Tras la audiencia pública realizada en el día de la fecha, desde la CODEGU – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú manifestaron que “la planta de tratamiento del Parque Industrial se encuentra operando de manera correcta y conforme a los parámetros establecidos”.

“Durante la instancia, la profesional a cargo de las obras confirmó el adecuado funcionamiento del sistema, situación que además quedó ratificado por la titular de Ambiente Municipal, Ivana Zecca (organismo competente en materia de control) al momento de indicar  que en los últimos meses no ha habido denuncias y los resultados de los análisis han dado correctamente. Asimismo, el vocero por los vecinos de la zona señaló que desde hace más de dos meses no se registran olores ni situaciones que generen preocupación”, sostuvieron desde la entidad que maneja el PIG.

En este contexto, desde CODEGU alertaron que “no existe razón alguna para solicitar la clausura de la planta, es más, su paralización tendría efectos completamente adversos que no han sido contemplados a la hora de dicho pedido. Puntualmente, el eventual cierre de la planta implicaría consecuencias graves e inmediatas, pudiendo generar un verdadero caos operativo, sanitario y ambiental, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”.

“Entendemos la importancia de los controles y de continuar mejorando los procesos, pero sostenemos que las soluciones deben darse garantizando la continuidad del servicio y evitando decisiones extremas que agraven la situación”, manifestaron.

Por último, expresaron que “debe quedar absolutamente claro que, si bien es cierto que restan ejecutar algunas obras menores contempladas en el proyecto original, las mismas no afectan la operatividad general, que actualmente se desarrolla de manera óptima”.

El juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri realizó una audiencia pública informativa este jueves  en el Centro de Convenciones, con el objetivo de analizar el estado de situación ambiental en el Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una causa en trámite que investiga posibles impactos negativos derivados de su actividad.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: Codegu; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.

Lo más relevante de la audiencia pública, fue que el Fiscal Federal de Gualeguaychú Pedro Rebollo pidió al Juez Viri la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial.

Según confirmó el propio Rebollo a Ahora ElDía, además “se pidió una nueva pericia y hasta tanto no finalicen con las obras que dicen estar haciendo, cada empresa trate su residuo”.

Ahora, será el Juez quien determine si da lugar al pedido de la fiscalía en los próximos días.

Un operativo conjunto llevado adelante por la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Espacios Verdes y la Dirección de Higiene Urbana permitió recolectar más de 50 bolsas con residuos urbanos y otros desechos que se encontraban en la costa del río Gualeguaychú.

Durante la jornada, un equipo conformado por 12 agentes municipales intervino en áreas en donde se habían acumulado gran cantidad desechos humanos. Desde Espacios Verdes remarcaron que “estas acciones no sólo permiten mejorar las condiciones de nuestros espacios naturales, sino que además buscan generar conciencia sobre la importancia de mantenerlos limpios y sanos”.

El encargado del área de Espacios Verdes Emilio Montefinale explicó que, si bien este operativo fue más visible por la gran cantidad de residuos retirados, este tipo de tareas se realizan periódicamente: “Es algo que hacemos de manera permanente. A veces se comunica públicamente y otras no, pero el trabajo es continuo. En este caso lo hicimos en conjunto con Ambiente, que llegó por agua con canoas, mientras nosotros hicimos toda la logística por tierra con el apoyo de Higiene Urbana para el retiro de la basura”.

“El cuidado ambiental tiene que empezar en casa y ser reforzado en la escuela. No alcanza sólo con limpiar”, destacó Emilio Montefinale.

En cuanto a los sectores en los que se llevan a cabo esta intervención, el funcionario destacó: “Todo lo que se tira en el Parque Unzúe y en el Camino de la Costa termina en el agua. Lo que arrastra el río se va quedando en las zonas en las que hay sarandíes, como el sector que va desde el balneario de Terraza y Prefectura. Ahí se acumula y hay que bajar a ‘bolsear’. Si el río está alto, necesitamos de las canoas. Lo que sucedió esta vez es que, tras varios repuntes, se acumuló más residuos de lo habitual. Había mucho plástico y telgopor. Es un trabajo que hacemos cada 20 o 30 días, dependiendo de la cantidad de basura que se junta. Pero también hay recolección diaria en el Parque Unzué, el Camino de la Costa y la Costanera Sur”.

Montefinale también se refirió a los focos críticos de generación de basura: uno de los principales es la zona de Los Espinillos y el arroyo Gaitán, desde donde, con cada lluvia, se arrastran desechos hacia el río: “Ahí tenemos un problema complejo, que es más bien cultural. Hay gente que recolecta residuos, separa lo que le sirve y lo que no, lo tira. Todo eso, cuando llueve, termina en el arroyo y de ahí al río. Es un foco constante”.

Consultado sobre la raíz del problema, fue claro: “El cuidado ambiental tiene que empezar en casa y ser reforzado en la escuela. No alcanza sólo con limpiar. Lo más importante es la educación y el compromiso ciudadano”.

Desde el área de Espacios Verdes, se articula el trabajo con nueve cooperativas distribuidas en diferentes zonas de la ciudad. En total, son 230 personas organizadas en equipos que cubren más de 140 espacios como plazas, parques, paseos públicos y sectores costeros. Solo en planta permanente, el área cuenta con 60 agentes, a los que se suman 30 más en tareas de apoyo.

“Tenemos cooperativas como El Ciclón, que trabaja en Costanera Sur; Los Robles, que actúa en el Parque Unzué y zonas cercanas al puente; y Transformando Caminos, que está en el camino a la costa. Son grupos que, además de cortar el pasto y mantener la vegetación, todos los días recolectan residuos en las áreas ribereñas”, explicó Montefinale.

Finalmente, valoró el rol de la comunidad en esta problemática: “Lo ideal sería que cada persona se lleve sus residuos y los deposite en lugares adecuados. Hay gente que todavía no tiene conciencia de eso. Por eso seguimos insistiendo con campañas y educación ambiental. Porque alguien siempre termina juntando lo que otro dejó”.

El Ministerio de Ambiente analiza los efectos del derrame de UPM (ex Botnia) registrado hace diez días. En este sentido, el titular de la cartera, Edgardo Ortuño, advirtió que, en caso de detectar incumplimientos, las multas “van a ser más severas” que durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

Ortuño confirmó que se realizará una auditoría acerca de la instrumentación y el funcionamiento del plan gestión ambiental de operación y los planes de contingencia que la empresa finlandesa tiene que tener activos.

