El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de cárcel. El fallo surge luego del juicio contra el exparlamentario misionero y su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando. A su vez, Guinsel fue condenada a un año y 10 meses. Ambas penas son en suspensión de la ejecución, por lo que no irán a prisión.

En los fundamentos de la decisión, los jueces paraguayos Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris hicieron un repaso de los hechos. El relato se basó en la documentación labrada durante el secuestro, videos del sistema de seguridad y la información que aportaron los funcionarios aduaneros y policiales al momento de la detención.

En la resolución unánime, el Tribunal consideró que el control sobre la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba la pareja fue “aleatorio”. Les consultaron si trasladaban divisas y no obtuvieron respuesta, y que, tras haber detectado el dinero en la mochila que estaba en el asiento trasero, les preguntaron si lo habían declarado. Tampoco hubo contestación.

“De estas pruebas valoradas, se desprende que Kueider y Guinsel ingresaron al país dinero en efectivo que supera los 10 mil dólares americanos sin la declaración”, señaló García al momento de la lectura. Más adelante, recordó que ya habían ingresado en otras cinco oportunidades y que conocían el mecanismo reglamentario.

El tribunal también avaló la interpretación de la Fiscalía, en el sentido de que el ingreso de divisas sin declarar constituye el delito de contrabando. En este caso, en grado de tentativa ya que fueron interceptados antes de entrar al territorio paraguayo. La defensa postuló que, al no ser mercadería en un sentido restringido, este tipo legal no era aplicable.

“Cuando una persona física transporta dinero físico extranjero a través de una frontera, no ingresa un valor abstracto ni una simple operación financiera. Introduce físicamente billetes, es decir bienes corporales muebles, perfectamente individualizable, susceptibles de transporte, ocultamiento, aprehensión, verificación e incautación”, sostuvo el tribunal. Esa descripción coincide con lo expuesto en la legislación paraguaya.

Previamente, el fiscal que llevó el caso, Ysrael Villalba, había solicitado la pena de dos años y dos meses de prisión para ambos. De hecho, el planteo está cerca del máximo previsto para la tentativa de contrabando, que es de dos años y seis meses.

El debate se cerró a media mañana. Antes hubo tiempo para que la acusación pública rebatiera argumentos defensivos contra su alegato (réplica) y a la inversa (dúplica). Previo a pasar a deliberar, la presidenta del Tribunal preguntó al exrepresentante de Entre Ríos en el Congreso:

Señor Edgardo Kueider ¿Algo que quiera peticionar al Tribunal?

A pesar de que tuvo la posibilidad de declarar y ampliar su indagatoria durante todas las jornadas del juicio, Kueider prefirió el silencio por recomendación de su defensa.

Sin embargo, en esta oportunidad, el acusado se acomodó frente al micrófono y comenzó su alocución dando gracias, pero de inmediato insistió con la teoría de la conspiración en su contra, en la supuesta confabulación, entra la política, la Justicia y los medios de Argentina. Además, consideró que el procedimiento de la Aduana paraguaya fue “un error”.

Al cierre de su larga exposición, requirió “un fallo claro, contundente y ejemplificador poder limpiar nuestro nombre y honor que han sido mancillados por una acusación falsa, que se inició en Argentina, y fuera de lugar que nos impidió estar en libertad un año y medio”.

La acusación esgrimió en el alegato de cierre que los imputados no habían pedido disculpas al pueblo paraguayo por lo ocurrido. Luego Kueider cruzó la línea otra vez: “También agradezco al personal aduanero, más allá de que hayan hecho un procedimiento que no corresponde. Sin embargo han tenido un trato respetuoso”.

El control aduanero, en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad -que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçú- fue quien detectó en el vehículo en que se movilizaron Kueider y Guinsel la mochila con 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes que no habían sido declarados.

Luego de la disgresión, peticionó a los integrantes del Tribunal “por favor: apliquen la ley como seguramente lo hará”.

Después, tuvo unas palabras para Guinsel: “Con respecto a Iara, quiero decirles que (ella) termina siendo un daño colateral de una feroz persecución política que se inició en la Argentina, exclusivamente contra mi persona”.

En tanto, cargó ante “el accionar y el criterio que ha tomado la Fiscalía” de Paraguay en “encuadrar esto en un delito de contrabando cuando no corresponde para nada”. Según entendió, para juzgarlo “hay una ley especial”.

Sin embargo,criticó al fiscal Ysrael Villalba, que estuvo a cargo del caso, por haber hecho, desde su punto de vista, “una interpretación expansiva del Código Penal cuando eso no está permitido”.

“Me quedó algo que necesito decirlo”, indicó más adelante el acusado. En este tramo, apuntó contra el alegato del fiscal. Villalba hizo hincapié en que ambos acusados eran funcionarios públicos y que no habían pedido disculpas por lo ocurrido.

“Iara nunca fue funcionaria pública. Trabajó 4 meses en el Senado de la Nación”, comentó. Pese a la contradicción, avanzó: “Ni antes ni después tuvo otra participación en la función. Nunca estuvo. Fue contratada”.

En cuanto a la recriminación de la acusación pública sobre el por qué no declaró en el juicio ni pidió perdón, Kueider precisó: “Es un derecho universal y constitucional abstenerse. La verdad es que me desvivía de las ganas de declarar al escuchar a los testigos. No por lo que dijeron sino por lo que no expusieron. Tenía muchas cosas que decir sobre lo sucedido esa noche y muchas inconsistencias que se dijeron acá”.

“Mis asesores me sugirieron que no lo haga. Incluso les escribía para que les preguntaran a los testigos tal o cual cosa. Y me indicaban que no era necesario porque las declaraciones avalaban nuestra defensa”, acotó.

Por otro lado, aseveró: “Pedir disculpas por un delito que uno no cometió no corresponde. Sí voy a decir que respeto muchísimo al pueblo y a las instituciones paraguayas”.

“El accionar que tiene la Justicia de Paraguay es envidiable. Conozco cómo funciona en la Argentina y estoy viviendo en carne propia cosas horribles que quedarán evidenciadas en poco tiempo. Te pueden tener 15 años en la parrilla, bajo el escarnio público con la prensa publicando notas todo el día y destruyendo la imagen pública. Y acá, nada que ver”, diferenció.

Finalmente, agregó: “Para alguien que es inocente, un juicio rápido es lo mejor que le puede pasar”. Más adelante, postuló que durante el tiempo en arresto domiciliaria “estuvimos privados de nuestras familias. La verdad (fue) muy doloroso. Pedimos Justicia. Nada más”.

La imputación se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay desde Foz do Iguaçu en una Chevrolet Trailblazer. Las autoridades hallaron 200 mil dólares estadounidenses sin declarar, distribuidos entre ambos. El vehículo figura a nombre de Daniel “Gonzalito” González, señalado como presunto testaferro de Kueider en Argentina.

El ex senador nacional por Entre Ríos pasó dieciocho meses de prisión domiciliaria, tras enfrentar el proceso judicial en Paraguay. Kueider negó de forma enfática las acusaciones y afirmó: “No se cometió ningún ilícito”.

Durante la audiencia de cierre, el ex legislador reiteró: “Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”. En referencia a su pareja, sostuvo: “Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”. Kueider se mostró confiado en que los argumentos de su defensa serán suficientes para refutar la acusación, y subrayó: “Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

En este sentido, la defensa sostiene que el dinero no constituye una mercancía, por lo que no puede tipificarse como contrabando. La Fiscalía, en cambio, considera que el intento de ingreso sin declarar la suma configura el delito. En diálogo con periodistas, Kueider manifestó: “Eso quedará demostrado”, y remarcó que tampoco habría irregularidades en la procedencia de los fondos. El exsenador evitó declarar en las audiencias, lo que impidió que el tribunal escuchara su versión sobre los hechos.

El exfuncionario denunció inconsistencias en el procedimiento de detención. Mientras la policía de Paraguay señaló que el dinero estaba en una mochila en el asiento trasero, Kueider declaró ante los medios que esa versión no correspondía con lo ocurrido. Y alegó que hubo confusión respecto al origen y la propiedad de los billetes incautados.

El caso de Kueider no se limita a la acusación por contrabando. Recientemente fue procesado en Paraguay por lavado de activos, a raíz de la compra de seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas.

En Argentina, el exparlamentario enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro, bajo la titularidad de Sandra Arroyo Salgado. Esta última solicitó la extradición del exsenador y recibió el visto bueno de las autoridades paraguayas. La Corte Suprema argentina debe definir cuál de los juzgados continuará con el proceso.

La Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Kueider. Esto implica que, en caso de regresar a Argentina, el exlegislador quedará detenido de inmediato.

Antes de dejar la sala tras la última audiencia, Kueider reiteró ante la prensa: “Hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

En una resolución clave para uno de los casos de corrupción más significativos de la provincia, la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso la remisión a juicio oral de la causa que investiga una organización dedicada a sustraer fondos públicos mediante contratos apócrifos en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Según la acusación fiscal sostenida durante las audiencias, la organización operó al menos entre enero de 2008 y septiembre de 2018. El “modus operandi” consistía en realizar contrataciones de obra con personas que no prestaban servicios reales al Estado y que solo recibían una parte ínfima de los honorarios, quedando el resto en manos de la organización.

