La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

Es por la causa que sigue el juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19 mil millones que, tras esta ampliación trepó a alrededor de los $300 millones.

La ampliación de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta “asociación ilícita fiscal”. Lo propio, se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300 millones.

Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025. Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66.

ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay “indicios graves, precisos y concordantes” relacionados la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa.

Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están insinuados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo y, la ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.

En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales. En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica. Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de “no confiables”.

En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente.

Por ello, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria. También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.

Fuente: NA

El juez penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, advirtió la resolución.

Para el juez “la conducta desplegada por los nombrados implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.”

La resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina (actual secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Amarante embargó los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, según la resolución de 140 carillas a la que tuvo acceso Infobae.

El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva pero no podrán irse de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y deberán presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibición de salida del país. Como hasta ahora tendrán que comunicar al juzgado cada viaje con información detallada para ser autorizados.

En los casos de los otros tres acusados, se fijaron diferentes montos de embargo y se les levantó la prohibición de salida del país. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y de quedar confirmada podría iniciar el camino para el envío a juicio oral.

Sobre el rol de Tapia en las maniobras, el juez afirmó que el presidente de la AFA “detenta la representación legal de la entidad” y tiene “una posición central en la estructura de toma de decisiones”. Este rol “magnifica su responsabilidad”, advirtió.

Tapia sabía “de la falta de pago”, agregó la resolución y tuvo “conocimiento y participación” en lo ocurrido porque autorizó la “gran mayoría de los giros relativos a pago de volantes electrónicos”.

“En su carácter de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, detenta la representación legal de la entidad y, en consecuencia, una posición central en la estructura de toma de decisiones, lo que no puede ser soslayado al momento de evaluar su responsabilidad en los hechos investigados.”, agregó.

El rol central “no sólo le otorgaba facultades decisorias, sino que además lo colocaba en una posición de garante respecto del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales.”

Tapia “conocía no sólo la mecánica de pagos sino también la existencia de incumplimientos reiterados en el ingreso de los tributos retenidos" y contaba con la “capacidad de decidir acerca del destino de los fondos y, en particular, sobre la priorización o postergación del cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

Sobre el tesorero Toviggino, el magistrado advirtió que su firma apareció en la totalidad de los cheques de la AFA y “se encuentra autorizado para operar y firmar operaciones de transferencia”.

“Tenía a su cargo la intervención directa en la administración de los fondos de la entidad, lo que lo colocaba en una posición determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias”, agregó la resolución. Toviggino es la persona autorizada a operar las cuentas bancarias de la Asociación, suscribir transferencias y otros instrumentos de pago. Tenía “un control efectivo sobre los movimientos financieros”.

La falta de pago en tiempo y forma de estos importes retenidos les generó “una mayor disponibilidad de fondos”, advirtió sobre un posible beneficio económico buscado con la maniobra.

El magistrado sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco.

El 12 de marzo pasado había declarado Tapia, en la última de las indagatorias. A partir de ese momento, comenzaron a correr los plazos procesales —diez días hábiles— para que el magistrado defina la situación de los acusados.

En todos los casos los acusados presentaron escritos y se negaron a responder preguntas. Sus defensas plantearon la inexistencia de delito que les fue rechazada y fueron en apelación a la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que aún no decidió al respecto.

Fuente: Infobae

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.

 “No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado”, añadió.

Adelanto…

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, le agradeció al mandatario de Boca, Juan Román Riquelme, por ceder La Bombonera para el amistoso frente a Mauritania.

“Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial ¡Todos a alentar a nuestra Selección!”, compartió Tapia en su cuenta de X.

Esto también fue una clara indirecta para River, quien habitualmente cedía el estadio El Monumental para los encuentros de la Selección argentina, por haber publicado que ya no asistiría a las reuniones de AFA.

Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial.¡Todos a alentar a nuestra Selección! 🇦🇷 pic.twitter.com/mWj1hs45wz

Fuente: NA.

El conflicto armado en Medio Oriente obligó a un cambio de sede de la Finalissima entre la Selección Argentina y España, que se iba a jugar en Doha, Qatar. En ese sentido, desde UEFA expresaron su deseo de que se juegue en Madrid, mientras que, por su parte, el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, manifestó sus ganas de que la definición se realice nada menos que en el Monumental, hogar de River.

A la salida de Tribunales, el máximo dirigente de la casa madre del fútbol argentino sostuvo: "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental". Se trata de un contrapunto por las declaraciones del líder de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien postuló al Santiago Bernabéu para albergar el gran evento.

"Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder", dijo Louzán, en diálogo con El Larguero.

Si bien suena lógico, la realidad es que el evento perdería ese carácter de neutralidad que mostró en su edición anterior, cuando la Albiceleste e Italia jugaron el Wembley, uno de los estadios más míticos de Inglaterra. Mientras tanto, el viernes 27 de marzo, fecha de celebración del torneo, aguarda por la definición de una sede. Se habló de repetir nuevamente la catedral inglesa o Miami, pero coincide con otros compromisos. Lisboa y Roma aparecen en el horizonte, pero no se confirmó nada de momento.