El ministro destacó lo que consideró “la inédita presencia en territorio dentro de las 24 horas ocurrido el hecho” en Fray Bentos, mientras indicó que aguarda los informes de los equipos técnicos y el plazo que tiene UPM para brindar información sobre el evento para después “realizar una evaluación sobre el tema”.

En la misma línea, evitó fijar un plazo determinado: “Tendremos novedades cuando procesemos las dos cuestiones fundamentales, como lo son el insumo de nuestros equipos técnicos del ministerio y los descargos que tiene que hacer la empresa", insistió.

A la par, anticipó que la aplicación de multas “no es la apuesta central” de su gestión, pero aclaró que, de ser necesarias, “en este período van a ser más severas, porque nos preocupa la historia reciente de eventos con químicos peligrosos”.

El regreso de la Comisión de Seguimiento de UPM

Por otra parte, Ortuño confirmó el regreso de la Comisión de Seguimiento de UPM. “Para nosotros es clave que se controle, fiscalice y trabaje en la prevención, en consulta y con participación de la sociedad y de la academia”, explicó.

Sobre la instancia creada en 2007 y que dejó de funcionar en la administración anterior, advirtió que “la UdelaR y la UTEC tuvieron un desarrollo que no estaba presente y ahora se tienen que incorporar”, al analizar la evolución de la formación académica en los últimos años.

La decisión de retomar el ente asesor se debe a múltiples faltas de UPM, que derivaron en un total de siete multas en menos de un año, que rondaron los 270.000 dólares.

El arroyo Sarandí, ubicado en la localidad homónima del partido de Avellaneda, amaneció este jueves teñido de un rojo intenso en toda su extensión, que va desde el Río de la Plata hasta las vías del tren Roca.

Por ahora las causas son un misterio: en el barrio los vecinos hablan de una contaminación con anilina, otros de desechos químicos de un depósito. A la vista, los resultados del desastre son compatibles con otros episodios de derrame de ácido láctico corrosivo.

Lo cierto es que desde el Municipio de Avellaneda, en colaboración con un equipo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, se acercaron al lugar y tomaron muestras del agua para analizar y conocer a ciencia cierta por qué se tiñó el arroyo. “Inicialmente no parece tóxico”, adelantó una fuente al tanto de las tareas.

De acuerdo a la descripción que hicieron vecinos de la zona, a la vera del canal se siente un olor fuerte. El aroma nauseabundo, de todas formas, aparece algunos días sin la necesidad de que el agua se torne de un color especial.

“No es una zona de muchas fábricas, pero hay algunos depósitos y en frente del shopping hay una droguería”, describió una vecina que vive en el lugar hace varias décadas. Ante la falta de información oficial, por ahora en el barrio solo hay conjeturas acerca del origen del tinte rojo.

Los cambios en la coloración del arroyo suelen ocurrir en Sarandí, pero casi siempre se presenta con un tinte amarillo, o amarillo verdoso. “No es raro que haya derrames en esta zona, ya sean químicos o de otros productos”, continuó la vecina. El único consuelo para quienes viven en la zona es cerrar todas las puertas y ventanas, y en lo posible evitar salir hasta que pase el hedor.

La semana pasada, Infobae había publicado un informe en el que advirtió que, solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, habían crecido un 30% los accidentes con derrames tóxicos.

En la suma total de los siniestros ocurridos en enero, se volcaron mil litros de ácido láctico corrosivo, 500 litros de ácido fosfórico y 50 kilos de cloro diclorado, los cuales se desparramaron a lo largo de zonas transitadas como autopistas y a metros de transeúntes. Muchas son sustancias peligrosas tanto para el medioambiente como para los ciudadanos.

Personal de Bomberos delimitó una zona de exclusión para contener el producto y asegurar que las personas no entraran en contacto con el ácido. Una empresa especializada se hizo cargo de la recuperación total de la sustancia derramada.

Un derrame de 1.200 litros de ácido fórmico “altamente nocivo” para el medio ambiente y la salud humana se produjo este viernes por la tarde en el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

El ácido, que estaba a bordo de un camión, “es sumamente tóxico” y propiedad de la empresa Montes del Plata, informó el vocero de la Armada Nacional de Uruguay, Alejandro Pérez.

“En realidad se rompió el embalaje que contenía la carga. El ácido fórmico es un químico bastante fuerte, así que por eso cortaron la circulación en el puente internacional, por momentos de manera total”, informó una fuente de Aduana a Ahora ElDía. 

A medida que se fue conteniendo el derrame se empezó a habilitar de manera gradual el tráfico porque llegó a haber alrededor de 10 kilómetros de cola en el sentido de ingreso hacia Argentina”, ampliaron la información.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.40 horas cuando el camión de la empresa transportista Francolino se encontraba en el paso de frontera de Fray Bentos, del lado uruguayo. En ese momento, desde el chasis se comenzó a ver como se perdía el contenido sobre el pavimento de una playa de estacionamiento de camiones.

Inmediatamente, la empresa dio cuenta del derrame a Bomberos de Fray Bentos, cuyo personal delimitó una zona de exclusión para contener el producto y asegurar que las personas no entraran en contacto con el ácido. “No hubo afectación alguna ni a personas ni al ambiente”, remarcaron fuentes de Montes del Plata. 

Una empresa especializada se hizo cargo de la recuperación total del ácido derramado y la liberación de la zona afectada. El derrame obligó a cerrar el puente en ambos sentidos de la frontera y sobre las 19 horas se retomó la normalidad del tránsito en la zona.

El ácido fórmico se encuentra en la naturaleza en el órgano masticador de las hormigas, de ahí su nombre. El ácido derramado es sintético, pero idéntico al natural. El pH de este ácido es menos ácido que el jugo de un limón, y si bien tiene un olor intenso a poca distancia puede provocar una reacción alérgica o irritación a personas con sensibilidad al producto, solo provoca daño en las personas en caso de que se tome o se toque. (subrayado.com.uy)

Tal y cómo lo anticipó Ahora ElDía hace exactamente un mes atrás, el juez federal Hernán Virí tomó declaración indagatoria a la ex funcionaria Camila Ronconi, extitular de la Dirección de Medio Ambiente en la gestión Piaggio. El motivo de la citación fue por no haber investigado el derrame de fuel oil producido en el predio del ex Frigorífico en 2021. Además, entre los motivos de esta acción judicial está que el magistrado tiene indicios de que el Área responsable no inició ningún expediente, lo que produjo que no se haya abordado esta problemática con idoneidad.

