumento de costos, apertura de importaciones, caída del consumo y falta de crédito.

“Se produjo una acumulación de factores que derivó en este escenario, agravado por una realidad preocupante: desde hace más de un año, entre el 60% y el 70% de las industrias no obtienen ganancias. Esto genera una fuerte pérdida de expectativas hacia adelante. La rentabilidad es necesaria para reinvertir, sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo. Sin embargo, hoy no existe un horizonte claro para el sector”, sostuvo.

Sergio De Luca, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER) y titular de la empresa FAMET, dijo: “Seguimos con un gran problema, que son las altas tasas de interés. Así como nosotros resistimos los cambios, el sistema financiero también ha tenido una actitud vergonzosa respecto de la producción”.

“A nosotros no nos quieren prestar. Tienen terror de otorgar créditos a las pymes porque nos consideran de alto riesgo. Vemos una gran diferencia con los fabricantes de maquinaria agrícola, que sí cuentan con financiamiento. Eso es algo que necesitamos que cambie en el corto plazo. Pero hace ya dos años que estamos esperando esas mejoras y, la verdad, no llegan”, añadió.

Marcelo Mirón, presidente de la Comisión Buenos Aires de ADIMRA y titular de la empresa Mirón, expresó preocupación porque “más del 60% de las máquinas están, en promedio, ociosas”.

En ese sentido, subrayó que, si bien suele hablarse de reconversión, no todos los sectores tienen las mismas posibilidades. Algunos pueden orientarse más hacia los servicios, las reparaciones u otras actividades que ayuden a paliar la situación, pero “a veces implica cerrar y dedicarse a otra cosa”. Por eso, consideró que es necesario discutir qué país se quiere construir y cuál será el lugar de la industria dentro de ese proyecto.

Trabajadores de Granja Tres Arroyos llevaron adelante este lunes una olla popular frente a la planta en Concepción del Uruguay, en el marco de las medidas de protesta que vienen impulsando ante la incertidumbre por la situación laboral que atraviesa el sector.

La jornada comenzó con una asamblea en la que los empleados analizaron el estado del conflicto y debatieron los pasos a seguir para sostener el reclamo en defensa de las fuentes de trabajo.

Posteriormente, se realizó una olla popular de la que participaron trabajadores, familiares y vecinos que se acercaron para brindar su apoyo.

Durante el encuentro, los manifestantes reiteraron la necesidad de encontrar soluciones que permitan garantizar la continuidad laboral de cientos de familias vinculadas a la actividad de la empresa.

La concentración se desarrolló de manera pacífica y sirvió para visibilizar una problemática que mantiene en vilo a numerosos trabajadores de la región.

El consumo de carne vacuna en Argentina continúa profundizando una tendencia descendente que preocupa a toda la cadena productiva. Según los últimos datos difundidos por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la ingesta anual por habitante se ubicó en 47,5 kilos, el registro más bajo de las últimas dos décadas. El fenómeno refleja un cambio cada vez más marcado en los hábitos de consumo de los argentinos, quienes optan por proteínas más económicas ante la pérdida de poder adquisitivo.

La caída del consumo se produce en un contexto de menor producción y de precios que, durante el último año, avanzaron muy por encima de la inflación general. Mientras tanto, el pollo y el cerdo continúan ganando terreno en la preferencia de los consumidores, consolidando una transformación que parecía impensada años atrás en un país históricamente identificado con la carne vacuna.

Los datos correspondientes a los primeros cinco meses de 2026 muestran que la producción de carne vacuna alcanzó 1,168 millones de toneladas res con hueso, lo que representa una disminución del 7,3% respecto al mismo período del año pasado. Esta retracción se combina con una menor absorción del mercado interno y una mayor orientación hacia las exportaciones.

Mientras el consumo local se debilita, las ventas al exterior muestran un desempeño positivo. Entre enero y mayo se exportaron aproximadamente 312.200 toneladas res con hueso, cifra que representa un incremento interanual del 5,1%.

De acuerdo con Ciccra, gran parte de este crecimiento estuvo impulsado por la demanda proveniente de Estados Unidos, que incrementó sus compras de carne argentina en un contexto internacional favorable para los exportadores nacionales.

La situación es muy diferente puertas adentro. El mercado doméstico absorbió unas 855.750 toneladas durante los primeros cinco meses del año, lo que implica una caída del 11,1% respecto del mismo período de 2025. En términos absolutos, esto significa que se consumieron alrededor de 106.700 toneladas menos que un año atrás.

La evolución de los precios aparece como uno de los factores centrales para explicar esta caída. Aunque durante mayo los valores de la carne vacuna aumentaron apenas 0,1%, por debajo de la inflación mensual del 2,1%, la comparación interanual muestra una realidad mucho más compleja.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los cortes vacunos acumularon una suba del 57,9% en los últimos doce meses. En el mismo período, el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento del 33,2%, lo que evidencia un encarecimiento relativo significativo de la carne frente al resto de los bienes y servicios.

Las otras proteínas animales tuvieron aumentos considerablemente menores. El pollo fresco registró una suba interanual del 38,9%, mientras que el pechito de cerdo aumentó un 23,6%. Esta diferencia se traduce directamente en el bolsillo de los consumidores y termina condicionando las elecciones al momento de realizar las compras.

La diferencia de precios entre las distintas carnes es cada vez más evidente. Actualmente, el kilo de carne vacuna ronda los 18.569 pesos, mientras que el cerdo se comercializa cerca de los 9.151 pesos y el pollo alrededor de los 5.048 pesos, publicó Ámbito.

Este escenario favorece un proceso de sustitución que se viene consolidando desde hace varios años. Según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el consumo de pollo logró alcanzar niveles cercanos a los 47 kilos por habitante al año, prácticamente igualando por primera vez al consumo de carne vacuna.

El crecimiento del cerdo también resulta significativo. Durante el último año, el consumo per cápita superó los 19,5 kilos anuales y alcanzó un nuevo récord histórico. Los especialistas sostienen que la diferencia de precios explica gran parte de esta tendencia: actualmente, un kilo de asado equivale aproximadamente a cuatro kilos de pollo fresco o a dos kilos de pechito de cerdo.