A raíz de esto, la Justicia estableció “la inmediata clausura de la sede social” de la empresa, cuyo domicilio se encontraba en la provincia de Buenos Aires y, como parte del procedimiento, ordenó “incautar los libros, papeles y bienes que se encuentren en el lugar”, así como también “constatar el estado de ocupación e identificar eventuales ocupantes, requiriéndoles el título respectivo”.

Por otro lado, determinaron que, con motivo de la quiebra de la firma, el oficial de justicia “deberá realizar un inventario de los bienes, el cual comprenderá sólo rubros generales, encontrándose autorizado a hacer uso de la fuerza pública, allanar domicilios y requerir los servicios de un cerrajero en caso necesario, debiendo retrotraer los inmuebles a las condiciones de seguridad en que los halló”.

En el marco de la puesta en marcha de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, Vialidad Nacional avanza con el cierre contractual vigente cuyo vencimiento será el próximo 8 de abril del corriente año, momento en que se liberarán las trazas para que puedan celebrarse sobre ella nuevos contratos de concesión.

En este contexto, el organismo vial tomará posesión de las trazas actualmente concesionadas a Caminos del Río Uruguay S.A. desde el 9 de abril a las 00:00. A partir de ello, se llevará adelante el relevamiento de la infraestructura vial y de todos los bienes que forman parte de la concesión a fin de generar el cierre administrativo y labrar las actas de infracción a la empresa saliente, en caso que se detecten deficiencias o faltantes.

Seguidamente, Vialidad Nacional levantará las barreras de peaje, por lo cual, durante el período entre la finalización del actual contrato y el inicio de los siguientes, no se realizará el cobro de peajes.

En este sentido, hasta que finalice el proceso de licitación en curso y se otorgue la concesión a aquellas empresas que gestionarán los mencionados tramos Oriental y Conexión, será el organismo nacional quien llevará adelante el mantenimiento de los caminos y la operación de los servicios de emergencia que se prestan al usuario.

Además, se realizará un plan de puesta a punto de las trazas con el fin de optimizar las condiciones de circulación y seguridad vial para todos los usuarios.

Entre los trabajos que se llevarán adelante se incluyen:

Corte de pastos y desmalezado de banquinas: se realizará el corte de pastizales sobre más de 3000 hectáreas que comprenden los actuales tramos de la concesión.

Provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente: se trata de la adquisición y colocación de 4624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente que permitirá realizar trabajos de bacheo.

Remolques: en el lapso que las trazas se encuentren sin concesión, Vialidad Nacional proveerá a través de una contratación el servicio de grúas para el remolque de vehículos. Se informarán por los medios oficiales los canales de comunicación para solicitar la asistencia.

Señalización: mediante la adquisición de elementos de señalética y seguridad vial se incorporarán elementos tales como balizas, vallas, canalizadores de tránsito y tambores con material refractario que servirán para optimizar las condiciones de seguridad vial para todos los usuarios.

Vialidad Nacional “es un organismo nacional que lleva adelante un compendio de contratos con terceros, entre los que se encuentran empresas contratistas, prestadores de servicios y empresas concesionarias. Con estas últimas, el organismo actúa como autoridad de aplicación de los contratos celebrados mediante las regulaciones estipuladas para la concesión de obra pública”, mencionaron.

Finalmente, explicaron que “el personal contratado por las empresas con que se celebran los mencionados acuerdos no revisten relaciones laborales por las que el organismo tenga responsabilidad alguna ya que se encuentra establecido que la explotación resulta por cuenta y riesgo de las concesionarias, exclusivamente”.

Si las cosas mantienen el curso actual, el 9 de abril será un día traumático para una de las rutas más importantes para el comercio internacional de la Argentina. Esa jornada será recordada por quienes transiten la autopista que une Zárate con Paso de los Libres, además de un empalme en el puente Rosario-Victoria, pero también por los trabajadores, por Vialidad y por alguna que otra fuerza de seguridad.

Se trata del día después del último de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), la firma que desde los 90 está a cargo de los peajes y del mantenimiento de la vía troncal que es el principal corredor del Mercosur. En ese momento, los 500 trabajadores quedarán despedidos, ya que la sociedad que los emplea, la concesionaria, está en concurso de acreedores y todo indica que caminará mansa a la quiebra después de que se quede sin caja.

La pregunta que sigue es quién operará la ruta. Hasta ahora, la respuesta es simple: regresa a manos del Estado hasta que el proceso de concesión se termina.

