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El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.
Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.
Noticia en desarrollo…
]]>La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo durante el período de sesiones extraordinarias.]]>
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El veredicto del jurado popular, producido el 23 de septiembre último, declaró culpable por unanimidad a Delgao, como autor penalmente responsable, del delito de homicidio doblemente agravado por haber mediado una relación de pareja con la víctima y haber sido cometido en contexto de violencia de género (arts. art. 81 incs. 1º y 11º del Código Penal) en calidad de autor. El magistrado, en su resolución de hoy, prorrogó además su prisión preventiva en la Unidad Penal N.º 3 de Concordia, hasta que la pena se ejecute. En el juicio, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Villaguay, actuaron en representación del Ministerio Fiscal, la fiscal Nadia Benedetti y el fiscal Leandro Dayub mientras que por la querella lo hicieron los abogados Carlos Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso. Y, como defensores de Delgao actuaron la abogada María Laura Barbar y el abogado Roberto Van Opstal. En los alegatos de cierre, la Fiscalía había solicitado la prisión perpetua e indivisible (art. 80 del CP) para Delgao y su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. La querella, en representación de la familia, acompañó ese pedido. Por su parte, los abogados defensores de Delgao, plantearon la inconstitucionalidad de la pena perpetua por falta de proporcionalidad.]]>
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Desde Miami, Álvarez se constituyó como querellante en el expediente que hoy está en manos del juez federal Julián Ercolini tras una presentación inicial realizada en la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, según revelaron fuentes con acceso al caso a Infobae. La presentación había sido realizada la semana pasada por Fernando Míguez, de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, que estipulo que podría haber existido ese delito cuando Álvarez fue trasladada a la Argentina. Entre los acusados se encuentran Guillermo Coppola, Mariano Israelit, Omar Suárez -cara visible del local nocturno Cocodrilo-, Carlos Ferro Vieira, entre otros que acompañaban al Diez en sus días de Cuba. Suárez, por su parte, se presentó en Comodoro Py con un abogado tras diversas declaraciones en programas de televisión donde le pidió “perdón” a la víctima, que fue traída a la Argentina para recibir implantes mamarios a pedido de Diego cuando todavía era una adolescente. El abogado patrocinante de Mavys es Gastón Marano, titular de cátedra en derecho internacional público, con una experiencia histórica en casos complejos que mezclan abusos cometidos contra menores y el mundo del fútbol: fue quien logró la condena a Jonathan Fabbro en 2019 tras representar a su víctima, ahijada del jugador hoy preso en Marcos Paz, que recibió una pena 14 años de cárcel. Marano se negó a ser consultado por el tema, que se maneja en estricta reserva. El caso de Mavys se convierte en una paradoja para el sistema penal a la hora de determinar una responsabilidad. Con Maradona muerto, sin poder ser imputado por abuso, los investigadores encontraron una cuestión de prescripción temporal, además de ser hechos ocurridos en Cuba bajo otra legislación. El delito de trata de personas no estaba prefigurado en la ley argentina en aquel entonces: llega al Código Penal en 2008. Sin embargo, hay otra pregunta que resuena en la Justicia federal: ¿acaso alguno de los imputados “consiguieron” otras mujeres para Maradona? La nueva querella, por otra parte, da otro impulso al expediente. Álvarez misma en una reciente entrevista reveló el daño psicológico que el vínculo abusivo le causó. “Gracias a él conocí cosas que no hubiera podido conocer. Pero también viví cosas que me afectaron y al día de hoy me siguen afectando. Los nervios, dejaba una adicción y caía en otra. Estuve un tiempo para poder liberarme del todo. Fue muy duro”, afirmó.]]>
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Luciano Peralta La realidad material no es una ficción en la que es fácil separar a los buenos, por un lado, y a los malos, por otro. Nuestra existencia es mucho más compleja y contradictoria, por lo que partir de esa idea nos conducirá a una conclusión, cuanto menos, simplificada. Digo esto porque en cuestiones de debate público suele imponerse esa lógica maniquea y tan dañina que divide blancos y negros, buenos y malos, inocentes y culpables con la misma liviandad de quien separa la ropa limpia de la sucia. Lo que sigue pretende ser una aproximación a una de las tragedias que más dio que hablar en el pasado inmediato de Gualeguaychú. Eran las 6.30 horas del sábado 1° de octubre cuando el Fiat Uno color rojo que conducía Nicolás Bellolo fue impactado por el Fiat 147 color blanco en el que iba Jonathan Fernández, en la intersección de las calles España y Andrade. El joven oriundo de General Galarza sufrió gravísimas lesiones que terminaron con su vida un mes después. Mientras que el conductor del 147, que no tuvo heridas de consideración, fue condenado, tres años después, como autor de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor. Le dieron tres años de cumplimiento condicional, seis de inhabilitación para conducir y lo obligaron a realizar acciones comunitarias y de educación respecto a la seguridad vial. El condenado había huido de un control vehicular ubicado en Rivadavia y Magnasco, porque no contaba con la documentación del vehículo, y en la esquina de España y Andrade colisionó con el Fiat Uno. En el juicio se logró comprobar la responsabilidad de Fernández en el hecho, no así la velocidad en que conducía, un punto clave en la decisión de la jueza Alicia Vivian. En total fueron tres los peritos accidentológicos que intervinieron: Valentín Iglesias, Martín Grinóvero (peritos oficiales) y Oscar Alberto Badano, por la querella representada por el abogado José Morrison. Mientras que Badano estableció en 108 kilómetros por hora la velocidad del Fiat 147, Grinóvero e Iglesias sostuvieron tanto en sus informes como en sus disposiciones testimoniales “la imposibilidad de poder determinar la velocidad exacta a la cual circulaban los vehículos”, según las palabras del entonces fiscal (hoy juez), Mauricio Derudi, que se desprenden de la causa. Causa Bellolo 3.jpg Causa N° 6699 "Fernández, Jonathan David S/Homicidio Culposo" Más allá de esto, se pudo acreditar “que el vehículo de Fernández circulaba a una velocidad muy por encima del límite permitido”, en “clara violación a las normas que sobre la circulación establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”, sostuvo el fiscal en su alegato. La infracción de tránsito se logró comprobar, porque el condenado huyó de un retén policial, porque la víctima fatal tenía la prioridad de paso por circular por la derecha y porque intentó cruzar una encrucijada por encima del límite permitido (30km/h). De hecho, en el juicio, el defensor Pablo Ledesma sostuvo que “la única causal probatoria que amerita haber llegado a esta instancia es la consideración de la reglamentación mediante la cual la prioridad de paso es del que viene circulando por la derecha”, ya que “no se ha podido aportar luz alguna en relación a un manejo imprudente por parte de mi asistido”. coque.gif Así quedaron el Fiat 147 y el Fiat Uno tras el choque en España y Andrade Durante el juicio, la defensa se recostó en el testimonio de una única testigo que declaró haber ido junto a Bellolo en el Fiat Uno. Esta persona dijo haber subido al auto algunas cuadras antes del choque y, tanto en sede policial como en la justicia, declaró que Bellolo “estaba tomado” y que conducía a alta velocidad. Si bien nada de eso se pudo comprobar en la causa (ni Fernández ni Bellolo dieron positivo de alcohol en sangre), sí el arribo de esta testigo al Hospital Centenario, donde fue asistida por lesiones leves. Así lo confirmaron dos enfermeras y una médica del nosocomio. Aunque, por otro lado, no hubo personas que la hayan visto en el lugar del choque. Según declaró, tanto los policías como la ambulancia se dedicaron exclusivamente a la atención de la víctima, por eso se habría retirado del lugar para asistir por sus medios al hospital. “No seamos hipócritas, todos somos en mayor o menor medida, infractores, quizás, hasta ahora, beneficiados por la suerte" “No encuentro motivo alguno para dudar de su credibilidad”, expresó al respecto la fiscalía, postura