Se estima que la maniobra involucró a más de 700 contratistas y que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, la cifra de 2.000.000.000 de pesos.

La resolución de la jueza Barbagelata alcanza a 18 implicados entre los que destacan:

Los delitos que se les atribuyen incluyen peculado, asociación ilícita (agravada en algunos casos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante el proceso, las defensas presentaron numerosos planteos para excluir pruebas —como registros telefónicos, evidencia digital y documentación secuestrada en allanamientos— y solicitaron la nulidad de la acusación. No obstante, la jueza Barbagelata desestimó la mayoría de estos pedidos, ratificando la validez de las pruebas recolectadas por la Fiscalía.

Asimismo, la magistrada rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por varios de los acusados, incluyendo a Ariel Faure, Diego Pagnoni, Mariano Speroni y otros funcionarios del Tribunal de Cuentas, quienes están bajo la lupa por haber omitido presuntamente sus deberes de control.

La única resolución favorable de fondo para un imputado durante esta etapa fue el sobreseimiento de Héctor Gustavo Falco. La jueza tomó esta decisión luego de que la propia Fiscalía admitiera no contar con bases suficientes para requerir la apertura de juicio en su contra tras agotar las tareas de investigación.

Con la lectura de los fundamentos y la resolución de las últimas incidencias el 1 de julio de 2025, la jueza Barbagelata cerró la etapa de audiencias de remisión, disponiendo que los autos ingresen a despacho para emitir el auto de apertura a juicio. Este documento plasmará todas las medidas de prueba (documentales, testimoniales e instrumentales) que han sido admitidas para ser producidas durante el debate oral.

Fuente: AHORA

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó entre diciembre de 2023 y marzo pasado un total de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito, según cálculos de los investigadores, mientras se aguarda un informe oficial encomendado a un organismo especializado.

Se trata de una de las pruebas que se analizan en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ahora ex funcionario y que está delegada en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

Los investigadores tienen los resúmenes bancarios de los gastos con las tarjetas y, según pudo confirmar Infobae, en base a ellos realizaron una cuenta propia que arrojó el nivel de gasto por $139 millones de pesos en consumos, mientras era funcionario público, primero como vocero y luego como jefe de Gabinete .Además es investigado por haber usado plásticos de empleados suyos para compras de elementos de videojuegos, según ya declaró una de ellas como testigo en los tribunales federales de Retiro. El entonces funcionario devolvía el importe en efectivo.

La sumatoria de consumos de Adorni con tarjetas de crédito superaría el promedio del salario que percibió en la función pública, según estimaron las fuentes del caso. A esto se agregan los gastos en efectivo revelados por otros testigos, como fue el caso del contratista Matías Tabar en relación a los 245 mil dólares gastados cash en la refacción de su casa en el barrio privado Indio Cua.

Adorni percibió un salario de 3,5 millones de pesos por mes hasta fines de 2025 y luego aumentó a 7,6 millones. La Justicia accedió a toda la información tras el levantamiento del secreto bancario al entonces funcionario. Se trata de datos preliminares a la espera de un amplio trabajo que se encomendó a la DAFI, un organismo especializado en informes patrimoniales. Una vez que se reciba el resultado y en caso de considerarlo la fiscalía pedirá que se intime a Adorni a presentar una justificación patrimonial. Si esto no convence, se avanzará en un planteo para que se cite a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete, algo que tiene que decidir el juez del caso, Ariel Lijo.

Además de los consumos con tarjeta se analizan otros gastos pagados con tarjetas de crédito de al menos dos empleados públicos subordinados de Adorni. También compras como camas y blanquería facturadas en unos 8 millones de pesos a nombre de otra funcionaria y abonadas en efectivo. A esto se suma el pago en dólares de refacciones a propiedades y viajes también saldados en efectivo desde la llegada a la función pública de Adorni en 2023.

El estudio pericial que terminará de sellar la suerte del ex funcionario abarcará todas las pruebas que se fueron incorporando, desde el inicio de la investigación en cuanto a los gastos y el cruce con ingresos acreditados. Se hará sobre Adorni y también en relación a su grupo familiar.

Además, el fiscal pidió ya un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que Adorni haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora, como dijo en una entrevista periodística.

La investigación se amplió a períodos previos a su arribo a la función pública, en pedidos de informes que abarcan a su esposa Bettina Angeletti y también se pidió un informe sobre todas las declaraciones públicas de Adorni desde antes de su llegada al gobierno de Javier Milei vinculadas a criptomonedas luego que en la declaración jurada que presentó blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el ex funcionario fue de 200 mil dólares.

Javier Milei llegó al país tras su viaje a España y, según pudo saber Infobae, espera la llegada de Manuel Adorni en la Quinta de Olivos, donde le presentará su renuncia. Según pudo saber Infobae, el Presidente estaría dispuesto a aceptar su salida, tras largos meses de desgaste por la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

⁠”Esta vez es el propio Manuel que ya reconoce que está desgastado. La salida es consensuada”, dejaron trascender en el Gobierno. Ayer el propio Adorni se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde habrían consensuado su salida. Tras esa conversación, la hermana del mandatario habría elegido a Diego Santilli como su reemplazante, aunque resta la aprobación del Jefe de Estado.

En los últimos días la cúpula libertaria fue reorganizando la estrategia de comunicación y le fue quitando tareas al ministro coordinador, que también está siendo presionado por el Congreso, que busca su remoción a través de una moción de censura.

En Madrid, el mandatario nacional insinuó por primera vez la posibilidad de echar al funcionario, cuando durante una entrevista aseguró que, si bien confía en su palabra, no dudaría de “eyectarlo de una patada“ si la Justicia lo declara culpable.

Quien aparece con más chances para reemplazarlo es el ministro del Interior, Diego Santilli, con buena relación con los gobernadores y con el Congreso, además de con el PRO, partido al que todavía pertenece.

Su ascenso, en este sentido, podría significar también la recomposición de las relaciones con uno de los principales aliados parlamentarios que tiene el oficialismo.

Además, “El Colo“ supo ganarse tanto la confianza de la secretaria general, Karina Milei, como del asesor presidencial, Santiago Caputo, por lo que convence a ambos sectores.

“Estaríamos de acuerdo con que fuera él, pero también si es Pablo Quirno u Horacio Marín. Con los tres estaríamos giga on board y con los tres nos llevamos bárbaro”, explicaron en el campamento del consultor político.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el titular de la cartera del Interior ya recibió días atrás la propuesta de asumir como jefe de Gabinete, pero en ese momento le pidió al mandatario y a su hermana tiempo hasta el 2 de julio para responder.

“Calculo que si Adorni se va finalmente en estos días, va a tener que responder antes de lo que estaba previsto”, señaló una persona al tanto de ese ofrecimiento.

Si esto ocurre, el Ministerio del Interior quedaría en manos de Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y uno de los encargados de las negociaciones parlamentarias.

El dirigente generó una muy buena relación con Santilli durante este tiempo, trabajando a la par con él para conseguir los votos para las leyes que impulsaba la Casa Rosada.

Mientras “El Colo” conversaba con los gobernadores, Devitt trasladaba y cerraba los acuerdos con los diputados y senadores en el recinto.

Aunque todavía se estaba definiendo la nueva estructura que quedaría en la Jefatura de Gabinete, estaba prácticamente acordado que, en ese caso, desaparecerá nuevamente el Ministerio del Interior y se transformara en una Vicejefatura, como ocurrió cuando nombraron a Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Por otra parte, quienes conversan a diario con Santilli aseguran que el funcionario, cuando se reunió con Karina Milei, “ya había aceptado” la propuesta de reemplazar eventualmente a Adorni.

El plazo hasta el 2 de julio que había puesto para pensarlo originalmente fue antes de que, de manera sorpresiva y por razones que no quedaron claras, Adorni cancelara el informe de gestión que iba a brindar esa misma fecha.

De hecho, el último respaldo explícito por parte de Milei se dio en aquella oportunidad, cuando reposteó el mensaje que el funcionario publicó en su cuenta de X, en el que aseguró que está “a disposición“ para presentarse en el Senado cumplir con ese protocolo, “como marca la Constitución Nacional”.

La aclaración surgió en medio de otro cruce con Patricia Bullrich, que previamente había dicho en público que ella “logró que se cancelara” esa presentación, insinuando que al Poder Ejecutivo no le convenía que ocurriera.

En el entorno del actual ministro coordinador sostienen que, en realidad, son los propios legisladores los que no lo quieren escuchar y no enviaron las preguntas correspondiente, por lo que fueron ellos los que suspendieron el encuentro.

Sin embargo, las declaraciones cruzadas trajeron más malestar con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que es la representante del oficialismo más crítica de Adorni.

Por otro lado, Milei también le fue quitando tareas al funcionario para dárselas a otras personas, y nombró a Adrián Ravier como vocero y a Fabián Fernández como secretario de Prensa.

En la Casa Rosada hay una estrategia de mejorar la manera de comunicar las cosas, no solo sacando de escena al jefe de Gabinete, para que las denuncias en su contra no opaquen los logros de gestión, sino también cambiando la organización.

