Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Congreso Nacional exigiendo a los diputados que no traicionen la Ley de Glaciares, vista parcial tras una reja ornamental.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para poner en tratamiento las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara baja a rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, busca que Javier Milei de respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el presidente de parte de este empresario.

La votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de la votación Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”.

“A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial. Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de 3 meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy (.. .) y que hasta el momento, si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes”, sostuvo Ferraro durante la sesión.

Fuente: NA

Este miércoles, la Cámara de Diputados avanzará con la votación de la reforma de la Ley de Glaciares a las 15 horas.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales.

 El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

Protestas en rechazo de las modificaciones en Entre Ríos

Las protestas se desarrollarán en simultáneo con la sesión legislativa donde se debatirá la modificación de la normativa vigente, que ha generado rechazo en distintos sectores ambientales y sociales. Bajo la consigna “No tienen licencia social”, los organizadores señalaron que la convocatoria forma parte de una acción nacional para expresar el rechazo a los cambios propuestos en la ley.

En Paraná, la Multisectorial por los Humedales convocó a quienes deseen sumarse a la actividad a concentrarse a las 17 en la intersección de Urquiza y San Martín, sobre la peatonal.

En Concordia, la actividad es impulsada por el Colectivo EcoSocial, que llamó a concentrarse a las 18 en la peatonal, en la intersección de calles Entre Ríos y Mitre, bajo la consigna “En defensa de los glaciares y en defensa del agua”. La convocatoria invita a los participantes a llevar carteles y representaciones de gotas de agua como forma de visibilizar el reclamo.

Por su parte, en Colón se realizará una concentración y asamblea a las 18 en la zona del Puerto, donde además se sumará el reclamo bajo la consigna “No a la refinería”.

En tanto, en Concepción del Uruguay la convocatoria está prevista para las 18 en Antártida Argentina 278.

Durante la jornada también habrá movilizaciones en distintas localidades de todo el país, con diversas consignas en rechazo a la modificación de la normativa y remarcando la importancia de proteger las reservas estratégicas de agua dulce, entre ellas “La Ley de Glaciares no se toca”, “El agua vale más que el oro”, “El agua no se vende, se defiende” y “No tienen licencia social”. El objetivo es visibilizar la preocupación por los cambios que el gobierno impulsa en la normativa que regula la protección de los glaciares y las reservas estratégicas de agua, lo que afectará la preservación de estos recursos naturales.

La discusión sobre la ley de glaciares no es, como muchas veces se plantea, un debate entre minería y ambiente. Ese enfoque es simplista y, en última instancia, equivocado.

Argentina necesita desarrollar su potencial minero. Lo necesita para generar empleo, exportaciones y fortalecer sus economías regionales en un contexto internacional que demanda recursos estratégicos. El problema no es ese.

La verdadera discusión es otra: quién define los límites de ese desarrollo y con qué reglas. Ese es el punto donde el proyecto de reforma no resuelve.

En Entre Rios hay desarrollo minero no metalífero, centrado principalmente en la extracción de rocas de aplicación y materiales para la construcción (arenas y canto rodado). Pero no estamos discutiendo una actividad localizada en la cordillera o en una región en particular, sino el modo en que el Estado argentino regula recursos estratégicos.

Además, no se trata de una discusión teórica. Hace pocas semanas impulsamos una acción judicial para prevenir un posible daño ambiental vinculado a la instalación de una planta de metanol sobre el Río Uruguay, en Paysandú, Uruguay. Es decir, cuando hay riesgos sobre recursos críticos, la intervención del Estado no es una opción: es una obligación.

Por eso preocupa la posición adoptada por el Ejecutivo entrerriano que decidió acompañar expresamente la reforma impulsada por el Gobierno nacional. En el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, ese apoyo contribuyó a un empate de ocho votos a favor y ocho en contra, con varias abstenciones. No fue una decisión neutra: fue una toma de posición política clara.

Pero más allá de la coyuntura, el problema de fondo es jurídico.

La Constitución Nacional establece un equilibrio muy preciso. Por un lado, reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Por otro, asigna a la Nación la competencia de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental.

Ese esquema no es contradictorio: es complementario. La Nación fija un piso común de protección y las provincias pueden elevar ese estándar, nunca reducirlo.

La Corte Suprema ha sido categórica en este punto. En el caso “Barrick”, sostuvo que el establecimiento de presupuestos mínimos no es una declaración teórica, sino una facultad concreta para garantizar un ambiente sano. En “Salas”, afirmó que las provincias no pueden disminuir esos estándares. Y en “Mendoza”, que ante la duda debe protegerse el ambiente. El proyecto de reforma se aparta de esa doctrina.

El régimen vigente es claro: el Inventario Nacional de Glaciares define las áreas protegidas y las prohibiciones son automáticas. Si está inventariado, está protegido.