coincidente con la de la jueza Vivian. La querella, en cambio, aseguró que se trató de una testigo plantada y habló de falso testimonio. “Esta querella está convencida de que en ningún momento estuvo con Nicolás Bellolo”, sostuvo Morrison en su alegato, y cuestionó las lesiones de la testigo que “no tienen comparación alguna con las lesiones de Nicolás e iban, supuestamente, a diez centímetros de distancia”. La querella apuntó también a los antecedentes de Fernández en cuanto a infracciones de tránsito, antes y después del trágico choque, cuando estaba impedido de manejar e igual lo hizo. Y cuestionó el informe accidentológico del perito Iglesias por considerarlo “bochornoso” y “poco serio”. Recordemos que el condenado también había escapado de un control de alcoholemia en 2010 (un año antes del siniestro con Bellolo), por lo que estaba inhabilitado para conducir. Morrison había solicitado el cambio de calificación del delito (que le fue denegado por hacerlo luego de la imputación), al que consideró “Homicidio simple con dolo eventual” y había pedido el máximo de la pena para estos casos: cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para conducir. Causa Bellolo 1.jpg La defensa, en cambio, solicitó la absolución del acusado o, en su defecto, la aplicación de una pena de prisión de cumplimento condicional. “No seamos hipócritas, todos somos en mayor o menor medida, infractores, quizás, hasta ahora, beneficiados por la suerte. Seamos capaces de ver en el otro un igual en situación desafortunada, como se intenta desde esta defensa con mucho respeto de la familia Bellolo. Abramos nuestros corazones y dejemos recibir el perdón si es ello necesario, la predisposición siempre estuvo y estará presente como necesidad primaria en Fernández”, cerró su alegato Ledesma. Aunque, en ningún momento su defendido se acercó a la familia de la víctima ni expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Al momento de fallar, la jueza Vivian tomó la condena propuesta por la fiscalía, pero no su forma de ejecución (de cumplimiento efectivo), ya que “el encarcelamiento de Fernández, teniendo en cuenta su personalidad y las características del delito, provocaría el fracaso de la pena”, lográndose al fin de la condena “su desocialización, más no su concientización en pos de asumir a futuro una conducta diligente y responsable en la conducción de automóviles. Ello tampoco redundaría en un beneficio para la sociedad en su conjunto, pues no se habría demostrado que la cárcel es el medio eficaz y persuasivo para evitar que se cometan accidentes de tránsito”. “Por eso considero que resulta adecuado dejar la pena en suspenso para evitar resultados disfuncionales en la misma, ya que sus fines serán mejor cumplidos con una amenaza de efectivo cumplimiento”, explicó la jueza en su sentencia. Embed Endurecimiento de penas Tres años después de este juicio, el Congreso de la Nación modificó el Artículo 84 del Código Penal. En realidad, se incorporó el Art. 84 bis, que establece el aumento de las penas en los casos en que existan los agravantes de fuga, alcoholemia o uso de estupefacientes y violación de los límites de velocidad establecidos en cada localidad, entre los más importantes. “Será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10 años, el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”, expresa el primer párrafo del artículo incorporado. Asimismo, deja claro que “la pena será de 3 a 6 años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima”, indica y explica que también será considerado un agravante si “estuviese bajo los efectos de estupefacientes o un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público, o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos”. Pero estos no son los únicos agravantes que las y los legisladores nacionales consideraron para la modificación de las penas. También será juzgado por este artículo quien “estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho (en Gualeguaychú el máximo, fuera de avenidas, es de 40 kilómetros por hora), o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular” o “con culpa temeraria, o cuando fuesen más de una las víctimas fatales”. Si bien los tres años que la ley establece como mínimo para los casos de muertes por siniestros viales pueden ser excarcelables, en el caso de existir cualquiera de los agravantes detallados más arriba las penas podrán ser de prisión efectiva. Consultados Morrison y Derudi sobre cuál habría sido la condena si el choque hubiera ocurrido tras la modificación del Código Penal, expresaron, como durante el juicio, posiciones antagónicas. Mientras que para el primero “hoy Fernández estaría preso y hubiera sido condenado con prisión efectiva”, para el segundo la pena sería la misma, ya que los agravantes planteados no podrían comprobarse con los elementos de prueba del caso. “La sentencia es absolutamente razonable, en ese momento y lo sería hoy también. Tal es así que fue confirmada por los tribunkales superiores”, sostuvo al respecto.]]>
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Por Fabián Miró El hecho fue desbaratado por integrantes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Gualeguaychú, a cargo del Comisario Cristian Graciani, y Subcomisario Sergio Vacari de la Brigada de Perdices. El pasado 3 de septiembre, el Juez Podestá, tras escuchar la solicitud del Dr. Gazali -abogado de la defensa-, quien pidió requerimiento de la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena de la figura de Abigeato Doblemente Agravado, solicitud a la cual adhirió el Dr. Raúl Jurado, defensor técnico de los otros dos imputados, fijó un cuarto intermedio resolviendo la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, pasando la misma de 4 años a 3 años de prisión, además del otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba respecto de los imputados. Además, el magistrado aceptó el monto de 20 mil pesos por cada uno de los imputados, pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de 10 mil pesos en favor de la parte damnificada, como reparación del daño causado, a quien se deberá notificar, con el objeto de que manifieste si acepta o no la reparación ofrecida, además de una serie de medidas cautelares. La fiscal Martina Cedrés, entrevistada por ElDía, manifestó que presentó “un recurso de apelación contra la resolución del 3 de septiembre, pidiendo que se deje sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena y por ende el otorgamiento a dos de los imputados de la suspensión de juicio a prueba y se reenvíen las actuaciones a la instancia de procedencia, a fin de que se continúe con la audiencia de elevación de la causa a juicio, en el marco de la escala prevista para los delitos por los que se los acusa”. Cedrés dijo que “la resolución del Juzgado sobre la inconstitucionalidad, a mi modo de ver se dictó sin fundamentos y de manera arbitraria, otorgando una probation, que está mal efectuada, por lo que tenemos que tener una etapa de audiencia en Gualeguay en una situación que no está firme”. Manifestó también que no se sabe cuándo será la audiencia, pero que “el recurso de apelación llegó y que seguramente cuando tengan la fecha me notificarán”. También destacó que “nosotros tenemos muchas personas en libertad, lo cual no significa que no vayan a ir a juicio. Quiero dejar en claro que no está firme la resolución del juez Tobías Podestá respecto de la inconstitucionalidad del mínimo y el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba”. La Fiscal recordó que “los cuatro imputados estaban detenidos con prisión domiciliaria hasta la audiencia de remisión a juicio el 31 de agosto, quedando todos en libertad, sujetos a una serie de medidas, como la prohibición de acercamiento a la víctima, fijación de domicilio. A dos de ellos se elevó la causa a juicio al tribunal y los otros dos se les otorgó la probation”. Finalmente, Cedrés indicó que “con los dos primeros acusados, la causa va a juicio. En tanto, los dos restantes, con la resolución apelada, hay que ver que dice la Cámara de Gualeguay. Si resuelve que la decisión del Juez Podestá no fue fundada y arbitraria, haremos la elevación a juicio por los dos restantes y en consecuencia el juicio será a los cuatro implicados”. La voz de los productores Tomás, integrante de la familia damnificado, dijo que “a diferencia de otros casos de abigeato de los que fuimos víctimas, esta vez se dio con los culpables, teniendo la Justicia la oportunidad de actuar con todo el rigor de la ley. Cuenta con todas las evidencias, gracias a un trabajo impecable de la Policía”. ABIGEATO-2.jpg A su