La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervendrá en la disputa judicial de Mercado Libre contra la plataforma china Temu.

La controversia comenzó en julio de 2025 cuando la empresa de Marcos Galperín presentó ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, organismo que depende del Ministerio de Economía, una denuncia administrativa contra Temu por competencia desleal.

Desde esa denuncia llevada adelante por Mercado Libre, ningún tribunal se declaró competente para atender la demanda.

La empresa argentina argumentó que la firma china ofrecía descuentos de hasta el 100% y promociones difíciles de concretar sin cumplir “condiciones ocultas”, lo que “induciría a error a los consumidores y afectaría las reglas de competencia”.

Tras la presentación, el Ministerio de Economía sancionó a Temu y le prohibió difundir publicidad con esas características.

En respuesta a esa decisión, la empresa apeló y llevó el caso a la Justicia al considerar que la sanción fue impuesta de manera irregular y que se vulneraron sus derechos de defensa.

El expediente, sin embargo, quedó trancado en un conflicto de competencia entre el fuero Civil y Comercial Federal y el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Ninguno de los dos tribunales se declaró competente para abordar la cautelar solicitada por Temu y para avanzar en la revisión de las medidas administrativas dictadas por el Gobierno, lo que generó una disputa formal sobre qué juzgado corresponde resolver el caso.

Frente a esta situación, la Corte Suprema tomó intervención para dirimir la cuestión y definirá cuál de los fueros debe continuar con la tramitación del expediente.

El origen del conflicto

En noviembre pasado, el CEO de la compañía a nivel local, Juan Martín de la Serna, reclamó al Gobierno medidas contra las plataformas chinas Shein y Temu para “nivelar la cancha”.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten”, planteó durante el foro anual organizado por la consultora Abeceb.

El Ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes del gigante asiático amenaza con afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre.

De todas formas, desde la empresa aclararon que la denuncia no está vinculada con una cuestión comercial general, sino que apunta específicamente a prácticas de publicidad engañosa sistemática.

En ese sentido, señalaron que la difusión de descuentos extremos —como rebajas del 80%, 90%, 100% y hasta la promesa de productos “gratis”— genera expectativas falsas en los consumidores y solo pueden concretarse si se cumplen condiciones que no son informadas con claridad desde el inicio.

La presentación judicial también cuestionó la existencia de “condiciones ocultas o tardías”, ya que las promociones estarían condicionadas a montos mínimos de compra o costos adicionales que aparecen al final de la operación, entre ellos el valor del envío.

Además, advierte sobre el uso de lo que definieron como “gamificación engañosa”, a través de herramientas como sorteos y otras dinámicas lúdicas como la “ruedita” que prometen premios o regalos, pero que imponen requisitos poco claros que se suman durante el proceso y generan presión psicológica para que el usuario continúe interactuando o concrete la compra.

Fuente: TN

A40 años del juicio a las juntas militares, que condenó a los máximos jerarcas de la dictadura militar, la Corte Suprema de Justicia homenajeó a los seis jueces que firmaron esta histórica sentencia en un acto donde les agradeció haber sostenido los pilares de la democracia cuando estaba en riesgo.

En los discursos que dieron los homenajeados, sus familiares y los propios jueces de la Corte hubo advertencias acerca de que la Argentina hoy sigue necesitando una justicia “que vigile a los gobernantes” y “juzgue imparcialmente”.

Asistieron los camaristas del histórico proceso: Carlos Arslanian, Ricardo GilLavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, y los familiares de los fallecidos Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio. El acto fue encabezado por Horacio Rosatti, presidente de la Corte, y sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La ceremonia tuvo lugar en la planta baja del Palacio de Justicia, remodelada para la ocasión, y donde está ubicada la histórica sala donde se hizo el juicio a las juntas militares. El lugar se acondicionó y se abrirá el público en 2026 como parte del Museo del Poder Judicial.

El acto, con mas de 500 asistentes, fue inaugurado por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, el mismo tribunal que el del histórico juicio, que destacó la valentía, equilibrio e independencia de los históricos jueces.

Estaban presentes todos los miembros de la Cámara Federal actual y casi todos los jueces federales de Comodoro Py, salvo por Ariel Lijo y María Servini. También asistieron camaristas contenciosos, civiles y comerciales, empleados de aquella cámara federal que hizo el juicio histórico y hasta Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, que fue el secretario letrado de Arslanian en el juicio a las juntas.

Lorenzetti, a su turno, habló de la ejemplaridad de los camaristas y señaló que la política de derechos humanos instaurada tras el juicio ya no admite retrocesos. “Es una política de Estado, elaboraron una política de memoria, de justicia, de derechos humanos que forma parte del contrato social de los argentinos”.

Rosenkrantz destacó a Raúl Alfonsín, el líder que vio la necesidad de avanzar con los juicios, y a los camaristas, por estar a la altura del desafío de la hora.

Advirtió que el homenaje no es solo a los hombres, sino al hecho de que “colocaron al terror en su lugar”, de acuerdo con el Estado de Derecho, cumpliendo con el deber, mas allá de sus convicciones.

Federico, uno de los hijos de Jorge Torlasco, lo homenajeó con sus hermanos y lo recordó no solo como “un gran juez”, sino como “un gran padre” para todos ellos.

Lo mismo ocurrió con Ana María D’Alessio, hija de Andrés D’Alessio, que recordó la figura de su padre y a los invitados que llegaron para homenajearlo, como la primera nieta nacida en cautiverio y restituida, o sus estudiantes de la universidad, además de sus hijos y nietos.

Entre los camaristas homenajeados, Jorge Valerga Aráoz rescató que el juicio fue también la necesidad de dar respuesta a la comunidad nacional e internacional.

Guillermo Ledesma recordó que cuando ingresó a tribunales a los 18 años, nunca imaginó ser el juez del juicio más importante del país, recordó al fiscal Julio Strassera y rescató al “equipo excepcional” que conformó con sus colegas.

Gil Lavedra ponderó a Alfonsín, la labor de la Conadep y a los testigos del juicio que declararon con valentía a pesar de que los represores estaban libres y la democracia no estaba afianzada.

Dijo que era necesario un juicio justo para seguir adelante y que el mérito fue haber actuado con independencia. “Por eso nadie puede discutir los hechos que están escritos en las sentencia”, dijo.

Y enfatizó: “Hoy, la Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley a los hechos probados en la causa, para evitar que se desvirtúen los hechos”.

“[Una Justicia] que respete las garantías constitucionales y que custodie y vigile que el gobernante lo haga de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional”, dijo el magistrado.

Arslanian, que presidió aquella cámara, habló apoyado en un bastón. Pausado, dijo que este homenaje era inédito y que el juicio fue “coral”. Afirmó que fue una tarea extraordinaria del tribunal, pero también del equipo que los acompañó, de la Conadep, la fiscalía, los testigos y de cientos de personas que colaboraron, por eso “la perdurabilidad de la sentencia”.

“Estamos hoy en día frente a una nueva oportunidad. La posibilidad de que esta vez sí podamos establecer ese país que queremos, que nos albergue a todos”, remató.

Rosatti destacó la sentencia del juicio a las juntas como el resultado de la “justicia transicional” entre gobiernos militares y la democracia.

“En la Argentina, el tránsito de un gobierno antidemocrático a uno democrático se había desarrollado hasta 1983 de una forma muy peculiar: sin rendir cuentas. Esta especie de amnesia autoinfligida, esta especie de olvido artificial, generaba impunidad”, pero con el juicio a las juntas todo cambió.