El inconveniente que surge a la hora de elegir al Monumental, es que, en el día pactado para la Finalissima, la reconocida banda de música AC/DC dará un recital. Además, tendrá otros dos shows el 23 y 31 de marzo, por lo cual las instalaciones de Núñez estarán adaptadas con un escenario para que el grupo pueda tocar ante los fanáticos.

El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia se defendió por escrito este jueves en su declaración indagatoria por la supuesta retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos: afirmó que no hubo delito ni a nivel personal ni desde la Asociación del Fútbol Argentino, cuestionó la difusión mediática del caso y pidió medidas de prueba.

El dirigente del fútbol reclamó además que se aplique la ley de Inocencia Fiscal y si esto no prospera, pidió ser sobreseído por inexistencia de delito.

Difusión pública que responde a “intereses”

Tapia cuestionó la “abrumadora difusión pública que ha tenido este caso, difusión que, además, no ha estado exenta de valoraciones anticipadas e infundadas”.

“No hay duda de que responde a intereses cuya motivación puedo razonablemente suponer, aunque no habré de profundizar sobre ello por no constituir una cuestión estrictamente vinculada con la imputación. Sin embargo, no es posible ignorarla en atención al gravísimo perjuicio que genera”, advirtió.

El presidente de AFA coincidió con la defensa del tesorero Pablo Toviggino a la hora de pedir la aplicación la Ley 27.799 (de Inocencia Fiscal) “por resultar más benigna”, argumentó.

En base a ello “esta causa debe concluir de forma inmediata por cuanto, insisto, no puede ser promovida conforme al nuevo texto legal”, agregó en el descargo al que tuvo acceso Infobae.

 Tapia recurrió al mismo argumento usado ayer en su indagatoria por Toviggino y de hecho, remitió a ese escrito a la hora de invocar cuestiones técnicas.

Defensa personal y de la AFA

“Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino”, sostuvo.

 También rechazó “haber tenido intervención, injerencia o decisión personal alguna sobre la materia objeto de cuestionamiento“, afirmó en el escrito entregado al juez en lo penal económico Diego Amarante.

La AFA “en su carácter de contribuyente no sólo no ha actuado anti-jurídicamente, sino que exteriorizó en tiempo y forma sus declaraciones juradas, exhibiendo la totalidad de las obligaciones que eventualmente correspondía abonar, sin distorsiones ni ocultamientos. Tan es así que esas declaraciones no fueron objeto de impugnación alguna", remarcó.

Asesorado por su abogado Luis Charro, Tapia sostuvo que la acusación “no puede jurídicamente mantenerse”.

Más allá de eso, aclaró que “es imperativo reiterar desde estos albores que más allá del cargo institucional que desempeño, no tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa”.

“La actividad del Presidente -al menos desde que yo ejerzo el cargo y del mismo modo ocurría con anterioridad- torna materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna”, agregó.

Críticas a la difusión mediática y a ARCA

El escrito comenzó con una crítica a la difusión mediática de las acusaciones en su contra. “No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión”, dijo Tapia.

Además, incluyó cuestionamientos al rol de ARCA, denunciante y querellante en el caso. Para Tapia, el organismo recaudador tuvo en este casi particular un “accionar oscuro y contradictorio”.

“Pese al accionar oscuro y contradictorio que en el caso particular ha exhibido la ARCA estamos ante una situación que, en rigor, no difiere mucho de aquella habitualmente presentada cuando el pago de un servicio contiene primer y segundo vencimiento”, ejemplificó.

Según el descargo del dirigente futbolístico, ARCA " no informó al Tribunal la existencia del acto administrativo de alcance general (MECON Res 17/24 y sus prórrogas) al presentar la denuncia, lo cual constituye una evidencia del oscuro accionar del ente recaudador en la actuación ante la justicia".

“Se trata de una situación de hecho especialmente significativa, que a causa del indebido accionar estatal descripto, se exhibe a una reprochable “prisión por deudas”, incompatible con los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico", agregó y dirigiéndose al juez le pidió no convalidar " semejante violación de las garantías constitucionales".

No hubo “perjuicio fiscal material consolidado, en tanto las obligaciones fueron abonadas y regularizadas con sus correspondientes intereses resarcitorios (no punitorios)”.

La AFA “es imputada como sospechosa de una conducta dolosa respecto de obligaciones que nunca ocultó, nunca disimuló y que además regularizó sin haber conocido aún la existencia de la causa”.

“Y lo más grave que la ARCA ocultó y muy probablemente motivó que V.S. de forma inmediata hiciera lugar a su pedido de convocatorias, es que el accionar reprochado fue cumplido amparado por una norma expresa que lo permite. Es decir, no hubo acción antijurídica ni indebida. Solo una conducta permitida", remató.

Su defensa pidió medidas al juez: que requiera a ARCA que informe si en los pagos efectuados y en los planes de facilidades “por la totalidad de las obligaciones aquí cuestionadas se han incluido intereses y en su caso, si se trata de resarcitorios impuestos como accesorios del capital” y que también detalle al juzgado si Tapia aparece como “autor material” de la generación de volantes de pago y presentación de declaraciones juradas.

El juez concluyó la ronda de declaraciones indagatorias y tiene diez días hábiles para resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de Tapia y los demás integrantes de la comisión directiva de AFA.