vez, Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, remarcó que “la Policía pese a la escasez de recursos, actuó con mucho profesionalismo y eficiencia, mientras que la Fiscalía pese a la cantidad de causas, está trabajando muy bien. Que un juez interprete, a pedido del abogado defensor, que la pena de 4 años es excesiva y por lo tanto inconstitucional, es inclinar la balanza a favor de quienes delinquen. Y si son tan legalistas, deberían cumplir con la ley. Y si la vamos a interpretar, también lo podemos hacer nosotros que somos ciudadanos de a pie y como tales entendemos que aquel que delinquió tiene que estar preso. Es más, si fuera por nosotros, aunque sea un día”. Dalcol recordó que “uno de los implicados estuvo 10 años prófugo de la justicia por un delito similar, pero por una cuestión técnica-legal, el Juez no podría tomarlo como antecedente. Ahora si nos vamos a basar en estos tecnicismos, aplicamos los mismos cuando nos conviene interpretar la ley. Si al Juez Podestá el daño que ocurrió le parece poco, le recuerdo que se trataba de cuatro personas con armas de fuego, en horas de la noche, en el medio del campo, robando en donde se encontraba una mujer sola. Qué más quieren para que una persona sea condenada y vaya a prisión, es necesario que la propietaria sea reducida, atada o que le peguen un balazo a un productor. Qué más es lo que necesita la Justicia para proceder en estos casos”. Por otra parte, José Colombatto, presidente de Farer, dijo que “volvemos a la puerta giratoria de la Justicia que venimos denunciando desde hace un tiempo. Pareciera que la misma está a favor del delincuente y no de la gente que quiere trabajar, salir adelante y que quiere otro tipo de país. Lamentablemente esto viene de larga data y desde Farer venimos denunciando que los legisladores son los que tienen la llave para cambiar las leyes, porque el delito de abigeato es prácticamente excarcelable. Un delito que cada vez es más común y los políticos no hacen nada para que se implementen leyes más duras y brindarle más herramientas a la Justicia. En el caso de la Policía que los detiene, también ve cómo funciona la puerta giratoria. Se necesita una decisión política que es la de que en el Código Penal el abigeato debería ser contemplado de otra manera”. Matías Martiarena, vicepresidente del Distrito 3 de Federación Agraria, dijo que “la entidad ha pedido en reiteradas oportunidades que la Justicia tenga una fiscalía específica de delito de abigeato, teniendo en cuenta que uno de estos casos cae en una fiscalía, el fiscal tiene mil problemas que no tienen que ver con el caso específico de abigeato y el tratamiento que el delito merece”. Sostuvo que “si en la provincia hubiera una fiscalía específica, estas cuestiones judiciales no pasarían y estas cuatro personas que detuvieron con tres novillos faenados y que tiraron un arma que al otro día encontró la Policía, estarían detenidos y sometidos juicio, no suelto como andan ahora”.]]>
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Alberto Fernández considera que no cometió ningún delito al participar de la fiesta de cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez cuando estaba vigente un Decreto de Necesidad y Urgencia que prohibía las reuniones sociales en la Provincia de Buenos Aires. Ese DNU fue firmado por el Presidente y sus 21 ministros, y la celebración de Yañez sucedió junto a otros nueve invitados que compartieron una cena distendida en la quinta de Olivos. “Soy abogado penalista desde hace muchísimo tiempo. Y también doy clases en la facultad de Abogacía. Lo que investiga la justicia federal es lo que se llama un Delito de Peligro Abstracto. Por lo tanto, como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay configuración de la figura penal”, explicó Alberto Fernández a su núcleo más cercano. -¿Y entonces qué hay?-, preguntó un funcionario de extrema confianza del Presidente. -Desde el punto de vista penal, no hay nada. Se convirtió en una cuestión ética-, completó el jefe de Estado. Alberto Fernández aún no se presentó ante el fiscal federal Ramiro González que investiga la presunta violación del artículo 205 del Código Penal que cita el DNU presidencial que prohibía las reuniones sociales al momento de la fiesta de Yañez en Olivos. Y descartó que Gregorio Dalbón actúe en este caso como su abogado defensor. Dalbón es experto en causas de daños y perjuicios, y el Presidente busca un letrado patrocinante con mayor expertice en figuras complejas del derecho penal. Sin embargo, y aunque todavía no está a disposición de Comodoro Py, Alberto Fernández conoce qué sucede en la causa y cómo actuó el fiscal González en investigaciones similares. Desde esta perspectiva, el presidente está confiado en su estrategia de defensa basada en el Delito de Peligro Abstracto, porque es el argumento doctrinario que utilizó el fiscal González para cerrar una denuncia contra Facundo Moyano. El 10 de junio de 2020, Facundo Moyano y su novia hicieron una reunión con otras cinco invitados en su departamento de Puerto Madero. Los vecinos denunciaron al exdiputado peronista por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que regía por la pandemia del coronavirus. Es un caso idéntico -con el mismo DNU- que ahora protagonizan Alberto Fernández, Yañez y sus amigos personales. El fiscal González analizó las evidencias que sostenían la denuncia penal presentada por los vecinos del sindicalista, y el 11 de febrero pasado cerró la pesquisa con argumentos jurídicos que beneficiaron a Moyano y que pueden beneficiar al Presidente, la Primera Dama y sus amigos personales. La resolución de González establece lo siguiente: 1. “Habida cuenta que el tipo penal del art. 205 es de peligro abstracto, resulta imprescindible que en los supuestos de hecho se corroboren puntos de contacto entre el comportamiento analizado y el bien jurídico que se pretende proteger; en su defecto, la falta absoluta de peligro en el caso concreto para el objeto de protección impide su punibilidad”. 2. “No existen elementos probatorios que acrediten que las personas que visitaron el domicilio de Moyano hayan estado afectadas por el virus SARSCOV-2, lo hayan transmitido o hayan cursado la enfermedad COVID19, (por lo que ) “en el caso bajo estudio se debe prescindir de la acción penal, toda vez que la insignificancia del comportamiento denunciado no afecta gravemente al interés público por su atipicidad o falta de antijuridicidad material”. 3. “Nótese además que el imputado se trata de un funcionario público, que en tal carácter debió haber estado exceptuado de ciertas cuestiones previstas en pos del aislamiento preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional, desconociéndose a ciencia cierta cuál fue el motivo de la reunión y/o si las personas registradas como visitas también estaban exceptuadas”. 4. “Por otro lado, dichas personas ingresaron al domicilio del investigado, previo registrarse en calidad de visitantes, permaneciendo dentro de la vivienda hasta que se retiraron, sin evidencias de que hubieran tenido y/o propagado el virus SARCOV-2, y menos aún la intensión de propagar una epidemia”. Fiscal Federal Ramiro González, a cargo de la causa que investiga el cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos En Olivos asumen que el fiscal González utilizará “La Doctrina Moyano” para cerrar la causa que involucra a Alberto Fernández, Yañez y sus invitados al cumpleaños. Sin embargo, ese cálculo político-judicial puede chocar con un obstáculo verosímil: cómo la fiesta sucedió en la quinta presidencial, que es jurisdicción de los tribunales de San Isidro, no hay que descartar que la causa termine en manos de Sandra Arroyo Salgado. Y como se sabe en la trastienda del poder, la jueza Arroyo Salgado no es el fiscal González. Alberto Fernández explicó a su entorno que la causa de la Fiesta de Olivos quedará reducida a “una cuestión ética”. Una mirada penal que contradice sus discursos políticos durante la primera ola del COVID-19. En esos momentos difíciles, el Presidente amenazaba con “poner presos” a todos los argentinos que violaran sus DNU dictados para contener los efectos mortales de la pandemia.]]>
