El gobernador Rogelio Frigerio, junto al intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, encabezó este viernes la inauguración de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo. La celebración, que se lleva a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre en el Predio Ferial local, es organizada en forma conjunta por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura. El evento reúne a sectores de la producción, la industria, las empresas y el emprendedurismo, así como a la ciudadanía de la región; en una exposición que combina tecnología, producción, gastronomía y espectáculos musicales.

Al referirse a la trascendencia del encuentro, el gobernador afirmó que "probablemente sea una de las fiestas nacionales más importantes, más trascendentes, por lo que representa la avicultura en nuestra provincia". Además, remarcó la identidad de la comunidad local y el compromiso del sector, subrayando que "la avicultura representa exactamente el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos".

Frigerio subrayó el valor estratégico de la actividad avícola, recordando que "más del 62 por ciento de las granjas de pollos parrilleros de la Argentina están en nuestra provincia. Y acá, en Crespo, se produce casi un cuarto de la cantidad de huevos que se consumen en todo el país. Es una cadena que genera más de 22.000 puestos de trabajo directos y que demuestra cómo una actividad puede impulsar el desarrollo de muchas otras".

En ese sentido, el mandatario ratificó las medidas provinciales de apoyo al sector, entre las que destacó la reducción a la mitad de la alícuota de Ingresos Brutos para integradores de pollos (pasando del 3 al 1,5 por ciento) y la incorporación de la avicultura al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). También mencionó medidas como el seguro multirriesgo Escudo Maíz, la digitalización de trámites ambientales, el plan de obras en la ruta provincial 32 y las gestiones sobre la ruta nacional 12.

Por su parte, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, resaltó el respaldo del gobierno provincial y el valor de la festividad como símbolo identitario y económico de la ciudad. Señaló que la muestra combina números artísticos nacionales sin descuidar el eje central del evento. "Tampoco queremos perder la esencia de esta fiesta, de lo que es justamente nuestra vidriera, la producción, el trabajo, la innovación; que va de la mano de todo lo que es la avicultura. Es la oportunidad de mostrarnos también con nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro deporte", sostuvo el intendente. Asimismo, valoró el esfuerzo del entramado productivo al remarcar que la fiesta "se autofinancia" y que "el financiamiento viene de los productores y de las empresas del sector".

En tanto, la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, hizo hincapié en el volumen de producción provincial, el salto tecnológico de la actividad y la articulación con el ámbito universitario. "En estos tres días le vamos a mostrar a la Argentina y al mundo que acá en Entre Ríos se produce más del 50 por ciento de toda la producción nacional en cuanto a la avicultura. Eso nos llena de orgullo y a la vez nos llena de responsabilidades, porque hay que mantener esta tecnología y seguir avanzando". A su vez, explicó que la muestra exhibe avances en robótica e inteligencia artificial, y concluyó que "esta interacción que tenemos desde la asociación con las universidades es uno de los pilares fundamentales, porque las carreras que hoy las universidades proponen son necesarias para la avicultura".

Participaron también del acto inaugural los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el diputado nacional, Darío Schneider; y la diputada nacional, Alicia Fregonese; entre otras autoridades provinciales y nacionales. La 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura ofrece un variado programa que incluye el pabellón avícola y cocineros en vivo elaborando platos a base de pollo. Se destaca el Concurso de Pollo al Disco Solidario el día domingo, en el que 14 equipos institucionales competirán por 20 millones de pesos en premios destinados a proyectos comunitarios.

Entre Ríos registró una caída del empleo asalariado privado formal menor que la del conjunto del país. Según el relevamiento de Politikon Chaco, elaborado sobre datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la contracción acumulada entre noviembre de 2023 y julio de 2026 fue del 3 por ciento en la provincia, frente al 4,2 por ciento nacional, lo que marca una diferencia de 1,2 puntos porcentuales.

En julio, Entre Ríos contabilizó aproximadamente 135.000 trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Si bien el balance del período muestra una pérdida de 4.161 puestos de trabajo, la comparación refleja un menor retroceso que el registrado a nivel nacional. El desafío sigue siendo recuperar el empleo perdido y generar nuevas oportunidades laborales.

Frente a este escenario, el gobierno de Rogelio Frigerio sostiene herramientas destinadas a reducir costos, acompañar a las empresas radicadas y promover nuevas inversiones. En ese sentido, el mandatario planteó durante la Ronda de Negocios RIGI de Rosario que "es muy importante no perder esta oportunidad" de que empresas metalúrgicas, metalmecánicas, logísticas, de transporte y de servicios de Entre Ríos aprovechen el impulso de las inversiones mineras y energéticas. "El derrame no es automático, hay que construirlo", enfatizó.

Impulso del RINI

Desde el Gobierno provincial se pone el acento en el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Según el último balance provincial del 19 de octubre, el programa reúne 180 proyectos elegibles, con inversiones comprometidas por 266,75 millones de dólares y una previsión de 2.930 puestos de trabajo directos. Se trata de compromisos de los proyectos que proyectan un impulso en la creación de puestos de trabajo en el corto y mediano plazo.

El 77 por ciento de las iniciativas del RINI corresponde a ampliaciones de empresas existentes y el 23 por ciento a nuevos emprendimientos. Los proyectos abarcan distintas actividades productivas y contemplan inversiones para incorporar equipamiento, ampliar instalaciones y aumentar la capacidad de producción.

El régimen ofrece, según las condiciones de cada proyecto, exenciones de hasta el 100 por ciento en impuestos provinciales, además de reintegros energéticos y acceso a herramientas de garantía para facilitar el financiamiento.

A estos incentivos se suma un esquema de Ingresos Brutos con exenciones y alícuotas diferenciadas para la industria según su nivel de ingresos. En 2026, el tratamiento informado por ATER contempla la exención para el tramo de hasta 1.430 millones de pesos, una alícuota del 1 por ciento para el tramo siguiente hasta 5.200 millones y del 1,5 por ciento por encima de ese monto.

Con estas herramientas, la Provincia busca acompañar a quienes producen e invierten y transformar los proyectos en mayor actividad y empleo privado en el territorio entrerriano, en un contexto complejo que desafía al sector privado de sectores industriales, comerciales y de servicios. Al mismo tiempo, la matriz productiva vinculada al agregado de valor en sectores agroindustriales permite sostener el impacto del cambio de paradigma nacional.

La campaña agrícola 2026/27 se perfila con perspectivas de una elevada producción de granos, pero el incremento de los costos operativos plantea un desafío para la rentabilidad de los productores. Aunque las proyecciones anticipan un volumen de cosecha superior al del ciclo anterior, las relaciones entre los precios de los cultivos y los principales insumos muestran un deterioro en la capacidad de compra de la soja y el maíz.