Luego de haber declarado en el Juzgado Federal a cargo del juez Viri, Ronconi publicó un posteo en sus redes sociales hablando sobre esta situación y su rol en lo que actualmente investiga la Justicia Federal.

“Hoy concurrí al Juzgado Federal local a prestar declaración en la causa “FPA 920/2021” en la que se investiga si las directoras de ambiente de la anterior gestión municipal, la Téc. en Salud Ambiental María de los Ángeles Gómez y yo, incumplimos nuestros deberes como funcionarias. Investigación penal motivada por el vuelco de material similar a fuel oil del Frigorífico Gualeguaychú a nuestro río en el año 2021 y nuevamente en el 2024”, publicó en su perfil de Instagram.

“En la declaración informé al Juzgado Federal, a cargo del Dr. Hernan Viri, con amplitud de detalles los trabajados realizados en el predio del ex-frigorifico durante la 2da intendencia de Esteban Martin Piaggio en la que participé en ese cargo jerárquico”, sostuvo.

“Explique que ese predio de aproximadamente 30 hectáreas, conocido por toda la población, fue abandonado debido a la quiebra del Frigorífico Gchú, y dejado “a la buena de Dios” sin ningún procedimiento de tratamiento de pasivos ambientales, es decir de materiales peligrosos existentes en la planta fabril”, aclaró.

“Recordé que toda esa planta quedó en poder de la Provincia y luego esta la transfirió a la Municipalidad de Gualeguaychú en el 2022. Por obvias razones presupuestarias, dado que se trata de un monstruo inmobiliario, el municipio local mantuvo el predio sin realizar ninguna intervención utilizándolo para depósito tanto la Dir. de Tránsito municipal como la Policía provincial”, mencionó.

“En el año 2021, debido a un hurto, se produjo un vuelco de un material similar al fuel oil que nos permitió conocer que en las cañerias subterraneas del predio existían restos de combustible abandonado. Desde la toma de conocimiento hasta el final de nuestra gestión nos dedicamos a realizar un trabajo arduo y sostenido para contener cualquier contaminación, para ello se contrataron 2 empresas habilitadas para tratar residuos peligrosos”, explicó a sus seguidores.

“Gracias a esto se pudo retirar una cantidad importante del residuo encontrado, pero dado que no existen planos de la planta y menos de las cañerías y/o depósitos se ignora la cantidad y calidad de otras existencias”, manifestó.

“Este trabajo fue realizado amparados por el compromiso ambiental que fue uno de los ejes de gobierno, gracias al esfuerzo y efectiva utilización de recursos municipales por decisión política de nuestra Intendencia. Lo hicimos también simultáneamente al constante sostenimiento, creación y desarrollo de políticas públicas que dieron respuesta a otras problemáticas ambientales igual de urgentes”, aclaró.

“Estimo haber dejado claramente informado que nuestra actuación fue impecable, cumpliendo así con el deber de esclarecer los hechos, lo cual hice asistida por mis abogados, los dres. Guillermo Martínez y Luis Leissa, a quienes mucho agradezco su acompañamiento”, aventuró.

“Finalmente, celebro que la justicia se dedique a investigar los problemas ambientales en nuestra ciudad y en nuestra provincia; especialmente teniendo en cuenta la cantidad de ellos que se encuentran sin investigación alguna. Y reflexiono que urge la creación de un fuero específico para la temática dada su complejidad y su importancia”, concluyó.

La investigación del derrame de fuel oil y las acciones que el Ejecutivo local realizó o no en 2021 continuará dentro de una semana, cuando la otra extitular de Ambiente, María de los Ángeles Gómez, declare ante el juez Viri el próximo 2 de octubre.

Ahora ElDía intentó comunicarse con la exfuncionaria Camila Ronconi para obtener una declaración de su parte tras su paso por el Juzgado Federal, pero no obtuvimos respuesta de su parte.

El río Gualeguaychú y Uruguay marcan el pulso de la ciudad desde sus orígenes. Gracias a sus aguas nuestros antepasados eligieron estas tierras para habitar, y durante décadas marcó el movimiento comercial y político de toda la región e inclusive la provincia. 

Con los años, aprendimos a convivir con él, con sus crecidas y sequías, y es una parte indisoluble de nuestra idiosincrasia local. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de cuidarlo, de tenerlo sano, de seguirle el paso a sus desventuras. Por esto mismo, en la actualidad se realizan una serie de estudios y monitoreos periódicos que permiten saber cómo se encuentra y qué podemos hacer para cuidarlo de manera más consciente.

Uno de las mayores concientizaciones que ha experimentado la sociedad de Gualeguaychú fue la instalación de la pastera Botnia (ahora llamada UPM) en las costas del vecino país Uruguay, más específicamente en la localidad de Fray Bentos, ciudad hermana a la nuestra.

Por esto mismo, Ahora ElDía habló con el médico Jorge García, integrante del Foro Ambiental Gualeguaychú, para conocer la activa labor de esta organización con respecto al cuidado del río. Se trata de una ONG constituida por ciudadanos independientes y representantes de buena parte de las instituciones intermedias de la ciudad, como el Colegio Médico, el Poder Judicial, la CODEGU o el Centro de Defensa Comercial. 

García fue consultado, entre otras cosas, sobre el impacto ambiental que podría tener UPM (ex Botnia) en el río Gualeguaychú –dada su conexión con el Uruguay–, ante lo cual advirtió que “la CARU esconde totalmente el resultado de los análisis que se realizan periódicamente sobre la salida de los efluentes de Botnia”. 

Y agregó: “No tenemos ningún tipo de información. La asamblea ambiental, que es el ente de lucha permanente con respecto al tema de Botnia, ya no sabe a quién realmente consultar, preguntar para ver dónde están los resultados que se hacen periódicamente a la empresa”.

