Los salarios universitarios acumulan una pérdida de 32% del poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, cayendo al menor nivel de los últimos 23 años, y para recomponerse necesitarían un incremento en torno al 50%.

El deterioro del poder de compra de los sueldos en el ámbito de la educación superior pública se da en un contexto crítico para las casas de estudios por ajustes en el presupuesto y el incumplimiento gubernamental de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este marco, las universidades nacionales anunciaron más medidas de fuerza que incluyen otra semana completa de paro, entre el 27 de abril y el 2 de mayo, y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo.

Al exponer el recorte presupuestario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puntualizó que “las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”.

El ajuste en el presupuesto universitario impacta de lleno en el bolsillo de los docentes y no docentes, ya que los salarios representan el 87,9% de las partidas destinadas a la educación superior, según precisó un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Al puntualizar en el efecto experimentado en el último tiempo, detalló que entre 2023 y 2025, los recursos destinados a sueldos docentes sufrieron una caída real del 30,5%, mientras que para el personal no docente la reducción alcanzó el 24,5%.

En este marco, el CIN indicó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%, lo que “implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”.

Al respecto, describió que “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”.

Con este panorama, el Consejo advirtió que en la actualidad, los salarios universitarios están en su “nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios “deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026”, según calculó el CIN y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, explicó que “ese porcentaje surge de la diferencia acumulada entre la evolución de precios y salarios y representa el incremento necesario para equiparar la capacidad de compra del salario al nivel previo a la asunción del actual gobierno nacional”.

A pesar del evidenciado deterioro del presupuesto y los haberes universitarios, el Gobierno busca aprobar una nueva ley de financiamiento para la educación superior que consolida los recortes de recursos y reemplaza a la normativa que está incumpliendo.

De esta manera, el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, alertó que el presupuesto para 2026 sería un 31,4% menor al que exige la ley actual. Además, señaló que la pérdida salarial real de los docentes, que calcula en 35,7% (mayor a la del CIN), se podría profundizar hasta alcanzar el 38% en agosto de 2026.

En este contexto, las universidades planean acentuar las medidas de fuerza con la paralización de las actividades, en todas las casas de estudios públicas del país, durante la última semana de abril, y con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo.

Al anunciar la medida, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) indicaron que “la convocatoria surge ante la crítica situación que enfrenta el sistema universitario, con más de 17 meses consecutivos de pérdida salarial, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Fuente: Noticias Argentinas

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. "Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.

El gobierno de Javier Milei avanza con el recorte de la política sanitaria y definió la reducción del Programa Remediar, creado en 2002 para garantizar la provisión gratuita en el primer nivel de atención. El Ministerio de Salud detalló que la nueva etapa del plan se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral, entre otros.

Los medicamentos incluidos hasta ahora eran amplios; entre ellos analgésicos, antibióticos, antiácidos, antiasmáticos, corticoides, antiespasmódicos, ginecológicos y cardiovasculares. Un informe sanitario denunció la reducción de los 79 fármacos del vademécum a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares.

En una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el director nacional de Medicamentos, Luis Gorostordoy, informó la restructuración del Programa Remediar. “El objetivo de la iniciativa es redefinir, junto a los ministros de las 24 jurisdicciones, la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención para garantizar una mayor eficiencia y trazabilidad. La nueva estrategia hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional”, detalla el comunicado oficial.

Según supo el portal El Destape, el nuevo Remediar comenzará a regir plenamente a partir de septiembre y la cartera sanitaria se hará cargo de la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo que los gobiernos provinciales no proveen a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta nueva etapa se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral. Tratar la hipertensión arterial previene la enfermedad, la discapacidad y la muerte provocadas por este factor de riesgo.

De esta manera, se prevé una primera etapa de distribución dirigida a centros de atención primaria que cumplan con criterios técnicos específicos, entre ellos la implementación de las guías clínicas nacionales, el uso de receta electrónica, el monitoreo de indicadores y la garantía de trazabilidad de los tratamientos.

Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, Remediar cubría el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. El vademécum incluía 79 presentaciones farmacológicas, desde medicamentos para diabetes e hipertensión hasta antibióticos, corticoides y antiparasitarios. La eliminación del programa implica que esos 79 medicamentos se reducen a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares, denuncia el estudio.

“El cierre introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, señala el informe que hace hincapié en el impacto sanitario de la discontinuidad en tratamientos crónicos como hipertensión o diabetes que aumentan el riesgo de complicaciones y descompensaciones. Ahora dependerá de la capacidad de compra de cada paciente o de las provincias.

Medicamentos discontinuados (79 presentaciones):

Enfermedades cardiovasculares:

El estudio detalló que el caso de Tierra del Fuego muestra la magnitud del recorte ya que según datos oficiales, las entregas de medicamentos se redujeron de 143.652 unidades en 2023 a apenas 42.966 en 2025, una caída cercana al 70% en dos años. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, el deterioro fue igualmente contundente. Los centros de salud abastecidos pasaron de 1.617 en 2023 a 1.132 en 2026.

Los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110 y las unidades mínimas de medicamentos se redujeron de 10.458.567 a 4.636.253, más de un 55% menos Esta situación obliga a las provincias a asumir compras propias mediante licitaciones, incrementando el esfuerzo fiscal local. Santa Fe, por ejemplo, debió avanzar en procesos de adquisición para cubrir la demanda que antes garantizaba la Nación.

Por su parte, según supo este medio la medida se definió luego de detectar la falta de "un seguimiento y trazabilidad a lo largo del tiempo" que "derivó en innumerables casos de malversación de los kits, en la venta ilegal de medicamentos o incluso en el uso político con entregas por fuera de las salas de atención primaria de salud". "Menos del 10% de los CAPS reportaba efectivamente qué se hacía con ellos, por eso no se conoce el impacto sanitario del programa", trascendió desde la cartera sanitaria.

En este marco, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue categórico: “Desde cualquier punto de vista, es un desastre total”. Sus declaraciones reflejan la gravedad de la eliminación de un programa que abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes. Kreplak recordó que Remediar nació en 2002, tras la crisis de 2001, cuando casi la mitad de la población no tenía acceso a medicamentos. “Fue una respuesta a una crisis sanitaria gravísima”, explicó en Radio 750. El ministro subrayó el alcance federal del programa: “Hay lugares del interior donde no hay farmacias. El único acceso a medicamentos es a través del Estado. Estamos hablando de 20 millones de personas”.