Según el relevamiento de precampaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción conjunta de soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada alcanzaría los 157,9 millones de toneladas. La cifra representa un incremento del 0,5% frente a los 157,1 millones de toneladas registrados en la campaña precedente.

Dentro de ese escenario, el maíz tendría una producción estimada de 66 millones de toneladas, mientras que la cosecha de soja llegaría a 53,6 millones. En comparación con el ciclo anterior, ambos cultivos registrarían aumentos del 3% y del 7%, respectivamente.

Las perspectivas productivas, sin embargo, conviven con un escenario de costos que obliga a seguir de cerca la evolución de los márgenes. En su informe mensual, Coninagro analizó cómo variaron las relaciones insumo-producto de siete actividades agropecuarias: soja, maíz, trigo, ternero, novillito, leche y yerba mate.

El indicador permite medir cuántos kilos o toneladas de un producto se necesitan para adquirir determinados insumos, afrontar gastos operativos o realizar inversiones. El relevamiento incluye variables como herbicidas, fletes y maquinaria, entre otras 20 referencias, con el objetivo de evaluar la evolución de la competitividad del sector.

En septiembre de 2026, el poder de compra de la soja y el maíz frente a los principales costos operativos se deterioró porque los gastos aumentaron a un ritmo superior al de los precios de los granos. La presión fue más marcada en el cereal, que necesitó una mayor cantidad de producción para cubrir distintos rubros.

En términos interanuales, los precios disponibles mostraron subas. La soja llegó a US$371,1 por tonelada, un aumento del 19%, mientras que el maíz alcanzó los US$196,6 por tonelada, con una mejora del 9%. Esos incrementos, no obstante, quedaron por debajo de la evolución de algunos costos clave.

El combustible fue uno de los principales factores de presión. El precio del gasoil subió un 58% interanual y se ubicó un 32% por encima del promedio de los últimos cinco años, una evolución que encareció las tareas agrícolas y el transporte de la producción. Para comprar un litro de gasoil se necesitaron 4,4 kilos de soja, un 33% más que un año atrás y un 23% por encima de la media histórica. En el caso del maíz, la relación fue menos favorable: hicieron falta 8,4 kilos por litro, un 45% más que en septiembre de 2025 y un 35% por encima del promedio quinquenal.

El transporte también mostró un deterioro en la capacidad de compra de los granos. El costo de un flete de 300 kilómetros aumentó un 15% interanual. Para cubrirlo se requirieron 106 kilos de soja, un volumen un 7% superior al promedio histórico, y 200 kilos de maíz, un 17% por encima de esa referencia. La mano de obra rural siguió una tendencia similar. Su costo aumentó un 29% interanual y, para afrontar ese gasto, fueron necesarias 2,2 toneladas de soja, un 9% más que un año atrás. En el caso del maíz, el requerimiento llegó a 4,1 toneladas, con un incremento del 19%.

A diferencia del combustible, algunos insumos agrícolas presentaron relaciones de compra más favorables. El glifosato alcanzó un precio de US$4,7 por litro, con una suba interanual del 19%, aunque permaneció un 32% por debajo de su promedio histórico. Para adquirir un litro de ese herbicida se necesitaron 12,7 kilos de soja, una relación que se mantuvo estable frente al año anterior y que resultó un 34% más favorable que el promedio de los últimos cinco años. Para el maíz, en cambio, el requerimiento ascendió a 23,9 kilos por litro, un 9% más que un año atrás, aunque todavía un 27% por debajo de la media quinquenal.

En esa línea, el fosfato monoamónico (MAP) registró un precio de US$990,2 por tonelada, con incrementos del 4% interanual y del 2% frente al promedio histórico. Como esas variaciones fueron inferiores a las de los precios de la soja y el maíz, mejoró la capacidad de compra de ambos cultivos frente a ese fertilizante.

La urea, por su parte, llegó a US$624,8 por tonelada, prácticamente sin cambios respecto del año anterior y un 15% por debajo de su promedio histórico. Esa evolución favoreció especialmente la capacidad de compra del maíz frente a ese insumo.

Entre Ríos tiene una base productiva consolidada y oportunidades para ampliar su participación en la cadena porcina nacional. Según el Informe Porcino 2025 de la Dirección de Producción Animal, la provincia concentró el 9,4 por ciento de las existencias porcinas del país, con 566.989 cabezas registradas al 31 de marzo de ese año, y se mantuvo en el cuarto lugar entre las provincias productoras.

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio participó de la inauguración de una nueva sucursal de La Porca en Paraná. Durante el encuentro, destacó las posibilidades de expansión del sector y planteó el objetivo de posicionar a Entre Ríos como líder nacional en la actividad.

"Trabajamos para que Entre Ríos sea la primera provincia porcina del país", sostuvo el mandatario. En esa línea, convocó a los actores de la cadena a elaborar una estrategia conjunta: "Necesitamos un plan para eso y lo tenemos que hacer entre todos, con el protagonismo de ustedes".

Frigerio vinculó ese desafío con la trayectoria de la provincia en otras actividades agroindustriales. "Si somos la primera provincia avícola, podemos ser la primera provincia porcina", afirmó, al destacar la importancia de aprovechar las capacidades productivas de Entre Ríos para ampliar la actividad.

Más producción y valor agregado

Los indicadores muestran tanto la dimensión de la producción entrerriana como una oportunidad para fortalecer su industrialización. Durante 2025, se remitieron a faena 896.653 cabezas de origen provincial. De ese total, 362.091 fueron procesadas en frigoríficos entrerrianos, mientras que 534.562 se faenaron en establecimientos de otras jurisdicciones.

La provincia cuenta con 18 frigoríficos activos, que durante ese año procesaron el 4,25 por ciento del total nacional de faena porcina. La diferencia entre la cantidad de animales producidos en Entre Ríos y los que se procesan dentro de su territorio plantea el desafío de ampliar la capacidad industrial local y fortalecer la integración de las distintas etapas de la cadena.

Durante la reunión con representantes de La Porca, se abordó la posibilidad de avanzar en un plan estratégico que contemple una visión integral de la actividad, desde la producción primaria hasta la industrialización y la comercialización.

Entre las ventajas competitivas de Entre Ríos, los participantes destacaron la disponibilidad de maíz y soja, los recursos hídricos, el espacio físico para ampliar las granjas y la cultura de trabajo rural y asociativo. También señalaron la importancia de promover esquemas de integración entre productores para incrementar la capacidad productiva.

Una de las alternativas planteadas por la empresa es establecer acuerdos con asociados que se incorporen a la etapa de engorde de animales. Estos modelos permitirían ampliar las granjas, incrementar la producción y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los productores entrerrianos.

Asimismo, se destacó la necesidad de mejorar los caminos vinculados a la actividad. En ese sentido, los representantes de la firma señalaron que trabajan en la conformación de un consorcio caminero y valoraron la sanción de la ley correspondiente como una herramienta para avanzar en esa iniciativa.

