“La Oficina del Presidente repudia la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos por el Presidente Javier G. Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”, indica el texto que difundió minutos después de la votación la cuenta de X que realiza comunicaciones oficiales del Gobierno.

Los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo fueron rechazados este jueves en la cámara alta, a partir de una sesión que mostró una coincidencia inédita entre senadores del PRO, la UCR y el kirchnerismo, con el objetivo de bloquear el ingreso de los jueces propuestos por el presidente Milei.

“Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente. Sin embargo, luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, agrega el comunicado.

Luego continúa: “Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”.

El Senado de la Nación comenzó a sesionar a las 14 horas, a partir del quorum impulsado por el bloque kirchnerista y facilitado por el PRO y la UCR.

A primera hora, el oficialismo había ensayado distintas estrategias para evitar que la sesión se realice, proyectando la derrota que después se consumó. El presidente de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, fue el encargo de realizar gestiones con los titulares de los distintos bloque para establecer canales de diálogo con la intención de sostener las candidaturas propuestas por el presidente.

Luego de seis horas de sesión, finalmente el Senado votó por el rechazo de los postulantes a jueces del máximo tribunal de justicia del país. Minutos después de la votación, la cuenta de X dio a conocer el enojo en la Casa Rosada.

“Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia. Mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina”, apuntaron.

“El Presidente de la Nación continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos", concluyó el documento.

Un poco más tarde de que el comunicado fuera emitido, Milei reiteró su descontento respecto a la negativa del Senado desde su cuenta personal en X (ex Twitter). “Principio de revelación. ¿Dónde están todos lo que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?”, sentenció respecto de las acusaciones sobre los motivos por los que Lijo había sido elegido.

“¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?”, denunció el jefe de Estado al disparar: “Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!!”.

La situación de Lijo y García Mansilla ahora seguirá caminos separados. Mientras que el juez federal no había asumido aún funciones en la corte, su compañero de terna y jurista ya se encontraba integrando el cargo luego de la jura habilitada por los otros integrantes del tribunal supremo, publicó Infobae.

Ninguna de las dos postulaciones lograron los dos tercios de los presentes, número necesario de apoyos para la confirmación de sus ingresos a la Corte. García Mansilla recibió 51 votos en contra -sobrados dos tercios- y 20 a favor, mientras que el juez federal tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención. 

Fuente: APFDigital

El jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, visitó este martes la Casa de Gobierno. Cuando esa información se conoció, a nadie le quedaron dudas del motivo de su concurrencia: la sesión de este jueves para votar finalmente los pliegos de los dos hombres propuestos por el presidente Javier Milei para completar la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Habiendo sido tantas veces funcional a los deseos del Gobierno nacional, en función de la relación que su gobernador Gustavo Valdés quiere mantener con la Rosada, esta vez el correntino fue a Balcarce 50 con un planteo concreto que era el de que el presidente retirara ambos pliegos del Senado. La sugerencia lejos estaba de representar un desafío al Ejecutivo: simplemente buscaba evitarle al Gobierno un traspié en el recinto.

Sucede que si la sesión pedida por Unión por la Patria para este jueves se lleva a cabo, todo indica que ninguno de los dos jueces propuestos pasaría el filtro del Senado, de ahí que el radical insistiera con el retiro de los pliegos para evitarle al Gobierno un traspié. Y hablamos de insistencia por cuanto eso es algo que ya esa parte de la oposición le ha pedido a los emisarios del Gobierno, sin encontrar antes ni ahora una respuesta positiva.

En este caso Vischi llevó también como novedad que el radicalismo está dispuesto a dar quórum este jueves. Así las cosas, todo indica que habrá sesión a partir de las 14 y, en ese caso, la suerte estaría echada para Lijo y García-Mansilla.

Desde la semana pasada que el Gobierno tiene claro que los números no han cambiado desde que en vísperas del cierre del período de sesiones extraordinarias tuvo que postergar una definición, habida cuenta de que se exponía a un rechazo. Ante esa percepción, el oficialismo comenzó a pensar en que lo mejor sería que la sesión se cayera, para mantener viva la esperanza un tiempo más. Pero todas las fuentes oficiales consultadas en la Rosada expresaron que el presidente ya prefiere desentenderse de la situación y dejar de una vez por todas que se defina el tema.

