El Juzgado del Trabajo N°3 de Gualeguaychú resolvió el 1 de abril de 2026 rechazar la acción de amparo sindical promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos – Secretaria de Trabajo y Seguridad Social-, en relación con la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza realizada en agosto de 2025, cuando trabajadores de la Dirección de Obras Públicas realizaron una medida de fuerza calificada como ilegítima.

El fallo confirmó la validez de la Resolución Nº 0351/25 de la Secretaría de Trabajo provincial, que había declarado ilegítima la protesta gremial por incumplimiento de los requisitos legales vinculados a la garantía de prestaciones indispensables.

En este contexto, ATE había promovido un amparo sindical para solicitar la nulidad de dicha resolución por considerarla antisindical e inconstitucional bajo los argumentos de que la provincia no tiene facultades para calificar una huelga de trabajadores estatales y que "Obras Públicas" no es un servicio esencial según la ley vigente.

Por esto mismo, la reciente resolución dispuso el rechazo íntegro de la demanda, con imposición de costas por su orden, debido a la ausencia de controversia directa derivada de la falta de respuesta de la parte demandada.

El juez Agustín Dellazuana consideró que la organización sindical no cumplió con las exigencias establecidas en la Ley 25.877 para la adopción de medidas de acción directa en sectores que pueden afectar prestaciones esenciales. Entre los incumplimientos, identificó la ausencia de preaviso, la falta de información sobre la duración de la protesta y la inexistencia de un esquema que garantizara niveles mínimos de funcionamiento.

El análisis judicial destacó que áreas involucradas, como las relacionadas con el servicio de agua potable y saneamiento, poseen carácter esencial por su impacto directo en la salud, la seguridad y la vida de la población, lo que exige resguardar su continuidad aun en contextos de conflicto laboral. Asimismo, el fallo ratificó la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza, por la actitud adoptada por ATE frente a la postura pro activa del municipio en orden a resolver las cuestiones planteadas por la asociación sindical, la que evidenció una postura cerrada y proclive a tomar medidas de acción directa sin interesar las respuestas concretas brindadas por la Municipalidad de Gualeguaychú.

En ese sentido, el magistrado concluyó que la medida adoptada resultó contraria a derecho, ya que el ejercicio de la huelga, si bien reconocido constitucionalmente, admite restricciones cuando se comprometen prestaciones básicas. A partir de esta interpretación, descartó que la resolución administrativa implicara una afectación a la libertad sindical.

Asimismo, la sentencia abordó la falta de contestación de la demanda por parte del Estado provincial, lo que generó una presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por el sindicato. No obstante, el juzgado evaluó el encuadre legal de la medida y concluyó que no se configuró vulneración de derechos protegidos.

Por esto mismo, el Juzgado del Trabajo dispuso el rechazo íntegro de la acción de amparo sindical promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y estableció que las costas se impongan por su orden, lo que implica que cada parte debe afrontar sus propios gastos y honorarios sin trasladar esa carga a la contraparte.

El conflicto tuvo origen en reclamos vinculados a condiciones laborales en el ámbito municipal, entre ellos la entrega de ropa de trabajo y Elementos de Protección Personal (EPP) en el área de Obras Públicas. Tras diversas gestiones sin acuerdo, el gremio dispuso el 22 de agosto de 2025 una retención de tareas con asambleas en los lugares de trabajo, con carácter indeterminado.

La medida comenzó el mismo día de su notificación, sin instancia previa de aviso formal ni previsión de continuidad operativa en sectores sensibles. Con posterioridad, se desarrolló un proceso de conciliación obligatoria que no logró revertir la situación. Luego de la finalización de esta instancia, el sindicato retomó las acciones directas, lo que motivó la intervención de la autoridad laboral provincial.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo declaró la ilegalidad de la protesta por incumplimiento de los estándares exigidos para garantizar prestaciones indispensables, decisión que fue ratificada por la Justicia en la sentencia conocida.

La paritaria entre el gobierno de Entre Ríos y los sindicatos de estatales ATE y UPCN pasa a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este viernes. Fue luego de la reunión desarrollada este jueves después de las 14 horas en la Secretaría de Trabajo.

La Administración provincial llevó una oferta que no fue aceptada por los gremios. La propuesta para el sector activo, a partir del mes de febrero de 2026, fue de una recomposición salarial a otorgar a través de una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre $ 130.000 y $ 280.000.