Por estas horas, en las oficinas de Diagonal Sur, donde funciona Vialidad, esperan la hoja de ruta que marca el verdadero número uno informal del lugar, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de poder más cercanos a la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei.

Si no llega ninguna novedad, en el organismo vial ya informaron que los 500 empleados se quedan sin trabajo y que deberán marcharse a su casa, que se entrega la traza y que será Gendarmería la que cuide las instalaciones y la entidad la que opere la ruta. Además, hicieron saber que se van a levantar las barreras del peaje.

Al inicio del contrato, el corredor tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble. Con posterioridad se incorporaron al contrato 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la concesionaria 135 kilómetros de autovía y 532 de una sola mano.

Esta primera pseudo estatización del gobierno de Javier Milei será provisoria y durará hasta que, finalmente, se concrete la privatización del corredor. De hecho, en los últimos días de febrero se llevaron adelante las audiencias públicas para avanzar con la concesión. Sin embargo, faltan varios meses para que el proceso se complete, al punto que ni siquiera están subidos los pliegos como para presentar ofertas, además de que no se ha avanzado en ningún organigrama. Meses largos podrían terminar también en un duradero interregno de la operación estatal.

Los mismos funcionarios le dijeron a la empresa que no hay ningún plan contemplado para los empleados de la concesionaria más que marchar a sus casas y esperar que la concesión que viene vuelva a dar trabajo a quien quiera. De concretarse, este camino será toda una novedad. Hasta ahora, cuando se negociaban los cambios de concesión, los empleados de la saliente ingresaban a la que entra a prestar el servicio. Incluso, se les obligaba a respetar la antigüedad. Nada de eso está previsto por estas horas.

La situación empezó a gestar una olla de presión en la compañía que todavía opera la ruta, ya que es constante la amenaza de corte de ruta como medida de protesta. Desde el sindicato de empleados de estaciones de peaje (Sutba), que históricamente manejó Facundo Moyano, ya se manifestaron sobre el asunto. “El próximo 8 de abril vence el contrato de concesión y hasta el momento no se ha informado cómo se garantizará la continuidad laboral de los trabajadores ni quién se hará cargo de las indemnizaciones que a cada uno le corresponden por los servicios prestados en la empresa”, empieza el comunicado.

En la compañía dicen que es imposible hacer frente a las indemnizaciones, ya que sólo cuenta con el flujo que le representa la recaudación del peaje. Y la falta de actualización desde hace décadas ha llevado a que termine en concurso preventivo, además de iniciar un expediente por daños y perjuicios en el que reclama toda la falta de actualización que, según exponen en el proceso, sufrió la concesionaria.

Paradójicamente, el gobierno de Javier Milei autorizó triplicar las tarifas de los peajes que están bajo el mando de la empresa estatal Corredores Viales, pero entregó un aumento menor (las duplicó) al peaje que se cobra en las rutas de la Mesopotamia que opera Crusa.

El asunto del peaje y la inviabilidad de las concesionarias de las rutas es un tema que el Gobierno conoce de memoria. De hecho, ha planteado en la audiencia que se deberían pagar alrededor de US$2,50 de peaje cada 100 kilómetros, menos aún de lo que es la tarifa media en el mundo (US$3,50), al menos si lo que se pretende es mejorar la ruta y construir, además de mantener y operar.

Respecto de los costos laborales, también conoce perfectamente que el flujo actual impide pagar indemnizaciones. De hecho, entregó fondos frescos y extras a Corredores Viales como para que avance en un plan de retiros voluntarios. El gremio sumó otra voz al asunto de la actualización tarifaria. “Hoy, no solo como organización que defiende a los trabajadores, sino también como actores que hemos señalado las falencias del sistema vial argentino, ante el atraso tarifario del 300% que vienen sufriendo las empresas desde 2018 hasta hoy, y teniendo en cuenta que este último año bajo el Gobierno de La Libertad Avanza los aumentos prometidos no se vienen cumpliendo desde enero, nos preguntamos: ¿Qué solución le piensan dar a los usuarios que vienen sufriendo el deterioro de las rutas? ¿Qué oferentes van a querer invertir en obras de infraestructura si no tienen asegurada la tarifa?”, comunicaron en el gremio.

El asunto interesó al juzgado que interviene en el concurso preventivo. Sin la posibilidad de contar con flujo de caja, el convenio caerá y la quiebra será el destino. De hecho, el lunes citó a una audiencia a la empresa y a Vialidad para informarse qué sucederá con el plantel.