Fuente: Infobae

El fútbol argentino atraviesa desde este jueves una medida de paro que se extenderá hasta el próximo domingo. La decisión fue adoptada por los dirigentes de los clubes de Primera División durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada el 23 de febrero.

La decisión se tomó en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

A la medida también se plegaron todas las categorías del Ascenso, además de federaciones y ligas del Interior. Si bien desde la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú no hubo un comunicado oficial, Ahora ElDía pudo saber que la entidad también adhiere al paro.

“Apoyamos el paro porque estamos indirectamente afiliados a la AFA a través de la Federación Entrerriana. Estamos de acuerdo con la decisión y la acompañamos”, expresó el presidente de la Liga, Daniel Aguilar, en comunicación con este medio.

La actividad programada durante el plazo que abarca la medida incluye partidos de la Copa Gualeguaychú masculina entre hoy y mañana, mientras que el domingo está prevista la jornada correspondiente a la competencia femenina.

En ese sentido, Aguilar explicó: “De todos modos, jueves y viernes tenemos que jugar sí o sí porque, si suspendemos, después se nos retrasa todo el calendario: la Copa y también el inicio del Torneo Apertura. Si se nos corre el cronograma, después terminamos jugando a fin de año tres partidos por semana: miércoles, domingo y otra vez miércoles. Y eso es un disparate para jugadores amateurs que durante la semana trabajan en fábricas, de albañiles o en distintos oficios”.

Además, agregó: “El paro lo apoyamos y el sábado y domingo lo vamos a respetar, aunque en esos días no tenemos demasiada actividad programada”.

No obstante, aclaró que la programación del fútbol femenino podría mantenerse: “Nosotros somos una liga amateur y no creo que haya inconvenientes en que jueguen las chicas. Ellas mismas se pagan muchas cosas para poder competir y no me parece justo que se queden sin jugar”.

El Club Atlético River Plate difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura respecto de su vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino. En el texto, la institución aclaró que mantiene su histórica visión sobre el rumbo del fútbol nacional y recordó que desde 2013 impulsa la consolidación de una competencia profesional con un torneo de 20 equipos y una estructura económica que favorezca el crecimiento de todos los clubes.

Además, el club ratificó su respaldo al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y expresó su reconocimiento a la AFA por la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad. En ese sentido, la entidad de Núñez sostuvo que cree en el funcionamiento armónico de las instituciones y en la importancia de los órganos colegiados para la toma de decisiones.

Sin embargo, River manifestó su preocupación por el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA, al considerar que no existen garantías procedimentales suficientes para asegurar procesos claros y previsibles. Por ese motivo, y hasta que se corrijan esos mecanismos, el club anunció que decidió no participar de las reuniones de ese organismo.

COMUNICADO OFICIALAnte la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.Desde el año 2013, River… pic.twitter.com/HyHKl3oZte

El comunicado completo de River

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva. __IP__

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuente: NA

El paro en el fútbol argentino comenzó este jueves, por lo que no habrá actividad oficial ni amistosos en ninguna categoría durante todo el fin de semana.

La decisión de este paro fue tomada por los directivos de los clubes en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, que se llevó a cabo el pasado 23 de febrero. En la misma se tomó la medida en apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las denuncias que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

De esta manera, los fanáticos del fútbol tendrán que aguantar varios días para volver a ver a los equipos de los que son hinchas.

La vuelta de la actividad en el fútbol argentino será el martes 10 de marzo, cuando inicie la fecha 10. Incluso habrá una intensa seguidilla de días con actividad, ya que la misma concluirá el viernes y solo un día después comenzará la fecha 11.

En tanto, la fecha 9 se disputará a principios de mayo, por lo que los equipos que clasifiquen a los playoffs tendrán unas semanas muy intensas en caso de seguir avanzando.

Fuente: Noticias Argentinas

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La Justicia había rechazado este martes el pedido que había hecho Tapia para que suspendan su declaración indagatoria, fijada inicialmente para el 5 de marzo. La defensa de Tapia había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

Fuente: Noticias Argentinas

La defensa del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, solicitó que se declare la nulidad de su citación a declaración indagatoria prevista para el jueves 5 de marzo, en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El planteo fue presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, mientras que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante deberá resolver si hace lugar al pedido o ratifica la convocatoria.

La estrategia de la defensa se apoya en que aún está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que rechazó el sobreseimiento por inexistencia de delito. Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía —como la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También fue apelada la prohibición de salida del país dictada para los imputados.

Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.

La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió a Claudio Tapia y afirmó que la AFA continúa bajo su jurisdicción, al considerar que el traslado de la sede a Pilar no cumplió los requisitos legales.

El titular del organismo, Daniel Vítolo, calificó como “patético” el comunicado difundido por la AFA y defendió el pedido de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual.

Según explicó, la entidad nunca canceló su inscripción ante la IGJ, condición necesaria para cambiar de ámbito de control.

Además, señaló presuntas irregularidades administrativas y negó que la veeduría implique una intervención, al remarcar que solo busca fiscalizar información ante inconsistencias detectadas.

 En un comunicado oficial, la AFA entidad fustigó contra la solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) para la designación de veedores al Ministerio de Justicia para relevar documentación contable y financiera.

El ente madre del fútbol argentino aseguró que “no será sometido a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.