La eliminación del suministro gratuito implica que millones de pacientes deberán acudir a guardias hospitalarias por cuestiones básicas. “Si sacás eso, el sistema va a colapsar”, advirtió. Kreplak también alertó sobre el contexto estacional: “Estamos entrando en el invierno, cuando aumentan las enfermedades respiratorias. Es el peor momento para retirar medicamentos”.

os despidos en el Servicio Meteorológico Nacional generaron preocupación tras el comunicado de los trabajadores, quienes advirtieron que la reducción de personal comprometerá funciones esenciales del organismo en todo el país. La decisión fue confirmada por el director del SMN, Antonio José Mauad, quien indicó que se entregará una lista de 240 empleados civiles que serán cesanteados antes del viernes 10 de abril de 2026.

Según se informó, la medida responde a un pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el marco de un proceso de ajuste. Del total de trabajadores afectados, 130 pertenecen a estaciones meteorológicas distribuidas en distintas regiones del país y otros 110 cumplen funciones en la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el sector laboral señalaron que se trata de una reducción superior al 30% del personal civil, lo que consideraron un recorte “crítico” para el funcionamiento del organismo. En ese sentido, alertaron que podría verse comprometida la calidad de los servicios meteorológicos, fundamentales para la seguridad aeronáutica y las actividades productivas.

El comunicado detalló que el SMN actualmente cuenta con 980 trabajadores, de los cuales 780 son civiles. Con la implementación de los despidos y la salida de otros 31 empleados en condiciones de jubilarse, el plantel quedaría reducido a aproximadamente 540 trabajadores civiles.

Los trabajadores sostuvieron que esta cifra está muy por debajo de la dotación mínima necesaria para garantizar un servicio eficiente, estimada en 1200 empleados. En ese contexto, remarcaron que la disminución de personal afectará la capacidad de monitoreo, pronóstico y emisión de alertas tempranas.

Además, advirtieron que el impacto no se limitará al ámbito técnico, sino que repercutirá directamente en múltiples sectores de la economía. “Las actividades aeronáuticas y agropecuarias dependen de la información meteorológica precisa y oportuna”, señalaron en el documento difundido.

Por último, manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias en la seguridad de la población, al considerar que una menor capacidad operativa del organismo podría dificultar la prevención de fenómenos climáticos extremos y sus efectos sobre la vida y los bienes.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

Se profundiza el conflicto universitario a nivel nacional, frente al reclamo por mejoras salariales y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Por ello, desde Conadu anunciaron un paro de una semana completa y medidas de fuerza sucesivas las próximas semanas.

“La situación está muy compleja como en todo el sistema universitario del país. Nuestra universidad no escapa a eso. Está prevista una semana de paro docente por parte de AGDU. APUNER, que es el personal administrativo y de servicios, también se adhiere”, precisó Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

“La situación es realmente muy compleja. Salarialmente hemos perdido cerca del 50%. No hay inversión en la parte científica, de extensión e investigación. El sistema universitario está en una situación muy crítica”, lamentó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

Aclaró que las puertas estarán abiertas y los docentes definen su adhesión o no al paro.

Consultado por las posibilidades de que el Gobierno nacional atienda sus reclamos, alertó: “Lo preocupante es que no vemos luz. Creemos que es un método del gobierno nacional de desfinanciar algo primero, después criticarlo y después desguazarlo. Desfinanciando la universidad, se nos van profes, se va personal y estudiantes que se ven afectados por los paros”.

La crítica situación de las universidades nacionales se mantiene a la orden del día debido al fuerte ajuste fiscal que el Gobierno Nacional viene implementando en el presupuesto educativo, que impacta en las condiciones de vida de los trabajadores y hace peligrar el próximo comienzo de clases. En este esquema, la administración de Javier Milei anotó otro “hito” de su gestión: con los últimos datos de inflación del cierre de 2025, el salario real de la docencia universitaria cayó a menos de la mitad que hace una década atrás. La situación se agravó al punto de que numerosos cargos con dedicaciones de 40 horas semanales se encuentran por debajo de la línea de pobreza definida por el INDEC.

“Se observa una consolidación de la depreciación acelerada del salario ocurrida durante los primeros meses del gobierno, sobre una base que ya era históricamente baja”, señaló un informe elaborado por docentes de distintas universidades del país al que accedió este portal. De esta manera, los datos evidencian que se produjo una ruptura del piso histórico, constituyendo “el peor momento de la década para el salario real docente universitario”.

La pérdida salarial acumulada entre 2015 y 2025 equivale a más de 57 salarios actuales. Desde el inicio de la gestión libertaria, la pérdida salarial acumulada ya representa 8,7 salarios actuales. Como resultado, para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos diez años sería necesaria una recomposición superior al 95% ya que, en perspectiva histórica, el poder adquisitivo de la docencia universitaria disputa también los puestos más bajos desde el regreso de la democracia, marcando un retroceso sin precedentes.

Durante los últimos años, los acuerdos paritarios de la docencia universitaria no lograron recomponer el poder adquisitivo del salario en niveles semejantes a los de fines de 2015. De hecho, con los últimos datos de inflación del INDEC para el cierre del 2025 se confirmó un hito crítico: el salario real –considerando el efecto inflacionario- de la docencia universitaria es hoy menos de la mitad que en noviembre del 2015.

La situación se agrava si se compara para atrás en el tiempo ya que dicho salario se posiciona como el más bajo de las últimas dos décadas y disputa los puestos más bajos desde el regreso de la democracia, marcando un retroceso sin precedentes en el poder adquisitivo de este sector del trabajo que viene atravesando un derrotero a la baja, al punto de que alcanza para adquirir un 31,0% menos de bienes y servicios que en noviembre de 2023 (inicio de la gestión actual). 

“Estos datos no son sólo números, sino el reflejo de una década de erosión salarial que impacta directamente en la dignidad laboral y la sustentabilidad del sistema universitario” señaló un documento elaborado por el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU) que analizó también el deterioro del poder acumulado durante los últimos tres mandatos presidenciales.