“Por impulso del presidente Alfonsín, por primera vez se quiebra este círculo vicioso”, analizó y sostuvo que lo que se realizó “no fue impunidad ni venganza”, sino “un auténtico juicio público”.

“No hubo invención de tipificación de ilícitos, se respetó escrupulosamente la ley previa al juzgamiento. Tampoco hubo tribunales especiales, se respetó la garantía de juez natural y se siguió un procedimiento que también estaba basado en la ley ritual. Hubo igualdad de oportunidades”, enfatizó.

Por eso se llegó a “una sentencia que fue impecable”, dijo. Señaló que la enseñanza que dejaron los jueces es que aún en los momentos más adversos “hay que hacer lo correcto. Y los jueces que hoy homenajeamos hicieron lo correcto”.

“Señores jueces: por haber sostenido las instituciones republicanas cuando ellas flaqueaban, estaban en riesgo, por haber sostenido los pilares de la democracia, por habernos enseñado que los jueces independientes pueden combatir al mal, incluso al mal absoluto, por caminos civilizados, nosotros queremos decirle hoy en este ámbito: gracias eternas”, concluyó y hubo sonoros aplausos.

Fuente: La Nación

La Corte Suprema de la Nación convocara a audiencias de conciliación a La Pampa y Entre Ríos para abordar reclamos que, en conjunto, superan los $550.000 millones. De esta forma, el tribunal reforzó su postura de declararse competente en disputas que involucran a los estados federales y la Nación, extendiendo su intervención a una lista creciente de causas que trascienden el ámbito previsional.

La audiencia correspondiente a La Pampa fue fijada para el próximo miércoles 5, mientras que la de Entre Ríos tendrá lugar una semana después, el 12 de noviembre. En el caso pampeano, el gobierno encabezado por Sergio Ziliotto calcula que la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) asciende a $400.000 millones, cifra que la provincia reclama en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260.

La administración provincial presentó una medida cautelar urgente, argumentando dificultades de financiamiento derivadas de recortes en los aportes nacionales desde la asunción de Javier Milei, consignó Infobae.

En el caso de Entre Ríos, el reclamo fue formalizado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. La provincia exige el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada.

El fundamento de la demanda radica en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que establecía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. Según la provincia, el incumplimiento de estos compromisos generó un déficit en su sistema previsional.

Frigerio, quien se alió electoralmente con Javier Milei y obtuvo una victoria contundente en las elecciones provinciales, sostiene que la Nación no ha cumplido con las transferencias acordadas.

Fuente: Ahora.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina dispuso el sobreseimiento por prescripción de la causa contra el ex sacerdote Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El fallo le dio la razón a la defensa del acusado que había sido expulsado por el Papa Francisco en 2024, al determinar que los delitos en cuestión prescribían a los 12 años de cometidos.

Según la causa, los hechos ocurrieron concretamente entre los años 1985 y 1993, cuando Ilrraz se desempeñaba como Prefecto de Disciplina en el Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo” de Paraná. En ese contexto, sucedieron los siete hechos de corrupción de menores y abuso que motivaron su condena.

Las víctimas, en su mayoría, eran chicos de entre 12 y 14 años provenientes de familias campesinas que —según los testimonios recabados en el expediente judicial— habían ingresado al seminario con vocación de convertirse en sacerdotes. Allí recibían orientación espiritual personal del ex sacerdote.

Las primeras denuncias documentadas dentro de la Iglesia contra Ilarraz datan de 1994, cuando algunas de las víctimas, aún menores, alertaron a autoridades eclesiásticas. De acuerdo a los antecedentes judiciales, la entonces jerarquía eclesiástica decidió trasladar a Ilarraz primero a otra parroquia en Entre Ríos y posteriormente a Roma bajo pretexto de ampliar sus estudios.

La investigación reveló que el ex sacerdote regresó más tarde a la provincia de Tucumán, continuando su labor pastoral sin restricciones, hasta que en 2012 se formalizaron las primeras acusaciones públicas ante la justicia penal. Ese año, el caso tomó notoriedad nacional tras hacerse públicas las más de 50 denuncias reunidas por asociaciones de víctimas y las primeras acciones legales impulsadas contra él.

La condena a 25 años de prisión dictada contra Ilarraz se apoyó en los testimonios de siete jóvenes abusados y en pruebas recogidas a lo largo de varios años de proceso penal. Pero desde el inicio, la defensa enfocó su argumentación en la prescripción de la acción penal.

Según los abogados del acusado, los delitos prescribían a los 12 años de cometidos, por lo que ya no había lugar para la persecución penal, dado que las denuncias formales recién se presentaron en la justicia ordinaria casi dos décadas después de los hechos. Esta línea argumental persistió durante todo el proceso y cobró fuerza al llegar la causa al máximo tribunal.

En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, que confirmó la condena, decidió aplicar una interpretación amplia al considerar imprescriptibles los delitos denunciados. Argumentó que la gravedad de los hechos y el derecho internacional —en particular la Convención sobre los Derechos del Niño— obligaban a garantizar tutela judicial efectiva a las víctimas, un principio luego ratificado por la Procuración General de la Nación en dictámenes similares, según consta en el expediente.

A pesar de esta jurisprudencia y del reclamo de decenas de denunciantes, la CSJN resolvió hacer lugar al recurso extraordinario federal presentado por la defensa. En el fallo, señalaron que “la cuestión excede el interés individual de las partes y se proyecta a numerosas causas en las que también se encuentra en discusión la vigencia de la acción penal en relación con la presunta comisión de abusos sexuales contra menores de edad en el período previo a la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206”.

La Corte objetó que los tribunales entrerrianos asimilaran estos delitos a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. Según el tribunal, “los hechos que encuadran dentro de la categoría de los delitos de lesa humanidad son de una naturaleza radicalmente distinta de la que revisten los aquí denunciados”.

Así, ante la comprobación de que había transcurrido el plazo previsto en el artículo 62 del Código Penal y de que no existía causal de suspensión o interrupción de la acción, la causa penal por los delitos cometidos fue declarada extinguida por la Corte Suprema y se sobreseyó a Justo José Ilarraz. (Fuente: Infobae)

Si bien el último 28 de mayo se dio un debate tranquilo, esta reunión se realiza después de la ratificación de la Corte Suprema a la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Horas antes de que el máximo tribunal falle en contra de la exmandataria, ella misma les pidió a los referentes del interbloque Unión por la Patria “trabajar por una Corte de siete miembros y con paridad de género”.

En medio de un Congreso aletargado, el Senado pondrá a consideración del plenario ocho iniciativas impulsadas por Silvia Sapag, Alejandra Vigo, Nora del Valle Giménez, Mónica Silva, Lucila Crexell, Flavio Fama y Juan Carlos Romero. Esta última, que propone siete miembros y que al menos dos sean mujeres, tiene el aval del oficialismo y, a priori, el visto bueno del interbloque que conduce José Mayans.

Así las cosas, el debate no es nuevo: cuando la Cámara alta tenía a Cristina Kirchner como titular, el interbloque del Frente de Todos se alzó con una media sanción -que después perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados- por la cual se ampliaba la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros, impulsada entonces por el kirchnerismo.

Fue el 22 de septiembre de 2022, cuando con 36 votos positivos y 33 en contra, el proyecto, que originalmente proponía una integración de 25, obtuvo la media sanción del Senado, pero nunca fue tratado en la Cámara baja y perdió estado parlamentario.