Es por eso que una de las órdenes que se dio, como trascendió esta semana, fue la de que todo tipo de comunicado pase primero por Ravier, para que haya más coordinación entre los Ministerios.

“Era un quilombo eso. Veremos si se puede acomodar. Más que nada porque, además, hay que retomar la iniciativa”, señaló a Infobae una de las personas detrás de este plan.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. El planteo se centra en el segundo delito, porque la fiscalía considera reunido el grado de sospecha necesario sobre ese punto.

En la imputación se apoya además en una pieza que la fiscalía considera determinante: durante su paso por el Consejo de la Magistratura provincial, Adorni trabajó en un área con vinculación directa con las declaraciones juradas, por lo que, según la investigación, no podía desconocer cómo debían presentarse. La petición se realizó ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga el juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una investigación que abarca el período 2023-2026.

El mes pasado, Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada después de que se abriera una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa corrección informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción.

La causa apunta a los movimientos patrimoniales de Adorni desde que asumió como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa, y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas.

La fiscalía sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026.

En todas esas declaraciones, según el informe, habría existido una cantidad inusual de rectificaciones posteriores, cada una sumando datos nuevos, ajustando valores o incorporando cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes no informados en los formularios originales.

El documento detalla que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria, llegando a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

El fiscal sostiene que “el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.

El elemento central que empujó la imputación tiene que ver con un cambio continuo y progresivo en las declaraciones a medida que avanzaba la causa.

Según el informe, cada declaración jurada original fue corregida al menos dos veces. Por ejemplo, la patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, describía un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Después, en mayo de 2026 (cuando la investigación ya había comenzado), Adorni declaró “haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período”.

A estos cambios le siguieron incorporaciones sucesivas de tarjetas, cuentas y valores. En su declaración rectificativa de Baja 2025 presentó, recién entonces, que tenía en su haber “dinero en efectivo por $24.500.000, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia”. Además, se sumaron detalles de cuentas bancarias en pesos y en dólares tanto para él como para su esposa, así como nuevos instrumentos financieros.

En la última presentación rectificativa del 8 de junio de 2026, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas a su nombre, otras a nombre de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La pesquisa identificó en total más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas después de iniciada la auditoría patrimonial.

El expediente detalla un crecimiento patrimonial llamativo. Según surge de los formularios recopilados:

La fiscalía plantea que “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus declaraciones juradas patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa”.

La acusación está encuadrada en el artículo 268 (3) del Código Penal, que sanciona la presentación de declaraciones juradas falsas u omisión de bienes por parte de funcionarios públicos. El avance de la investigación apunta tanto a la “falta de justificación en las variaciones patrimoniales” como a la sospecha de intención de ocultar el verdadero patrimonio.

La fiscalía federal solicitó que Francisco Jorge Adorni sea citado a declaración indagatoria. Esta es la instancia legal en la que el imputado, habiéndole sido notificadas las pruebas y sospechas en su contra, podrá presentar explicaciones o defensas ante el juez.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ex diputado y candidato libertario investigado por vínculos narco, José Luis Espert, pidieron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno de Javier Milei y que permite blanquear dinero y bienes sin declarar. Sus adhesiones se conocen al mismo tiempo que la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, apuntados por el exuberante incremento de su patrimonio en los últimos tres años.

Según consta en la web de ARCA, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente. De aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.

Estos pedidos salen a la luz horas después de que también pidan el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (primer paso para adherir al de Inocencia Fiscal) Adorni y su esposa Angeletti, ambos envueltos en una investigación de la Justicia federal por enriquecimiento ilícito producto de sospechas en torno a un incremento exuberante de su patrimonio desde que el jefe de Gabinete se convirtió en funcionario de Milei.

Este pedido de los Adorni se da antes de que el vocero presente su declaración jurada ante el fisco, en la que intentará explicar cómo realizó una serie de gastos millonarios pagados en dólares. En concreto, el jefe de Gabinete y su esposa deben explicar la compra de un departamento en Caballito con apenas 30.000 dólares, la reforma de la casa del country Indio Cuá por 245.000 dólares y sus viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares.

De aprobarse su solicitud, tanto Adorni, su esposa, Sturzenegger y Espert podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. También pidió estar en esta lista el documentalista libertario Santiago Oría, encargado de producir piezas audiovisuales para la Casa Rosada.

En caso de ser aprobadas, ARCA no podrá analizar la composición patrimonial ni la evolución de sus bienes durante los años 2022, 2023 y 2024, ni tomar como período base al 2025.

Desde septiembre del año pasado, el exdiputado comenzó a ser investigado por la Justicia federal de San Isidro por presunto lavado de dinero proveniente de sus vínculos con Federico "Fred" Machado, quien se declaró culpable por fraude y lavado ante la Justicia de Estados Unidos. El fiscal Fernando Domínguez está detrás de millonarios movimientos bancarios de 135.000 dólares, 230.000.000 pesos y analiza la compra de autos de alta gama e inversiones inmobiliarias.

Espert, que dio de baja su candidatura a diputado de La Libertad Avanza (LLA) a 20 días de las elecciones pasadas, fue el encargado de anunciar en junio de 2025 el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, luego sancionado por el Congreso gracias a aliados del Gobierno.

"El objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco", decía el por entonces diputado.

Matías Tabar rompió el silencio. El contratista que declaró como testigo en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles de la obra que ejecutó en la casa del country Indio Cuá y volvió a rechazar los dichos del presidente Javier Milei, que lo había vinculado al peronismo.

“Voté a Milei, pero eso no tiene nada que ver”, aseguró en diálogo con el canal TN.

El jefe de Estado había calificado públicamente al empresario del rubro de la construcción como un “kirchnerista” y que por ese motivo había dicho ante las autoridades judiciales que Adorni gastó USD 245 mil en refaccionar su casa, presuntamente inflando el presupuesto real.

Tabar reiteró que esa fue la cifra total de la obra, pero no todo el dinero pasó por sus manos. En muchas contrataciones hizo las veces de intermediario: le presentaba los contratistas a Adorni y era el propio jefe de Estado el que pagaba el servicio. Dio como ejemplo a un jardinero.

Si bien no fue del todo claro con los montos, dijo que en una primera instancia recibió cerca de USD 95 mil en efectivo, de los cuales sólo 20 mil corresponden a sus honorarios. El resto se utilizó para pagar materiales, empleados y otros servicios relacionados con la refacción.

“El cobro fue en dólares, obviamente, pero no es que yo le cobré USD 250 mil y me los trajo a casa en una caja. Yo le paso un presupuesto, el cual él acepta, empezamos a trabajar y se empiezan a pedir una cosa u otra cosa, como cualquiera... “y ya que cambiamos esto, y ya que estamos lo otro...”, reconstruyó el contratista, sobre el desarrollo del proyecto.

“Se pidió un anticipo, como en cualquier obra, y el resto se fue entregando a medida que avanzaban los trabajos. No hubo ningún bolso lleno de dólares ni escenas cinematográficas”, insistió, y completó: “Esto termina desembocando en el total de la obra, que fue el que yo declaro cuando el fiscal me preguntó cuánto costó la obra”.

Consultado por el impacto de su declaración sobre la situación del jefe de Gabinete, Tabar se mostró compungido: “Nadie quiere atravesar una situación así. Tuve que declarar en contra de alguien que me dio trabajo, que me abrió la puerta de su casa. Fue un momento muy feo”. Y expresó que “sabía que con esa declaración iba a terminar enquilombando a una persona y no quería“. “Pero bueno, es lo que había que hacer”, reflexionó.

No obstante, dijo que cree en la honestidad del funcionario y que espera reencontrarse con él en un futuro para tomar unos mates. “Lo adoro, y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema. Sé la clase de persona que es. Totalmente creo en él y en su familia, y sé lo que son”, expresó Tabar durante en la entrevista. Y agregó: “Era casi un cliente-amigo”.

En redes sociales, Tabar suele compartir memes y publicaciones con una postura abiertamente antiperonista contra Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa durante 2023, entre otros dirigentes de ese sector.

Frente a las acusaciones de Milei, que lo identificó con el kirchnerismo, Tabar remarcó: “Acepto la opinión del presidente, vivimos en democracia. Es lo que decía cuando estaba en campaña política. Y la verdad que es lo que votamos, o lo que voté. Es una persona sumamente inteligente que a veces tiene esas formas de expresarse”.

En el tramo final de la entrevista, al ser consultado sobre qué le diría hoy a Adorni, Tabar le envió un mensaje de apoyo: “Entiendo el momento que está viviendo, me solidarizo con él y su familia. Le mando un abrazo. Ojalá todo se aclare y podamos volver a tomar un mate como antes”.

Antes de brindar la entrevista televisiva, Tabar se había referido en otro reportaje a la causa que involucra a Adorni y relativizó las acusaciones por presunta evasión vinculadas a la remodelación de la vivienda del jefe de Gabinete. “Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo”, afirmó en declaraciones radiales, donde sostuvo que las irregularidades en la construcción son una práctica extendida en el sector.

En diálogo con Radio Rivadavia, el contratista dijo que la informalidad atraviesa gran parte de la actividad y planteó que se trata de un problema estructural de la economía argentina. “Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar”, señaló.