La media sanción del Senado cambia esa lógica. Transfiere a las provincias la definición de qué cuerpos tienen función hídrica, convierte la evaluación de impacto ambiental en el mecanismo central de decisión y vacía de contenido vinculante al inventario.

En la práctica, la provincia interesada en un proyecto pasa a ser quien define los límites de la protección. Esto no es una reforma técnica. Es una reconfiguración del sistema.

Además, introduce problemas técnicos serios. El criterio de “relevancia hídrica” es conceptualmente incorrecto: todos los glaciares cumplen una función dentro del sistema de cuencas. Pretender que cada jurisdicción determine su importancia con criterios propios elimina el estándar nacional.

Y sin estándar común, el presupuesto mínimo deja de ser mínimo.

A esto se suma un dato clave: las cuencas hídricas no respetan límites políticos. Lo que se decide en una provincia impacta directamente en otras. Por eso, la gestión de estos recursos no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales.

El resultado es claro: mayor discrecionalidad, menor previsibilidad y más conflictividad. En lugar de fortalecer el sistema, el proyecto lo fragmenta.

Y una mala regulación no sólo afecta la protección ambiental. También afecta las condiciones para el desarrollo. Por eso, el problema no es la minería.

El problema es hacerlo sin reglas claras, sin estándares comunes y sin respeto por el diseño constitucional. Argentina necesita desarrollarse, pero para eso necesita mejores reglas, no peores.

La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.

Para la semana que viene, los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. En particular, el primero ha traído controversia por el nivel de rechazo de ciertos sectores de la oposición: por caso, más de 100.000 personas buscaron anotarse para exponer en la audiencia previo a su tratamiento en comisiones.

Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.

El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.

Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.

“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirma una fuente que trabaja en esta materia junto al Gobierno.

Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos que tenía a disposición el Gobierno como para aliviar el estado de ciertos gobernadores. En rigor, busca evitar que la crisis provincial derive en un incremento de la deuda externa subnacional.

El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.

El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto transversal e inmediato. De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco que obtuvo Clarín, durante marzo las transferencias sumaron $5,05 billones, cifra que en términos constantes implica una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan al actual comienzo de año como el segundo más bajo, solo superado por el resultado de 2024.

Pese a todo, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente como para reclamarse mutuamente. “Las vacas flacas son para todos”, dice un funcionario del Gobierno Nacional.

El nivel de desesperación de ciertos gobernadores es tal que hasta los más lejanos al mileísmo han debido ceder en algunos aspectos de su política pública.

Fuente: Infobae

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.

Del operativo participaban efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Adelanto…

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán, publicó Ámbito.

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron. 

Fuente: APF Digital

En una jornada marcada por la confrontación y la promesa de un cambio de era, se dio inicio a la apertura de sesiones ordinarias pasadas las 20 horas bajo la coordinación de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei sostuvo que su espacio posee la fuerza necesaria para comenzar un nuevo capítulo en la historia nacional, impulsado por el respaldo ciudadano obtenido en las urnas. Durante su alocución, enfatizó que hace dos años el país se encontraba atrapado en un presente que destruía la fe, pero que actualmente existe un camino claro para hacer a la Argentina grande nuevamente.

En materia económica, el jefe de Estado defendió su gestión resaltando la reducción del déficit fiscal en cinco puntos desde el inicio de su mandato. Atribuyó este logro a la labor de Luis Caputo, a quien calificó como el “mejor ministro de Economía del mundo”, asegurando que su intervención fue la única vía para desatar el “nudo gordiano” del desastre heredado.

El clima en el recinto se tornó tenso cuando Milei se dirigió directamente a la oposición peronista, tildándolos de “delincuentes” y haciendo alusión a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Va a seguir presa”, afirmó de forma tajante, refiriéndose a causas como Vialidad y los Cuadernos, mientras tildaba a la gestión anterior como la más corrupta de la historia.

Milei también apuntó contra la diputada del Frente de Izquierda Miriam Bregman, a la que burló con el apodo “chilindrina troska”.

“¿Qué le pasa a la chilindrina troska?”, ironizó Milei durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El cruce se produjo cuando Bregman cuestionó desde su banca el mensaje de Milei en cadena nacional.

“(Nicolás) Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, sabes qué, tendríamos un problema muy grave porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, dijo Milei y desató los cuestionamientos del Frente de Izquierda.

El discurso no ahorró calificativos hacia sus detractores, manifestando que le agrada “domar” y ver las reacciones de los sectores que denomina “kukas” ante sus medidas. Ante los abucheos, el líder libertario recordó a los legisladores presentes que él también es su representante máximo, “aunque no les guste”, y los acusó de no poder aplaudir por tener las “manos en los bolsillos llenos”.