El juez Jorge Gorini definió otorgarle a Cristina Fernández de Kirchner la prisión domiciliaria, haciendo lugar al pedido de los abogados de la expresidenta y líder del Partido Justicialista (PJ) para que pueda atravesar la condena a 6 años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución, ubicado en San José 1111.

El magistrado le notificó su decisión a la exmandataria vía zoom, en un intento por desarticular la marcha a Comodoro Py prevista para este miércoles.

Para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 le impuso a CFK las siguientes reglas de conducta:

“No van a poder borrar lo que significó Cristina para millones de argentinos”, dijo el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner la noche de este miércoles en una entrevista por el canal de noticias C5N.  

El presidente de PJ bonaerense hizo un repaso por varios temas, en el marco de la sentencia de la Corte Suprema que confirmó los seis años de prisión para Cristina Fernández por la Causa Vialidad.  

«Lo que se busca es suprimir a aquellos que están en contra de intereses poderosos. Cristina está muy firme-dijo-. Tiene una mirada muy institucionalista de las cosas. Ella arranca y va y lo decide y entiende cuál es su deber. Tiene en claro que su deber es para con la gente y así gobernó».

Luego señaló, en referencia a la expresidenta que «ella es muy firme y le han pasado cosas. A esa residencia de olivos entramos cuatro y nos fuimos tres. Tenemos que revisar lo que sucedió. Cuando Néstor llegó al gobierno la ‘casta’ no podía caminar por ningún lado, pero luego sí, porque un gobierno trajo estabilidad institucional».

En otro tramo de sus definiciones, Kirchner se refirió al líder del PRO.  “A Macri no lo vota nadie. Es un burro. Quiere volver a aparecer como salvador pero no tiene apoyo social. La gente no olvida que endeudó al país, cerró fábricas y destruyó el poder adquisitivo”.

El diputado cuestionó la falta de propuestas concretas del exmandatario y lo acusó de “no entender nada” sobre la realidad del país. “La derecha argentina se quedó sin ideas y apela a las mismas caras que fracasaron. Macri no conecta con los problemas reales de la sociedad”.

Con frases directas y un tono directo, el diputado dejó en claro que el kirchnerismo no está dispuesto a retroceder frente a lo que considera una avanzada política y judicial contra sus principales referentes.

Respecto a la interna peronista destacó: «Es importante el reencuentro entre personas y dirigentes y que sean acuerdos que no debiliten las unidades después”. «Esto se puede recuperar, así retomamos las relaciones y discusiones en 2018 y 2019. Hay sectores que tiene que tener la capacidad de reconocer lo que hizo Cristina. Si esto es un festival de egos, es más complejo. La trampa que hay que evitar son esas vanidades».

Luego que «lo que está en juego es el destino del país. Lo que tenemos que buscar es que el punto de arranque sea el más similar posible. Después cada uno que pueda decidir. Hay que recuperar el eje», expresó.

En otro tramo de la entrevista, Kirchner se refirió al episodio que esta tarde protagonizó el diputado de la Libertad Avanza José Luis Espert, que insultó a Florencia Kirchner (hermana de Máximo) en un acto de la Universidad Católica y fue repudiado. «Acá la regla en el oficialismo es la agresividad permanente. Sólo buscan destruir al adversario político, a través de diferentes herramientas que han conseguido. Habla mucho de él, del estado que tenemos a la hora de tener que dialogar», sostuvo. «Creo que no hay nada para ofrecer, si no insulta, ¿qué tiene para ofrecer Espert? No vale la pena caer en esa lógica», agregó. (Fuente: Tiempo)

El abogado y catedrático Manuel García Mansilla, quien había asumido su puesto en la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de marzo, presentó este lunes la renuncia indeclinable a su cargo, apenas 40 días después de haber jurado en el alto tribunal. La decisión llegatras el rechazo de su pliego en el Senado y una medida cautelar que le prohibía firmar resoluciones. La renuncia deja nuevamente a la Corte con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

La breve trayectoria de García Mansilla en el máximo tribunal comenzó con su designación mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 25 de febrero. Este decreto también incluyó la designación del juez federal Ariel Lijo, aunque este último no asumió el cargo tras negarse a renunciar a su puesto actual, una condición impuesta por la Corte Suprema para aceptar su incorporación.

El pasado viernes, el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de García Mansilla y Lijo, lo que intensificó las presiones sobre el primero para que abandonara su cargo. Poco después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una medida cautelar que ordenaba a García Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.

La medida cautelar fue impulsada por una presentación judicial del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que la designación de García Mansilla vulneraba la independencia judicial. Ramos Padilla fundamentó su decisión en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que establece que un juez designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el acuerdo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó el magistrado.

“La Oficina del Presidente repudia la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos por el Presidente Javier G. Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”, indica el texto que difundió minutos después de la votación la cuenta de X que realiza comunicaciones oficiales del Gobierno.

Los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo fueron rechazados este jueves en la cámara alta, a partir de una sesión que mostró una coincidencia inédita entre senadores del PRO, la UCR y el kirchnerismo, con el objetivo de bloquear el ingreso de los jueces propuestos por el presidente Milei.

“Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente. Sin embargo, luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, agrega el comunicado.

Luego continúa: “Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”.

“Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia. Mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina”, apunta el comunicado 

“El Presidente de la Nación continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos", concluye el documento.

Un poco más tarde de que el comunicado fuera emitido, Milei reiteró su descontento respecto a la negativa del Senado desde su cuenta personal en X (ex Twitter). “Principio de revelación. ¿Dónde están todos lo que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?”, sentenció respecto de las acusaciones sobre los motivos por los que Lijo había sido elegido.

“¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?”, denunció el jefe de Estado al disparar: “Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!!”.

La situación de Lijo y García Mansilla ahora seguirá caminos separados. Mientras que el juez federal no había asumido aún funciones en la corte, su compañero de terna y jurista ya se encontraba integrando el cargo luego de la jura habilitada por los otros integrantes del tribunal supremo.

Ninguna de las dos postulaciones logró los dos tercios de los presentes, número necesario de apoyos para la confirmación de sus ingresos a la Corte. García Mansilla recibió 51 votos en contra -sobrados dos tercios- y 20 a favor, mientras que el juez federal tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención.

Sin apoyo de Entre Ríos

Los tres senadores que representan a Entre Ríos rechazaron los pliegos de Lijo y García Mansilla: Alfredo De Angeli del PRO; Stella Olalla de la UCR y Stefania Cora de Unión por la Patria.

El único que hizo uso de la palabra fue Alfredo De Angeli, presidente del Bloque del PRO: “Lijo tiene impugnaciones por sus propios colegas y a García Mansilla lo nombra Milei tres días antes de terminar las sesiones extraordinaria, se hubiera encargado de conseguir la firma el año pasado para darle el acuerdo y en mi caso lo hubiera votado con las dos manos pero estamos perdiendo la institucionalidad”.

Además, De Angeli consideró que Milei “está mal asesorado pero no quiero que le vaya mal porque si no, nos va mal a todos” porque sostuvo que nunca pasó en el Senado “que vengan dos candidatos cuestionados: uno por su trayectoria y otro por su forma”.

Por otra parte, el senador cuestionó al Ejecutivo por poco trato con el Senado a diferencia de Diputados: “Yo veo una separación”. Y para culminar su discurso remarcó: “En los países donde no hay justicia flaquea la Democracia por lo que nosotros tenemos que trabajar para que haya una justicia independiente para fortalecer la democracia”.

En una tensa sesión, el pleno del Senado rechazó los pliegos que proponían al académico Manuel García-Mansilla y al magistrado federal Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema. Ambas postulaciones no lograron los dos tercios de los presentes: el primero recibió 51 votos en contra -sobrados dos tercios- y 20 a favor, mientras que el juez federal tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención.