Otra novedad que da cuenta del compromiso ambiental en la ciudad es que se comenzó a trabajar en la conformación de la Asociación para la Preservación y Desarrollo Sustentable de la Cuenca del río Gualeguaychú, una ONG de la que participan universidades, instituciones deportivas y educativas, el Centro de Defensa Comercial, funcionarios públicos, profesionales y ciudadanos independientes. 

La asociación civil postula como objetivos el cuidado de la calidad de las aguas de la cuenca, la mitigación de las inundaciones, las obras de mantenimiento y conservación y la integración a la Comisión de la Cuenca del Río Uruguay.

Eduardo Rubel, uno de sus impulsores, explicó que las actividades de la organización “serán distribuidas en Secretarías: Jurídica, Económica, Turismo, Deportes, Educación y Cultura, Ambiente y Salud y Relaciones Institucionales”, aclarando que su compromiso “es absolutamente sin fines de lucro, y sin intenciones políticas partidistas”. 

“Intentaremos interactuar con los funcionarios del Estado en una relación amigable, responsable y generosa, en la búsqueda de soluciones posibles”, manifestó.

“La realidad y el diagnóstico actual (del río Gualeguaychú) están condicionados por muchos factores desfavorables que necesariamente deben cambiar”, agregó.

Los controles y monitoreos que se realizan al río

Juliana Giménez y Florencia San Millán son integrantes del área técnica de la Dirección de Gestión Ambiental, quienes cada mes se ocupan de tomar muestras del río Gualeguaychú y sus afluentes para su posterior análisis en el Laboratorio de Investigación Ambiental de Obras Sanitarias.

El monitoreo y extracción de muestras se realiza sobre 10 puntos de nuestro río y sobre otros 13 de sus afluentes, ya sea en distintos arroyos y cañadas, tanto dentro y fuera del éjido de Gualeguaychú. Ambos controles –el del río y el de sus afluentes– son mensuales, pero cada uno se lleva a cabo en momentos diferentes del mes.

Estos estudios se enmarcan dentro de distintos parámetros: microbiológicos, fisicoquímicos, de metales pesados y de plaguicidas. Los que tienen que ver con los últimos dos no cuentan con la misma frecuencia que los primeros, sobre todo el de plaguicidas, que se realiza cada 4 meses (aproximadamente) debido a su alto costo y a que las muestras son enviadas a la provincia de Santa Fe para ser estudiadas.

Los parámetros microbiológicos son aquellos que dan indicios de contaminación orgánica –entre otros motivos– por residuos cloacales, determinando la presencia de coliformes totales, coliformes fecales y escherichia coli (la bacteria causante del Síndrome Urémico Hemolítico).

Por otra parte, durante la pretemporada y la temporada de verano, entre los meses de octubre y marzo, se realiza el Plan de Monitoreo de Zonas de Uso Recreativo en el que solamente se apunta al análisis de lo microbiológico, dado que busca detectar bacterias que podrían tener un impacto directo e inmediato en la salud humana. 

“El informe de pretemporada nos dio óptimo y nos indicó que las zonas de uso recreativo estaban bien”, indicó Giménez, aclarando que siempre existe algún grado de desvío en los valores, ya que “el río es totalmente dinámico” y se ve influido por la actividad humana y las lluvias. “Nos hemos dado cuenta que después de que llueve, si hacemos la muestra dos días más tarde, que lo bacteriológico aumenta porque empieza el arrastre de agua de lluvia de los campos”, ejemplificó.

Respecto a los parámetros físico-químicos que se tienen en cuenta (como temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, ph, entre otros), Giménez señaló que “a partir de las últimas crecidas del río comenzaron a detectar una disminución en los niveles de oxígeno de las aguas que les llamó la atención, principalmente en los arroyos. San Millán aclaró que si bien no podrían confirmar su causalidad, desde el evento de inundaciones notaron estos valores, que al día de hoy persisten por debajo de los mínimos ideales. Esto no representa un inconveniente para el uso del agua corriente que llega a las casas luego de ser potabilizada, sino que lo que más afecta es a la vida acuática, aunque al tener estos niveles no se alcanzó a registrar mortandad de peces”.

En lo relativo al estudio de metales pesados –que conforman una lista bastante extensa–, no detectaron nada llamativo en los últimos tiempos y comentaron que este análisis, que “no sale con tanta frecuencia”, se realiza a partir de un convenio entre la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Municipio, para el cual solo se procesan muestras del río y de la planta del Parque Industrial. 

En cuanto a la detección de residuos de plaguicidas, las licenciadas en gestión ambiental explicaron que si bien no hay “plaguicidas cero” y “se detectan mínimas trazas residuales que quedan” por su uso en los campos, estas se encuentran dentro de los parámetros permitidos por la Ley N° 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos). Dichos restos químicos fueron detectados más que nada en arroyos y en la zona previa al ingreso de las aguas en el ejido municipal, la cual se conoce como “punto blanco”; en esta última “a veces no hay nada y otras veces sí”. 

“En la toma de agua, por ejemplo, también hay un punto de plaguicidas y tampoco hemos notado la presencia de los químicos, pero sí sucede en arroyos más rurales”, señaló Giménez. Un dato llamativo que comentaron ambas es que en una ocasión, hace ya varios años, advirtieron la presencia de endosulfán, un pesticida de uso prohibido.

Además de estos cuatro parámetros analizados, Giménez y San Millán también mencionaron que durante todo 2023 trabajaron junto al laboratorio de Indicadores Biológicos de Gestión Ambiental (IBGA) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) realizando cuatro muestreos, uno por cada estación del año, en los que se tomaron muestras de fitoplancton en agua superficial y muestras de sedimentos de río. “Con esas muestras ellos caracterizan las algas –o bacterias similares a las algas– de nuestro río. Recién ahora están finalizando el informe. De acuerdo a nuestros estudios físico-químicos que hacemos siempre, combinados con lo que ellos van encontrando, van a hacer un informe dónde diga que en el río Gualeguaychú, y durante un año, de acuerdo a las condiciones del verano y demás, se pudo ver que hay más presencia o no de determinadas algas o sí son autóctonas”, explicó San Millán.

La importancia de contar con este tipo de información tiene que ver con que, en palabras de Giménez, “las floraciones algales generan a veces tipos de enfermedades como dermatitis o gastroenteritis. Sin embargo, no siempre tienen cianobacterias, que son las que por ahí tienen las toxinas que pueden afectar a la salud. Este año no hubo floración algal, tal vez por la inundación y que no hubo tanta sequía”, coincidieron ambas profesionales.

