La paritaria pactada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) continúa sin homologarse por el ministerio de Capital Humano a través de la secretaría de Trabajo, lo que generó la reacción del gremio que lidera Armando Cavalieri.

Más allá de las protestas formales, el sindicato de mercantiles aprovechará la marcha a la Plaza de Mayo, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), para expresar su malestar por la postura del gobierno en torno a su negociación salarial.

La Casa Rosada no cuestionó el acuerdo del 5,4% para los meses de abril, mayo y junio, más el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías, sino la cuota solidaria del 2,5% en lugar del 2% del tope que puso la reforma laboral, como así también el aumento del aporte patronal a OSECAC de $8.500 a $28.000.

Sobre la cuota solidaria, desde el gobierno sostienen que, si bien no es un costo para el empleador, es un incumplimiento de los límites fijados por la nueva ley laboral y es un precedente para otros gremios. Para FAECYS, en cambio, la cuota es necesaria para sostener la estructura sindical, por eso judicializó la medida y existe una cautelar que mantiene por el momento estos aportes solidarios, 2% al gremio y 0,5% a la Federación (que es la que nuclea a todas las seccionales del país).

En cuanto a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) es el más conflictivo, ya que pasar de $8.500 a $28.000 significa una suba del 230% como aporte patronal. Fuentes oficiales consideraron “excesiva” la suba y que no está vinculada a la recomposición salarial, a la vez que aumenta el costo laboral en un contexto de ajuste. Asimismo, estimaron que son unos $33.000 millones mensuales para la obra social mercantil.

Para Cavalieri, “sin homologación, se demora el salario”, subrayando que “hay empresas que pueden desconocer el acuerdo y no pagar la actualización salarial que fue aceptada por las cámaras empresariales”. Si continúa demorada la homologación, el gremio amenazó con reclamar la reapertura de la paritaria.

Por ahora, la mayoría de las empresas están cumpliendo con el aumento como está establecido, evitando reclamos posteriores o medidas de fuerza de la organización gremial. Desde el entorno de Cavalieri dejan entrever cierta animosidad contra FAECYS, ya que “se han homologado paritarias como la de Camineros o la de Construcción (UOCRA) sin que haya cuestionamientos de ningún tipo”.

Frente a este escenario, la Federación de Empleados de Comercio resolvió que “el 30 de abril a las 15 horas, junto con la CGT, nos movilizamos en favor del reclamo contra la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento de los asalariados”, situación que implica “pérdida de derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras”.

Detalló que “también se realizará una celebración religiosa recordando al Papa Francisco”, e informó que la columna de Comercio, que contará con la participación de delegaciones y trabajadores mercantiles de todo el país, se movilizará de manera organizada hacia Plaza de Mayo.

Por último, remarcó: “Nuestro compromiso es en defensa del trabajo digno, el empleo registrado y los derechos laborales, y convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar con unidad, conciencia y responsabilidad, confiando en que la jornada se desarrollará en un clima de tranquilidad y respeto democrático, siempre en defensa de los derechos laborales”.

Fuente: iProfesional

La CGT anunció este jueves que el próximo 30 de abril realizará una movilización a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador. Según indicó Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, será en reclamo por “la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”. Además, habrá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.

Tras una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central gremial, el triunvirato se paró delante de los periodistas y Sola se plantó frente al micrófono. “Hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Como es noticia en cada uno de los medios, cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad o la informalidad, o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo”, comenzó su discurso el representante del sector de Seguros. Lo escoltaron sus compañeros Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, y Octavio Argüello, de Camioneros.

“En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15, en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera”, detalló Sola.

Y agregó: “A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores y trabajadoras, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar”.

Ya respondiendo preguntas de los periodistas presentes, Sola resaltó que “cuando se lleva adelante una política económica, no debe ser desarraigada de lo que siente la gente”.

“Y lo que está padeciendo la gente hoy es el ajuste brutal, que no es de ahora, viene sucediendo desde el mismo momento en que este gobierno asumió. Y que sucede en el poder adquisitivo, pero también sucede en la discapacidad, en los laburantes, los jubilados, sucede en la educación, y ese malhumor social se trasunta en una manera de expresarse que cada uno de ustedes perciben en las notas que hacen”, esgrimió.

En relación a la caída del poder adquisitivo, Sola consideró “importante la defensa irrestricta la posibilidad de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales”.

“Si hay algo que este Gobierno ha hecho y siempre ha denostado es el control de precios. Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es, precisamente, el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios”, manifestó el líder sindical.

Luego, se quejó de que, para las negociaciones salariales, “el Gobierno pone un techo que está debajo de la inflación promedio”, mientras que “le cuesta muchísimo sostener la inflación en valores normales, y eso impacta directamente en el poder adquisitivo”.

Por otro lado, en relación a la judicialización de la reforma laboral, con una medida cautelar que actualmente pesa sobre más de 80 artículos de la ley, los dirigentes de la CGT consideraron que, entre otras cosas, en lo que se aprobó en el Congreso hay una “violación del principio protectorio del derecho del trabajo, donde en una relación contractual siempre el trabajador es la parte más débil que debe protegerse”.

También se refirieron a la transgresión del principio de progresividad que marcan nuestra Constitución y los tratados internacionales, que marcan que todo derecho social, una vez que se tiene ganado un derecho, no puede retroceder".

Fuente: Infobae

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió este lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

Según consta en el fallo, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, en donde argumentó que los cambios introducidos afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.

La demanda de la CGT solicita una declaración de inconstitucionalidad para artículos que modifican leyes históricas del trabajo en Argentina, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y diversas normas vinculadas con jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva y estatutos sindicales. Entre los puntos objetados se encuentran la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para las plataformas tecnológicas, la limitación de responsabilidad solidaria de empleadores, la eliminación del principio “in dubio pro operario”, cambios en estatutos de huelga y representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555).

El Gobierno consiguió un éxito político con la sanción de la reforma laboral (Foto: Tomás Cuesta/AFP)

El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo, así como por la Procuración del Tesoro de la Nación, respondió al planteo oponiendo una serie de cuestionamientos formales y sustanciales.