No obstante, las partes indicaron que se mantienen las conversaciones, a retomarse en menos de 24 horas con el objeto de llegar a un entendimiento. Los gremios solicitaron una contraoferta por lo que el encuentro continuará este viernes a las 12.

Tras finalizar el encuentro,  el Director General de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman indicó que el diálogo con los representantes gremiales fue positivo ya que se hubo comprensión del contexto económico en el que es llevada la paritaria

Fuente: Ahora / APFDigital 

Este miércoles a la mañana la Multisectorial de Entre Ríos definió concentrar en la explanada de Casa de Gobierno, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral.

En este marco, ATE Entre Ríos -integrante de la Multisectorial- anunció que se suma al parto nacional y, junto a los demás sindicatos, convocó a los trabajadores y trabajadoras estatales a  movilizarse a Casa Gris contra la Reforma Laboral, por Aumento Salarial y en Defensa de la Caja de Jubilaciones. 

Fuente: APFDigital

El Gobierno descontará el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral, en una señal de firmeza frente a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves, cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto impulsado por el oficialismo.

La advertencia fue confirmada por altas fuentes de Casa Rosada, que ratificaron que se aplicará el descuento salarial a quienes no concurran a sus lugares de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, sostuvo uno de los funcionarios consultados por Infobae.

La decisión se enmarca en el tratamiento legislativo de la reforma laboral, que el oficialismo de La Libertad Avanza busca dictaminar el miércoles para llevarla al recinto el jueves. En caso de concretarse ese cronograma, la CGT avanzará con un paro nacional con impacto en todo el país.

Sin transporte y con advertencias oficiales

A diferencia de la última medida general de 2025, esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis, ya que los gremios del transporte confirmaron su adhesión. Esto implicará mayores dificultades logísticas para los empleados públicos que deban trasladarse a sus puestos de trabajo.

Desde el Gobierno aseguraron que cada organismo deberá organizar a su personal para garantizar la prestación de servicios. “Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, expresó un alto funcionario libertario.

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, confirmó su adhesión al paro, aunque no participará de la movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que marchará frente al Congreso el día del debate.

Movilización y críticas al proceso legislativo

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, comunicó la decisión de convocar a un paro con movilización y cuestionó el tratamiento parlamentario del proyecto. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la presión en la vía pública es clave para frenar el avance de la iniciativa oficialista. En referencia al debate en el Senado, ironizó que durante la votación “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de Retiro durante las vacaciones”.

Por su parte, Andrés Rodríguez, también secretario adjunto de la CGT, justificó el paro al considerar que el proyecto “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”. Señaló que la reforma contiene aspectos que deben ser revisados en profundidad.

El foco en las licencias médicas

El detonante del llamado al paro fue la polémica en torno al artículo que reducía sustancialmente el régimen de licencias médicas. Tras la repercusión pública, el oficialismo anunció que introducirá modificaciones en ese punto durante el tratamiento en comisiones.

En Casa Rosada sostienen que esa rectificación debilita la consigna sindical, aunque reconocen que el debate abrió cuestionamientos sobre otros artículos de la denominada Modernización Laboral.

Rodríguez advirtió que, además de las licencias, existen otras disposiciones que preocupan al sindicalismo, como la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de que un convenio de empresa prevalezca sobre uno por actividad y la exigencia de autorización para realizar asambleas en los lugares de trabajo.

La dinámica del paro también evidenció tensiones internas. El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que “todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas”, siguiendo la decisión de la CGT.

Sin embargo, desde otros sectores cuestionaron la modalidad elegida. El titular de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, calificó de “bastante tibios” a los dirigentes cegetistas por no convocar a un paro con movilización masiva.

“No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, sostuvo el dirigente metalúrgico.

Con el descuento salarial como advertencia y el transporte paralizado, el paro nacional contra la reforma laboral se anticipa como un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el sindicalismo, en una semana clave para el futuro del proyecto en el Congreso.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que a nivel nacional realizará un paro con movilización frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral.

La decisión fue comunicada a Infobae por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales.

Se trata del mismo día en el cual la CGT también realizará un paro general sin movilización, que afectará múltiples actividades.

