El Estado se queda con el 58,2% de la renta agrícola una vez descontados los costos de producción, según la medición de septiembre del Índice que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). En términos simples, de cada $100 que genera una hectárea, $58,2 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La participación estatal mostró una leve reducción respecto de junio, cuando había alcanzado el 61,9%. Sin embargo, la carga tributaria continúa representando más de la mitad de la renta agrícola. El resto se distribuye entre el costo de la tierra, que representa el 27,3%, y el resultado agrícola, que alcanza el 14,5%.

La mejora del indicador no estuvo explicada por una reducción de los impuestos, sino por factores vinculados al escenario internacional. “La leve caída de índice no se dio por cambios en los impuestos argentinos en sí, fue por factores en el contexto internacional”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

En ese sentido, el comportamiento de los mercados internacionales tuvo un doble efecto favorable para la renta agrícola. Por un lado, mejoraron los precios de algunos granos, mientras que por otro bajó con fuerza el valor de la urea, uno de los principales insumos utilizados en la producción.

Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y las dificultades logísticas derivadas del conflicto contribuyeron a sostener los precios internacionales. El trigo, por ejemplo, recuperó valor y se ubicó por encima del nivel de un año atrás. En el caso de la soja, la mejora estuvo vinculada a cambios en las estimaciones de producción de Estados Unidos y a una mayor demanda de China.

A la vez, la urea registró una fuerte baja. El precio promedio pasó de US$730 por tonelada en junio a US$570 en septiembre. Esto mejoró la relación entre el valor del fertilizante y el precio de los granos: actualmente se necesitan 2,9 toneladas de maíz y 2,4 toneladas de trigo para comprar una tonelada de urea, frente a las 4 y 3,4 toneladas, respectivamente, que se requerían en junio.

“La relación insumo-producto muestra cuánto esfuerzo necesita hacer el productor para comprar un insumo. Hoy, tanto para maíz como para trigo, se necesitan menos toneladas de grano que en junio para comprar una tonelada de urea”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

Para Antonella Semadeni, economista de la entidad, la combinación de mejores precios agrícolas y menores costos de un insumo clave permitió mejorar el resultado económico del productor. “La mejora de los precios de los granos, junto con la baja de la urea, permitió que el resultado económico o la ganancia del productor mejore. Pero el Estado todavía se queda con una porción mayoritaria de esa renta”, señaló.

Diferencias entre cultivos

La mejora se reflejó en los cuatro cultivos analizados por FADA. La participación del Estado alcanza al 60,7% de la renta en soja, al 53,8% en maíz, al 55,5% en trigo y al 56,8% en girasol.

El trigo aparece como uno de los casos más claros del impacto de la combinación entre precios y costos. El incremento de su cotización, junto con la baja del precio de la urea, permitió que el cultivo mostrara un resultado positivo antes del pago de impuestos. En mediciones anteriores, el margen había sido apenas positivo o incluso negativo.

De todos modos, FADA advierte que los precios del trigo y el maíz continúan por debajo de sus promedios de los últimos cinco años. Por eso, la mejora registrada en septiembre no implica que se hayan revertido todas las dificultades que enfrenta la actividad.

“Esta combinación explica la baja del Índice, pero no cambia el dato de fondo: aún con mejores precios y menores costos para algunos insumos, los impuestos representan más de la mitad de la renta agrícola”, sostuvo Semadeni.

El transporte, otro factor clave

Mientras la urea bajó de precio, otros costos continuaron presionando sobre los resultados. Entre ellos se encuentra el transporte, que aumentó respecto de junio y muestra una suba todavía mayor cuando se lo compara con un año atrás.

Además, el impacto del flete cambia de manera significativa según la ubicación de los establecimientos. La distancia hasta los puertos y los principales centros de comercialización tiene una incidencia directa sobre la renta.

“En una hectárea de maíz, por ejemplo, en Córdoba, San Luis y La Pampa alrededor de 2 de cada 10 camiones de lo que se produce, se destina a pagar el flete”, señaló Semadeni.

“Por eso, el precio del grano no es el único elemento que define la renta agrícola. También importan los costos de producción, la distancia a los mercados, los rindes y la estructura impositiva de cada territorio. Son muchos los factores que entran en juego”, agregó Pisani Claro.

La mayor parte de los impuestos son nacionales

Dentro de la carga tributaria que mide FADA, los impuestos nacionales no coparticipables representan el 55,6% del total. Los nacionales coparticipables explican otro 35,7%, mientras que los provinciales representan el 7,8% y los municipales apenas el 0,9%.

Las retenciones continúan siendo uno de los principales componentes de la carga tributaria. Desde diciembre de 2023, sus alícuotas se redujeron para los principales cultivos, lo que disminuyó su participación dentro del total de impuestos. En paralelo, ganaron peso tributos vinculados al resultado económico, como el Impuesto a las Ganancias.

La medición también refleja diferencias entre las principales provincias agrícolas. Frente a un promedio nacional de 58,2%, la participación del Estado alcanza al 56,9% en Córdoba, 56,1% en Buenos Aires, 53,9% en Santa Fe, 54,7% en La Pampa, 58,4% en Entre Ríos y 55% en San Luis.

Desde FADA aclaran que estas diferencias no implican necesariamente que en una provincia se paguen más impuestos en términos nominales que en otra. El resultado surge de la combinación de rindes, precios, costos, fletes y tributos provinciales y municipales.

La siembra directa marcó un antes y un después para la agricultura argentina: reducir la remoción del suelo permitió conservar mejor su estructura, disminuir la erosión y transformar la manera de producir en buena parte de la región agrícola. Pero, 30 años después de aquella transformación, aparece una pregunta inevitable: ¿qué viene después?

El interrogante fue uno de los ejes planteados por el especialista estadounidense Dwayne Beck, profesor emérito de la Universidad Estatal de Dakota del Sur y referente del campo experimental Dakota Lakes Research Farm, durante una jornada técnica sobre el futuro de los sistemas productivos, en la que compartió su mirada con Nicolás Bronzovich, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Para Beck, la agricultura que viene necesita dejar de pensar únicamente en prácticas o tecnologías aisladas y comenzar a diseñar sistemas que aprovechen los procesos naturales de los ecosistemas. Y allí aparece un concepto que atraviesa toda su propuesta: la diversidad.

“La próxima etapa” de la agricultura, según esta mirada, no pasa simplemente por sumar herramientas, sino por recuperar algunas de las funciones que tenían los ambientes naturales antes de ser transformados en sistemas agrícolas.

La comparación que realiza Beck resulta especialmente interesante para la Argentina. Las praderas de Dakota del Sur y buena parte de la región pampeana comparten una historia productiva asentada sobre grandes superficies de pastizales, condiciones climáticas continentales y suelos de elevada capacidad productiva.

“En esos ambientes originales, las plantas convivían en comunidades diversas y desarrollaban sistemas radiculares capaces de explorar diferentes profundidades del suelo. Esa arquitectura permitía capturar agua y nutrientes y, al mismo tiempo, sostener una intensa actividad biológica”, sostiene el científico.