Entre los argumentos presentados por el Estado figuran la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores de manera directa, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta respecto a los derechos invocados y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa, señalando que la suspensión provisional de una ley afecta el interés público y la división de poderes establecida por la Constitución.

El tribunal consideró que la acción cumple con los requisitos procesales necesarios para habilitar una “acción declarativa” prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y reconoció la legitimación colectiva de la CGT para representar los intereses involucrados, de acuerdo con la jurisprudencia y las regulaciones vigentes.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Asimismo, examinó el alcance de la vía cautelar y determinó que en este contexto corresponde dictar una medida innovativa que mantenga el “status quo” con el fin de evitar eventuales daños irreparables hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

En el análisis de los artículos impugnados, el tribunal puntualizó que las objeciones planteadas refieren, entre otros aspectos, a la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por prestación de servicios, la reducción de garantías en casos de tercerización, la flexibilización en materia de jornada y vacaciones, la restricción de atribuciones sindicales, la modificación de mecanismos de extinción y cálculo indemnizatorio, así como la creación de nuevos fondos de asistencia laboral que, según la parte actora, podrían afectar la financiación de la seguridad social.

En relación al peligro en la demora para justificar la medida, el juez indicó que la posible aplicación de las normas atacadas, antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos protegidos por la norma anterior. Además, destacó que la suspensión cautelar es de carácter provisional y no afecta el debate de fondo, señalando que “la suspensión urgente de los efectos de las normas atacadas brindará mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”.

La CGT se movilizó hacia el Palacio de Tribunales para acompañar su impugnación contra la reforma laboral

El Estado Nacional también sostuvo que las reformas legislativas obedecen a una política pública dirigida a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal, pero el tribunal consideró que tales argumentos corresponden a debates de índole política que exceden la jurisdicción y concluyó que el análisis judicial deberá centrarse en la compatibilidad constitucional de la nueva legislación.

De acuerdo con lo dispuesto, la suspensión alcanza una serie de artículos detallados en la resolución judicial, los cuales incluyen modificaciones al ámbito de aplicación, condiciones salariales, protección ante despidos, nuevos marcos para jornadas laborales, licencias y protección sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo y otros estatutos sectoriales. Además, la medida es aplicable a todos los trabajadores y empleadores cuyas relaciones estén regidas por la Ley de Contrato de Trabajo y legislaciones complementarias.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), afirmó que el fallo es “algo grato para el movimiento obrero ya que la justicia laboral declaró muchos artículos, incluso más de los que habíamos presentado nosotros, como inconstitucionales”.

Andrés Rodríguez: "El fallo es un gran paso adelante"

“Ahora tiene que tramitarse la cuestión de fondo -agregó-, pero de cualquier manera es un gran paso adelante, como decíamos y sosteníamos en el movimiento obrero, que toda esta seudo-modernización laboral claramente no responde a los derechos constitucionales y vulnera muchísimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

Por su parte, el secretario de Interior de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), publicó en su cuenta de X: “Celebramos que la Justicia Nacional del Trabajo haya puesto un límite constitucional a la Reforma Laboral. El dictado de la medida cautelar permite analizar el derecho de fondo mientras se preserva la paz social. Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la protección de las leyes: la progresividad de los derechos sociales y laborales es la razón última del desarrollo económico de las naciones. Fuerza, compañeros".

El viernes pasado, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Comercio, logró un fallo que suspendió la reforma laboral en sus convenios

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos. (Infobae)

La cúpula de la CGT resolvió este miércoles concretar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.

Así lo resolvió la mesa chica después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización" hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia".

El encuentro tuvo  lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello. 

En la CGT buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

Fuente: Noticias Argentinas

La CGT inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo.

El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional por 24 sin movilización y aseguró que “la Argentina se paralizará de punta a punta”. 

En una rueda de prensa en la sede de la calle Azopardo, y junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aseguró que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

Por su parte, un grupo de gremios “duros” de la CGT (UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros), junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y sindicatos “clasistas” de izquierda, decidieron reforzar la huelga con una marcha al Congreso, tal como sucedió la semana pasada cuando la reforma laboral se trató en el Senado.

“Este proyecto de ley que estamos tratando que es de clara inconstitucionalidad, no se puede tratar en instancias extraordinarias porque solamente se discute el proyecto del Ejecutivo y a las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos”, sostuvo este miércoles el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

Lo dijo al exponer en el debate de comisión en Diputados, antes de que el proyecto se trate en el recinto este jueves. 

Se espera que con el cambio de la eliminación del polémico artículo de las licencias, el proyecto sea aprobado en Diputados y vuelva al Senado para tratarse allí la semana próxima.

En caso de convertirse en ley, el sindicalismo iniciará el trámite de la judicialización de la reforma laboral, pese a que en el camino se fueron excluyendo del expediente algunas iniciativas que generaban malestar en la CGT, como la cuota sindical.

Fuente: Noticias Argentinas 

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles en conferencia de prensa que convocará a huelga general cuando se trate en el Congreso el proyecto de ley de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, lo cual se concretaría este jueves en la Cámara de Diputados.

Los cotitulares de la central Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) encabezaron una conferencia de prensa este miércoles cerca de mediodía en la que adelantaron que este jueves “no termina nada” y anticiparon un plan de acción “si el Gobierno insiste con este modelo económico”.

“No estamos dispuestos a entregar ningún compañero ni compañera y, por sobre todas las cosas, los derechos colectivos e individuales”, expresaron.

“Todas las organizaciones que componen la CGT decimos que la medida de fuerza va a ser contundente, la Argentina va a estar parada de una punta a la otra”, remarcaron los dirigentes.

El proyecto denominado de Modernización Laboral cuenta con media sanción del Senado y podría conseguir su sanción definitiva en caso de que el oficialismo logre la mayoría en Diputados.

Sin embargo, debido a que el oficialismo aceptó realizar modificaciones adicionales en el texto durante su tratamiento en comisiones de Diputados, la ley deberá volver al Senado para su sanción definitiva tras una segunda revisión.