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“La Ley 23.737 ha resultado ser la mejor prueba del fracaso del Estado en su lucha contra el comercio de estupefacientes, lo único que ha logrado es llenar las cárceles del país con delincuentes de menor trascendencia, de poca cuantía y en muchas ocasiones de nula peligrosidad y ha dejado escapar a aquellos que realmente contribuyen a que este grave flagelo se profundice”, aseguró el abogado Jacinto Chesini, en referencia a la norma que desde octubre de 1989 castiga la venta ilegal de estupefacientes. Días pasados, el letrado presentó el pedido a la Cámara de Casación Penal de Concordia para que sea declarada la inconstitucionalidad de la escala penal de la norma, descripta en el Artículo N° 5 de la misma, en donde se enumera una serie de conductas típicas en las que podría incurrir el infractor, a saber: siembre, cultive, produzca, fabrique, extraiga, prepare, comercie, entregue, suministre, facilite, etc., “pero no realiza diferenciación alguna en la gravedad de una conducta u otra, ni tampoco si existiera multiplicidad de estas conductas en una misma persona”, cuestionó Chesini. “No soy el primero, ni mucho menos, que plantea esto, en 2016 el máximo Tribunal Judicial de la provincia de Córdoba ya se pronunció en este sentido y marcó el camino para el resto de las justicias provinciales”, aseguró. El artículo en cuestión establece una pena de prisión de cuatro a quince años a quien siembre, cultive, produzca, fabrique, extraiga, prepare, comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes de manera ilegal. “Pero no se hace diferenciación alguna en la gravedad de una conducta u otra, ni tampoco si existiera multiplicidad de estas conductas en una misma persona y, agravando esta inequitativa cuestión, el Artículo N° 6 establece igual monto de pena para quienes introdujeran al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación, la cual, a simple vista y sin mucho análisis, resulta más grave que cualquiera de las primeras enumeradas”, expuso. “La Ley 23.737 ha resultado ser la mejor prueba del fracaso del Estado en su lucha contra el comercio de estupefacientes, lo único que ha logrado es llenar las cárceles del país con delincuentes de menor trascendencia" “Una clara prueba de que esta norma no ha cumplido con su objeto es que el consumo de estupefacientes ha ido en franco aumento durante los últimos años, lo que implica que hay más consumidores, más distribuidores y, lo peor de todo, que hay cada vez más tráfico que facilita la llegada de los distintos estupefacientes al mercado, quedando en la mayoría de los casos en total impunidad”, lamentó Chesini. Y ahondó: “La Ley de Estupefacientes ha llenado de perejiles las cárceles del país, cuando estos son encarcelados, los verdaderos promotores de la actividad, quienes realmente se enriquecen en perjuicio de la salud de la población, continúan con las actividades ilícitas consiguiendo nuevos repartidores, que, por pocas monedas y ante la agraviante necesidad de ingresos, recurren a esta forma de ganar algún dinero extra, por más poco que sea”. “La misma ley entra en una casi inentendible contradicción”, planteó el doctor. “Por un lado, reconoce la menor gravedad de algunas de las conductas típicas enumeradas, ya que cuando estas se produzcan en el último escalón del circuito delictivo, o sea entrega directa al consumidor, las excluye de la competencia federal que traía aparejada esta normativa, pero en la legislación de la ley no se realizó la misma diferenciación al momento de imponer penas por estas conductas”, diferenció. Para el abogado de Gualqguaychú es necesaria “una nueva reforma” de la Ley de Estupefacientes, para que “realmente ponga entre rejas a los verdaderos culpables del ingreso y distribución de la droga en el país y permita a muchas personas que entran al comercio casi casualmente, en forma eventual, comprender el error en el que cayeron y tengan la posibilidad de corregirlo sin necesariamente pasar cuatro años privados de su libertad”. “El tiempo ha demostrado que el agravamiento de penas y la cárcel no son soluciones para frenar la criminalidad en una sociedad" Los cuatro años de pena mínima para quien incurre en algunas de las infracciones contempladas en la ley impiden la excarcelación del delito, contemplada hasta los tres años de pena. “La discusión no se centra en un año más o menos, si no que este año más impide al condenado un derecho de jerarquía constitucional y supraconstitucional que es la condena en suspenso, la cual se viene alentando en el último tiempo en razón de que está demostrado en forma vasta que el encarcelamiento de personas no produce el resultado deseado de corrección y readecuación, sino que en la mayoría de los casos genera todo lo contrario”, cuestionó el abogado. “El tiempo ha demostrado que el agravamiento de penas y la cárcel no son soluciones para frenar la criminalidad en una sociedad. Tampoco tenemos programas de Estado que se ocupen seriamente de la contención del adicto y de sus familias, siendo que este tipo de leyes tienen como finalidad la protección de la salud de la población”, apuntó. “En estos ámbitos de menor cuantía y venta directa de estupefacientes al consumidor los infractores, en general, no resultan ser criminales peligrosos, por lo que se adecuaría separar las sanciones y permitirles a estas personas la posibilidad de la pena en suspenso, a fin de poder corregirse, reinsertarse en la sociedad y, en el caso de recaer en el delito, ahí sí cumplir las penas establecidas, como claramente lo marca el articulado del Código Penal. De no ser así, la Ley 23.737, particularmente los artículos que establecen la escala penal de la norma, continuarán violando criterios constitucionales y supraconstitucionales preestablecidos”. “A mi entender, la Ley de Estupefacientes entra en una clara contradicción con el Código Penal Argentino a la hora de tutelar el mismo bien jurídico y, a su vez, se contradice a si misma si realizamos un simple análisis de sus Artículos N°5 y N°6 en relación al Artículo N° 34 Inciso N°1, la intención del legislador no puede ser la de establecer una diferencia en la gravedad de conductas típicas para luego condenarlas con la misma pena”, resumió Chesini.]]>
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El tatuador Patricio Pioli fue condenado en La Rioja a cinco años de prisión por el delito de "coacción y lesiones leves calificadas" en contra de su expareja, en lo que fue el primer juicio oral en la Argentina por la difusión de material sexual íntimo, tipificado en el Código Penal como "pornovenganza". Pioli fue condenado entre otros delitos por haber ejercido violencia de género contra Paula Sánchez Frega, y por filtrar fotografías y videos íntimos tomados por este cuando tenía una relación con ella. Este caso fue clave para la Reforma del Código Penal y la inclusión de la "pornovenganza" o "pornoextorsión" como delito informático, y el único que llegó hasta el momento a juicio oral y a partir de hoy una condena de cumplimento efectivo. El condenado deberá además afrontar el pago de las costas del juicio.Así lo resolvió el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidido por la jueza Edith Agüero junto a los magistrados María Petrillo y Fernando Romero, que tuvieron a su cargo el juicio de un hecho denunciado en el 2017, que sirvió de base para incluir esta figura como delito informático en la Reforma del Código Penal. Pioli, de origen sanjuanino y conocido en La Rioja como "El tatuador" por su trabajo, fue denunciado por Sánchez Frega por violencia de género y amenazas de difusión de material íntimo luego de finalizar su relación en el año 2016. Paula dijo a la prensa que había padecido durante y después de su relación, permanentes episodios de violencia de género contra ella y también contra sus mascotas, y que fue revictimizada a raíz de haber hecho público Pioli el abuso de su abuelo paterno contra ella.]]>