Además, se adelantó que “en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”.

Esta presentación de la AFA se da luego de que la IGJ solicitara al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para relevar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida sin respuesta.

La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles “graves irregularidades”, aunque aclararon que no implica una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las funciones de fiscalización

La AFA también mencionó en el comunicado “el caso Bullrich”, al señalar que "la IGJ debería explicar por qué utiliza hoy contra la AFA el mismo libreto que en 2023 utilizó contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido entonces por Patricia Bullrich, actual senadora nacional".

Y acusó al organismo porque “en aquel entonces, la IGJ también habló de 'graves irregularidades' y dispuso una intervención. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en fallo firme, anuló esa intervención por violación al debido proceso y ordenó suspenderla con efecto inmediato. Los argumentos que la IGJ esgrime hoy –falta de información, sospechas sobre el manejo de fondos– son los mismos que la justicia ya desestimó”.

En otro de los puntos, la AFA denuncia que “no se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.

Por último, la AFA subrayó que “el fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas”.

Fuente: Noticias Argentinas

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para relevar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida sin respuesta.

La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles “graves irregularidades”, aunque aclararon que no implica una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las funciones de fiscalización.

De concretarse, los veedores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar libros societarios, registros financieros y elaborar un informe técnico sobre cuentas, obligaciones impositivas y previsionales.

El control también alcanzará el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, la estructura patrimonial y los convenios firmados, con foco en la trazabilidad de los fondos utilizados.

Además, la IGJ pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.

El pedido se da luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control. Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.

Fuente: NA

Los clubes de Primera División resolvieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura. La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los dirigentes expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA, que investiga la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Durante el encuentro Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demuestra que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes. Con ese documento, los directivos plantearon que la deuda que motivó la causa judicial no existe. La exhibición de ese material resultó determinante para la postura de los clubes: la dirigencia de Primera resolvió impulsar el paro como señal de respaldo institucional.

En la misma línea, Claudio Tapia, presidente de la AFA, instó a los dirigentes a actuar en conjunto frente al conflicto. Tras la exposición de Lorenzo, los representantes de la máxima categoría mantuvieron un intercambio en el que coincidieron en la necesidad de detener la actividad. Los directivos de Primera iniciaron un diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida y todo indica que se sumarán al reclamo.

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.

El dirigente del Fortín brindó detalles tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y mostró su preocupación por los embates del ARCA con respecto al tema tributario

A la salida de la reunión, y minutos antes de que se conociera el comunicado de la AFA, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, fue uno de los primeros en explicar la postura: “Todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución a los clubes. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de estado. Los clubes son parte esencial de la estructura del deporte. Uno nota que a veces se ponen trabas que son injustas, hay cosas muy raras”.

Consultado sobre el alcance de la medida, Berlanga fue contundente: “No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. El presidente de Vélez señaló que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.

En su testimonio ante la prensa, Berlanga también mencionó situaciones que afectan a la cúpula de la AFA: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es todo muy raro…”.

El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal fueron quienes detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.

La querella argumentó que la omisión sistemática de pagos no respondía a problemas financieros. El análisis contable mostró que la Asociación del Fútbol Argentino recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese periodo, la directiva constituyó diversos plazos fijos tanto en pesos como en dólares. ARCA concluyó que los implicados disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.

El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia intentó obtener la nulidad de la citación judicial con una excepción de falta de acción, argumentando que las deudas fiscales no eran exigibles al momento de los hechos y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.

La acusación descartó la posibilidad de un error administrativo y sostuvo que la omisión de pagos durante un periodo de 19 meses demostraba una acción concertada de las autoridades. Las auditorías de balance, que reflejaban deudas fiscales millonarias, llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes presentaban y avalaban esos informes ante la asamblea.

Los testimonios del 10 de febrero revelaron el funcionamiento interno para el pago de tributos. Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, indicaron que los pagos dependían siempre de las instrucciones verbales, personales o telefónicas del tesorero. Bouvet explicó que su área notificaba los vencimientos y la deuda acumulada, a la espera de la orden precisa de Pablo Toviggino para emitir los volantes electrónicos de pago. Los compromisos fiscales se afrontaban con fondos provenientes de cuentas oficiales del Banco Credicoop, exigiendo la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como el único responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.

El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la asociación. El día 6 será el turno de Toviggino y Gustavo Lorenzo, mientras que el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene pendiente resolver el recurso presentado por la defensa, que había apelado la negativa al pedido de sobreseimiento antes de la firma de las citaciones. El juez desestimó el cierre del expediente, dando la razón a ARCA y a la fiscalía, quienes afirmaron que el delito se encontraba plenamente configurado.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). EFE/Luciano González

El juez Diego Amarante autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a salir de Argentina con una fianza de $5.000.000 para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil en el marco de la causa por presunta evasión impositiva.

La decisión judicial impone condiciones estrictas: Tapia deberá notificar su regreso al país a través del sistema LEX100 dentro de las 48 horas posteriores y presentar el comprobante migratorio respectivo. En caso de incumplir, se ejecutará la fianza y se ordenará su captura.

Hasta ahora, el dirigente tenía prohibido abandonar el territorio nacional como medida para asegurar su presencia en los actos judiciales vinculados con el expediente que investiga la presunta retención indebida de aportes.