Luego del anuncio de la CGT con un paro general de 24 horas para el día que se trate la reforma laboral en Diputados, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza y se espera que ese día no haya colectivos, trenes, subtes ni taxis.

La decisión se conoció este lunes luego de un encuentro virtual que llevó a cabo el Consejo Directivo cegetista y confirmó el cuarto paro general que la central gremial realizará durante el gobierno de Javier Milei. La decisión se llevó a cabo de forma urgente, pensando en la intención del Poder Ejecutivo de discutir el proyecto el próximo jueves.

En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero finalmente no prosperó: se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.

En ese marco, tras el anuncio que realizó la CGT, se conoció que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente decidió unirse a la medida. Las dudas estaban puestas, ya que el pasado 10 de abril, en la última medida general de la CGT, hubo colectivos circulando con la excusa de que estaba en conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, recibió un llamado durante el fin de semana para sondear la eventual adhesión de su gremio a la medida. Tras lograr el apoyo clave, desde los tranviarios sostuvieron: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida“.

El resto de los sindicatos del transporte se sumará al paro general: desde la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes de la mano de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

Uno por uno, los gremios de transporte que se sumarán a la medida

A la medida se adhiere la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Omar Maturano como secretario general, con la confirmación de los siguientes gremios:

El Consejo Directivo de la UGATT difundió un comunicado en el que garantizó el paro total de los medios de transporte de pasajeros el día que se debata la reforma laboral en Diputados y respaldó la decisión de la CGT. En el texto institucional, firmado por Maturano, se remarcó: “En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”.

Por parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los sindicatos que impulsan la adhesión al paro son:

El malestar sindical se profundizó luego de la aprobación en el Senado del artículo 44 de la reforma laboral, que limita el derecho a percibir el salario completo durante una licencia por enfermedad o accidente no relacionado con la actividad laboral. Según el texto, los trabajadores afectados recibirán un 50% del salario, con la opción de alcanzar un 75% si la situación no se debe a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. Este recorte, según fuentes oficiales, no había sido parte del debate original y generó fuertes críticas internas y externas a la CGT.

Un dirigente de la central obrera, citado por Infobae, expresó que este artículo “vulnera los derechos individuales de los trabajadores y nunca estuvo entre los cambios que se discutieron”, marcando el descontento incluso entre sectores dialoguistas del sindicalismo.

Desde el Gobierno admiten que existe desacuerdo en torno al artículo 44 y analizan modificarlo mediante el decreto reglamentario para evitar trabas en la sanción definitiva de la ley. Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores oficialistas, justificó la inclusión del artículo señalando a TN que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, aunque dejó abierta la posibilidad de exceptuar a quienes atraviesen enfermedades graves.

La CGT advirtió en un documento interno que considera a la reforma laboral “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, y destacó el incumplimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige un tratamiento tripartito para una reforma de estas características. La central anticipó la posibilidad de recurrir a la justicia si la norma es promulgada.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, ya había anunciado un paro con movilización al Congreso el día del debate parlamentario.

La cúpula de la CGT decidió este lunes realizar un paro general cuando se trate la reforma laboral en Diputados, luego de la media sanción en el Senado. La huelga será de 24 horas sin movilización y podría desarrollarse este jueves 19 o el miércoles 25, de acuerdo a los tiempos legislativos.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Empleados del vidrio) hicieron una reunión virtual este lunes feriado para escuchar la postura de varios dirigentes que apoyan una medida de fuerza. 

Se sumaría a la huelga general el gremio UTA, que si confirma el paro de transporte ayudaría a dar contundencia a la medida de fuerza.

Desde hace varios días, muchos sindicalistas expresaron que ya no era suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras. 

Uno de los puntos que causó más oposición para la CGT es el que permite reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 30 por ciento en caso de licencia médica, aunque también les preocupa el tema de las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones. 

El oficialismo incluso fue aceptando modificaciones para poder lograr la aprobación en Diputados. Además, la regulación del derecho de huelga aparece en el horizonte como otro punto conflictivo.

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT.

Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.

El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por la decisión del triunvirato de la CGT de hacer una protesta más dura contra la reforma laboral: hay consenso interno en que no alcanza con salir nuevamente a la calle.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles próximo y proponer allí un paro general, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que Diputados sesione el jueves 19.

“El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló el jefe de un sindicato de peso. Esta versión, sin embargo, fue desmentida por allegados al triunvirato cegetista: “Sus 3 integrantes tienen decidido el paro y se anticipó la reunión de Consejo Directivo porque la sesión en la Cámara de Diputados se puede adelantar también”.

El sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.

El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19.

Aunque el ánimo de los líderes cegetistas oscila entre la resignación y el pesimismo, hay cierta expectativa en que la resistencia que surgió entre algunos aliados del oficialismo a votar cambios de último momento en el texto (como el referido a accidentes de trabajo o al cobro de los sueldos mediante las billeteras digitales) pueda obligar a que la reforma laboral no se apruebe en la Cámara de Diputados y tenga que volver al Senado.

“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”, admitió un directivo cegetista, con la mente puesta en insistir ante sus mejores interlocutores libertarios para corregir puntos de la iniciativa que “lesionan los derechos de los trabajadores”.

En la CGT creen que fue importante haber logrado dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que les permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios, pero irá por más.

La Confederación General del Trabajo (CGT) está dispuesta a romper su vínculo con el Gobierno. Convocó de urgencia a su consejo directivo para este jueves para definir “un plan de acción” ante la presentación del proyecto de ley de reforma laboral, cuyos ejes serán la flexibilización para contratar y despedir personal, limitar el ejercicio del derecho a huelga y debilitar la acción sindical.

Es probable que la CGT resuelva activar una movilización al Congreso para el día en el que se trate la iniciativa, que comenzará su camino legislativo por el Senado. “Tenemos que mostrar fortaleza. Agotar las instancias con legisladores y gobernadores y empezar a construir. No creo que sea momento de un paro, pero sí de una movilización”, dijeron  fuentes confiables del triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

A la CGT le cayó tan mal el contenido del proyecto oficial de reforma laboral como la urgencia que la senadora libertaria Patricia Bullrich le quiere imponer al debate. “No nos van a llevar de las narices”, dijo un histórico sindicalista, que conoce a la legisladora desde los tiempos de la Alianza, cuando fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa e intentó sin éxito avanzar con una iniciativa similar, que se cayó por la denuncia de sobornos a senadores. La denominada “ley Banelco”. Bullrich pretende que la iniciativa que envió Milei comience a tratarse en el Senado esta misma semana y que se trate en el recinto antes de fin de año.