Si se suspende por falta de quórum la sesión, estará muy bien a los ojos libertarios; pero si arranca la misma y se confirma un doble rechazo, abonará las críticas que siempre redobla el Gobierno contra la oposición en su conjunto.

Lo cierto es que el oficialismo mucho no ha hecho hasta ahora para mejorar las chances de uno y otro candidato a la Corte. Lo máximo que hizo -y fue un gesto significativo por cierto- fue la designación de ambos por decreto, algo que quedará marcado en la historia, aunque de alguna manera contribuyó a este desenlace.

Manuel García-Mansilla siempre fue el legislador más afín a las ideas libertarias. Y su trayectoria generó la anuencia de buena parte de la oposición más dialoguista, contrariamente a la postulación del juez federal Ariel Lijo, destinatario de una oposición como nunca ha tenido un candidato propuesto para ese cargo por algún gobierno. Así y todo, Lijo es quien más cerca estuvo -o estaría- de alcanzar la aprobación en la Cámara alta, apalancado en la principal oposición en el Senado.

A esta altura es inocultable que Lijo surgió de una propuesta del expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, máximo interesado en generar una nueva mayoría en el Tribunal Superior que le permita volver a ostentar la presidencia del mismo. Presidente de la Corte Suprema entre los años 2007 y 2018, Lorenzetti llegó a ese tribunal propuesto por Néstor Kirchner para reemplazar al juez Adolfo Vázquez, uno de los jueces de la “mayoría automática” que el kirchnerismo desarmó a través de la vía del juicio político. Fue desbancado de la presidencia por uno de los dos miembros de la Corte designados en tiempos de Cambiemos, Carlos Rosenkrantz, a quien luego sucedió Horacio Rosatti, que preside el cuerpo desde 2021. Y fue quien sugirió a Santiago Caputo la elección de Ariel Lijo para sumar a la Corte Suprema.

El Gobierno se entusiasmó con la posibilidad de cambiar la relación de fuerzas en una Corte que siempre miró con desconfianza, pero desde un primer momento Lijo recibió la instrucción de garantizarse por sí solo los votos necesarios para asumir. Le fue bien en un principio, al punto tal de haber conseguido el dictamen correspondiente, cosa que a García-Mansilla se le hizo muy cuesta arriba y, cuando finalmente estuvo habilitado para ser tratado su pliego en el recinto, el dictamen fue de rechazo.

Como el Gobierno “no movió un dedo” -supuestamente- por uno ni por otro, se desentiende de una eventual derrota en el recinto, como sucedería este jueves. En rigor de verdad, las negociaciones por Lijo sí habrían existido, llevadas adelante por el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro. Dicen que las mismas incluían la propuesta de acuerdos para la designación de 140 miembros para juzgados vacantes, y que como gesto oficial incluyeron la falta de quórum para el tratamiento en Diputados de la ley de ficha limpia.

Pero cuando ese tratamiento se reactivó en extraordinarias, las relaciones volvieron a tensarse con el kirchnerismo. Más aún cuando el presidente comenzó a trastabillar en el verano, con su discurso en Davos y, sobre todo, el escándalo $Libra. Los contrapuntos entre Cristina Kirchner y el presidente se hicieron más regulares y el kirchnerismo tomó la determinación de no darle ninguna victoria al mileísmo. El interbloque UP, además, ya había prometido que no votaría nunca a un juez que aceptara ser designado por decreto, como terminó sucediendo con ambos.

Alcanzan 25 votos en el Senado para que un pliego para la Corte sea rechazado. Los números cambian, eso sí, en función de los presentes y las abstenciones. En el caso de García-Mansilla, el rechazo tiene votos de sobra, si se suman los de Unión por la Patria, aun si el nuevo bloque de Convicción Federal se diferenciara aprobando. Además, contará García-Mansilla con el rechazo de Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) que ya firmaron un dictamen de rechazo.