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Por Luciano Peralta Hace algunas semanas, el jurado de enjuiciamiento, constituido por funcionarios judiciales, legisladores y representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, destituyó al Juez de Paz de Gualeguay Sebastián Salem. Si bien la noticia no tuvo la repercusión que debería haber tenido (sólo este aspecto merecería un análisis propio), lo cierto es que el magistrado juzgado será recordado, en los archivos periodísticos y en los de la memoria, como el primer juez de Entre Ríos en ser expulsado de su cargo por ejercer violencia de género. Algunos días después, el controvertido vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ex jefe de bloque del justicialismo en la Cámara de Diputados, Emilio Castrillón, fue jubilado en tiempo récord, y de esa manera evitó el juicio político en su contra por una denuncia de violencia de género, entre otras acusaciones que se le hicieron. Ambos sucesos dejan mucha tela que cortar respecto a los privilegios del poder y, sobre todo, y esto es lo más novedoso, respecto al cambio de paradigma sobre las cuestiones de género que hoy interpelan a ese poder. En este sentido, desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (no se llama más Colegio de Abogados, un detalle) se pidió públicamente que la vacante en el STJ sea cubierta por una mujer, “para garantizar la igualdad y empezar a equilibrar la representación de géneros en la justicia”. El pedido, que nació del Instituto de las Mujeres, Géneros y Disidencias de la institución colegiada, también incluyó que la mujer elegida (por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Senadores) acredite formación en perspectiva de género. caer.jpg Esta postura está en línea con algunos cambios interesantes que se vienen dando en el Colegio de la Abogacía, como la incorporación de la capacitación sobre la Ley Micaela a todas aquellas personas que ingresen a la institución. En este sentido, la abogada María Marta Simón, quien conforma el instituto, explicó que “si bien no somos parte de los poderes del Estado, como establece la ley, sí somos administradores de justicia; somos quienes viabilizamos un reclamo ante la Justicia, y si ese reclamo no contempla la perspectiva de género muchas veces se hace inviable la aplicación de esa perspectiva de género por parte de un juez”. “Nuestro derecho está cruzado por la desigualdad de género. Hasta hace no tanto, el Código Penal entendía a una violación como un delito contra el honor de la mujer, y no contra su integridad sexual. Así, en todas las ramas del derecho. La mujer era incapaz de derecho, y no hace muchísimo de esto, hace poco”, cuestionó. Respecto a la postura del Colegio de la Abogacía ante la vacante generada por la jubilación del paceño Emilio Castrillón, dijo que “de lo que se trata ahora es de la aplicación de la Ley 10.844, de Paridad Integral”. Entonces, “una vez creada la vacante hay que nombrar a una mujer para apuntar a esa paridad en el órgano más importante del Poder Judicial”. “Quien ocupe ese cargo puede ser una abogada o una magistrada. A nosotros, como colegio, nos gustaría que fuera una abogada que esté en el ejercicio activo de la profesión. Porque pude ser alguien de la política, que no esté en el ejercicio activo de la profesión, lo que le resta mucho a lo que tiene que ser el servicio de justicia”, consideró, en línea con lo que generalmente expresa el colegio cada vez que se abre un cupo en la corte provincial. "A nosotros, como colegio, nos gustaría que fuera una abogada que esté en el ejercicio activo de la profesión" El STJ está compuesto por nueve integrantes. Ahora, eventualmente, son ocho: con la salida del autor de la “Ley Castrillón”, que regula el sistema electoral en la provincia, quedaron seis varones y dos mujeres. Por lo que, en el marco de la ley, la remplazante debería ser una mujer. “Existe cierta resistencia por parte de algunos varones respecto a la pérdida de privilegios. Creo, también, que hay mucha desinformación al respecto. Cuando de cubrir un cargo se trata, enseguida se sale con el discurso de las capacidades o las aptitudes de las mujeres. Tenemos excelentes profesionales. Y en general, esto te lo digo a nivel personal, las mujeres suelen estar más preparadas que los varones con los cuales compite por determinados cargos. Esto se puede ver bien en las mujeres que llegan a ser candidatas a diputadas, a senadoras, por lo general son mujeres muy preparadas”, remarcó Simón. Paridad: obligatoriedad y principio Antes de la jubilación exprés de Emilio Castrillón, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos había avanzado con el pedido de juicio político realizado por el periodista Daniel Tirso Fiorotto. Para entender el rol de los legisladores en estos casos, resulta pertinente un ejemplo. El antecedente más claro y cercano es el de Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, en 2017. En ese momento, la Cámara Baja hizo lugar a la denuncia porque encontró elementos para acusar al entonces integrante de la Sala Penal del STJ, que había sido denunciado por por la utilización de fondos públicos, a través de viáticos, de forma indebida. Luego, Chiara Díaz renunciaría “por motivos de salud” y así evitaría el juicio, que, al igual que en el caso de Castrillón, se declararía “en abstracto”. Pero, en ese mismo proceso, los diputados no hicieron lugar, en cambio, a los elementos que sostuvieron la denuncia contra la vocal Claudia Mizawak, quien continúa en su cargo en la actualidad. La ex concejala de Gualeguaychú, Mariana Farfán forma parte de la comisión que debía tratar el caso Castrillón, pero, tras la jubilación, no lo hará. Lógicamente. Consultada por los alcances de la Ley de Paridad Integral impulsada por el oficialismo, y por su aplicación en el caso particular de la vacante en el STJ, Farfán explicó que la norma tiene dos lineamientos. “Uno es la paridad obligatoria, que se aplica, por ejemplo, en la conformación de la Cámara de Diputados y Diputadas, en las fórmulas electorales, y otros supuestos; y otro, es el principio de paridad”. 1031_2421.jpeg El texto de la Ley de Paridad Integral fue presentado por las diputadas Paola Rubattino, Silvia del Carmen Moreno, Stefanía Cora, Carina Ramos, Mariana Farfán y María del Carmen Toller (no está en la foto) “La carrera judicial implica concursos y órdenes de mérito. Entonces, en este sentido, la Ley de Paridad Integral prevé el principio de paridad, no la obligatoriedad. Lo mismo pasa con la conformación de los gabinetes de los Ejecutivos, ya que esa es una atribución que la ley le da a ese poder. En este sentido, el principio de paridad es una directriz aspiracional que debe ir cumpliéndose progresiva y paulatinamente”, explicó la diputada peronista. Y dejó claro que “en el caso del Superior Tribunal de Justicia, donde existe una disparidad en temas de género, por este principio de la reciente ley imperante, debería ocupar el lugar una mujer”. "En el caso del Superior Tribunal de Justicia, donde existe una disparidad en temas de género, por este principio de la reciente ley imperante, debería ocupar el lugar una mujer" Es el gobernador Gustavo Bordet el encargado de elegir a la nueva vocal. Recordemos que, si bien en la provincia funciona el Consejo de la Magistratura, la elección de los y las vocales del STJ sigue siendo potestad del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene amplia mayoría. Lo que, por otra parte, no parecería muy compatible con el principio republicano de división de poderes. Pero ese es otro tema. Cuando el Gobernador lo decida, la Ley de Paridad Integral será aplicada en el órgano de administración de justicia más importante de la provincia. En el que, históricamente, los administradores siempre fueron hombres y, en el mejor de los casos, las vocales han llegado a completar un tercio del cuerpo (tres de nueve). Fue el propio Bordet quien ponderó la ley como “la más progresista y avanzada de todas las leyes que existen en la Argentina", tras ser aprobada, en noviembre del año pasado. “En esta provincia, tuvieron que transcurrir casi 200 años para que haya una vicegobernadora mujer, y a estos derechos hay que garantizarlos, porque el mérito es importante, pero tiene que ver mucho también con que las condiciones estén dadas para que todos puedan alcanzar los objetivos", sostuvo, también, en esa oportunidad. Su señoría, a casa Hace un par de semanas, un jurado de enjuiciamiento, constituido para resolver la suerte de Sebastián Eduardo Salem al frente del Juzgado de Paz de Gualeguay, denunciado por dos empleadas por hechos de violencia de género, aprobó la destitución del magistrado. Más allá de perder el trabajo -uno de gran jerarquía en el sistema judicial-, el ahora ex juez pasará a la historia como el primero de su condición en ser expulsado de su cargo por hechos de violencia de género, o por maltratar a mujeres por el sólo hecho de serlas, como se prefiera. Si bien la noticia no prendió mediáticamente (eso, por sí sólo, también merecería un abordaje particular, por fuera de esta nota), la sentencia se dio a conocer casi al mismo tiempo en que, a 220 kilómetros de distancia, se concretaba la “salida elegante” (que es cualquier cosa, menos elegante) de uno de los nueve vocales del STJ, denunciado por una par -otra vocal del STJ- por hechos de violencia de género en el ámbito laboral. Mejor ejemplo que este caso, para exigir la inmediata aplicación de la Ley Micaela, no se me ocurre. Tampoco para ilustrar el (siempre lento) cambio de paradigma que se impone en el Poder Judicial. Ni para convocar a mi capacidad de sorpresa al anoticiarme de que un juez es juzgado como un simple mortal. Salm.jpg Sebastián Salem, junto a su abogado