Si se observa lo sucedido en el gobierno de Mauricio Macri la pérdida salarial equivale a 12,0 salarios actuales. Dicha administración dejó un piso que no pudo ser recuperado durante el mandato de Alberto Fernández, equivalente a 21,2 salarios actuales. Luego, durante tal gobierno la pérdida fue de 5,1 salarios actuales, que al cierre del mandato dejó un nivel de pérdida equivalente a 11,7 salarios actuales. Por último, en lo que va del gobierno de Javier Milei se acumula un recorte equivalente a 8,7 salarios actuales. En otras palabras, la pérdida salarial acumulada entre 2015 y 2025 supera los 57 salarios actuales, “una verdadera masa salarial resignad, sin considerar aún las pérdidas asociadas a los aguinaldos”, explicaron desde el centro de investigación. 

Sobre la evolución puntual en la actual administración libertaria puntualizaron que “durante los primeros dos meses del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) el poder adquisitivo del salario sufrió un desplome significativamente mayor que el registrado en las dos administraciones anteriores. La recomposición salarial posterior —entre febrero y octubre de 2024— fue lenta y discontinua, recuperando apenas 7 puntos en 9 meses. Esa recuperación parcial se interrumpió luego con una nueva caída, que perforó nuevamente el mínimo alcanzado al inicio del mandato”, detalló el documento al que accedió este medio. 

En este esquema, para sostener simplemente el poder adquisitivo de noviembre de 2023, sería necesario un incremento en torno al 50% mientras que para que el salario vuelva a alcanzar el poder adquisitivo que tenía hace diez años (es decir, en noviembre de 2015), sería necesaria una recomposición superior al 95% ya que, como se desprende del informe, el poder adquisitivo de la docencia universitaria se encuentra actualmente en el peor nivel de toda la serie.

El documento del LSDU analizó también el derrotero de los salarios en comparación con las posibilidades de acceso a la canasta de bienes y servicios básicos, es decir, cuántas horas de docencia universitaria son necesarias para que un docente no sea pobre en términos de ingresos. Los resultados exhibieron que numerosos cargos con dedicaciones de 40 horas semanales se encuentran por debajo de la línea de pobreza definida por el INDEC.

Entre los ejemplos analizados aparecen Ayudante de 1era. con dedicación exclusiva y 20 años de antigüedad, ($1.242.887), Jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva y 15 años de antigüedad, ($1.264.858), Profesor adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad ($1.299.251), Profesor asociado con dedicación exclusiva y 5 años de antigüedad ($1.284.442) y Profesor titular con dedicación exclusiva ($1.250.305) que no logran superar la canasta básica total para un hogar tipo 2 (compuesto por dos personas adultas y dos menores) en torno a $1.300.000.

Por último, “la tendencia general del período muestra una pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario de la docencia universitaria, y desde el inicio de la gestión actual, la pérdida salarial acumulada ya equivale a 8,7 salarios actuales”, concluyó el informe.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un marcado retroceso en el mercado laboral formal de Entre Ríos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran una contracción del 4,4% en la cantidad de empleadores con personal registrado, que pasaron de 17.405 a 16.631, lo que significa 774 empresas o establecimientos menos. Paralelamente, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 10.575 personas (-3,8%), reduciéndose de 281.045 a 270.470.

La destrucción de empleo fue especialmente severa en el sector público y la construcción. La “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” lideró las pérdidas absolutas con una reducción de 44.838 puestos de trabajo, una caída del 36,6%. Sin embargo, en términos relativos, el sector más golpeado fue la “Construcción”, con una pérdida del 39% de su plantel (-3.273 trabajadores). El “Servicio de transporte y almacenamiento” también sufrió una merma significativa del 25,9% (-2.502 puestos).

En cuanto a los empleadores, el comercio mayorista y minorista fue el que más unidades productivas perdió en números absolutos (-173). No obstante, los sectores más afectados en términos porcentuales fueron los “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” (-15,4%) y la “Construcción” (-14,1%), evidenciando un fuerte impacto en actividades vinculadas al consumo y el ocio.

El análisis por tamaño de empresa indica que la desaparición de empleadores se concentró casi en su totalidad (99,9%) en las firmas de hasta 500 trabajadores, que redujeron su número en 773 unidades (-4,5%). En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, el 55,1% (5.831 empleos) correspondió a estas empresas más pequeñas, mientras que el 44,9% restante (4.744 empleos) se registró en empresas grandes de más de 500 trabajadores.

El informe del CEPA, con datos a septiembre de 2025, concluye que los primeros 22 meses de la actual gestión nacional estuvieron marcados por una contracción generalizada del empleo formal y del tejido empresarial en la provincia de Entre Ríos. 

Fuente: APF Digital

Ante la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que anunció este lunes el gobierno nacional, los sindicatos docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) confirmaron la ejecución de la huelga este martes y miércoles. Hay facultades cerradas y algunas que funcionan con servicios mínimos.

La medida había quedado en suspenso a la espera de la definición del Gobierno, que tenía tiempo hasta este lunes para promulgar la ley. La normativa tuvo idas y vueltas: aprobada por ambas cámaras, vetada por el presidente Javier Milei, luego ratificada nuevamente en ambas cámaras legislativas.

Y, finalmente, este lunes se conoció la promulgación, pero sin aplicación. El Gobierno resolvió que su puesta en marcha queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Y los docentes y trabajadores universitarios activaron la huelga que estaba en stand-by.

El gremi APUNER conviocó “a todos los trabajadores nodocentes de la UNER a un paro total de actividades por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para este martes”. Asimismo, serealizarán actividades de protesta y visibilización este miércoles 22.

La ley tiene por objeto “garantizar la totalidad de los fondos para el financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de los trabajadores y las trabajadoras nodocentes”, recordó el sindicato

Por su parte, el gremio docente AGDU había dispuesto en línea con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) dos jornadas nacionales de protesta este martes y miércoles.

“Frente a un contexto sumamente grave en las universidades nacionales, con salarios de pobreza, sobrecarga laboral y falta de diálogo, nuestro objetivo es evitar el desguace del sistema universitario y científico”, alegaron desde AGDU.

La huelga se sentirá también en la UTN. La federación de docentes FAGDUT informó que este martes y miércoles hará paro en las 30 facultades regionales: incluye las de Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia en Entre Ríos.

“La dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar. Más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza”, señaló el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi.

En una semana donde el Conicet se convirtió en un inesperado fenómeno de audiencias por la transmisión en vivo de su expedición en el fondo del mar, un informe del grupo "Economía, Política y Ciencia" (EPC) expuso la crítica situación laboral que atraviesan los trabajadores del sector en el marco del ajuste del gobierno de Javier Milei.

