El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de sugerencias para transformar el esquema impositivo argentino y así mejorar los ingresos públicos. Esta propuesta surgió en el marco de la revisión del “Artículo IV”, un informe de vigilancia económica que el organismo publicó tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Los lineamientos del FMI se enfocaron en ampliar la base de recaudación, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo, que implique tanto la modificación de impuestos existentes como la eliminación progresiva de tributos considerados distorsivos.

La publicación del FMI incluyó un análisis detallado del sistema tributario nacional. El documento enfatizó la necesidad de que el gobierno argentino avance con una reforma fiscal más amplia, comprometiéndose a presentar una propuesta concreta antes de fin de año. Según los cálculos del propio organismo, la reestructuración federal podría permitir un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con la mitad de ese monto dirigido directamente a las provincias.

El FMI identificó cinco ejes principales para la transformación tributaria. El primero se centró en la reducción del gasto tributario, que en Argentina alcanza aproximadamente el 3,5% del PBI. Los principales factores detrás de este porcentaje son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Monotributo y diversos regímenes especiales. El organismo sugirió la unificación de alícuotas del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables, con el objetivo de generar una ganancia fiscal neta del 0,4% del PBI. También propuso la reducción de los regímenes preferenciales que benefician a ciertos sectores y actividades, y recomendó eliminar exenciones que no cumplan un fin social claro.

El segundo eje de la propuesta del FMI apuntó directamente a la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. Según el organismo, la recaudación de este tributo representa el 1,8% del PBI, un valor inferior al promedio regional y al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe destacó que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023. El FMI recomendó reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto, con una armonización de deducciones y una simplificación de la estructura de alícuotas. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, esta medida permitiría recaudar un 0,4% adicional del PBI.

El tercer eje se vinculó con la reforma del régimen del Monotributo. El FMI reconoció que este esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones. Sin embargo, advirtió que la carga fiscal del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general, lo que genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra. El organismo sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto. Esta reforma podría aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional.

El cuarto punto de la propuesta del FMI giró en torno a la simplificación del Impuesto sobre Sociedades (IS). El informe indicó que la alícuota máxima del 35% se ubicó muy por encima del promedio mundial del 25%. Además, el sistema progresivo basado en el tamaño y los ingresos de las empresas incentivó maniobras de evasión. El organismo planteó la posibilidad de establecer un impuesto mínimo basado en la facturación, complementado con una tasa fija del 30% sobre el IS. También sugirió equilibrar el tratamiento de los ingresos provenientes de inversiones personales, como dividendos, intereses y ganancias de capital, con el objetivo de modificar los incentivos vinculados con el financiamiento y la distribución de utilidades dentro de las empresas.

El quinto eje abordó el fortalecimiento de los impuestos especiales. El FMI propuso la adopción de un sistema mixto que combine impuestos específicos con gravámenes basados en el valor de productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, priorizando las tasas específicas y una estructura simplificada por valor. De acuerdo con las estimaciones del organismo internacional, la actualización por inflación de los impuestos a combustibles y tabaco podría generar ingresos equivalentes al 0,5% del PBI.

Tras detallar estos cinco puntos, el FMI sugirió que el Estado argentino debería aprovechar el espacio fiscal que se genere para eliminar gradualmente los impuestos identificados como distorsivos. En ese grupo, el organismo destacó las retenciones a las exportaciones, especialmente de productos agrícolas clave para el país, como la soja, el maíz y el trigo, y también los tributos sobre las transacciones financieras. El informe argumentó que la reducción progresiva de los impuestos a la exportación sobre la soja y sus derivados podría impulsar la producción, las ventas externas y la superficie sembrada del cultivo, lo que se traduciría en mayores ingresos en divisas y un aumento del PBI.

El FMI calculó que una disminución de un punto porcentual en los impuestos a la exportación de soja y sus derivados permitiría incrementar tanto la producción como las exportaciones en torno a un 0,5%. Además, la eliminación total de estas retenciones generaría una suba del 10% en las exportaciones de oleaginosas y cereales, tanto en estado crudo como procesados, resultando en un ingreso adicional anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares y un impacto positivo en el PBI de cerca de 0,4 puntos porcentuales.

El informe también analizó el impacto de la estructura tributaria en la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. De acuerdo con el organismo internacional, la mitad del aumento de recaudación que podría surgir de la reforma integral beneficiaría directamente a los gobiernos provinciales. Para el FMI, la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta determinante para el éxito de los cambios propuestos.

En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el FMI subrayó la importancia de completar las modificaciones recientes en el sistema impositivo con una reforma más amplia. El documento señaló que el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, se comprometió a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año, en línea con las recomendaciones del organismo. En el informe, la entidad resaltó que una transformación integral permitiría mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, y que debería orientarse por la neutralidad en los ingresos, reduciendo de manera gradual los tributos que distorsionan la actividad económica.

En cuanto al gasto tributario, el FMI estimó que el 1,2% del PBI corresponde a beneficios, exenciones y regímenes especiales en el IVA, el 1% al Monotributo y el 0,5% a regímenes especiales. La propuesta incluyó la unificación de las alícuotas del IVA y la reducción de los regímenes preferenciales, acompañadas de medidas compensatorias para proteger a los hogares más vulnerables.

Respecto a Ganancias, el informe planteó que el umbral de exención vigente tras la reforma de 2023 dejó fuera a la mayoría de los trabajadores formales. El FMI sugirió volver a niveles similares a los de 2019 y armonizar las deducciones entre las distintas categorías laborales. Según el organismo, ese ajuste permitiría aumentar la proporción de trabajadores alcanzados y fortalecer la recaudación.

En el caso del Monotributo, el documento remarcó la necesidad de reducir los efectos negativos de los saltos entre categorías y de equiparar progresivamente las cargas fiscales y las contribuciones sociales con las del régimen general. El FMI incluyó la recomendación de aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento tributario, contribuyendo tanto a la formalización como a la recaudación.

Sobre el Impuesto sobre Sociedades, el informe propuso considerar el establecimiento de un impuesto mínimo basado en la facturación, con una tasa fija del 30%. Además, sugirió revisar el tratamiento impositivo de los ingresos por inversiones personales, con el objetivo de equilibrar los incentivos y evitar un sesgo a favor del financiamiento vía deuda sobre el capital propio.

Para los impuestos especiales, la propuesta del FMI incluyó la combinación de gravámenes específicos y ad valorem en productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, junto con la actualización de los tributos sobre combustibles y tabaco según la inflación. El organismo calculó que estas modificaciones podrían aportar el 0,5% del PBI a la recaudación anual.

El informe concluyó que, tras la implementación de estas reformas, el gobierno argentino tendría margen fiscal para eliminar impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y los tributos sobre transacciones financieras. El FMI vinculó la reducción de estos impuestos con un aumento en la producción y las exportaciones del sector agroindustrial, así como con una mayor entrada de divisas al país.

El documento recomendó priorizar la coordinación entre Nación y provincias, y sugirió que una parte significativa de los recursos adicionales generados por la reforma debería destinarse a los gobiernos subnacionales. El FMI remarcó que la implementación de la reforma tributaria integral dependerá del compromiso político y de la capacidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado argentino.