El presidente Javier Milei encabezó este domingo la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso, donde presentó nuevas iniciativas legislativas y realizó un balance de la gestión. El discurso duro poco más de una hora.

En su exposición, el mandatario se refirió a la situación política y económica del país y detalló los proyectos que el Poder Ejecutivo buscará impulsar durante el año parlamentario.

LAS FRASES MÁS IMPORTANTES DEL PRESIDENTE

-“Hace dos años estábamos atrapados sin salida, resignados a repetir los mismos errores por la codicia de los políticos de siempre, que han fracasado. Hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza, sabemos que hay un camino y es posible tomarlo”

-“Sabemos que podemos hacer grande a la Argentina nuevamente”

-“Aprobamos la Ley de Modernización Fiscal, barriendo con una ley de 50 años que dejó a la mitad de los trabajadores en la informalidad. Permitirá que el mercado de trabajo esté en línea con una economía que está sufriendo la mayor transformación de la historia”

-“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina”

-“Estábamos aislados del resto del mundo, por eso nuestra economía era frágil. El Estado perseguía a los que querían comprar dólares, que hoy se compran libremente”

-“Robar está mal, pero robarle el pan a los vulnerables para amasar poder excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”

-“A través del RIGI hemos aprobado proyectos por 25 mil millones de dólares y analizamos otros por 45 mil millones de dólares. Estarán en 11 provincias y demandarán más de 60 mil empleos directos e indirectos. Estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo”

-“Hicimos todo sin enviar la economía a la recesión, sino que devolviéndola al sendero del crecimiento. Hace dos años que la economía crece, estamos saliendo del pozo”.

-“El gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país. Esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino que para defendernos del embate desestabilizador”

-“Tenemos el congreso más reformista de la historia. Quiero agradecer a diputados y senadores”

-“Estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero para crecer hay requisitos. Primero, condiciones macroeconómicas. Para ello seguiremos defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para bajar el riesgo país y la inflación”

-“Hay tres pilares para el crecimiento: la desregulación, el capital humano y la apertura comercial”

-“No he tenido reparo en tildar de ladrones a algunos empresarios. El hecho de que sea legal robar no lo hace lícito. Si atenta contra el derecho natural, estamos ante un marco ilegítimo. ¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan empresarios corruptos? Para este gobierno la respuesta es ‘no'”

-“Se habla de apertura indiscriminada, cuando Argentina es el país más cerrado para su nivel de PBI”

-“Cuando uno abre la economía, ingresan bienes de mejor calidad a mejor precio. Si la empresa local, quiebra y despide. Pero el consumidor ahorra dinero, que usará para comprar otros bienes de otro sector”

-“La política debe estar al servicio de la sociedad. Debemos reformar el sistema electoral y cómo se financian los partidos”

-“Entramos en una era de grandes naciones, que se dividirá entre libres y sometidas”

-“Tenemos la fuerza para cambiar nuestro país de forma definitiva, con apoyo del pueblo. A su vez, tenemos un adversario deshonesto”

-“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 reformas estructurales, cada mes se presentará uno distinto en el Congreso. Rediseñaremos la estructura institucional de la nueva Argentina”.

-“Nuestra ambición reformista no busca acumular poder, nunca será un ‘vamos por todo’. La receta que precisa la Argentina es la reducción del tamaño del Estado”

-“La verdadera batalla es filosófica y cultural, para dejar de ser una nación inmadura y planificar reglas para el presente y el futuro”

-“Este es el año de la grandeza”

El presidente Javier Milei encabeza este domingo la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso, donde se espera que presente nuevas iniciativas legislativas y realice un balance de la gestión. El discurso tendrá una duración estimada de una hora.

Se espera que en su exposición, el mandatario se refiera a la situación política y económica del país y detalle los proyectos que el Poder Ejecutivo buscará impulsar durante el año parlamentario.

Entre las iniciativas previstas figura la reformulación del sector público, con el objetivo de reducir la estructura estatal y mejorar la eficiencia administrativa. Por eso motivo, hay expectativas sobre posibles medidas vinculadas a la capacitación de empleados públicos y a la optimización de recursos.

El Presidente dedicó la primera parte de su discurso a la herencia recibida del gobierno de Alberto Fernández: “Hace dos años estábamos en una crisis terminal, con la unión misma de nuestro país en juego. Una combinación de desequilibrio monetario, un Banco Central en quiebra e indicadores sociales peores a los del 2001”. A continuación apuntó: “Hace dos años estábamos atrapados sin salida, resignados a repetir los mismos errores por la codicia de los políticos de siempre, que han fracasado. Hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza, sabemos que hay un camino y es posible tomarlo”.

Milei resaltó que “hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal, libre de default, en 100 años.” “Se terminó con el endeudamiento inmoral que le pasaba la fiesta al otro. Lo hicimos sin subir impuestos, porque son un robo y el ajuste lo tenía que hacer la política”, acotó luego.