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, adelantó que el gremio nucleado en la CTA resolverá este miércoles cuáles son las acciones que desarrollarán en el marco de la jornada de protesta, que podría tener lugar este jueves o el miércoles 25 de febrero, dependiendo cuándo llega el proyecto al recinto.

“La CTA y ATE resolvieron una jornada de lucha. En Entre Ríos debemos resolver miércoles la modalidad y si movilizamos“, precisó en diálogo con AHORA.

Cabe remarcar que UPCN Entre Ríos, el otro gremio que nuclea a los estatales, adherirá a la medida de la CGT.

Fuente: AHORA

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó este lunes un desafío a la Confederación General del Trabajo (CGT) y llamó a "parar igual" contra la reforma laboral. “Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores”, indicó.

Aguiar se expresó durante un plenario federal de delegados de ATE, gremio que parará por 24 horas durante el miércoles, cuando el proyecto se discuta en el Senado. Allí desconoció la decisión de la CGT de no convocar a una medida de fuerza y solo movilizar al Congreso.

“Hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica", apuntó el gremialista.

En esa línea explicó que "sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal. La concentración será a partir de las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

Aguiar consideró que “tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores". "Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”, agregó.

Los delegados de ATE se reunieron en un plenario federal.

ATE montará más de 22 puntos de visibilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el miércoles, entre los cuales se encuentran el Congreso, el Obelisco, Plaza de Mayo, el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Hospital Argerich, Parque Lezama, Parque Centenario, entre otros.

Mientras esté vigente la huelga que comenzará el miércoles a las 00 horas, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y sólo atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza.

Otros servicios que se verán afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la suspensión del paro de actividades en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estaba programado para el próximo lunes 9 de febrero, garantizando así la normalidad de los vuelos en el inicio de la semana.

La decisión se habría tomado luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto.

"Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo", confirmó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional. La dirigente explicó que el conflicto se originó por "una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento" pactado anteriormente.

El paro, que iba a comenzar a las 00 horas del lunes, amenazaba con afectar la operatividad de los aeropuertos en plena temporada. "Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro, porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo", agregó Cabezas.

Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: "Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza".

El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.

Fuente: NA

La huelga total en los aeropuertos de todo el país, inicialmente prevista para este lunes 2 de febrero, fue postergada por el gremio ATE tras la advertencia de sus equipos legales sobre la necesidad de cumplir con la ley de esencialidad.

La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha probable del cese de actividades al próximo lunes 9 de febrero. Sin embargo, a pesar de la prórroga de la medida principal, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, una situación que ya comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de los vuelos domésticos e internacionales.

El conflicto se originó a raíz de un incumplimiento salarial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunciaron desde el gremio, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un incremento en el adicional por "racionamiento" que ya figuraba liquidado en el sistema oficial y no depositó los haberes en la fecha estipulada. 

"El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios", expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien remarcó que el aumento ya era visible en los recibos de sueldo de los empleados a través del sistema SARHA.

Fuentes de la ANAC indicaron que se encuentran trabajando para desactivar la protesta y garantizar que no haya afectaciones en las operaciones aéreas. No obstante, los delegados gremiales fueron taxativos al señalar que la medida se ratificará este lunes mediante el anuncio formal. "No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado", manifestó Marcelo Belelli, referente de ATE en Ezeiza, quien calificó la decisión oficial como una maniobra política que perjudica gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

De concretarse el paro el 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará áreas críticas como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos de la Argentina. Durante esa jornada, la totalidad de los vuelos comerciales quedarían cancelados, exceptuando únicamente los traslados sanitarios, humanitarios, del Estado o de órganos para trasplantes. 

Mientras tanto, durante el transcurso de esta semana, la operatividad en los mostradores y pistas continuará sujeta a las demoras derivadas de las asambleas informativas en los lugares de trabajo.

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar a un paro general para el 11 de febrero, día en que se tratará la reforma laboral en el Senado de la Nación. Además, evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. "Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada", expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El gremialista exhortó también a sus compañeros sindicales a "pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad" al paro. "Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado", dijo.

En ese sentido, propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. "Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Aguiar puso el ojo en los gobernadores, a raíz de las intensas recorridas que lleva a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, disparó.

En lo que concierne a la reforma, el representante de estatales denunció que el Gobierno pretende "quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores", mientras paralelamente aspiran a "multiplicar el poder que tienen los patrones". "Esto no puede terminar en nada bueno”, pronosticó.