El organismo internacional incluyó en su publicación un cuadro de compromisos estructurales, donde se detalla el desarrollo y la presentación de una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario argentino, haciendo foco en la racionalización del gasto fiscal y en la eliminación progresiva de los impuestos distorsivos.

La agenda de reforma tributaria propuesta por el FMI se enmarca en el proceso de negociación y supervisión que el organismo mantiene con la Argentina. En ese contexto, el gobierno nacional avanzó en el diseño de una propuesta neutral en ingresos, con el objetivo de optimizar la recaudación y reducir los incentivos a la evasión, manteniendo el equilibrio fiscal y la equidad en la distribución de los recursos.

El Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa vigente. Las compañías están obligadas a mantener el beneficio, pero sin respaldo estatal

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de este martes. El texto dispone dejar “sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional” por los boletos gratuitos.

El esquema alcanzaba a los servicios de larga distancia y contemplaba el pago parcial por parte del Estado de los boletos sin cargo que las compañías debían otorgar en cumplimiento de la ley.

Esos pasajes gratuitos están establecidos en distintas normas, que incluyen a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La Resolución, de todos modos, aclara que esos derechos no se modifican. En ese sentido, establece que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual permanece “plenamente vigente y exigible”.

De esta manera, las empresas deberán continuar otorgando los pasajes sin costo, aunque dejarán de recibir compensaciones del Estado por ese concepto.

El texto recuerda que, a partir de la publicación del Decreto 883/2024, los transportistas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.

También explica que el régimen anterior se había creado en un contexto de intervención estatal en tarifas y que tenía como objetivo “mitigar los desequilibrios económicos” derivados de los boletos gratuitos.

Según el texto, “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”. A partir de ese cambio, el Gobierno concluye que la prolongación del sistema “torna innecesaria su continuidad”.

La Resolución también establece que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá garantizar “el efectivo cumplimiento de las obligaciones” vinculadas a la emisión de pasajes gratuitos.

Además, incorpora una cláusula transitoria para asegurar que la medida no afecte situaciones anteriores, en cumplimiento del principio de “seguridad jurídica”.

La crisis económica tiene muchas aristas, pero siempre se ve esencialmente reflejada en las heladeras y alacenas de los argentinos. Lejos de ser una coyuntura novedosa o pasajera, el ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores pasó a ser prácticamente la norma, y esto se traduce en un recorte de los gastos de la economía doméstica, desde los “gustos” o bienes y servicios secundarios hasta lo más elemental: llevar un plato de comida a la mesa.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el consumo en supermercados de Entre Ríos continúa mostrando señales de retroceso: las ventas acumuladas del primer bimestre de 2026 quedaron 26% por debajo de los niveles de 2023 y 5,4% debajo de 2025, incluso después de la desaceleración inflacionaria. Según expone uno de sus recientes informes, el deterioro del consumo aparece directamente ligado a la pérdida del poder adquisitivo, ya que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 los trabajadores registrados entrerrianos resignaron capacidad de compra.

A fines de esta semana se conocieron los últimos datos económicos del Indec. La inflación de abril fue del 2,6% y acumula un 32,4% en los últimos 12 meses. La Canasta Básica Alimentaria reveló que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) necesitó $665.053 para cubrir las necesidades alimentarias elementales para la subsistencia, marcando la línea de indigencia. Esta canasta subió 1,1% en abril, pero acumula un 12,8% en lo que va de 2026.

Ante este escenario, y para ahondar puntualmente en el costo de hacer las compras en Gualeguaychú, Ahora ElDía armó una canasta básica alimentaria propia con alimentos de consumo cotidiano y relevó sus precios en los principales supermercados de Gualeguaychú. 

Esta lista de compras, que bien podría representar un consumo cotidiano o semanal (dependiendo de las necesidades y preferencias de cada hogar), contempla: 

Banana, manzana, naranja, papa, cebolla, tomate por cantidades de 1 kg cada ítem, y zanahoria y lechuga por ½ kilo cada uno; 1 maple de huevos; 3 litros de leche larga vida y 1 litro de yogurt bebible; ½ kilo de queso cremoso; 1 kg de harina; 1 kg de arroz; 1 paquete de fideos (por 500 g); 1 pack familiar de galletitas saladas (por 500 g); 1 paquete chico de galletitas dulces (por 180 g); 1 kg de yerba; 3 latas de atún (por 170 g); 1.5 litros de aceite de girasol; 1 paquete de polenta (por 770 g.); 1 botella de 900 ml de puré de tomate; 1 paquete de lentejas secas (por 400 g); 1 kg de carne vacuna para milanesas (cuadrada o bola de lomo); 1 kg de carne de cerdo (bondiola); 1 agua saborizada de 1.5 litros.

Los rangos de precios relevados responden a la oferta de cada supermercado y la calidad o marca del producto. Se sumaron más ítems a los de la lista para tener referencias y poder establecer comparaciones.

En lo que respecta al sector frutería/verdulería, el kilo de banana se sitúa entre los $2.900 y $3.500, el de manzana entre $5.500 y $6.000 y el de naranja entre $1.600 y $1.900 aproximadamente. La papa y la cebolla rondan los $1.800 el kilo, mientras que el tomate y la zanahoria varían su precio entre los $3.600 y $5.000 y $2.000 y $2.700, respectivamente. La lechuga, en tanto, cuesta entre $3.400 y $4.000. Por otra parte, el brócoli alcanza un valor de alrededor de $8.000 el kilo, y el morrón de $5.000. El zapallo anco o “coreanita” se mantiene dentro de las opciones más accesibles: entre $1.000 y 1.500 por kilo.

El maple de huevos, cuyo consumo creció en los últimos años, pasa de valer un estimado de $5.500 en verdulerías y carnicerías céntricas a entre $6.800 y $7.900 en los supermercados. Asimismo, su venta por docena tiene un valor de entre $3.000 y $4.000.

En cuanto a los lácteos, el litro de leche en sachet vale entre $1.800 y alrededor de $2.600. Las cajas o botellas de leche larga vida aumentan su costo de base a un rango de $2.000 a $2.500 y llegan a valer hasta $3.000. Un litro de yogur bebible, en tanto, cuesta como mínimo $2.700 o $2.800, aunque las primeras marcas elevan su precio a entre $3.500 y $5.000, llegando en algunos casos hasta los $6.000 o $6.700. Opciones más saludables y sin azúcares agregados, como el yogur natural o el yogur griego, cuestan de mínima más de $3.500 el pote de 280 gramos. Las leches vegetales, como la de avena y almendras, pueden conseguirse desde unos $4.700 en adelante. El queso cremoso, por otro lado, parte de los $9.000 por kilo hasta llegar a los $16.000, pero las marcas más habituales en las góndolas ubican su precio entre los $13.000 y $14.000.

En el apartado “Harinas”, encontramos paquetes de fideos (por 500 gramos) que cuestan, salvo excepciones, desde $1.000 en adelante; las opciones de primeras marcas oscilan entre los $1.500 y $2.200, mientras que las más caras superan los $3.000. Un detalle observado durante el relevamiento es que aumentó ampliamente la oferta de marcas alternativas más económicas, al mismo tiempo que se introdujeron al mercado marcas importadas de Italia con un precio mayor a $5.000 por paquete.