La agricultura moderna, en cambio, tendió a simplificar ese escenario. Menos especies, ciclos más cortos y períodos cada vez más extensos sin cultivos fueron configurando sistemas que, aunque altamente productivos, pueden dejar procesos naturales sin funcionar durante buena parte del año.

Por eso, el desafío posterior a la siembra directa no sería simplemente “no mover el suelo”, sino mantenerlo vivo y cubierto durante más tiempo.

En Dakota Lakes, la estrategia se apoyó en rotaciones que incorporaron trigo de primavera e invierno, maíz, sorgo, girasol, canola y legumbres como arvejas, lentejas y garbanzos.

El objetivo fue mucho más profundo que diversificar una planilla de cultivos: buscar que el sistema agrícola vuelva a cumplir algunas de las funciones que tenía el ecosistema original.

La propuesta de Beck puede sintetizarse alrededor de cuatro grandes procesos: agua, energía, nutrientes y biología.

El agua ocupa un lugar central. Un suelo cubierto, con raíces activas durante una mayor parte del año, tiene más posibilidades de favorecer la infiltración, reducir el escurrimiento y disminuir las pérdidas por evaporación. A eso se suma el papel de la materia orgánica para mejorar la capacidad del suelo de almacenar agua.

La segunda dimensión es la energía solar. Las plantas capturan esa energía mediante la fotosíntesis y la convierten en materia orgánica. Cuanto mayor sea el tiempo durante el cual el suelo tiene plantas creciendo, mayor es la posibilidad de mantener activo ese proceso.

El tercer componente es el balance de nutrientes. Cada cosecha extrae nutrientes del lote y, si esa extracción no se compensa, el sistema puede deteriorarse progresivamente. El problema deja entonces de ser solamente cuánto rinde un cultivo y pasa a ser qué sucede con el suelo después de cada cosecha.

El cuarto proceso es la biología. Bacterias, hongos, insectos, raíces y otros organismos forman parte de una red que aporta estabilidad al sistema. Desde esta perspectiva, aumentar la diversidad no es únicamente una estrategia agronómica: es una forma de construir resiliencia.

La siembra directa fue, sin dudas, una de las grandes transformaciones de la agricultura argentina. Pero el paso del tiempo también obliga a pensar cuál debería ser la próxima revolución.

La respuesta no necesariamente estará en una única máquina, un nuevo producto o una tecnología determinada. Puede estar en algo bastante más complejo: diseñar sistemas productivos que funcionen mejor porque imitan, en parte, la lógica de los ecosistemas naturales.

“Mantener el suelo cubierto, sumar diversidad, sostener raíces activas, mejorar la infiltración, aumentar la materia orgánica, equilibrar la extracción y reposición de nutrientes y fortalecer la biología son piezas de una misma estrategia”, concluyó el especialista.

El desafío, entonces, ya no es solamente producir más durante la próxima campaña. Es conseguir que el mismo suelo pueda seguir produciendo dentro de 30 años.

Entre Ríos oficializó la creación del Sello de Calidad “Arroz Entrerriano”, una distinción destinada a identificar y promocionar el arroz producido en territorio provincial que cumpla con determinados requisitos de calidad, origen y producción. La medida fue establecida mediante el Decreto N° 2999, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Oficialmente se precisó que la iniciativa había sido impulsada por la Secretaría de Industria de esa cartera, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación Proarroz.

Según establece el decreto, el objetivo es revalorizar y promocionar el arroz producido localmente, destacando su calidad y origen genuino, y generar una herramienta que permita mejorar su posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional.

Los fundamentos de la medida remarcan la importancia que tiene la actividad arrocera para Entre Ríos. El cultivo llegó a la provincia en 1932, en la ciudad de San Salvador, y posteriormente se extendió hacia distintos puntos del centro y norte entrerriano, donde también se concentraron establecimientos destinados al procesamiento y agregado de valor.

El Gobierno provincial destacó que San Salvador cuenta actualmente con una importante capacidad molinera instalada y que puede procesar más del 50% de la producción nacional de arroz.

También se señala que las características agroecológicas de Entre Ríos, junto con el trabajo de mejoramiento genético desarrollado por el INTA en convenio con la Fundación Proarroz, permitieron obtener variedades con alto potencial de rendimiento y calidad culinaria.

A partir de estas condiciones, la Provincia sostiene que el arroz entrerriano cuenta con posibilidades de acceder a mercados exigentes y que resulta necesario contar con una identificación que permita garantizar y promocionar su calidad e inocuidad.

Qué requisitos deberán cumplir los productores

La utilización del nuevo sello estará condicionada al cumplimiento de un Protocolo de Calidad de Arroz Entrerriano, que forma parte del decreto.

El protocolo establece una serie de condiciones destinadas a garantizar la calidad diferenciada del producto. Entre ellas se contempla el uso de semillas adaptadas a las condiciones de la región, específicamente de la variedad Gurí-INTA CL, además de requisitos relacionados con la recolección y el procesamiento.

Uno de los principales requisitos establece que cada etapa del proceso —cultivo, cosecha, secado, elaboración y envasado— deberá realizarse dentro del territorio de Entre Ríos.

De esta manera, el sello apunta a identificar un producto cuya elaboración tenga un vínculo integral con la provincia y que pueda ser reconocido por sus características de calidad, sabor y comportamiento durante la cocción.

Buscan fortalecer toda la cadena arrocera

La normativa señala además que el protocolo fue elaborado a partir de información proveniente de la industria arrocera y de documentación generada tanto por organismos públicos como privados.

El INTA intervino en el proceso y avaló técnicamente el protocolo. De acuerdo con los fundamentos del decreto, la implementación del sello permitiría integrar a los distintos actores de la cadena arrocera entrerriana y favorecer una mejora en la competitividad del sector.

La iniciativa también se encuadra en la Ley N° 9.228, que establece el Régimen de Promoción para el Desarrollo Arrocero Entrerriano. Esa legislación contempla, entre otros objetivos, promover el crecimiento y la expansión sustentable de la producción de arroz y su industrialización dentro de la provincia, además de mejorar su posicionamiento estratégico, comercialización e industrialización.

El Gobierno provincial estableció que su utilización estará sujeta al cumplimiento del protocolo correspondiente. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Económico quedó facultado para dictar las normas complementarias y los procedimientos necesarios para implementar la nueva distinción.

El acto de cierre tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Allí, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, indicó: "Celebramos que los expertos de la FIDA hayan podido recorrer gran parte de la provincia, conociendo de cerca nuestra realidad productiva; y valoramos que nos hayan aportado su tiempo y esfuerzo".

"Quedamos expectantes ante la evaluación de los técnicos que componen la misión, ya que tanto ellos como el personal del Ministerio de Desarrollo Económico llevaron adelante un importante movimiento logístico durante las últimas dos semanas", agregó.