En el caso de Lijo, el rechazo se hace un poco más difuso, pero sigue siendo lo más probable. El kirchnerismo puro no piensa convalidarlo, con lo cual habría que sumar los votos de los 15 miembros de Unidad Ciudadana, a los de otros cristinistas que están en el Frente Nacional y Popular: Lucía Corpacci, María Inés Pilatti Vergara y el camporista Mariano Recalde. Probablemente también la riojana María Florencia López.

No habría que descartar que José Mayans termine absteniéndose, habida cuenta de la división que podría darse en su interbloque y que su gobernador, Gildo Insfrán, está a favor de la designación de Lijo.

Por supuesto, también hay que contar con el voto en contra del formoseño exoficialista Francisco Paoltroni, contrario a Lijo desde el minuto cero y que precisamente fue expulsado de La Libertad Avanza por la virulencia con la que rechazó siempre al juez federal.

A esos 19 votos contra Lijo habría que sumar los de Tagliaferri, Lousteau, los también radicales Carolina Losada y Pablo Daniel Blanco, más los del Pro Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala y Luis Juez. Habrá que ver si también se suma Martín Göerling Lara. La que ya dijo que no cuenten con ella es la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, que el martes posteó que se abstendrá, lo cual siempre es bueno para ambos jueces, a los que solo les preocupa que no les voten en contra. “Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau -argumentó-. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo. En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a García-Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto”, sostuvo.

Más allá de la postura de estos dos últimos senadores más cercanos a Patricia Bullrich, el rechazo de Lijo podría estar sumando -sacando a los 4 senadores de Convicción Federal, que podrían despegarse del resto del interbloque- al menos 27 senadores, suficientes para justificar que haya tomado la precaución de no renunciar al Juzgado Federal N° 4.

¿Pero habrá o no habrá quórum? Todo indica que sí, contando con la mayoría del interbloque UP, que llamó a esta sesión, más buena parte de los radicales, Guadalupe Tagliaferri, y la cordobesa Alejandra Vigo.

Teniendo en cuenta que, en caso de ser rechazada su designación, García-Mansilla tendría resuelto renunciar a la Corte para evitar el deterioro que le significaría el tironeo reglamentario que se daría en torno a la legalidad de sus fallos tras ser rechazado por el pleno, la novela de estos jueces de la Corte podría llegar a su fin este jueves. Eso comenzará a develarse antes de que se cumpla media hora desde el inicio de una sesión clave del Senado que, nuevamente, no podrá ser presidida por Victoria Villarruel, por encontrarse el presidente en el exterior, publicó Parlamentario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por mayoría el pedido de licencia solicitado por el juez federal Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal sin renunciar a su actual cargo. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, quienes se opusieron a la posibilidad de que integre la Corte sin abandonar su puesto en la justicia federal.

En minoría, el magistrado Ricardo Lorenzetti sostuvo una postura contraria y propuso avanzar con el nombramiento del juez.

A partir de ahora se abre un nuevo escenario. Y el decreto presidencial con la designación del magistrado quedó en suspenso.

García-Mansilla y Lijo fueron designados en comisión por el Poder Ejecutivo. El primero asumió la semana pasada luego de un acuerdo entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. La situación del segundo se discutió este jueves y tras la decisión adoptada, ahora su nombramiento quedó en una especie de limbo jurídico.

La opción del Senado

A partir de esta decisión, la suerte de Lijo está puesta únicamente en el Senado. Si la Cámara Alta decide reunirse para tratar su pliego, el juez a cargo del juzgado federal 4 podría a ingresar a la Corte de manera vitalicia. Lijo ya obtuvo dictamen a favor de la Comisión de acuerdos pero el tratamiento de su pliego sigue demorado.

Su pliego de Lijo, que inicialmente contaba con el respaldo necesario para ser aprobado, quedó en suspenso tras el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, lo que llevó a aliados y opositores a reconsiderar su apoyo.