La actividad se desarrolló en el marco de los 10 años de trayectoria de La Porca. Con la apertura de este nuevo local, la empresa alcanzó su décima sucursal en Paraná y la número 15 de su red comercial, en una jornada que permitió poner en agenda los desafíos y las oportunidades de crecimiento de la cadena porcina entrerriana.

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet votaron a favor del proyecto de ley que propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados y fue remitido al Senado de la Nación.

“Debemos proteger al productor agropecuario, no solo a sus inmuebles sino también a sus cultivos, ganado, silobolsas, corrales y al resto de su infraestructura agropecuaria. Son la fuente de ingreso del productor” señaló el diputado Michel.

La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

La reforma también crea el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño. Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.

El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares.

Cerca de un centenar de productores entrerrianos, junto a representantes de las entidades gremiales del sector —FAA Filial Entre Ríos, SRA Distrito Entre Ríos y Farer—, se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, con autoridades policiales para reclamar medidas urgentes ante el avance descontrolado del delito rural y la violación permanente de la propiedad privada de los productores.

Entre las medidas solicitadas se encuentra el pedido a funcionarios judiciales que "cumplan con su deber público, que investiguen las innumerables denuncias efectuadas, que adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos, que impulsen los procesos en tiempo y forma y que logren sentencias que condenen a los responsables".

"Situaciones que, a esta altura, son demandas de toda la sociedad local. La falta de estos cambios, considerados necesarios y urgentes, hace que los productores rurales continúen viviendo como si el Estado de derecho no existiera", señalaron desde la Sociedad Rural en un comunicado.

Y ampliaron que durante el encuentro se destacó la labor realizada por el personal de la Policía Rural, pero también se reclamó el otorgamiento del equipamiento necesario e imprescindible para que pueda desarrollar eficazmente su tarea de prevención y seguridad. "En concreto, se solicitó que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas", se agregó.

Asimismo, se reclamó la colocación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, integradas a un sistema de monitoreo y control policial que permita una respuesta rápida ante situaciones delictivas. El epicentro del reclamo está dirigido a las zonas agropecuarias cercanas a las localidades de Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay.

La firma del petitorio que reúne los reclamos estuvo encabezada por los dirigentes gremiales, Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por Farer, y contó con el acompañamiento de la mayoría de los productores presentes.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, entre julio de 2025 y junio de 2026, las exportaciones de lana de Argentina crecieron interanualmente 28% en volumen y 66% en valor.

Los principales destinos de exportación son China y la Unión Europea, donde el primero lidera el comercio de lana sucia y el segundo el mercado de lana peinada.

Cabe recordar que en la zafra 2024/2025 se exportaron 31.088 toneladas por un total de U$S 114,3 millones, mientras que los registros 2025/2026 equivalen a 39.730 toneladas por U$S 189,6 millones.

Sustancialmente mayor es el incremento registrado si se compara con el resultado de la zafra 2023/2024, cuyo crecimiento equivale a un 69% en volumen y un 101,4% respecto de las divisas generadas.

Por otro lado, para el comienzo de la nueva zafra, durante el período julio-agosto de 2026, las exportaciones de lana experimentaron un crecimiento interanual de 39% en volumen, por 6.901 toneladas base sucia, y 103% en valor, por USD37,4 millones.

Los registros de exportación de lana correspondientes al primer bimestre de la zafra 2026/2027 reflejan una evolución positiva y sostenida del sector, consolidando la recuperación y el fortalecimiento de la cadena lanera argentina en los mercados internacionales, que se viene observando en los últimos años.

El Estado se queda con el 58,2% de la renta agrícola una vez descontados los costos de producción, según la medición de septiembre del Índice que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). En términos simples, de cada $100 que genera una hectárea, $58,2 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La participación estatal mostró una leve reducción respecto de junio, cuando había alcanzado el 61,9%. Sin embargo, la carga tributaria continúa representando más de la mitad de la renta agrícola. El resto se distribuye entre el costo de la tierra, que representa el 27,3%, y el resultado agrícola, que alcanza el 14,5%.

La mejora del indicador no estuvo explicada por una reducción de los impuestos, sino por factores vinculados al escenario internacional. “La leve caída de índice no se dio por cambios en los impuestos argentinos en sí, fue por factores en el contexto internacional”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

En ese sentido, el comportamiento de los mercados internacionales tuvo un doble efecto favorable para la renta agrícola. Por un lado, mejoraron los precios de algunos granos, mientras que por otro bajó con fuerza el valor de la urea, uno de los principales insumos utilizados en la producción.

Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y las dificultades logísticas derivadas del conflicto contribuyeron a sostener los precios internacionales. El trigo, por ejemplo, recuperó valor y se ubicó por encima del nivel de un año atrás. En el caso de la soja, la mejora estuvo vinculada a cambios en las estimaciones de producción de Estados Unidos y a una mayor demanda de China.

A la vez, la urea registró una fuerte baja. El precio promedio pasó de US$730 por tonelada en junio a US$570 en septiembre. Esto mejoró la relación entre el valor del fertilizante y el precio de los granos: actualmente se necesitan 2,9 toneladas de maíz y 2,4 toneladas de trigo para comprar una tonelada de urea, frente a las 4 y 3,4 toneladas, respectivamente, que se requerían en junio.

“La relación insumo-producto muestra cuánto esfuerzo necesita hacer el productor para comprar un insumo. Hoy, tanto para maíz como para trigo, se necesitan menos toneladas de grano que en junio para comprar una tonelada de urea”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

Para Antonella Semadeni, economista de la entidad, la combinación de mejores precios agrícolas y menores costos de un insumo clave permitió mejorar el resultado económico del productor. “La mejora de los precios de los granos, junto con la baja de la urea, permitió que el resultado económico o la ganancia del productor mejore. Pero el Estado todavía se queda con una porción mayoritaria de esa renta”, señaló.

Diferencias entre cultivos

La mejora se reflejó en los cuatro cultivos analizados por FADA. La participación del Estado alcanza al 60,7% de la renta en soja, al 53,8% en maíz, al 55,5% en trigo y al 56,8% en girasol.

El trigo aparece como uno de los casos más claros del impacto de la combinación entre precios y costos. El incremento de su cotización, junto con la baja del precio de la urea, permitió que el cultivo mostrara un resultado positivo antes del pago de impuestos. En mediciones anteriores, el margen había sido apenas positivo o incluso negativo.

De todos modos, FADA advierte que los precios del trigo y el maíz continúan por debajo de sus promedios de los últimos cinco años. Por eso, la mejora registrada en septiembre no implica que se hayan revertido todas las dificultades que enfrenta la actividad.

“Esta combinación explica la baja del Índice, pero no cambia el dato de fondo: aún con mejores precios y menores costos para algunos insumos, los impuestos representan más de la mitad de la renta agrícola”, sostuvo Semadeni.

