Eran los años de esplendor del Casino Gualeguaychú. En aquel entonces, en la Capital Federal regía la ley que prohibía el juego por dinero dentro del territorio terrestre de la ciudad y, por ello, muchos grandes apostadores y personalidades del espectáculo no dudaban en viajar a la ciudad del carnaval para disfrutar de una noche de ruleta y tragamonedas. Fue recién el 8 de octubre de 1999, cuando abrió sus puertas el Casino flotante, que la situación cambió. Hasta ese momento, Gualeguaychú era una de las opciones más cercanas para quienes buscaban una noche de casino desde Buenos Aires.

Así fue como este emblemático lugar, ubicado en la planta baja y el primer piso del Hotel Embajador, sobre la calle 3 de Febrero, tuvo su auge hacia fines del siglo XX. Su crecimiento se reflejaba en las 200 personas que trabajaban a diario, de forma directa e indirecta. Era uno de los tres casinos que existían en Entre Ríos, junto con los de Colón y Paraná. Pero entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de julio sucedió un hecho que la prensa de aquel momento calificó como “el robo del siglo” y que, por muy poco, no derivó en su cierre definitivo.

En julio de 1996 estaba vigente en la Argentina la Ley de Convertibilidad, que establecía una paridad de un peso por un dólar. Por eso, los 150 mil pesos en fichas y placas que se estimó como valor del botín equivalían entonces a unos 150 mil dólares. No se trata de una actualización al valor actual ni de una comparación directa con el peso de hoy, sino de una referencia al poder de cambio que regía en aquel momento para dimensionar el monto de lo sustraído.

Un faltante y el inicio de todo

Las primeras noticias aparecieron el domingo 21 de julio. Las crónicas de la época situaron el robo en el anexo de la sala principal y señalaron que se habría producido entre las 22 del viernes y las 3 de la madrugada del sábado. Las fichas estaban en mesas de ruleta que no se encontraban habilitadas para el juego en ese momento.

Había un dato que desde el comienzo llamó la atención: no se habían encontrado puertas violentadas ni señales evidentes de que el ingreso se hubiera producido por la fuerza. La ausencia de daños en los accesos y en las mesas alimentó la hipótesis de que quien había participado del robo conocía el funcionamiento del lugar y sabía cómo moverse en sectores restringidos. La posibilidad de una colaboración desde adentro comenzó a ganar espacio en las primeras horas de la investigación que llevó adelante el juez de Instrucción N°1 Eduardo García Jurado.

Al día siguiente, la prensa informó sobre allanamientos en domicilios de personas vinculadas con el casino. Los procedimientos no habían arrojado resultados positivos, pero la investigación se extendía también hacia los empleados que habían trabajado durante el horario en que se estimaba que ocurrió el hecho. Se revisaron sus pertenencias y los cofres individuales que utilizaban en el establecimiento. El foco no estaba puesto solamente en encontrar las fichas y placas, sino en reconstruir el recorrido que habían seguido desde las mesas hasta su desaparición.

En esas primeras horas se difundió una hipótesis extraoficial que señalaba la presencia de un bolso retirado del casino alrededor de la medianoche. Se sospechaba que podía haber servido para sacar las 346 fichas y placas. La misma versión indicaba que el bolso habría ingresado antes al establecimiento con volantes promocionales destinados a invitar al público a visitar la casa de juegos, para ser distribuidos en los accesos a la ciudad. De acuerdo con aquella información, la iniciativa de los volantes había surgido de un grupo de empleados y no contaba con el respaldo del IAFAS ni de los gremios que los representaban.

La sospecha se volvió política

El jueves 25 de julio, nuevos allanamientos ordenados por García Jurado reforzaron la atención sobre el personal del casino. La hipótesis de una posible colaboración interna adquirió mayor fuerza en el debate público. La lógica era sencilla: si no se habían violentado puertas y el botín había sido retirado de un sector restringido, quien lo hubiera hecho podía contar con acceso a esos espacios o con la ayuda de alguien que conociera su funcionamiento.

La investigación se desarrollaba mientras la cuestión llegaba a los despachos políticos. El gobernador Jorge Pedro Busti se pronunció sobre el episodio y sostuvo que descartaba la privatización, inclinándose “lisa y llanamente por el cierre del casino”. La declaración convirtió el robo en algo más que un caso judicial. La continuidad de la sala de juegos quedó planteada en medio de un clima de sospechas, discusiones sobre los controles y cuestionamientos al régimen de funcionamiento de los casinos públicos.

La posibilidad del cierre generó preocupación por el destino de los trabajadores. El presidente del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, José Ingold, dijo compartir la posición del gobernador respecto de la necesidad de intervenir ante lo sucedido, aunque defendió que el establecimiento pudiera seguir funcionando después de un proceso de saneamiento. Recordó que allí trabajaban más de doscientas personas y que la mayoría cumplía sus tareas honestamente. Para Ingold, la investigación debía avanzar y los responsables de los ilícitos, si se comprobaba su participación, debían ser apartados de sus funciones.

La discusión no surgía en un vacío. En noviembre de 1994, Ingold había denunciado una presunta defraudación en perjuicio del casino. En aquel antecedente, un procesamiento dictado por García Jurado había sido revocado por la Cámara de Concepción del Uruguay. La mención de ese caso anterior alimentó las preguntas sobre los controles y las irregularidades en la institución, aunque se trataba de un expediente distinto y no debía confundirse con la investigación por el robo de julio de 1996.