El estudio revela que, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) sufrió una pérdida neta de 4.040 empleos. La caída es del 7,2% en los organismos públicos y se dispara al 12% en las empresas y sociedades del Estado.

El Conicet representa algo más de un cuarto del total de empleos perdidos, con 1.085 bajas (894 cargos de personal y 191 becas). Otros organismos muy afectados son el INTI, con 740 despidos, y el INTA, con 530.

El informe califica la situación de "profundo vaciamiento". En términos relativos, el mayor ajuste se dio en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con una reducción del 40,4% de su personal, y en la Agencia I+D+i, con una baja del 37,5%.

La paradoja se vuelve evidente: mientras miles de argentinos se conectan para maravillarse con los descubrimientos científicos en el Mar Argentino, los responsables de esa ciencia enfrentan un fuerte deterioro de sus condiciones laborales, con una caída del empleo sin precedentes en la historia reciente del sector.

Fuente: Noticias Argentinas

En el marco del proceso de ordenamiento y cumplimiento estricto de la normativa vigente, la Fiscalía de Estado, a través de la Dirección de Sumarios, informó que durante 2024 y lo que va de 2025 se dictaron 174 cesantías de agentes de la administración pública provincial, como resultado de los sumarios por incumplimientos graves a los deberes de funcionario público.

Según el informe de Fiscalía, en 2024 se resolvieron 85 cesantías y dos exoneraciones, mientras que en lo que va de 2025 ya se dictaron 89 cesantías y una exoneración. En promedio, alrededor del 80 por ciento de los sumarios finalizados en este período culminaron en la aplicación de la sanción de cesantía, la medida prevista por la ley para los casos de faltas graves.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, subrayó que esto es resultado de la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de regularizar y ordenar la aplicación de la Ley N° 9755 y los distintos estatutos que rigen la función pública provincial. “Desde el inicio de la gestión, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de hacer cumplir las leyes que regulan el desempeño de los agentes públicos, respetando los derechos de defensa y garantizando el debido proceso en cada caso”, explicó el funcionario.

En este sentido, Rodríguez Signes remarcó que durante años el ejercicio del poder disciplinario en la administración pública fue claramente irregular. “Los sumarios se hacían, pero sucedían dos cosas: o bien los gobiernos que sucedían al que había iniciado el proceso sumarial invalidaban esos sumarios mediante indultos; o directamente no se concluía el procedimiento, quedando los expedientes archivados, sin dictar los decretos de cesantía o exoneración. Así se desnaturalizaba el ejercicio del poder disciplinario de la administración”, dijo.

Además, agregó: “Así es como encontramos situaciones ridículas, con personas que acumularon más de 100 o 200 inasistencias injustificadas. La gran mayoría de las cesantías actuales responden justamente a faltas injustificadas”.

Cabe aclarar que los sumarios que lleva adelante la Dirección de Sumarios no comprenden al personal docente ni policial, cuya tramitación corresponde a otros ámbitos administrativos.

El fiscal de Estado precisó además que, actualmente, el total de sumarios en trámite ronda los 215 expedientes. “Puede haberse incorporado algún caso más, pero seguimos trabajando sobre un universo de alrededor de 215 expedientes activos”, explicó.

Este proceso de depuración y control apunta a fortalecer la transparencia, garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y proteger los intereses del Estado provincial, resguardando los recursos que pertenecen a todos los entrerrianos. (Fuente: Ahora)

En un mensaje grabado junto a miembros de su Gabinete y dirigentes libertarios de renombre destacó que "el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hace ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre".

Luego recordó que "cuando les pedí el voto les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene tres fundamentos: orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento económico argentino". A su vez, agradeció a la población por "haber atravesado las turbulencias que atravesamos en este casi año y medio de la que llevamos de Gobierno".

El presidente Javier Milei recordó a los 87 diputados que fueron agasajados en la Quinta de Olivosluego de blindar el veto presidencial que impidió un aumento de ingresos para jubilados: "Hay actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estamos viviendo sin mezquindades ni condicionamientos. Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista".

Aunque aseguró que "la inflación va a colapsar porque no habrá emisión de pesos sin respaldo", admitió que "este mes hemos visto una interrupción en el proceso de desinflación. Estos son los efectos de la aberración de la Ley Guzmán, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para este acuerdo con el FMI".

"Pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar", agregó y destacó el equilibrio fiscal, la estabilidad inflacionaria y la liberación del cepo cambiario. Asimismo, reconoció que el desembolso del FMI se da "para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos" y reiteró que "casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien".

El mandatario señaló que "nunca jamás en los últimos 120 años tuvimos orden fiscal, orden monetario y orden cambiario a la vez" y apuntó que "no vengan a decir que ya la vieron porque esta vez sí es diferente". "Cada vez que nos encaminamos a hacer las cosas bien, nos terminamos quedando cortos y nos terminamos golpeando con la realidad", agregó y dijo que "se rompió la rueda de la ilusión y el desencanto".

Desembolso del Fondo Monetario Internacional

La consolidación del programa económico contará con el respaldo financiero de una nueva Facilidad Extendida de Fondos (EFF) acordado con el FMI por u$s20.000 millones, de los cuales u$s15.000 millones constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. De esa suma, u$s12.000 millones ingresarán a las arcas nacionales el próximo martes 15 de abril y otros u$s2.000 millones llegarán entre abril y junio.

Por otro lado, se recibirán otros u$s3.600 de organismos internacionales y una suma de u$s2.000 millones de un REPO que concretará el BCRA. Los desembolsos inmediatos constituyen u$s19.600 millones y habrán otros u$s3.500 millones restantes en el 2025 (u$s1.500 del FMI y el resto de otros organismos).

En ese marco, Javier Milei planteó que las reservas de las arcas argentinas ascenderían a los u$s 50.000 millones: "Podemos respaldar todos los pesos existentes de nuestra argentina, brindándoles más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos". En ese sentido, el acuerdo con el FMI "busca restaurar el activo del BCRA y con esa su patrimonio, para que de este modo la inflación sea un solo mal recuerdo del pasado".

Tensión externa

Minutos después, afirmó que "estamos en mejores condiciones que nunca para recibir turbulencias externas": "Absorberemos menos daño que en cualquier momento de la historia y nos recuperaremos a una mayor velocidad". "Estamos siendo testigos de una transición importante de cómo funciona la economía global", reconoció y dijo que "en un mar de volatilidad no somos una balsa de madera a la deriva. Somos un verdadero acorazado".