Por su parte, la directora país para Argentina, Paraguay y Perú del FIDA, Laura Mattioli, afirmó: "Queremos agradecer todo el trabajo que venimos llevando con una visión común desde abril, el cual nos brinda la oportunidad de tener un producto muy fuerte técnicamente. Asimismo, el entusiasmo y la sostenibilidad que nos han demostrado los pequeños productores, garantizan que este proyecto va a triunfar".

"Más allá de todos los desafíos, vemos que hay en Entre Ríos un potencial latente: tienen todos los ingredientes para tener productos excepcionales, como quesos, lechería y ganadería; entre otros. Sería un sueño en 10 o 15 años, ver productos con el nombre Entre Ríos en las góndolas de los supermercados de Europa, por ejemplo; realmente sería un orgullo", sumó la directora.

A su vez, el Líder Técnico del proyecto, Luiz Marques Campos; sostuvo: "Tuvimos dos semanas preparatorias de reuniones virtuales con distintos actores de la cadena de lácteos, cooperativas, frigoríficos, organizaciones campesinas; como también organizaciones que tienen una base nacional involucradas en la discusión de políticas públicas para la agricultura familiar".

"Eso nos dio una base muy buena para llegar a hacer este recorrido, sabiendo exactamente qué información buscar, trabajando junto a los técnicos de la Provincia para validar algunas hipótesis; o para añadir otras", añadió Marques Campos.

Participaron también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Raúl Boc-Ho; la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; el director de Producción Animal, Martín Sieber; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; la directora de Administración y Despacho, Pamela Ochoa; y el coordinador de Lechería; Horacio Jaureguiberry. Por la FIDA, Kenyi Cansino, Emilio Valiente, Guadalupe Meroño, Margarita Borzelli, Gonzalo de Villalobos, Rosa Zamora y Luisina Solari.

También estuvieron presentes el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato; el Director de Industria del Servicio Penitenciario, José Osuna; y su par de Producción, Gabriel Villanueva; la directora de Industrias Culturales y Creativas; Rocío Rezett. Por el Ministerio de Economía de Nación, la directora de Priorización Estratégica del Financiamiento Internacional; Macarena Acuña.

El diputado provincial Juan José Bahillo advirtió sobre la situación que atraviesa el sector avícola y señaló que el fuerte crecimiento de las importaciones, junto con la caída de las exportaciones, constituye una señal de alarma para Entre Ríos, donde la cadena avícola representa la principal actividad agroalimentaria de la provincia.

“Esto es altamente preocupante porque afecta directamente a la principal actividad agroalimentaria que tiene nuestra provincia, que es la cadena avícola. Debería ser objeto de preocupación de nuestro Gobierno provincial”, sostuvo Bahillo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante julio se exportaron 6.245 toneladas de productos avícolas comestibles, mientras que las importaciones alcanzaron las 5.740 toneladas. La diferencia fue de apenas 505 toneladas.

“Estamos a 500 toneladas de que la importación iguale a la exportación avícola”, señaló el legislador, al remarcar la magnitud del cambio que está atravesando el sector.

La evolución de la relación entre importaciones y exportaciones también muestra un fuerte deterioro. Hasta 2023, las importaciones representaban aproximadamente entre 2 y 5 toneladas por cada 100 toneladas exportadas. En 2025 esa relación trepó al 15%, mientras que entre enero y julio de 2026 llegó al 44%.

El escenario se explica por la convergencia de dos tendencias negativas: un fuerte incremento de las importaciones y una caída de las exportaciones.

Entre enero y julio de 2026, las importaciones de productos avícolas comestibles alcanzaron las 30.223 toneladas, un 134,7% más que en el mismo período de 2025. En tanto, las exportaciones totalizaron 68.258 toneladas, con una caída del 31,1% interanual.

“Estamos en el peor de los escenarios: aumenta la importación al mismo tiempo que cae la exportación”, sostuvo Bahillo.

El diputado provincial remarcó que la situación requiere especial atención en Entre Ríos por el peso que tiene la cadena avícola en la estructura productiva provincial y por su impacto sobre productores, industrias, trabajadores y comunidades vinculadas a la actividad.

“Esto debería ser objeto de preocupación de nuestro Gobierno provincial. No podemos ser indiferentes frente a estos números cuando está en juego una de las principales cadenas productivas de Entre Ríos”, concluyó.

A fines de 2023, y tras décadas sin reportes, un brote de encefalomielitis equina del oeste provocó una epidemia que se extendió por gran parte de Argentina y generó mucho temor: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llegó a contabilizar más de 1.300 casos positivos durante aquella emergencia.

Por eso, desde entonces las tareas de vigilancia y control en los caballos se han fortalecido, y este año se busca anticiparlas más que nunca debido a condiciones ambientales favorables a una aparición temprana de los mosquitos, asociadas al fenómeno El Niño: temperaturas y humedad por encima de lo normal, y altos caudales de lluvias.

Ante este panorama, la señal de alerta ya está encendida: especialistas llaman a no esperar a que aparezcan los primeros animales enfermos para ejecutar las acciones sanitarias preventivas.

Para quienes vivieron aquel brote de hace tres años, la encefalomielitis equina dejó de ser una enfermedad de la que se habla en los manuales veterinarios y se convirtió en una experiencia concreta y dolorosa.

Como ejemplo, el criador correntino César Sagario llegó a perder 20 caballos durante el brote de 2023. En ese momento relataba la angustia de los propietarios y la dificultad para enfrentar una enfermedad que había irrumpido de manera inesperada, mientras las vacunas disponibles eran insuficientes frente a la demanda.

La dimensión del problema también trascendió al ámbito estrictamente productivo. La enfermedad que afectó a miles de equinos también produjo casos en seres humanos.

La gran diferencia respecto de aquella situación es que hoy existe disponibilidad de una herramienta concreta de prevención y, además, una obligación sanitaria: tras aquel brote, a partir de 2024 el Senasa estableció la vacunación obligatoria contra las encefalomielitis equinas del Este y del Oeste para todos los équidos desde los dos meses de edad, con vacunas registradas ante el organismo.

El esquema contempla una primera dosis y una segunda dosis de refuerzo a los 30 días de la primera, de acuerdo con los plazos indicados en la prescripción del laboratorio elaborador. Los animales que ya completaron la primovacunación deben recibir una revacunación anual.

La vacunación debe ser realizada y certificada por un veterinario matriculado y el propietario debe contar con la documentación correspondiente que acredite que el animal está vacunado.

En este contexto, vale mencionar también la relevancia de prevenir en este aspecto: la experiencia de 2023 dejó la enseñanza de que cuando la enfermedad comienza a circular, la demanda de vacunas aumenta de manera inmediata.

Y aquí vale la pena resaltar otro aspecto fundamental: la vacuna está pensada para inmunizar animales sanos, no para curar un animal que ya enfermó. Por eso, anticiparse resulta clave. “Esperar a que aparezca el primer caso para comenzar a vacunar es llegar tarde”, mencionó La Torre.