Tabar también argumentó que el alto costo de las obras dificulta sostener proyectos completamente declarados. “Ninguna persona en la Argentina que se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción si tiene que declarar todo”, sostuvo.

La remodelación de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz incluyó la construcción de una pileta climatizada, que le demandó unos 9000 dólares; y una cascada, que salió 3500 dólares. El detalle de lo instalado incluye dos apoyacabezas para un jacuzzi, pagados a razón de 90 dólares cada uno.

El contratista Matías Tabar, que hizo las remodelaciones en la vivienda, llegó a los tribunales de Comodoro Py a declarar con un archivo impreso en Excel de dos páginas donde están detallados diversos renglones con cada compra, lo que salió y los diferentes aportes de dinero que realizó Adorni a lo largo de las obras realizadas durante 2024.

Con estos detalles, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti dio un giro, ya que sumados a los otros gastos en efectivo y viajes, la suma que el funcionario debería justificar supera sus ingresos declarados. Por el momento se desconocen los de Angeletti.

El encargado de llevar adelante las refacciones en el country Indio Cua reveló además que el mecanismo de pago era íntegramente en efectivo, en dólares y al margen de cualquier registro fiscal. El presupuesto inicial pactado fue de unos 95.000 dólares, pero terminó escalando hasta los 245.929, según el detalle de gastos que aportó Tabar.

a remodelación de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz incluyó la construcción de una pileta climatizada, que le demandó unos 9000 dólares; y una cascada, que salió 3500 dólares. El detalle de lo instalado incluye dos apoyacabezas para un jacuzzi, pagados a razón de 90 dólares cada uno.

El contratista Matías Tabar, que hizo las remodelaciones en la vivienda, llegó a los tribunales de Comodoro Py a declarar con un archivo impreso en Excel de dos páginas donde están detallados diversos renglones con cada compra, lo que salió y los diferentes aportes de dinero que realizó Adorni a lo largo de las obras realizadas durante 2024.

Con estos detalles, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti dio un giro, ya que sumados a los otros gastos en efectivo y viajes, la suma que el funcionario debería justificar supera sus ingresos declarados. Por el momento se desconocen los de Angeletti.

El encargado de llevar adelante las refacciones en el country Indio Cua reveló además que el mecanismo de pago era íntegramente en efectivo, en dólares y al margen de cualquier registro fiscal. El presupuesto inicial pactado fue de unos 95.000 dólares, pero terminó escalando hasta los 245.929, según el detalle de gastos que aportó Tabar.

Según consta en su declaración, Tabar fue contactado directamente por Adorni en agosto de 2024 vía WhatsApp para evaluar una casa de aproximadamente 400 m² ubicada en el lote 380 del country Indio Cua. La propiedad estaba en buen estado estructural, pero requería ser adaptada a los gustos del matrimonio, contó el contratista.

El 14 de septiembre de 2024 se acordó el inicio de la obra sin firmar ningún contrato formal. A partir de allí, Tabar comenzó a actuar como intermediario y administrador: pedía presupuestos a contratistas, se los pasaba a Adorni, recibía los dólares en mano y pagaba a los proveedores.

El dato que más llamó la atención en tribunales es la informalidad de la operación por esa suma de dinero pues Tabar dijo que los pagos fueron realizados en efectivo y en dólares por el propio Adorni, sin que mediara la emisión de facturas, ni recibos por parte del constructor ni de la mayoría de los proveedores.

La planilla de Excel aportada por Tabar, titulada “BETTINA&MANUEL REMODELACION UF380” expone el nivel de detalle y el costo de las reformas realizadas a lo largo de los 10 meses que duró la obra.

Estos son los rubros más onerosos y llamativos que constan en los registros: el presupuesto inicial de 95.000 dólares incluía el cambio de pisos por porcelanato, pintura, revestimiento exterior, y reformas estructurales en la galería y la entrada.

Pero luego se dieron algunos saltos como la inclusión de aberturas premium al reemplazar las ventanas por Ventanas Renthaus, que representaron un desembolso de 33.000 dólares. En el jardín, la pileta original fue rellenada para hacerla menos profunda y revestida con piedra Bali y mármol travertino.

La planilla detalla 9780 dólares para la “bomba de calor mas pile”, lo que parecería ser un equipo para climatizar el agua, a lo que se sumó una cascada por 3500 dólares.

Además, los documentos confirman la existencia de un espacio de relajación con el ítem “apoya cabeza jacuzzi x 2” por 90 dólares. El césped del parque y el sistema de riego también sumaron más de 4000 dólares en gastos.

En el sector de la pileta invirtió 13.810 dólares, de los cuales la construcción de la parrilla insumió 6500 dólares, el frente, encargado a la firma Fidel Inoxidables, sumó otros 7310 dólares.

Adorni contrató carpintería a medida. Las planillas revelan pedidos extra de carpintería por 8037 dólares, luego otro por 19002 dólares. Más adelante se registró un cuarto pedido para bibliotecas y estantes por 7500 dólares y un pedido final al carpintero Marcelo por 9200 dólares más.

La instalación de una isla en la cocina costó 4900 dólares y en el rubro de aires acondicionados, instalación y ventiladores sumó casi 4000 dólares más. Se detallan también gastos en bachas de cocina, dosificadores y mármoles.

En total, la planilla certifica entregas de dólares en efectivo en sumas redondas de 30.000, 40.000 o 20.000 dólares, que en total alcanzan los 225.000.

El 18 de julio quedaba un saldo final de 20.929 para completar el costo total exacto de USD 245.929. Tabar testificó que esos 20.000 dólares restantes también le fueron abonados en efectivo al finalizar el trabajo.

Tabar reveló que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 fue contactado por Adorni y Angeletti para coordinar trabajos de carpintería en otro inmueble, identificado como “Miró”, el departamento de Caballito que adquirió luego para mudarse.

Allí se encargaron mesas de comedor de madera y mármol, muebles vajilleros y racks de TV, los cuales fueron abonados 100% en efectivo y en dólares. Tabar dijo que poco antes de su declaración testimonial, Adorni intentó contactarlo telefónicamente con mensajes temporales WhatsApp para ofrecerle ayuda o ponerlo en contacto con su equipo.

Tabar, asesorado legalmente, rechazó el ofrecimiento para no quedar implicado en el armado de una estrategia de encubrimiento. El constructor aportó fotos, renders y la planilla de gastos que son parte del expediente.

Tabar explicó que es vicepresidente de Grupo AA Arquitectura SRL, sociedad que constituyó junto con Facundo Heine, aunque señaló que esa firma no tuvo gran actividad. Aclaró que, en la práctica, desarrolla trabajos de construcción, refacción y remodelación junto con Josefina Canitano, esposa de Heine, y que su actividad comercial anterior era un negocio de computación iniciado en 2000.

Refirió que, luego de la pandemia, comenzó a realizar obras de remodelación en el country, a partir de un primer trabajo que llamó la atención dentro del barrio. Tabar señaló que antes de ser contratado para el lote 380 había tenido una aproximación indirecta por intermedio de Graciela Parada, a quien identificó como una persona vinculada a operaciones inmobiliarias dentro del country.

Según declaró, Parada le transmitió que un interesado —que era Adorni— quería comprar una casa que Tabar tenía junto con su socio en el lote 25. La oferta era un anticipo de aproximadamente 30.000 o 40.000 dólares y el resto en cuotas, hasta llegar a los 180.000 y 200.000 dólares, pero Tabar dijo que rechazaron la propuesta.

Luego, en agosto de 2024, Adorni lo contactó directamente por WhatsApp. Le dijo que estaba por adquirir la casa del 380 del country Indio Cua y que quería que Tabar y su equipo la vieran para evaluar posibles refacciones. Tabar fue a la vivienda con Josefina Canitano y se reunió allí con Adorni y Angeletti.

Según declaró, en ese momento la casa todavía no había sido adquirida formalmente por ellos, sino que estaban evaluando la operación. El testigo explicó que la vivienda se encontraba en buen estado estructural, pero no respondía al gusto de los futuros compradores.

Aportó fotografías del estado inicial de la casa y señaló que algunas imágenes provenían de la publicación inmobiliaria. Indicó que la casa tenía aproximadamente 400 m² construidos y que no se agregaron metros nuevos, sino que se trabajó sobre lo ya existente.

Por ese motivo, sostuvo que no se tramitó expediente municipal ni se presentaron nuevos planos, ya que se trató -según su versión- de una remodelación sin ampliación de superficie.

Dijo que hubo intención de firmar un presupuesto, aunque finalmente no se habría firmado. El presupuesto inicial ascendía a 128.150 dólares, pero luego se descontaron algunos trabajos que inicialmente estaban previstos, especialmente la carpintería de PVC y un grupo electrógeno a gas.

Con esas exclusiones, el presupuesto de base quedó en aproximadamente 85.050 dólares. A ello se agregó la remodelación de la pileta por unos 9000 dólares, por lo que el presupuesto inicial aceptado habría rondado los 94.000 dólares.

