Al menos 12 personas fueron detenidas esta tarde por los incidentes registrados durante las protestas contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los efectivos de la Policía Federal concretaron tres de los arrestos por los delitos de atentado y resistencia de autoridad.

Por su parte, la Policía de la Ciudad detuvo a nueve personas y seguían con el operativo para dispersar a los manifestantes.

Según informaron las fuentes consultadas, los manifestantes quemaron contenedores de basura y rompieron veredas, al tiempo que también destruyeron los vidrios de un patrullero.

La Policía de la Ciudad intervino para repeler las agresiones de los manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Avenida Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

Como consecuencia de los incidentes una oficial de la fuerza porteña resultó lastimada con traumatismo en un codo por un piedrazo.

Además, un gendarme y un prefecto resultaron heridos en medio de los disturbios; el primer agente sufrió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el segundo afectado recibió asistencia en el lugar.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentraron bajo la lluvia frente al Congreso, en contra de la Ley de Propiedad Privada en simultáneo al debate de la iniciativa en el Senado y se produjeron incidentes entre los manifestantes y efectivos policiales.

La movilización se inició al mediodía, pese a que el Gobierno había retirado el polémico capitulo del proyecto sobre extranjerización de tierras, mientras que durante la tarde, fuerzas federales que formaban parte del operativo de seguridad lanzaron gases y utilizaron camiones hidrantes ante los integrantes de las agrupaciones que se concentraban frente al Congreso. 

Fuente: Noticias Argentinas

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentraron bajo la lluvia frente al Congreso de la Nación, en contra de la Ley de Propiedad Privada antes del inicio el debate en el Senado que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

Varias agrupaciones, entre las que se encuentran el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista (IS) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE),entre otras, se posicionaron sobre Avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.

Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización por parte de los gremios y las organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la iniciativa.

Las áreas más afectadas, en cuanto a los vallados y la presencia policial, se encontró en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que partieron desde la Avenida 9 de Julio avanzaron de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

Incidentes

Alrededor de las 16:40 se desplegó un operativo policial en frente del Congreso. Los agentes y un camión hidrante se posicionaron sobre el vallado.

Los manifestantes respondieron de forma desafiante, les tiraron botellas y demás proyectiles.

Un grupo tiró una valla, por lo que el camión hidrante les tiró chorros de agua para que se dispersen. El personal reubicó el vallado y la situación no pasó a mayores.

Pasadas las 17 horas, nuevamente, un grupo de manifestantes se acercó al vallado y las fuerzas de seguridad respondieron con el camión hidrante. Además, algunos acusaron síntomas de gas pimienta.

A pesar de que parecía que la situación se iba a calmar, de repente los cruces se reavivaron. Un grupo de los que se movilizaron respondió lanzando botellas y otros tipos de proyectiles, como piedras.

En la esquina de la avenida Callao y Bartolomé Mitre, a una cuadra del Congreso y del grueso de la movilización, donde también hay un vallado, otro camión hidrante tiró agua a los manifestantes.NOTICIA EN DESARROLLO…

Fuente: Noticias Argentinas / Infobae

Antes de iniciar el receso invernal los senadores nacionales recibieron una buena noticia. A partir de agosto pasarán a cobrar casi $12 millones en bruto, lo que abrirá un nuevo debate frente a la caída generalizada de los salarios y una tasa de desocupación que se mantiene cerca del 8 %.

Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos. Se trata de un incremento acumulativo del 6,7 % que impacta en las dietas de los senadores gracias a la llamada ley de enganche que los legisladores aprobaron a mano alzada en 2024.

La mejora se aplicará en los sueldos de los legisladores en tres tandas: un retroactivo correspondiente a junio de 2,4%, al que se suma otro de 2,2% de julio y un 1,9% en agosto. La suba se aplicará al menos de que los senadores renuncien o donen el aumento como lo hicieron este año los representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.

Este año, los senadores habían conseguido a principios del período ordinario un aumento acumulativo del 12,5%, que se completó en mayo llevando los sueldos de los senadores a más de $11 millones bruto, sin los descuentos por ganancias y otros items. Con los nuevos incrementos llegarán a un 19% de aumento en agosto. Según estimaciones, estarían unos puntos por encima de la inflación proyectada. En total, solo 8 gremios le ganaron a la inflación en el primer semestre del año según un informe oficial. En esa lista aparecen encargados de edificios, camioneros y bancarios.