Los packs familiares de galletitas saladas por 500 o 600 gramos pueden costar entre $2.400 y $5.000. Un paquete chico de galletitas dulces (de 170 o 180 gramos) cuesta entre $1.300 y $3.000. Finalmente, la harina como tal tiene un valor por kilo de entre $720 y $2.300, rondando por lo general los $1.300.

El kilo de arroz, otro alimento básico, cuesta como mínimo entre $1.000 y $1.500, tiene sus primeras marcas a precios que van desde los $2.500 a los $3.300. El kilo de azúcar, en tanto, está entre $1.150 y $1.500. En cuanto al aceite, un ítem siempre contemplado en la canasta básica, puede decirse que cuesta desde $6.000 en adelante (por lo general, hasta los $7.000) la botella de 1.5lt de aceite de girasol. El aceite de oliva, en cambio, puede conseguirse en cantidades de 500 ml desde $12.000, aunque por lo general se encuentran marcas más caras, que salen entre $14.000 y $16.000.

Un producto infaltable para los hogares argentinos es la yerba mate. En los supermercados locales, el kilo de las marcas más económicas se consigue a $4.000, mientras que las primeras marcas compiten con precios que se acercan a los $5.000. Un dato llamativo es que, en lo que va del año, las salidas de yerba mate elaborada con destino al mercado interno cayeron un 2,1% respecto al mismo período del año anterior, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Este indicador es el más cercano al comportamiento del producto en góndola, ya que incluye tanto los envíos a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras de mayoristas, hipermercados y supermercados.

Otros alimentos contemplados fueron la polenta, el atún, el puré de tomate y las legumbres. El paquete de 770 gramos de polenta cuesta unos $2.200, mientras que la lata de atún de 170 gramos vale $1.400 como mínimo, aunque las marcas más conocidas cuestan entre $4.500 y $5.800. Las legumbres secas (lentejas, porotos y garbanzos) tienen un precio que casi no varía entre marcas: $2.000 los 400 gramos; lo mismo sucede con el puré de tomate y el tomate triturado, cuyas botellas de 900 ml rondan los $1.800 o $2.000. Un producto que cabe añadir para representar las bebidas es el agua saborizada, que vale entre $1.500 y $3.000 la botella de 1.5 litros.

Por último, están las carnes. Las opciones más económicas, dejando de lado los ultraprocesados, son las de pollo congelado: la unidad entera tiene un valor mínimo de alrededor de $3.700 por kilo, mientras que la pata muslo y la suprema parten de los $5.000 y $10.000, respectivamente. Le siguen sus equivalentes no congelados y los cortes de cerdo, como la bondiola, que puede valer alrededor de $14.700, aunque congelada se consigue por unos $9.000.

Los cortes de carne vacuna (a excepción del osobuco, por ejemplo, que ronda los $11.000 el kilo) son casi siempre más caros: la tapa de asado, el roast beef, la cuadrada y la bola de lomo (estas dos últimas comúnmente elegidas para milanesas) cuestan como mínimo alrededor de $17.000 y $18.000, y su precio puede superar los $20.000 en algunos lugares. Por encima de esta cifra está el peceto, la nalga, el vacío y el cuadril.

Es ya conocido el desplome histórico que tuvo el consumo de carne en los últimos años. Lejos de revertirse, esta tendencia se acrecienta: según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) el consumo aparente de carne vacuna en el mercado interno durante el primer trimestre de 2026 cayó un 10% respecto al mismo período del año anterior. A su vez, el precio relativo del animal en pie alcanzó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 el nivel más elevado en quince años. La suba se trasladó con fuerza a las góndolas ya que el rubro “carnes y derivados” fue el más dinámico dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo: aumentó 6,9% mensual y 55,1% en la comparación anual.

El valor final de la lista propuesta, de una compra semanal únicamente de alimentos, en cantidades moderadas y económica (siempre optando por las opciones más baratas), tendría un valor aproximado de $96.000, mientras que la misma canasta que incluye productos de primeras marcas no baja de $133.000. Entre ambas, el promedio es de $114.500.

Los salarios universitarios acumulan una pérdida de 32% del poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, cayendo al menor nivel de los últimos 23 años, y para recomponerse necesitarían un incremento en torno al 50%.

El deterioro del poder de compra de los sueldos en el ámbito de la educación superior pública se da en un contexto crítico para las casas de estudios por ajustes en el presupuesto y el incumplimiento gubernamental de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este marco, las universidades nacionales anunciaron más medidas de fuerza que incluyen otra semana completa de paro, entre el 27 de abril y el 2 de mayo, y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo.

Al exponer el recorte presupuestario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puntualizó que “las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”.

El ajuste en el presupuesto universitario impacta de lleno en el bolsillo de los docentes y no docentes, ya que los salarios representan el 87,9% de las partidas destinadas a la educación superior, según precisó un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Al puntualizar en el efecto experimentado en el último tiempo, detalló que entre 2023 y 2025, los recursos destinados a sueldos docentes sufrieron una caída real del 30,5%, mientras que para el personal no docente la reducción alcanzó el 24,5%.

En este marco, el CIN indicó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%, lo que “implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”.

Al respecto, describió que “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”.

Con este panorama, el Consejo advirtió que en la actualidad, los salarios universitarios están en su “nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios “deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026”, según calculó el CIN y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, explicó que “ese porcentaje surge de la diferencia acumulada entre la evolución de precios y salarios y representa el incremento necesario para equiparar la capacidad de compra del salario al nivel previo a la asunción del actual gobierno nacional”.

A pesar del evidenciado deterioro del presupuesto y los haberes universitarios, el Gobierno busca aprobar una nueva ley de financiamiento para la educación superior que consolida los recortes de recursos y reemplaza a la normativa que está incumpliendo.

De esta manera, el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, alertó que el presupuesto para 2026 sería un 31,4% menor al que exige la ley actual. Además, señaló que la pérdida salarial real de los docentes, que calcula en 35,7% (mayor a la del CIN), se podría profundizar hasta alcanzar el 38% en agosto de 2026.

En este contexto, las universidades planean acentuar las medidas de fuerza con la paralización de las actividades, en todas las casas de estudios públicas del país, durante la última semana de abril, y con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo.

Al anunciar la medida, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) indicaron que “la convocatoria surge ante la crítica situación que enfrenta el sistema universitario, con más de 17 meses consecutivos de pérdida salarial, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Fuente: Noticias Argentinas

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. "Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.

El gobierno de Javier Milei avanza con el recorte de la política sanitaria y definió la reducción del Programa Remediar, creado en 2002 para garantizar la provisión gratuita en el primer nivel de atención. El Ministerio de Salud detalló que la nueva etapa del plan se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral, entre otros.

Los medicamentos incluidos hasta ahora eran amplios; entre ellos analgésicos, antibióticos, antiácidos, antiasmáticos, corticoides, antiespasmódicos, ginecológicos y cardiovasculares. Un informe sanitario denunció la reducción de los 79 fármacos del vademécum a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares.

En una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el director nacional de Medicamentos, Luis Gorostordoy, informó la restructuración del Programa Remediar. “El objetivo de la iniciativa es redefinir, junto a los ministros de las 24 jurisdicciones, la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención para garantizar una mayor eficiencia y trazabilidad. La nueva estrategia hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional”, detalla el comunicado oficial.