Por ese motivo llamó a los trabajadores del Estado a salir a la calle a manifestarse contra la reforma. "No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.

Desde el gremio de estatales afirmaron que, contrario a lo que asegura el Gobierno, la reforma "sí afecta al sector público" ya que organismos estatales son regidos "total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar". En ese sentido, mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.

También denunciaron que la reforma laboral propone un cambio "en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo". En ese sentido, aseguran que se pretende "perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios" para con los trabajadores que se encuentran encuadrados bajo dicha figura laboral.

Fuente: APFDigital

En la tarde del martes, el secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, recibió a la cúpula directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos. El encuentro, solicitado previamente por el sindicato, tuvo como ejes centrales la situación salarial, la estabilidad laboral y el cumplimiento de acuerdos previos.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, fue tajante al finalizar el encuentro: “Lo principal fue plantear la recomposición salarial”. El dirigente subrayó que el atraso y el congelamiento de los haberes representan la mayor preocupación del sector público.

“Si bien el tema de las recategorizaciones es importante, el problema real es si los trabajadores y trabajadoras pueden seguir aguantando más de ocho meses sin una recomposición”, sentenció Muntes, haciendo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Otro punto de conflicto abordado fue la no renovación de contratos que vencieron el pasado 31 de diciembre. Desde el gremio denunciaron que esta medida afecta mayoritariamente a afiliados y afiliadas de ATE, lo que calificaron como una “clara política de persecución sindical”.

En cuanto a las recategorizaciones, Muntes explicó que solicitaron precisiones oficiales tras haber tomado conocimiento de avances administrativos realizados de manera unilateral. “Buscamos respuestas porque supimos de movimientos en el área sin que nuestro gremio fuera convocado”, detalló.

Además de Muntes, la comitiva de ATE estuvo integrada por:

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Trabajo brinde una respuesta formal a los puntos planteados, en un contexto de creciente tensión por la falta de convocatoria al diálogo paritario.

Fuente: APFDigital

En declaraciones a Radio Rivadavia, la dirigente sindical expresó su profunda preocupación y firme rechazo a las implicancias de la iniciativa y sostuvo que la solución a la precariedad no reside en "cristalizarla ni blanquearla", sino en “garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras accedan a un empleo con derechos”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Cabezas señaló que la propuesta del Gobierno pretende introducir la figura de "colaborador" en la Ley Bases, lo que se equipara con "no trabajar", diluyendo el concepto de relación laboral.

Ante el argumento del oficialismo sobre la necesidad de formalizar el empleo negro y la informalidad en Argentina, la representante de ATE afirmó que el tema se está debatiendo "internacionalmente" y que la solución no pasa por "modificar las leyes a la baja" y citó el ejemplo de México, donde “se redujo la jornada laboral para crear más puestos de empleo en blanco", y mencionó que organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) trabajan en la transición de la informalidad a la formalidad sin recomendar "crear un registro de precariedad para avanzar en que tengan menos derechos".

Asimismo, detalló algunos de los aspectos más preocupantes de la reforma: en primer lugar, señaló el "banco de horas", que permitiría al empleador decidir "qué días trabajás ni cuántas horas" con la imposibilidad de definir por uno mismo cuándo y dónde será el tiempo de descanso y lo que consideró "una barbaridad".

Por otra parte, la dirigente sindical hizo hincapié en la terminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y explicó que, actualmente, si un convenio vence y no se renueva, sigue vigente hasta una nueva negociación. La reforma, en cambio, exigiría renegociar todos los convenios vencidos en el plazo de un año y permitiría que la Secretaría de Empleo "dé de baja" cláusulas con las que no esté de acuerdo.

Respecto a la necesidad de mejorar la creación de puestos de trabajo y la preocupación de las pymes por los juicios laborales, Cabezas reconoció la existencia de estas preocupaciones, pero ofreció una perspectiva sindical.

"Si vos tenés una pyme, pagás las cargas patronales y 30 días antes le avisás al trabajador que no va a trabajar más, entonces no hay juicio que valga. Así terminás con la industria del juicio haciendo las cosas bien", explicó.