La primera señal de rechazo a la iniciativa la dio Gerardo Martínez, el representante cegetista en el Consejo de Mayo. El jefe de la Uocra, que estuvo el fin de semana en Washington en reuniones vinculadas al Banco Internacional de Desarrollo, se ausentó de la presentación en la Casa Rosada de la iniciativa oficialista. “Planteamos nuestras objeciones en el consejo”, dijeron cerca del sindicalista.

La estrategia de la CGT es abrir un canal de diálogo con gobernadores y legisladores de la oposición para intentar evitar que el proyecto avance en el Congreso. Hubo reuniones con los mandatarios de Provincias Unidas y con legisladores del PJ. Pero no hay optimismo en que el proyecto se frene en el Congreso, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó como la primera minoría y selló alianzas con otros bloques dialoguistas.

El ala más dura de la central obrera no descarta activar un plan de lucha, que contemple presentaciones judiciales [consideran inconstitucional las limitaciones al derecho a huelga], pero que también se debata la posibilidad de una manifestación callejera o un nuevo paro general. La CGT ya le activó tres huelgas generales a la gestión de Milei, todas ellas con impacto dispar. Es muy probable que se resuelva una movilización al Congreso antes del fin de año.

“El borrador del proyecto de reforma laboral que envió el Gobierno es regresiva, no protege al trabajador”, consideró un abogado laboralista que asesora a por lo menos cinco gremios de peso que integran la CGT.

Jerónimo, uno de los triunviros y dirigente del Sindicato del Vidrio, rechazó públicamente la iniciativa. “El Consejo de Mayo recibió propuesta de distintos sectores, y desde el primer momento Gerardo Martínez nos planteó lo que estaban proponiendo. No estuvimos de acuerdo y no firmamos el documento final. Rechazamos la reforma laboral porque entendemos que esto no va a incorporar nuevos trabajadores al sector formal. Solamente plantea una quita de derechos colectiva e individual. Es regresiva”, planteó Jerónimo en Futurock. Y agrego, sobre uno de los puntos más polémicos de la reforma: “La indemnización no es un premio, es el esfuerzo del trabajador en la fuerza productiva de la empresa. El problema del mundo del trabajo no es ese, sino que no funciona la economía”

El debate del jueves en la CGT se anticipa tenso y caliente, ya que será el primero con las diferentes tribus después de lo que fue el recambio de autoridades, que dejó a varios dirigentes disconformes con el reparto de poder interno.

Fuente: La Nación

Mientras el Consejo de Mayo avanza en la redacción del proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso en diciembre, la nueva conducción de la CGT se prepara para definir este lunes los pasos a seguir ante un escenario que considera alarmante: buena parte del borrador retoma artículos del DNU 70 que el sindicalismo rechazó y logró frenar judicialmente.

La central obrera advierte que las modificaciones impulsadas por el oficialismo podrían convertirse en el mayor foco de confrontación desde la aprobación de la Ley Bases. La tensión creció luego de que Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y uno de los representantes cegetistas en la mesa del Consejo de Mayo, reiterara su rechazo a “cualquier intento de reforma laboral inspirada en el decreto 70/23”.

Martínez señaló que el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos “incluye compromisos laborales como eje fundamental” y recordó que el capítulo correspondiente establece que “Argentina ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente”, además de prohibir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

El dirigente advirtió que estos compromisos internacionales obligan a revisar varios artículos del proyecto de reforma laboral, los cuales, según planteó, podrían ser incompatibles con convenciones internacionales vinculadas a la libertad sindical y al derecho de huelga.

Los puntos “inaceptables” por la CGT

Fuentes del Consejo de Mayo confirmaron que existen al menos diez propuestas que la CGT considera inaceptables y que, de mantenerse en la versión final, anticipan un conflicto abierto con el Gobierno.

1. Limitación de la ultraactividad de los convenios

El proyecto fija que sólo las cláusulas “normativas” seguirían vigentes hasta que un nuevo convenio las reemplace. Las “obligacionales”, como aportes o compromisos de los empleadores hacia el sindicato, perderían validez al vencimiento del acuerdo. Para la CGT, esta medida pone en riesgo la paz social.

2. Prioridad para convenios por empresa

Los convenios de empresa o regionales pasarían a tener mayor jerarquía que los de actividad, debilitando el poder centralizado de los gremios y fortaleciendo las comisiones internas. Los acuerdos deberían ser refrendados por el sindicato, pero el cambio implicaría un reordenamiento profundo del sistema actual.

3. Limitación de las cuotas solidarias

El proyecto establece que los no afiliados ya no podrían ser obligados a pagar aportes, salvo aceptación expresa. La CGT afirma que esto golpea directamente el financiamiento de los sindicatos.

4. Regulación del derecho de huelga

Se redefine el listado de servicios esenciales y se fijan coberturas mínimas del 75% para servicios críticos y 50% para servicios trascendentales. La CGT sostiene que el planteo es más restrictivo que lo permitido por la OIT.

5. Incorporación del concepto de salarios dinámicos

La reforma propone un ítem variable para reconocer mérito, productividad o situación económica de la empresa. Desde Sanidad, Héctor Daer denuncia que esto busca “reducir el salario básico y promover criterios individualistas”.

6. Autorización obligatoria para realizar asambleas

Las empresas deberían aprobar previamente las asambleas internas, con el argumento de evitar medidas de fuerza encubiertas. La CGT afirma que esto limita la acción colectiva.

7. Cambios en el principio de norma más favorable

Aunque se mantiene el criterio, el proyecto fija reglas más objetivas de interpretación. Para el sindicalismo, esto permitirá fallos judiciales en contra de los trabajadores.