Según supo el portal El Destape, el nuevo Remediar comenzará a regir plenamente a partir de septiembre y la cartera sanitaria se hará cargo de la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo que los gobiernos provinciales no proveen a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta nueva etapa se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral. Tratar la hipertensión arterial previene la enfermedad, la discapacidad y la muerte provocadas por este factor de riesgo.

De esta manera, se prevé una primera etapa de distribución dirigida a centros de atención primaria que cumplan con criterios técnicos específicos, entre ellos la implementación de las guías clínicas nacionales, el uso de receta electrónica, el monitoreo de indicadores y la garantía de trazabilidad de los tratamientos.

Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, Remediar cubría el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. El vademécum incluía 79 presentaciones farmacológicas, desde medicamentos para diabetes e hipertensión hasta antibióticos, corticoides y antiparasitarios. La eliminación del programa implica que esos 79 medicamentos se reducen a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares, denuncia el estudio.

“El cierre introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, señala el informe que hace hincapié en el impacto sanitario de la discontinuidad en tratamientos crónicos como hipertensión o diabetes que aumentan el riesgo de complicaciones y descompensaciones. Ahora dependerá de la capacidad de compra de cada paciente o de las provincias.

Medicamentos discontinuados (79 presentaciones):

Enfermedades cardiovasculares:

El estudio detalló que el caso de Tierra del Fuego muestra la magnitud del recorte ya que según datos oficiales, las entregas de medicamentos se redujeron de 143.652 unidades en 2023 a apenas 42.966 en 2025, una caída cercana al 70% en dos años. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, el deterioro fue igualmente contundente. Los centros de salud abastecidos pasaron de 1.617 en 2023 a 1.132 en 2026.

Los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110 y las unidades mínimas de medicamentos se redujeron de 10.458.567 a 4.636.253, más de un 55% menos Esta situación obliga a las provincias a asumir compras propias mediante licitaciones, incrementando el esfuerzo fiscal local. Santa Fe, por ejemplo, debió avanzar en procesos de adquisición para cubrir la demanda que antes garantizaba la Nación.

Por su parte, según supo este medio la medida se definió luego de detectar la falta de "un seguimiento y trazabilidad a lo largo del tiempo" que "derivó en innumerables casos de malversación de los kits, en la venta ilegal de medicamentos o incluso en el uso político con entregas por fuera de las salas de atención primaria de salud". "Menos del 10% de los CAPS reportaba efectivamente qué se hacía con ellos, por eso no se conoce el impacto sanitario del programa", trascendió desde la cartera sanitaria.

En este marco, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue categórico: “Desde cualquier punto de vista, es un desastre total”. Sus declaraciones reflejan la gravedad de la eliminación de un programa que abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes. Kreplak recordó que Remediar nació en 2002, tras la crisis de 2001, cuando casi la mitad de la población no tenía acceso a medicamentos. “Fue una respuesta a una crisis sanitaria gravísima”, explicó en Radio 750. El ministro subrayó el alcance federal del programa: “Hay lugares del interior donde no hay farmacias. El único acceso a medicamentos es a través del Estado. Estamos hablando de 20 millones de personas”.

La eliminación del suministro gratuito implica que millones de pacientes deberán acudir a guardias hospitalarias por cuestiones básicas. “Si sacás eso, el sistema va a colapsar”, advirtió. Kreplak también alertó sobre el contexto estacional: “Estamos entrando en el invierno, cuando aumentan las enfermedades respiratorias. Es el peor momento para retirar medicamentos”.

os despidos en el Servicio Meteorológico Nacional generaron preocupación tras el comunicado de los trabajadores, quienes advirtieron que la reducción de personal comprometerá funciones esenciales del organismo en todo el país. La decisión fue confirmada por el director del SMN, Antonio José Mauad, quien indicó que se entregará una lista de 240 empleados civiles que serán cesanteados antes del viernes 10 de abril de 2026.

Según se informó, la medida responde a un pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el marco de un proceso de ajuste. Del total de trabajadores afectados, 130 pertenecen a estaciones meteorológicas distribuidas en distintas regiones del país y otros 110 cumplen funciones en la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el sector laboral señalaron que se trata de una reducción superior al 30% del personal civil, lo que consideraron un recorte “crítico” para el funcionamiento del organismo. En ese sentido, alertaron que podría verse comprometida la calidad de los servicios meteorológicos, fundamentales para la seguridad aeronáutica y las actividades productivas.

El comunicado detalló que el SMN actualmente cuenta con 980 trabajadores, de los cuales 780 son civiles. Con la implementación de los despidos y la salida de otros 31 empleados en condiciones de jubilarse, el plantel quedaría reducido a aproximadamente 540 trabajadores civiles.

Los trabajadores sostuvieron que esta cifra está muy por debajo de la dotación mínima necesaria para garantizar un servicio eficiente, estimada en 1200 empleados. En ese contexto, remarcaron que la disminución de personal afectará la capacidad de monitoreo, pronóstico y emisión de alertas tempranas.

Además, advirtieron que el impacto no se limitará al ámbito técnico, sino que repercutirá directamente en múltiples sectores de la economía. “Las actividades aeronáuticas y agropecuarias dependen de la información meteorológica precisa y oportuna”, señalaron en el documento difundido.

Por último, manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias en la seguridad de la población, al considerar que una menor capacidad operativa del organismo podría dificultar la prevención de fenómenos climáticos extremos y sus efectos sobre la vida y los bienes.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

Se profundiza el conflicto universitario a nivel nacional, frente al reclamo por mejoras salariales y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Por ello, desde Conadu anunciaron un paro de una semana completa y medidas de fuerza sucesivas las próximas semanas.

“La situación está muy compleja como en todo el sistema universitario del país. Nuestra universidad no escapa a eso. Está prevista una semana de paro docente por parte de AGDU. APUNER, que es el personal administrativo y de servicios, también se adhiere”, precisó Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

“La situación es realmente muy compleja. Salarialmente hemos perdido cerca del 50%. No hay inversión en la parte científica, de extensión e investigación. El sistema universitario está en una situación muy crítica”, lamentó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

Aclaró que las puertas estarán abiertas y los docentes definen su adhesión o no al paro.

Consultado por las posibilidades de que el Gobierno nacional atienda sus reclamos, alertó: “Lo preocupante es que no vemos luz. Creemos que es un método del gobierno nacional de desfinanciar algo primero, después criticarlo y después desguazarlo. Desfinanciando la universidad, se nos van profes, se va personal y estudiantes que se ven afectados por los paros”.

La crítica situación de las universidades nacionales se mantiene a la orden del día debido al fuerte ajuste fiscal que el Gobierno Nacional viene implementando en el presupuesto educativo, que impacta en las condiciones de vida de los trabajadores y hace peligrar el próximo comienzo de clases. En este esquema, la administración de Javier Milei anotó otro “hito” de su gestión: con los últimos datos de inflación del cierre de 2025, el salario real de la docencia universitaria cayó a menos de la mitad que hace una década atrás. La situación se agravó al punto de que numerosos cargos con dedicaciones de 40 horas semanales se encuentran por debajo de la línea de pobreza definida por el INDEC.

“Se observa una consolidación de la depreciación acelerada del salario ocurrida durante los primeros meses del gobierno, sobre una base que ya era históricamente baja”, señaló un informe elaborado por docentes de distintas universidades del país al que accedió este portal. De esta manera, los datos evidencian que se produjo una ruptura del piso histórico, constituyendo “el peor momento de la década para el salario real docente universitario”.