La dieta de los senadores quedó atada a la paritaria legislativa, en la que la Asociación de Empleados Legislativos (APL) junto a UPCN y ATE negocian con las autoridades del Congreso el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios.

A partir de la ley aprobada en el recinto, la dieta de los senadores se calcula en base a 2.500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos de adicional por desarraigo. De esta manera, el sueldo de los senadores será de unos $11.877.000 millones bruto, sin los descuentos por obra social, jubilación y ganancias.

Con esta suba, los senadores recibieron entre enero y agosto un aumento de $ 1,2 millones y las mejoras superan la inflación acumulada del primer semestre que a junio se ubicó en 16,8%, según datos del INDEC.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja no se aplica el enganche paritario y un diputado nacional actualmente cobra $ 6.072.000 en bruto y le quedan $ 4.322.307 en mano. Prácticamente la mitad que el sueldo de un senador, una situación que genera tensiones y malestar con el titular del cuerpo Martín Menem, quien suele sortear su salario por redes sociales.

Más allá del impacto que este incremento tendrá en las dietas de los senadores y la situación de los diputados, el sueldo más alto de un empleado legislativo, la categoría 1, pasará de un haber de $ 2.352.866 de mayo a $2,462.339 en julio y $ 2.509.123 en agosto. Pero la categoría promedio, la 6, pasará de $ 1.119.351 de mayo a $ 1.171.428 de julio y $1.193.538 de agosto.

El acuerdo paritario fue firmado por el prosecretario y secretario administrativo del Senado, Lucas Clark y Alejandro Fitzgerald, respectivamente; y la secretaria administrativa y prosecretaria parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello; junto a. Alejandro Santa en representación de la Biblioteca del Congreso. Por los gremios estuvieron Norberto Di Próspero, por APL; Claudio Britos, por ATE, y Martín Roig, por UPCN.

Durante la reunión, APL pidió la conformación de una comisión para "normalizar, reglamentar y regularizar"  los haberes de los empleados. La polémica se inició a partir de la decisión de Menem de otorgar un plus  a los trabajadores sin plantearlo en paritaria ni conversar con el gremio. La cuestión es que no hay actas de resolución de la mejora y los gremios reclaman "equidad" entre los empleados del Congreso.

Fuente: Clarín

El Senado tratará este jueves la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y modificada en su tratamiento en comisiones.

El proyecto propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego.

El objetivo, según la iniciativa, es “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.

Ley de expropiaciones: más límites para el Estado

La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación. La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración “deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

La iniciativa también dispone cambios en las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta que no pague íntegramente la indemnización, dispone que las indemnizaciones no pagan impuestos y le asigna mayor relevancia al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Marcha atrás con las modificaciones a la Ley de barrios populares

En este sentido, el proyecto oficial proponía la derogación de artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Sin embargo, en el debate en comisiones se eliminó todo este capítulo: se mantienen los actuales alcances de la Ley de Integración Socio Urbana que, entre otras cosas, dispone la suspensión total de los desalojos de los barrios populares hasta octubre de 2032 y declara de utilidad pública a las tierras, para permitir su expropiación y regularización dominial centralizada por el Estado nacional.

Manejo del fuego: cambios en el destino de las tierras productivas

El Senado también introdujo una serie de modificaciones al Capítulo IV del proyecto, que propone cambios y derogaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La norma vigente establece que durante 60 años el propietario de un terreno incendiado, tanto en bosques nativos e implantados como en áreas naturales protegidas y humedales, no podía realizar cambios de uso del suelo, lotearlo y/o venderlo.

En su proyecto, el Gobierno eliminaba completamente las prohibiciones para las áreas de uso rural y las mantenía parcialmente para los bosques nativos, sólo en el caso del cambio del uso del suelo.

No obstante, el dictamen del Senado rechazó todos los cambios referidos a los bosques nativos (se mantiene la veda de 60 años para evitar la especulación inmobiliaria), pero aceptó parcialmente algunas modificaciones al uso de la tierra rural (se elimina el plazo de 30 años de veda para venta o cambio de uso).

Tierras rurales: cambios en el régimen de inversores privados extranjeros

El proyecto propone la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Hoy, la ley plantea que se considera que la tierra es de titularidad extranjera cuando sus propietarios son inversores privados extranjeros, personas físicas extranjeras o sociedades de capital privado de origen extranjero. A ese universo de inversores se les fija un límite: no pueden poseer más de un 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal.

Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

El proyecto del oficialismo elimina esas restricciones, pero en su dictamen el Senado les dio la facultad a las provincias para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

Por otro lado, el proyecto oficial fija límites para los Estados extranjeros y sus instrumentos (organismos, empresas públicas, fondos fiduciarios estatales), a los que les prohíbe adquirir tierras. Sin embargo, hay una excepción: admite que esa prohibición puede levantarse si el Ejecutivo determina que la operación no representa un “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.

Desalojo más rápidos y simplificación de los trámites registrales

La reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación, y se enfoca en acelerar el proceso de desalojo, facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.

El cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial.

La iniciativa oficial exigía al locador intimar al inquilino con al menos 3 días de anticipación antes de demandar en casos de falta de pago de inmuebles habitacionales, pero el Senado extendió ese plazo a 10 días.

Por último, la propuesta promueve cambios en la Ley de Propiedad Inmueble. Apuntan a una mayor digitalización de los procesos, la fijación y reducción de plazos y una mayor integración entre Nación y provincias.

Con información de Chequeado

El paso del buque militar HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy del Reino Unido, por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina, continúa generando repercusiones políticas. Un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación que había zarpado desde las Islas Malvinas y navegó rumbo al Estrecho de Magallanes.

La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel y acompañada por los diputados Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, solicita que el Gobierno informe si tuvo conocimiento previo del desplazamiento de la embarcación y qué medidas adoptó una vez detectado el episodio.El pedido incluye:1.⁠ ⁠Si el Gobierno Nacional tuvo conocimiento previo del tránsito del mencionado buque militar británico.2.⁠ ⁠Si existió comunicación oficial o notificación por parte del Reino Unido respecto de dicho desplazamiento y, en caso afirmativo, por qué canales diplomáticos o militares se realizó.3.⁠ ⁠Si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la República Argentina y el Reino Unido.4.⁠ ⁠Qué actuaciones realiza la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento del buque.5.⁠ ⁠Si el Poder Ejecutivo Nacional presentó o prevé presentar un reclamo diplomático formal ante el Reino Unido por estos hechos.Michel señaló que “Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".El pedido se enmarca en que la “presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".

El Diputado también agrega que “Más allá de las discusiones técnicas sobre los procedimientos de notificación, se trata de una situación que interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur, porque la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio ilegítimamente ocupado representa una amenaza permanente para los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, además de comprometer recursos naturales, pesqueros, energéticos y la proyección antártica de nuestro país.”

Por último, alega que “frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional. Algo que no se viene reflejando no solo con el territorio marítimo, la entrada a la Antártida, tampoco con la industria nacional, ni con lo recursos de nuestro país”

Con el arranque del Mundial de Fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá un miércoles de super acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de "Super RIGI".

El primer plato será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses".

Con esta iniciativa, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas.

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias ("Súper Rigi"), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

A las 15, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto del Poder Ejecutivo.

Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La iniciativa se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se exigen inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares.

A estas industrias de "frontera" tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para  operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los 3 años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Fuente: NA

Con la presentación este martes en la Cámara de Diputados de los proyectos para regular el lobby y el llamado "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), la Casa Rosada ya tiene al nuevo paquete de leyes en la línea de largada del Congreso.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo ya había remitido al Senado el proyecto de derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la iniciativa para regular los juegos de azar en línea.

La iniciativa para regular la gestión de intereses (lobby) será tratada en un plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En cuanto al proyecto de "Super RIGI", que establece suculentos beneficios fiscales a grandes inversiones en industrias energéticas y de la economía del conocimiento, la comisión de Presupuesto y Hacienda será cabecera, mientras que Industria (presidida por el aliado José Luis Garrido) y posiblemente Ciencia y Tecnología (Martín Yeza del PRO) se acoplarán en modalidad de plenario.

La de Presupuesto, acaso la más importante, es presidida por el ultra oficialista Bertie Benegas Lynch, quien podrá marcar el pulso del debate a su propio tempo.

En el caso de la ley de prevención de la ludopatía digital, que ingresó por el Senado, ya tiene designados los tres giros de comisión: Legislación General, Salud, y Justicia y Asuntos Penales.

Las tres tienen como titulares a integrantes de La Libertad Avanza, que son Nadia Márquez (Legislación General), Ivanna Arrascaeta (Salud) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales).

El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos probablemente reciba tratamiento en la comisión de Salud.