Ante todo este panorama, la pregunta entonces es qué tiene que hacer hoy el propietario de un caballo para garantizar esa prevención.

Primero, revisar la documentación sanitaria del animal y verificar cuándo recibió la última dosis. Si el caballo nunca fue vacunado, debe iniciar el esquema correspondiente. Si ya fue primovacunado y completó el esquema inicial, debe verificar que la revacunación anual esté vigente. En todos los casos, la recomendación es consultar con un veterinario matriculado.

Además de la vacunación, las medidas de prevención incluyen reducir, en la medida de lo posible, los lugares donde puedan reproducirse los mosquitos, utilizar productos repelentes autorizados cuando corresponda y mantener una vigilancia permanente sobre el estado de los animales.

Ante la aparición de fiebre, decaimiento, alteraciones en la marcha, incoordinación, dificultad para mantenerse en pie u otros signos neurológicos, se debe consultar inmediatamente al veterinario y notificar al Senasa si existe sospecha de encefalomielitis equina.

La iniciativa se encuentra en etapa de formulación y tiene como objetivo mejorar los ingresos y fortalecer los medios de vida de las familias vinculadas a las cadenas productivas priorizadas, con especial atención en los pequeños productores. Para ello, se prevé fortalecer sus capacidades productivas y organizativas, ampliar el acceso a los mercados y promover infraestructura rural que contribuya al desarrollo de la actividad.En este marco, los equipos técnicos analizan las principales necesidades y oportunidades de cada cadena, así como posibles líneas de intervención vinculadas con la asistencia técnica y el financiamiento, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y el desarrollo de estrategias de comercialización.Como parte de la misión, se realizó un encuentro de trabajo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con la participación de representantes de FIDA, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, el Consejo General de Educación y equipos técnicos de las áreas vinculadas al proyecto.

Durante la jornada se avanzó en el análisis de las cadenas productivas y de las posibles intervenciones que integrarán la propuesta. También se evaluaron inversiones en infraestructura rural y productiva que permitan mejorar las condiciones de producción y facilitar el acceso a los mercados. De manera transversal, el proyecto contempla aspectos vinculados con ambiente y cambio climático, género, juventud y arraigo rural."Celebramos esta nueva iniciativa y la oportunidad de trabajar junto a FIDA en el diseño de un nuevo proyecto para el desarrollo de estas cadenas productivas. Se suma a la experiencia que la provincia ya viene desarrollando junto a FIDA para el fortalecimiento de la cadena apícola, consolidando una agenda de trabajo orientada al desarrollo de los pequeños productores", destacó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. En ese sentido, valoró especialmente el vínculo con el organismo internacional y el acompañamiento de sus equipos, y agradeció el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial para concretar estas oportunidades.Por su parte, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, señaló: "Desde la UEP tenemos la responsabilidad de articular con los organismos internacionales de crédito y financiamiento para convertir estas oportunidades en proyectos concretos para Entre Ríos. Con FIDA ya venimos trabajando a través del Prosaf, y esta nueva iniciativa nos permite seguir avanzando en propuestas que respondan a las necesidades de las cadenas productivas de la provincia".La misión de FIDA se extenderá hasta el 3 de septiembre e incluye reuniones técnicas y visitas de campo a Paraná, Crespo, Gualeguaychú, Urdinarrain, Nogoyá, Villaguay, Federación, Federal, La Paz y Guardamonte. En esas localidades, los equipos mantendrán encuentros con productores, cooperativas, escuelas agrotécnicas y autoridades locales, con el propósito de profundizar los diagnósticos, relevar las necesidades de los distintos sectores y aportar información para avanzar en la definición del nuevo proyecto.

La campaña de maíz 2026/27 se encamina a comenzar la siembra, con un escenario de contrastes: mientras los perfiles parten con buenas reservas de humedad y los pronósticos anticipan lluvias importantes desde octubre por la presencia de un fenómeno El Niño muy fuerte, los números económicos y la presión de la chicharrita vuelven a ponerle un freno a la intención de siembra.

Según la primera estimación nacional de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el área destinada al maíz caería un 7,3% respecto del récord de la campaña anterior.

Son unas 600.000 hectáreas menos, aunque las 10,4 millones de hectáreas proyectadas todavía representarían la segunda mayor superficie sembrada con el cultivo en la historia argentina.

El ajuste aparece especialmente marcado en las regiones donde la ecuación económica se volvió más compleja.

Al costo de producción se suma el impacto de los fletes, particularmente en zonas alejadas de los puertos y sin posibilidades de consumo cercano, y el gasto adicional que implica el manejo de la chicharrita.

En el norte del país, el problema vuelve a tomar una dimensión determinante. La GEA señala que en Chaco estiman un desembolso cercano a los 55 dólares por hectárea para realizar cinco aplicaciones contra la plaga.

“El maíz tiene la rentabilidad más baja de los últimos 10 años”, advierten desde la región, en un escenario donde el cultivo empieza a quedar fuera de algunas decisiones de siembra.

La diferencia respecto de hace dos campañas es que el problema dejó de ser exclusivamente técnico.

Los productores y asesores conocen mejor las estrategias de manejo, pero el costo de aplicarlas se transformó en una nueva barrera para el cultivo. A esto se suma que los daños provocados por el spiroplasma todavía repercuten sobre los resultados productivos.

La GEA estima que la enfermedad habría provocado una pérdida de alrededor de 2 millones de toneladas de maíz en Argentina durante la campaña 2025/26. Así, pese al fuerte crecimiento de superficie, la producción pasó de 68 a 70,5 millones de toneladas, un incremento mucho menor al que podría haberse esperado por el salto de área.

La campaña 2025/26 terminó marcando, de todos modos, un récord de implantación. La superficie alcanzó las 11 millones de hectáreas, un 33% más que en el ciclo anterior, impulsada también por una fuerte expansión en Córdoba y en las provincias del norte.

Para la nueva campaña, el mapa muestra comportamientos diferentes. Mientras en Córdoba se espera una intención similar a la del año pasado, con posibles recortes en el norte por la chicharrita, en el centro y sur de Santa Fe las expectativas apuntan a sostener o incluso ampliar el área. En Buenos Aires, en cambio, los excesos hídricos y las napas altas podrían dejar lotes fuera de la campaña.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el aporte de las seis principales cadenas del agro (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) en concepto de derechos de exportación o “retenciones” llegará este año a unos US$ 4.613 millones.

Se trata de una cifra que prácticamente no presenta cambios respecto de los US$ 4.665 millones de 2025 (-1% interanual), pero que sí se encuentra lejana con respecto a los máximos históricos que percibió el Gobierno de Alberto Fernández, cuando se llegó a U$S 8.373 millones en 2021 y a U$S 9.101 millones en 2022.