defensor, Ladislao Uzín Olleros, quien se refirió a las víctimas de manera descalificante, por lo que el Tribunal recomendó al Colegio de la Abogacía que se impartan capacitaciones en materia de género en la provincia “Si no empezamos aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos del poder judicial, estamos resolviendo respecto a situaciones que, en su base, son totalmente desiguales”, expresó para esta nota la abogada Giuliana Miller, quien acompañó a las denunciantes Deolinda Sabina Almada y María Carolina Almeida, ambas empleadas del Juzgado de Paz. “En este caso se juzgó el hostigamiento y maltrato sufrido por las trabajadoras, que quedó demostrado durante el proceso. Por otro lado, también se demostró la violencia económica”, remarcó Miller. Y cuestionó también la “violencia institucional indirecta”, en el proceso y durante el jury, y la exposición de las víctimas. “Si no empezamos aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos del poder judicial, estamos resolviendo respecto a situaciones que, en su base, son totalmente desiguales” Si bien la destitución de Salem se impuso por un ajustado 4 a 3, Miller celebró que “los votos que resolvieron la destitución hicieron hincapié en la cuestión de género, en la subordinación de poder, en la prueba aportada al proceso y en la situación concreta de las víctimas y de todo lo que fueron atravesando”. “Esos cuatro votos tuvieron un claro abordaje en perspectiva de género, muy distinto a las posiciones por la absolución, que principalmente hicieron hincapié en cuestiones de prueba. Afortunadamente, se resolvió la destitución, porque si no se hubiese dejado demasiado desamparadas a las víctimas”, consideró la abogada. Los casos de Castrillón, de quién será su sucesora y el caso de Salem no pueden ser leídos como capítulos independientes de la novela político-judicial entrerriana, esa que tanto entretiene al microclima político-judicial entrerriano. Se impone necesario el cuestionamiento ético entre quienes deben administrar la justicia y el abordaje integral del sistema, desde una perspectiva de género. Se impone la formación en la Ley Micaela y la erradicación de ciertas prácticas. Al menos, si no queremos seguir lamentando jueces violentos, jubilados exprés y esos privilegios que solemos cuestionarle al Poder Judicial.]]>
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La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien ofició de jueza técnica del juicio por jurado que se realizó en Paraná por el femicidio de Fátima Acevedo, resolvió este martes imponer la pena de prisión perpetua, con más las accesorias legales del art. 12 del Código Penal, por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género, para Jorge Martínez. Por juicio popular, Jorge Martínez fue declarado culpable de los delitos de “Lesiones graves en grado de tentativa calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género”; “Defraudación especial mediante el uso de tarjeta magnética en grado de tentativa” y “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y haberse perpetrado en un contexto de violencia género-Femicidio”. Jorge Martínez, de 35 años y que seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, fue declarado culpable, por unanimidad del jurado popular, de los tres delitos cometidos contra Fátima durante una audiencia celebrada el 26 de febrero pasado en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Este fue el segundo juicio por jurados por femicidio en Entre Ríos. El primero fue en la ciudad de La Paz, donde el jurado popular encontró culpable a Jonathan Rivero, quien fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Roda. Al igual que otras víctimas de femicidio, y como ocurrió con el reciente femicidio de Úrsula Bahillo (18), Fátima había pedido auxilio en reiteradas ocasiones e, incluso, se difundieron tras su asesinato audios y mensajes en los que denunciaba su situación y la inacción judicial, policial y de otros organismos oficiales. “Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la policía y el juzgado hagan algo”, le dijo Fátima a una de sus amigas días antes de desaparecer. Fátima desapareció el 1 de marzo de 2020, tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, adonde estaba alojada con su pequeño hijo desde que había denunciado a su expareja seis veces por violencia de género. Según la acusación fiscal, encabezada por Leandro Dato e Ileana Viviani, la relación entre la víctima y Martínez estuvo marcada por la “agresión, manipulación y violencia física y psicológica” por parte del acusado, quien intentó arrojarle ácido muriático en la cara a la joven, afiló una cuchilla intimidándola y además, le hizo numerosas amenazas verbales.]]>
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Ante una consulta del periodista Rafael Mathus en representación de todos los medios que cubren la visita del jefe de Estado a la Ciudad de México, Fernández elaboró una larga respuesta en la que reconoció que la actitud del ministro Ginés González García fue reprochable, pero apuntó contra la Justicia y contra el macrismo. “Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, bajo su dependencia. He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, introdujo. De acuerdo a la visión del jefe de Estado argentino, no existe ningún tipo penal para atribuirle un delito a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera. “No existe ese delito y no se puede construir. Si quieren trabajar, hay muchos delitos para investigar como los peajes de Macri, el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos y la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino en el que murieran 44 tripulantes”, completó. Todas esas investigaciones señaladas por Fernández tienen como principales acusados a miembros del gobierno de Mauricio Macri. Alberto Fernández justificó que Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Martín Guzmán y otros miembros del gobierno hayan sido inmunizados por sus tareas. “A mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. No soporto que ello ocurra. Ya hablé con mi conducta. Le pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en qué universidad, pero ya hicieron demasiadas ´sinvergüenzadas´”, lanzó. Y concluyó: “Cuando el ARA San Juan se hundió, nadie le pidió la renuncia a nadie. Cuando ocurrió el desfalco de la deuda, nadie le pidió la renuncia a nadie. Una vez pido que tengamos honestidad intelectual. Con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer”. El mandatario dijo que hubo 70 personas que en la Argentina se vacunaron “en condiciones irregulares”, aunque justificó que muchos de los integrantes de esa nómina se hayan inmunizado. En ese marco, dijo que él, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, gobernadores e intendentes tuvieron que aplicarse las dosis de la Sputnik V para generar confianza en la ciudadanía luego de que la oposición calificara como “veneno” al desarrollo del Instituto ruso Gamaleya. En tal sentido, también comentó que “se dieron la vacuna intendentes que tampoco son oficialistas” y consideró que “hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno”. “Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo”, manifestó.]]>
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Tras el pedido de la oposición para una intervención federal, un grupo de sacerdotes repudió la violación a los derechos humanos por parte del gobierno provincial, a cargo del peronista Gildo Insfrán. “Vemos con mucha preocupación que se esta construyendo una comunidad provincial basada en el desprecio al otro diferente, a su cultura, a su pensamiento, a su persona, a su dignidad humana, en el manoseo y ocultamiento de la verdad, y la instauración del miedo”, advirtieron en un comunicado. “Se están construyendo muros de intolerancia y prepotencia. No es esta la Formosa que queremos”, señalaron en el texto los sacerdotes Miguel Ángel Rojas, Antonio Caballero, Mario Franco, Francisco Nazar, Mario Bissaro, Ponciano Acosta, Jimmy Ponce, Gabriel Stella, Eduardo Ramos, Marcelo Valsecchi, Edgardo Ortíz, Oscar Cáceres, Lucio Rizzi, Juan Rosasco y Juan Punzo. En otro pasaje del documento, afirmaron que el gobierno provincial “no está acertando” y que “no hubo hasta hoy un llamado a los distintos sectores para la búsqueda en conjunto de las mejores soluciones”. “Las medidas que toman son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan oscuras épocas de nuestra Patria que no queremos vuelvan a repetirse y por eso las repudiamos con fuerza”, cuestionaron. “Es posible otra metodología de cuidado entre nosotros; gran parte del pueblo