Paralelamente, le atribuyó parte del problema a una cuestión "cultural" en la Argentina, donde se asume erróneamente que pagar "unos manguitos" sin formalizar no es tener a alguien en negro.

Sobre la propuesta de crear un fondo común de inversiones para reemplazar las indemnizaciones, la secretaria de ATE alertó sobre la administración de dicho fondo y destacó que la iniciativa "no resuelve uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, que es la falta de indemnización cuando una empresa quiebra y deja a los trabajadores desprotegidos.

Al ser consultada sobre el paro convocado por la CGT para el 18 de diciembre, Cabezas manifestó un claro apoyo y señaló que "se está gestando un malestar creciente" con la reforma. Cuestionó la idea de que existe un consenso total con la iniciativa y recordó que la sociedad argentina “cuando tiene que decir que no, dice no".

Finalmente, la funcionaria de ATE criticó que la reforma laboral no contemple a los trabajadores de plataformas como Rappi o Pedidos Ya y atribuyó eso a una "falsa mirada del emprendedurismo" en Argentina, ya que "en el mundo se está debatiendo la posibilidad de un convenio para trabajadores de plataformas".

"Hay una empresa y hay personas de carne y hueso que se llenan de plata. No incluirlos en la reforma tiene que ver con no tocar los conglomerados que son amigos", concluyó

Fuente: Noticias Argentinas

Sindicalistas y militantes de izquierda tomaron ayer las oficinas de la Dirección Médica del Hospital Garrahan, donde retuvieron al personal e interrumpieron el funcionamiento institucional, en el marco de un conflicto por descuentos salariales aplicados durante los paros recientes.

Fuentes de la administración del centro pediátrico informaron que los gremios ATE y APyT irrumpieron en el edificio de la dirección en una acción que calificaron como “violenta y extorsiva”.

“El accionar violento surge porque el Consejo de Administración aplicó descuentos por días no trabajados durante los paros, cumpliendo la normativa vigente y la política de presentismo que rige para todo el personal”, señalaron desde el hospital.

De acuerdo con la versión institucional, la reacción gremial “deja en evidencia que no se trata de una reivindicación laboral legítima, sino de una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión”.

“Un sector de la izquierda intenta imponer sus intereses partidarios dentro del hospital, poniendo en riesgo la atención de miles de chicos. No vamos a permitir que prácticas de presión, violencia y apriete gremial se conviertan en método de funcionamiento”, añadieron las autoridades.

Pese a la toma, desde la dirección aseguraron que el hospital continúa funcionando y que “el presupuesto está garantizado, los bonos remunerativos para el personal se mantienen y las obras por más de 30 mil millones de pesos avanzan con financiamiento propio”.

El comunicado concluye: “El Hospital Garrahan es una institución al servicio de los niños y sus familias. No es un espacio de militancia ni un botín gremial. Vamos a seguir defendiendo su misión, su prestigio, al equipo médico y, sobre todo, la atención de los pacientes”.

El conflicto comenzó hace algunas semanas, cuando trabajadores descontentos con la postura del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg), y afiliados a ATE (con una postura más combativa) decidieron reclamar por mejores condiciones laborales: ropa para trabajar, limpieza y mejora de la oficina del predio de Obras Públicas y sueldos más altos. Es así como se organizaron con asambleas y protestas en el predio de Obras Públicas.

La respuesta del municipio fue que la ropa demoró en llegar por complicaciones que tuvo el proveedor que ganó la licitación. Mientras que con respecto a los otros puntos del reclamo la respuesta fue que los problemas de infraestructura vienen desde hace años. Sobre lo salarial, no hubo ninguna propuesta más allá de las últimas paritarias.

Adicionalmente, hace unos días surgió un nuevo encontronazo: el miércoles pasado el gremio denunció ante la Dirección Provincial del Trabajo que el gobierno local decidió "extinguir los contratos de los trabajadores ya precarizados de obras públicas, sin alegar causa".

“Esto no es más que una represalia a los trabajadores en lucha por mejores condiciones laborales, y castigo a quienes solo pretenden estar un poquito mejor en su trabajo y en su vida”, manifestaron desde ATE.