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 había avalado el pedido de la defensa el 20 de febrero bajo la condición de que se fijara una caución económica, que fue depositada electrónicamente en el Banco de la Nación Argentina.

Durante su viaje, Tapia participará en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego intervendrá en una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Las notificaciones sobre la restricción migratoria involucraron a SIFCOP, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones.

El itinerario autorizado se extiende del 23 al 28 de febrero de 2026. Tapia deberá alojarse en un hotel de cuatro estrellas en Colombia y de tres estrellas en Brasil, y sus compromisos no interfieren con las audiencias indagatorias pautadas en la causa. (Infobae)

El Tribunal de Disciplina de la AFA decretó este jueves un perdón general para los futbolistas con inhabilitaciones pendientes del Torneo Clausura 2025. Esta disposición oficial habilita a los integrantes del plantel de Estudiantes de La Plata para el comienzo del nuevo campeonato de la Liga Profesional.

Qué decidió la AFA sobre la sanción a Estudiantes por el “espaldarazo” a Central

La autoridad disciplinaria resolvió la aplicación de un perdón amplio para todos los futbolistas y miembros de cuerpos técnicos con sanciones sin cumplir. El beneficio alcanza a los protagonistas de la temporada 2025.

Los directivos de los clubes formularon el pedido ante el comité ejecutivo y la entidad rectora ratificó la decisión mediante la publicación del Boletín Oficial 6818. La conducción del tribunal, con Fernando Mitjans en la presidencia y Sergio Fernández en la vicepresidencia, comunicó la instrumentación de la amnistía tras completar el traslado burocrático de la norma este jueves.

Estudiantes de La Plata figura como la institución con mayor provecho ante esta resolución. El equipo platense contaba con nueve jugadores suspendidos por dos fechas. El origen de la pena radicó en la acción colectiva de dar la espalda a sus colegas de Rosario Central durante los octavos de final del certamen anterior.

Los futbolistas autorizados para el debut de este viernes ante Independiente son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario.

El texto del órgano de justicia deportiva determinó: “implementar la amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo, relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, que corresponden a los certámenes de la temporada 2025, y conforme su publicación en el Boletín Oficial 6818 y concordancia con el artículo 65 del Código Disciplinario”.

La norma aclara que las penas se consideran extinguidas desde el momento de la difusión del documento oficial. El alcance de la medida incluye la Copa Argentina y el resto de las competencias bajo la tutela de la entidad madre del fútbol nacional.

Quiénes son los futbolistas de la Liga Profesional que regresan a la actividad

La lista de beneficiarios en la máxima categoría del fútbol argentino abarca a 20 profesionales según los datos de El Gráfico:

Nery Domínguez (se fue a Central Córdoba de Rosario, debe tres fechas de su paso por San Lorenzo).

César Ibáñez (Huracán, acarrea dos fechas por una expulsión ante Barracas Central en el Clausura)

Ramón Arias (Tigre, también debe dos fechas por la roja ante Racing por los cuartos de final del Clausura)

Rodrigo Fernández Cedrés (el mediocampista uruguayo de Independiente fue expulsado contra Rosario Central en la jornada 16 del Clausura).

Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario (todos deben dos fechas por su participación en el espaldazo contra Rosario Central).

Jhohan Romaña (San Lorenzo, acumula una jornada por la tarjeta roja ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, por los octavos de final del Clausura).

Ignacio Malcorra (ex Rosario Central) por las dos de la sanción ante Independiente en la fecha 16 del Clausura (le dieron dos y cumplió una)

Ignacio Galván (Atlético Tucumán) recibió tres fechas por la roja ante Independiente en la fecha 14 del Clausura y ya cumplió dos.

Iván Guaraz (Barracas Central) debe una fecha por la expulsión ante Deportivo Riestra

Alexis Soto (Defensa y Justicia, recientemente presentado en Rosario Central) fue suspendido por tres fechas ante Huracán en la fecha 14. Debe una.

Fuente: La Nación 

La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial clave. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.

La decisión, tomada el viernes pasado, habilita a los abogados de la ex AFIP a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

Para comprender la magnitud del caso, es necesario desglosar cómo se gestó el expediente y su avance.

La causa nació de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.

Ante la gravedad de los hechos y el peligro en la demora de la recolección de pruebas, el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero. Esta medida implica levantar el receso de verano para que el juzgado siga operativo y tramite la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.

El juez Diego Amarante lleva la investigación contra la AFA por evasión de impuestos y retención de aportes.

Según el documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

El detalle de los números es contundente. Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones , mientras que por aportes de la Seguridad Social (lo que se les descuenta a los empleados de los clubes), la cifra escala a más de $8.600 millones.

En su presentación judicial, ARCA fue tajante sobre la maniobra: “La Asociación del Fútbol Argentino conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”. Para el fisco, esto no es una simple deuda, sino una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que esos fondos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.

Con la feria habilitada, el expediente avanza a ritmo acelerado. El fiscal Navas Rial ya imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia.