El jefe de Estado destacó lo realizado en Sesiones Extraordinarias, donde se aprobaron el Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral y el Acuerdo Mercosur – Unión Europea: “Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina. En nuestra visión existe un claro orden de mérito. Primero la ética y la moral en base a los valores de occidente. Cada una de nuestras acciones es justa, la Justicia otorga a cada cual su derecho, lo que es suyo, lo que corresponde, vivir honestamente sin causar daño. En segundo lugar ubicamos la eficiencia económica y en tercer lugar el utilitarismo político. Cuando una política es justa, los tres elementos estarán alineados”.

El mandatario nacional destacó lo realizado en seguridad, privatizaciones, defensa y reordenamiento de empresas del Estado. Valoró la apertura de mercados, el acuerdo comercial con Estados Unidos y el Régimen de Inversiones (RIGI). Dijo además que este año enviará proyectos vinculados con reformas en Defensa, Inteligencia, Educación y el Código Penal, para agravar sentencias.

“Estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero para crecer hay requisitos. Primero, condiciones macroeconómicas. Para ello seguiremos defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para bajar el riesgo país y la inflación. Hay tres pilares para el crecimiento: la desregulación, el capital humano y la apertura comercial”, sentenció Milei.

En la última etapa de su discurso, Milei se dedicó a proyectar el país: “Nuestra ambición reformista no busca acumular poder, nunca será un ‘vamos por todo’. La receta que precisa la Argentina es la reducción del tamaño del Estado”. “Este es el año de la grandeza”, finalizó el Presidente.

Este domingo, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei no solo abrirá un nuevo período de sesiones ordinarias, exhibirá sus últimas victorias políticas y prometerá más y profundas reformas.

Tras el final de las extraordinarias en el que el oficialismo cosechó triunfos clave para el Gobierno, desde la Reforma laboral hasta la ley de inocencia fiscal, pasando por el Presupuesto, la ley penal juvenil y la media sanción de la ley de Glaciares, el mandatario desembarca en el Congreso convencido de que lleva las muestras de la gobernabilidad que el FMI, el mercado y los delegados de Donald Trump le exigían. Con un paquete de anuncios bajo la manga, algunas sorpresas, críticas a industriales y la mira puesta en su reelección, el Presidente se prepara para viajar a Estados Unidos para exhibir resultados y proyectos que terminen de seducir a inversores, todavía esquivos.

El Presidente hablará otra vez a las 21 horas desde el Congreso en un discurso transmitido por cadena nacional. El operativo de seguridad alrededor del Palacio Legislativo será más importante después de que Milei elevara el alto el nivel de seguridad en todo el país tras el ataque de Israel y Estados Unidos, principales aliados de su gobierno en política exterior, a Irán.

Al igual que en 2025, buena parte de la oposición más dura pegará el faltazo. El bloque de senadores del peronismo no será de la partida y diputados de las provincias se ausentarán con la excusa de asistir a la inauguración de las sesiones en sus respectivos distritos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof ya dejó saber que no dirá presente. Lo mismo ocurrirá con los otros 4 mandatarios provinciales que explicitaron su rechazo a la Reforma laboral: Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Ese vacío no opaca el apoyo transversal de una decena de mandatarios provinciales que le permiten al Gobierno apoyo para sus proyectos en las dos Cámaras y acercarse a los dos tercios en el Senado, clave para completar los cargos sensibles en la Justicia, uno de los temas a los que hará alusión el Presidente en un discurso que se prevé de alrededor de 45 minutos.

Las vacantes en la Corte Suprema pueden esperar: el Gobierno está más interesado en completar 50 puestos sensibles en la Justicia Federal, aunque hace dos años, cuando negociaba con el kirchnerismo los frustrados desembarcos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en el máximo Tribunal, pretendía llenar 150 de las 300 vacantes.

Entre los gobernadores cercanos a la Rosada también habrá faltazos, pero por otros motivos. Algunos participarán de la cumbre minera en Canadá que comienza el martes. Buena parte de los aliados coincidirá con el Presidente y empresarios argentinos en la Argentina Week en Nueva York, las jornadas para promocionar los activos nacionales y las oportunidades de inversión que organizan el Consulado y el JP Morgan.

l filo del cierre de las sesiones extraordinarias y gracias al apoyo de casi todo el arco político de la oposición dialoguista, el oficialismo logró sancionar la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ley fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Tal como ocurrió hace dos semanas, cuando el Senado trató el proyecto por primera vez, además de La Libertad Avanza apoyaron la reforma la UCR, el Pro y bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra votaron las diferentes expresiones en que se divide el peronismo en la Cámara alta.