Ante ello, solicitaron que “se intime al Municipio a fin de que haga cesar de manera inmediata el accionar violento y antisindical;  reincorpore a los 4 trabajadores de manera inmediata, ya que no hace más que agravar el conflicto; cite de forma inmediata a paritarias”.  Además, advirtieron que se reservan “el derecho de tomar todas las medidas de acción directa, ya que la acción violenta, antidemocrática y antisindical del Municipio sigue rompiendo la paz social”. 

Es en este marco que el sindicato convoca a una marcha en Gualeguaychú el próximo lunes 6 de octubre a las 9:30 en 25 y Rocamora. “En repudio a las declaraciones del intendente Davico y de ilegalidad de la medida de fuerza”, declara el comunicado, enumerando más reclamos como la recomposición salarial urgente para todos los estatales, municipales, provinciales y nacionales, el aumento de emergencia para jubilados/as, el cese de despidos y cierre de organismos públicos, la reincorporación inmediata de las y los trabajadores cesanteados. 

Un reclamo que parecía menor, de un grupo reducido de trabajadores de Obras Públicas, fue creciendo hasta alcanzar su punto más álgido este viernes, cuando dirigentes sindicales de ATE de toda la provincia se movilizaron al predio de Rivadavia y Del Inmigrante, en una señal de apoyo a Alberto Mendoza, que fue retirado del lugar el día jueves por personal de la Agencia de Seguridad Municipal.

Pero para que se entienda el origen del conflicto, hay que remontarse tiempo atrás, cuando trabajadores descontentos con la postura del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg), y afiliados a ATE (con una postura más combativa) decidieron reclamar por mejores condiciones laborales: ropa para trabajar, limpieza y mejora de la oficina del predio de Obras Públicas y sueldos más altos.

La respuesta del municipio fue que la ropa demoró en llegar por complicaciones que tuvo el proveedor que ganó la licitación. Mientras que con respecto a los otros puntos del reclamo la respuesta fue que los problemas de infraestructura vienen desde hace años. Sobre lo salarial, no hubo ninguna propuesta más allá de las últimas paritarias.

En este estado de situación, el viernes pasado el grupo de empleados descontentos comenzó una asamblea, de 7 a 11 de la mañana. Las mismas no habían tenido demasiada repercusión, hasta que el intendente Mauricio Davico los acusó públicamente de “mafiosos kirchneristas”, y les endilgó la culpa de no haber podido inaugurar la planta asfáltica.

Quien recogió el guante del conflicto fue Alberto Mendoza, referente local de ATE, quien le contestó a Davico y lo tildó de “cumbiero” y “maricón”, lo cual generó el repudio del bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos.

En ese momento, pasó de ser una disputa meramente sindical a un tema de agenda política de la ciudad. El PJ de Gualeguaychú reaccionó y acusó al intendente de “mostrar la hilacha” ante el primer conflicto sindical. “Recoge lo peor del estilo presidencial y hace del insulto y del agravio al que piensa diferente sus banderas”, cuestionaron.

Todo esto ocurrió hasta el miércoles, y el jueves se agregó la leña que faltaba al fuego: personal de la agencia de seguridad municipal sacó del predio de Obras Públicas a Alberto Mendoza, lo cual provocó la reacción de buena parte del arco sindical de la ciudad y de la provincia, cuyos referentes se movilizaron este viernes a las instalaciones municipales.

Durante la protesta, Mendoza aseguró a este medio que “vemos presentes a los grandes sectores de la vida sindical porque ayer lastimaron a la democracia, nosotros seguimos apostando al diálogo y pedimos la madurez al intendente para que nos convoque a una mesa de diálogo para destrabar este conflicto”.

Sobre los motivos por los cuáles lo sacaron del lugar, el secretario de ATE explicó: “Me dijeron que no podía entrar, pero no me mostraron ninguna notificación ni nada”.

No obstante, aseguró que “vamos a debatir los pasos a seguir, queremos una mesa de diálogo, ellos son los que gobiernan y tienen que solucionar el conflicto”, y añadió que “vamos a mantener el reclamo en un marco de alegría, no vamos a intentar entrar ni que haya problemas. Los que no nos van a dejar entrar son trabajadores al igual que los que quieren entrar, entonces los que salen perdiendo son los trabajadores”.

Andrés Ocampo, abogado de Ate, sostuvo que “la manifestación fue en apoyo a los compañeros de Obras Públicas”, y que “más allá de que intentan sacar de foco el conflicto, acá se reclama condiciones salariales equitativas, el reconocimiento de adicionales que había prometido el intendente, y la entrega de ropa y útiles de trabajo, más los elementos de seguridad e higiene”.