Además de estos controles, los de rutina y los nuevos, que realiza la Dirección de Ambiente en nuestro río, sus encargadas técnicas también mencionaron su participación durante el año pasado en el Programa Ribereño organizado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). “Ellos nos brindaron instrumentos in situ para que nosotros hagamos pruebas en todos los puntos de aguas superficiales. Medimos ph, conductividad, oxígeno disuelto y transparencia en el lugar. Nosotros y 10 municipios más participamos de este programa”, señaló Giménez, aclarando que desconocen si este año continuará existiendo.

El 9 de febrero pasado, el juez Federal Hernán Viri ordenó la clausura de ciertos espacios del predio del ex Frigorífico debido a la presencia de transformadores con PCB, asbesto y 400 mil litros de fuel oil almacenados en tanques y dentro de la cañería interna, todos elementos altamente contaminantes. 

“Realmente son altamente tóxicos, tanto si los respirás o te toca la piel. Ni hablar si lo consumís. Tiene una toxicidad muy fuerte, de un grado altísimo. Y todo eso estaba en el frigorífico, y es por eso que dispuse la clausura de algunos locales porque me transmitieron que había personal de Vialidad que tenía acceso a esos lugares”, informó a Ahora ElDía Hernán Viri. 

¿Cómo llegaron a la investigación en las instalaciones del ex Frigorífico? Esta esta última causa se inició por la denuncia de una vecina sobre la presencia de asbesto y PCB en el lugar. Ante esta denuncia dispuse unas tareas investigativas en el es Frigorífico. Fue cuando encontraron unos transformadores y unas cañerías que tendrían estas dos sustancias. En virtud de eso, dispuse el allanamiento, que lo llevó adelante la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que son los técnicamente idóneos para realizar esta tarea. Ellos fueron los que secuestraron todo este material que mandé a analizar, aunque las primeras pericias indicaron que se trata de asbesto y PCB. Para tener en cuenta la peligrosidad de estas sustancias, los policías ingresaron revestidos en trajes especiales que los aislaban del ambiente.

¿Cuál es el riesgo que hubo para las personas que tuvieron acceso a esos lugares?Realmente, el riesgo concreto no lo sé. Un perito químico que conozco de investigación de la la causa UPM (ex Botnia) y otras causas ambientales, una persona que realmente sabe mucho sobre este tema, me aconsejó sobre los lugares que había que clausurar, porque realmente si las personas accedían allí, corría el riesgo de salud. Indicó cuáles eran y esos fue lo que clausuré. En el resto de los lugares no hay ningún problema ni posibilidad de contagio ni de contaminación. 

Entonces, lo que hoy está en funcionamiento no es riesgoso. Exactamente, eso me lo aseguró este perito químico que fue parte de la comitiva que llevó adelante el allanamiento. 

Además se encontró una gran cantidad de fuel oil: ¿Cómo pasó esto desapercibido durante todo este tiempo? Me dijeron que son aproximadamente 400.000 litros distribuidos entre varios tanques y todas las cañerías inferiores e internas. Cuando funcionaba el Frigorífico, generaban ellos mismos la electricidad. Hablo que esto pasaba hace 70 u 80 años. Ya en el año 2021, cuando fue la primera causa, le había ordenado a la Municipalidad que dispusiera lo necesario para ponerle fin a eso. Si bien desde el Municipio me informaron que habían contratado dos empresas, es claro que no se llevó adelante el trabajo. Este tema del fuel oil generó otra investigación: el fiscal federal Pedro Rebollo me pidió investigar a la gestión anterior por un posible incumplimiento. 

¿Quién debería haberse asegurado de que este trabajo se realizara? La Secretaría de Ambiente es la que tiene, por decirlo de alguna manera, el poder de policía, por llamarlo de alguna manera. No obstante, si uno toma dimensión y magnitud de lo que implican los 400.000 litros de fuel oil, más todo el asbesto, que es bastante, más el PCB, que es mucho, y sobre todo la técnica y la idoneidad que hay que tener presente para sacar eso, lo que estoy pensando es convocar a una mesa de diálogo entre la Municipalidad y la Provincia porque creo que puede llegar a exceder la capacidad técnica y económica local. Y yo lo que quiero es que, más allá de la cuestión penal que estoy llevando adelante, es darle un fin a esto, darle una solución final de una vez por todas. Porque es algo que la ciudad lo está sufriendo desde hace 70 años, y las gestiones pasan, más allá del color político, y todo sigue igual, y en definitiva quien se ve afectado es el medio ambiente y las personas. 

¿Tan complicado es el tema que una empresa privada no puede hacerse cargo?Capaz que hasta a una empresa le excedería este tipo trabajo. Y creo que es así por la magnitud que me transmitieron los peritos: es realmente muy grande el problema y no sé si cualquier empresa lo puede hacer. Si tengo en cuenta esto, no sé si la municipalidad tiene los recursos económicos para contratarla. Quizás los tiene, pero quizás no. Yo quiero que se le dé una solución final y no solo quiero comprometer a la municipalidad sino también a la Provincia, y si hay que convocar a la Nación, se convocará también a la Nación. 

¿De quién es la responsabilidad de sacar los transformadores? ¿Del Municipio o de la Cooperativa Eléctrica? Eso está en pleno trámite y es una de las cuestiones más importantes. De hecho, aunque no lo creas, y en pleno siglo XXI no está muy claro a quién pertenece al predio del ex Frigorífico, porque era un sitio provincial que después se cedió a la municipalidad, pero al mismo tiempo algunos dicen que nunca se perfeccionó jurídicamente esa transición. Después hubo una cesión de la municipalidad a Vialidad. Todas estas son cuestiones que yo ya le requerí a la Provincia para determinar, primero, quién tiene el dominio y la responsabilidad del predio. Quiero saber si esos transformadores pertenecen a la Cooperativa Eléctrica, si pertenecen al Frigorífico, a la Municipalidad o a la Provincia. Y, más allá de la responsabilidad penal, también para que lo solucionen y lo saquen. Estas son cuestiones que en el marco de esta última causa que formé se van a ir despejando y se van a ir determinando. 

