El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que el gobierno nacional inició el año pasado el proceso administrativo para comprar 100 pistolas taser.

“Las compré en octubre. Iniciamos una licitación, se presentaron diferentes oferentes y uno que en su momento se había presentado como vendedor del Estado en la época macrista nos tomó un pago que se había hecho en aquel momento y eso nos baja considerablemente el costo, ahora falta terminar el proceso”, explicó Fernández al ingresar a su oficina.

Se trata de 100 dispositivos modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.

Si bien el oferente apareció en el marco de una licitación, la contratación será directa, sin compulsa. El Gobierno argumentó que busca aprovechar un descuento (de USD 123.500) que ofrece la firma a cambio de la entrega del lote que adquirió la gestión de Patricia Bullrich en 2019 del modelo X26P mediante la misma empresa. Esos dispositivos quedaron en desuso. La mecánica de la compra quedó plasmada en el anuncio del Boletín Oficial que detalla la medida.

Pistolas Taser similar a la de la foto fueron adquiridas por el gobierno nacional

La decisión del Ministerio de Seguridad -conocida ayer- generó sorpresa porque existe una polémica abierta con la Ciudad de Buenos Aires, que argumenta que el Estado Nacional no le permite ingresar al país 60 pistolas similares.

Esta mañana, Fernández fue consultado sobre qué sucedará con la habilitación pendiente para que la administración de Rodríguez Larreta incorpore el armamento. “Seguramente sí (los vamos a habilitar), pero no soy yo quien debe hacerlo”, contestó.

Efectivamente, el trámite depende de otra órbita que se encuentra bajo la conducción política del ministro de Justicia, Martín Soria.

Para entenderlo, hay que retrotraerse a 2020. La administración de Horacio Rodríguez Larreta había tramitado una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para comprar 60 pistolas. Ramiro Urristi, el funcionario que firmó la habilitación, fue eyectado del cargo a los pocos días de haber consentido el acto administrativo y la nueva conducción del organismo que depende del ministro Soria nunca permitió el ingreso del cargamento al país. La Ciudad pretende destrabar la cuestión por otra vía, la judicial, con un amparo que fue presentado en octubre del año pasado. Recientemente, la Justicia le ordenó al gobierno nacional que resuelva en un mes si acepta la importación de estas pistolas.

En caso de que se destrabe el ingreso de las pistolas, el gobierno porteño tiene un proyecto para crear brigadas Taser que serán desplegadas en las 15 comunas para intervenir en casos especiales como hechos violentos causados por personas enajenadas o bajo una crisis nerviosa. La semana pasada, tras el asesinato de una policía porteña en la estación Retiro del subte C, el ministro (de licencia) Marcelo D’Alessandro aseguró que el hecho se podría haber evitado con la utilización de una Taser, lo que revivió la polémica.

La discusión generó incluso tensión política entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ambos candidatos a la Presidencia.

El martes por la mañana, el director Nacional de Aduana, Guillermo Michel; y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; llegarán a Gualeguaychú y entregarán entre unos 130 y 150 neumáticos incautados que serán destinados a las diferentes fuerzas de seguridad federales que actúan en nuestra ciudad. 

La entrega se realizará este martes desde las 9 en la sede de Aduana ubicada en la Costanera de Gualeguaychú.

La nuestra será la primera ciudad del país en poner en marcha el convenio tripartito firmado hace un par de meses entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Aduanas.

Además de Michel y Aníbal Fernández, se trabaja en coordinar la agenda para lograr la presencia también del Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto.

También se espera por la confirmación de la asistencia del director Nacional de Gendarmería, Comandante General Andrés Severino, y el subdirector Nacional, Javier Alberto Lapalma, oriundo de Gualeguaychú durante el acto en la explanada del ingreso al edificio de Aduana-AFIP sobre avenida Del Valle.

El convenio 

En diciembre pasado se realizó la rúbrica de un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría General de Presidencia de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas. El mismo estipula un convenio de colaboración con el objetivo de proteger el medioambiente desde el ámbito aduanero.

En la rúbrica del acuerdo estuvieron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el administrador de la AFIP, Carlos Castagneto; el titular de la Aduana, Guillermo Michel y el subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ritacco.

Mediante el programa, los funcionarios activaron mecanismos para entregar neumáticos a las fuerzas de seguridad.

Esto servirá para reemplazar rodados que se encontraban dispuestos para destrucción, que pasarán a ser empleados bajo un esquema de economía circular, de manera que puedan reingresar al sistema productivo.

Durante 2022, los mecanismos de comercialización de este tipo generaron aproximadamente 71 toneladas de materiales resultantes de la inutilización de neumáticos, por un valor equivalente a $1.166.116,56.

Esta recaudación posibilitó obtener recursos monetarios para el Estado, y al mismo tiempo significó un sustancial ahorro de costo ambiental.

La cuestión medioambiental

En términos de impacto ambiental, resulta importante destacar que cada tonelada de caucho cuya incineración se evita equivale a dejar de emitir 4.371 toneladas de CO₂.

El total de materiales comercializados ha evitado una emisión al medio ambiente que asciende a 310.658 toneladas de CO₂.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reveló que la semana pasada, luego del ataque a Cristina Kirchner, puso a disposición del Presidente su renuncia.

“Yo soy un caballero y cuando estas cosas sucedieron, lo primero que le dije al Presidente es que estaba dispuesto a correrme”, aseguró Fernández esta mañana al llegar a su oficina.