Más allá de la cuestión laboral, hay un asunto operativo. Por ahora, excepto que el Gobierno entregue una prórroga hasta tanto se concesione nuevamente, será un asunto de Vialidad. Pero el organismo, a diferencia de su prima, la compañía Corredores Viales, no tiene estructura ni plantel para atender las cabinas. La decisión ha sido levantar las barreras y entregar la guarda y el cuidado de las instalaciones a la Gendarmería.

En la ruta, además, los concesionarios tienen tareas concretas como remover obstáculos, prestar los servicios de grúa, mantener las luminarias y todo lo que tenga que ver con las cintas asfálticas. Todo pasará a manos de Vialidad. Un adicional: la concesión tiene tres puentes (dos del complejo Zárate Brazo Largo y uno de Rosario a Victoria) que requieren algunos servicios especiales. Por caso, cuando pasa alguna carga especial es necesario cortar alguna mano del trayecto por el ancho del puente. Esa operación del día a día que era del concesionario deberá asumir Vialidad, un organismo que jamás contrató una grúa, ya que nunca fue su función.

Así las cosas, avanza la primera estatización de Milei. Será temporaria, hasta que la que arribe empiece con el plan que establezca un pliego que no está publicado aún. Mientras tanto, una de las dos concesionarias de rutas nacionales de la Argentina (la otra es Autopistas del Sol y del Oeste, ambas del mismo grupo) desaparecerá para que el Estado se convierta, una vez más, en operador. Casi un oxímoron de la gestión.

Fuente: La Nación

A través de un comunicado, tras el anuncio de licitar rutas nacionales, desde la empresa de capitales nacionales Caminos del Río Uruguay (Crusa), concesionaria de las rutas Nº 12 y Nº 14, manifestó los incumplimientos del Estado Nacional: “Desde el año 2009 no respeta el contrato. Un panorama común para las concesiones de servicios públicos luego de la salida de la Convertibilidad y por más de 20 años en los cuales se violentaron las condiciones contractuales. El incumplimiento estatal en sucesivas administraciones y por largos períodos, especialmente las insuficientes tarifas sin relación ni proporción objetiva con los costos, sentenció de muerte la concesión, el servicio y a Crusa”, expresaron.

También puntualizaron: “La situación descripta tornó inviable la concesión, impidiéndole ejecutar las obras de mantenimiento y ampliación del corredor además de las enormes pérdidas que ocasionó a la empresa. Es que, con una tarifa de 900 pesos, menos del 30% del valor del contrato y muy por debajo de los montos dispuestos para otras concesiones y a los corredores operados por el propio Estado, es imposible garantizar el servicio adecuado e incluso la regular remuneración del personal y sus cargas sociales. Es injusto para la empresa y accionistas, que a lo largo del tiempo hicieron siempre las inversiones en función de los ingresos recibidos, obteniendo premios internacionales por ello, manteniendo siempre a salvo la ética y valores morales en los negocios”.

Al mismo tiempo precisaron que las actuales autoridades se han desentendido de forma permanente. “Ello pone en riesgo la seguridad de los usuarios, pese a las reiteradas advertencias que la empresa realizó a gobiernos nacionales, provinciales y municipales. El golpe terminal fue no aplicar los ajustes tarifarios de establecidos en el contrato y la negativa de esta administración a realizar la renegociación integral obligatoria comprometida por el Estado, agravando la ruptura del equilibrio contractual”, dijeron. Y agregaron: “La señalada renegociación, establecida en el Decreto 1870/2006 para normalizar el contrato afectado por los efectos de la caída de la Ley de Convertibilidad, debía fijar el precio del peaje incorporando los costos por el mantenimiento de tramos nuevos, en aquel momento la autopista Arroyo Negro - Ceibas; posteriormente las autopistas Ceibas-Gualeguaychú, Gualeguaychú hasta Paso de los Libres, y la Ruta Nacional Nº 174, que vincula Rosario con Victoria incluido el puente. La falta de respuesta y la continua insuficiencia de ingresos, llevó a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria. Cabe destacar que Crusa no recibe ni ha recibido subsidios que compensen la falta de actualización de las tarifas, a diferencia de otros concesionarios que sí se vieron beneficiados”.

También expresaron que la falta de ingresos no sólo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que “derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 500 empleados. El deliberado hostigamiento contractual derivado de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional ha provocado un mantenimiento insuficiente de las rutas, a pesar de los esfuerzos operativos y humanos realizados”.