8. Banco de horas y cálculo semanal de la jornada

La iniciativa habilita redefinir la jornada mediante promedios semanales y aplicar un banco de horas pactado en convenios. La CGT teme abusos empresariales y la eliminación práctica de las horas extras.

9. Fraccionamiento de vacaciones desde 7 días

El proyecto permite dividir las vacaciones en períodos mínimos de siete días. Para el Gobierno, es flexibilidad; para los gremios, un mecanismo que amplía el margen de decisión del empleador.

10. Ampliación de infracciones por bloqueos sindicales

El texto incorpora como falta grave “instar u organizar” bloqueos, ampliando responsabilidades. Tras la Ley Bases, que ya consideró los bloqueos como injuria grave, la CGT denuncia una profundización de la criminalización de la protesta.

Fuente: Infobae

Mientras el Ejecutivo avanza en la sanción de una ley que busca desinflar la industria del juicio laboral en la Provincia, un drama histórico que se profundizó con las políticas de ajuste de la era Milei y las prácticas abusivas de los tribunales bonaerenses, se conocieron estadísticas de la eficacia administrativa que evitan llegar al ámbito laboral, sobre el que llueven críticas por fallos abusivos de dudoso rigor jurídico.

La idea, tal como ya informó este portal, es crear la instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop) en el ámbito de la Provincia. Una réplica del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) que funciona con eficacia probada en el ámbito de la Capital Federal.

En ese contexto, un informe elaborado por la CGT preocupada por el cierre de empresas que atenta contra el mantenimiento de las fuentes laborales, detectó que las intervenciones que realiza el Ministerio de Trabajo bonaerense, logran cerrar la mayor parte de los diferendos en sede administrativa, con acuerdos homologados que ponen fin al vínculo laboral entre las partes, respetando el derecho del trabajador y la razonabilidad del planteo que proteja a las pymes.

La resolución pre-judicial de litigios

Un corte estadístico en la materia, refleja la eficacia de un sistema que vela por custodiar el derecho constitucional de un trabajador a una indemnización cuando se interrumpe la relación laboral, pero atiende, además, la situación compleja financiera por la que atraviesan las empresas en contexto de crisis como el actual, sobre todo las pymes en cualquier rubro. En muchos casos, incluso, las empresas ejecutan despidos en el marco de procedimientos preventivos de crisis o directamente por cierres, lo cuál incrementa la litigiosidad.

Un corte estadístico de las intervenciones administrativas del Ministerio de Trabajo bonaerense elaborado por la CGT refleja que de cada 100 reclamos que se presentan, la abrumadora mayoría –superior al 90% de los casos- termina por firmar acuerdos que contemplan el pago de una liquidación que, como regla, se ubica sin excepción por encima del 70/80% del monto reclamado por el trabajador. La intervención oficial contempla, además, otro punto crítico del abuso habitual de los tribunales laborales de la provincia: la actualización, de la cifra sobre la base de la tasa pasiva y/o incorpora, como variable de ajuste, la cuota salarial actualizada para el sector.

Apoyo al proyecto de mediación previa obligatoria

“Todos los acuerdos se dan en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, evaluando los montos involucrados en la disputa, y un promedio de liquidación que oscila entre el 70 y el 80% reclamado por el trabajador, ajustado por Ley de Contrato de Trabajo”, le explicó a este portal una fuente del sector con participación en este tipo de trámites administrativos previos a la instancia judicial. El dato no es marginal, comparado con el abuso de los ajustes que disponen los tribunales bonaerenses alejados de lo que la ley impone (un promedio de un salario por año trabajado) para firmar resoluciones abusivas sospechadas de incrementar los costos de la transacción sin respetar siquiera la jurisprudencia de Corte vigente en la materia, con el fin de liquidar honorarios artificialmente inflados y sin sustento legal alguno.

“En los casos en que es necesario realizar un ajuste, la lógica que aplica la sede administrativa es la variación salarial del sector, sin utilizar los índices caprichosamente estrambóticos, y mayormente dispares, que aplican los tribuales de trabajo en la Provincia”, explican.

El abuso de los jueces: $350 millones por 5 años de trabajo

El descalabro bochornoso de la justicia provincial suele arrojar situaciones ciertamente insólitas en el ámbito de los tribunales de trabajo. Se replican escenas de las denominadas ‘vistas de causas’ en las que las partes intentan abordar una solución consensuada con acuerdos entre los litigantes que, de todas formas, deben aguardar “si el tribunal quiere aceptar el monto” por el que se negoció conciliar. Hay una secuencia que se repite: acuerdos aceptados por las partes en vistas de causas, que, sin embargo, cuentan con algún voto en disidencia por no ajustarse a derecho, una cifra que otros integrantes del tribunal avalaban.

Un fallo del tribunal de trabajo Nº 2 de La Plata (firmado por Juan Ignacio Orsini; Carlos Mariano Nuñez y Mauricio Javier Bordino), expone el abuso habitual al que recurre la justicia en el ámbito provincial: con 5 años de antigüedad, los letrados establecieron una indemnización de $350 millones. Una sentencia de quiebre. Es el caso de una fábrica de baterías de la región que no pueden afrontar el costo y cerrará sus puertas.

Para evitar esos abusos que alimentan la industria del juicio, contra la lógica habitual que busca desalentar una práctica para sostener las fuentes de trabajo, máximo en épocas de fuerte crisis como la actual, el Ejecutivo busca sancionar una norma para dirimir los reclamos laborales individuales y pluriindividuales, con carácter previo y obligatorio al inicio de la demanda judicial en los tribunales. Un sistema parecido al que funciona en el ámbito porteño. Y más eficaz que el actual.

La CGT se moviliza en el centro de la Ciudad de Buenos Aires con motivo del Día del Trabajador bajo la consigna de “El trabajo es sagrado”. Además, se llevó a cabo un homenaje al papa Francisco y buscan mandarle un mensaje al gobierno de Javier Milei.

Desde las 14 se concentran en pleno centro porteño, en las inmediaciones de 9 de julio y avenida Independencia. Lugo se movilizarán hasta la avenida Paseo Colón para finalizar en el Monumento Canto al Trabajo.