La pérdida salarial acumulada entre 2015 y 2025 equivale a más de 57 salarios actuales. Desde el inicio de la gestión libertaria, la pérdida salarial acumulada ya representa 8,7 salarios actuales. Como resultado, para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos diez años sería necesaria una recomposición superior al 95% ya que, en perspectiva histórica, el poder adquisitivo de la docencia universitaria disputa también los puestos más bajos desde el regreso de la democracia, marcando un retroceso sin precedentes.

Durante los últimos años, los acuerdos paritarios de la docencia universitaria no lograron recomponer el poder adquisitivo del salario en niveles semejantes a los de fines de 2015. De hecho, con los últimos datos de inflación del INDEC para el cierre del 2025 se confirmó un hito crítico: el salario real –considerando el efecto inflacionario- de la docencia universitaria es hoy menos de la mitad que en noviembre del 2015.

La situación se agrava si se compara para atrás en el tiempo ya que dicho salario se posiciona como el más bajo de las últimas dos décadas y disputa los puestos más bajos desde el regreso de la democracia, marcando un retroceso sin precedentes en el poder adquisitivo de este sector del trabajo que viene atravesando un derrotero a la baja, al punto de que alcanza para adquirir un 31,0% menos de bienes y servicios que en noviembre de 2023 (inicio de la gestión actual). 

“Estos datos no son sólo números, sino el reflejo de una década de erosión salarial que impacta directamente en la dignidad laboral y la sustentabilidad del sistema universitario” señaló un documento elaborado por el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU) que analizó también el deterioro del poder acumulado durante los últimos tres mandatos presidenciales.

Si se observa lo sucedido en el gobierno de Mauricio Macri la pérdida salarial equivale a 12,0 salarios actuales. Dicha administración dejó un piso que no pudo ser recuperado durante el mandato de Alberto Fernández, equivalente a 21,2 salarios actuales. Luego, durante tal gobierno la pérdida fue de 5,1 salarios actuales, que al cierre del mandato dejó un nivel de pérdida equivalente a 11,7 salarios actuales. Por último, en lo que va del gobierno de Javier Milei se acumula un recorte equivalente a 8,7 salarios actuales. En otras palabras, la pérdida salarial acumulada entre 2015 y 2025 supera los 57 salarios actuales, “una verdadera masa salarial resignad, sin considerar aún las pérdidas asociadas a los aguinaldos”, explicaron desde el centro de investigación. 

Sobre la evolución puntual en la actual administración libertaria puntualizaron que “durante los primeros dos meses del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) el poder adquisitivo del salario sufrió un desplome significativamente mayor que el registrado en las dos administraciones anteriores. La recomposición salarial posterior —entre febrero y octubre de 2024— fue lenta y discontinua, recuperando apenas 7 puntos en 9 meses. Esa recuperación parcial se interrumpió luego con una nueva caída, que perforó nuevamente el mínimo alcanzado al inicio del mandato”, detalló el documento al que accedió este medio. 

En este esquema, para sostener simplemente el poder adquisitivo de noviembre de 2023, sería necesario un incremento en torno al 50% mientras que para que el salario vuelva a alcanzar el poder adquisitivo que tenía hace diez años (es decir, en noviembre de 2015), sería necesaria una recomposición superior al 95% ya que, como se desprende del informe, el poder adquisitivo de la docencia universitaria se encuentra actualmente en el peor nivel de toda la serie.

El documento del LSDU analizó también el derrotero de los salarios en comparación con las posibilidades de acceso a la canasta de bienes y servicios básicos, es decir, cuántas horas de docencia universitaria son necesarias para que un docente no sea pobre en términos de ingresos. Los resultados exhibieron que numerosos cargos con dedicaciones de 40 horas semanales se encuentran por debajo de la línea de pobreza definida por el INDEC.

Entre los ejemplos analizados aparecen Ayudante de 1era. con dedicación exclusiva y 20 años de antigüedad, ($1.242.887), Jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva y 15 años de antigüedad, ($1.264.858), Profesor adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad ($1.299.251), Profesor asociado con dedicación exclusiva y 5 años de antigüedad ($1.284.442) y Profesor titular con dedicación exclusiva ($1.250.305) que no logran superar la canasta básica total para un hogar tipo 2 (compuesto por dos personas adultas y dos menores) en torno a $1.300.000.

Por último, “la tendencia general del período muestra una pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario de la docencia universitaria, y desde el inicio de la gestión actual, la pérdida salarial acumulada ya equivale a 8,7 salarios actuales”, concluyó el informe.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un marcado retroceso en el mercado laboral formal de Entre Ríos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran una contracción del 4,4% en la cantidad de empleadores con personal registrado, que pasaron de 17.405 a 16.631, lo que significa 774 empresas o establecimientos menos. Paralelamente, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 10.575 personas (-3,8%), reduciéndose de 281.045 a 270.470.

La destrucción de empleo fue especialmente severa en el sector público y la construcción. La “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” lideró las pérdidas absolutas con una reducción de 44.838 puestos de trabajo, una caída del 36,6%. Sin embargo, en términos relativos, el sector más golpeado fue la “Construcción”, con una pérdida del 39% de su plantel (-3.273 trabajadores). El “Servicio de transporte y almacenamiento” también sufrió una merma significativa del 25,9% (-2.502 puestos).

En cuanto a los empleadores, el comercio mayorista y minorista fue el que más unidades productivas perdió en números absolutos (-173). No obstante, los sectores más afectados en términos porcentuales fueron los “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” (-15,4%) y la “Construcción” (-14,1%), evidenciando un fuerte impacto en actividades vinculadas al consumo y el ocio.

El análisis por tamaño de empresa indica que la desaparición de empleadores se concentró casi en su totalidad (99,9%) en las firmas de hasta 500 trabajadores, que redujeron su número en 773 unidades (-4,5%). En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, el 55,1% (5.831 empleos) correspondió a estas empresas más pequeñas, mientras que el 44,9% restante (4.744 empleos) se registró en empresas grandes de más de 500 trabajadores.

El informe del CEPA, con datos a septiembre de 2025, concluye que los primeros 22 meses de la actual gestión nacional estuvieron marcados por una contracción generalizada del empleo formal y del tejido empresarial en la provincia de Entre Ríos. 

Fuente: APF Digital

Ante la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que anunció este lunes el gobierno nacional, los sindicatos docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) confirmaron la ejecución de la huelga este martes y miércoles. Hay facultades cerradas y algunas que funcionan con servicios mínimos.

La medida había quedado en suspenso a la espera de la definición del Gobierno, que tenía tiempo hasta este lunes para promulgar la ley. La normativa tuvo idas y vueltas: aprobada por ambas cámaras, vetada por el presidente Javier Milei, luego ratificada nuevamente en ambas cámaras legislativas.

Y, finalmente, este lunes se conoció la promulgación, pero sin aplicación. El Gobierno resolvió que su puesta en marcha queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Y los docentes y trabajadores universitarios activaron la huelga que estaba en stand-by.

El gremi APUNER conviocó “a todos los trabajadores nodocentes de la UNER a un paro total de actividades por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para este martes”. Asimismo, serealizarán actividades de protesta y visibilización este miércoles 22.