Se encontró con un verdadero laberinto… Absolutamente. Hay expedientes en Paraná que quizás estén extraviados porque hace 50, 60 o 70 años, obviamente, no existía la digitalización. Está todo papelizado. La verdad es que es un trabajo titánico, pero hay que hacerlo.

En este sentido, ¿cómo sigue la causa? ¿Cuáles son los pasos a seguir desde el Juzgado Federal?En este momento se están haciendo las pericias químicas de lo que sacamos del ex Frigorífico, y después dispuse una multiplicidad de medidas y de informes. Para saber todo necesito concretamente que la provincia me envíe la documentación respecto de quién es el ex Frigorífico, a quién pertenecen los generadores, quién tiene el dominio, quién tiene la responsabilidad de mantenerlo, a quien le corresponde el cuidado. Una cuestión que pude constatar el día de la inspección ocular, es que en 2021 pudimos dar con quien había robado la canilla que provocó el derrame de fuel oil porque había cámaras. Hoy en día están las cámaras, pero me dijeron que no funcionan porque desde diciembre no estaban más los discos rígidos. O sea que desde el cambio de gestión que no están más los discos rígidos. ¿Se trata de un hurto, de una quita intencional? No lo sé, eso lo estamos investigando, pero eso también fue fruto de la inspección ocular. Cuando yo consulto ya que tenía la experiencia anterior, pedí las imágenes de esas cámaras, pero no estaban funcionando porque no estaban los discos rígidos. Y eso es una pena porque en la causa anterior fue determinante porque vimos el momento justo en que se habían robado la canilla. En cambio, hoy en día es imposible. Quizás el Gobierno actual debería hacer un relevamiento de estas cuestiones porque son muy valiosas. De hecho, se lo transmití en ese al jefe de Gabinete Luciano Garro. Le dije que desde el punto de vista de la justicia y la seguridad es importante que todas las cámaras estén funcionando. No solo por este hecho, sino por muchos otros que pueden pasar, como por ejemplo causas de contrabando o narcotráfico. Realmente aportan prueba muy valiosa las cámaras de seguridad. 

¿Cuál es Su visión de Gualeguaychú a nivel ambiental? Yo creo que es una sociedad muy comprometida. Desde que llegué acá, ya hace cinco años, noté eso. El compromiso que tiene el gualeguaychuense es en realidad con todo lo que afronta, pero puntualmente con respecto al ambiente tiene un compromiso y una lucha. Es una sociedad aguerrida en ese sentido, defiende los valores que cree que son importantes. Todo eso lo vimos y lo vemos en la lucha contra las pasteras. Eso fue algo claro, y en particular en la Asamblea Ambientalista y todas las organizaciones ambientales. Creo que realmente es el ADN del gualeguaychuense: el ser férreo en sus creencias, el exigir de las autoridades, el elevar la vara de las autoridades. Todo esto lo admiro y siempre lo comento en todos lados porque realmente es para destacar. No le va a ser fácil a un funcionario, y ojalá nunca deje de ser así, porque se les exige. Yo lo vivo en carne propia y está bien. Continúan las luchas y son persistentes, y creo que es algo para distinguir. Esto no pasa en otros lados, ni siquiera en localidades cercanas o de la misma Entre Ríos. Es una distinción que yo noté sólo acá.

La función civil y social de la Justicia Federal

Entre las causas y operativos más resonantes que ha investigado el Juez Federal Hernán Viri están la de los abusos en el Regimiento, los allanamientos por contrabando o la compra de alcohol en gel por parte del Municipio durante la pandemia.

Sin embargo, también tiene en sus manos una serie de causas que se tramitaron en el fuero civil; y las mismas muchas veces son tanto o más importantes que las que llegan a los diarios, llegando a depender la vida o muerte de una persona en cada una de sus decisiones.

“Muchas veces trabajamos con los amparos, sobre todo en los temas de salud. Las cautelares que brindamos, a una persona que lo necesita literalmente le cambiamos la vida. Es cuando obligamos a una prepaga, a una obra social o al gobierno a darle a alguien que lo necesita medicamentos o un estent o una bomba de insulina o directamente obligarlos a que lo operen”, relató en la entrevista que brindó a Ahora ElDía.

“Cuando se presenta un amparo con una cautelar yo la resuelvo en 24 o 48 horas. Ese es el tiempo máximo que yo me tomo para dar respuesta a la persona. A veces estos casos no tienen relevancia mediática porque es una persona anónima. Pero sé que a esa persona y a esa familia le cambió la vida, y eso también es una satisfacción”, concluyó.

El Ministerio de Ambiente dio por finalizado el expediente por el derrame de soda cáustica en el arroyo Sauce a partir del pago de la infracción por parte de la empresa UPM por un total de 182.000 dólares, una cifra que fue recientemente elevada por la cartera debido a la gravedad de los efectos ambientales que provocó.

A mediados de este mes la cartera decidió casi triplicar la multa aplicada a la empresa papelera pasando de 1.000 unidades reajustables - alrededor de 1,6 millones de pesos y unos 40.500 dólares - a 4.500 UR - unos 7,3 millones de pesos, un total de 182.000 dólares - manifestando que las infracciones provocadas por la empresa fueron graves.

Con esto, la empresa finalmente abonó la infracción por el total - dentro de los 10 días hábiles que había impuesto la cartera de ambiente - y el ministerio dio por finalizado el caso a través del cierre del expediente.

Sin embargo, según consignó Subrayado, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que se está trabajando en la sanción relacionada a la afectación de la flora en la zona del derrame. Por otro lado, adelantó que se encuentran evaluando la posibilidad de instalar una oficina cerca de las tres plantas de celulosa del Uruguay como una mayor medida de control.

¿Por qué aumentó el valor de la multa?

La resolución firmada a mediados de este mes explica que la ampliación de la multa corresponde al incumplimiento de los "compromisos de gestión previstos en el Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGA-O), aprobado por resolución ministerial N.º 275/023, de 30 de marzo de 2023”.

Además, la resolución establece que también hubo un mal manejo en la comunicación externa del incidente, como así también en el "control operacional de los valores reportados por el conductivímetro y el sensor de nivel en la pileta de control”.

Las consecuencias del derrame

A mediados de agosto, la planta de la empresa finlandesa comunicó que había vertido un efluente con altos niveles de pH que contenía soda cáustica en el arroyo del Sauce.