A partir de ahora se abre otra instancia aún más delicada: García-Mansilla ya juró “en comisión” tras un decreto del Ejecutivo y habrá una fuerte discusión posterior sobre su estadía en el máximo tribunal de justicia, tras lo consumado esta noche por los integrantes de la Cámara alta, el lugar natural para definir este tipo de cuestiones.

Desde hace varias semanas, la Casa Rosada reiteró en diversas ocasiones que el académico continuará como cortesano según el decreto firmado por el Ejecutivo, es decir, hasta el fin de la próxima legislatura, cuando finalice noviembre.

¿Cómo se obtuvo el quorum? El Frente de Todos, donde conviven kirchneristas y peronistas bajo la tutela del formoseño José Mayans, cumplió su palabra -desde noviembre pasado se anunció- y 32 de sus 34 integrantes dieron quorum. El santafecino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés estuvieron cerca del recinto, pero recién ingresaron una vez iniciada la sesión.

Para llegar a los 37 que plantea el reglamento, a los 32 del Frente de Todos se sumaron los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Martín Lousteau (Capital Federal), los macristas Alfredo De Ángeli y Victoria Huala, y el ex libertario Francisco Paoltroni. Fue más que llamativa la ausencia de varios senadores del PRO y de la UCR -sobre los últimos dio de nuevo la nota su jefe, el correntino Eduardo Vischi-, que prometieron presentarse y especularon hasta último momento con el quorum, en medio de frenéticos -aunque inservibles- intentos del Gobierno para hacer caer el convite. Comandó la sesión el presidente provisional, el oficialista Bartolomé Abdala (San Luis).

Debate

“Resulta inadmisible acompañar una Corte Suprema sin mujeres y respaldar a dos candidatos que decidieron pasar por encima de la Constitución nacional”, lanzó la titular de la comisión de Acuerdos y miembro informante de ambos pliegos, Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-Pro), quien es la segunda candidata a legisladora porteña en la lista del ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La senadora por la Ciudad explicó toda la cronología de las candidaturas y el trabajo realizado por la comisión -que fue impecable- y apuntó a la jura de García-Mansilla tras el decreto del Ejecutivo, tras recordar que el postulante enfatizó, durante la audiencia pública realizada el 28 de agosto pasado, que no aceptaría ese camino.

Tagliaferri también advirtió que de “114 jueces -de la Corte Suprema-, sólo tres han sido mujeres”. Y añadió: “Es una realidad que en el año 2025 dista mucho de otros países. En Estados Unidos, hay cuatro sobre nueve; en México, cinco sobre 11; en Uruguay hay un 60% y, en Chile, 42%”.

Desde el Frente de Todos, Pablo Bensusán aseguró: “La senadora Tagliaferri habló de irse a la banquina. Si dejamos que esto pase, estamos institucionalizando una vía paralela para designar a estos jueces”. Al igual que la porteña, el pampeano insistió en que el Ejecutivo envió los pliegos durante el período ordinario pasado y aprovechó la ventana de receso de febrero pasado para designar a ambos candidatos “en comisión” y por decreto. “No puede ser utilizado a gusto del presidente”, dijo, y agregó que implica un “antecedente peligrosísimo” y un “claro abuso de poder, dejando de lado las facultades extraordinarias que tiene este Congreso para dar acuerdo a estos jueces”.

En tanto, la rama más cristinista de dicho interbloque estuvo representada por la vice de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “Qué más inseguridad jurídica que en uno de los poderes del Estado, el 40% esté compuesto por jueces que están a tiro de decreto. Veamos la complejidad no sólo institucional y constitucional, sino también de estabilidad económica”, subrayó.

Una de las pocas personas que defendió en el recinto a García-Mansilla fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero -no dio quorum al principio-, quien aseveró que el académico era idóneo, entre otras cuestiones, por estar “a favor de la vida desde la concepción”. Minutos más tarde replicó la misma postura su comprovinciano Luis Juez, aunque ambos anunciaron un rechazo a Lijo.

Por el radicalismo, Lousteau -titular del centenario partido a nivel nacional- afirmó: “Creo que esta es la votación más fácil que he tenido como senador, en términos de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita al presidente, o cualquier otro, poner jueces a dedo cuando quiera”.

Cierres

“La solución pasaría por ampliar el número de la Corte. Resolvería muchos de los problemas, aunque son consideraciones personales que no quiero hacer cargo a los miembros de mi bloque”, evaluó el puntano y flamante jefe de la bancada -dentro del Frente de Todos- Convicción Federal, Fernando Salino. El puntano deslizó un rechazo a ambos, aunque su colega Carolina Moisés (Jujuy) se mostró a favor de Lijo.

Desde Provincias Unidas, el experimentado salteño Juan Carlos Romero manifestó: “Lo que se está haciendo es un bloque institucional. No hay nada que le venga bien al kirchnerismo. Extrañan el desorden, el caos de 2023, y los pone furiosos de que a alguien le vaya mejor. También a veces tenemos un estilo confrontativo del Gobierno que impide un diálogo necesario”, conjeturó, e insistió con el apoyo a ambos postulantes. “No se trata de los nombres, se han cumplido todos los procesos y a mí no me demostraron que no cumplan las condiciones”, resaltó.

“Esta Cámara tiene que velar por la constitucionalidad. Los ministros tendrían que estar más en contacto con los senadores. Hay una separación entre el Ejecutivo y el Senado. No lo veo así en Diputados. Nos da mucha pena que, en este caso, cuando tuviéramos que estar votando a dos miembros para la Corte por trayectoria e idoneidad, que tengamos que estar en mi caso y otros rechazándolos. Lo han aconsejado mal al Presidente”, el titular del Pro, Alfredo De Ángeli.

Por la UCR, Vischi precisó que era “necesario ponerle un fin a estos procesos, que generan errores y un gran fracaso de la política”, y adelantó un “resultado contundente”. Sin referirse a la idoneidad de los candidatos, solicitó “poner al fortalecimiento de nuestras instituciones como un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra Argentina”.

“No puede nombrar jueces por decreto, no puede”, se refirió Mayans sobre la decisión de designar a los postulantes por decreto. El formoseño y soldado del gobernador Gildo Insfrán fue más allá y denunció: “El señor -García- Mansilla está usurpando el cargo. Si aceptamos, entonces después podrán nombrar jueces de Cámara, de primera instancia y, bueno, un verdadero desastre”.

Mayans tampoco olvidó de criticar el “servilismo de la Corte, que sin pedir un documento le tomó la jura” al académico. “Una verguenza”, sumó. Y finalizó: “Incumplieron los deberes de funcionario público. Tarde o temprano, nadie se salva. Los últimos en definir esto somos nosotros. Más vale que -en referencia al académico- presente la renuncia”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró que Manuel García-Mansilla seguirá en la Corte Suprema de Justicia hasta el 30 de noviembre, incluso si el Senado rechaza su pliego. En declaraciones radiales, el funcionario explicó que la designación del magistrado fue realizada conforme a la Constitución Nacional y que su permanencia en el máximo tribunal está garantizada hasta esa fecha, pese a la ofensiva opositora para anular su nombramiento.

“El rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”, afirmó Francos, dejando en claro la postura del Gobierno.