El ofrecimiento fue rechazado. De hecho, Aníbal Fernández participó de la reunión de gabinete convocada de urgencia el viernes a la mañana luego del atentado y fue el encargado de contar en qué estado se encontraba la investigación. También mantuvo comunicaciones con la Vicepresidenta el jueves y el sábado para hablar sobre lo sucedido. No obstante, el ministro informó: “El Presidente sabe que voy a colaborar corriéndome cuando sea necesario”.

Hebe de Bonafini fue una de las primeras dirigentes del Frente de Todos que puso la lupa sobre Aníbal Fernández luego de lo sucedido el jueves a la noche. La titular de Madres de Plaza de Mayo pidió públicamente la renuncia del ministro, que este lunes le contestó: “Me duele el alma porque ella no sabe qué pasó y opinó sin saber nada; hay que mirar las cosas como son”.

El ministro contestó las críticas por el accionar de la Policía Federal. Dijo que CFK estaba rodeada por efectivos de seguridad cuando sucedió el ataque, como prevén los protocolos. No obstante, reconoció que no le satisface lo que sucedió y que continuarán trabajando para que mejorar la custodia de la Vicepresidenta.

“Hay una foto donde se ve claramente como si fuera el cinco del dado, la Vicepresidenta en el medio y 4 hombres de la Policía Federal a su alrededor. Lo que pasó es muy difícil resolverlo en una situación abierta como es este caso”, analizó.

Y puntualizó: “En el video se logra descifrar que hay un arma en el medio después de un rato largo, en el lugar pasó exactamente lo mismo, yo no estoy justificando ni mucho menos, lo que ha sucedido es un hecho horroroso que nosotros estamos tratando con mucho profesionalismo”.

Aníbal Fernández deslindó responsabilidad de la Policía en el “reseteo” que sufrió el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la ex Presidenta. Según relató, los efectivos que incautaron el móvil se limitaron a guardarlo en una bolsa “faraday” -crean un campo electromagnético para que no se pueda acceder remotamente- y entregárselo a la Justicia.

Uno de los convenios establece la adhesión del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC) y tiene como objeto acordar acciones conjuntas entre el gobierno provincial y la Nación de cooperación y colaboración para la detección, prevención e investigación en materia de ciberdelito y ciberseguridad.

“Con el ministro de Seguridad avanzamos en la suscripción de convenios que redundan en beneficios para el Sistema de Seguridad y en especial para el equipamiento de la Policía de Entre Ríos”, dijo la ministra.

Además, Romero detalló: “En la reunión dialogamos sobre las próximas actividades de los Ministerios de Seguridad de todo el país avanzando en los temas comunes”.

A través de este convenio, el Ministerio de Seguridad de la Nación entrega a la provincia un firewall; un servidor; un switch y tres estaciones de trabajo con monitores de gran tamaño que serán afectados exclusivamente al fortalecimiento del área de investigación en ciberseguridad de Entre Ríos. El acuerdo prevé, además, la capacitación permanente para agentes y funcionarios a cargo de estas áreas en materia de ciberseguridad, ciberdelito y forense digital.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, desafió al “tractorazo” que están organizando entidades y agrupaciones ruralistas para el próximo sábado 23 de abril hacia la Capital Federal en Plaza de Mayo, al afirmar que “ni sueñen” que van a entrar, y mantuvo un intenso cruce con los convocantes y la oposición de Juntos por el Cambio, que presentó un amparo para garantizar la movilización.

“Lo van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera. ¿Qué van a entrar a Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen...”, sostuvo ayer el funcionario en diálogo por C5N. “Yo defiendo lo que dijo el ministro de Economía (Martín) Guzmán de que no va a haber aumento de las retenciones. Esa discusión está saldada”, agregó.

Aníbal Fernández evaluó que “el campo está pasando su mejor momento, va a ser un muy buen año” por lo que minimizó el tenor de las medidas de fuerza.

En la movilización, a la que adhieren productores de diferentes regiones del país y que se viene impulsando desde hace un mes, los dirigentes ruralistas reclamarán contra el pago de impuestos en el sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público y la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa, entre otros aspectos de la política agropecuaria.

Ante las declaraciones de Aníbal Fernández, los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, el ex diputado José Luis Patiño y el ciudadano Yamil Santoro presentaron una acción de amparo para “garantizar” que los tractores que se movilizarán el próximo 23 de abril a Plaza de Mayo puedan circular de manera libre.

“Es una afectación de una libertad pública: de expresión y del derecho a manifestarse. Pareciera que hay manifestaciones que sí están permitidas y otras no. ¿Los piqueteros pueden cortar la 9 de Julio todos los días -en muchos casos financiados por el propio Gobierno del Frente de Todos-, y una marcha con tractores está mal?”, señala un comunicado de los cinco referentes firmantes. “Vamos a garantizarle a todos aquellos que deseen manifestarse en paz, la posibilidad de hacerlo sin que ningún miembro del Poder Ejecutivo se arrogue la facultad de cercenar nuestros derechos”, completaron.

Desde el sector agropecuario también se pronunciaron sobre los dichos del ministro de Seguridad. Ariel Bianchi, miembro de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) -una de las entidades que participarán de la movilización-, sostuvo: “Todos sabemos que Aníbal Fernández es un bravucón. La seguridad en CABA no depende de él, sino del ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que busca con esas declaraciones es incitar a la violencia y nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente con toda la gente de la ciudad. De nuestra parte va a ser una movilización ejemplar”.