"Ante la posibilidad de que el shock externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal reduciendo el gasto público", insistió y subrayó que priorizarán que "el ajuste no caiga sobre el sector privado, que es el verdadero motor de la economía". "Nuestro objetivo es convertirnos en el país más libre del mundo. Para eso seguiremos reduciendo la carga impositiva total, ya sea con la eliminación del impuesto inflacionario como con la eliminación de impuestos directos", añadió.

Para concluir, prometió que "la recuperación que venimos viendo hace meses se acelerará y se convertirá en un crecimiento sostenido y será el país con el mayor crecimiento económico acelerado". "Pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas", ejemplificó y subrayó que "la Argentina volverá a ser grande nuevamente".

Luego de recortar en unos 36.000 empleados la planta del Estado durante su primer año de gestión, el Gobierno de La Libertad Avanza promete seguir con la motosierra en 2025 y estableció nuevas medidas para profundizar la baja del gasto público.

En ese sentido, dispuso que cada contratación que se realice en el Sector Público Nacional deberá ser compensada con el recorte de tres empleados. Se trata de un sistema "3x1" que quedó plasmado en el Decreto 1148/24, que se publicó esta semana en el Boletín Oficial. 

Evolución de la dotación del sector público actualizado a noviembre. Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. VLLC! pic.twitter.com/o68U9KKRW4

Allí, se establece que "las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 1° del presente podrán disponer únicamente, para las designaciones o contrataciones no comprendidas en el artículo 2°, un alta en el supuesto que informe tres bajas de personal".Esta medida se complementa con el examen de idoneidad que los trabajadores deben aprobar para formar parte de la Administración Pública Nacional. Durante la primera tanda de diciembre, se informó que un 96% de los inscritos superaron la prueba. Esto alcanza tanto a los contratados como a los aspirantes, y también se aplicará en las empresas con mayoría estatal. 

Fuente: Filo.news

Desde diciembre de 2023 hasta hoy, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30% y, en consecuencia, los salarios reales docentes un 23%.

Estos datos, publicados por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se venían anticipando con la serie de medidas que llevó adelante el presidente Javier Milei, sumado al veto sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante todo el 2024, el ámbito estudiantil superior rechazó estas iniciativas por parte del oficialismo y se manifestó en las calles acompañados, no sólo por estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas, sino también por varios sindicatos que se plegaron a la jornada de lucha.

De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, y en referencia a movilizaciones anteriores, se calculó que en la primera marcha realizada el 23 de abril, estuvieron presentes más de 800 mil personas y según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, “el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso”.

A pesar de la impactante presencia del movimiento universitario, desde el Gobierno Nacional aseguraron que  fue "un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira" e, incluso, en palabras del propio Milei, las agrupaciones políticas y sociales que participaron “demostraron el miedo que le tienen" a la figura presidencial.

"En el fondo, muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable", expresó.

Otra de las problemáticas que instaló el Ejecutivo Nacional fueron las auditorías a las que, supuestamente, las universidades públicas no querían someterse; desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), y desde muchos rectorados de otras universidades públicas, sostuvieron que eso no era cierto, debido a que las realiza la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, año en que se reformó la Constitución Nacional y se estableció la autonomía universitaria.

Asimismo, el secretario de hacienda de la UBA, Matías Ruiz, indicó que siempre informan “todas las auditorías” y que, además, están en la página web “porque son públicas”. “No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todos y que tiene el Poder Ejecutivo Nacional", añadió.

Aunque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tenía competencias para poder auditar las universidades, el Gobierno Nacional decidió que interviniera y así fue como el titular del organismo, Miguel Blanco, comunicó las investigaciones que realizaron para confeccionar informes presupuestarios.

“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector . Si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades”, señaló Blanco.

Pasadas las semanas, y si bien no se dio a conocer ninguna irregularidad en ningún aspecto, desde Nación comenzaron a instalar la idea de que las universidades albergaban estudiantes “inventados” para recibir mayor presupuesto, situación que rectores de distintas instituciones públicas desmintieron, debido a que la inscripción es online y si esos estudiantes no están inscriptos, no pueden rendir exámenes.

Oscar Arellano, rector de la Universidad de Catamarca (UNCA), fue uno de los que apuntó contra el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y lo acusó de tener “absoluto desconocimiento” sobre cómo funciona el sistema universitario.

“La universidad pública argentina tiene el ‘SIU’, que es el Sistema de Información Universitario del país y maneja todo lo relacionado a los alumnos, desde la inscripción hasta que se recibe. Un estudiante tiene que inscribirse todos los años en ese sistema porque, de lo contrario, deja de pertenecer a la institución. Como la inscripción se renueva anualmente por la propia voluntad del estudiante, es imposible que las universidades inventen estudiantes”, explicó Arellano.

El día anterior a la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, Torrendel expresó que esa movilización se trataba de una protesta "antigobierno" y que “varias de sus consignas” estaban vinculadas “solamente al problema de los salarios", cuando el mayor porcentaje del presupuesto está destinado a los sueldos docentes.

"Los datos de funcionamiento, que se pautaron a través de las universidades, no solo incluyen la inflación de este año, sino también la del año previo. Los salarios se están recomponiendo y el Gobierno está dispuesto a revisar la partida presupuestaria que mandó para el 2025, en términos de educación", declaró a Noticias Argentinas.

Sin embargo, esta segunda movilización también fue multitudinaria: se calculó que asistió más de un millón de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.

En esta oportunidad, se rechazó de antemano el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar un mejor salario docente.

"Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!", le exigió la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, quien leyó un documento en el cierre de la Marcha Federal.

A pesar de los reclamos, finalmente sucedió lo que ya se rumoreaba: durante la sesión solicitada por la Unión Cívica Radical, Encuentro federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Unión por la Patria, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios de los votos para rechazar el veto a la ley.