Los trabajos inicialmente pactados comprendían, entre otros, la remodelación de la entrada y pérgola, el garaje, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, enduido y la reparación de paredes, además del cambio de pisos por porcelanato.

El revestimiento exterior acordado fue tipo Tarquini, se cambió la puerta de entrada, se colocaron revestimientos y se hicieron mejoras en la escalera y la parrilla, se remodeló la pileta, se efectuaron trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

También se modificó la pileta, que fue rellenada o reformulada para hacerla menos profunda, con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. La obra habría comenzado en octubre de 2024, luego de algunos inconvenientes vinculados con la posesión del inmueble.

Según Tabar, duró aproximadamente 10 meses y la mudanza ocurrió en julio de 2025. Durante ese período Adorni habría concurrido con cierta frecuencia al barrio, ya que alquilaba otra vivienda dentro del country, posiblemente en el lote 1 o 2, perteneciente a una vecina de Tabar.

Tabar afirmó que el primer pago fue de 35.000 dólares en efectivo, entregado personalmente por Adorni en la casa. Sostuvo que todos los pagos posteriores también fueron realizados en efectivo y en dólares, entregados por Adorni sin recibos, facturas ni comprobantes.

Según la declaración, con el avance de la obra comenzaron a incorporarse trabajos adicionales. Tabar explicó que esos extras se fueron “mezclando” con el presupuesto original, porque Adorni le pedía que coordinara con carpinteros, proveedores y otros rubros.

En esa dinámica, Tabar habría actuado como administrador o intermediario: pedía presupuestos, los transmitía a Adorni, recibía dinero en efectivo y luego pagaba a los distintos proveedores o contratistas.

Entre los trabajos adicionales mencionó especialmente la carpintería. Indicó que se hicieron numerosos muebles a medida: racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, mobiliario general, muebles de living, comedor y otros elementos. Señaló tres pedidos de carpintería.

También mencionó otros extras, como microcemento, canillas, bomba de calor para la pileta, barandas, zinguería, electricidad, bachas, aires acondicionados, parquización, aberturas, luminarias, parrilla, frentes de parrilla y otros rubros.

Tabar estimó que el costo total de la obra, incluyendo el presupuesto original, los adicionales, los trabajos de carpintería, materiales y subcontrataciones, ascendió finalmente a unos 245.000 dólares.

Aclaró que ese importe incluía todo lo que él administró o coordinó respecto de la casa. También señaló que al finalizar la obra quedaban pendientes aproximadamente 20.000 dólares que cobró al terminar en efectivo, en dólares y sin emisión de recibos.

Tabar fue enfático en que ni él ni los proveedores habrían emitido facturas a nombre de Adorni o Angeletti. Dijo que, en el rubro de la construcción, “la mayor parte” de los trabajos se realiza sin factura, y que tampoco extendió recibos por las entregas de dinero.

Tabar identificó a varios proveedores y personas que intervinieron en la obra, el carpintero, el electricista y el plomero, entre otros. También declaró que conservaba fotografías, videos, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compras, póliza de seguro y carpetas digitales vinculadas con la obra.

El contratista exhibió imágenes del estado inicial, del proceso de remodelación y del resultado final, incluyendo vistas de la pileta, galería, parrilla, interiores, muebles, aberturas, iluminación y terminaciones.

En medio de las denuncias y las dudas sobre su patrimonio, Manuel Adorni volvió a hablar en conferencia de prensa en Casa Rosada. Según se informó, en la primera parte de su presentación, el Jefe de Gabinete hizo un repaso de las últimas noticias de la gestión y luego respondió preguntas de los periodistas acreditados.

Antes de iniciar la ronda de consultas, aclaró que no iba a evacuar dudas sobre cuestiones personales que puedan entorpecer la investigación judicial, pero volvió a negar irregularidades sobre sus viajes al exterior: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo y el Estado no registra pagos por mis viajes. Nunca existió ocultación alguna”, enfatizó al explicar el origen de los fondos utilizados en sus traslados familiares.

Sin embargo, una de las respuestas de Adorni se dio sobre el final de la rueda de prensa, cuando respondió inquietudes sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, que incluiría recursos oficiales como autos o custodia, fuera de su horario laboral.

En ese sentido, el funcionario afirmó que estas medidas se ajustan estrictamente al marco legal y son prácticas habituales en el mundo: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.

El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública."

Al respecto, el jefe de Gabinete subrayó: “El miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado (por Rodolfo Tailhade) casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de Gabinete, que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del Gobierno”.

Adorni negó que existan excepciones a lo dispuesto por la ley en estos aspectos. “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos”, enfatizó.

En cuando a las denuncias por su patrimonio, Adorni aclaró también que, aunque ya dio detalles públicamente, está dispuesto a acudir ante los tribunales si así se requiere: “Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”, garantizó.

Sobre la información aún pendiente respecto del estado de sus bienes, el jefe de Gabinete precisó: “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”.

En el mismo sentido, Adorni dejó claro que va a cumplir los plazos previstos: “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”.

Consultado en varias ocasiones sobre los cuestionamientos a su patrimonio y las denuncias judiciales, Adorni sostuvo que ya se había explayado de manera pública ante los representantes legislativos: “Todas las explicaciones fueron dadas el 29 de abril en mi exposición en la Cámara de Diputados”, subrayó.

En otro orden, afirmó que su presencia en la sala tenía que ver con reactivar el uso del espacio para la prensa. “Quise venir a dar la conferencia, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala. Cuando Casa Militar considere que no hay ningún riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”, especificó.

Al referirse a la dinámica de las conferencias, el jefe de Gabinete avanzó sobre la posibilidad de adoptar cambios en el método de preguntas para garantizar la participación de todos los periodistas presentes: “En este nuevo orden que estamos teniendo y para en algún momento poder ampliar las preguntas, respeten que sea una por periodista. Por ahí vamos a poder llegar al punto en que puedan preguntar todos”.

Hoteles, free shops, restaurantes, servicios de playa y hasta peluquería: esas son algunos de los gastos realizados con la tarjeta corporativa de la empresa Nucleoeléctrica Argentina, según precisó el último informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En febrero de este año, el organismo había cambiado su directorio tras la renuncia de Demian Reidel, envuelto precisamente en denuncias por sobreprecios e irregularidades, promoviendo la designación de Juan Martín Campos.

El primero en expresarse al respecto fue Reidel, quien en sus redes sociales remarcó que "mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. [...] Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa". Aún así, no desmintió que esos consumos hayan ocurrido durante su gestión frente a la compañía.

Por su parte, Campos también se expresó en X, en donde remarcó que se discontinuó "el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes, con el objetivo de simplificar, transparentar y centralizar la administración de los recursos del canon diario para viajes al exterior". "En aquellos casos en los que se identificaron inconsistencias o falta de justificación suficiente, se aplicaron los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo la devolución de los montos por parte de los agentes involucrados", aseguró.

Directivos de Nucleoeléctrica Argentina, entre ellos Juan Martín Campos, el segundo de derecha a izquierda.

La compañía Nucleoeléctrica Argentina genera la energía eléctrica que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II. Se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, que en noviembre pasado oficializó la resolución que habilitó la venta de un paquete accionario equivalente al 44% de la compañía, aunque el 51% permanecería bajo el mando del Estado y el 5% restante quedaría reservado para la planta laboral.

La empresa estatal había sido noticia en el mes de abril por la designación de Ezequiel Acuña, el cofundador de un medio de comunicación alineado con la actual gestión y reconocido usuario libertario de redes sociales, como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria a sus 23 años.

Algunos de los gastos que quedaron registrados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A. son:

La renuncia de Demian Reidel, en febrero de este año, se produjo luego de que se multiplicaran las críticas internas y sindicales por presuntas irregularidades en procesos de contratación. Entre los principales cuestionamientos, se menciona un contrato tecnológico cuyo monto habría pasado de u$s600.000 a u$s7 millones, lo que generó dudas sobre la transparencia en las adjudicaciones.

Además, Reidel quedó bajo sospecha por investigaciones vinculadas a presuntos manejos irregulares de fondos y contratos con sobreprecios, lo que profundizó el clima de tensión dentro de la empresa estatal.

Durante las últimas semanas, también se registraron denuncias relacionadas con procesos de licitación y contratación de servicios en las centrales nucleares, lo que derivó en la suspensión de otros directivos y aumentó la presión sobre la conducción de la compañía. (Ambito)

El jefe de Gabinete Manuel Adorni intentó no responder acerca de sus múltiples propiedades y el Caso Libra en el “Informe de gestión” que el Poder Ejecutivo le envió a la Cámara de Diputados. En tanto que respondió que el viaje de su esposa a Nueva York fue una invitación de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, será presentado por Adorni frente a los legisladores en el recinto. El texto cuenta con una extensión de 1.936 páginas y responde a más de 2000 preguntas.

PREGUNTA N° 1780 Transparencia, Patrimonio y Ética Pública Sobre la Ley de ética publica en relacion al Jefe de Gabinete: Ante las recientes discrepancias públicas sobre su declaración jurada: Respecto a su patrimonio, ¿puede detallar la evolución de sus propiedades, dinero en efectivo y bancarizado, en pesos y moneda extranjera, tanto suya como de su cónyuge desde que ingresó a la función pública? ¿Existieron acompañantes en sus viajes cuyos roles no estuvieran formalmente ni debidamente justificados dentro de la estructura del Estado? De ser así, detalle cuál es la erogación que generó al Estado Nacional en virtud de alojamiento y movilidad.