García-Mansilla fue propuesto por el presidente Javier Milei mediante un decreto y juramentado por la Corte Suprema, lo que generó fuertes cuestionamientos en el Senado. La oposición, encabezada por el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) de Martín Lousteau y legisladores de Pro, intenta reunir los votos necesarios para convocar una sesión especial y rechazar el pliego. Según fuentes parlamentarias, el viernes solo faltaba una firma para alcanzar los nueve votos requeridos para llevar el debate al recinto.

Ante esta situación, Francos también rechazó los argumentos que califican la designación de García-Mansilla como ilegítima y desestimó cualquier posibilidad de un juicio político en su contra. “Un juicio político por este motivo no tiene lógica. Se hace por otras razones, no por el procedimiento de designación de un juez al que le ha tomado juramento la propia Corte”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Además, el funcionario se refirió a la situación de Ariel Lijo, otro de los jueces propuestos por el Ejecutivo para integrar la Corte, quien aún no ha sido acreditado debido a que no le aceptaron la licencia que presentó para dejar su cargo en el juzgado federal. Francos enfatizó que el Gobierno sostiene la validez de su designación y que, al igual que García-Mansilla, Lijo mantiene su legitimidad hasta noviembre.

“No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, aseguró el jefe de ministros.

En este contexto, destacó que García-Mansilla ha demostrado independencia desde su nombramiento, al votar en contra de la asunción de Lijo sin que este dejara su cargo en el juzgado. “Me parece destacable. Un juez, una vez que asume, debe expresar su posición conforme a la Constitución y al derecho. Ha demostrado total independencia”, señaló Francos.

Manuel García-Mansilla juró este jueves como juez de la Corte Suprema ante Horacio Rosatti, luego de que los ministros del máximo tribunal discutieran la cuestión en reunión de acuerdos.

La Corte Suprema se reunión hoy en plenario, le tomó juramento al catedrático Manuel García Mansilla y postergó una definición sobre la incorporación al tribunal del juez Ariel Lijo.

En el acuerdo de Ministros de esta mañana, y de acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 137/2025, firmado el 25 de febrero por el presidente Javier Milei, decidieron tomarle juramento como nuevo juez de la Corte Suprema a García-Mansilla. El acto se llevó a cabo en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presidente, vicepresidente y ministro de la Corte Suprema,

En el próximo acuerdo del día 6 de marzo se seguirá debatiendo la situación particular del juez federal Lijo, quien tiene concedida una licencia por parte de la Cámara federal pero persisten las discrepancias internas en el seno del alto tribunal sobre ese asunto.

El cuarto juez

Con la incorporación de García-Mansilla, la Corte Suprema ya cuenta con cuatro de los cinco jueces previstos por ley. Desde diciembre, cuando se jubiló Juan Carlos Maqueda, el tribunal había quedado con apenas tres integrantes, lo que la ponía en la obligación de pronunciarse por unanimidad o llamar a un conjuez.

García-Mansilla es un abogado de destacada trayectoria en el mundo académico. Tiene 53 años, es oriundo de Bariloche y desde 2019 es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Se recibió de abogado en 1996 en la Universidad del Salvador y desde entonces ejerce la profesión de abogado. Lo hizo en alguno de los estudios más importantes del país. También desde 2014 es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

El nuevo juez de la Corte también integra distintos institutos académicos en Argentina y en el exterior. Desde 2006 es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integró su Comité Ejecutivo. Desde 2007 forma parte del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. En 2023, obtuvo el título de doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Una atribución de la Corte

Cuando todavía no se sabía cuál iba a ser el temperamento que tomarían los jueces supremos, dentro del Gobierno un sector alentó la posibilidad de que el presidente Milei le tomara juramento a Lijo y García-Mansilla si se desconocía el decreto de nombramiento de ambos. Era un paso que podía terminar en un conflicto de poderes abierto entre Milei, como titular del Ejecutivo, y Rosatti, como cabeza del Judicial.

Esa posición de máxima anoche fue desactivada por otro sector de la Casa Rosada que estuvo trabajando desde el minuto cero en este tema . El argumento que le hicieron llegar al primer mandatario que convenció a todos es que el artículo 112 de la Constitución Nacional establece taxativamente que el juramento a los jueces de la Corte solo lo puede tomar el presidente del máximo tribunal por acordada o por acto formal.

El texto de la jura de García-Mansilla

La situación de Lijo

Se estima que el tribunal se tomará tiempo, al menos hasta el próximo jueves, para definir sobre la ceremonia de jura de Lijo, ahora de licencia. Lijo y García-Mansilla fueron designados en comisión por un decreto del presidente Milei, tras casi un año de infructuosas gestiones en el Senado.

Por el momento, la Corte no está dispuesta a apurar el trámite, tal como informalmente pidieron ayer desde el Gobierno. La idea de que el sábado por la noche el presidente pueda inaugurar el año legislativo con cinco jueces de la Corte sentados en primera fila no será posible.

El tribunal se encuentra en el centro de una tensión institucional, no sólo por las enérgicas reacciones contra la decisión de nombrar a dos jueces de la Corte por decreto, aunque el mecanismo está previsto legalmente, sino por la licencia que obtuvo Lijo, quien no quiere renunciar a su juzgado hasta no contar con el acuerdo del Senado. Tanto en el ámbito judicial como político, se debate si un juez puede estar de licencia para integrar la Corte y luego volver a su juzgado a fin de año, si no se formaliza su designación.

La Cámara Federal entendió que sí, el juez Lorenzetti apoyaría también esta postura, mientras Rosatti y Rosenkrantz se tomarían un tiempo para analizar este tema. En el próximo plenario del tribunal, la semana próxima, se seguirá debatiendo el asunto.

Fuente: Infobae

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital se reúne hoy, a las 11, para evaluar el pedido de licencia como juez federal de Ariel Lijo, que, si no la obtiene, debería renunciar a su cargo de juez federal para asumir como ministro de la Corte, en comisión, hasta que termine el año legislativo. Así lo informaron fuentes judiciales.

La reunión fue convocada por el presidente del tribunal, Mariano Llorens, porque si bien Lijo no presentó aún su pedido formal, ya se los hizo saber telefónicamente a los camaristas. En el tribunal creen que al juez -nombrado hoy por decreto por Milei para integrar el máximo tribunal- le corresponde la licencia, pero discuten si pueden dársela los propios camaristas, como pretende Lijo, o si ellos deben elevar el pedido a la Corte, dado que se trata de una licencia extraordinaria, que solo ella puede conceder, relataron fuentes de la Cámara. Es una discusión clave porque los camaristas tienen información -tal como la tiene Lijo- de que la Corte no accedería a darle la licencia y sólo le tomaría juramento en comisión si él antes renuncia.

“Hoy hay dos posiciones. La duda es si elevamos el pedido de licencia con una opinión favorable nuestra o si la concedemos nosotros”, dijo un camarista.

La Cámara Federal impulsó con ímpetu la llegada de Lijo a la Corte. Cinco de los seis camaristas le firmaron incluso su aval a la candidatura. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, promotor central de la postulación del Lijo, tiene desde hace años vínculos muy estrechos con el tribunal; sobre todo con Martín Irurzun, que es quien más años lleva como camarista.

Los asuntos a resolver entonces son ahora dos: la primera es si puede Lijo asumir en la Corte con una licencia (sin renunciar a su cargo de juez); la segunda, quién estaría en condiciones de darle esa licencia.