Con esta votación, el oficialismo del Senado, liderado por Patricia Bullrich (Capital), pudo ofrendarle a Milei su ansiada ley a tiempo para poder exhibirla como un trofeo ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, ante la que el Presidente tiene previsto dar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

En esta oportunidad, el Senado tuvo que decantarse entre dos posibilidades: aceptar el cambio introducido por la Cámara baja, postura sostenida por el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista, o insistir con la versión que aprobó hace dos semanas atrás.

En el final del debate, Bullrich realizó una enfática defensa de la reforma laboral, asegurando que viene a crear empleo y a terminar con las rigideces de la legislación que, según su óptica, fomentan la informalidad laboral.

“Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie”, afirmó Bullrich, quien responsabilizó al peronismo porque “en nombre de los trabajadores se mandó durante años a la informalidad a millones de argentinos”.

En el inicio de la discusión, el kirchnerismo hizo un intento por hacer caer el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) pidió que el proyecto volviera a comisión a la luz de una disposición contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que impide sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.

“Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola articulo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario”, denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).

El peronista pampeano Daniel Bensusán amplió el concepto y explicó que “nuestro sistema constitucional protege los derechos del trabajador con los principios de progresividad y de no regresividad, que significa que el legislador únicamente puede ampliar los derechos que ya tiene el trabajador y el Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos labores”.

Más duro aún fue el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa). No conforme con insistir en su inconstitucionalidad, dijo que la reforma “es una ley gorila, hecha por gorilas para perjudicar al trabajador y a los jubilados”.

“Dicen que esta ley es a favor del trabajador. ¡Que dejen de mentir, esta ley perjudica terriblemente al trabajador!“, denunció Mayans en respuesta a los argumentos esgrimidos del oficialismo a favor de la iniciativa.

El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había salido de la Cámara alta la semana anterior.

La modificación fue, en realidad, una eliminación: el oficialismo aceptó quitar el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.

La controvertida cláusula no estaba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién lo impulsó. Lo cierto es que, como consecuencia de la polémica que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.

En sus más de 200 artículos, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador y hasta en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.

Además, tiene un todo un capítulo dedicado a la justicia laboral. Por lo pronto, traspasa el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio sellado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.

En el tema de la litigiosidad puso énfasis el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que “el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012″ y lo contrastó con “los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”. “Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal”, remató.

Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede llegar a las 12 cuotas para las pymes.

El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Otro de los temas más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Serán una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán manejadas por la Comisión Nacional de Valores.

“Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financia a los amigos del Presidente”, denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos “podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales”.

La reforma introduce severos cambios en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.

Otro capítulo que mereció críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.

Fuente: La Nación

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Noticia en desarrollo…

Luego de un verano en el que logró aprobar en el Congreso varias de las iniciativas que se propuso, el presidente Javier Milei ya se prepara para dar el debate sobre casi cinco decenas de otras reformas que tiene en carpeta y que apunta a que se traten a lo largo de este año.

Sobre el cierre de las sesiones extraordinarias, en el Gobierno confían en que se va a terminar de sancionar la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Sin embargo, varios de los temas que se iban a votar durante este periodo quedaron pendientes por cuestiones de estrategia parlamentaria, mientras que otros desde un principio se dejaron para más adelante por decisión de las autoridades nacionales.

“Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades”, aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Recientemente Milei les pidió a sus ministros que le entreguen en estas semanas alrededor de 10 propuestas referidas a cada una de sus áreas, para impulsar en el Congreso.

Algunos de los textos ya están listos y fueron elaborados en el marco del Consejo de Mayo, el organismo integrado por diferentes sectores y que se reunió periódicamente a lo largo del 2025 para discutir una serie de políticas de Estado que los gobernadores se comprometieron a abordar junto al Presidente durante la firma del pacto homónimo.

Ese cuerpo de trabajo estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Adorni- y compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.

De ese grupo salieron algunas iniciativas como la Ley de Libertad Educativa, que plantea un conjunto de cambios a la norma actual, que dta del 2006, en cuanto a la organización del sistema, el financiamiento y las modalidades disponibles para las familias.

Asimismo, se planea continuar con la discusión por el financiamiento universitario, que ingresó a la agenda de sesiones extraordinarias tras publicarse recientemente en el Boletín Oficial.

También se redactó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que entre otros puntos prohibiría el déficit y dejaría claron que cualquier norma que apruebe el Congreso y que “establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente”.

Asimismo, el Consejo también elaboró un proyecto para reglamentar La inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiaciones y los procedimiento de desalojo, entre otras cuestiones.

Por su parte, el Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli, busca retomar la Reforma Política para mejorar la Boleta Única en Papel (BUP), que se comenzó a implementar el año pasado, endurecer los controles de financiamiento de los partidos políticos y volver a suspender, o directamente eliminar las PASO.