En tanto, el juez Amarante ya ordenó una batería de medidas de prueba para reconstruir la “ruta del dinero”: libró oficios al Banco Central (BCRA) y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA para cotejar las fechas de los movimientos financieros y determinar si la entidad “bicicleteó” los fondos para obtener rendimientos financieros mientras postergaba sus obligaciones fiscales.

La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente, aunque por el momento no solicitó medidas ni presentó descargos de fondo.

Movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas marcan la administración de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su cuenta en Estados Unidos. Según una investigación de La Nación, al menos USD 42 millones distribuidos desde esa cuenta llegaron a cuatro sociedades registradas en Florida que carecen de empleados y actividades declaradas, cuyos titulares presentan antecedentes de insolvencia y relaciones sociales poco vinculadas al mundo empresarial. Estas operaciones se suman a un circuito bancario global que en cuatro años canalizó más de USD 260 millones, sin transparencia suficiente sobre el destino final de los fondos ni sus verdaderos beneficiarios.

La pieza central de esta estructura financiera es TourProdEnter LLC, una firma fundada en agosto de 2021 en Florida que, a los pocos meses de su creación, se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. Bajo un contrato aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, la empresa quedó a cargo de recaudar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y, tras deducir comisiones, transferir los excedentes a la AFA. En ese período, TourProdEnter LLC manejó más de USD 260 millones a través de cuentas abiertas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan, según surge de registros bancarios confidenciales.

Los ingresos canalizados por TourProdEnter provenían en su mayoría de empresas patrocinadoras y compañías vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, cuyas transferencias en Bank of America sumaron USD 78,6 millones. También destaca la participación de Argentina Football Distribution (encargada del streaming AFA Play) y Reporter Broadcasting Company, que explican parte importante de los ingresos. Sin embargo, no todo el flujo se dirigió a actividades institucionales: una fracción considerable tuvo como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario para la operatoria de cambio de bonos, pasando por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina.

Portavoces de Adcap Uruguay reconocieron su función como agente financiero y afirmaron a La Nación que sus transacciones encuadraron en la normativa vigente y se respaldaron documentalmente, asegurando que los fondos provenientes de TourProdEnter LLC se transferían a cuentas de la AFA en bancos argentinos tras liquidar bonos. Sin embargo, en los balances oficiales de la AFA –presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ)– sólo consta una mención a TourProdEnter LLC, identificada como deudora, y sin señalar su rol en la estructura internacional de cobros y pagos.

Al menos USD 42 millones se depositaron en Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones), sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida que carecen de empleados, no registran actividad comercial y muestran los rasgos de “sociedades fantasma” utilizadas como vehículo para canalizar fondos a individuos no identificados.

Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en Bariloche, Argentina, cuyos perfiles resultan inusuales para el manejo de sumas tan elevadas: beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y sujetos con deudas importantes en el sistema financiero.

Por ejemplo, Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, enfrenta deudas millonarias en Argentina y trabaja en una farmacia en Bariloche. Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, también reside en esa ciudad y cuenta con antecedentes judiciales y bancarios negativos. Un patrón similar se observa en el caso de Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y su pareja Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude, con el proceso cerrado por ausencia de activos. Al ser consultado, Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y aseguró que su papel era únicamente el de “manager”.

La Justicia cerca a la AFA. Hoy será un día importante para la causa porque declararán dos de los presuntos testaferros de Tapia

Las direcciones registradas en Miami para estas sociedades corresponden a servicios de “oficina virtual” ofrecidos en alquiler temporal, y no se encuentran en los listados de empresas del edificio donde constan como domiciliadas. Además, dos de las firmas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas..

Allegados a la administradora de TourProdEnter afirmaron que esa firma cumple con la organización logística y financiera de la AFA según lo estipulado por contrato. Por parte de Adcap Uruguay, voceros insistieron en la regularidad y formalidad de sus operaciones. Intentos de contactar a los titulares de las sociedades señaladas resultaron infructuosos.

En los balances de la AFA entregados a la IGJ, TourProdEnter LLC aparece mencionada por primera vez en junio de 2024 como deudora con un saldo pendiente de 13.296 millones de pesos (equivalente a USD 14,5 millones a la cotización oficial de ese momento), encabezando la lista de empresas de sponsorización con deuda hacia la entidad.

El documento fue aprobado en asamblea presidida por Claudio Tapia, quien destacó el alcance del “fair play financiero” y la renegociación de contratos de sponsors. Sin embargo, hasta entonces en los balances la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas que impedían identificar a los actores individuales y rastrear el flujo de dinero.

El incremento de ingresos por sponsorización desde 2021 coincidió con los éxitos deportivos y con la consolidación del acuerdo con TourProdEnter LLC, aunque la divergencia entre las transferencias gestionadas fuera del país y su reflejo incompleto en los balances oficiales ha generado una zona gris, reconocida incluso por autoridades de la IGJ, que advierten la ausencia de desagregación como un obstáculo para la interpretación legal y pública.

Dentro de la AFA, Tapia y su equipo defendieron la gestión financiera y el superávit obtenido tras el Mundial de Qatar, justificando la operatoria internacional como respuesta al cepo cambiario en Argentina. No obstante, la negativa a transparentar la trazabilidad y a identificar a los beneficiarios finales de las transferencias mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema montado.