A la marcha se sumarán las dos CTA y los piqueteros agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que estuvieron como invitados de las últimas reuniones de la CGT, pero también saldrán a la calle los partidos de izquierda, que presionarán a los sindicalistas con el reclamo de otra huelga general.

El Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquete y se pudieron observar diferentes dispositivos con las fuerzas policiales en las inmediaciones de la movilización.

El Gobierno aplicará el protocolo antipiquete (Jaime Olivos)

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará una vez más contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei: la movilización por el Día Internacional de los Trabajadores se adelantará un día y será el 30 de abril.

Según pudo saber este diario, la marcha iniciará a partir de las 14 hs, tendrá como punto de partida la intersección entre las avenidas 9 de Julio e Independencia y finalizará en el Monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón al 800.

Luego, los dirigentes sindicales mantendrán una reunión en la que se espera la participación de gobernadores, en especial de Axel Kicillof.

El Consejo Directivo se reunió este martes a la tarde en la sede de Azopardo para definir los lineamientos de la movilización para conmemorar el 1 de Mayo.

En la previa del encuentro, Jorge Sola, secretario general de los trabajadores del seguro, remarcó que después del paro general del 10 de abril se conocieron los datos de inflación de marzo y hubo una devaluación, "dos cosas que pegan en el poder adquisitivo de los trabajadores" y que "profundiza el reclamo que estamos teniendo".

Además, sostuvo la necesidad de una mesa de diálogo con el gobierno "para hablar de inversión, producción, desarrollo y trabajo".

Por primera vez en mucho tiempo, con clima festivo por el “éxito” del paro general, la conducción de la CGT comenzó esta tarde a delinear la profundización del plan de lucha contra Javier Milei: “A este Gobierno no hay que darle respiro”, dijo Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en una reunión de unos 15 dirigentes en la sede cegetista de Azopardo 802, minutos antes de la conferencia de prensa en la que hizo un balance de la huelga.

Para el líder de los sindicatos del transporte, cada vez más endurecidos (con la excepción de los choferes de colectivos de la UTA), después de la movilización que realizará la CGT por el Día del Trabajador “hay que definir la continuidad” de las medidas de fuerza. Sus colegas estuvieron de acuerdo y el primer paso se dará el martes durante un encuentro del Consejo Directivo, citado para organizar la marcha del 1° de mayo, pero en donde se debatirá la estrategia por seguir.

Los gremialistas no creen que el Gobierno los convoque al diálogo tras el paro de este jueves y, por el contrario, descuentan que habrá represalias oficiales: la más preocupante es la intención de que se aprueben en el Congreso leyes que imponen límites y controles al poder sindical, pero también inquieta que se multipliquen las intervenciones a las obras sociales dispuestas por la Superintendencia de Servicios de Salud, que la CGT interpreta como una herramienta de intimidación.

Por eso se acentuó el clima de aprestos bélicos en la dirigencia cegetista. La propuesta de Schmid coincide con lo que piensa la mayoría. Los dialoguistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), nuevamente ausentes en la conferencia de prensa de esta tarde, quedaron en minoría, aunque se espera que concurran el martes a la reunión de Consejo Directivo para proponer alguna salida intermedia que no sea la protesta permanente.

De por sí, Sasia fue uno de los pocos que hace 3 semanas, en una reunión del Consejo Directivo, se animó a cuestionar la decisión de otro paro general sin haber intentado alguna negociación con el Gobierno. Es uno de los que cree que la huelga en sí misma no soluciona nada y que hay que agotar el camino del diálogo. Hoy, ese tipo de posturas moderadas quedaron rezagadas en la CGT.

Para la dirigencia sindical, el anunciado acuerdo con el FMI anticipa un escenario de más ajuste económico. “Esta película ya la vimos y no termina bien”, señaló a Infobae un experimentado dirigente luego de la conferencia de prensa. No se refería a la idea de seguir haciéndole paros a un gobierno, sino a las consecuencias del entendimiento con el Fondo en el bolsillo de la gente. “Si hay un cambio de esquema cambiario no queda otro que ir al de bandas lo cual generaría una devaluación, que lo único que hace es pasar a la pobreza estructural a más sectores de los que están hoy”, advirtió esta tarde el cotitular cegetista Héctor Daer al referirse a las medidas que analizaría la Casa Rosada.

En la reunión previa a la conferencia de prensa, muchos dirigentes estaban convencidos de que el paro general había sido contundente y que el funcionamiento normal de los colectivos no debilitó la medida de fuerza. Rodolfo Daer, hermano mayor de Héctor y líder del Sindicato de Alimentación, era uno de los más entusiasmados por el acatamiento a la protesta: aseguró que pese a que muchas fábricas de su actividad pusieron ómnibus para que el personal fuera a trabajar, esos vehículos iban vacíos.

Lo mismo contó a sus colegas Sergio Romero, líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA), sobre la actividad educativa “que tiene salarios por debajo del índice de pobreza”, mientras que en la CATT había mucha conformidad porque el transporte, a excepción de la UTA, acató “masivamente” el paro, según el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey.

Otros dirigentes, en privado y cuidando de no ser escuchados por sus pares, reconocieron a Infobae que la adhesión al paro fue dispar, como en las anteriores huelgas de la CGT, aunque coincidieron en que resultó mejor de lo que imaginaban debido a que esta vez trabajaron los colectiveros.

La novedad de la tarde en la CGT fue la presencia de Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, a quien se menciona como posible candidato a reemplazar a Daer en el triunvirato de la CGT cuando se renueven las autoridades en noviembre próximo. Se trata de un dirigente moderado, con una impronta dialoguista. Todavía falta mucho para el congreso cegetista, pero si llega a ser elegido le tocará el desafío de desarmar el laberinto confrontativo en que quedó encerrada hoy la central obrera.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves su tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei en rechazo a las políticas económicas llevadas adelante por Nación y para exigir paritarias libres, aumentos de las jubilaciones y la reactivación de la obra pública, entre otros puntos. La huelga comenzó a las 00 de este 10 de abril y es por 24 horas.