Quienes sostienen que Lijo debería renunciar si pretende asumir en comisión recuerdan que la Corte tiene un precedente de 1975, el caso del juez René Niklison, que sostenía que su nombramiento como camarista en comisión no lo había hecho perder su cargo de juez de primera instancia (casualmente, ocupaba el mismo juzgado que Lijo, el federal 4). En ese caso, en un fallo, la Corte dijo que el nombramiento de este magistrado en comisión “importó por parte del Poder Ejecutivo Nacional una expresa declaración de su voluntad que indica la definitiva conclusión de la situación anterior, la que sería incompatible con la nominación”. Y que la aceptación de parte del juez “del cargo en comisión implicó por su parte un acto de voluntad expresa de poner fin a la misma situación anterior, desde que no sería admisible que pretendiera investir simultáneamente la doble condición de juez con acuerdo y de juez designado en comisión”.

En cuanto a quién le corresponde darle la licencia, la regla es que la Cámara otorga las licencias ordinarias (por ejemplo, por enfermedad, exámenes, “motivos personales”) y la Corte, las extraordinarias (”no previstas en el régimen de licencias”).

En el caso Cartolano, resuelto por la Corte Suprema el año pasado, un secretario de la Cámara Federal pidió licencia porque había sido propuesto como Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción. El trámite se inició entonces en la Cámara Federal, que “prestó conformidad” para la licencia, pero no se la concedió sino que elevó el pedido a la Corte, que la otorgó por seis meses con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Fue la Corte, también -recuerdan en Comodoro Py-, la que les dio licencia en diciembre de 2022 a los camaristas Jorge Rimondi y Mauro Divito, de la Cámara del Crimen (la penal ordinaria, no federal) para que asumieran como subrogantes en la Cámara Nacional de Casación Penal para cubrir transitoriamente dos vacantes.

La Cámara, sobre Lijo

La Cámara Federal es el tribunal que controla las decisiones de los jueces de primera instancia –Lijo incluido– y el año pasado, cinco de los seis magistrados dieron su aval a la postulación del magistrado para la Corte. El entonces presidente de la Cámara, Pablo Bertuzzi, dijo en aquel momento que “fueron adhesiones individuales”, no un pronunciamiento del tribunal. Y afirmó, respecto de Lijo: “Reúne los requisitos de ser una persona con la que tengo diálogo y que acceda a ese puesto va a permitir un ida y vuelta fluido con la Corte ante los problemas que podamos tener en la Cámara, sobre todo, en miras a la reforma por venir [en alusión a la puesta en marcha del sistema acusatorio]. No es lo mismo hablar con alguien que está en la trinchera y es penalista”.

Roberto Boico, otro de los camaristas que firmó el aval a Lijo, explicó: “Firmé el texto sugerido que circulaba, como los que todos hacemos circular para que nos firmen nuestros avales. Yo creo que es un buen candidato, más allá de las críticas que se le hacen. El conocimiento que tengo es de una persona correcta, comprometida con la función. Lo conozco sobre todo de la facultad.” Boico relató que él tuvo más de 300 avales en el proceso para ser camarista. “Desde expresidentes, como José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, Rafael Correa y Manuel Zelaya; hasta Fito Páez, Leo Sbaraglia y Alejandro Dolina”, contó.

Martín Irurzun y Eduardo Farah son los otros dos integrantes de esta Cámara que le hicieron llegar a Lijo su apoyo.

Fuente: La Nación

Finalmente, tal como había trascendido este martes, Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, anunció en un comunicado Presidencia.

En ese sentido, el Gobierno resaltó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".

De hecho, en el comunicado recordaron “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

Tras semanas de dilaciones y varias idas y vueltas, el pliego que propone al magistrado federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema logró un dictamen de mayoría. El despacho fue presentado a las 15 horas del miércoles y contiene nueve firmas de oficialistas, dialoguistas y algunos kirchneristas, por lo que subieron las chances de su tratamiento en la Cámara alta.

El dictamen en cuestión fue firmado por el jefe del oficialismo en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy); su pares correntinos de Provincias Unidas y de la UCR, Carlos Espínola y Eduardo Vischi; la tucumana aliada al PRO Beatriz Ávila; el peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas); los integrantes del kirchnerismo Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero); y el misionero renovador -no massista- Carlos Arce.

De esta manera, el Gobierno dio un paso trascendental en la comisión de Acuerdos -que preside Guadalupe Tagliaferri, del PRO-, encargada de tratar estas iniciativas, para llevar el tema al recinto. A partir de ahora y, si el pliego aterriza en la sesión del jueves de la semana próxima, la Casa Rosada necesitará dos tercios de los integrantes de la Cámara alta para tener el aval final.

Principales definiciones de Ariel Lijo en la audiencia pública

*Objetivos para mejorar la Justicia. Según Lijo, la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.

*Ampliación de la Corte. “No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”, manifestó.

*Dolarización. El postulante dejó en claro que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y agregó: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.

*Género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, aseveró Lijo también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.

*Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, deslizó que el tema “merece un debate público”.

*Acusaciones en su contra. “No voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, destacó el juez federal. Más temprano, explicó: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.

*Retenciones. “Creo que los derechos exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”, argumentó.

*Intervenciones en expedientes Siemens, YPF y deuda de Formosa. Sobre el primer punto, Lijo enfatizó que se trató de un caso de “soborno transnacional, es uno de los trabajos artesanales más complejos que enfrentamos”, donde se “avanzó muchísimo en la averiguación y circulación del dinero, su circuito en paraísos fiscales y cómo saltaban en cuentas tipo ‘mamushkas’ de un país a otro, y de un banco a otro”. Después informó que “nunca ingresó el dinero a la Argentina” y que “se elevó a juicio oral toda la actividad de los privados, corroborado con información que aportó Alemania”. Sobre el resto, se “avanzó hasta punto donde no teníamos diligencias y su archivo fue confirmado por la Cámara Federal y por la Corte Suprema”.

En relación con YPF, subrayó que es “una causa en trámite” y con una “gravedad para la Argentina, demandada en el exterior”. Y añadió: “Es especialmente delicado que me expida sobre la causa, no por no tener una gran cantidad de información para darles. Hay algunos aspectos que no se han logrado probar todavía y depende de la colaboración de otros países. Una de las razones por la que está tramitando en el exterior, uno de los argumentos que se utilizaron en la justicia de los Estados Unidos, es la existencia de una causa penal en la Argentina, contrariamente a lo que se sostiene muchas veces públicamente, cometiendo lo que, desde mi punto de vista, es un error jurídico”.

Al ser consultado sobre una causa por la toma de deuda de Formosa, Lijo se explayó: “La investigación avanzó hasta la indagatoria de funcionarios. A partir de eso, las partes ejercieron su derecho de defensa e hicieron un planteo respecto de la competencia basado en un precedente de la Corte de mi propio tribunal, que separa las investigaciones de las provincias y del Estado nacional. La jurisprudencia de la Corte establece que cuando hay afectación de fondos provinciales, es competente la justicia federal de la provincia”. El magistrado propuso en ese entonces la separación de la investigación y enviarla a la justicia federal de la provincia, para quedarse con la de los funcionarios nacionales. “No es verdad que existan gestiones judiciales y mucho menos en mi juzgado, o nadie que yo conozca”, concluyó.

*Coparticipación. El postulante opinó que “son cuestiones de interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y las provincias” que deben “trabajar para llegar a un consenso por unanimidad o mayoría”. No obstante, el principio a regir para cualquier cuestión “fiscal y distributiva es la solidaridad”.

Fuente: Infobae

Luego de los cuestionamientos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por los tiempos en que la Corte Suprema (CSJN) puede demorar “para dictar una sentencia”, el máximo tribunal difundió un informe en el que detalló que este año hubo un récord y alcanzaron “un total de 20.200 causas resueltas”. En respuesta a los cuestionamientos en torno a las contrataciones que hizo Ricardo Lorenzetti, integrante de ese mismo órgano judicial, aclararon también que la tarea se llevó adelante “con la misma dotación de personal”.

