El miércoles 14 desde las 11, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia, volverá a reunirse en el Salón de los Pasos Perdidos para continuar con el abordaje del proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia, sustituyendo el artículo 39° del Código Procesal Laboral de la provincia de Entre Ríos, Ley 5.315 y sus modificatorias. El proyecto fue remitido también a la Comisión de Trabajo.

En esta oportunidad, concurrirán carácter de invitados el Ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia de Entre  Ríos, Manuel Troncoso; y los presidentes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), Santiago Esquivel y Julio César Fochesatto, respectivamente.

El proyecto, que ingresó a la Cámara el 28 de septiembre y ya fue abordado ha generado posicionamientos a favor y recibió sugerencias respecto de algunos puntos. Entre los primeros se encuentra el apoyo de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que en un comunicado destacó el proyecto que entendió “avanza sobre herramientas centrales para devolver previsibilidad y objetividad al sistema: propone la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, establece la aplicación obligatoria del Baremo vigente y desvincula los honorarios periciales del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad determinado”.

En tanto que desde el Cpceer, mediante una nota que se presentó al presidente de la Cámara de Diputado, Gustavo Hein, se expresaron una serie de observaciones sobre tres puntos: regulación de honorarios, Límites a la remuneración y Garantías de cobro. Según se expresó, la nota reflejó la “preocupación institucional por las consecuencias que algunas de las modificaciones propuestas podrían generar sobre el ejercicio profesional, particularmente para los matriculados que se desempeñan como peritos contadores en procesos judiciales laborales”.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la eliminación del depósito previo para apelar; la creación de un cuerpo de peritos oficial; el desacople de honorarios;  y el acceso a una segunda instancia, entre otros.

El proyecto, según se destacó, impulsa adecuar las normas para otorgar “razonabilidad” a los juicios laborales, desacoplar la retribución de peritos de las condenas, crear un cuerpo médico oficial y eliminar el depósito obligatorio para apelar.

En los fundamentos, el Gobierno señaló que el esquema actual representa un “requisito netamente económico que, por su naturaleza o magnitud, torne ilusorio el acceso a esa instancia revisora” al diferenciar según la capacidad financiera del recurrente, al tiempo que sostiene que las herramientas cautelares ordinarias resultan suficientes para resguardar la eventual ejecución del fallo. 

Fuente: APFDigital