El transporte, otro factor clave

Mientras la urea bajó de precio, otros costos continuaron presionando sobre los resultados. Entre ellos se encuentra el transporte, que aumentó respecto de junio y muestra una suba todavía mayor cuando se lo compara con un año atrás.

Además, el impacto del flete cambia de manera significativa según la ubicación de los establecimientos. La distancia hasta los puertos y los principales centros de comercialización tiene una incidencia directa sobre la renta.

“En una hectárea de maíz, por ejemplo, en Córdoba, San Luis y La Pampa alrededor de 2 de cada 10 camiones de lo que se produce, se destina a pagar el flete”, señaló Semadeni.

“Por eso, el precio del grano no es el único elemento que define la renta agrícola. También importan los costos de producción, la distancia a los mercados, los rindes y la estructura impositiva de cada territorio. Son muchos los factores que entran en juego”, agregó Pisani Claro.

La mayor parte de los impuestos son nacionales

Dentro de la carga tributaria que mide FADA, los impuestos nacionales no coparticipables representan el 55,6% del total. Los nacionales coparticipables explican otro 35,7%, mientras que los provinciales representan el 7,8% y los municipales apenas el 0,9%.

Las retenciones continúan siendo uno de los principales componentes de la carga tributaria. Desde diciembre de 2023, sus alícuotas se redujeron para los principales cultivos, lo que disminuyó su participación dentro del total de impuestos. En paralelo, ganaron peso tributos vinculados al resultado económico, como el Impuesto a las Ganancias.

La medición también refleja diferencias entre las principales provincias agrícolas. Frente a un promedio nacional de 58,2%, la participación del Estado alcanza al 56,9% en Córdoba, 56,1% en Buenos Aires, 53,9% en Santa Fe, 54,7% en La Pampa, 58,4% en Entre Ríos y 55% en San Luis.

Desde FADA aclaran que estas diferencias no implican necesariamente que en una provincia se paguen más impuestos en términos nominales que en otra. El resultado surge de la combinación de rindes, precios, costos, fletes y tributos provinciales y municipales.

La siembra directa marcó un antes y un después para la agricultura argentina: reducir la remoción del suelo permitió conservar mejor su estructura, disminuir la erosión y transformar la manera de producir en buena parte de la región agrícola. Pero, 30 años después de aquella transformación, aparece una pregunta inevitable: ¿qué viene después?

El interrogante fue uno de los ejes planteados por el especialista estadounidense Dwayne Beck, profesor emérito de la Universidad Estatal de Dakota del Sur y referente del campo experimental Dakota Lakes Research Farm, durante una jornada técnica sobre el futuro de los sistemas productivos, en la que compartió su mirada con Nicolás Bronzovich, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Para Beck, la agricultura que viene necesita dejar de pensar únicamente en prácticas o tecnologías aisladas y comenzar a diseñar sistemas que aprovechen los procesos naturales de los ecosistemas. Y allí aparece un concepto que atraviesa toda su propuesta: la diversidad.

“La próxima etapa” de la agricultura, según esta mirada, no pasa simplemente por sumar herramientas, sino por recuperar algunas de las funciones que tenían los ambientes naturales antes de ser transformados en sistemas agrícolas.

La comparación que realiza Beck resulta especialmente interesante para la Argentina. Las praderas de Dakota del Sur y buena parte de la región pampeana comparten una historia productiva asentada sobre grandes superficies de pastizales, condiciones climáticas continentales y suelos de elevada capacidad productiva.

“En esos ambientes originales, las plantas convivían en comunidades diversas y desarrollaban sistemas radiculares capaces de explorar diferentes profundidades del suelo. Esa arquitectura permitía capturar agua y nutrientes y, al mismo tiempo, sostener una intensa actividad biológica”, sostiene el científico.

La agricultura moderna, en cambio, tendió a simplificar ese escenario. Menos especies, ciclos más cortos y períodos cada vez más extensos sin cultivos fueron configurando sistemas que, aunque altamente productivos, pueden dejar procesos naturales sin funcionar durante buena parte del año.

Por eso, el desafío posterior a la siembra directa no sería simplemente “no mover el suelo”, sino mantenerlo vivo y cubierto durante más tiempo.

En Dakota Lakes, la estrategia se apoyó en rotaciones que incorporaron trigo de primavera e invierno, maíz, sorgo, girasol, canola y legumbres como arvejas, lentejas y garbanzos.

El objetivo fue mucho más profundo que diversificar una planilla de cultivos: buscar que el sistema agrícola vuelva a cumplir algunas de las funciones que tenía el ecosistema original.

La propuesta de Beck puede sintetizarse alrededor de cuatro grandes procesos: agua, energía, nutrientes y biología.

El agua ocupa un lugar central. Un suelo cubierto, con raíces activas durante una mayor parte del año, tiene más posibilidades de favorecer la infiltración, reducir el escurrimiento y disminuir las pérdidas por evaporación. A eso se suma el papel de la materia orgánica para mejorar la capacidad del suelo de almacenar agua.

La segunda dimensión es la energía solar. Las plantas capturan esa energía mediante la fotosíntesis y la convierten en materia orgánica. Cuanto mayor sea el tiempo durante el cual el suelo tiene plantas creciendo, mayor es la posibilidad de mantener activo ese proceso.

El tercer componente es el balance de nutrientes. Cada cosecha extrae nutrientes del lote y, si esa extracción no se compensa, el sistema puede deteriorarse progresivamente. El problema deja entonces de ser solamente cuánto rinde un cultivo y pasa a ser qué sucede con el suelo después de cada cosecha.

El cuarto proceso es la biología. Bacterias, hongos, insectos, raíces y otros organismos forman parte de una red que aporta estabilidad al sistema. Desde esta perspectiva, aumentar la diversidad no es únicamente una estrategia agronómica: es una forma de construir resiliencia.

La siembra directa fue, sin dudas, una de las grandes transformaciones de la agricultura argentina. Pero el paso del tiempo también obliga a pensar cuál debería ser la próxima revolución.

La respuesta no necesariamente estará en una única máquina, un nuevo producto o una tecnología determinada. Puede estar en algo bastante más complejo: diseñar sistemas productivos que funcionen mejor porque imitan, en parte, la lógica de los ecosistemas naturales.

“Mantener el suelo cubierto, sumar diversidad, sostener raíces activas, mejorar la infiltración, aumentar la materia orgánica, equilibrar la extracción y reposición de nutrientes y fortalecer la biología son piezas de una misma estrategia”, concluyó el especialista.

El desafío, entonces, ya no es solamente producir más durante la próxima campaña. Es conseguir que el mismo suelo pueda seguir produciendo dentro de 30 años.