De esta manera, el Gobierno se garantiza el manejo de los tiempos y de las formas del debate en cada uno de los cuatro proyectos del último paquete de leyes anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En cuanto a la viabilidad política, los números juegan a favor del oficialismo, especialmente en las leyes que ingresaron por la Cámara de Diputados: la "ley de lobby" y la de "Súper RIGI".

Más allá de que la oposición dura se pronuncie en contra, el oficialismo podrá construir una cómoda mayoría con sus habituales aliados, quienes ya le dieron los votos cuando se trató el primer RIGI en la Ley Bases.

En el caso de la ley contra la ludopatía se abre un escenario más incierto, porque la media sanción que obtuvo la ley del 2024 con 139 votos a favor de prohibir la publicidad de juegos de azar, sumado a las abstenciones del PRO y la UCR, dejan un panorama mucho más brumoso sobre cómo actuará la oposición y los sectores dialoguistas frente a una ley más moderada que no se mete con el corazón del negocio de las apuestas online.

La ley de Etiquetado Frontal fue una conquista del Congreso en el año 2021 que fue posible gracias a la correlación de fuerzas que había en aquel momento, muy diferente a la actual.

En el Senado, la ley obtuvo 64 votos a favor y apenas tres en contra, con la particularidad de que hasta los legisladores del PRO y de la UCR votaron a favor.

En Diputados, también el resultado fue abrumador, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

En este caso, la UCR votó mayoritariamente a favor de la ley, mientras que el PRO se dividió entre las abstenciones y los votos en contra.

Si bien hubo una renovación muy fuerte de las caras de los legisladores nacionales, especialmente en la Cámara de Diputados, no va a ser demasiado fácil para el PRO y la UCR justificar un cambio de 180 grados en las posturas que tuvieron hace cinco años cuando el tema se trató en el Congreso.

El Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, producirá inevitablemente un amesetamiento de la actividad, aunque el oficialismo se propone no paralizar el trabajo de las comisiones.

O en todo caso, deberá elegir qué proyectos agilizar durante ese período, y cuáles ponerle un freno hasta la finalización del evento deportivo.

De ser así, se produciría un quiebre respecto de la tendencia histórica en el Congreso, que suele entrar en un parate casi total en el mes que dura la máxima competencia internacional a nivel selecciones.

Antes del Mundial, posiblemente el 4 de junio, se realizaría una sesión en el Senado para tratar pliegos judiciales, la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares de deuda pendiente de los canjes y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El Gobierno nacional formalizó este martes el envío al Congreso del proyecto denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper Rigi”.

Esta normativa busca captar proyectos de gran escala en áreas tecnológicas y actividades consideradas nuevas para la economía argentina.

Sectores estratégicos y requisitos de inversión

El régimen tendrá una vigencia de cinco años y está destinado exclusivamente a sectores que actualmente no tienen presencia en el país o cuyo desarrollo es apenas experimental.

Entre las industrias priorizadas se encuentran la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital.

Para acceder a este esquema, las empresas deberán cumplir con un piso mínimo de inversión de U$S 1.000 millones por proyecto.

Además, la ley exige que el 20% de ese monto sea desembolsado durante los primeros dos años posteriores a la adhesión.

Un punto clave es que quedan excluidas las modernizaciones o ampliaciones de plantas ya existentes; el incentivo es solo para emprendimientos nuevos canalizados a través de “Vehículos de Proyecto Único” (VPU).

Beneficios fiscales y cambiarios

Las empresas que se sumen al Súper Rigi contarán con una carga tributaria reducida.

El proyecto prevé una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias y la exención total de derechos de importación y exportación para bienes vinculados al proyecto.

En cuanto a los dividendos, la tasa bajaría al 3,5% tras cuatro años de permanencia en el régimen.

En materia cambiaria, el Gobierno propone un esquema de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: los inversores podrán disponer del 20% el primer año, del 40% el segundo y del 100% a partir del tercer año.

Seguridad jurídica y arbitraje internacional

Uno de los pilares del proyecto es la garantía de estabilidad normativa por 30 años en aspectos tributarios, aduaneros y cambiarios.

Asimismo, establece que cualquier controversia con el Estado podrá resolverse mediante arbitraje internacional.

Finalmente, para que los beneficios tengan alcance pleno, las provincias y municipios deberán adherir expresamente a la norma nacional.

El texto aclara que cualquier normativa local que intente limitar estos incentivos será considerada nula.