Por el momento,  el Consejo Superior de la UBA solicitó la semana pasada, una nueva Ley de Financiamiento para el próximo año, debido a que considera que las necesidades presupuestarias del sistema universitario ascienden a 7,2 billones de pesos para el 2025 y el proyecto presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación sólo de 3,95 billones.Fuente: Noticias Argentinas 

La inflación está cediendo pero los salarios aún no se recuperan de las fuertes subas de precios del último año y el IPC sigue siendo una de las principales preocupaciones para los consumidores argentinos. Según un estudio realizado por in-Store Media, el 100% de los compradores cambió sus hábitos de consumo para sortear la inflación y entre ellos, prácticamente la mitad reconoce haber dejado de comprar primeras marcas para lograr algún tipo de ahorro.Los resultados fueron presentados en una conferencia titulada “Radiografía del comportamiento del shopper argentino en el canal de compra moderno: preferencias y hábitos de consumo actuales”. Allí se presentaron los resultados del informe, que muestra cómo la inflación ha llevado a cambios significativos en los hábitos de consumo en Argentina. Gabriel Diorio, director general de in-Store Media Argentina, y Jordi Mur, director de Marketing y Desarrollo, fueron los encargados de exponer los datos más relevantes.El estudio muestra que el 100% de los encuestados ha modificado sus hábitos para sortear la inflación, con una tendencia creciente a reemplazar las primeras marcas por opciones más económicas. El 47% de los consumidores ha dejado de comprar productos de marcas reconocidas, optando en cambio por segundas o terceras marcas para reducir sus gastos. Esta conducta es particularmente notoria en las categorías de productos esenciales no perecederos, donde los compradores buscan activamente promociones y descuentos.Además, el 51% dice estar más atento a descuentos y promociones de las tiendas. Según detalló Mur, en este escenario de alta sensibilidad al precio, los consumidores han mostrado una notable flexibilidad en sus decisiones de compra. Solo el 16% sigue una lista de compras estricta, mientras que el 66% utiliza una lista más flexible y el 18% decide qué comprar directamente en el punto de venta. “Las promociones continúan siendo un factor decisivo, con el 68% de los consumidores cambiando su elección inicial cuando encuentran descuentos”, explicó.Además de seguir más de cerca los descuentos y pasar a segundas y terceras marcas, los consumidores han adoptado otras prácticas para intentar contrarrestar los efectos de la inflación. El 41% de los encuestados aseguró que hace menos compras por placer, el 27% dice que compra menos y el 23% que ha dejado incluso de comprar algunos productos esenciales.

Las principales preocupaciones

El informe, que abarcó una muestra de 350 personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de entre 18 y 65 años, revela que el desempleo superó a la inflación como la principal preocupación de los consumidores. En detalle, el 51% de los encuestados respondió que el desempleo es su primera preocupación, seguido por el avance de los precios (48%), la pobreza y la desigualdad (41%), el crimen y la violencia (40%) y la corrupción política (24%). Es importante aclarar que los encuestados podían elegir más de una opción, por eso los porcentajes no suman 100%.En lo que respecta a la percepción sobre el presente del país, el 68% de los encuestados considera que la situación económica es “mala”, aunque el 40% –principalmente jóvenes entre 18 y 25 años– es más optimista respecto a una posible mejora en el corto plazo.

“A pesar de la persistente incertidumbre económica, el 51% de los participantes ha notado un freno en el aumento de los precios de los productos de supermercado en los últimos meses. Esto sugiere un ligero cambio positivo en el contexto inflacionario, que ha influido en las expectativas de los consumidores”, explicó Diorio.El perfil de los consumidores argentinos

A pesar del avance del comercio electrónico, la tienda física sigue siendo el principal canal de compra para los consumidores argentinos. El 52% de los encuestados señaló que prefiere hacer sus compras en el lugar físico, mientras que el 41% opta por un enfoque híbrido que combina lo físico con lo digital, y solo un 7% compra exclusivamente en línea. La frecuencia de compra semanal ha aumentado a un promedio de 2,11 veces, manteniendo la tendencia de compras rápidas de entre 15 minutos y una hora.Según Jordi Mur, las decisiones de compra se ven fuertemente influenciadas por la dinámica en el punto de venta, donde el 84% de los consumidores toma parcial o totalmente sus decisiones. Esto evidencia la importancia del retail media como herramienta clave para captar la atención del consumidor en un entorno donde la cautela sigue siendo necesaria.

El análisis de las diferentes categorías de productos revela que los consumidores responden de manera distinta según el tipo de artículo. Las compras racionales, que incluyen productos esenciales no frescos, están marcadas por la sensibilidad al precio y la planificación. En contraste, las compras impulsivas, como confitería, snacks y bebidas, dependen más del momento y son motivadas por ofertas o novedades en el mercado.

Mur señaló que “hay tantos perfiles de shopper como categorías de productos”. Los consumidores se comportan de forma racional o impulsiva según la categoría, adaptando sus hábitos para maximizar su presupuesto o satisfacer un antojo.Fuente: Infobae

Las empresas de medicina prepaga empezaron a comunicar nuevos aumentos a sus afiliados para noviembre, que en algunos casos llegan a superar por el doble a la inflación mensual, siguiendo con los ajustes tras dejar de estar atadas a la variación de precios.

Las cuotas de las prepagas subirán el mes que viene entre el 3,9% y el 6,9% dependiendo de la empresa, ubicándose por encima del índice inflacionario de septiembre, que alcanzó el 3,5% y de las estimaciones de octubre que arrojan una variación similar al último dato.

De esta manera, las firmas de medicina privada aplicarán el quinto aumento en los valores de sus planes tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación y que dio vía libre para fijar la proporción de la actualización de precios desde julio.

- Galeno: 6,9%.- Hospital Italiano: 5,22%.- Swiss Medical: 3,90%.- Accord Salud: 6,9%.

Desde Galeno explicaron el incremento expresando que "el sector de Salud continúa atravesando un contexto muy complejo, con atrasos en el precio de sus cuotas y el consecuente desfasaje en el ajuste de los valores que se destinan a la red de prestadores e instituciones médicas".

Por su parte, Accord Salud, justificaron la suba indicando que "esta modificación es necesaria para poder afrontar los costos de la infraestructura en salud que se han visto seriamente afectados por los aumentos en los precios de medicamentos, insumos y servicios médicos de nuestra red de prestadores instituciones", asegurado que "nuestro esfuerzo compromiso permanente es poder seguir ofreciendo una cobertura médica de la más alta calidad".

En el caso de Swiss Medical aportaron que "es importante mencionar que los incrementos realizados reflejan sólo de manera parcial los incrementos reales verificados en nuestra estructura de costos".