Por otra parte, en diálogo con Ahora ElDía, el flamante subsecretario de Articulación Operativa Benito Bacigalupo, quien estaba en el predio de obras públicas al momento de la manifestación, explicó que su nueva función es “controlar los trabajos, dirigir las obras y que todo funcione como corresponde, que no se pare, que las personas que quieran salir a trabajar puedan hacerlo”.

“El lunes no salieron todos porque los apretaban para no salir a trabajar. Entonces, a partir del martes le di el respaldo a la gente que quería salir a trabajar. Aquel que esté de asamblea, que la haga tranquilo. Las personas que quieren trabajar y que se preocupan por su labor están trabajando”, aseguró el ex concejal.

“Al trabajador lo voy a respaldar porque necesita la plata para llegar a fin de mes. Las puertas del Municipio están abiertas. Lamentablemente por este conflicto no puede funcionar la planta de asfalto”, concluyó Bacigalupo.

Temprano por la mañana, personal policial y de la agencia de seguridad sacaron al referente de ATE Alberto Mendoza de las instalaciones de Obras Públicas. 

Desde el viernes, el gremio mantiene asambleas permanentes en el lugar de trabajo debido a reclamos por ropa de trabajo y mejoras salariales. En medio del conflicto, comenzó una cruzada mediática entre el Municipio y  ATE. Lo que generó que la problemática se recrudeciera mucho más. 

En tanto, comenzó a circular un vídeo que da cuenta de la situación que se vivió esta mañana en Obras Públicas, se puede observar cómo Alberto Mendoza es echado por personal policial y de la agencia de seguridad, mientras sostiene las manos en alto con su celular. Alrededor, los trabajadores filman con su celular la escena. De fondo, se escucha una voz que advierte que “ahora lo único que falta es que lo lastimen”. 

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Ahora ElDía se comunicó con Alberto Mendoza, quien dijo que por el momento no dará declaraciones hasta la tarde y que ya se encuentra trabajando el equipo de legales del gremio.

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En medio del conflicto en Obras Públicas  por las demandas laborales y salariales de los trabajadores municipales nucleados en ATE, el gremialista Alberto Mendoza  insultó al intendente Davico, a quien trató de “maricón” y “llorón” durante una entrevista radial.

Puntualmente, pidió “que el Intendente se siente con los trabajadores que vamos a llegar a un buen acuerdo. Pero no, él no quiere, y como un maricón se queja”, afirmó Mendoza en declaraciones a Radio Máxima.

Más adelante en la entrevista, Mendoza también se refirió a  Davico como “un cumbiero”, afirmando que “todas estas prácticas antiobreras y antipopulares se esconden detrás de la carita linda de ese cumbiero que tenemos por Intendente”. 

No obstante, esta mañana, los concejales oficialistas lanzaron un comunicado que repudia los dichos de Mendoza y pidieron que “la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a adoptar medidas internas que sancionen y corrijan este tipo de conductas”.

El hecho que motivó el proyecto de Resolución ocurrió el pasado 23 de septiembre, cuando el dirigente sindical se dirigió al Intendente con expresiones consideradas violentas, irrespetuosas y discriminatorias, incluyendo términos ofensivos como “cumbiero” y “maricón”, utilizados en tono despectivo. Desde el cuerpo legislativo se destacó que estas palabras no solo agravian al titular del Ejecutivo local, sino que también constituyen una ofensa hacia expresiones culturales y de género, que resultan incompatibles con el respeto democrático y la función institucional que debe ostentar cualquier representante gremial.

“El disenso es parte esencial de la vida democrática, pero debe ejercerse desde el respeto. Estos dichos no pueden ser naturalizados ni minimizados”, señalaron los concejales firmantes del proyecto, quienes remarcaron que nunca antes se había registrado una agresión de tal gravedad contra la figura del Presidente municipal.

En el texto, los concejales instan a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a adoptar medidas internas que sancionen y corrijan este tipo de conductas, fomentando un trato respetuoso y constructivo en la defensa de los derechos laborales. Además, reafirman el compromiso de ese bloque con los valores de la paz social, la no discriminación y el respeto a las instituciones democráticas.