La ley tiene por objeto “garantizar la totalidad de los fondos para el financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de los trabajadores y las trabajadoras nodocentes”, recordó el sindicato

Por su parte, el gremio docente AGDU había dispuesto en línea con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) dos jornadas nacionales de protesta este martes y miércoles.

“Frente a un contexto sumamente grave en las universidades nacionales, con salarios de pobreza, sobrecarga laboral y falta de diálogo, nuestro objetivo es evitar el desguace del sistema universitario y científico”, alegaron desde AGDU.

La huelga se sentirá también en la UTN. La federación de docentes FAGDUT informó que este martes y miércoles hará paro en las 30 facultades regionales: incluye las de Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia en Entre Ríos.

“La dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar. Más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza”, señaló el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi.

En una semana donde el Conicet se convirtió en un inesperado fenómeno de audiencias por la transmisión en vivo de su expedición en el fondo del mar, un informe del grupo "Economía, Política y Ciencia" (EPC) expuso la crítica situación laboral que atraviesan los trabajadores del sector en el marco del ajuste del gobierno de Javier Milei.

El estudio revela que, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) sufrió una pérdida neta de 4.040 empleos. La caída es del 7,2% en los organismos públicos y se dispara al 12% en las empresas y sociedades del Estado.

El Conicet representa algo más de un cuarto del total de empleos perdidos, con 1.085 bajas (894 cargos de personal y 191 becas). Otros organismos muy afectados son el INTI, con 740 despidos, y el INTA, con 530.

El informe califica la situación de "profundo vaciamiento". En términos relativos, el mayor ajuste se dio en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con una reducción del 40,4% de su personal, y en la Agencia I+D+i, con una baja del 37,5%.

La paradoja se vuelve evidente: mientras miles de argentinos se conectan para maravillarse con los descubrimientos científicos en el Mar Argentino, los responsables de esa ciencia enfrentan un fuerte deterioro de sus condiciones laborales, con una caída del empleo sin precedentes en la historia reciente del sector.

Fuente: Noticias Argentinas

En el marco del proceso de ordenamiento y cumplimiento estricto de la normativa vigente, la Fiscalía de Estado, a través de la Dirección de Sumarios, informó que durante 2024 y lo que va de 2025 se dictaron 174 cesantías de agentes de la administración pública provincial, como resultado de los sumarios por incumplimientos graves a los deberes de funcionario público.

Según el informe de Fiscalía, en 2024 se resolvieron 85 cesantías y dos exoneraciones, mientras que en lo que va de 2025 ya se dictaron 89 cesantías y una exoneración. En promedio, alrededor del 80 por ciento de los sumarios finalizados en este período culminaron en la aplicación de la sanción de cesantía, la medida prevista por la ley para los casos de faltas graves.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, subrayó que esto es resultado de la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de regularizar y ordenar la aplicación de la Ley N° 9755 y los distintos estatutos que rigen la función pública provincial. “Desde el inicio de la gestión, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de hacer cumplir las leyes que regulan el desempeño de los agentes públicos, respetando los derechos de defensa y garantizando el debido proceso en cada caso”, explicó el funcionario.

En este sentido, Rodríguez Signes remarcó que durante años el ejercicio del poder disciplinario en la administración pública fue claramente irregular. “Los sumarios se hacían, pero sucedían dos cosas: o bien los gobiernos que sucedían al que había iniciado el proceso sumarial invalidaban esos sumarios mediante indultos; o directamente no se concluía el procedimiento, quedando los expedientes archivados, sin dictar los decretos de cesantía o exoneración. Así se desnaturalizaba el ejercicio del poder disciplinario de la administración”, dijo.

Además, agregó: “Así es como encontramos situaciones ridículas, con personas que acumularon más de 100 o 200 inasistencias injustificadas. La gran mayoría de las cesantías actuales responden justamente a faltas injustificadas”.

Cabe aclarar que los sumarios que lleva adelante la Dirección de Sumarios no comprenden al personal docente ni policial, cuya tramitación corresponde a otros ámbitos administrativos.

El fiscal de Estado precisó además que, actualmente, el total de sumarios en trámite ronda los 215 expedientes. “Puede haberse incorporado algún caso más, pero seguimos trabajando sobre un universo de alrededor de 215 expedientes activos”, explicó.

Este proceso de depuración y control apunta a fortalecer la transparencia, garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y proteger los intereses del Estado provincial, resguardando los recursos que pertenecen a todos los entrerrianos. (Fuente: Ahora)

En un mensaje grabado junto a miembros de su Gabinete y dirigentes libertarios de renombre destacó que "el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hace ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre".

Luego recordó que "cuando les pedí el voto les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene tres fundamentos: orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento económico argentino". A su vez, agradeció a la población por "haber atravesado las turbulencias que atravesamos en este casi año y medio de la que llevamos de Gobierno".

El presidente Javier Milei recordó a los 87 diputados que fueron agasajados en la Quinta de Olivosluego de blindar el veto presidencial que impidió un aumento de ingresos para jubilados: "Hay actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estamos viviendo sin mezquindades ni condicionamientos. Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista".

Aunque aseguró que "la inflación va a colapsar porque no habrá emisión de pesos sin respaldo", admitió que "este mes hemos visto una interrupción en el proceso de desinflación. Estos son los efectos de la aberración de la Ley Guzmán, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para este acuerdo con el FMI".

"Pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar", agregó y destacó el equilibrio fiscal, la estabilidad inflacionaria y la liberación del cepo cambiario. Asimismo, reconoció que el desembolso del FMI se da "para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos" y reiteró que "casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien".

El mandatario señaló que "nunca jamás en los últimos 120 años tuvimos orden fiscal, orden monetario y orden cambiario a la vez" y apuntó que "no vengan a decir que ya la vieron porque esta vez sí es diferente". "Cada vez que nos encaminamos a hacer las cosas bien, nos terminamos quedando cortos y nos terminamos golpeando con la realidad", agregó y dijo que "se rompió la rueda de la ilusión y el desencanto".

Desembolso del Fondo Monetario Internacional

La consolidación del programa económico contará con el respaldo financiero de una nueva Facilidad Extendida de Fondos (EFF) acordado con el FMI por u$s20.000 millones, de los cuales u$s15.000 millones constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. De esa suma, u$s12.000 millones ingresarán a las arcas nacionales el próximo martes 15 de abril y otros u$s2.000 millones llegarán entre abril y junio.

Por otro lado, se recibirán otros u$s3.600 de organismos internacionales y una suma de u$s2.000 millones de un REPO que concretará el BCRA. Los desembolsos inmediatos constituyen u$s19.600 millones y habrán otros u$s3.500 millones restantes en el 2025 (u$s1.500 del FMI y el resto de otros organismos).

En ese marco, Javier Milei planteó que las reservas de las arcas argentinas ascenderían a los u$s 50.000 millones: "Podemos respaldar todos los pesos existentes de nuestra argentina, brindándoles más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos". En ese sentido, el acuerdo con el FMI "busca restaurar el activo del BCRA y con esa su patrimonio, para que de este modo la inflación sea un solo mal recuerdo del pasado".