Con esto, el MA presentó ante el Poder Legislativo un informe preliminar sobre los impactos que generó el incidente ambiental, realizado por el departamento de Evaluación y Calidad Ambiental. Allí, se indicó la pérdida de algunas especies vegetales de flora acuática y arraigada, como así también una posible destrucción de microalgas.

Por otro lado, se verificó la mortandad de más de 250 mojarras, bagres, cabezas amargas y castañetas, aunque remarcaron que las pérdidas “no fueron muchas”, según explicó el director de Evaluación y Calidad Ambiental del MA, Eduardo Andrés.

El jerarca aseguró que el arroyo se está recuperando, ya que la “evolución natural” del sistema se está produciendo. “No tengan temor porque va a recuperarse”, dijo Andrés, quien agregó que no va a tardar mucho tiempo en recuperarse. “De hecho, si uno mira las fotos de hace una semana, verá que no hay evidencia de que haya pasado algo allí”, agregó.

Aunque desde el ministerio aseguran que todavía hay peces y bivalvos en la zona, admitieron la mortandad de todos los seres que vivían en ese tramo del curso, algo que también sucedió con algunos peces que vivían en la descarga del arroyo. La cartera, aseguró que la recuperación se daría “en algunos meses” o incluso tardaría hasta un año.

“Sólo se podrían comer de forma segura 2 raciones, o media ración al mes de pescados del río Uruguay", aconsejó un estudio elaborado por un programa de monitoreo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a partir de los resultados que dan cuenta de las altas concentraciones de PCBs halladas en muestras tomadas en especies de boga, dorado, surubí y sábalo. 

En este informe técnico sobre distintos residuos contaminante, se reveló la presencia de distintos policlorobifenilos, compuestos aislantes que eran usados como refrigerantes y lubricantes en transformadores y condensadores eléctricos que, por su nivel de toxicidad y persistencia, fueron prohibidos en la década del ’80. El estudio también se registró en los tejidos de los peces plaguicidas como endosulfan, cuya aplicación es ilegal en la Argentina desde 2013.  “De los 13 herbicidas analizados, sólo 4 (25%) de ellos fueron detectados al menos una vez en una muestra de músculo o de hígado (acetocloro, atrazina, metolaclor y metilmetsulfurón)”, señala el documento presentado en diciembre pasado y al que accedió ERA Verde.

En cuanto a “metales no esenciales”, como cromo (Cr), plomo (Pb) y mercurio (Hg), se marca una baja de su presencia en relación a campañas anteriores, aunque las “muestras de Concepción del Uruguay presentaron los valores promedio más elevados”.

A fines de 2023 se presentó el informe anual correspondiente al período anterior del Subprograma Residuos de Contaminantes en Peces del Río Uruguay elaborado para la CARU. En el trabajo se da cuenta de la presencia de distintos productos nocivos relevados en muestras tomadas sobre la fauna íctica y cuyos resultados arrojaron resultados alarmantes. Esto es porque se detectaron substancias venenosas que persisten en los peces a pesar que, desde hace años e incluso décadas en algunos casos, se encuentran totalmente prohibidos en el país.

Esta es una de las conclusiones a las que se puede arribar leyendo el estudio que también plantea la necesidad de continuar con los monitoreos sobre la evolución de la situación.

El informe se realizó en base a los relevamientos de las campañas de verano e invierno de 2022 que llevó adelante el mencionado Subprograma. El encargo proporcionó “información sobre la concentración de 138 sustancias diferentes en 96 muestras de músculo y 32 de hígado de 4 especies de peces colectadas en 4 localidades diferentes en dos momentos del año distintos. Ello representó conjunto de 17.664 datos que fueron ordenados, curados y analizados”, a partir de los cuales se desprenden los principales resultados del relevamiento.

Venenos internos 

Uno de los puntos destacado se señala que “pese a su prohibición desde hace ya varias décadas, los PCBs (policlorobifenilos), aún persisten en el ambiente y son acumulados en los peces. De los 38 congéneres analizados, un mínimo de 3 y hasta 33 fueron detectados en una misma muestra de músculo”, se observa, “siendo el PCB 153, el PCB 138 y el PCB 149 los más relevantes en cuanto a frecuencias y concentraciones. La frecuencia de detección de los PCBs totales fue 100%, la concentración máxima 171,2 μg/Kg, la promedio de 13,8 μg/Kg y la mediana de 6,33 μg/Kg. No presentaron diferencias entre tejidos, temporadas o localidades, aunque en Concepción del Uruguay se observaron los valores promedio más elevados”, señala como dato particular.

El resumen aclara que “las concentraciones medidas (de PCBs) no representarían un riesgo para la supervivencia, crecimiento o reproducción de los peces y no se observó un patrón de biomagnificación, pero sólo se podrían comer de forma segura 2 raciones, o media ración, al mes considerando puntos finales no carcinogénicos o carcinogénicos, según criterios de la USEPA (sigla en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). Las concentraciones máximas tuvieron el valor histórico más alto desde 2012. Por ello, se recomienda continuar su relevamiento”, se aconseja.

En cuanto a Polibromodifenilos (PBDEs) un compuesto bromado de amplio uso y que se encuentra restringido a nivel mundial, se indica que su detección fue más relevante en las muestras de boga que “tuvieron en promedio valores más elevados que las de sábalo y los dorados. También las tomadas en Concepción del Uruguay, contaron con “valores promedio las más elevados que otras localidades”: Mocoretá, Puerto Yeruá y Villa, lugares seleccionados de modo que se pudiera cubrirse “diferentes sectores del tramo del Río Uruguay bajo jurisdicción de la CARU”, se argumentó.

Insectividad y herbicidas 

Por otro lado, el muestreo conocido por ERA Verde analizó la presencia de 34 insecticidas. “La frecuencia de detección para los insecticidas totales fue de 94%, la concentración máxima, media y mediana fueron 394,0 μg/kg, 68,56 μg/kg y 31,76 μg/kg. La principal familia de insecticidas por su frecuencia de detección y concentraciones en el músculo fue la de los neonicotinoides (imidacloprid, tiametoxam). Las familias e los organofosforados (diclorvos), piretroides (cipermetrina y ;\-cialotrina) y biorracionales (triflumurón) mostraron.