En aquel entonces, fue el momento en que los precios internacionales de los commodities agrícolas alcanzaron sus máximos históricos, al desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las retenciones y los esquemas excepcionales

Por otro lado, la BCR advirtió que “los esquemas temporales de modificación de alícuotas de derechos de exportación vigentes en el 2025 sí impactan en el flujo intertemporal de la recaudación proyectada para el 2026″.

Así, en el primer semestre del año los seis principales complejos del agro aportaron US$ 1.881 millones, una caída del 51% frente a los US$ 3.804 millones de igual período de 2025, y se ubica como el segundo registro más bajo de los últimos seis años, solo por encima de 2023 (US$ 1.153 millones).

No obstante, la Bolsa insistió en su estimación que esta comparación interanual está fuertemente condicionada por dos esquemas excepcionales que rigieron durante 2025 y que alteraron el patrón habitual de declaración y tributación.

Por un lado, la reducción temporaria de alícuotas vigente entre febrero y junio de 2025 incentivó una fuerte anticipación en el registro de ventas al exterior (DJVE). Ese mayor volumen declarado más que compensó las menores alícuotas y precios, apuntalando la recaudación del primer semestre de 2025 y elevando así la base de comparación contra la que hoy se mide 2026.

Por otro, la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025 permitió registrar ventas al exterior libres de retenciones hasta alcanzar un cupo de negocios. Esto comprimió la recaudación por retenciones del segundo semestre de 2025, que tocó los US$ 861 millones y, al mismo tiempo, consumió parte del volumen que, bajo un patrón normal, se habría declarado y tributado a comienzos de 2026.

Así, el bajo aporte del primer semestre se compensa con una marcada recuperación proyectada para el segundo, una vez normalizado el patrón de declaraciones de venta al exterior, asumiendo que un ritmo de anote de DJVE como proporción de la producción igual al promedio de últimos 5 años.

“En definitiva, se estima que el aporte del agro en concepto de retenciones entre julio y diciembre del 2026 ascienda a US$ 2.731 millones, más que triplicando la recaudación por igual concepto del segundo semestre de 2025, y dejando la recaudación total por DEX para el año 2026 en US$ 4.613 millones”, precisó la entidad rosarina.

Vale mencionar que, durante todo el 2026, ya rigió la baja permanente de alícuotas a los derechos de exportación dispuesta el 7 de diciembre de 2025.

“Si bien ello implica una menor tributación por unidad exportada respecto de la vigente durante buena parte del año anterior, el aumento en el volumen exportado por las cadenas del agro compensa dicha reducción y contribuye a estabilizar el resultado fiscal entre años”, cerró la BCR.

El miércoles la Comisión de Producción del Senado entrerriano llevará a cabo su primer encuentro para abordar el proyecto de ley que busca declarar a la incubación de huevos —tanto para aves de postura como para carne— como una actividad asimilable a la industria. Dicho encuentro contará con la presencia de Catriel Tonutti, Secretario de Comercio, Industria y Minería de Entre Ríos; y Alberto José Berardi, representante de la Cámara Cárnica de Entre Ríos.

La iniciativa, impulsada por el bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos, tiene como objetivo "fortalecer las inversiones, mejorar la competitividad del sector e incentivar la modernización tecnológica y el desarrollo económico en distintas localidades de la provincia".

Actualmente, esta labor se encuentra encuadrada como una actividad de carácter primario bajo los códigos 014810 (Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos) y 014820 (Producción de huevos) del Nomenclador de Actividades Económicas. Desde el bloque oficialista advirtieron que esta clasificación responde a una concepción desactualizada que no contempla la verdadera naturaleza técnica, tecnológica, sanitaria y operativa del sector.

En ese marco, los legisladores argumentaron que el proceso productivo actual implica etapas altamente tecnificadas y automatizadas, con un control riguroso de parámetros de temperatura, humedad y ventilación. Asimismo, remarcaron que las plantas operan con infraestructura especializada, un elevado consumo energético ininterrumpido y la supervisión constante de personal técnico capacitado.

Para sustentar el reclamo, el escrito toma como base el artículo 7° del Decreto Nacional N.º 2541/1977 —reglamentario de la Ley Nacional de Régimen de Promoción Industrial—, el cual define como actividad industrial a aquella que logra la transformación de materias primas mediante procesos inducidos y equipamiento específico.

En este sentido, los senadores sostuvieron que la incubación avícola cumple plenamente con ese criterio: se parte del huevo en estado natural y, mediante un proceso continuo y automatizado, se obtiene un producto biológico distinto: el pollito bebé.

Más de 200 estudiantes de escuelas secundarias de Gualeguaychú participaron este lunes de una jornada sobre innovación y tecnología aplicada al agro, una propuesta que buscó acercar a los jóvenes a las transformaciones que atraviesa el sector y a las nuevas herramientas que forman parte de la producción agropecuaria.

La actividad se desarrolló frente a la sede de Codegu, donde un camión convertido en museo interactivo recibió a alumnos del Instituto Prof. José María R. Gelós, la E.E.T. N°1 "José María Sobral", la Escuela Secundaria N°7 "Prof. Rosa Regazzi", el Instituto Juventud Unida, el Instituto Agrotécnico, la E.E.T. N°2 "Presbítero José María Colombo", el Instituto José María Bértora, la E.E.T. N°3 "15 de Noviembre", la Escuela Secundaria N°13 "Manuel Belgrano" y la Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade".

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron de manera interactiva distintas tecnologías, procesos y herramientas que hoy se utilizan en la actividad agropecuaria, con especial foco en la incorporación de innovación y el impacto de la transformación digital en el sector.

La iniciativa formó parte del programa Larti Innova, impulsado por Lartirigoyen y Cía., que promueve espacios de intercambio entre estudiantes y empresas vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas para el agro.

Desde la organización señalaron que uno de los objetivos de la propuesta fue mostrar el perfil actual del sector agropecuario, caracterizado por la incorporación de nuevas tecnologías y la demanda de profesionales capacitados en áreas como agricultura de precisión, análisis de datos, inteligencia artificial y biotecnología.

Mariano Berisso, dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, respaldó el proyecto del ministro Federico Sturzenegger para eliminar la obligatoriedad de las contribuciones. En esa línea, presentó una propuesta de modernización para el organismo que incluye cargos ad honorem en el directorio, una gerencia ejecutiva profesional y máxima transparencia en el uso de los fondos.

El equipo de trabajo del ministro Federico Sturzenegger elaboró una iniciativa, que todavía no fue remitida al Congreso, que establece un esquema de transición en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) hasta septiembre de 2027 para luego avanzar con la eliminación de las contribuciones obligatorias que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal enviado a faena.

Al respecto, el director suplente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Mariano Berisso, indicó a APFDigital el respaldo del aporte voluntario para que los productores y los demás integrantes de la cadena “decidan libremente su participación y respaldo al Instituto”.