En la calle se siente la medida de fuerza, hay poca gente con problemas para viajar ya que no hay trenes y subtes. Los colectivos funcionan pero por momentos hay grandes filas. En tanto, los colegios están abiertos y los negocios en su mayoría levantaron sus persianas.

Con excepción de los colectivos representados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la medida de fuerza se sentirá en buena parte de los sectores de la economía debido a la adhesión de los principales gremios que integran la CGT, desde trabajadores estatales hasta sindicatos de la educación, bancarios, sanidad, camioneros, subterráneo, ferroviarios y el sector aeroportuario, entre otros, dado que también cuenta con el apoyo de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA).

La caída de los ingresos de la población y el deterioro de los haberes de los adultos mayores constituyen dos de los principales motivos que llevaron a la dirigencia gremial a tomar la decisión de convocar a una nueva huelga, la tercera en la era Milei, en rechazo al ajuste que provocó el derrumbe del consumo y la pérdida de miles de empleos en un año y medio. "Lo único que le cierra a este modelo económico es la caída de los ingresos", aseguró el triunviro Héctor Daer este miércoles a la Agencia Noticias Argentinas durante la movilización de jubilados al Congreso.

En las inmediaciones del Parlamento, el gremialista planteó que la convocatoria a la huelga tiene que ver con que "se empezaron a dar las condiciones para la movilización" ya que "comienza a socavarse el sustento social de la sociedad" y el dinero en sectores vulnerables "cada vez alcanza menos y es más costosa la posibilidad de sobrevivir". "En esto tenemos que ser claros y solicitar que así no es el camino", consideró.

Los gremios de la CGT se hicieron presentes este miércoles frente al Palacio Legislativo de la Nación para acompañar la marcha que llevan adelante los jubilados desde hace meses para reclamarle a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una actualización del bono y del haber jubilatorio. La asistencia a la protesta de esta tarde era parte de las medidas de fuerza anunciadas por la central obrera a mediados de marzo.

El paro de este jueves fue confirmado por Daer el mes pasado. El objetivo que persigue la huelga es, por un lado, exigir al Gobierno "la libertad para negociar paritarias, libres y homologadas", en un contexto en que la administración libertaria presiona para que los acuerdos salariales se ubiquen por debajo de la inflación mensual prevista.

La CGT también reclamará por "un aumento de emergencia a los jubilados" y el respaldo a la discusión que se dará en el Congreso sobre la actualización del bono de $70.000.

Además exigirán que se vuelva a discutir las asignaciones familiares, como también la necesidad de que se genere un "programa de defensa del sector productivo de la Argentina, porque no puede ser que tengamos un efecto dominó por causas macroeconómicas y por la apertura indiscriminada de la economía".

Por otro lado, plantearán la necesidad de que se reactive la obra pública, paralizada por el gobierno de Milei. "Hay un montón de obras que están en un 80 u 90% y han sido paralizadas por decisión política. Es más perjudicial dejarlas paradas que terminarlas. En muchos casos son viviendas que es la única forma de acceder que tienen los sectores populares, tanto trabajadores como los más vulnerables", dijo en aquel momento Daer.

De la medida de fuerza participan gran parte de los gremios que actualmente integran la Confederación General del Trabajo (CGT) y las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), con excepción de los colectivos urbanos. Uno por uno, los servicios que adhieren al paro.

No habrá atención al público en ninguna entidad financiera. La Asociación Bancaria confirmó que la única operatividad posible será a través de home banking o aplicaciones móviles. La medida afectará tanto a bancos públicos como privados.

No habrá reparto de correspondencia por parte del Correo Argentino ni de empresas privadas. En cambio, repartidores autónomos que operan bajo plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, podrían continuar con sus tareas.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó su participación.

También se sumarán gremios universitarios, como CONADU, lo que afectará la actividad académica en las instituciones de educación superior.

Los hospitales mantendrán guardias mínimas, garantizando atención solo para urgencias y consultas espontáneas. El funcionamiento regular en hospitales y centros médicos se verá interrumpido debido a la participación de los sindicatos UPCN y ATE.

Permanecerá suspendida durante todo el jueves, retomando su funcionamiento normal a partir de las 00:00 del viernes 11. No obstante, pueden registrarse excepciones en localidades donde la recolección es gestionada directamente por los municipios.

Aunque el gremio del sector impulsa la protesta, las cámaras empresarias anunciaron que intentarán mantener una atención parcial al público durante el día.

El Sindicato de Empleados de Comercio no confirmó formalmente su adhesión. Se anticipa un esquema de atención parcial, con personal reducido en muchos casos. La apertura de comercios de cercanía dependerá del funcionamiento del transporte público.

En el sector gastronómico, el gremio se adhiere parcialmente. Algunas seccionales, como la de la Ciudad de Buenos Aires, no participarán, lo que podría permitir el funcionamiento de ciertos locales, aunque con operatividad reducida.

Los 19 gremios portuarios confirmaron su participación, lo que llevará a la paralización de actividades en los puertos y afectará el comercio exterior. También se verá limitado el transporte de mercaderías, diarios, revistas y el suministro de combustibles. Las empresas que operan fuera de las cámaras tradicionales podrían mantener operativos sus servicios.

En la antesala del tercer paro general contra la administración de Javier Milei, la zona del Congreso Nacional se convirtió este miércoles en el epicentro de una nueva protesta social. Como cada semana, jubilados y pensionados se movilizaron para reclamar una recomposición urgente de sus haberes.

Las calles son de los jubilados y jubiladas.Marcha junto a la CGT y sindicatos en la previa del Paro General en Argentina. Vídeo: @luzpelit0 pic.twitter.com/7DSq9Fzoo9

Esta vez, sin embargo, estuvieron acompañados por dirigentes y columnas de la CGT, las CTA y otros sindicatos, en una antesala caliente al paro convocado para este jueves. El operativo de seguridad desplegado en la zona fue imponente, especialmente después de la tensión generada por la represión en la marcha del pasado 12 de marzo.