En el seguimiento de estos movimientos societarios, se verificó que una de las LLC receptoras, Velp, recibió incluso una transferencia relevante incluso después de haber sido oficialmente disuelta, lo que refuerza las dudas sobre el destino último de los fondos y la transparencia de todo el entramado financiero.

Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, presuntos testaferros de Tapia, en el centro de la foto

La investigación que realiza la Justicia argentina por presunto lavado de dinero en torno a la propiedad de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, podría tomar un giro relevante este lunes, cuando Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte comparezcan por primera vez ante el juez Marcelo Aguinsky. Ambos están acusados de oficiar como testaferros de los principales dirigentes de la AFA, que serían lo verdaderos dueños de la casona.

El juez Aguinsky inició su investigación instruyendo notificar a Pantano y Conte que tenían la posibilidad de declarar, junto a su abogado Mariano Morán. Ellos eligieron hacerlo, a pesar de no estar formalmente obligados, y se conectarán por videoconferencia a las 11 horas. Sus participaciones no tienen el carácter de indagatoria ni de testimonio común, sino que responden al artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual otorga al imputado el derecho a explicar los hechos y proponer pruebas.

Las pesquisas contra Pantano y Conte se centran en su sociedad, Real Central SRL, titular no solo de la mansión investigada, sino también de cincuenta y cuatro vehículos de lujo y colección y de una residencia en el barrio Ayres Plaza de Pilar. Durante la instrucción, la justicia procedió a levantar el secreto fiscal, bancario y tributario de ambos, constatando que ni Pantano ni Conte presentan fondos declarados ni capacidad contributiva acorde con el valor y volumen de los bienes a su nombre. Esta comprobación ha reforzado la hipótesis judicial de que ambos serían prestanombres. (Infobae)

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, rechazó hoy el pedido de la diputada porteña Graciela Ocaña para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y en la Liga Profesional de Fútbol.

La solicitud, presentada formalmente por la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscaba que se nombrara un veedor encargado de garantizar que la gestión de la AFA y de la Superliga se mantuviera dentro del marco legal y no se utilizara para la comisión de delitos. El organismo fundamentó su decisión en aspectos legales y procesales, según pudo reconstruir Infobae a partir de la resolución oficial.

En el escrito presentado, Ocaña pidió a la IGJ que tomara cartas en el asunto con el argumento de que la veeduría no afectaría la relación entre la AFA y la FIFA, ni perjudicaría a la Selección Nacional ni a los clubes.

La decisión puso un marco a la actuación de la IGJ, que la semana pasada envió una intimación a la AFA y la Liga Profesional de Fútbol para que expliquen los balances. En esa actuación, también citó a los auditores que firmaron los documentos.

El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, rechazó el pedido de la diputada Ocaña

“Las funciones que se le asignen a ese veedor sólo serían un impedimento para que la AFA delinca o viole la ley, como lo habría hecho hasta ahora a tenor de las investigaciones y las pruebas que están siendo obtenidas por la Justicia en diversos procesos”, planteó la legisladora en el documento al que accedió este medio. El mismo pedido se extendió a la estructura de la Liga Profesional del Fútbol.

La IGJ respondió que la solicitud resultaba “prematura” y detalló una serie de fundamentos jurídicos y administrativos. El organismo explicó que hasta el momento no recibió respuesta de la AFA ni de la Superliga a requerimientos de explicaciones sobre varios rubros observados en los balances presentados. Esa falta de contestación, según la resolución, imposibilita avanzar en una medida extraordinaria como la designación de un veedor. La presentación de Ocaña se evaluó en el marco de procesos administrativos abiertos, en los que todavía quedan instancias pendientes.

Otro de los puntos clave expuestos por la IGJ en su pronunciamiento es que no posee competencia para ordenar una intervención administrativa —ni siquiera en grado de veeduría— sobre asociaciones civiles como la AFA y la Superliga. El organismo aclaró que esas atribuciones recaen exclusivamente en el Ministerio de Justicia. En la documentación oficial se detalla: “La IGJ no es competente para disponer una intervención administrativa (aún en grado de veeduría) en asociaciones civiles como son la AFA y la Superliga, sino que ello es resorte exclusivo del Ministerio de Justicia”.

La Inspección General de Justicia también remarcó que no puede recomendar la designación de un veedor mientras no hayan vencido los plazos legales para que las entidades y los profesionales que firmaron los estados contables respondan a las intimaciones. Ese plazo se extenderá hasta fines de enero de 2026. Por eso, cualquier avance en ese sentido podría superponerse con otros procedimientos y afectar investigaciones judiciales ya en curso. “Recomendar la designación de un veedor en este momento podría interferir en otras medidas dispuestas por tribunales judiciales que investigan eventuales ilícitos”, señala la resolución.

La IGJ agregó que “momentáneamente no están dadas las condiciones para una veeduría” y subrayó que tampoco tiene facultades para solicitar una veeduría con los alcances reclamados por Ocaña, puesto que el pedido fue calificado como “absolutamente genérico” y sin referencia a hechos concretos que pudieran dar lugar a la intervención de un veedor informante. De acuerdo a la resolución, la solicitud de la diputada no se vincula a cuestiones específicas, sino a un control global sobre la regularidad de las entidades, algo que excede las competencias del organismo.