En tanto que Hospital Italiano informó que "motiva este nuevo ajuste, el incremento en los costos en la atención sanitaria que viene ocurriendo en los últimos meses", por lo que consideraron que "ante este escenario se requieren incrementos periódicos para generar un equilibrio económico-financiero que permita seguir prestando el servicio con la calidad de siempre".Fuente: Filo.news

"El último día de gobierno, sea en tres años y medio o en siete años y medio, será con motosierra en mano". Con estas declaraciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó hoy que el Gobierno de Javier Milei continuará con el ajuste sobre las cuentas públicas hasta el final de su gestión.

Durante una conferencia de prensa este martes en Casa Rosada, el portavoz de la administración libertaria dividió el recorte en distintas etapas: "[Federico] Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado) lo definió como deep motosierra. Teníamos que desmalezar primero lo que se veía a simple vista y después ir de manera más profunda en cada una de las áreas. Hay capas geológicas de cuestiones que no funcionan en el Estado, o mal, o de manera deficiente, y el contribuyente no tiene por qué hacerse cargo".

"Parte de la campaña fue explicar como había un estado que era un elefante que bancan entre todos los contribuyentes y que en un país pobre no tenía mucho sentido discutir si tenía que estar o no. No tiene que estar, tiene que ser mucho más eficiente", sostuvo.En ese sentido, Adorni anticipó nuevos despidos en el sector público. "Todos los meses hay baja de personal", indicó. Días atrás, anunció que se le tomará un examen de idoneidad a los empleados contratados y de planta transitoria.

El vocero afirmó que un achicamiento del Estado redunda en un "círculo virtuoso", donde se conjugan el "ahorro y la inversión", y dedujo que "un Estado grande no tiene una correlación con que la gente esté mejor" porque "en los últimos 20 años se duplicó el nivel del Estado y, sin embargo, se multiplicó por 3 la pobreza".Fuente: Filo.news

El Gobierno anunció el cierre de la empresa estatal DECAHF, más conocida como Trenes Argentinos Capital Humano. La medida significa, según la administración libertaria, un ahorro de $42.000 millones para el Estado e implica el despido de 1.388 trabajadores. La decisión comunicada este martes en Casa Rosada también implica la eliminación de 23 cargos jerárquicos de la empresa.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni y el secretario de Transporte Franco Magetta expusieron los fundamentos del cierre de la empresa estatal de trenes. "Estamos reduciendo el gasto camino a reducir el déficit por instrucción del Presidente" resaltaron los funcionarios del Gabinete de Javier Milei.

DECAFH se trataba de una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos, que fue la sucesora de Administradora de Recursos Humanos. El objetivo de la misma era “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos".

"Hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAHF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias", justificó Mogetta durante la conferencia de prensa.

En este sentido, el Gobierno aseguró que esto representa "una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo". A su vez, se eliminó el Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014 que, según la administración libertaria, "nunca funcionó ni emitió una decisión o acción".

Entre las unidades de DECAFH estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz” y el Taller Ferroviario "Ministro Mario Meoni" que pasarán a la órbita de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En los considerandos de la resolución, el Gobierno detalló que "con la emergencia ferroviaria, se entendió que en el plano institucional corresponde hacer una revisión de la organización y funcionamiento de las distintas empresas del sector ferroviario con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia, tanto en la toma de decisiones, como en la implementación de las políticas públicas".

Además de la medida referente a la empresa DECAFH, el gobierno de Milei también anunció el cierre del Instituto Argentino del Transporte (I.A.T) . La decisión fue oficializada mediante la publicación del Decreto 870/2024 en el Boletín Oficial de la fecha.

El I.A.T fue creado en 2014 con el objetivo de "participar en la elaboración del Plan Estratégico del Transporte y brindar asesoramiento al Ministerio sobre el particular; convocar, integrar y articular los sectores público y privado a ese fin vinculados al transporte; propiciar la investigación, capacitación y distribución de la información relacionada al transporte; así como colaborar en la elaboración de todo tipo de programas y acciones tendientes a la mejora constante del transporte".

Sobre su cierre, la administración libertaria detalló que desde su creación "se ha observado que muchas de las funciones y tareas se han superpuesto con las responsabilidades de otras áreas de la Administración Pública Nacional tales como la SECRETARÍA DE TRANSPORTE y la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, las cuales ya tienen a su cargo la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte". En esta línea, el Gobierno explicó, que "en virtud de los principios de eficiencia y racionalización administrativa, resulta conveniente proceder a la disolución de aquellas entidades cuya existencia no se justifique plenamente en razón de encontrarse sus funciones duplicadas o solapadas".

El artículo 2° del nombrado Decreto dispone entonces la transferencia de "la totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto que se disuelve por el artículo 1º del presente decreto a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA."

En medio de una recesión que ha provocado la caída de la recaudación y el recorte de transferencias por parte del Gobierno nacional, los ingresos totales de las provincias durante el primer semestre del año experimentaron una contracción real del 16,4% en comparación con el mismo período de 2023. Según un informe de Invecq, más del 55% de los ingresos provinciales proviene de la Coparticipación Federal, lo que hace que la caída promedio del 11,5% interanual en este rubro complique la situación financiera de todas las provincias. Entre Ríos se vio implicada en esta nueva política económica.

El recorte drástico de transferencias discrecionales del Gobierno nacional profundizó esta crisis: las transferencias corrientes disminuyeron un 75% interanual y las de capital, debido a la paralización de la obra pública, cayeron un 98%. “Esta situación se agrava por la variabilidad de los recursos tributarios provinciales, como ingresos brutos, inmobiliario, sellos y automotores. Algunas provincias, como Misiones y Formosa, han experimentado caídas mucho más pronunciadas, mientras que Neuquén fue la única que registró un aumento interanual del 10,9%, gracias a la actividad en Vaca Muerta”, señala el informe.

Los ingresos propios de Misiones se desplomaron un 60% interanual real entre enero y junio, mientras que Formosa y Santiago del Estero vieron una disminución del 31%. Otras provincias también enfrentaron caídas significativas: Tierra del Fuego (-25%), Chaco (-23%), Jujuy y San Juan (-16%), La Rioja (-14%), y CABA, Entre Ríos y San Luis (-13%).

En menor medida, Tucumán y Catamarca cayeron un 8%, La Pampa y Santa Cruz un 7%, Córdoba un 6%, y Santa Fe y Buenos Aires un 5%. En Salta, los ingresos se mantuvieron estables. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los ingresos totales cayeron un 6% real interanual en los primeros ocho meses del año, mientras que el gasto primario descendió un 30% real. Como resultado, se registró un superávit primario de $8,7 billones, equivalente al 1,5% del PBI, y un superávit fiscal de $2 billones, o 0,35% del PBI. El ajuste fiscal hasta ahora equivale a 2,6 puntos porcentuales del producto.