Sobre el primero de esos puntos, se analiza agregar un casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca, en lugar de tener que señalar a todos los candidatos para cada categoría, como sucede ahora.

Este fue, justamente, uno de los temas que conversó la Mesa Política cuando se reunió el lunes en la Casa Rosada para terminar de planificar la estrategia legislativa en el tramo final de las extraordinarias.

Además de Adorni y Santilli, en ese grupo están la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

“Lo que se está conversando es la posibilidad de mejorar la Boleta Única, modificar el sistema de financiamiento y eliminar las PASO. Lo principal es la eliminación de las primarias, por el costo que implican”, señaló una fuente.

Durante las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo, el oficialismo también buscará debatir el nuevo Código Penal, el cual fue elaborado por una comisión especial de expertos en la materia convocada por el Poder Ejecutivo.

La junta entregó una primera versión ese año que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

El proyecto contempla cambios importantes sobre algunos aspectos vinculados a la corrupción, el terrorismo y el endurecimiento de las sentencias, además de ampliar el concepto de imprescriptibilidad, que rige para los crímenes de lesa humanidad, a otros delitos como homicidio simple y agravado, y abuso sexual, entre otros.

Asimismo, se conservan algunas leyes sancionadas en el último tiempo, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, aunque fue un tema que generó fuerte discusión dentro del Gobierno, por el momento se sostenían los agravantes cuando los delitos son cometidos en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.

Entre los nuevos delitos que aparecen, está el de los motochorros, que se redactó de manera más clara para que no haya grises; la criminalidad ambiental, sumando la contaminación, y se perfeccionó la figura del financiamiento del terrorismo.

Por otra parte, también resta ser aprobado en el Congreso el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que demandará también una serie de leyes para adaptar la legislación local y poder cumplir así con las medidas con las que se comprometió la Argentina en el tratado.

En el Ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, también se está trabajando intensamente sobre diferentes medidas, pero el contenido de las mismas permanece bajo un fuerte hermetismo y se dará a conocer en los próximos días. Por el momento, no se está pensando en cambiar el sistema de pantentamiento de los medicamentos.

Por último, también podrían agregarse algunas iniciativas que se descartaron de otros proyectos o se dejaron para más adelante, como modificaciones en el régimen de licencias médicas para los tabajadores, el polémico artículo 44 de la reforma laboral.

La UIA tiene una propuesta ya diseñada para esto: “Se plantea pagar el 90% del salario los primeros 10 dias y el 100% del neto no remunerativo a partir del dia 11. Traspasa algo del costo al Estado, pero no todo”, explicaron fuentes del sector.

Fuente: Infobae

El Gobierno prepara un paquete de cuatro reformas estructurales y siete proyectos que buscará priorizar durante las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo. Javier Milei prepara el discurso que dará en el Congreso, pero antes tiene previsto celebrar las iniciativas tratadas en extraordinarias y fijar el rumbo de la agenda legislativa.

El Ejecutivo definirá esta semana la planificación y la secuencialidad del tratamiento de los proyectos para este año. Mientras que en algunos sectores de Nación aseguran que apuntan a darle centralidad a modificaciones de fondo. 

Según publicó TN, en la Casa Rosada remarcaron que la primera semana de marzo intentarán votar la Ley de Financiamiento Universitario junto con la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, en caso de que el texto logre media sanción esta semana en el Senado. Ubican en el mismo rango de importancia a los cambios que intentarán aplicar sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En Balcarce 50 argumentan que luego buscarán ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos junto con la adhesión al Consejo de Paz, que impulsó Donald Trump. El presidente enviará también en marzo al Congreso el tratado entre el Mercosur y Singapur, que se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica, que preside María Ibarzabal.

El Gobierno tiene en segundo orden un proyecto con modificaciones sobre la Ley de Salud Mental para habilitar a los jueces a autorizar hospitalizaciones. En Nación rechazan por el momento el envío de una iniciativa para flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas. 

El Ejecutivo remarca luego como eje de prioridad la reforma del Código Penal, que incluye endurecimiento de penas, incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. No está previsto que incluya cambios sobre la figura de femicidio ni sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En la Casa Rosada también le dan centralidad a la reforma tributaria, pero advierten que no cuentan por el momento con una estrategia para impulsarla y que es probable que se dilate. En varios despachos oficiales mencionan un pacto fiscal con provincias como una posibilidad fuerte para impulsar una baja de impuestos coordinada.

En Balcarce 50 trabajan además sobre una reforma política que elimine las PASO, modifique el esquema de financiamiento partidario y realice cambios sobre la Boleta Única de Papel (BUP). Lo mismo aplica para una nueva Ley de Seguridad Nacional, que busca redefinir las atribuciones de Seguridad, Inteligencia y Defensa.

Fuente: APFDigital

Tras la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario. El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez.