Asimismo, sostuvo que los integrantes del Consejo Directivo deberían desempeñar sus funciones ad honorem: “Para reafirmar el compromiso institucional y el espíritu de servicio al sector, por encima de cualquier interés económico”.

Y agregó que quienes formen ese Concejo “deberían acreditar una reconocida trayectoria, idoneidad y amplio conocimiento de la producción, la industria y los mercados internacionales de la carne vacuna, garantizando una conducción basada en experiencia, visión estratégica y capacidad técnica”.

Por otra parte, mencionó algunos aspectos que el Ipcva debería incorporar para fortalecer la institucionalidad, la eficiencia, la transparencia y la competitividad, como el Plan Estratégico quinquenal: “Se trata de cinco años, con objetivos, metas e indicadores de desempeño claramente definidos, sujeto a revisiones periódicas que permitan evaluar resultados y adaptarlo a la evolución de los mercados internacionales”.

“El Instituto debería contar con un Gerente Ejecutivo rentado, seleccionado mediante un proceso transparente y en función de sus antecedentes y capacidades profesionales, responsable de ejecutar el Plan Estratégico y llevar adelante las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo”, continuó.

Y finalizó: “El Ipcva debería publicar, de manera permanente, actualizada y de fácil acceso, toda su información económica, financiera y administrativa, incluyendo remuneraciones, honorarios, contrataciones, compras, licitaciones, viajes, campañas de promoción, convenios y cualquier otro gasto”.

Entre Ríos exportó bienes por US$ 1.048 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento interanual del 9,5% y le permitió ubicarse en el octavo lugar del ranking nacional de provincias exportadoras.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que señala que la provincia explicó el 2,1% del total de las exportaciones argentinas en el período analizado.

El reporte indica que las ocho provincias que superaron los US$ 1.000 millones en exportaciones fueron Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, San Juan y Entre Ríos, concentrando en conjunto el 84% de las ventas externas del país.

En el caso entrerriano, el principal componente de las exportaciones fueron los productos primarios, con US$ 651 millones, seguidos por las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que sumaron US$ 313 millones. Más atrás se ubicaron las manufacturas de origen industrial (MOI), con US$ 60 millones, y combustibles y energía, con US$ 25 millones.

En cuanto a la evolución por rubros, las exportaciones de productos primarios crecieron 18,7% interanual; las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 5,3% y las industriales 5,1%. En contraste, las ventas de combustibles y energía registraron una caída del 54,8%.

A nivel nacional, las exportaciones argentinas alcanzaron un récord histórico de US$ 49.454 millones en el primer semestre del año, con un incremento del 24,4% respecto del mismo período de 2025. En ese contexto, el crecimiento de Entre Ríos quedó por debajo de la media nacional.

Por otra parte, el informe señala que las exportaciones per cápita de Entre Ríos fueron de US$ 718 por habitante, por debajo del promedio nacional, que se ubicó en US$ 1.066.

Fuente: APFDigital

Con la premisa de diagramar un protocolo de acción para el movimiento de animales desde islas a tierra firme, autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico se reunieron con representantes de la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa) y fuerzas de seguridad como la Policía entrerriana y la Prefectura Naval Argentina.

El encuentro se concretó en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, donde el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo sostuvo: "Es muy importante generar un mecanismo de avisos, para que los productores comuniquen tanto al Gobierno provincial como a Prefectura cualquier riesgo inminente de inundación. Nuestra tarea es facilitar el trabajo seguro de los productores, pero siempre manteniendo la transparencia en el tránsito y la trazabilidad de los animales; mediante las marcas y documentos correspondientes".

Por su parte, el director de Producción Animal, Martín Sieber, indicó que "Entre Ríos siempre ha sido fuerte en la ganadería en islas, pero debemos evitar que cualquier movimiento de cabezas provoque un brote de garrapatas en tierra firme. Inclusive, ante cualquier emergencia que requiera evacuar el ganado de inmediato, el transportista puede generar un Documento Único de Transporte en cinco minutos desde su teléfono". En ese sentido, añadió que la flexibilidad en la emergencia está contemplada, pero dar los avisos, en el primer momento que se pueda, es importante para enfrentar y prevenir cualquier suceso no deseado en materia sanitaria.

Asimismo, el presidente de Fucofa, Matías Martiarena, y representante de Federación Agraria Argentina; recordó que, ante riesgo de ruptura de un dique, el productor debe actuar en el lapso de diez minutos para embarcar el ganado a tiempo. Sumó también que desde la fundación contabilizan más de 440.000 cabezas en islas entrerrianas.

En tanto, el prefecto mayor para la zona de Bajo Paraná, Javier Giannattasio, destacó que existen 29 embarcaciones registradas para transporte de ganado en la zona costera que comprende desde La Paz hasta Ramallo; de las cuales 22 están operacionales y el resto se están poniendo en regla. Sobre este último aspecto, desde la institución se comprometieron a agilizar los trámites.

Mientras que, el coordinador regional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Entre Ríos, Ignacio Caropresi; resaltó la importancia de acordar y comunicar los puntos de desembarque necesarios para realizar los movimientos. La intención es dar previsibilidad al productor que deba salir con su hacienda.

Participaron también del encuentro -que se dio con el fundamento en los pronósticos de lluvias abundantes propias del fenómeno El Niño-, en representación de la Federación Entrerriana de Cooperativas, Luis Folmer; de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Héctor Reniero; el jefe de Prefectura Naval Argentina para Paraná, Pedro Vila; y el director general de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Horacio Ludi; entre otros.

En el mercado internacional, los planetas se alinearon para mantener muy tranquilas las cotizaciones de la soja. Por un lado, el fin de la guerra en Medio Oriente derrumbó el precio del petróleo a 70 dólares por barril, muy lejos de los 110-115 que había llegado en pleno conflicto; ese comportamiento le resta fuerza a los aceites.

Por otro lado, un dólar firme también quita sostén a los precios de los commodities que cotizan en esa moneda, porque se encarecen para los países importadores. En tercer lugar, China sigue sin comprar cantidades importantes de soja en Estados Unidos, pese a los rimbombantes anuncios que había hecho el presidente Trump.

Finalmente, las buenas condiciones de los cultivos de soja en aquel país, con más del 65% en estado Bueno-Excelente, en mejores condiciones que el promedio de los últimos cinco años, completan la combinación bajista. “El mercado de Chicago mostraba cotizaciones inferiores a los 400 dólares por tonelada antes de la guerra en Medio Oriente, que subieron a un máximo de 455 en el clímax del conflicto y se desplomaron a 408 en los últimos días, por los factores señalados”, sintetiza Sebastián Olivero, analista de la corredora StoneX.

Por el contexto descripto, para Olivero, es poco probable que ocurran subas abruptas en el precio internacional, y el escenario más probable es que la soja se mantenga levemente por encima de los 400 dólares por tonelada en el corto plazo. Con ese escenario, quienes todavía conserven soja de la campaña 2025/26, podrían esperar para vender y ver si aparece alguna sorpresa durante el mercado climático de la oleaginosa, que se desarrolla durante el mes de julio y principios de agosto.