Por otro lado, el pliego de García-Mansilla no alcanzó las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, lo que obliga a la oposición a reunir dos tercios de los votos en el recinto para su aprobación. A pesar de haber jurado como juez, su nombramiento está sujeto a un plazo de un año lo que refuerza la fragilidad de su posición.

La defensa de MileiEl presidente defendió enérgicamente la constitucionalidad de los nombramientos en comisión por decreto, argumentando que la propia Corte avaló esta práctica al tomar juramento a García Mansilla. En una entrevista afirmó: “La evidencia de que el nombramiento de García Mansilla por decreto es constitucional es que la Corte lo analizó y decidió tomarle juramento”. Además, calificó de “ñoños republicanos” a quienes cuestionan esta decisión. Justificó también su decisión en la demora del Congreso en aprobar los pliegos de ambos jueces, enviados en marzo del año pasado.

Sin embargo, la designación de jueces por decreto genera incomodidad incluso dentro de la Corte. Aunque en 2015 el expresidente Mauricio Macri utilizó este mecanismo para nombrar a Rosatti y Rosenkrantz, ambos asumieron sus cargos solo después de obtener el acuerdo legislativo.

Fuente: Infobae/ Noticias Argentinas

Noticia en desarrollo

Se presentó hoy en los tribunales una acción judicial –hasta ahora, la primera que se conoce– contra el decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las dos vacantes de la Corte Suprema, en comisión, hasta fin de año.

La presentación, a la que accedió, la hizo la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). Se trata de una acción que pide la nulidad y la declaración de inconstitucionalidad del decreto. Incluye la solicitud de una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto y, por ende, no se les tome juramento a Lijo y García-Mansilla.

El expediente, por sorteo, le tocó al juzgado federal con competencia civil y comercial N°4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo.

La presentación de Cepis sostiene que el decreto 137/2025 implica una “vulneración del principio de no concentración de poder” y “carece de la debida fundamentación”. Advierte: “Resulta desproporcionada la relación de la situación alegada con el daño institucional que genera, lo cual evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional”.

El problema para que casos como este prosperen, advirtieron distintos constitucionalistas, es que la Justicia es restrictiva respecto de a quiénes les reconoce “legitimación” para litigar contra un decreto como el de Milei.

Cepis escribió: “Requerimos el dictado de una medida cautelar interina ordenando se suspenda la toma de juramento a los señores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, hasta tanto se resuelva la cautelar requerida, a fin de no volver etéreo el planteo actual, ello en cuanto el traslado que impone la ley 26.854 implicaría la consolidación de una situación de hecho, en franca contradicción con las normas constitucionales, las leyes y los decretos que reglamentan las formas y requisitos para ser elegidos jueces de la Corte Suprema. Finalmente solicitamos se proceda sin dilación alguna a la inscripción de los presentes autos en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Fuente: La Nación

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital se reúne hoy, a las 11, para evaluar el pedido de licencia como juez federal de Ariel Lijo, que, si no la obtiene, debería renunciar a su cargo de juez federal para asumir como ministro de la Corte, en comisión, hasta que termine el año legislativo. Así lo informaron fuentes judiciales.

La reunión fue convocada por el presidente del tribunal, Mariano Llorens, porque si bien Lijo no presentó aún su pedido formal, ya se los hizo saber telefónicamente a los camaristas. En el tribunal creen que al juez -nombrado hoy por decreto por Milei para integrar el máximo tribunal- le corresponde la licencia, pero discuten si pueden dársela los propios camaristas, como pretende Lijo, o si ellos deben elevar el pedido a la Corte, dado que se trata de una licencia extraordinaria, que solo ella puede conceder, relataron fuentes de la Cámara. Es una discusión clave porque los camaristas tienen información -tal como la tiene Lijo- de que la Corte no accedería a darle la licencia y sólo le tomaría juramento en comisión si él antes renuncia.

“Hoy hay dos posiciones. La duda es si elevamos el pedido de licencia con una opinión favorable nuestra o si la concedemos nosotros”, dijo un camarista.