Una placa en un baldío

Mientras avanzaba la investigación, apareció un elemento que volvió a instalar el caso en las noticias. En agosto, un albañil encontró en un terreno baldío una de las placas que habían sido sustraídas del casino. Las estimaciones difundidas entonces le asignaban un valor cercano a los 8.000 dólares. El hallazgo fue importante porque permitió recuperar al menos una parte de los valores desaparecidos, aunque no aclaraba quién los había retirado ni cómo había llegado la placa hasta ese lugar.

La aparición alimentó especulaciones. Algunas fuentes consideraron que quienes pudieran estar involucrados comenzaban a sentir la presión de la investigación y que esa circunstancia podía explicar que una de las placas apareciera abandonada. Era una interpretación que circulaba en aquellos días, no una conclusión judicial. La causa seguía abierta y el Juez continuaba reuniendo testimonios para reconstruir lo ocurrido.

Las cámaras y la sospecha

Entre los elementos que adquirieron mayor relevancia durante la investigación estuvo el circuito cerrado de televisión del casino. Las crónicas iniciales habían señalado que las cámaras no funcionaban, con el argumento de que la sala permanecía cerrada al público. Más adelante, esa explicación quedó atravesada por un dato difícil de ignorar: los equipos llevaban sin funcionar desde fines de 1995, pero fueron encendidos durante la noche del robo, después que se produjo.

La información publicada en septiembre de 1996 indicó que, según la investigación, una orden expresa impartida por el Jefe de Sala, a través de un teléfono interno, había hecho que los televisores y monitores se encendieran una vez ocurrido el hurto. La activación posterior fue presentada como un elemento relevante para la decisión judicial. La pregunta inevitable era por qué se había puesto en funcionamiento el sistema después de la desaparición de las fichas y placas, cuando no había servido para registrar el momento en que se produjo el faltante.

A comienzos de septiembre, García Jurado comenzó a indagar a los empleados del casino. Las publicaciones de esos días señalaron que alrededor de diez personas habían sido convocadas y que las declaraciones se extendieron hasta altas horas de la noche. Para entonces, las sospechas ya no recaían de manera general sobre el personal: la Justicia buscaba determinar qué grado de participación podía atribuirse a cada uno de los involucrados.

El 20 de septiembre de 1996, después de casi dos meses de investigación, García Jurado resolvió la situación procesal de los diez detenidos. Seis fueron procesados con prisión preventiva y cinco de ellos pertenecían al casino. Entre los alcanzados por la decisión estaban el Jefe de Sala, el Jefe de Vigilancia y tres auxiliares del sector de juego. La resolución, de unas cincuenta fojas distribuidas en cuatro cuerpos, incluyó imputaciones por asociación ilícita en concurso real con defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y en concurso ideal con violación de sellos. Uno de los seis también quedó procesado por amenazas.

Para los otros cuatro detenidos, el Juez dictó la falta de mérito; dos de ellos también eran auxiliares del casino. La decisión no equivalía a una absolución definitiva, sino que indicaba que, en esa instancia, no había elementos suficientes para sostener el procesamiento.

Dos juicios y una sentencia

Después de los procesamientos dispuestos por García Jurado, el expediente fue remitido a la Cámara del Crimen de Gualeguay, donde debía continuar el proceso hasta el juicio. La imputación que llegó a esa instancia fue la de defraudación agravada en concurso ideal con violación de sellos. Aunque seis personas habían sido procesadas en la etapa de instrucción, finalmente fueron tres los acusados que llegaron al debate oral.

Pero el camino hasta la sentencia tuvo un episodio excepcional. Hubo un primer juicio antes del año 2000, pero el debate no pudo concluir. El presidente del Tribunal, Julio Cosundino, murió mientras realizaba una tarea doméstica, poco antes de dar a conocer su veredicto. Su fallecimiento obligó a dejar sin efecto aquella instancia y a organizar un nuevo juicio, por lo que la definición del caso debió esperar.

El segundo debate, que sería el definitivo, se desarrolló a lo largo de ocho audiencias. El Tribunal estuvo integrado por Alberto Seró, Antonio Rolando Cirigliano y Dardo Tortul. Finalmente, el 6 de septiembre de 2001 se conoció la sentencia que puso fin al proceso judicial iniciado cinco años antes, cuando la desaparición de las fichas y placas había sacudido al casino y desatado una crisis que llegó hasta el gobierno provincial.

De los tres imputados que llegaron a juicio, dos fueron absueltos. El único condenado fue Sergio Bonín, de 39 años, oriundo de Federación. Recibió una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso y la obligación de realizar tareas comunitarias durante dos años en favor de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de Gualeguaychú.

En julio de 1996, el valor estimado del botín —150 mil pesos, equivalentes a unos 150 mil dólares bajo la convertibilidad— había servido para dimensionar el golpe. Pero la repercusión no se midió únicamente en dinero. Durante semanas, el caso puso en cuestión la continuidad de una institución que empleaba a más de doscientas personas, expuso tensiones entre la investigación judicial y las decisiones administrativas y obligó a las autoridades a responder por el funcionamiento de los controles.