Los datos y las declaraciones cruzadas surgen en medio de la discusión por la eventual llegada a la Corte de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, impulsados por el Ejecutivo, pero resistidos por diversos sectores de la política, incluso dentro del oficialismo.

“Cuando uno mira los tiempos que llevan los fallos de la Corte, es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar sentencia; es inusual. Que un proceso de la Argentina lleve 20 años es increíble, no sé si puede funcionar con tres jueces. Desde el punto de vista del quorum podrá, pero en términos de eficiencia procesal me cuesta creer que podamos tener una Corte con tres miembros”, había dicho Francos en diálogo con radio La Red en referencia a un reglamento que establece que puede funcionar con tres miembros cuando se jubile Juan Carlos Maqueda.

Un día después, la CSJN difundió los números alusivos a su funcionamiento y destacó que “cerrará el 2024 con un récord histórico de sentencias dictadas” ya que “superó los 12.250 fallos, alcanzando además un total de 20.200 causas resueltas”. Según destacaron, “este incremento estuvo acompañado de dos circunstancias concomitantes: por un lado, la Corte estuvo integrada por cuatro miembros, en lugar de los cinco que marca la normativa vigente”.

Por otra parte, el reporte precisó que “la dotación de personal de la Corte se mantuvo relativamente estable” y detalló que “a noviembre de este año, el personal activo era de 2471 personas. En 2023 fueron 2484 y en 2022, 2446″.

“En el comparativo interanual, en 2023 el Máximo Tribunal dictó 10.024 sentencias, mientras que en 2022 fueron 8050. Pero si los datos se retrotraen a 2017, la Corte dictó 7401 sentencias, con una dotación de 2558 empleados e integración plena”.

Las cifras parecieron ser una respuesta a los dichos de Lorenzetti, quien habló de “increíbles contrataciones realizadas durante el año 2024″. Además, el extitular de la Corte acusó a sus compañeros Horacio Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz de actuar de manera “ilegal”, amenazó con presentar denuncias y sostuvo que “solo la ambición desmedida y la mediocridad” explican lo que está sucediendo en el máximo tribunal.

Horacio Rosatti fue reelegido como presidente de la Corte Suprema para los próximos tres años, según anticiparon fuentes judiciales a Infobae. La votación se realizó luego de una propuesta de Juan Carlos Maqueda, quien este año abandonará el máximo tribunal porque cumplirá 75 años y el gobierno nacional decidió no prorrogarle su magistratura y propuso al constitucionalista José García-Mansilla para que lo reemplace.

Carlos Rosenkrantz fue elegido para continuar como vicepresidente.

Ambos jueces contaron con lo votos propios y el de Maqueda. Ricardo Lorenzetti se abstuvo.

La Corte enfrentará a partir del año que viene un panorama incierto. Con los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo -también propuesto por la Casa Rosada para integrar el cuerpo- frenados en el Senado, el Tribunal comenzará a funcionar sólo con tres miembros. La última vez que sucedió algo similar fue en 2015, tras la jubilación de Carlos Fayt.

Los mandatos de Rosatti y de Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte Suprema vencían el 1 de octubre. Por lo tanto esta semana era clave para que se definan las autoridades del máximo tribunal penal del país.

Rosatti, quién ira por su segundo mandato, también es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. Por ley, el presidente de la Corte Suprema es el titular del Consejo, por lo que Rosatti seguirá también en ese cargo por los próximos tres años.

Especialista en derecho constitucional, ex intendente de su ciudad, Santa Fe, ex convencional constituyente en la reforma de 1994 y ex procurador del Tesoro de la Nación y ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, Rosatti fue designado en la Corte Suprema en junio de 2016 a propuesta del entonces presidente de la Nación Mauricio Macri.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por su Rosenkrantz fue presidente de la Corte Suprema entre 2018 y 2021 y desde entonces su vicepresidente. También fue propuesto para el máximo tribunal por el entonces presidente Macri y tras el acuerdo del Senado de la Nación asumió en agosto de 2016. Previo a su nombramiento era rector de la Universidad de San Andrés e integrante del estudio de abogados “Bouzat, Rosenkrantz y Asociados”.

En tres meses el máximo tribunal tendrá la salida de uno de sus integrantes. Es Maqueda que e 29 de diciembre cumple 75 años. Es la edad máxima que la Constitución Nacional establece para que un juez tenga el cargo. La carta magna da la posibilidad de seguir por cinco años más si lo solicita el Poder Ejecutivo y si lo aprueba el Senado de la Nación.

Una reglamentación del gobierno de Macri estableció que si un juez quiere seguir después de los 75 años debe pedirlo con un año de anticipación. El gobierno de Javier Milei planteó que Maqueda no lo solicitó por eso dio por terminada su presencia en la Corte Suprema el 29 de diciembre próximo y para ocupar su lugar propuso a García-Mansilla. Maqueda es juez del máximo tribunal desde diciembre de 2002 cuando fue designado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Con su salida, la Corte pasará a estar integrada por tres jueces. Para sacar fallos se requerirá unanimidad de ciriterios entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. En caso que no la haya se necesitará convocar a conjueces para desempatar, lo que se hace con los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.

Tanto Lijo como García-Mansilla ya tuvieron en el Senado la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos. Ahora resta que se firmen los dictámenes de comisión para cada uno de ellos y que después el pleno de la Cámara vote si los designa o no como jueces. Para eso se necesita una mayoría especial de dos tercios de los senadores presentes.

Tras la aprobación de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno nacional concentra sus energías en la ampliación y composición de la Corte Suprema de Justicia. Luego de proponer a los jueces federales Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para reemplazara a Elena Highton de Nolasco y a Carlos Maqueda, evalúan la posibilidad de ampliar a nueve el número de miembros del Máximo Tribunal. 

Según supo la agencia Noticias Argentinas de uno de los máximos asesores de Javier Milei, “es más sano una Corte de 9 miembros que de 7”, y se acerca a la idea de "federalismo" que buscan imprimirle a la composición. Además, descartan la posibilidad de dividir el Máximo Tribunal en salas temáticas y por jurisdicciones.

En esa tarea trabaja el secretario de Justicia y del miembro del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, quien a su vez tiene la compleja tarea de destrabar en el Congreso los pliegos de Lijo y Mansilla para el mes agosto. Lo hace en tándem con el jefe y el vicejefe de Gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, quienes siguen al pie de la letra las directivas del alfil libertario Santiago Caputo. 

Una vez cumplida la voluntad del presidente Javier Milei, la intención es avanzar con la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros para antes de fin de año.

Para eso, están abiertas las conversaciones con senadores que responden a los intereses de los gobernadores que presionan para que la expansión se concrete. 

En junio de 2022, un grupo de mandatarios provinciales peronistas y aliados presentaron al aquel entonces presidente Alberto Fernández la propuesta para conformar un tribunal supremo de 25 miembros (uno por provincia más un representante nacional y que cumpla con la paridad de género). Algunos meses después, la Cámara de Senadores le otorgó media sanción al dictamen de mayoría, pero con modificaciones acordadas previamente que reducían a 15 el número de jueces.

Con la lupa en la región, los países limítrofes funcionan de modelo para la administración libertaria ya que, en el mayor de los casos, los Tribunales Supremos exceden los cinco miembros. 