Tensión externa

Minutos después, afirmó que "estamos en mejores condiciones que nunca para recibir turbulencias externas": "Absorberemos menos daño que en cualquier momento de la historia y nos recuperaremos a una mayor velocidad". "Estamos siendo testigos de una transición importante de cómo funciona la economía global", reconoció y dijo que "en un mar de volatilidad no somos una balsa de madera a la deriva. Somos un verdadero acorazado".

"Ante la posibilidad de que el shock externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal reduciendo el gasto público", insistió y subrayó que priorizarán que "el ajuste no caiga sobre el sector privado, que es el verdadero motor de la economía". "Nuestro objetivo es convertirnos en el país más libre del mundo. Para eso seguiremos reduciendo la carga impositiva total, ya sea con la eliminación del impuesto inflacionario como con la eliminación de impuestos directos", añadió.

Para concluir, prometió que "la recuperación que venimos viendo hace meses se acelerará y se convertirá en un crecimiento sostenido y será el país con el mayor crecimiento económico acelerado". "Pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas", ejemplificó y subrayó que "la Argentina volverá a ser grande nuevamente".

Luego de recortar en unos 36.000 empleados la planta del Estado durante su primer año de gestión, el Gobierno de La Libertad Avanza promete seguir con la motosierra en 2025 y estableció nuevas medidas para profundizar la baja del gasto público.

En ese sentido, dispuso que cada contratación que se realice en el Sector Público Nacional deberá ser compensada con el recorte de tres empleados. Se trata de un sistema "3x1" que quedó plasmado en el Decreto 1148/24, que se publicó esta semana en el Boletín Oficial. 

Evolución de la dotación del sector público actualizado a noviembre. Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. VLLC! pic.twitter.com/o68U9KKRW4

Allí, se establece que "las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 1° del presente podrán disponer únicamente, para las designaciones o contrataciones no comprendidas en el artículo 2°, un alta en el supuesto que informe tres bajas de personal".Esta medida se complementa con el examen de idoneidad que los trabajadores deben aprobar para formar parte de la Administración Pública Nacional. Durante la primera tanda de diciembre, se informó que un 96% de los inscritos superaron la prueba. Esto alcanza tanto a los contratados como a los aspirantes, y también se aplicará en las empresas con mayoría estatal. 

Fuente: Filo.news

Desde diciembre de 2023 hasta hoy, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30% y, en consecuencia, los salarios reales docentes un 23%.

Estos datos, publicados por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se venían anticipando con la serie de medidas que llevó adelante el presidente Javier Milei, sumado al veto sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante todo el 2024, el ámbito estudiantil superior rechazó estas iniciativas por parte del oficialismo y se manifestó en las calles acompañados, no sólo por estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas, sino también por varios sindicatos que se plegaron a la jornada de lucha.

De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, y en referencia a movilizaciones anteriores, se calculó que en la primera marcha realizada el 23 de abril, estuvieron presentes más de 800 mil personas y según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, “el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso”.

A pesar de la impactante presencia del movimiento universitario, desde el Gobierno Nacional aseguraron que  fue "un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira" e, incluso, en palabras del propio Milei, las agrupaciones políticas y sociales que participaron “demostraron el miedo que le tienen" a la figura presidencial.

"En el fondo, muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable", expresó.

Otra de las problemáticas que instaló el Ejecutivo Nacional fueron las auditorías a las que, supuestamente, las universidades públicas no querían someterse; desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), y desde muchos rectorados de otras universidades públicas, sostuvieron que eso no era cierto, debido a que las realiza la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, año en que se reformó la Constitución Nacional y se estableció la autonomía universitaria.

Asimismo, el secretario de hacienda de la UBA, Matías Ruiz, indicó que siempre informan “todas las auditorías” y que, además, están en la página web “porque son públicas”. “No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todos y que tiene el Poder Ejecutivo Nacional", añadió.

Aunque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tenía competencias para poder auditar las universidades, el Gobierno Nacional decidió que interviniera y así fue como el titular del organismo, Miguel Blanco, comunicó las investigaciones que realizaron para confeccionar informes presupuestarios.

“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector . Si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades”, señaló Blanco.

Pasadas las semanas, y si bien no se dio a conocer ninguna irregularidad en ningún aspecto, desde Nación comenzaron a instalar la idea de que las universidades albergaban estudiantes “inventados” para recibir mayor presupuesto, situación que rectores de distintas instituciones públicas desmintieron, debido a que la inscripción es online y si esos estudiantes no están inscriptos, no pueden rendir exámenes.

Oscar Arellano, rector de la Universidad de Catamarca (UNCA), fue uno de los que apuntó contra el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y lo acusó de tener “absoluto desconocimiento” sobre cómo funciona el sistema universitario.

“La universidad pública argentina tiene el ‘SIU’, que es el Sistema de Información Universitario del país y maneja todo lo relacionado a los alumnos, desde la inscripción hasta que se recibe. Un estudiante tiene que inscribirse todos los años en ese sistema porque, de lo contrario, deja de pertenecer a la institución. Como la inscripción se renueva anualmente por la propia voluntad del estudiante, es imposible que las universidades inventen estudiantes”, explicó Arellano.

El día anterior a la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, Torrendel expresó que esa movilización se trataba de una protesta "antigobierno" y que “varias de sus consignas” estaban vinculadas “solamente al problema de los salarios", cuando el mayor porcentaje del presupuesto está destinado a los sueldos docentes.

"Los datos de funcionamiento, que se pautaron a través de las universidades, no solo incluyen la inflación de este año, sino también la del año previo. Los salarios se están recomponiendo y el Gobierno está dispuesto a revisar la partida presupuestaria que mandó para el 2025, en términos de educación", declaró a Noticias Argentinas.

Sin embargo, esta segunda movilización también fue multitudinaria: se calculó que asistió más de un millón de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.

En esta oportunidad, se rechazó de antemano el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar un mejor salario docente.

"Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!", le exigió la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, quien leyó un documento en el cierre de la Marcha Federal.

A pesar de los reclamos, finalmente sucedió lo que ya se rumoreaba: durante la sesión solicitada por la Unión Cívica Radical, Encuentro federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Unión por la Patria, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios de los votos para rechazar el veto a la ley.

Por el momento,  el Consejo Superior de la UBA solicitó la semana pasada, una nueva Ley de Financiamiento para el próximo año, debido a que considera que las necesidades presupuestarias del sistema universitario ascienden a 7,2 billones de pesos para el 2025 y el proyecto presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación sólo de 3,95 billones.Fuente: Noticias Argentinas 