RESPUESTA El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública en https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimonialesintegrales-caracter-publico. Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. La información requerida respecto de las erogaciones del Estado Nacional en vuelos de Comitiva Oficial es evacuada en la Pregunta N° 1997.

PREGUNTA N° 3 $LIBRA Y OTROS VINCULADOS CON MAURICIO NOVELLI Comunicaciones previas y posteriores a la promoción de $LIBRA Informe si el Presidente de la Nación, la Secretaria General de la Presidencia, el asesor Santiago Caputo y/o cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo Nacional mantuvieron comunicaciones telefónicas, por mensajería instantánea o por cualquier otro medio con Mauricio Novelli y/o personas vinculadas al proyecto $LIBRA durante los días 14 y 15 de febrero de 2025. En su caso, indique objeto, oportunidad, participantes y si dichas comunicaciones estuvieron vinculadas a la publicación realizada por el Presidente en la red social X, su posterior eliminación o la gestión institucional y comunicacional posterior al colapso del criptoactivo. Carta de intención, convenios o acuerdos con Hayden Mark Davis Informe si existió, circuló, fue considerado o llegó a suscribirse algún borrador, carta de intención, memorando, convenio o acuerdo —formal o informal— entre el Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios del Gobierno Nacional y/o el Presidente de la Nación con Hayden Mark Davis y/o Mauricio Novelli, o empresas o personas vinculadas a estos, en materia de blockchain, inteligencia artificial o activos digitales. En caso afirmativo, remita copia e indique quiénes intervinieron en su redacción, análisis, negociación o eventual firma. Eventual esquema de pagos o contraprestaciones relacionadas con $LIBRA Informe si el Poder Ejecutivo Nacional tomó conocimiento de la existencia de memorandos, borradores, mensajes, propuestas o cualquier otra documentación en la que se aludiera a pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos vinculados a reuniones, gestiones, asesorías o promociones relacionadas con el proyecto $LIBRA o con sus organizadores. En caso afirmativo, detalle qué conocimiento tuvo el Gobierno, qué medidas adoptó y si dio intervención a organismos de control o a la justicia. Pagos o beneficios recibidos por funcionarios Informe si el Presidente de la Nación, la Secretaria General de la Presidencia, asesores presidenciales o cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo Nacional recibió pagos, beneficios, servicios, regalos, honorarios, donaciones o contraprestaciones de cualquier naturaleza por parte de Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis, Tech Forum, Tech Forum Argentina, N&W, Kelsier Ventures, KIP Protocol, CUBE Exchange o personas y firmas vinculadas al proyecto $LIBRA, entre 2021 y la actualidad. En caso afirmativo, detalle montos, fechas, conceptos, modalidad y beneficiarios. Acuerdos con CUBE, Kelsier Ventures o KIP Protocol Informe si, como resultado de reuniones o comunicaciones mantenidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con representantes de CUBE Exchange, Kelsier Ventures, KIP Protocol o personas vinculadas a dichas firmas, se alcanzó algún acuerdo, compromiso, entendimiento, carta de intención o esquema de colaboración con el Estado Nacional o con funcionarios a título personal. En caso afirmativo, remita la documentación correspondiente. Medidas adoptadas para evitar hechos similares a $LIBRA Informe qué medidas institucionales, normativas, administrativas o de control adoptó el Poder Ejecutivo Nacional luego del episodio $LIBRA a fin de prevenir conflictos de interés, uso indebido de la investidura presidencial, promoción de activos riesgosos o eventuales maniobras de captación pública irregular.

RESPUESTA Como consideración preliminar de carácter general, La Jefatura de Gabinete de Ministros informa que los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso, radicada bajo la Causa n° 574/2025 y acumuladas, en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8, con intervención de la Fiscalía Federal N° 3 (la cual tramitó previamente ante su homólogo N° 1). Ello implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial, y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas. Se señala además que, varias preguntas se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados.

PREGUNTA N° 604 INTEGRACIÓN DE LA COMITIVA OFICIAL AL EVENTO “ARGENTINA WEEK”, EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK Respecto de la integración de la comitiva oficial que acompañó al Sr. Presidente de la Nación en su reciente viaje a los Estados Unidos de América, en ocasión de las actividades vinculadas a la denominada “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, sírvase informar, remitiendo toda la documentación relativa y registros administrativos correspondientes: ¿Podría enviar copia del manifiesto de vuelo correspondiente al traslado contratado por el Gobierno Nacional para el viaje de funcionarios y miembros de la delegación oficial al evento mencionado? ¿Integró la comitiva oficial o participó del traslado mencionado la Sra. Bettina Angeletti? En caso afirmativo, ¿bajo qué carácter o rol fue incluida en la delegación o en el traslado oficial? ¿Quién afrontó los costos derivados de su traslado? ¿Fueron cubiertos con fondos públicos o fueron sufragados por la propia interesada? ¿Integró la comitiva oficial o participó del traslado mencionado la Sra. Bettina Angeletti? En caso afirmativo, ¿bajo qué carácter o rol fue incluida en la delegación o en el traslado oficial? ¿Quién afrontó los costos derivados de su traslado? ¿Fueron cubiertos con fondos públicos o fueron sufragados por la propia interesada? En caso de haber participado en alguna instancia vinculada a la agenda oficial, ¿se evaluó la eventual existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses derivados de su vínculo personal con el Jefe de Gabinete de Ministros? I¿Podría especificar el presupuesto total del viaje al evento mencionado, detallando gastos de traslado, pasajes aéreos, alojamiento, hoteles utilizados por la delegación y roaming correspondiente?

RESPUESTA La comitiva oficial del Presidente de la Nación correspondiente al vuelo del 6 de marzo de 2026, con destino a las ciudades de Miami y Nueva York, fue aprobada conforme a lo establecido en el Decreto 713/16. Se puso a disposición toda la rendición de viajes de comitivas oficiales Presidenciales y ahí se detallan todos los gastos, agenda e itinerarios correspondientes. No existió ninguna irregularidad ni incumplimiento de la normativa vigente. La comitiva oficial estuvo integrada únicamente por el Presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, la Secretaria General de la Presidencia y el Jefe de Gabinete. Tal como consta en la documentación respaldatoria, no todos los pasajeros del vuelo formaban parte de la Comitiva Oficial. Como ha manifestado el Jefe de Gabinete públicamente, su esposa viajó como invitada de la Presidencia de la Nación junto a los integrantes de la Comitiva Oficial y de Apoyo. Es incorrecto afirmar, que su presencia implicó un incumplimiento a la normativa vigente. La invitación no se encuentra alcanzada por la Decisión Administrativa 9/2026, porque se trató de un vuelo presidencial. Su participación en el vuelo no generó gasto alguno para el Estado Nacional y tal es la interpretación de la Fiscal interviniente en la denuncia.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y alcanza tanto a exfuncionarios como a empresarios vinculados al expediente.

Entre los citados aparece el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en la causa.

Las indagatorias serán entre abril y mayo

Según se informó, las declaraciones indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye también la ampliación de las declaraciones de cinco personas ya procesadas, entre ellas el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

En la resolución, el juez Ariel Lijo sostuvo que la organización investigada “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.

También inhibieron bienes de personas y empresas

Además de las indagatorias, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes para personas y empresas involucradas. La medida busca evitar el desprendimiento de activos que podrían haber sido producto o instrumento de los posibles delitos y que, eventualmente, podrían ser recuperados por el Estado.

La causa investiga maniobras que habrían implicado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos.

Fuente: Ahora

Pablo Martin Feijoo, el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito a Manuel Adorni y le postergó más del 85% del pago, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.

Bajo juramento, Feijoo brinda testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita, que busca en esclarecer aspectos de la compraventa del inmueble como parte de su investigación sobre los gastos de Adorni y su patrimonio. Es que Feijoo fue señalado por distintos testimonios como el artífice de toda la operatoria de compra venta.

Su madre, Beatriz Viegas, y la otra mujer jubilada que compró y vendió el departamento, Claudia Sbabo, declararon que lo compraron en mayo de 2025, a 200.000 dólares, con los ahorros que tenían y con la intención de hacer un negocio, pero asesoradas siempre por Feijoo, que trabaja en el rubro de la construcción.

A los pocos meses, las mujeres le vendieron el departamento a Adorni en una operatoria singular. Por un lado, la operación se cerró en 230.000 dólares, un precio por debajo del mercado; ayer, la martillera que intervino en la cadena de transacciones, Natalia Rucci, y su marido, Marcelo Trimarchi, que trabajan juntos en una inmobiliaria, declararon que el departamento llegó a ofrecerse en 375.000 dólares y que podría haberse vendido a 345.000 dólares.

Por el otro, Adorni solo pagó 30.000 de los 230.000 dólares, puesto que las dos mujeres, que intervinieron formalmente en la operatoria, le postergaron hasta noviembre de este año el resto del pago, a través de una hipoteca sin intereses.