Precisamente, Álvarez, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día previo a la presentación del proyecto en el Congeso. Se trata de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.

El panorama

En la Casa Rosada hay optimismo en torno a la iniciativa. En el entorno de Javier Milei creen que será sancionada gracias a los aliados cuando el Congreso retome su trabajo tras el periodo de sesiones extraordinarias, junto con otros proyectos que también consideran relevantes como la reforma tributaria que “ordena el sistema de impuestos”.

Los cambios en el sistema previsional no serán discutidos este año por los menos. En el Gobierno evalúan que para implementar modificaciones primero se debe fortalecer un mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, eso sucederá en los próximos años.

Cómo es el proyecto

En torno a la iniciativa, el artículo 3° (que sustituye el art. 3° de la 27.795) busca que la actualización de los gastos de funcionamiento confluya con la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.

Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

A su vez, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.

Por otro lado, en relación a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Las primeras críticas

Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los gremios que agrupa a los docentes universitarios, consideró este viernes que el proyecto del Gobierno “consolida el ajuste sobre nuestros salarios”.

En ese marco, planteó la necesidad de “el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”.

“Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, anunció

El proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación y entró en la curva final de definiciones legislativas, ya que está previsto que la iniciativa sea votada en el recinto de sesiones el próximo jueves.

El texto reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y, aunque es muy similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, incorpora modificaciones clave en materia presupuestaria para garantizar su aplicación efectiva.

A diferencia de la versión original que dejaba el financiamiento librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, generando sospechas sobre la viabilidad real de la norma, la nueva redacción asegura las partidas necesarias. El Gobierno incluyó la asignación de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, buscando con esto que la ley no termine siendo letra muerta por falta de recursos.

El tratamiento legislativo se acelerará este miércoles, cuando un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto busque reunir los avales necesarios para firmar el dictamen. Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, confía en recuperar el consenso que ya existía para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Si bien sectores de la oposición denuncian un intento de avance exprés a libro cerrado, el oficialismo recuerda que el texto base cuenta con el antecedente de un amplio debate realizado el año pasado, que incluyó siete reuniones con especialistas y obtuvo un dictamen de 77 firmas.

La urgencia por reactivar este tema, que había quedado postergado por otras prioridades del Gobierno, responde en gran medida al impacto social del reciente crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El homicidio del adolescente de 15 años a manos de otros menores conmocionó a la opinión pública y obligó al sistema político a reponer en la agenda de sesiones extraordinarias la discusión sobre la inseguridad y la justicia juvenil.

En cuanto a las penas, el proyecto descarta la reclusión perpetua y establece un máximo de 15 años de prisión para los menores condenados. El régimen propone un abordaje diferenciado: para aquellos delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, se priorizarán medidas con enfoque social, educativo, libertad asistida y tareas comunitarias, reservando la prisión efectiva para los casos más graves.

El debate de fondo expone dos visiones contrapuestas de la seguridad. El Gobierno, alineado con el discurso del presidente Javier Milei de “el que las hace las paga”, busca elevar los costos para quienes delinquen y terminar con la llamada “puerta giratoria”. En la vereda opuesta, la oposición más dura rechaza la reforma argumentando que no existe evidencia empírica de que la severidad penal reduzca el delito, citando como ejemplo a Brasil, donde la baja de la edad de imputabilidad no logró contener una tasa de homicidios que escaló a niveles alarmantes, y sostienen que la problemática responde a una estructura histórica de exclusión social.

Fuente: AHORA

Con el período de sesiones extraordinarias en marcha, La Libertad Avanza se prepara para atravesar dos pruebas de fuego al hilo. En el Senado, el miércoles el oficialismo buscará darle media sanción a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La versión final del texto se conocerá recién al momento de la votación. Al día siguiente será el turno de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene a la senadora Patricia Bullrich como principal impulsora.

Los tiempos apremian y el oficialismo quiere anotarse algunos puntos antes de que llegue el feriado XXL de Carnaval. Esa semana, se da por perdida en el ámbito legislativo. Por eso, La Libertad Avanza puso un pie en el acelerador en la Cámara de Diputados. De manera sorpresiva, el miércoles pasado las autoridades de los bloques “afines” al Gobierno aceptaron la propuesta que les hizo el presidente de la Cámara, Martín Menem. Esta fue avanzar con la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Según destaca Ambito.com, se trata del texto que reflotó Bullrich tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, que involucra a menores de edad que, por ser inimputables, quedaron libres de toda pena. Luego de tantear el terreno, los intentos de la ahora senadora por llevar la edad de imputabilidad a los 13 años cayeron en saco roto. Ni siquiera el PRO se mostró dispuesto a ceder. Así fue que La Libertad Avanza optó por retomar el texto que había sido dictaminado en mayo del año pasado, que lleva a 14 la edad de imputabilidad.