Entre Ríos oficializó la creación del Sello de Calidad “Arroz Entrerriano”, una distinción destinada a identificar y promocionar el arroz producido en territorio provincial que cumpla con determinados requisitos de calidad, origen y producción. La medida fue establecida mediante el Decreto N° 2999, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Oficialmente se precisó que la iniciativa había sido impulsada por la Secretaría de Industria de esa cartera, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación Proarroz.

Según establece el decreto, el objetivo es revalorizar y promocionar el arroz producido localmente, destacando su calidad y origen genuino, y generar una herramienta que permita mejorar su posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional.

Los fundamentos de la medida remarcan la importancia que tiene la actividad arrocera para Entre Ríos. El cultivo llegó a la provincia en 1932, en la ciudad de San Salvador, y posteriormente se extendió hacia distintos puntos del centro y norte entrerriano, donde también se concentraron establecimientos destinados al procesamiento y agregado de valor.

El Gobierno provincial destacó que San Salvador cuenta actualmente con una importante capacidad molinera instalada y que puede procesar más del 50% de la producción nacional de arroz.

También se señala que las características agroecológicas de Entre Ríos, junto con el trabajo de mejoramiento genético desarrollado por el INTA en convenio con la Fundación Proarroz, permitieron obtener variedades con alto potencial de rendimiento y calidad culinaria.

A partir de estas condiciones, la Provincia sostiene que el arroz entrerriano cuenta con posibilidades de acceder a mercados exigentes y que resulta necesario contar con una identificación que permita garantizar y promocionar su calidad e inocuidad.

Qué requisitos deberán cumplir los productores

La utilización del nuevo sello estará condicionada al cumplimiento de un Protocolo de Calidad de Arroz Entrerriano, que forma parte del decreto.

El protocolo establece una serie de condiciones destinadas a garantizar la calidad diferenciada del producto. Entre ellas se contempla el uso de semillas adaptadas a las condiciones de la región, específicamente de la variedad Gurí-INTA CL, además de requisitos relacionados con la recolección y el procesamiento.

Uno de los principales requisitos establece que cada etapa del proceso —cultivo, cosecha, secado, elaboración y envasado— deberá realizarse dentro del territorio de Entre Ríos.

De esta manera, el sello apunta a identificar un producto cuya elaboración tenga un vínculo integral con la provincia y que pueda ser reconocido por sus características de calidad, sabor y comportamiento durante la cocción.

Buscan fortalecer toda la cadena arrocera

La normativa señala además que el protocolo fue elaborado a partir de información proveniente de la industria arrocera y de documentación generada tanto por organismos públicos como privados.

El INTA intervino en el proceso y avaló técnicamente el protocolo. De acuerdo con los fundamentos del decreto, la implementación del sello permitiría integrar a los distintos actores de la cadena arrocera entrerriana y favorecer una mejora en la competitividad del sector.

La iniciativa también se encuadra en la Ley N° 9.228, que establece el Régimen de Promoción para el Desarrollo Arrocero Entrerriano. Esa legislación contempla, entre otros objetivos, promover el crecimiento y la expansión sustentable de la producción de arroz y su industrialización dentro de la provincia, además de mejorar su posicionamiento estratégico, comercialización e industrialización.

El Gobierno provincial estableció que su utilización estará sujeta al cumplimiento del protocolo correspondiente. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Económico quedó facultado para dictar las normas complementarias y los procedimientos necesarios para implementar la nueva distinción.

El acto de cierre tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Allí, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, indicó: "Celebramos que los expertos de la FIDA hayan podido recorrer gran parte de la provincia, conociendo de cerca nuestra realidad productiva; y valoramos que nos hayan aportado su tiempo y esfuerzo".

"Quedamos expectantes ante la evaluación de los técnicos que componen la misión, ya que tanto ellos como el personal del Ministerio de Desarrollo Económico llevaron adelante un importante movimiento logístico durante las últimas dos semanas", agregó.

Por su parte, la directora país para Argentina, Paraguay y Perú del FIDA, Laura Mattioli, afirmó: "Queremos agradecer todo el trabajo que venimos llevando con una visión común desde abril, el cual nos brinda la oportunidad de tener un producto muy fuerte técnicamente. Asimismo, el entusiasmo y la sostenibilidad que nos han demostrado los pequeños productores, garantizan que este proyecto va a triunfar".

"Más allá de todos los desafíos, vemos que hay en Entre Ríos un potencial latente: tienen todos los ingredientes para tener productos excepcionales, como quesos, lechería y ganadería; entre otros. Sería un sueño en 10 o 15 años, ver productos con el nombre Entre Ríos en las góndolas de los supermercados de Europa, por ejemplo; realmente sería un orgullo", sumó la directora.

A su vez, el Líder Técnico del proyecto, Luiz Marques Campos; sostuvo: "Tuvimos dos semanas preparatorias de reuniones virtuales con distintos actores de la cadena de lácteos, cooperativas, frigoríficos, organizaciones campesinas; como también organizaciones que tienen una base nacional involucradas en la discusión de políticas públicas para la agricultura familiar".

"Eso nos dio una base muy buena para llegar a hacer este recorrido, sabiendo exactamente qué información buscar, trabajando junto a los técnicos de la Provincia para validar algunas hipótesis; o para añadir otras", añadió Marques Campos.

Participaron también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Raúl Boc-Ho; la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; el director de Producción Animal, Martín Sieber; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; la directora de Administración y Despacho, Pamela Ochoa; y el coordinador de Lechería; Horacio Jaureguiberry. Por la FIDA, Kenyi Cansino, Emilio Valiente, Guadalupe Meroño, Margarita Borzelli, Gonzalo de Villalobos, Rosa Zamora y Luisina Solari.

También estuvieron presentes el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato; el Director de Industria del Servicio Penitenciario, José Osuna; y su par de Producción, Gabriel Villanueva; la directora de Industrias Culturales y Creativas; Rocío Rezett. Por el Ministerio de Economía de Nación, la directora de Priorización Estratégica del Financiamiento Internacional; Macarena Acuña.

El diputado provincial Juan José Bahillo advirtió sobre la situación que atraviesa el sector avícola y señaló que el fuerte crecimiento de las importaciones, junto con la caída de las exportaciones, constituye una señal de alarma para Entre Ríos, donde la cadena avícola representa la principal actividad agroalimentaria de la provincia.

“Esto es altamente preocupante porque afecta directamente a la principal actividad agroalimentaria que tiene nuestra provincia, que es la cadena avícola. Debería ser objeto de preocupación de nuestro Gobierno provincial”, sostuvo Bahillo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante julio se exportaron 6.245 toneladas de productos avícolas comestibles, mientras que las importaciones alcanzaron las 5.740 toneladas. La diferencia fue de apenas 505 toneladas.

“Estamos a 500 toneladas de que la importación iguale a la exportación avícola”, señaló el legislador, al remarcar la magnitud del cambio que está atravesando el sector.