no quiere ser llevado a centros de aislamiento, busquemos juntos entre todos lo que menos duela y lastime”, plantearon los sacerdotes formoseños. La semana pasada, la abogada y concejala de Formosa capital Gabriela Neme fue quien radicó la denuncia. Según su testimonio, en el centro de atención sanitaria se encuentran no solo pacientes con COVID-19, sino también personas que aún no recibieron el resultado de su hisopado. La letrada, que se comunicó con personas que se encuentran en el lugar, aseguró que casi no hay distanciamiento entre sanos y contagiados y que hasta comparten el mismo baño. “Hago la denuncia por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal porque están propagando la pandemia. En el Cincuentenario están todos juntos y tienen el patio vallado. No los dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, explicó Neme a Infobae en aquel momento. Luego de esta denuncia, Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron detenidas y alojadas durante varias horas en una dependencia policial, algo que fue repudiado tanto por la oposición como por organismos internacionales. En este contexto, la oposición le pidió al presidente Alberto Fernández la intervención federal de Formosa. “Sin la intervención del gobierno nacional, Formosa va a estallar el día que haya un hecho aberrante, como una muerte. No deberíamos esperar a eso. El Gobierno Nacional debería estar metido de lleno en arreglar estos problemas en un marco democrático. Se dan todas las características para una intervención federal”, señaló el diputado nacional Alfredo Cornejo en declaraciones a LaOnceDiez. Mientras tanto, el PJ salió a respaldar durante el fin de semana al gobernador Insfrán al asegurar que “se destaca especialmente por los indicadores sanitarios logrados en defensa de su población” ante la pandemia de coronavirus. “La política sanitaria desplegada por el Gobierno provincial logró tener la menor cantidad de contagios y la menor cantidad de muertes por COVID-19 en la Argentina”, señaló un comunicado partidario. El documento titulado “La vida humana: valor fundamental y límite a la mentira”, firmado por el presidente del sello, José Luis Gioja, denunció una “feroz campaña política y mediática” contra el Gobierno de Formosa. “Los insólitos pedidos de intervención federal y las permanentes operaciones motorizadas por sectores de la oposición al Gobierno nacional dejan en evidencia la intencionalidad política de la permanente campaña de desprestigio contra Formosa”, señaló el partido. Y agregó: “Se dicen democráticos y republicanos, pero buscan, con estas artimañas, lograr los espacios que el voto popular de los formoseños les niega contundentemente”. En ese sentido, el PJ afirmó que “los agravios contra Gildo Insfrán no son casualidad: no sólo es un gobernador que puede mostrar una gran gestión en su provincia, sino también es el Presidente del Congreso Nacional del PJ y un dirigente de amplia y destacada trayectoria como militante y referente de nuestro movimiento político”.]]>
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Alberto Fernández inició a primera hora de este jueves otra ronda de consultas con gobernadores y funcionarios clave del Gabinete Nacional para definir nuevas medidas de excepción que apuntan a frenar la ola de contagios de COVID-19 que irrumpió en los principales centros urbanos del país. En principio, las medidas que se anunciaran hoy a la tarde y comenzaran a regir mañana consisten en lo siguiente: 1. Se frena la circulación nocturna en todo el país. 2. El horario prohibición será de 23 a 5 de la mañana. Puede ocurrir que finalmente sea desde las 24. 3. Se establecerá un piso mínimo de contagio para establecer excepciones solicitadas por los gobernadores. Si el piso se mantiene, no se aplica la prohibición. Si sube con el correr de los días, esa excepción queda anulada. 4. La violación a las nuevas disposiciones que anunciará el Gobierno estarán comprendidas en el artículo 205 del Código Penal. Eso significa que los infractores serán denunciados ante la justicia. 5. Se habilitará el secuestro de vehículos y la imposición de multas. El Presidente mantuvo ayer una larga video conferencia con los 24 gobernadores y después protagonizó un cónclave en Olivos con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro de Salud, Ginés González García, y a través de manera remota, con Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica. Alberto Fernández recibió una docena de informes técnicos que prueban que la ola de contagios golpeó a los sectores jóvenes -entre 20 y 35 años- y que estos contagiados podían causar una tragedia aún mayor en los grupos más vulnerables de la Argentina. En este sentido, el jefe de Estado acordó con los gobernadores establecer un operativo sanitario que trabe la secuencia aglomeraciones -fiestas, contagios y multiplicación del COVID-19 a lo largo de todo el país. Y respecto a la implementación de las medidas, solicitó a su Gabinete un dispositivo jurídico de aplicación inmediata a través de un decreto. Este decreto -aún no se sabe si será simple o de Necesidad de Urgencia- será publicado en el Boletín Oficial antes de la medianoche para que las medidas tengan cumplimiento efectivo desde las 00.00 del 8 de enero de 2021. Antes de firmar la aplicación de las nuevas medidas, Alberto Fernández aguarda un informe técnico del Ministerio de Salud para determinar el límite de número de contagios que permitirá evitar la prohibición de circular entre las 23 y las 5 de la mañana. Con ese límite, los gobernadores podrán solicitar al Poder Ejecutivo las excepciones legales que regirán en sus provincias. Y si la ola de contagios cruza el límite técnico previsto por la cartera de Salud, esa ciudad o localidad en particular, pierde la excepción y queda comprendida en las regulaciones generales de la prohibición dictada por decreto. Además del informe técnico avalado por Ginés González, el Presidente terminará de definir con los gobernadores y su gabinete la franja horaria de la prohibición de circular. Alberto Fernández entiende las razones económicas presentadas por los mandatarios provinciales, pero hasta entrada la mañana se inclinaba por empezar la prohibición desde las 23.00. Los gobernadores, en cambio, solicitan que la prohibición comience a partir de las 00.00 para permitir a los comercios y restaurantes una hora más de actividad comercial. Alberto Fernández y los gobernadores asumen el cansancio social y la preocupación de los comerciantes, y aunque no lo reconocen en público, están alertas a posibles eventos de desobediencia civil. Por eso, los 24 mandatarios y el Presidente acordaron establecer penalidades, aplicar multas, disponer el secuestro de vehículos y desplegar fuerzas de seguridad en zonas de vacaciones de la costa y en la Patagonia.]]>
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Luego de doce horas de debate, en una sesión histórica, el Senado nacional convirtió en ley el proyecto que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. La sanción tuvo más votos a favor de los esperados durante los últimos días: 38 senadores, entre peronistas, radicales y del PRO. Del otro lado, tuvo 29 en contra, también con un corte igual de transversal, además de una abstención. De todos modos, fue el Frente de Todos el que más votos aportó, aunque uno de sus máximos adversarios fue el jefe del bloque, José Mayans. Hubo dos ausencias que también restaron votos ‘celestes’: el ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, y la senadora riojana Blanca Vega. La abstención de Guillermo Snopek, peronista de Jujuy, también se descontó a ese sector. Por primera vez desde que Cristina Fernández es Vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, atravesó el Palacio Legislativo y siguió el tramo final de una sesión, en este caso los discursos de cierre y la votación de la interrupción voluntaria del embarazo junto con Sergio Massa, presidente de la cámara de Diputados. La titular del cuerpo se había retirado temprano y le dejó su lugar a Claudia Ledesma Abdala, a Martín Lousteau y a Laura Rodríguez Machado. Volvió para los últimos discursos de cierre, uno celeste y uno verde por cada bloque y para la votación que determinó la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por un margen mucho mayor al que se preveía. Sergio Massa y Malena Galmarini fueron dos de los dirigentes del oficialismo que se acercaron a presenciar la votación (Comunicación Senado) La sesión se desarrolló sin sobresaltos, a pesar del enojo de Silvia Elías de Pérez, que viajó desde Tucumán, se vistió completamente de celeste y convocó a