La Cámara Federal impulsó con ímpetu la llegada de Lijo a la Corte. Cinco de los seis camaristas le firmaron incluso su aval a la candidatura. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, promotor central de la postulación del Lijo, tiene desde hace años vínculos muy estrechos con el tribunal; sobre todo con Martín Irurzun, que es quien más años lleva como camarista.

Los asuntos a resolver entonces son ahora dos: la primera es si puede Lijo asumir en la Corte con una licencia (sin renunciar a su cargo de juez); la segunda, quién estaría en condiciones de darle esa licencia.

Quienes sostienen que Lijo debería renunciar si pretende asumir en comisión recuerdan que la Corte tiene un precedente de 1975, el caso del juez René Niklison, que sostenía que su nombramiento como camarista en comisión no lo había hecho perder su cargo de juez de primera instancia (casualmente, ocupaba el mismo juzgado que Lijo, el federal 4). En ese caso, en un fallo, la Corte dijo que el nombramiento de este magistrado en comisión “importó por parte del Poder Ejecutivo Nacional una expresa declaración de su voluntad que indica la definitiva conclusión de la situación anterior, la que sería incompatible con la nominación”. Y que la aceptación de parte del juez “del cargo en comisión implicó por su parte un acto de voluntad expresa de poner fin a la misma situación anterior, desde que no sería admisible que pretendiera investir simultáneamente la doble condición de juez con acuerdo y de juez designado en comisión”.

En cuanto a quién le corresponde darle la licencia, la regla es que la Cámara otorga las licencias ordinarias (por ejemplo, por enfermedad, exámenes, “motivos personales”) y la Corte, las extraordinarias (”no previstas en el régimen de licencias”).

En el caso Cartolano, resuelto por la Corte Suprema el año pasado, un secretario de la Cámara Federal pidió licencia porque había sido propuesto como Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción. El trámite se inició entonces en la Cámara Federal, que “prestó conformidad” para la licencia, pero no se la concedió sino que elevó el pedido a la Corte, que la otorgó por seis meses con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Fue la Corte, también -recuerdan en Comodoro Py-, la que les dio licencia en diciembre de 2022 a los camaristas Jorge Rimondi y Mauro Divito, de la Cámara del Crimen (la penal ordinaria, no federal) para que asumieran como subrogantes en la Cámara Nacional de Casación Penal para cubrir transitoriamente dos vacantes.

La Cámara, sobre Lijo

La Cámara Federal es el tribunal que controla las decisiones de los jueces de primera instancia –Lijo incluido– y el año pasado, cinco de los seis magistrados dieron su aval a la postulación del magistrado para la Corte. El entonces presidente de la Cámara, Pablo Bertuzzi, dijo en aquel momento que “fueron adhesiones individuales”, no un pronunciamiento del tribunal. Y afirmó, respecto de Lijo: “Reúne los requisitos de ser una persona con la que tengo diálogo y que acceda a ese puesto va a permitir un ida y vuelta fluido con la Corte ante los problemas que podamos tener en la Cámara, sobre todo, en miras a la reforma por venir [en alusión a la puesta en marcha del sistema acusatorio]. No es lo mismo hablar con alguien que está en la trinchera y es penalista”.

Roberto Boico, otro de los camaristas que firmó el aval a Lijo, explicó: “Firmé el texto sugerido que circulaba, como los que todos hacemos circular para que nos firmen nuestros avales. Yo creo que es un buen candidato, más allá de las críticas que se le hacen. El conocimiento que tengo es de una persona correcta, comprometida con la función. Lo conozco sobre todo de la facultad.” Boico relató que él tuvo más de 300 avales en el proceso para ser camarista. “Desde expresidentes, como José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, Rafael Correa y Manuel Zelaya; hasta Fito Páez, Leo Sbaraglia y Alejandro Dolina”, contó.

Martín Irurzun y Eduardo Farah son los otros dos integrantes de esta Cámara que le hicieron llegar a Lijo su apoyo.

Fuente: La Nación

Finalmente, tal como había trascendido este martes, Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, anunció en un comunicado Presidencia.

En ese sentido, el Gobierno resaltó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".

De hecho, en el comunicado recordaron “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.