La evolución de la relación entre importaciones y exportaciones también muestra un fuerte deterioro. Hasta 2023, las importaciones representaban aproximadamente entre 2 y 5 toneladas por cada 100 toneladas exportadas. En 2025 esa relación trepó al 15%, mientras que entre enero y julio de 2026 llegó al 44%.

El escenario se explica por la convergencia de dos tendencias negativas: un fuerte incremento de las importaciones y una caída de las exportaciones.

Entre enero y julio de 2026, las importaciones de productos avícolas comestibles alcanzaron las 30.223 toneladas, un 134,7% más que en el mismo período de 2025. En tanto, las exportaciones totalizaron 68.258 toneladas, con una caída del 31,1% interanual.

“Estamos en el peor de los escenarios: aumenta la importación al mismo tiempo que cae la exportación”, sostuvo Bahillo.

El diputado provincial remarcó que la situación requiere especial atención en Entre Ríos por el peso que tiene la cadena avícola en la estructura productiva provincial y por su impacto sobre productores, industrias, trabajadores y comunidades vinculadas a la actividad.

“Esto debería ser objeto de preocupación de nuestro Gobierno provincial. No podemos ser indiferentes frente a estos números cuando está en juego una de las principales cadenas productivas de Entre Ríos”, concluyó.

A fines de 2023, y tras décadas sin reportes, un brote de encefalomielitis equina del oeste provocó una epidemia que se extendió por gran parte de Argentina y generó mucho temor: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llegó a contabilizar más de 1.300 casos positivos durante aquella emergencia.

Por eso, desde entonces las tareas de vigilancia y control en los caballos se han fortalecido, y este año se busca anticiparlas más que nunca debido a condiciones ambientales favorables a una aparición temprana de los mosquitos, asociadas al fenómeno El Niño: temperaturas y humedad por encima de lo normal, y altos caudales de lluvias.

Ante este panorama, la señal de alerta ya está encendida: especialistas llaman a no esperar a que aparezcan los primeros animales enfermos para ejecutar las acciones sanitarias preventivas.

Para quienes vivieron aquel brote de hace tres años, la encefalomielitis equina dejó de ser una enfermedad de la que se habla en los manuales veterinarios y se convirtió en una experiencia concreta y dolorosa.

Como ejemplo, el criador correntino César Sagario llegó a perder 20 caballos durante el brote de 2023. En ese momento relataba la angustia de los propietarios y la dificultad para enfrentar una enfermedad que había irrumpido de manera inesperada, mientras las vacunas disponibles eran insuficientes frente a la demanda.

La dimensión del problema también trascendió al ámbito estrictamente productivo. La enfermedad que afectó a miles de equinos también produjo casos en seres humanos.

La gran diferencia respecto de aquella situación es que hoy existe disponibilidad de una herramienta concreta de prevención y, además, una obligación sanitaria: tras aquel brote, a partir de 2024 el Senasa estableció la vacunación obligatoria contra las encefalomielitis equinas del Este y del Oeste para todos los équidos desde los dos meses de edad, con vacunas registradas ante el organismo.

El esquema contempla una primera dosis y una segunda dosis de refuerzo a los 30 días de la primera, de acuerdo con los plazos indicados en la prescripción del laboratorio elaborador. Los animales que ya completaron la primovacunación deben recibir una revacunación anual.

La vacunación debe ser realizada y certificada por un veterinario matriculado y el propietario debe contar con la documentación correspondiente que acredite que el animal está vacunado.

En este contexto, vale mencionar también la relevancia de prevenir en este aspecto: la experiencia de 2023 dejó la enseñanza de que cuando la enfermedad comienza a circular, la demanda de vacunas aumenta de manera inmediata.

Y aquí vale la pena resaltar otro aspecto fundamental: la vacuna está pensada para inmunizar animales sanos, no para curar un animal que ya enfermó. Por eso, anticiparse resulta clave. “Esperar a que aparezca el primer caso para comenzar a vacunar es llegar tarde”, mencionó La Torre.

Ante todo este panorama, la pregunta entonces es qué tiene que hacer hoy el propietario de un caballo para garantizar esa prevención.

Primero, revisar la documentación sanitaria del animal y verificar cuándo recibió la última dosis. Si el caballo nunca fue vacunado, debe iniciar el esquema correspondiente. Si ya fue primovacunado y completó el esquema inicial, debe verificar que la revacunación anual esté vigente. En todos los casos, la recomendación es consultar con un veterinario matriculado.

Además de la vacunación, las medidas de prevención incluyen reducir, en la medida de lo posible, los lugares donde puedan reproducirse los mosquitos, utilizar productos repelentes autorizados cuando corresponda y mantener una vigilancia permanente sobre el estado de los animales.

Ante la aparición de fiebre, decaimiento, alteraciones en la marcha, incoordinación, dificultad para mantenerse en pie u otros signos neurológicos, se debe consultar inmediatamente al veterinario y notificar al Senasa si existe sospecha de encefalomielitis equina.

La iniciativa se encuentra en etapa de formulación y tiene como objetivo mejorar los ingresos y fortalecer los medios de vida de las familias vinculadas a las cadenas productivas priorizadas, con especial atención en los pequeños productores. Para ello, se prevé fortalecer sus capacidades productivas y organizativas, ampliar el acceso a los mercados y promover infraestructura rural que contribuya al desarrollo de la actividad.En este marco, los equipos técnicos analizan las principales necesidades y oportunidades de cada cadena, así como posibles líneas de intervención vinculadas con la asistencia técnica y el financiamiento, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y el desarrollo de estrategias de comercialización.Como parte de la misión, se realizó un encuentro de trabajo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con la participación de representantes de FIDA, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, el Consejo General de Educación y equipos técnicos de las áreas vinculadas al proyecto.

Durante la jornada se avanzó en el análisis de las cadenas productivas y de las posibles intervenciones que integrarán la propuesta. También se evaluaron inversiones en infraestructura rural y productiva que permitan mejorar las condiciones de producción y facilitar el acceso a los mercados. De manera transversal, el proyecto contempla aspectos vinculados con ambiente y cambio climático, género, juventud y arraigo rural."Celebramos esta nueva iniciativa y la oportunidad de trabajar junto a FIDA en el diseño de un nuevo proyecto para el desarrollo de estas cadenas productivas. Se suma a la experiencia que la provincia ya viene desarrollando junto a FIDA para el fortalecimiento de la cadena apícola, consolidando una agenda de trabajo orientada al desarrollo de los pequeños productores", destacó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. En ese sentido, valoró especialmente el vínculo con el organismo internacional y el acompañamiento de sus equipos, y agradeció el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial para concretar estas oportunidades.Por su parte, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, señaló: "Desde la UEP tenemos la responsabilidad de articular con los organismos internacionales de crédito y financiamiento para convertir estas oportunidades en proyectos concretos para Entre Ríos. Con FIDA ya venimos trabajando a través del Prosaf, y esta nueva iniciativa nos permite seguir avanzando en propuestas que respondan a las necesidades de las cadenas productivas de la provincia".La misión de FIDA se extenderá hasta el 3 de septiembre e incluye reuniones técnicas y visitas de campo a Paraná, Crespo, Gualeguaychú, Urdinarrain, Nogoyá, Villaguay, Federación, Federal, La Paz y Guardamonte. En esas localidades, los equipos mantendrán encuentros con productores, cooperativas, escuelas agrotécnicas y autoridades locales, con el propósito de profundizar los diagnósticos, relevar las necesidades de los distintos sectores y aportar información para avanzar en la definición del nuevo proyecto.