judicializar la ley. Hubo respeto en los discursos, que no tuvieron exabruptos ni duros epítetos. Desde un palco también siguieron los discursos la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la viceministra de Salud, Carla Vizotti; la asesora presidencial Dora Barrancos; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que fue la redactora del proyecto del Gobierno consensuado con senadores y diputados, y Malena Galmarini, presidenta de AySA. Hubo también varias diputadas impulsoras de la ley, todas con algo verde o vestidas de ese color. En su mayoría fueron discursos emotivos, como el de la peronista Silvina García Larraburu, que en 2018 votó en contra y esta vez a favor. O el de la bonaerense Gladys González (PRO), que se describió como profundamente católica y recordó que perdió un embarazo dos días después de haber votado a favor del aborto. “Por un instante pensé que Dios me había castigado”, dijo conmovida para luego aclarar que “el Dios en el que creo no es un Dios que castiga es un Dios que ama y es compasivo”. Así, reclamó al Estado y a la Iglesia hacer algo para cambiar la situación. En los cierres, el formoseño Luis Naidenoff, presente en el recinto, alzó fuerte la voz para reclamar la sanción del proyecto remitido por Diputados. Ya había votado a favor en 2018 y nuevamente fue el único senador de su provincia en apoyar la ley. “El negocio de la clandestinidad tiene la marca del dinero y el sello de la desigualdad” afirmó y pidió “terminar con esta injusticia”. “La ley protege la desigualdad”, remarcó y apuntó a los otros dos senadores formoseños que se opusieron. Habitualmente enfrentado con el oficialismo, celebró una votación compartida por distintos partidos políticos. “Ojalá con este debate transversal que se ha dado se pueda tener la capacidad de encontrar puntos de coincidencias en otros temas de la Argentina”, subrayó, aunque a diferencia del planteo de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio consideró que “la prioridad es un trato igualitario para las mujeres”. Lo siguió Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque del Frente de Todos, que se describió emocionada y nerviosa. Asintió y sonrió al escucharla con suma atención Cristina Fernández. La mendocina destacó “ponerse de acuerdo sin mezquindades” como hicieron referentes de distintas fuerzas. “El Gobierno ha tomado una decisión difícil, con mucho coraje, porque lo más fácil es seguir mirando para otro lado”, agradeció el envió del proyecto por parte del Ejecutivo. Paradójicamente el cierre de la discusión, antes de la votación, quedó para Mayans que lanzó un reproche a Alberto Fernández: “El Presidente está obligado a respetar la Constitución”, aseveró y además calificó como “una mala ley con muy mala redacción”. Incluso criticó la posible reglamentación prometida a cambio de un par de votos. “No se puede alterar la ley”, alertó mientras la Vicepresidenta miraba con gesto de fastidio. Usó argumentos que todo el año usó la oposición y también avisó que se judicializará. “No se respeta el orden institucional, si lo quieren hacer háganlo bien”, insistió. En su caso se pasó del tiempo estipulado para los cierres que era de 25 minutos. “El Código Civil dice una cosa y el Código Penal dice otra cosa, no se puede acompañar este desastre legislativo que presentaron”, fundamentó el formoseño. El debate en el recinto había comenzado a las 16. El primer tema fue votar la ampliación de la licencia de José Alperovich, investigado en una causa por abuso sexual. Nadie puso reparos, aunque de haber estado hubiera elegido el lado celeste. La definición se fue anticipando discurso tras discurso. Durante varias semanas, Oscar Castillo (Frente Cívico de Catamarca) guardó silencio. Fue breve, el más breve de todos. Anticipó el último voto que faltaba definir a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Simplemente dijo que volvería a votar como lo hizo dos años atrás y pidió insertar el mismo discurso. A la inversa la senadora García Larraburu (Frente de Todos) dijo que se deconstruyó y que en los últimos dos años escuchó y cambió de opinión: votó a favor de la ley, cuando en 2018 había votado con el grupo celeste que frenó la sanción. El resultado finalmente fue mucho más amplio de lo esperado o al menos de lo que se había hecho público. En los últimos días de uno y otro lado contaban la misma cantidad de senadores a favor y en contra. Incluso se hablaba de una definición ‘por penales’ y del intento kirchnerista por evitar un escenario en el que Cristina Fernández fuera al desempate. Sin embargo el trabajo voto a voto de oficialistas y opositores y hasta de la Casa Rosada, logró un resultado más amplio. “Esta ampliación de derechos es imparable”, afirmó Martín Lousteau al fundamentar su voto afirmativo y pedir a los que dudaban del voto que meditaran. “Se lo digo especialmente a los miembros de mi partido”, agregó. Y le respondió a su correligionaria Silvia Elías de Pérez que pidió ir a la Justicia contra la ley: “Hemos escuchado algunas amenazas acerca de la inconstitucionalidad por el tema de los tratados internacionales, (…) lo expuso Gil Lavedra y quiero leer algo que para mí y para mi partido es muy importante. Alfonsín se opuso muy férreamente a que en la Constitución del 94 quedara plasmada alguna posición, por eso quiero leer un fragmento de sus propias palabras en la Convención Constituyente: La cláusula que estamos considerando ha sido el resultado de extensas conversaciones e intercambio de ideas este proyecto, que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como es Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe” . Una jornada histórica “Este debate ha sido de profundo respeto”, señaló Julio Cobos desde Mendoza, al reiterar que votaría en forma negativa. Su compañera de bancada Pamela Verasay votó a favor. El mendocino hizo un pedido a la senadora Norma Durango, miembro informante del Frente de Todos como presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer que había anunciado en la apertura de la sesión el compromiso para modificar, con un veto parcial, un artículo de la ley cuestionado por algunos senadores. “La reglamentación con veto no puede ir contra el espíritu de la ley ni en más ni en menos”, advirtió sobre una corrección pedida por Alberto Weretilneck como condición para votar a favor. El senador de Juntos Somos Río Negro había advertido que dejar como motivación para un aborto después de la semana 14 la “salud integral” de la persona gestante era un término demasiado abierto a interpretaciones. Durango avisó que el Presidente, al promulgar la ley, quitará la palabra “integral” de manera de evitar la vuelta de la norma a Diputados. Fue una de las negociaciones para lograr la aprobación y evitar además la vuelta a la cámara de origen y apurar la sanción.]]>
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En Los Ángeles de la mañana estuvo como invitado Mario Baudry, abogado de Diego Fernando Maradona y pareja de Verónica Ojeda, donde realizó polémicas declaraciones sobre los últimos instantes de Diego Maradona, mientras avanzan las investigaciones sobre su muerte. El letrado aseguró que el exfutbolista tuvo un final agónico. “La pericia toxicológica seguro va a dar que tenía medicamentos para su tratamiento psiquiátrico, pero no tenía ningún medicamento para su tratamiento de corazón. Tenía una patología muy severa”, afirmó. "Tuvo una agonía de varias horas. El edema de pulmón no se produce en un minuto. Tarda entre 17 y 25 horas", expresó, además de apuntar hacia el médico Leopoldo Luque. "Hace tres años, a partir de que llegó Luque, se lo dejó de tratar del corazón", afirmó Baudry. "Si yo te dejo de tratar durante tres años y te doy pastillas para aumentar la frecuencia cardíaca, automáticamente tenés un problema. Es más que negligencia", agregó, responsabilizando a la psiquiatra Agustina Cosachov. “Mi posición es en cuanto lo que está probado en la causa. Lo que está probado en la causa es que lo dejaron morir. Lo que tengo que ver es si es culposo y doloso y cómo se aplica el Código Penal. Ya hubo allanamientos, pero va a haber muchas más medidas", respondió el abogado, además de coincidir en que los hijos del Diez tienen la misma visión. "Todos los herederos piensan así, según lo que estuve hablando con ellos", remarcó. "Lo que está acreditado en la causa es que lo dejaron morir. Lo mataron, lo dejaron morir. Si vos tuviste dosAVC y sos hipertenso y te saco la medicación y te doy dos kilos de sal para que comas durante tres años, yo sé que a vos te va a agarrar un ACV rápido. Y acá pasó lo mismo", finalizó Mario Baudry.]]>