Uno por uno, los 10 ejes principales del “Súper Rigi”

Fuente: APFDigital

El Gobierno anunció que enviará cuatro proyectos de ley al Congreso que constan de una Ley de Ludopatía, el Super RIGI, la Ley de Lobby y la modificación al Etiquetado Frontal. Se trata de un anuncio que terminó de cerrarse en un encuentro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei ayer por la mañana en la Quinta de Olivos.

Así, el Poder Ejecutivo manda al Congreso el tercer paquete de reformas desde que inició el período de Sesiones Ordinarias de este año.  Adorni preveía hacer el anuncio hacia el fin de esta semana, algo que finalmente hizo a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó el ministro coordinador minutos después de las 17.

El mensaje fue difundido después de que Adorni terminara con su agenda de reuniones en Casa Rosada. Antes había estado con el canciller Pablo Quirno y a ese encuentro se le sumó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En total, el encuentro duró una hora. Ayer fue hacia la Residencia Presidencial de Olivos para acordar con el Presidente la prioridad que le iban a dar a cada una de las iniciativas que el Ejecutivo tiene en carpeta y espera darle movilidad en ambas cámaras del Congreso.

Lo único que se había dado a trascender en los últimos días es que no iba a haber un proyecto con mayor prioridad que el denominado Súper-RIGI, que no es otra cosa que una iniciativa hermana del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones que se sancionó en conjunto con la Ley Bases.

La versión ampliada buscará generar incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25 % al 15 %, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.

Aunque no venía siendo comunicado ampliamente, finalmente el Gobierno acelera con su propia versión de la Ley de Ludopatía que la oposición había querido impulsar el año pasado en el Congreso.

En ese entonces, la iniciativa había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, pero desde La Libertad Avanza no estaban de acuerdo con su redacción final, la cual buscaba aplicar fuertes restricciones a la publicidad de las casas de apuestas, el establecimiento de jornadas educativas sobre el tema, regulaciones sobre los medios de pago, límites diarios de gasto y la elevación de penas para titulares de casas de apuestas que incumplan la normativa.

La Casa Rosada aclaró oportunamente que no quería eliminar la publicidad de las casas de apuestas, pero sí regular la discrecionalidad con la que los menores acceden a las apuestas en forma digital. El enfoque principal es la regulación de las apuestas entre los jóvenes y la prevención de la adicción en este grupo. 

Fuente: Infobae.

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles un proyecto del oficialismo para actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y focalizar los beneficios en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas en el esquema.

La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, fortalecer la segmentación de subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen concretada en 2021, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Según el proyecto, los subsidios quedarán dirigidos exclusivamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El padrón incluirá hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el caso de los hogares con integrantes con discapacidad, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera el CUD implica necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.

El texto también redefine el universo alcanzado por el régimen de Zona Fría y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

La propuesta oficialista sostiene que la ampliación del régimen realizada en 2021 llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, lo que derivó en la inclusión de sectores con alto poder adquisitivo o sin correspondencia con los criterios de vulnerabilidad económica.

Fuente: NA

El Gobierno mantiene bajo revisión el proyecto del súper RIGI y planea enviarlo al Congreso la semana que viene. En el Ejecutivo reconocen que la iniciativa se demoró por revisiones de los equipos técnicos, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el texto ingresaría esta semana. “Está muy avanzado. Estamos esperando devoluciones de algunas áreas aún. Seguramente se envíe la semana próxima”, expresaron en Nación.

El proyecto es una de las apuestas económicas con las que la Casa Rosada busca retomar la agenda, en medio de las tensiones internas por el caso de Manuel Adorni y de la negociación con aliados por el paquete legislativo buscan acelerar antes del Mundial. En la mesa política del martes, el jefe de Gabinete expuso sobre el listado de leyes que el Gobierno prevé mandar al Congreso, con el súper RIGI entre las principales iniciativas.

La idea fue impulsada por Luis Caputo y terminó de tomar forma en una conversación con Javier Milei durante el regreso del viaje a Estados Unidos. En el equipo económico sostienen que el objetivo es ampliar los beneficios del RIGI vigente para industrias que hoy no tienen desarrollo local a gran escala y que requieren márgenes fiscales más agresivos para competir por inversiones globales.

El régimen original fue creado por el Título VII de la Ley 27.742, que estableció incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios junto a un sistema de protección de derechos para vehículos titulares de grandes proyectos de inversión. En febrero, el oficialismo prorrogó por un año el plazo para adherir al RIGI, a partir del 8 de julio de 2026, mediante el Decreto 105/2026.