La compra venta del departamento de Caballito es solo un capítulo de la causa. El fiscal investiga todos los gastos del funcionario en busca de determinar si el estilo de vida que desplegó durante estos últimos años se condice con sus ingresos.

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en primera clase con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Esa empresa de aviación, a pedido de la Justicia, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. Partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con un parate intermedio en Ecuador.

El fiscal, que investiga toda la evolución patrimonial del ministro coordinador, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en dólares y en efectivo.

Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia.

Por estas horas, indicaron fuentes del caso, se busca esclarecer en qué hotel se quedó la familia Adorni y cuánto pagaron por el alojamiento.

El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.

La cifra que arroje el total de las vacaciones del vocero y jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.

El escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de una foto que le tomaron con su pareja, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week 2026”, en Nueva York.

El pasaje del funcionario se facturó en 4.910 dólares, mientras que el de Angeletti costó 5.154 dólares. La parte de Adorni la costeó una agencia que paga los vuelos de los servidores públicos, pero aún no está claro quién pagó el de la esposa.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, fechado el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22:25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo, sin escalas intermedias.

En la misma causa se investiga también el vuelo en avión privado que Adorni y su familia hicieron a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandío, contratista del Estado a través de la Televisión Pública. Pasaron juntos el último fin de semana largo de Carnaval.

La TV estatal entregó los expedientes completos de los contratos que se firmaron con ImHouse, la productora del amigo del jefe de Gabinete.

En la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.

Respecto a las propiedades del ministro coordinador, este miércoles declararon en calidad de testigo y bajo juramento de decir la verdad las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes le vendieron el departamento de Caballito.

Se desligaron de la operación inmobiliaria y señalaron a sus hijos, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo. Este último, quien a priori parece haber gestionado el negocio y sería amigo de Adorni, está citado a dar declaración testimonial el 22 de abril.

Adorni y Angeletti pudieron adquirir el departamento de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin vender las propiedades que ya tenían en el barrio porteño de Parque Chacabuco y en la localidad de La Plata.

Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, declaró este miércoles en Comodoro Py que desconoce los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.

Según aseguró, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la acreedora del otro 50%.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Sbabo aclaró que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación.

La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni.

Claudia Sbabo llegó a Comodoro Py minutos después de las 7, acompañada de un hombre que la escoltó hasta la Fiscalía Federal Nro. 11. Salió de los tribunales de Retiro cuatro horas más tarde, resguardada por agentes de la Policía Federal Argentina.

Viegas y Sbabo fueron las propietarias del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, en el que hoy viven el ministro coordinador y su familia. Se lo vendieron en noviembre de 2025 a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares -el 87% del total- a un año, sin intereses.

Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, en tanto, son socios en la constructora TJS Group y otros emprendimientos de desarrollo urbano.

Feijoo está citado a declarar como testigo el 22 de abril. Según reveló Infobae, fue él quien pagó la seña y gestionó la compra anterior del departamento de Caballito, que inicialmente se publicó a la venta a USD 340.000 y terminó por adquirirse a casi la mitad de ese precio.

Feijoo fue a ver a Adorni a Casa Rosada el 22 de octubre de 2025 -así consta en los registros oficiales-, un mes antes de venderle el semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana Adriana Nechevenko en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

Así como tiene que devolverle 100.000 dólares a cada jubilada en noviembre de este año, ese mismo mes el jefe de Gabinete asumió el compromiso de reintegrar otros 70.000 dólares que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes declararon el lunes en Comodoro Py.

Ellas son las prestamistas que, a cambio de una hipoteca sobre su departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, le entregaron 100.000 dólares a devolver en dos años, con un interés anual del 11%.

Los intereses se fueron devengando mensualmente con cuotas que empezaron en 900 dólares, y ahora se redujeron a mensualidades de 600 dólares luego de que el jefe de Gabinete cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares, según se desprende de la declaración testimonial de las agentes prestamistas.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes.

Las dos mujeres policías acreedoras de Manuel Adorni confirmaron este lunes en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

A las 8:20 llegaron a los tribunales de Comodoro Py Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes evitaron hacer declaraciones a la prensa. Casi tres horas después, a las 11:30, salieron de la Fiscalía Federal N° 11 luego de aportar su testimonio, chats y documentación.

Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares del jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Molina es una comisario retirada y aportó 85.000 dólares. Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó los 15.000 restantes. El ministro coordinador se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, las policías acreedoras contaron ante el fiscal que Adorni empezó pagando cuotas -por esos intereses- de 900 dólares, gasto con el que cargó desde noviembre de 2024.

Ahora el pago mensual se redujo a 600 dólares, luego de que Adorni cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares. Así, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

El “préstamo” de los 100.000 dólares que hicieron Graciela Molina y Victoria Cancio se hizo en efectivo. Aquel día las policías conocieron personalmente a Manuel Adorni en la escribanía de Adriana Nechevenko, cuando el funcionario aún era apenas vocero presidencial.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes del caso, precisamente fue la escribana quien “consiguió” el negocio, ya que conocía personalmente a las policías. De hecho, la comisario retirada Molina recibió esta mañana un mensaje de WhatsApp de Nechevenko, con un emoji para enviarle fuerzas durante su paso por Comodoro Py.

Ese mensaje y todo el chat entre la escribana y las acreedoras quedaron incorporados a la causa.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes. De hecho, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría llevado directamente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para depositarlo y luego transferirlo a Juan Ernesto Cosentino, vendedor de la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.

El fiscal Pollicita dictó medidas para esclarecer de dónde sacaron el dinero todos los involucrados en la trama, ya sean sospechosos o testigos. Para reconstruir la ruta de los fondos, el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido de la fiscalía y levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras.

Se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

Además, la fiscalía busca obtener “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.

Las policías Molina y Cancio se anticiparon al análisis de esa documentación y dieron explicaciones de cómo obtuvieron el dinero que le prestaron a Adorni.

Además de ahorros, explicaron que recibieron fondos por un juicio sucesorio y otra demanda por diferencia salarial, luego del fallecimiento del esposo de la comisario retirada.

El miércoles les tocará a otras dos testigos. Se trata de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

En esa operación intervino, sin firmar la escritura, el hijo de Viegas, Pablo Feijoo, quien también deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril.

Un nuevo audio incorporado a la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a sacudir el escenario político y puso el foco en el financiamiento de un acto encabezado por Javier Milei en el Movistar Arena.

Según la investigación difundida por el periodista Raúl Kollmann, en la grabación se menciona el aporte de alrededor de 70 mil dólares por parte de empresarios vinculados al sector farmacéutico para cubrir gastos del evento realizado el 6 de octubre de 2025, donde el mandatario presentó su libro y participó de un show musical.

El dato adquiere relevancia porque esos mismos actores aparecen mencionados en la causa judicial que investiga posibles retornos y sobreprecios en contrataciones dentro de la ANDIS, un organismo clave en la provisión de insumos para personas con discapacidad.

La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a exfuncionarios, en los que se describía un esquema de presuntos sobornos vinculados a la adjudicación de contratos, con porcentajes de retorno sobre la facturación. En ese contexto, el posible financiamiento del acto político suma un nuevo capítulo a una trama que combina política, negocios y fondos públicos.

Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones en reiteradas ocasiones y las calificaron como operaciones políticas, mientras la investigación continúa en la Justicia sin resoluciones definitivas.

En paralelo, la fiscalía solicitó nuevas indagatorias en el expediente. Entre los apuntados figuran Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, junto a más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos.

De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con un esquema que incluía direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos ilegales en contrataciones que superaron los 75 mil millones de pesos.

Los hechos adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados, como prótesis, implantes y equipamiento para personas con discapacidad, gestionados a través del programa Incluir Salud.

Según la fiscalía, este programa habría sido utilizado para canalizar recursos públicos hacia proveedores específicos mediante prácticas irregulares, afectando tanto al Estado como a sectores vulnerables que dependen de estas prestaciones.

Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales, en una investigación que sigue escalando y que ya tiene impacto directo en el escenario político nacional.

Fuente: El Once

La escribana Adriana Nechevenko habló por primera vez sobre las operaciones de compraventa y las hipotecas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, investigadas en la Justicia por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. A esas transacciones se suma el viaje a Punta del Este en avión privado pagado por el periodista Marcelo Grandio.

El ministro coordinador quedó en la mira por al menos tres transacciones: la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, la compra de un inmueble en Caballito y la adquisición de una casa en Exaltación de la Cruz.

Según explicó Nechevenko en Infobae en Vivo, ella intervino en las tres operaciones y en ninguna pidió información de origen de fondos porque lo conoce a Adorni hace 25 años, cuando compartieron funciones en una empresa privada. Además, resaltó: “No estoy obligada a pedir el origen del dinero”.

Nechevenko informó que Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la Avenida Asamblea al 1100, para comprar la casa en el country Indio Cuá. Ambas operaciones se realizaron el mismo día, el 15 de noviembre de 2024. Aseguró que dos mujeres, una policía retirada y su hija, le prestaron USD 100 mil al economista con una tasa de 11% anual.