En esa oportunidad, la protesta terminó con heridos, detenidos y destrozos, tras una fuerte intervención de las fuerzas federales. Para esta jornada, el juez Roberto Gallardo prohibió expresamente su participación, tras un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN. La medida judicial dejó la seguridad del operativo en manos del Gobierno porteño, lo que desató una fuerte reacción del Ministerio de Seguridad, que denunció al magistrado por supuesta intromisión en la división de poderes.

En paralelo a la movilización, la Cámara de Diputados trataba reformas previsionales, lo que agregó un condimento más al malestar de los manifestantes. “Reclamamos paritarias libres, homologación de convenios, aumentos de emergencia para jubilaciones y pensiones, actualización del bono y el fin de la represión a la protesta social”, expresó la CGT en un comunicado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se metió en la discusión con críticas dirigidas al sindicalismo. "Nadie destruyó tanto el poder adquisitivo como Alberto Fernández, a quien no le hicieron un solo paro", apuntó, y agregó que “este es el tercer paro que la gente rechaza, aborrece y confirma lo que detesta el sindicalismo argentino”.

En marcha de lxs jubiladxs, que sacaron de inmovilidad total a la CGT. Salir con ellxs a las calles es hacerlo contra toda política hambreadora,represiva y entreguista. Se escuchó reclamo de #PlanDeLucha #HuelgaGeneral, con 1 paro aislado no alcanza #BastaDeAjuste #FueraBullrich pic.twitter.com/agcPEkj2Zd

La manifestación se desarrolla con tensión creciente, no solo por la presencia policial sino también por la discusión política que la rodea. El Gobierno intenta minimizar el impacto del paro y desacreditar a los gremios, mientras los sectores movilizados denuncian un ajuste que golpea con dureza al poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados.

La jornada marca una nueva escalada en el conflicto entre el oficialismo y las organizaciones sociales y sindicales, en un contexto de creciente malestar por los recortes y la inflación. La atención ahora se centra en el paro de este jueves, que buscará visibilizar el rechazo al rumbo económico y social del Gobierno.

El encuentro de los dirigentes que integran la conducción de la entidad de la calle Azopardo anunció una nueva medida de fuerza a nivel nacional. 

Este, será el tercer paro contra la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei.

Tras tomarse la decisión, habrá movilización el 9 de abril y paro general por 24 horas el 10 de abril.

En tanto, también se confirmó la participación de la marcha del 24 de marzo.

La CGT cumpliría con su anunciado paro general el 8 de abril próximo, y reunirá a su Consejo Directivo esta semana para resolver la modalidad que tendrá esa medida de fuerza, ya que algunos dirigentes quieren que sea acompañada por una movilización.

El ala más combativa de la central fue la que motorizó un planteo para que los jefes sindicales declaren una nueva medida de fuerza de alcance nacional en la próxima reunión de Consejo Directivo, que tendrá lugar el jueves próximo.

Si bien la reunión del jueves definirá la modalidad y alcance del paro -si es acompañado por una movilización, y si esta es al Congreso o a Plaza de Mayo-, fuentes gremiales dejaron trascender hoy que la medida de fuerza será el 8 y el anuncio se realizará tras la deliberación del Consejo Directivo.

Uno de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) había anunciado al finalizar la semana que la CGT haría un nuevo paro general antes del 10 de abril.

Precisamente el viernes pasado, Daer recibió en el Salón Felipe Vallese a la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la que Juan Grabois es fundador, y desde el estrado anunció que la CGT había decidido convocar a un nuevo paro general "antes del 10 de abril".

Junto a Daer y a la dirigencia de la UTEP se encontraban importantes dirigentes cegetistas como Hugo Moyano (camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), y José Luis Lingeri (obras sanitarias), que aplaudieron entusiastas el anuncio.

Los ánimos puertas adentro de la CGT subieron de tono luego de la marcha de protesta del miércoles último frente al Congreso, que estuvo marcada por una fuerte represión y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

De concretarse la medida de fuerza, la CGT realizaría el 8 de abril su tercera huelga general desde que asumió Javier Milei la presidencia.

La primera tuvo lugar el 24 de enero de 2024 y el 9 de mayo último se llevó a cabo la segunda, ambas con fuerte adhesión al contar con un paro casi total del transporte público.

Fuente: Noticias Argentinas

La CGT ya le puso proa a su tercer paro general contra Javier Milei: será antes del 10 de abril. Lo anunció esta tarde el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad), durante el congreso nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), realizado en la sede de Azopardo 802, con la presencia de los principales líderes de la central obrera, incluido Hugo Moyano, el titular del Sindicato de Camioneros, hasta ahora de actitud moderada.

La propuesta del paro, según aclaró Daer, será debatida el jueves próximo en una reunión del Consejo Directivo de la CGT y luego refrendada durante un plenario de delegaciones regionales.

En diálogo con el móvil de Infobae en Vivo, Daer confirmó que esperan realizar la medida de fuerza antes del 10 de abril porque quieren evitar coincidir con el feriado del 2 de abril y la tradicional marcha de los jubilados que se realiza los días miércoles.

Al ser consultado por los motivos del paro, el sindicalista hizo un repaso de las declaraciones que dio Javier Milei en Davos, las cuales repudió, y denunció que el Gobierno “pisa las paritarias”. “Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, aseguró.

Como anticipó Infobae, si bien la mesa chica de la CGT había fijado el martes pasado un plan gradual para decidir una medida de fuerza, los graves incidentes durante la marcha de los jubilados ante el Congreso, con presencia de barrabravas, La Cámpora y activistas de izquierda, llevaron a la cúpula cegetista a avanzar en las definiciones más drásticas contra el Gobierno.

Al cerrar el congreso de la UTEP, Daer señaló que “este gobierno no se pone colorado cuando dice en Davos que va a eliminar el femicidio” y que apunta a “revisar la historia reciente nuestra donde nosotros pedimos memoria y justicia, memoria, verdad y justicia y ellos quieren otro relato, otra construcción social individual, distinta a la construcción social que la cultura argentina adoptó a partir de mediados del siglo pasado adoptó y profundizó en nuestro país, que es la justicia social”.

Fuente: Infobae