El súper RIGI apunta a ampliar ese esquema con beneficios tributarios y aduaneros más profundos. Según anticipó Caputo en la conferencia oficial del 8 de mayo, incluirá una alícuota de Ganancias del 15%, contra el 25% del RIGI actual; amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes; exención de aranceles de importación para bienes vinculados a la puesta en marcha del proyecto; y derechos de exportación en cero desde el inicio.

El borrador también contempla condiciones para las provincias y municipios que adhieran. El Ejecutivo busca que las jurisdicciones acepten una alícuota de Ingresos Brutos inferior al 0,5% y que las tasas municipales no estén vinculadas a las ventas. Ese punto abre una negociación directa con gobernadores e intendentes, porque implica fijar límites sobre tributos locales para los proyectos alcanzados por el nuevo régimen.

En la Casa Rosada sostienen que buscan captar nuevos proyectos productivos de sectores como la cadena del litio y la fabricación de baterías, hidrógeno verde o de bajas emisiones, GNL onshore, reactores nucleares pequeños y medianos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, productos petroquímicos, industria aeroespacial, cadena del uranio, productos industriales derivados de la pesca y fertilizantes de potasio o fósforo.

En Balcarce 50 buscan darle un cerrojo jurídico en la redacción para evitar futuras judicializaciones. Los equipos técnicos están ajustando detalles del texto final —como el monto mínimo de inversión— junto con la estrategia legislativa, que todavía no está definida. Uno de los puntos que debate la mesa política del oficialismo es a través de qué cámara buscarán ingresarlo, mientras negocian una reforma electoral con los mandatarios provinciales.

El Gobierno trabaja en una reforma de la Ley de Ética Pública para endurecer las reglas sobre el comportamiento de los funcionarios. La iniciativa apunta a fijar con mayor detalle qué usos de oficinas, teléfonos, vehículos y otros recursos del Estado están vedados para actividades partidarias o políticas.

En el Ejecutivo explican que la idea es ser más estrictos con las conductas dentro de la administración y establecer límites más precisos para evitar que se mezclen función pública y actividad política. El ejemplo que ponen cerca del oficialismo es el de un funcionario que haga llamados partidarios desde el teléfono de su oficina en un edificio público, una conducta que buscan dejar expresamente alcanzada por la norma.

Los cambios que analizan en la Casa Rosada no parten desde cero. La ley argentina ya fija deberes generales de conducta y la normativa de empleo público prohíbe el proselitismo o la acción política con el cargo, pero el proyecto en estudio buscaría bajar esas pautas a supuestos más concretos: uso de correos institucionales, tiempo de trabajo, teletrabajo, redes sociales, vehículos oficiales, presión sobre subordinados, organización de actividades partidarias y posible pedido o recaudación de aportes políticos desde el Estado.

En Balcarce 50 no descartan que también abarque modificaciones sobre quién investiga y cómo se sancionan esas faltas. La referencia que miran es la Hatch Act de los Estados Unidos, aunque con adaptación local. Esa ley restringe la actividad política partidaria mientras el empleado está de servicio, en una oficina pública, con uniforme o usando un vehículo oficial. Prevé además sanciones que van desde una advertencia escrita hasta el despido.

El modelo estadounidense también incorpora otro punto que en el Gobierno ponen la mira: protege a los empleados frente a la coerción política, de modo que no puedan ser castigados por negarse a hacer campaña o aportar dinero a un partido. Tras una reforma de 1993, la norma amplió la actividad política permitida fuera del horario laboral para la mayoría de los agentes, pero mantuvo en pie esas prohibiciones básicas dentro del Estado.

Es por eso que en el Ejecutivo advierten que una eventual reforma puede abarcar definiciones más específicas sobre qué conductas quedarían prohibidas sobre el armado político desde la función pública, pedidos de apoyo electoral o difusión de mensajes de campaña, entre otros puntos. La reforma, de todos modos, no forma parte de la agenda del corto plazo.

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Congreso Nacional exigiendo a los diputados que no traicionen la Ley de Glaciares, vista parcial tras una reja ornamental.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para poner en tratamiento las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara baja a rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, busca que Javier Milei de respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el presidente de parte de este empresario.

La votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de la votación Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”.

“A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial. Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de 3 meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy (.. .) y que hasta el momento, si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes”, sostuvo Ferraro durante la sesión.

Fuente: NA

Este miércoles, la Cámara de Diputados avanzará con la votación de la reforma de la Ley de Glaciares a las 15 horas.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales.