Por otro lado, al avanzar en el almanaque, es probable que los compradores domésticos deban ponerle más dinamismo a las operaciones a medida que se reduzcan los stocks disponibles. Olivero tampoco ve muy conveniente tomar precios de 326 dólares por tonelada para la cosecha 2026/27, en mayo de 2027, y aconseja esperar a ver si se desalinea esta combinación de planetas que genera comportamientos negativos de precios, y aguardar que los fondos especulativos, que achicaron sus posiciones en soja, vuelvan a ingresar en algún momento. Ante esa perspectiva, los productores deberían estar atentos para capturar eventuales picos del mercado.

Este año cerrará con marcas históricas para la industria avícola argentina. El consumo se estima en niveles nunca antes alcanzados: más de 50 kilos de carne de pollo y 430 huevos por persona anualmente (equivalente a 28 kilos). En conjunto, ambos productos aportan unos 78 kilos de proteína por habitante al año.

En materia económica, el sector pollo facturó más de US$ 6.300 millones en 2025, mientras que el sector huevos superó los US$2.800 millones en el mismo período.

La industria avícola tiene un fuerte arraigo en el interior del país. Actualmente, genera empleo para 115.000 personas de forma directa e indirecta, 80.000 en el sector de pollo y 35.000 en el de huevo, y tracciona de manera directa a múltiples industrias nacionales como la metalúrgica, la construcción, la maderera, la farmacéutica, el plástico y la petroquímica, entre otras. Además, consume anualmente 5 millones de toneladas de maíz y 2,1 millones de toneladas del complejo soja.

Entre Ríos concentra cerca del 50% de la faena avícola nacional y más del 60% de las granjas de pollo parrillero del país, con fuerte presencia en los departamentos de Concepción del Uruguay, Colón y Paraná. En 2025, la provincia registró una faena de 378 millones de aves, lo que representó un incremento del 1% respecto al año anterior. Ese liderazgo no es nuevo: la provincia lo sostiene desde hace décadas y explica por qué cualquier política nacional sobre el sector tiene impacto directo en la economía provincial.

El mercado interno argentino está completamente abastecido de proteína por la oferta nacional. Entre bovinos y porcinos, alcanza los 143 kilos por habitante.

Tras haber superado dos brotes de influenza aviar en los últimos doce meses gracias al trabajo conjunto con el Senasa, el país recuperó rápidamente el estatus sanitario. Con más de 100 destinos habilitados y exportaciones efectivas a más de 70 mercados durante 2025, CEPA remarcó la importancia de continuar gestionando la zonificación sanitaria con socios clave como China, la Unión Europea, Sudáfrica, Chile y Perú, como así también la necesidad de un apoyo del Poder Ejecutivo nacional para destrabar las exigencias políticas que permitan la reapertura definitiva del mercado chino.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyecta que la producción mundial de carne de pollo alcanzará un récord de 110,7 millones de toneladas en 2026, lo que representará un crecimiento del 3% respecto del año anterior y marcará el tercer incremento anual consecutivo. Ese escenario convierte a la carne aviar en la proteína de mayor expansión a escala global y sitúa a la Argentina —con acceso a más de 100 mercados habilitados y exportaciones efectivas a 74 países en 2025— en una posición favorable para capturar una porción mayor de esa demanda, siempre que se resuelvan los obstáculos sanitarios y comerciales que el propio sector identifica como urgentes.

Por otro lado, la industria avícola indicó que, para sostener un ritmo de crecimiento del 2% anual, la producción de pollos requiere la incorporación de 200 galpones de última generación por año, lo que demandaría inversiones en infraestructura energética, conectividad eléctrica y mejoras en caminos rurales.

El presidente de CEPA Franco Santangelo destacó la agenda de trabajo conjunto con el Estado para eliminar asimetrías competitivas frente a otros países líderes y corregir distorsiones fiscales. Entre los principales pedidos del sector están la disminución y revisión de impuestos distorsivos a nivel nacional, provincial y municipal, la eliminación de las retenciones a la exportación de carne de pollo y la devolución del Saldo Técnico del IVA para lograr un esquema de IVA Neutro.

El cambio de hábitos que explica parte de estos números no es menor. En 2025, el consumo de carne de pollo se ubicó apenas medio kilo por debajo del de carne vacuna en la Argentina. Según datos del propio sector, el 85% de los argentinos come pollo entre una y siete veces por semana; el 11% lo hace a diario. La diferencia de precio con la carne vacuna —con un kilo de asado se compraban casi cuatro de pollo a fin de año— explica buena parte de esa sustitución, pero no toda: también influyó la percepción de que es una proteína más saludable.

Santangelo resumió la posición del sector en una frase: "Somos la proteína más económica y accesible, y tenemos el deber y el compromiso de alimentar a nuestra población." Dicho en el año en que el pollo casi alcanzó a la carne vacuna en la mesa de los argentinos, la frase ya no suena a slogan. Suena a descripción.

La multinacional Bunge se coronó como la “campeona” de las empresas agroexportadoras argentinas en el “torneo” del primer semestre, de acuerdo con un informe difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad analizó los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y de allí determinó que la empresa de origen holandés estuvo a la cabeza del listado, superando a la estadounidense Cargill y a la china Cofco.

A mediados de 2025, Bunge cerró la compra a nivel global de la canadiense Viterra y esa fusión en Argentina terminó de formalizarse en febrero pasado, por lo que muchas de las operaciones que este año se ven en esa compañía corresponden a las que se traspasaron desde la otra multinacional.

Según la BCR, los compromisos de exportación de granos y subproductos establecidos a través de las DJVE sumaron 52,3 millones de toneladas entre enero y junio, lo que implica una caída del 19% respecto a los 64,5 millones de toneladas registrados en igual período de 2025.

“No obstante, se encuentra 17% por encima del promedio de los últimos cinco años, y se constituye como el tercer volumen más elevado en el mismo período por detrás de 2025 y 2021″, indica el reporte elaborado por los investigadores Giuliana Dellamaggiore, Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada.

Con 11,6 millones de toneladas, Bunge lidera con absoluta amplitud, superando por más de 3 millones a Cargill, y por casi a doble a Cofco.

El top ten se completa con otras dos multinacionales: Louis Dreyfus Company (LDC) y la división local de Archer Daniels Midland (ADM Agro); mientras que del 6° al 10° lugar se escalonan todas las firmas de capitales nacionales: ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Agro, Commodities SA y la Unión Agrícola Avellaneda.

Las exportaciones del conjunto de las economías regionales argentinas alcanzaron un récord histórico durante el período enero-mayo de 2026. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, sobre la base de datos del INDEC procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, los 37 complejos productivos exportaron por 4.032 millones de dólares, el mayor valor registrado desde 2004. Además, los embarques totalizaron 3.124.835 toneladas, el volumen más alto desde 2013.