Desde el Gobierno municipal informaron que, mediante Resolución N°351/2025 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, “se resolvió declarar ilegal la medida de acción directa que había sido iniciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el 17 de septiembre de 2025, y que actualmente está vigente en el ámbito municipal por tiempo indeterminado”.

En sus considerandos, la resolución firmada por el secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos Mariano Camoirano destaca que “la notificación de la medida fue presentada el mismo día de su realización, incumpliendo el plazo mínimo regulado y sin autorización previa para su convocatoria”, a la vez que remarca que “no se trató de una asamblea gremial, sino de una retención de servicios, configurando una acción que faculta al Municipio a disponer medidas sobre la remuneración acorde a las horas efectivamente trabajadas. 

Además, no se garantizó la cobertura mínima de los servicios esenciales, en infracción a la Ley n.° 25.877 y la Ordenanza Municipal N°12.860/2023”, y destaca que “la situación se agrava en el marco del estado de emergencia hídrica, social, económica, administrativa y vial vigente en la ciudad, dado que la interrupción de servicios afecta directamente a la comunidad”.

Se indica, además, que “las inspecciones realizadas constataron que los servicios esenciales se encuentran interrumpidos y sin garantías mínimas de funcionamiento”.

De esta manera, la medida se consideró excesiva y desproporcionada por su carácter de tiempo indeterminado, por la cantidad de horas insumidas y por la afectación sobre áreas sensibles.La resolución también puntualiza que la medida repercute en servicios esenciales tales como mantenimiento, energía, agua y cloacas, bacheo, asfalto y cordón cuneta.

En consecuencia, la Secretaría de Trabajo dispuso declarar la ilegalidad de la medida de acción directa de ATE, ordenar el cese inmediato de la medida y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en el ámbito municipal.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Gualeguaychú, informó que  se dio por finalizada la instancia de conciliación obligatoria iniciada en el marco del conflicto colectivo con el área de Obras Públicas de la Municipalidad.

Según lo expresado por el gremio, durante el período de conciliación, que fue solicitado por el Departamento Ejecutivo Municipal y se extendió por 15 días hábiles, no se habrían producido avances significativos para resolver las demandas planteadas por los trabajadores. Entre los puntos principales del reclamo, ATE señala el incumplimiento en la entrega completa y en tiempo oportuno de la ropa de trabajo y los elementos de protección personal, conforme a lo establecido en la Ordenanza 7452/75.

Desde la organización sindical también se manifestó preocupación por las condiciones laborales en materia de seguridad e higiene, y por la situación salarial del personal de planta permanente, así como de trabajadores contratados y cooperativistas. Asimismo, hicieron referencia a un compromiso asumido por la actual gestión municipal en julio de 2025, en relación a mejoras en los adicionales salariales, el cual —según ATE— no se habría materializado.

Ante este escenario, ATE informó hoy se retomaron las asambleas en los lugares de trabajo y se mantendrá el estado de alerta, mientras se aguarda una nueva propuesta por parte del Ejecutivo municipal.

Tal como lo habían anticipado, los trabajadores de Salud instrumentaron esta semana asambleas en sus lugares de trabajo y, en ese contexto, este viernes votaron la continuidad del plan de lucha y la realización -el día lunes- de una asamblea informativa y deliberativa para debatir lo que sucedió en la paritaria estatal.

“Según la Junta Interna de ATE en Indec, el salario mínimo para un trabajador en Entre Ríos debería estar en 1.600.000 pesos, pero tenemos salarios que apenas superan los 800 mil pesos”, señaló la delegada Nadia Burgos.

En este sentido, puso el foco en el “misterioso” índice de inflación que días atrás difundió el Gobierno nacional (1,6%), que “no tiene correlato ni con los precios de las góndolas, ni con la suba de los alquileres ni con el aumento del transporte público, entre otras cuestiones”.

Es por ello que consideró fundamental avanzar en “una recomposición integral de los salarios” y rechazar “las propuestas extorsivas del gobierno”.

A la vez, Burgos instó a poner en debate “las condiciones de trabajo y las modalidades de contratación, ya que el Estado sigue teniendo un nivel de precarización muy alto”.

Finalmente, abogó por la reincorporación inmediata de los trabajadores que han sido cesanteados en el CGE y en el Ministerio Desarrollo Humano. 

(APFDigital)