 El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

Protestas en rechazo de las modificaciones en Entre Ríos

Las protestas se desarrollarán en simultáneo con la sesión legislativa donde se debatirá la modificación de la normativa vigente, que ha generado rechazo en distintos sectores ambientales y sociales. Bajo la consigna “No tienen licencia social”, los organizadores señalaron que la convocatoria forma parte de una acción nacional para expresar el rechazo a los cambios propuestos en la ley.

En Paraná, la Multisectorial por los Humedales convocó a quienes deseen sumarse a la actividad a concentrarse a las 17 en la intersección de Urquiza y San Martín, sobre la peatonal.

En Concordia, la actividad es impulsada por el Colectivo EcoSocial, que llamó a concentrarse a las 18 en la peatonal, en la intersección de calles Entre Ríos y Mitre, bajo la consigna “En defensa de los glaciares y en defensa del agua”. La convocatoria invita a los participantes a llevar carteles y representaciones de gotas de agua como forma de visibilizar el reclamo.

Por su parte, en Colón se realizará una concentración y asamblea a las 18 en la zona del Puerto, donde además se sumará el reclamo bajo la consigna “No a la refinería”.

En tanto, en Concepción del Uruguay la convocatoria está prevista para las 18 en Antártida Argentina 278.

Durante la jornada también habrá movilizaciones en distintas localidades de todo el país, con diversas consignas en rechazo a la modificación de la normativa y remarcando la importancia de proteger las reservas estratégicas de agua dulce, entre ellas “La Ley de Glaciares no se toca”, “El agua vale más que el oro”, “El agua no se vende, se defiende” y “No tienen licencia social”. El objetivo es visibilizar la preocupación por los cambios que el gobierno impulsa en la normativa que regula la protección de los glaciares y las reservas estratégicas de agua, lo que afectará la preservación de estos recursos naturales.

La discusión sobre la ley de glaciares no es, como muchas veces se plantea, un debate entre minería y ambiente. Ese enfoque es simplista y, en última instancia, equivocado.

Argentina necesita desarrollar su potencial minero. Lo necesita para generar empleo, exportaciones y fortalecer sus economías regionales en un contexto internacional que demanda recursos estratégicos. El problema no es ese.

La verdadera discusión es otra: quién define los límites de ese desarrollo y con qué reglas. Ese es el punto donde el proyecto de reforma no resuelve.

En Entre Rios hay desarrollo minero no metalífero, centrado principalmente en la extracción de rocas de aplicación y materiales para la construcción (arenas y canto rodado). Pero no estamos discutiendo una actividad localizada en la cordillera o en una región en particular, sino el modo en que el Estado argentino regula recursos estratégicos.

Además, no se trata de una discusión teórica. Hace pocas semanas impulsamos una acción judicial para prevenir un posible daño ambiental vinculado a la instalación de una planta de metanol sobre el Río Uruguay, en Paysandú, Uruguay. Es decir, cuando hay riesgos sobre recursos críticos, la intervención del Estado no es una opción: es una obligación.

Por eso preocupa la posición adoptada por el Ejecutivo entrerriano que decidió acompañar expresamente la reforma impulsada por el Gobierno nacional. En el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, ese apoyo contribuyó a un empate de ocho votos a favor y ocho en contra, con varias abstenciones. No fue una decisión neutra: fue una toma de posición política clara.

Pero más allá de la coyuntura, el problema de fondo es jurídico.

La Constitución Nacional establece un equilibrio muy preciso. Por un lado, reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Por otro, asigna a la Nación la competencia de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental.

Ese esquema no es contradictorio: es complementario. La Nación fija un piso común de protección y las provincias pueden elevar ese estándar, nunca reducirlo.

La Corte Suprema ha sido categórica en este punto. En el caso “Barrick”, sostuvo que el establecimiento de presupuestos mínimos no es una declaración teórica, sino una facultad concreta para garantizar un ambiente sano. En “Salas”, afirmó que las provincias no pueden disminuir esos estándares. Y en “Mendoza”, que ante la duda debe protegerse el ambiente. El proyecto de reforma se aparta de esa doctrina.

El régimen vigente es claro: el Inventario Nacional de Glaciares define las áreas protegidas y las prohibiciones son automáticas. Si está inventariado, está protegido.

La media sanción del Senado cambia esa lógica. Transfiere a las provincias la definición de qué cuerpos tienen función hídrica, convierte la evaluación de impacto ambiental en el mecanismo central de decisión y vacía de contenido vinculante al inventario.