La campaña de maíz 2026/27 se encamina a comenzar la siembra, con un escenario de contrastes: mientras los perfiles parten con buenas reservas de humedad y los pronósticos anticipan lluvias importantes desde octubre por la presencia de un fenómeno El Niño muy fuerte, los números económicos y la presión de la chicharrita vuelven a ponerle un freno a la intención de siembra.

Según la primera estimación nacional de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el área destinada al maíz caería un 7,3% respecto del récord de la campaña anterior.

Son unas 600.000 hectáreas menos, aunque las 10,4 millones de hectáreas proyectadas todavía representarían la segunda mayor superficie sembrada con el cultivo en la historia argentina.

El ajuste aparece especialmente marcado en las regiones donde la ecuación económica se volvió más compleja.

Al costo de producción se suma el impacto de los fletes, particularmente en zonas alejadas de los puertos y sin posibilidades de consumo cercano, y el gasto adicional que implica el manejo de la chicharrita.

En el norte del país, el problema vuelve a tomar una dimensión determinante. La GEA señala que en Chaco estiman un desembolso cercano a los 55 dólares por hectárea para realizar cinco aplicaciones contra la plaga.

“El maíz tiene la rentabilidad más baja de los últimos 10 años”, advierten desde la región, en un escenario donde el cultivo empieza a quedar fuera de algunas decisiones de siembra.

La diferencia respecto de hace dos campañas es que el problema dejó de ser exclusivamente técnico.

Los productores y asesores conocen mejor las estrategias de manejo, pero el costo de aplicarlas se transformó en una nueva barrera para el cultivo. A esto se suma que los daños provocados por el spiroplasma todavía repercuten sobre los resultados productivos.

La GEA estima que la enfermedad habría provocado una pérdida de alrededor de 2 millones de toneladas de maíz en Argentina durante la campaña 2025/26. Así, pese al fuerte crecimiento de superficie, la producción pasó de 68 a 70,5 millones de toneladas, un incremento mucho menor al que podría haberse esperado por el salto de área.

La campaña 2025/26 terminó marcando, de todos modos, un récord de implantación. La superficie alcanzó las 11 millones de hectáreas, un 33% más que en el ciclo anterior, impulsada también por una fuerte expansión en Córdoba y en las provincias del norte.

Para la nueva campaña, el mapa muestra comportamientos diferentes. Mientras en Córdoba se espera una intención similar a la del año pasado, con posibles recortes en el norte por la chicharrita, en el centro y sur de Santa Fe las expectativas apuntan a sostener o incluso ampliar el área. En Buenos Aires, en cambio, los excesos hídricos y las napas altas podrían dejar lotes fuera de la campaña.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el aporte de las seis principales cadenas del agro (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) en concepto de derechos de exportación o “retenciones” llegará este año a unos US$ 4.613 millones.

Se trata de una cifra que prácticamente no presenta cambios respecto de los US$ 4.665 millones de 2025 (-1% interanual), pero que sí se encuentra lejana con respecto a los máximos históricos que percibió el Gobierno de Alberto Fernández, cuando se llegó a U$S 8.373 millones en 2021 y a U$S 9.101 millones en 2022.

En aquel entonces, fue el momento en que los precios internacionales de los commodities agrícolas alcanzaron sus máximos históricos, al desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las retenciones y los esquemas excepcionales

Por otro lado, la BCR advirtió que “los esquemas temporales de modificación de alícuotas de derechos de exportación vigentes en el 2025 sí impactan en el flujo intertemporal de la recaudación proyectada para el 2026″.

Así, en el primer semestre del año los seis principales complejos del agro aportaron US$ 1.881 millones, una caída del 51% frente a los US$ 3.804 millones de igual período de 2025, y se ubica como el segundo registro más bajo de los últimos seis años, solo por encima de 2023 (US$ 1.153 millones).

No obstante, la Bolsa insistió en su estimación que esta comparación interanual está fuertemente condicionada por dos esquemas excepcionales que rigieron durante 2025 y que alteraron el patrón habitual de declaración y tributación.

Por un lado, la reducción temporaria de alícuotas vigente entre febrero y junio de 2025 incentivó una fuerte anticipación en el registro de ventas al exterior (DJVE). Ese mayor volumen declarado más que compensó las menores alícuotas y precios, apuntalando la recaudación del primer semestre de 2025 y elevando así la base de comparación contra la que hoy se mide 2026.

Por otro, la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025 permitió registrar ventas al exterior libres de retenciones hasta alcanzar un cupo de negocios. Esto comprimió la recaudación por retenciones del segundo semestre de 2025, que tocó los US$ 861 millones y, al mismo tiempo, consumió parte del volumen que, bajo un patrón normal, se habría declarado y tributado a comienzos de 2026.

Así, el bajo aporte del primer semestre se compensa con una marcada recuperación proyectada para el segundo, una vez normalizado el patrón de declaraciones de venta al exterior, asumiendo que un ritmo de anote de DJVE como proporción de la producción igual al promedio de últimos 5 años.

“En definitiva, se estima que el aporte del agro en concepto de retenciones entre julio y diciembre del 2026 ascienda a US$ 2.731 millones, más que triplicando la recaudación por igual concepto del segundo semestre de 2025, y dejando la recaudación total por DEX para el año 2026 en US$ 4.613 millones”, precisó la entidad rosarina.

Vale mencionar que, durante todo el 2026, ya rigió la baja permanente de alícuotas a los derechos de exportación dispuesta el 7 de diciembre de 2025.

“Si bien ello implica una menor tributación por unidad exportada respecto de la vigente durante buena parte del año anterior, el aumento en el volumen exportado por las cadenas del agro compensa dicha reducción y contribuye a estabilizar el resultado fiscal entre años”, cerró la BCR.

El miércoles la Comisión de Producción del Senado entrerriano llevará a cabo su primer encuentro para abordar el proyecto de ley que busca declarar a la incubación de huevos —tanto para aves de postura como para carne— como una actividad asimilable a la industria. Dicho encuentro contará con la presencia de Catriel Tonutti, Secretario de Comercio, Industria y Minería de Entre Ríos; y Alberto José Berardi, representante de la Cámara Cárnica de Entre Ríos.