La presentación de la diputada se produjo en un contexto de creciente atención pública sobre la situación institucional de la AFA. En los últimos años, la entidad ha estado bajo el foco judicial por diversas causas que motivaron investigaciones sobre su funcionamiento y sus balances. En ese marco, la solicitud de Ocaña apuntó a crear un nuevo mecanismo de supervisión, aunque la IGJ optó por mantener el proceso administrativo vigente hasta que se cumplan los plazos legales y se reciban las respuestas formales de la AFA y la Superliga.

La resolución oficial de la IGJ deja en claro que cualquier medida de fiscalización extraordinaria sobre la AFA y la Superliga deberá esperar la finalización de los procedimientos administrativos en marcha. Una vez que las entidades respondan a los requerimientos, el organismo analizará los próximos pasos, aunque la competencia para intervenir de manera directa recae en otras instancias del Ministerio de Justicia.

El rechazo al pedido de Graciela Ocaña deja en evidencia los límites legales para la intervención estatal en asociaciones civiles deportivas y expone el delicado equilibrio entre la fiscalización pública y la autonomía institucional del fútbol argentino. La atención queda ahora puesta en las respuestas que brinden la AFA y la Superliga antes del cierre de enero de 2026 y en las eventuales decisiones que pueda adoptar la Justicia en los procesos abiertos.

En una nueva embestida contra Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a que den explicaciones sobre sus balances contables y financieros.

Según anticiparon en un comunicado, pedirán documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.

El escrito que se publicó recientemente señalaron que “se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.

“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro”, siguió el comunicado.

Y completaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ. La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”.

Así, se trata de una nueva embestida por parte del Gobierno que el último lunes, a través de Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la entidad del fútbol argentino ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización.

En esta presentación se pide una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según dijo Bullrich, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por Conmbeol.

Todo esto se da en el marco de una investigación que llueva adelante el juez a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, que investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal), investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

Según la presentación, esta empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, harás con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.

El dominio de este inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por el ex futbolista de Boca Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Justamente, donde se apunta que los socios de esta última fueron señalados son presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la ex secretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al ex director general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.

La denuncia también pone el foco en las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. De acuerdo con el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de manera directa por un monto aproximado de USD 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR.

El documento oficial destaca que la empresa es de “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación”, pero la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con ex directivos del organismo.

Esta concatenación entre contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor plantea, según la presentación, “serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios exigidos a los dirigentes de una federación miembro de la CONMEBOL”.

A todo esto, desde la AFA denunciaron que hay "evidente persecución política" contra las autoridades de la entidad. En ese sentido, sostuvieron que “tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich”.

“Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención”, remarcaron.

En tanto, también cuestionaron la intención que han mostrado desde el Poder Ejecutivo en avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, “en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro”.

Y completaron: “Al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas América), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien. Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna“.

Fuente: Infobae

El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy el allanamiento de la mansión de Villa Rosa, Pilar, denunciada como de propiedad de supuestos testaferros del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

El procedimiento comenzó a primera hora de la mañana y se encuentran en el lugar seis peritos designados para efectuar la tasación de la finca, 3 de la Corte Suprema de Justicia y 3 del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Además se ordenó filmar la totalidad del predio y tomar fotografías, informaron a Infobae fuentes judiciales. En caso de hallarse vehículos u otros bienes suntuarios también se los tasará y relevará.

Desde el inicio de la causa judicial el lugar se encuentra custodiado por la Policía Federal y según un informe recibido por el juzgado, la sociedad investigada tiene 59 vehículos a su nombre, algunos de alta gama y otros de colección. Se sospecha podrían estar en galpones dentro de esa finca.

La mansión está a nombre de la sociedad “Real Central SA” de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada.

Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, la casa fue adquirida por Carlos Tevez en julio de 2017, seis años más tarde se vendió a la firma MALTE SRL y menos de un año después, el 30 de mayo de 2024 la adquirió “Real Central SRL” de Pantano y su madre Conte, los actuales propietarios.

El juez Rafecas amplió la investigación y levantó el secreto fiscal de “MALTE SRL”.

De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la propiedad tiene desde pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas.

Este procedimiento se suma a otro ordenado ayer en un barrio privado de Pilar donde hay dos propiedades a nombre de esa misma sociedad y en la que el resultado fue “positivo” con secuestro de documentación, como por ejemplo comprobantes de pagos de expensas a nombre de la sociedad “Real Central” durante 2025 pero de otra empresa, “WICCA SA”, durante 2024, explicaron las fuentes.

A raíz de eso, el juez Rafecas ordenó ayer otro allanamiento a las oficinas de administración del barrio privado “Ayres Plaza” de Pilar.

El juez federal Daniel Rafecas está a cargo de la causa por la mansión en Pilar adjudicada a supuestos testaferros de Chiqui Tapia

Pantano y su madre tienen ya prohibido salir del país y se inhibieron sus bienes y cuentas bancarias

El hombre fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos.

Su madre es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

La empresa a nombre de ambos compró el predio de Villa Rosa, de 105.000 hectáreas, sede de la mansión.

Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.

Las sospechas sobre quiénes serían los verdaderos dueños de la propiedad y los autos de lujo llegan a partir de testimonios de vecinos, que dicen haber visto al presidente de la AFA frecuentemente en ese lugar, según la denuncia.