En la práctica, la provincia interesada en un proyecto pasa a ser quien define los límites de la protección. Esto no es una reforma técnica. Es una reconfiguración del sistema.

Además, introduce problemas técnicos serios. El criterio de “relevancia hídrica” es conceptualmente incorrecto: todos los glaciares cumplen una función dentro del sistema de cuencas. Pretender que cada jurisdicción determine su importancia con criterios propios elimina el estándar nacional.

Y sin estándar común, el presupuesto mínimo deja de ser mínimo.

A esto se suma un dato clave: las cuencas hídricas no respetan límites políticos. Lo que se decide en una provincia impacta directamente en otras. Por eso, la gestión de estos recursos no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales.

El resultado es claro: mayor discrecionalidad, menor previsibilidad y más conflictividad. En lugar de fortalecer el sistema, el proyecto lo fragmenta.

Y una mala regulación no sólo afecta la protección ambiental. También afecta las condiciones para el desarrollo. Por eso, el problema no es la minería.

El problema es hacerlo sin reglas claras, sin estándares comunes y sin respeto por el diseño constitucional. Argentina necesita desarrollarse, pero para eso necesita mejores reglas, no peores.

La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.

Para la semana que viene, los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. En particular, el primero ha traído controversia por el nivel de rechazo de ciertos sectores de la oposición: por caso, más de 100.000 personas buscaron anotarse para exponer en la audiencia previo a su tratamiento en comisiones.

Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.

El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.

Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.

“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirma una fuente que trabaja en esta materia junto al Gobierno.

Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos que tenía a disposición el Gobierno como para aliviar el estado de ciertos gobernadores. En rigor, busca evitar que la crisis provincial derive en un incremento de la deuda externa subnacional.

El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.

El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto transversal e inmediato. De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco que obtuvo Clarín, durante marzo las transferencias sumaron $5,05 billones, cifra que en términos constantes implica una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan al actual comienzo de año como el segundo más bajo, solo superado por el resultado de 2024.

Pese a todo, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente como para reclamarse mutuamente. “Las vacas flacas son para todos”, dice un funcionario del Gobierno Nacional.

El nivel de desesperación de ciertos gobernadores es tal que hasta los más lejanos al mileísmo han debido ceder en algunos aspectos de su política pública.

Fuente: Infobae

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.

Del operativo participaban efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Adelanto…

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán, publicó Ámbito.

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron. 

Fuente: APF Digital

En una jornada marcada por la confrontación y la promesa de un cambio de era, se dio inicio a la apertura de sesiones ordinarias pasadas las 20 horas bajo la coordinación de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei sostuvo que su espacio posee la fuerza necesaria para comenzar un nuevo capítulo en la historia nacional, impulsado por el respaldo ciudadano obtenido en las urnas. Durante su alocución, enfatizó que hace dos años el país se encontraba atrapado en un presente que destruía la fe, pero que actualmente existe un camino claro para hacer a la Argentina grande nuevamente.

En materia económica, el jefe de Estado defendió su gestión resaltando la reducción del déficit fiscal en cinco puntos desde el inicio de su mandato. Atribuyó este logro a la labor de Luis Caputo, a quien calificó como el “mejor ministro de Economía del mundo”, asegurando que su intervención fue la única vía para desatar el “nudo gordiano” del desastre heredado.

El clima en el recinto se tornó tenso cuando Milei se dirigió directamente a la oposición peronista, tildándolos de “delincuentes” y haciendo alusión a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Va a seguir presa”, afirmó de forma tajante, refiriéndose a causas como Vialidad y los Cuadernos, mientras tildaba a la gestión anterior como la más corrupta de la historia.

Milei también apuntó contra la diputada del Frente de Izquierda Miriam Bregman, a la que burló con el apodo “chilindrina troska”.

“¿Qué le pasa a la chilindrina troska?”, ironizó Milei durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El cruce se produjo cuando Bregman cuestionó desde su banca el mensaje de Milei en cadena nacional.

“(Nicolás) Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, sabes qué, tendríamos un problema muy grave porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, dijo Milei y desató los cuestionamientos del Frente de Izquierda.

El discurso no ahorró calificativos hacia sus detractores, manifestando que le agrada “domar” y ver las reacciones de los sectores que denomina “kukas” ante sus medidas. Ante los abucheos, el líder libertario recordó a los legisladores presentes que él también es su representante máximo, “aunque no les guste”, y los acusó de no poder aplaudir por tener las “manos en los bolsillos llenos”.