Durante el primer trimestre del año, ante una caída del 17% en los ingresos, la mayoría de las provincias ajustaron sus gastos en un 24% en promedio, lo que mejoró sus resultados fiscales en comparación con 2023. Sin embargo, Misiones y Entre Ríos no siguieron esta tendencia, pasando de superávit a déficit en el mismo período.

Invecq plantea la pregunta sobre si este ajuste será sostenible a lo largo del año o si se limitará a la licuación de salarios y jubilaciones provinciales en un contexto de alta inflación.

“El estado financiero de las provincias enfrenta dinámicas negativas en todos sus frentes, con una caída de ingresos más pronunciada que la de la Administración Nacional (-16,4% frente a -0,7% en el primer semestre). Esta diferencia se debe al efecto amortiguador del Impuesto PAIS y los derechos de exportación, que no son coparticipables. Con la eliminación del Impuesto PAIS confirmada para 2025, la Administración Nacional también deberá afrontar nuevos desafíos en cuanto a sus ingresos”, concluye el informe.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2025, el Ejecutivo solicita a las provincias un recorte adicional del gasto de USD 20.000 millones, un tercio de los USD 60.000 millones mencionados por el presidente Javier Milei en su discurso ante el Congreso. El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, explicó que el gasto público total, que incluye Nación, provincias y municipios, representa el 33% del Producto Bruto Interno, estimado en USD 600.000 millones, de los cuales el 16% corresponde a la Nación y el 14% a las provincias, que erogan aproximadamente USD 84.000 millones al año.

“De ahí deberán realizar el recorte de USD 20.000 millones”, afirmó Espert, lo que implicaría una reducción adicional de casi el 24% del gasto total provincial.

En su presentación del Presupuesto, Milei mencionó: “A los gobernadores les digo que cumplir con el compromiso de reducir el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias realicen un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte; ahora falta que ustedes lo hagan”.

Fuente: El Once

A partir del viernes a las cero horas, el boleto del transporte urbano de Gualeguaychú sufrió un incremento de 140 pesos: pasó de costar 774 pesos a 914,31 pesos, lo que significó un aumento de alrededor del 18,18%.

Esto era una demanda reclamada desde hacía ya un tiempo por los empresarios del transporte urbano, quienes manifestaban que sin los subsidios de Nación no alcanza lo recaudado para mantener viable la empresa haciendo frente a los sueldos de los trabajadores.

“Esto viene cada vez deteriorándose más. Estamos cada vez peor”, había reclamado antes del incremento el empresario Ricardo Delcausse, quien a pesar del aumento del boleto decretado por el Ejecutivo considera que aún es insuficiente: “Tendría que costar 1.300 pesos. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Un paquete de cigarrillos vale 2.500 pesos. Una lata de cerveza vale 1800 pesos. O sea que un pasaje de colectivo valga 1.300 pesos no es descabellado. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que justamente cuando había subsidios el boleto podía ser barato, pero eso pasaba porque lo que no pagabas te lo cubrían los subsidios. Pero ahora no hay más subsidios, se fueron los subsidios”, había ejemplificado.

“Se fue a 914,31 pesos el boleto, pero estamos muy lejos de los 1.300 o 1.400 pesos que debería costar. Venimos corriendo desde atrás y estamos trabajando a pérdidas, quemando todos los ahorros Estamos comprando cubiertas recapadas porque una cubierta nueva delantera está 450 mil pesos”, sostuvo.

El método de aumento

El incremento en el precio del boleto se definió por una fórmula polinómica que toma diferentes variables para definir cuál debe ser el valor actual: se tiene en cuenta los sueldos, el precio de las cubiertas y el del combustible. En base a eso se hace esta fórmula polinómica que da el aumento, la cual se aplica de manera bimestral.

“Las empresas respondieron por escrito lo solicitado, y las mismas respondieron con los siguientes valores: Delcausse Hermanos S.R.L informó que tuvo un incremento en el combustible del 10%, en los neumáticos del 15% y en los Salarios por Convenio de UTA un 34%; por su parte, El Verde SRL informó un aumento en el combustible del 9,67%, en los neumáticos del 6% y en los Salarios por Convenio de UTA un 30%; y finalmente Esponda O. y Campiño Carlos S.H. informó que en combustible experimentó un aumento del 8%, en los neumáticos del 17% y en los salario por convenio de UTA fue del 34%”, informó la resolución emitida por el Poder Ejecutivo.

“Que de la información recibida se realizado un análisis pormenorizado y se procedió a sacar un porcentual promedio los que arrojaron los siguientes valores: Combustible 9.22%, Neumáticos 12.66%, Salario Convenio UTA 32.66%”, resumió y estableció el valor del incremento: “Aplicando la formula polinómica establecida en el artículo 2 de la ordenanza N.º 12866/2024, el resultado es del 18.18%”.

Este método para determinar el precio del boleto se decidió en la primera parte de este año, más específicamente luego de la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, cuando se definió esta manera de aumento automático que se pone en marcha a partir de un decreto del Ejecutivo en vez de hacer que el debate pase por el debate de los concejales de todos los bloques.

“Los importes fijados en el artículo primero serán actualizados por el Departamento Ejecutivo Municipal, en forma bimestral, sobre la base de una fórmula polinómica que contemple, en partes iguales, la variación de los siguientes ítems: Salarios de convenio UTA, Gasoil y Neumáticos. De tal manera, el porcentaje de actualización de los boletos resultará del promedio de la variación de los tres ítems mencionados”, se determinó en la ordenanza Nº12866/2024 fechada el 11 de marzo de este año.

“Esta polinómia se utiliza en muchas ciudades del país. Determina el valor del boleto a partir de una fórmula y se aplica de manera casi automática cada dos meses. Creemos que es lo más justo ya que se simplifican muchos los tiempos para efectuar el cambio en el valor del transporte público”, informó a Ahora ElDía una fuente municipal.

Es por esto mismo que el convenio que las empresas tienen con el Municipio permitió que el 6 de septiembre se  revisara el boleto de colectivo urbano en la ciudad se realizara el reajuste, que tal y como había adelantado este medio iba a ocurrir a comienzo de septiembre. 

Los nuevos valores del boleto en Gualeguaychú