Asimismo, establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.

La Cámara de Diputados comienza oficialmente la labor en este segundo período de sesiones extraordinarias. Fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Justicia; Asuntos Constitucionales; de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y de Relaciones Exteriores y Culto, todas para el próximo martes 10 de febrero.

Tal como adelantó parlamentario.com, la primera actividad oficial de la Cámara baja en el 2026 será la reunión constitutiva de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes a las 10.00, seguida por la de Justicia a las 11.00. Ambas definirán autoridades para formar parte del plenario que trate la Ley Penal Juvenil al día siguiente junto a Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal.

A la espera de las reuniones constitutivas, el oficialismo tiene decidido ir al recinto el jueves 12 con un único tema: el Régimen Penal Juvenil. Sin la experiencia de otros años, La Libertad Avanza entiende que ceder con la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y no en 13 como estipulaba el proyecto original del Poder Ejecutivo, le da mayor celeridad a la cuestión.

El despacho será similar al aprobado el 6 de mayo del 2025, pero con la incorporación de una nueva redacción en el artículo de asignación presupuestaria. Ese incremento estará dirigido a la adecuación de los centros de detención que con el avance de la norma, quedarán habilitados para albergar adolescentes.

Luego, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne a las 12 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo. El diputado santafesino Nicolás Mayoraz será ratificado en el cargo, el cual ocupa desde su llegada al Congreso en diciembre del 2023 (fue elegido en enero 2024 para el primer debate de la Ley de Bases).

Con los ojos puestos en la Modernización Laboral, la Comisión de Legislación del Trabajo quedará constituida el martes a las 13.00. El proyecto de ley pasará por el recinto del Senado el próximo miércoles y en caso de prosperar, llegará a la Cámara de Diputados después de los feriados de carnaval.

Una hora después, a las 14, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se reunirá para definir a su nuevo titular. El nombre no está confirmado aún, pero en el oficialismo dejaron trascender que podría haber chances de que el cargo sea concedido a un integrante de la oposición dialoguista. Esta comisión se abocará al tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, en caso de que el Senado gire la media sanción.

Respecto al freno en la modificación de la Ley de Glaciares -no fue sumado al temario de la sesión especial pedida por el oficialismo para el miércoles 11 a las 11-, una alta fuente legislativo explicó que el espíritu del proyecto tiene contradicciones con los protocolos que tiene la Unión Europea respecto al cuidado del agua.

Esto surge tras el ingreso del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE, suscripto por el presidente Javier Milei en Asunción que será abordado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, convocada a constituirse a las 15.00; y la de Mercosur a las 16.00. 

Fuente: APFDigital

El Gobierno nacional resolvió incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, tras una reunión de la mesa política realizada este lunes en Casa Rosada. El encuentro se desarrolló durante dos horas y contó con la presencia de los principales referentes del oficialismo encargados de la estrategia legislativa.

Según se informó, el proyecto apunta a reducir a 14 años la edad de imputabilidad penal y será uno de los temas que el Ejecutivo intentará impulsar durante el período extraordinario, que comenzará formalmente el próximo lunes 2 de febrero, con actividad en ambas cámaras del Congreso Nacional.

La decisión se adoptó en el marco de una reunión encabezada por funcionarios de primera línea, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí se repasó el temario previsto inicialmente y se avanzó en la incorporación de nuevas iniciativas, en paralelo al eje central que será la discusión de la Reforma Laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó públicamente la novedad a través de sus redes sociales, donde señaló que la Ley Penal Juvenil formará parte del listado de proyectos a tratar durante las sesiones extraordinarias. La confirmación se dio luego de intensas deliberaciones internas sobre la conveniencia política y legislativa de avanzar con el debate.

Fuentes oficiales indicaron que el temario podría ampliarse aún más e incluir otras iniciativas, entre ellas la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, de acuerdo a lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

En relación con la política penal, desde el Ejecutivo aclararon que la reforma integral del Código Penal, que también contempla cambios en la edad de imputabilidad, se postergaría para el inicio del período ordinario de sesiones, previsto para el 1° de marzo. La prioridad inmediata del Gobierno seguirá siendo la sanción de la Reforma Laboral.

La incorporación de la Ley Penal Juvenil volvió a cobrar impulso en los últimos días tras hechos de alto impacto público, que reactivaron el debate sobre la responsabilidad penal de los menores. En ese contexto, los equipos técnicos del Gobierno revisaron el articulado ya presentado y realizaron modificaciones antes de su inclusión formal en el temario.

Durante la reunión también se analizaron otros temas de agenda internacional, como el acuerdo Mercosur–Unión Europea, cuyo tratamiento legislativo permanece bajo evaluación luego de que el Parlamento Europeo remitiera el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, indica Infobae.

Del encuentro participaron, entre otros, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien actúa como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.