La iniciativa, impulsada por el bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos, tiene como objetivo "fortalecer las inversiones, mejorar la competitividad del sector e incentivar la modernización tecnológica y el desarrollo económico en distintas localidades de la provincia".

Actualmente, esta labor se encuentra encuadrada como una actividad de carácter primario bajo los códigos 014810 (Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos) y 014820 (Producción de huevos) del Nomenclador de Actividades Económicas. Desde el bloque oficialista advirtieron que esta clasificación responde a una concepción desactualizada que no contempla la verdadera naturaleza técnica, tecnológica, sanitaria y operativa del sector.

En ese marco, los legisladores argumentaron que el proceso productivo actual implica etapas altamente tecnificadas y automatizadas, con un control riguroso de parámetros de temperatura, humedad y ventilación. Asimismo, remarcaron que las plantas operan con infraestructura especializada, un elevado consumo energético ininterrumpido y la supervisión constante de personal técnico capacitado.

Para sustentar el reclamo, el escrito toma como base el artículo 7° del Decreto Nacional N.º 2541/1977 —reglamentario de la Ley Nacional de Régimen de Promoción Industrial—, el cual define como actividad industrial a aquella que logra la transformación de materias primas mediante procesos inducidos y equipamiento específico.

En este sentido, los senadores sostuvieron que la incubación avícola cumple plenamente con ese criterio: se parte del huevo en estado natural y, mediante un proceso continuo y automatizado, se obtiene un producto biológico distinto: el pollito bebé.

Más de 200 estudiantes de escuelas secundarias de Gualeguaychú participaron este lunes de una jornada sobre innovación y tecnología aplicada al agro, una propuesta que buscó acercar a los jóvenes a las transformaciones que atraviesa el sector y a las nuevas herramientas que forman parte de la producción agropecuaria.

La actividad se desarrolló frente a la sede de Codegu, donde un camión convertido en museo interactivo recibió a alumnos del Instituto Prof. José María R. Gelós, la E.E.T. N°1 "José María Sobral", la Escuela Secundaria N°7 "Prof. Rosa Regazzi", el Instituto Juventud Unida, el Instituto Agrotécnico, la E.E.T. N°2 "Presbítero José María Colombo", el Instituto José María Bértora, la E.E.T. N°3 "15 de Noviembre", la Escuela Secundaria N°13 "Manuel Belgrano" y la Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade".

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron de manera interactiva distintas tecnologías, procesos y herramientas que hoy se utilizan en la actividad agropecuaria, con especial foco en la incorporación de innovación y el impacto de la transformación digital en el sector.

La iniciativa formó parte del programa Larti Innova, impulsado por Lartirigoyen y Cía., que promueve espacios de intercambio entre estudiantes y empresas vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas para el agro.

Desde la organización señalaron que uno de los objetivos de la propuesta fue mostrar el perfil actual del sector agropecuario, caracterizado por la incorporación de nuevas tecnologías y la demanda de profesionales capacitados en áreas como agricultura de precisión, análisis de datos, inteligencia artificial y biotecnología.

Mariano Berisso, dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, respaldó el proyecto del ministro Federico Sturzenegger para eliminar la obligatoriedad de las contribuciones. En esa línea, presentó una propuesta de modernización para el organismo que incluye cargos ad honorem en el directorio, una gerencia ejecutiva profesional y máxima transparencia en el uso de los fondos.

El equipo de trabajo del ministro Federico Sturzenegger elaboró una iniciativa, que todavía no fue remitida al Congreso, que establece un esquema de transición en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) hasta septiembre de 2027 para luego avanzar con la eliminación de las contribuciones obligatorias que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal enviado a faena.

Al respecto, el director suplente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Mariano Berisso, indicó a APFDigital el respaldo del aporte voluntario para que los productores y los demás integrantes de la cadena “decidan libremente su participación y respaldo al Instituto”.

Asimismo, sostuvo que los integrantes del Consejo Directivo deberían desempeñar sus funciones ad honorem: “Para reafirmar el compromiso institucional y el espíritu de servicio al sector, por encima de cualquier interés económico”.

Y agregó que quienes formen ese Concejo “deberían acreditar una reconocida trayectoria, idoneidad y amplio conocimiento de la producción, la industria y los mercados internacionales de la carne vacuna, garantizando una conducción basada en experiencia, visión estratégica y capacidad técnica”.

Por otra parte, mencionó algunos aspectos que el Ipcva debería incorporar para fortalecer la institucionalidad, la eficiencia, la transparencia y la competitividad, como el Plan Estratégico quinquenal: “Se trata de cinco años, con objetivos, metas e indicadores de desempeño claramente definidos, sujeto a revisiones periódicas que permitan evaluar resultados y adaptarlo a la evolución de los mercados internacionales”.

“El Instituto debería contar con un Gerente Ejecutivo rentado, seleccionado mediante un proceso transparente y en función de sus antecedentes y capacidades profesionales, responsable de ejecutar el Plan Estratégico y llevar adelante las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo”, continuó.

Y finalizó: “El Ipcva debería publicar, de manera permanente, actualizada y de fácil acceso, toda su información económica, financiera y administrativa, incluyendo remuneraciones, honorarios, contrataciones, compras, licitaciones, viajes, campañas de promoción, convenios y cualquier otro gasto”.

Entre Ríos exportó bienes por US$ 1.048 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento interanual del 9,5% y le permitió ubicarse en el octavo lugar del ranking nacional de provincias exportadoras.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que señala que la provincia explicó el 2,1% del total de las exportaciones argentinas en el período analizado.

El reporte indica que las ocho provincias que superaron los US$ 1.000 millones en exportaciones fueron Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, San Juan y Entre Ríos, concentrando en conjunto el 84% de las ventas externas del país.

En el caso entrerriano, el principal componente de las exportaciones fueron los productos primarios, con US$ 651 millones, seguidos por las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que sumaron US$ 313 millones. Más atrás se ubicaron las manufacturas de origen industrial (MOI), con US$ 60 millones, y combustibles y energía, con US$ 25 millones.

En cuanto a la evolución por rubros, las exportaciones de productos primarios crecieron 18,7% interanual; las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 5,3% y las industriales 5,1%. En contraste, las ventas de combustibles y energía registraron una caída del 54,8%.

A nivel nacional, las exportaciones argentinas alcanzaron un récord histórico de US$ 49.454 millones en el primer semestre del año, con un incremento del 24,4% respecto del mismo período de 2025. En ese contexto, el crecimiento de Entre Ríos quedó por debajo de la media nacional.

Por otra parte, el informe señala que las exportaciones per cápita de Entre Ríos fueron de US$ 718 por habitante, por debajo del promedio nacional, que se ubicó en US$ 1.066.

Fuente: APFDigital