Si bien no recordaba el lapso fijado para devolver el capital, la profesional dijo que Adorni cumple regularmente con el pago de los intereses acordados e introdujo un dato novedoso: ella le presentó a las prestamistas. “Tengo clientes y acerqué a las partes”. Por ese contacto, la escribana no cobró comisión. “Sé que Adorni va a pagar”, dijo confiada.

La escribana contó además que el jefe de ministros planea pagar con la venta del inmueble de Parque Chacabuco otra hipoteca que trabó a una tasa de cero por ciento para comprar el departamento de Caballito de la calle Miró en el que vive actualmente.

En esta operación, las acreedoras fueron dos jubiladas. Según Nechevenko, el jefe de Gabinete es amigo del hijo de una de ellas y por eso accedieron a condiciones de financiamiento muy beneficiosas en comparación a lo que sucede habitualmente en este tipo de operaciones.

La escribana aclaró que la compra del departamento de Caballito no se hizo en cuotas mensuales, como había trascendido, sino mediante una hipoteca por saldo de precio. “Nunca hubo cuotas, tiene un plazo de pago que es un año desde el momento en que se firmó para pagar todo junto”, explicó.

Sobre esa compraventa, aseguró que las vendedoras fueron acercadas por el propio Adorni. “Él, siempre la relación la trajo él”, sostuvo. Luego precisó que una de las mujeres que vendió el inmueble es mamá de un amigo del jefe de Gabinete: “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni. Los chicos (hijos) van al mismo colegio”. Para la escribana, ese vínculo ayudó a explicar las condiciones del acuerdo: “Por eso es más lógico el tema de que no hay intereses y demás”.

Las mujeres habían desconocido públicamente el vínculo con Adorni cuando fueron consultadas por el diario La Nación. Cuando le recordaron esta situación, la letrada contestó: “Definime conocer... ¿Cuando yo me vaya de acá van a decir que me conocen? “. ”Sí, voy a decir que te entrevisté“, replicó la periodista Tatiana Schapiro, una de las conductoras de Infobae a las Nueve junto a Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Nechevenko también se refirió a la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí aseguró que Adorni pagó “con una transferencia” y corrigió versiones previas sobre el monto. “La paga con una transferencia, una parte, sí, fijo, creo que fue todo con transferencia”, afirmó. Cuando le mencionaron que habían sido USD 20 mil, respondió: “No, no fue por 20 mil dólares la transferencia”.

La escribana sostuvo que nunca consideró sospechosas las operaciones del funcionario y rechazó que hubiera motivos para pedir documentación adicional sobre el origen de los fondos. “No me pareció sospechosa nunca. Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago”, aseguró. En ese sentido, defendió su decisión de no exigir mayores respaldos al jefe de Gabinete: “Yo personalmente no le pedí nada porque sabía que Adorni iba a pagar. O sea, estoy absolutamente segura”.

Nechevenko también reveló que en los 15 años previos no había intervenido en operaciones inmobiliarias del funcionario. “Nada. Justo ninguna”, respondió cuando le preguntaron si antes había participado en compraventas de Adorni. Sobre la seguidilla de transacciones recientes, atribuyó parte de la decisión de mudarse a motivos de seguridad. “Miró (la calle) fue porque se tenía que mudar por un tema de seguridad. El de Asamblea es un edificio muy grande, demasiados vecinos. Habían tenido problemas de que los molestaban de más”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, confirmó que habló con Adorni después de que estallara el caso, aunque evitó dar detalles sobre esas conversaciones. “Sí, claro que hablo. Lo conozco hace veintipico de años. Para mí es Manu”, expresó. También dijo que el funcionario no le hizo sugerencias sobre qué declarar ante la Justicia: “No me sugirió nada”.

Sobre su paso por Comodoro Py, explicó que regresó para entregar documentación vinculada a las operaciones. “Me comprometí a llevar hoy documentación que me habían pedido”, indicó. Cuando le consultaron por su teléfono celular, requerido ayer por las autoridades judiciales, la escribana dijo que no se acordaba de esa situación porque la testimonial había sido muy larga. Hoy tampoco lo aportó. “Lo dejé en el auto”, dijo.

Al cierre, justificó su presencia en el programa con la intención de aclarar versiones que consideró erróneas. “Acepté hoy para justamente poder aclarar de que sí, que las cosas están bien hechas, poder aclarar estas dudas o suspicacias o malos entendidos y mala información”, concluyó.

Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, la escribana vinculada a las operaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este miércoles por la mañana ante la Fiscalía de Gerardo Pollicita para declarar y aportar documentación clave en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

"Préstamo en efectivo no hubo", sostuvo Nechevenko en referencia al préstamo que hicieron las mujeres para que Manuel Adorni compre dos propiedades. "Fue una contraventa con una hipoteca con saldo de precio", explicó la escribana.

La fiscalía le había requerido a Nechevenko que presentara toda la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para poder preparar el cuestionario de su audiencia testimonial. La escribana detalló, bajo juramento, cuál fue su participación en la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, y de una casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Además, se confirmó que el lunes próximo deberán declarar Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos mujeres mayores que le habrían prestado US$200.000 a Adorni, lo que permitió cubrir aproximadamente el 87% del valor de la vivienda ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó datos reveladores al declarar que él le había vendido esa misma propiedad a Viegas y Sbabo por 200.000 dólares apenas seis meses antes de que ellas se la cedieran al funcionario.

Paralelamente, la investigación detectó una nueva hipoteca por 100.000 dólares que el funcionario habría solicitado para adquirir una vivienda anterior en la calle Asamblea, dinero que habría sido prestado por una excomisaria de la Policía Federal y su hija. Debido a estas inconsistencias, el fiscal Pollicita también citó a declarar a las prestamistas el lunes próximo.

En este escenario cada vez más complicado para el funcionario en materia judicial, el testimonio de la escribana cobra relevancia dado que, según los registros de la Casa Rosada, mantuvo siete entrevistas con Adorni entre julio de 2024 y septiembre de 2025, período en el cual se firmaron las escrituras bajo investigación en el juzgado de Ariel Lijo.

De manera simultanea, el juez Lijo investiga al ministro coordinador por los vuelos privados a Punta del Este, supuestamente costeados por el amigo del jefe de Gabinete y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandío. En esta causa, la Justicia busca determinar quién financió los vuelos que utilizó Adorni y si esos pagos pueden constituir un beneficio indebido (dádivas) o incluso derivar en delitos como malversación.

En el marco de la esta cusa, Lijo pidió en las últimas horas registros de llamadas de Grandío y de personas de su entorno empresarial para reconstruir contactos y posibles gestiones alrededor de los vuelos. Además, solicitó información sobre los contratos de la productora del periodista con el canal público.

En tanto, el magistrado ya había ordenado allanamientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri para recolectar documentación contable, bancaria y comercial de los vuelos. También amplió la investigación a otros posibles viajes y movimientos vinculados.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una batería de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos, con eje en reconstruir sus viajes y los de su entorno en los últimos años.

En un dictamen presentado ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público requirió profundizar la investigación mediante el acceso a registros migratorios completos, cruces de información y documentación vinculada a vuelos bajo análisis.

El fiscal pidió que se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener “la totalidad de los registros de egreso del país —y, en su caso, de reingreso—” de Adorni y de Marcelo Grandío desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad .

El requerimiento incluye un detalle exhaustivo de cada movimiento: fechas, horarios, pasos fronterizos, medios de transporte y toda otra constancia disponible.

Además, solicitó incorporar los registros migratorios de Bettina Julieta Angeletti y de “toda otra persona que hubiera integrado los vuelos aquí analizados”, en particular respecto de los desplazamientos realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026 .

Uno de los puntos más relevantes del dictamen apunta a determinar patrones de viaje. En ese sentido, el fiscal pidió que se realice un cruce de la información para establecer si los involucrados “registran otros viajes realizados en forma conjunta o hacia los mismos destinos en fechas coincidentes o próximas” .

La medida busca identificar posibles vínculos entre los desplazamientos y los hechos investigados, así como eventuales reiteraciones en los trayectos o acompañantes.

El dictamen también pone la lupa sobre la trazabilidad de los datos migratorios. Pollicita solicitó que se identifique a los agentes que intervinieron en la carga de los movimientos.

La Dirección Nacional de Migraciones deberá identificar “…el usuario o los usuarios del organismo que hubieran intervenido en la carga, registro, validación, modificación o cierre sistémico de los ingresos y egresos…”.

El pedido incluye información detallada como nombre del agente, área, usuario asignado, fecha, hora, IP y terminal utilizada.

En paralelo, el fiscal requirió dar intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), con acceso integral al expediente, al considerar que podría aportar elementos para analizar la actuación de funcionarios y terceros.

También solicitó información a la firma JAG Executive Aviation S.A. sobre eventuales intimaciones o comunicaciones vinculadas con los vuelos investigados, incluyendo el intercambio por una factura correspondiente a un tramo de regreso.

La causa se inició por el viaje a Punta del Este en un vuelo privado durante el feriado de Carnaval. La factura fue emitida recién el 4 de marzo y Grandío o su productora vinculada a la TV Pública habría pagado los vuelos, según declaraciones testimoniales. Ahora la investigación se amplió a otros posibles viajes.