Si bien aún no hay nombres ni jueces para integrar el número, la idea es que una vez aprobada la propuesta del Gobierno para que Lijo y Mansilla reemplacen a Highton de Nolasco y a Maqueda, se designen además otros cuatro miembros que se sumarán a la Corte integrada por su titular, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro, Ricardo Lorenzetti.

“La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros que del número”, planteó un conocedor en la materia que respalda el número electo por el mandatario.

El oficialismo sabe que las negociaciones por la aprobación de ambos jueces configura una tarea compleja aunque aseguran que contarán con los votos necesarios para aprobar ambos nombres. El mandatario ya anticipó que no es uno sin el otro, por lo que el debate por el paquete Lijo - García Mansilla traccionan a los indecisos en la elección. 

A los rechazos públicos se les suman los detractores en las filas libertarias: la vicepresidenta Victoria Villarruel dio a entender que el magistrado de Comodoro Py no es de su elección. Lo propio anticipó el senador Francisco Paoltroni. 

“En las charlas cada bloque no responde en tándem, no es que negocias con los jefes de bloque y ya está. Al interior de cada espacio hay pensamientos diferenciados, incluso libertad de acción”, confesó uno de los encargados de tender puentes con la oposición, y pese a que descartó haber entablado diálogo con la dos veces presidenta Cristina Kirchner, admitió contacto con sus senadores. 

A pesar de la polémica, es García Mansilla, a diferencia de Lijo, el que cuenta con menos adeptos debido a que reemplazará a la primera mujer en llegar al Máximo Tribunal desde la restauración democrática, y anulará así el único contrapeso de género entre los magistrados. Ante este panorama, el oficialismo deberá intensificar el trabajo y cumplir con el primer paso camino a la modernización de la justicia. Fuente: Noticias Argentinas

Los cuatro miembros de la Corte Suprema no asistirán al acto que realizará Javier Milei en Tucumán por el 9 de Julio, en el que el Gobierno impulsa la firma del demorado Pacto de Mayo.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti anunciaron su inasistencia a través del área de ceremonial del alto tribunal, que ya se lo informó a ceremonial de la Casa Rosada. No especificaron los motivos.

La decisión de los jueces se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema, con la polémica postulación de Ariel Lijo, y una eventual ampliación.

Los magistrados no serán los únicos ausentes en la celebración con la que la gestión libertaria buscar sellar un acuerdo con 10 puntos claves de cara al futuro. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir al encuentro. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, dijo.También serán de la partida el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto; el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán.

Desde el Gobierno dejaron saber que finalmente -pese a lo que había comunicado el Presidente- los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar. Mauricio Macri, el único de los ex presidentes que había confirmado su presencia para la frustrada convocatoria del 25 de Mayo, ahora tensiona con el Ejecutivo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad. Alberto Fernández y Cristina Kirchner no tienen planeado asistir.

La ausenca de los magistrados se da en medio de la decisión del Gobierno de impulsar dos pliegos de candidatos a cubrir vacantes en el máximo tribunal, los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y de la idea de ampliar el número de miembros del Máximo Tribunal.

Ante a las primeras versiones de ampliación de la Corte, la Justicia se mostró cautelosa, debido a que no se trata del primer proyecto que se formuló en los últimos años en torno al tema, pero también porque creen que es una cuestión que primero se tiene que zanjar en los otros poderes, a nivel ejecutivo y legislativo.

Dos jueces de la Suprema Corte ya habían expresado su postura respecto a la posibilidad de ampliación. Ricardo Lorenzetti fue uno de los que declaró en 2022 que “no se puede hacer populismo judicial”, en una crítica al intento del kirchnerismo de ampliar de 5 a 15 el número de integrantes.

Sobre esa misma reforma promovida por el gobierno de Alberto Fernández, el presidente de la Corte Horacio Rosatti había sido bien claro al declarar en una entrevista televisiva que “sería bueno que nos consulten”.Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Gobierno de Javier Milei difundió este miércoles los 10 puntos que incluirá el Pacto de Mayo, con dos cambios relevantes: se incorporó un tópico sobre educación y se eliminó la reforma política.

En el proyecto inicial del pacto, la administración de Milei había establecido una “reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”. Pero finalmente ese punto no estará en el compromiso al que llamó el Presidente para respetar 10 políticas de Estado y al que describió como un nuevo acuerdo fundacional para la Argentina.

En marzo, cuando Milei anunció el Pacto de Mayo y convocó a los gobernadores, aclaró que esos lineamientos iban a estar sujetos a la aprobación previa de la Ley de Bases y del paquete fiscal, lo que finalmente sucedió tras varias idas y vueltas.

Qué gobernadores firmarán el Pacto de MayoEn los últimos días, en Casa Rosada, el Gobierno rubricó acuerdos con gobernadores, especialmente por la obra pública, que está paralizada desde la asunción de Milei. Allí, Karina Milei, Secretaria de la Presidencia, recibió al tucumano Osvaldo Jaldo, al catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y la cordobés Martín Llaryora. Todos ellos, aunque no lo anunciaron públicamente, estarán en Tucumán y participarán el Pacto.

También se presentarán los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio. Ellos son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis).

Desde el Gobierno creen que también podrían sumarse los gobernadores opositores nucleados en partidos provinciales como Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Y tienen dudas con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien también pasó por las oficinas de Francos.

Fuente: Clarín

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá expedirse sobre el fallo a prisión perpetua dictado por la justicia entrerriana contra Nahir Galarza como única acusada del crimen de Fernando Pastorizzo. En ese aspecto, los magistrados evaluarán el Recurso Extraordinario Federal presentado por la defensa técnica de Galarza, integrada por los abogados José Ostolaza y Pablo Sotelo.

Según trascendidos en los pasillos judiciales, la mayoría de los jueces del máximo tribunal ya ha revisado el fallo, y solo quedaría en manos del juez Juan Carlos Maqueda para la decisión final. Entre los principales puntos del Recurso, los defensores apuntan al incumplimiento por parte de la sentencia de las Convenciones Internacionales en materia de Violencia de Género y de Protección de la Mujer.

Según Ostolaza, el Estado argentino y cada una de sus autoridades públicas tienen el deber de atender especialmente aquellos casos en los cuales se denuncie Violencia de Género y traducirlas en acciones positivas. “A lo largo de todo el proceso, se denunció la afectación del derecho de defensa, debido proceso y Violación de Convenciones Internacionales”, manifestó el abogado.

La defensa se quejó además de que el Juez de Garantías le permitió al Fiscal el acceso a la cuenta de Facebook de la víctima, pero ante el pedido de la defensa, fue sistemáticamente denegado. Y se requirió, a su vez, la realización de la autopsia psicológica de Pastorizzo y la prueba del dinamómetro del arma secuestrada, lo cual también fueron rechazadas en todas las instancias.

“El Tribunal del Juicio dio por probadas las lesiones hacia Nahir Galarza a través de elementos objetivos, sin embargo, expresó que no se podía dar por acreditado que el autor había sido Pastorizzo dado que surgía de los dichos de Galarza y de testigos allegados a la misma”, destacó el escrito presentado a la Corte Suprema. Otra de las fuertes críticas señaladas por la defensa es la “falta de perspectiva de género” en el juicio provincial.

De este modo la defensa de Nahir Galarza, patrocinada por el Dr. José Ostolaza y el Dr. Pablo Sotelo, finalizan expresando que “queda así solicitada expresamente la anulación de la sentencia por violación al Debido Proceso Legal, incumplimiento de los tratados internacionales a los cuales adhirió Argentina a través del art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”.

Fuente: Noticias