La inflación está cediendo pero los salarios aún no se recuperan de las fuertes subas de precios del último año y el IPC sigue siendo una de las principales preocupaciones para los consumidores argentinos. Según un estudio realizado por in-Store Media, el 100% de los compradores cambió sus hábitos de consumo para sortear la inflación y entre ellos, prácticamente la mitad reconoce haber dejado de comprar primeras marcas para lograr algún tipo de ahorro.Los resultados fueron presentados en una conferencia titulada “Radiografía del comportamiento del shopper argentino en el canal de compra moderno: preferencias y hábitos de consumo actuales”. Allí se presentaron los resultados del informe, que muestra cómo la inflación ha llevado a cambios significativos en los hábitos de consumo en Argentina. Gabriel Diorio, director general de in-Store Media Argentina, y Jordi Mur, director de Marketing y Desarrollo, fueron los encargados de exponer los datos más relevantes.El estudio muestra que el 100% de los encuestados ha modificado sus hábitos para sortear la inflación, con una tendencia creciente a reemplazar las primeras marcas por opciones más económicas. El 47% de los consumidores ha dejado de comprar productos de marcas reconocidas, optando en cambio por segundas o terceras marcas para reducir sus gastos. Esta conducta es particularmente notoria en las categorías de productos esenciales no perecederos, donde los compradores buscan activamente promociones y descuentos.Además, el 51% dice estar más atento a descuentos y promociones de las tiendas. Según detalló Mur, en este escenario de alta sensibilidad al precio, los consumidores han mostrado una notable flexibilidad en sus decisiones de compra. Solo el 16% sigue una lista de compras estricta, mientras que el 66% utiliza una lista más flexible y el 18% decide qué comprar directamente en el punto de venta. “Las promociones continúan siendo un factor decisivo, con el 68% de los consumidores cambiando su elección inicial cuando encuentran descuentos”, explicó.Además de seguir más de cerca los descuentos y pasar a segundas y terceras marcas, los consumidores han adoptado otras prácticas para intentar contrarrestar los efectos de la inflación. El 41% de los encuestados aseguró que hace menos compras por placer, el 27% dice que compra menos y el 23% que ha dejado incluso de comprar algunos productos esenciales.

Las principales preocupaciones

El informe, que abarcó una muestra de 350 personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de entre 18 y 65 años, revela que el desempleo superó a la inflación como la principal preocupación de los consumidores. En detalle, el 51% de los encuestados respondió que el desempleo es su primera preocupación, seguido por el avance de los precios (48%), la pobreza y la desigualdad (41%), el crimen y la violencia (40%) y la corrupción política (24%). Es importante aclarar que los encuestados podían elegir más de una opción, por eso los porcentajes no suman 100%.En lo que respecta a la percepción sobre el presente del país, el 68% de los encuestados considera que la situación económica es “mala”, aunque el 40% –principalmente jóvenes entre 18 y 25 años– es más optimista respecto a una posible mejora en el corto plazo.

“A pesar de la persistente incertidumbre económica, el 51% de los participantes ha notado un freno en el aumento de los precios de los productos de supermercado en los últimos meses. Esto sugiere un ligero cambio positivo en el contexto inflacionario, que ha influido en las expectativas de los consumidores”, explicó Diorio.El perfil de los consumidores argentinos

A pesar del avance del comercio electrónico, la tienda física sigue siendo el principal canal de compra para los consumidores argentinos. El 52% de los encuestados señaló que prefiere hacer sus compras en el lugar físico, mientras que el 41% opta por un enfoque híbrido que combina lo físico con lo digital, y solo un 7% compra exclusivamente en línea. La frecuencia de compra semanal ha aumentado a un promedio de 2,11 veces, manteniendo la tendencia de compras rápidas de entre 15 minutos y una hora.Según Jordi Mur, las decisiones de compra se ven fuertemente influenciadas por la dinámica en el punto de venta, donde el 84% de los consumidores toma parcial o totalmente sus decisiones. Esto evidencia la importancia del retail media como herramienta clave para captar la atención del consumidor en un entorno donde la cautela sigue siendo necesaria.

El análisis de las diferentes categorías de productos revela que los consumidores responden de manera distinta según el tipo de artículo. Las compras racionales, que incluyen productos esenciales no frescos, están marcadas por la sensibilidad al precio y la planificación. En contraste, las compras impulsivas, como confitería, snacks y bebidas, dependen más del momento y son motivadas por ofertas o novedades en el mercado.

Mur señaló que “hay tantos perfiles de shopper como categorías de productos”. Los consumidores se comportan de forma racional o impulsiva según la categoría, adaptando sus hábitos para maximizar su presupuesto o satisfacer un antojo.Fuente: Infobae

Las empresas de medicina prepaga empezaron a comunicar nuevos aumentos a sus afiliados para noviembre, que en algunos casos llegan a superar por el doble a la inflación mensual, siguiendo con los ajustes tras dejar de estar atadas a la variación de precios.

Las cuotas de las prepagas subirán el mes que viene entre el 3,9% y el 6,9% dependiendo de la empresa, ubicándose por encima del índice inflacionario de septiembre, que alcanzó el 3,5% y de las estimaciones de octubre que arrojan una variación similar al último dato.

De esta manera, las firmas de medicina privada aplicarán el quinto aumento en los valores de sus planes tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación y que dio vía libre para fijar la proporción de la actualización de precios desde julio.

- Galeno: 6,9%.- Hospital Italiano: 5,22%.- Swiss Medical: 3,90%.- Accord Salud: 6,9%.

Desde Galeno explicaron el incremento expresando que "el sector de Salud continúa atravesando un contexto muy complejo, con atrasos en el precio de sus cuotas y el consecuente desfasaje en el ajuste de los valores que se destinan a la red de prestadores e instituciones médicas".

Por su parte, Accord Salud, justificaron la suba indicando que "esta modificación es necesaria para poder afrontar los costos de la infraestructura en salud que se han visto seriamente afectados por los aumentos en los precios de medicamentos, insumos y servicios médicos de nuestra red de prestadores instituciones", asegurado que "nuestro esfuerzo compromiso permanente es poder seguir ofreciendo una cobertura médica de la más alta calidad".

En el caso de Swiss Medical aportaron que "es importante mencionar que los incrementos realizados reflejan sólo de manera parcial los incrementos reales verificados en nuestra estructura de costos".

En tanto que Hospital Italiano informó que "motiva este nuevo ajuste, el incremento en los costos en la atención sanitaria que viene ocurriendo en los últimos meses", por lo que consideraron que "ante este escenario se requieren incrementos periódicos para generar un equilibrio económico-financiero que permita seguir prestando el servicio con la calidad de siempre".Fuente: Filo.news

"El último día de gobierno, sea en tres años y medio o en siete años y medio, será con motosierra en mano". Con estas declaraciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó hoy que el Gobierno de Javier Milei continuará con el ajuste sobre las cuentas públicas hasta el final de su gestión.

Durante una conferencia de prensa este martes en Casa Rosada, el portavoz de la administración libertaria dividió el recorte en distintas etapas: "[Federico] Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado) lo definió como deep motosierra. Teníamos que desmalezar primero lo que se veía a simple vista y después ir de manera más profunda en cada una de las áreas. Hay capas geológicas de cuestiones que no funcionan en el Estado, o mal, o de manera deficiente, y el contribuyente no tiene por qué hacerse cargo".

"Parte de la campaña fue explicar como había un estado que era un elefante que bancan entre todos los contribuyentes y que en un país pobre no tenía mucho sentido discutir si tenía que estar o no. No tiene que estar, tiene que ser mucho más eficiente", sostuvo.En ese sentido, Adorni anticipó nuevos despidos en el sector público. "Todos los meses hay baja de personal", indicó. Días atrás, anunció que se le tomará un examen de idoneidad a los empleados contratados y de planta transitoria.

El vocero afirmó que un achicamiento del Estado redunda en un "círculo virtuoso", donde se conjugan el "ahorro y la inversión", y dedujo que "un Estado grande no tiene una correlación con que la gente esté mejor" porque "en los últimos 20 años se duplicó el nivel del Estado y, sin embargo, se multiplicó por 3 la pobreza".Fuente: Filo.news