Ocasionalmente concentraciones elevadas, pero las frecuencias fueron menores al 50%, y la de los carbamatos (carbofurán) no fue detectada en este tejido”, se apuntó. En este ítem, “no se encontraron efectos significativos de la especie, tejido, temporada o localidad sobre las concentraciones de insecticidas totales en las muestras. Sin embargo, los promedios más altos se encontraron en muestras de Mocoretá y Puerto Yeruá”, se señaló.

“Posiblemente como consecuencia de baja persistencia y uso estacional, la serie histórica muestra para los insecticidas un comportamiento muy fluctuante dependiendo de la familia de compuestos y la temporada del año. Dado que en algunos casos las concentraciones registradas han sido elevadas y pudieran asociarse en determinados casos a mortandades u otros efectos sobre los peces, y su seguimiento que permite determinar cuáles son los compuestos más frecuentes en determinados momentos del año, se recomienda continuar con su relevamiento”, apunta el documento.

En el rubro herbicidas, se analizaron 13. “Sólo 4 fueron detectados al menos una vez en una muestra de músculo o de hígado y de los 19 fungicidas fueron detectados en muestras de músculo y 9 en muestras de hígado (igual que músculo menos ciproconazol). El número mínimo de herbicidas detectados en una muestra de músculo fue de 0 y el máximo de 2, mientras que en las muestras de hígado fue 1 y 3. Para los fungicidas, el número mínimo detectado en una muestra de músculo fue de o y el máximo 91 mientras que en el hígado fue 2 y 6. Por su frecuencia de detección y concentraciones, atrazina y carbendazim fueron los más relevantes en ambos tejidos.

Luego, también fueron importantes piraclostrobin y azoxistrobin, en músculo y fludioxonil, trifloxistrobin y metolacloro en hígado. Las frecuencias de detección para los herbicidas y fungicidas totales fueron de 99% y 98% las concentraciones máximas 804,0 μg/kg y 1.695 μg/kg, las medias 270,61 y 282,23 y las medianas 276,46 μg/kg y 169,32 μg/kg. Tanto para herbicidas como para fungicidas las concentraciones estuvieron afectadas por la especie, la temporada y sitio de muestreo, siendo las muestras de Puerto Yeruá las que presentaron mayores concentraciones. Para los herbicidas también influyó el tejido, siendo mayor la concentración en el músculo.

Según la frecuencia de excedencia de los MRLs, la atrazina fue el herbicida que presenta por mucho el mayor riesgo para el consumo, seguida por los fungicidas piraclostrobin y carbendazim. La serie histórica muestra un incremento sostenido de las concentraciones máximas y medianas de los herbicidas y los fungicidas desde 2018, hallándose en las campañas de 2022 entre los máximos históricos. Por todo ello se recomienda continuar con su relevamiento. Para atrazina, los datos del relevamiento 2022 confirma lo recomendado en el informe 2021 y aprobado por la Comisión en 2022 sobre la elaboración una evaluación de riesgo para establecer recomendaciones sobre aptitud para el consumo”.

“Siete metales analizados” 

Finalmente, en el documento dado a conocer, en cuanto a los “siete metales analizados”, sobre los “no esenciales”, los datos más relevantes de las muestras “por sus frecuencias de detección y concentraciones en el músculo fueron el Cr (cromo) y el Hg (mercurio), aunque su frecuencia de detección fue menor al 50 % y concentraciones máximas, promedio y mediana de 1,41; 0,07 y 0,04 mg/Kg para Cr y 0,97; 0,08 y 0,03 mg/Kg para Hg. En el hígado los metales más relevantes fueron el Cd (cadmio), Hg y el Pb (plomo) con frecuencias mayores al 50% y concentraciones máximas, promedio y mediana de 3,9; 1,45; 0,99 mg/Kg para el Cd, 0,79, 0,1 y 0,06 mg/Kg para el Pb y 0,49, 0,15 y 0,10 mg/Kg para el Hg. En el músculo, tanto la especie como la temporada afectaron las concentraciones de los metales salvo para el Zn (zinc).

En general hubo un efecto asociado a la localidad, pero en la mayoría de los casos las muestras de Concepción del Uruguay presentaron los valores promedio más elevados, salvo para el Hg que fue Mocoretá. En el hígado, también se observó un efecto de la especie y la temporada, pero no a la localidad, excepto para Ni. El tejido afectó la concentración de todos los metales, salvo el Ni (níquel). Considerando los MRLs (nivel en el cual la substancia no representa riesgo) para cada metal, en músculo sólo el Cr y el Hg (en especies piscívoras el MRL para especies no piscívoras) los excedieron alguna vez, pero en frecuencias muy bajas, mientras que para las concentraciones en el hígado los MRL se fueron excedidos por Cd y Cu en frecuencias elevadas, Cr, Pb y ZN en frecuencias bajas y Ni y Hg en ningún caso.

La serie histórica muestra en las concentraciones de los metales no esenciales una tendencia decreciente desde 2018/19 con valore mínimos en la campaña de 2022 a excepción del Hg que mantuvo la concentración máxima en torno a 1 mg/Kg, pero con una mediana también entre los valores más bajos”, cierra más auspicioso el panorama en este aspecto.

El estudio concluye que “todas las familias de contaminantes” analizadas “hubieron compuestos que excedieron sus MRLs (mínimos permitidos para que no dañe) o bien mostraron tendencias de concentraciones en aumento por lo que se recomendaría continuar con el relevamiento de todas ellas”, por lo cual también en lo metodológico, se solicita que siga funcionando “la logística de muestreo” reforzando las “capturas” y los “artes de pesca” para mantener el Subprograma de Relevamiento de la lctofauna.

“Respecto a aquellos contaminantes que mostraron mayor relevancia, las concentraciones halladas de PCBs y la atrazina en músculo estuvieron asociadas, respectivamente, a restricciones el nivel de ingesta o excedencia significativa de su MRL y en relación con esto, se está trabajando en una evaluación de riego para el consumo humano. Por otro lado, las concentraciones de endosulfanes y atrazina en músculo e hígado mostraron relevancia en lo que refiere a posibles efectos adversos sobre la salud de los propios peces, por lo que se aconsejaría realizar un análisis con más detalle de este tema. Finalmente, las frecuencias y concentraciones encontradas de insecticidas neonicotinoides y biorracionales han mostrado un incremento importante de estos contaminantes en el último año, por lo que se recomienda seguir con atención su evolución”, cierra la investigación.