El desempeño representó un crecimiento interanual del 13,3% en valor y del 8,5% en volumen respecto del mismo período de 2025. A su vez, la mejora en los precios internacionales permitió que el valor promedio de exportación se ubicara en 1.290,2 dólares por tonelada, un incremento del 4,4% frente al año anterior, consolidando una evolución positiva tanto en cantidades como en ingresos.

Entre los complejos que marcaron un desempeño sobresaliente se destacaron Acuicultura y Pesca, Apicultura, Aromáticas, Especias y Otros, y Hortalizas Pesadas, que alcanzaron el mejor registro para un período enero-mayo desde 2004. En términos interanuales, las exportaciones crecieron un 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4%, respectivamente, reflejando el dinamismo de actividades que vienen ampliando su participación en el comercio internacional.

En términos absolutos, los mayores aportes al incremento de las exportaciones provinieron de los complejos de Acuicultura y Pesca, Legumbres, Apicultura, Cítricos Agrios, Ovinos, Hortalizas Pesadas, Algodón y Tabaco, que en conjunto generaron 517,7 millones de dólares adicionales respecto de igual período del año pasado. Estos sectores fueron los principales impulsores del crecimiento exportador registrado en los primeros cinco meses del año.

Los principales destinos de las economías regionales continúan siendo Brasil, China y Estados Unidos, mercados que concentran una parte significativa de la demanda de estos productos. Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que este desempeño refleja el dinamismo de esos mercados y contribuye a consolidar una estructura exportadora cada vez más robusta, diversificada y competitiva. El desafío ahora será sostener este ritmo durante el resto del año y transformar el récord alcanzado en una tendencia de crecimiento sostenido.

La campaña de soja 2025/26 en Entre Ríos finalizó con una merma del 22% en la producción respecto del ciclo anterior. La combinación de una menor superficie sembrada y una baja en los rindes, producto de las condiciones climáticas del verano, derivó en una cosecha de aproximadamente 2.695 millones de toneladas.

Así lo explicó el ingeniero agrónomo Pablo Fontanini, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, quien precisó que “el área sembrada se redujo un 5%. Esto se da por un incremento en el área del maíz”.

Según detalló, el crecimiento del cultivo de maíz respondió a la recuperación del área luego de la fuerte retracción registrada en la campaña pasada, afectada por la chicharrita. "El maíz tuvo un fuerte incremento en el área luego de que la campaña anterior tuviera una gran retracción. Todo esto se desencadena por la aparición de la chicharrita del maíz, que causó daños en los maíces tardíos y de segunda", explicó.

En ese sentido, indicó que el temor de los productores a la propagación de la enfermedad llevó a reducir la superficie maicera el año anterior, pero que en esta campaña el cultivo recuperó unas 200.000 hectáreas, superando las 500.000 hectáreas implantadas. "Son cultivos estivales que compiten por hectáreas: maíz, soja, sorgo, arroz y girasol. El maíz le tomó parte del área a la soja", sostuvo.

La superficie destinada a soja se ubicó en torno a 1.2 millones de hectáreas, con unas 400.000 hectáreas de soja de primera y alrededor de 800.000 hectáreas de soja de segunda.

Además de la reducción del área sembrada, la producción se vio afectada por un descenso en los rindes. El promedio provincial fue de unos 2.200 kg por hectárea, entre 300 y 400 kg menos que en la campaña anterior.

"El verano fue un poco más exigente. Desde mediados de enero hasta los primeros diez días de febrero se dio un pulso seco en general en la provincia", señaló Fontanini, quien agregó que el sudeste entrerriano sufrió un déficit de precipitaciones más marcado desde diciembre.

Esa situación generó importantes diferencias regionales. "La soja de primera pudo haber estado entre 1.500 y 1.600 kg por hectárea en el sudeste, versus unos 800 kilos más por encima en el resto del territorio", explicó.

No obstante, aclaró que el rendimiento obtenido "se puede considerar que está dentro del rendimiento promedio histórico, con 2.200 o 2.300 kilos por hectárea".

La menor superficie implantada, junto con la caída de los rindes, explica el descenso de la producción. "La caída en el área y la caída en el rendimiento genera esta caída en la producción, que es en torno a un 22%, alrededor de unas 700.000 toneladas", indicó.

Consultado sobre el mercado, Fontanini aclaró que la baja productiva no estuvo acompañada por una caída en las cotizaciones.

"El precio tuvo una recuperación a partir de mayo. Eso benefició a que el rendimiento de indiferencia se redujera, que es el valor que tiene que obtener el productor para recuperar la inversión realizada en el cultivo", afirmó.

Además, destacó el aporte de la soja de segunda, que representó más del 60% de la superficie sembrada y tuvo una participación importante en el volumen total producido.

Respecto de la campaña de trigo, el especialista señaló que la siembra todavía no concluyó y presenta un avance cercano al 70%.

Las proyecciones indican una reducción del área implantada. "Este año vemos una posible retracción del área que podría llegar a ser del 18%. El año pasado tuvimos unas 730.000 hectáreas y este año pensamos que puede llegar a ser unas 600.000 hectáreas", indicó.

Entre los factores que explican esa caída mencionó el incremento que registraron los costos de los fertilizantes tras el conflicto bélico internacional.

A esto se sumaron las intensas precipitaciones de las últimas semanas, que complicaron las tareas en los lotes. "Las últimas lluvias fueron importantes y no está dando piso para el que quiere sembrar o poder cumplir el área planificada", explicó.

De cara a la próxima campaña estival, Fontanini consideró que un eventual escenario de El Niño podría favorecer el desarrollo de los cultivos.

"El Niño estadísticamente tiene mayor impacto en las precipitaciones a partir de noviembre. Si este escenario se diera, es beneficioso básicamente para dos cultivos: maíz en primer lugar y también para la soja", señaló.

Finalmente, destacó que las lluvias registradas durante junio dejaron una situación hídrica favorable para comenzar el invierno. "Junio tiene un promedio provincial de unos 40 milímetros y tuvimos alrededor de 70 milímetros de precipitación en promedio. Eso nos abre la puerta al inicio del mes de julio con reservas hídricas en niveles óptimos",

La mancha blanca se consolidó como una de las principales preocupaciones sanitarias para el cultivo de maíz en la actual campaña agrícola. Favorecida por las abundantes lluvias, la elevada humedad ambiental y las temperaturas moderadas registradas en los últimos meses, la enfermedad comenzó a expandirse en distintas regiones productivas y obliga a productores y técnicos a reforzar los monitoreos para evitar pérdidas de rendimiento.

Desde la Red de Manejo de Plagas (REM) de Aapresid advirtieron que las condiciones climáticas generaron un escenario especialmente favorable para el desarrollo de este problema sanitario, particularmente en los maíces tardíos, donde se observan los mayores niveles de incidencia.

La enfermedad presenta un comportamiento complejo. Históricamente fue asociada a determinados hongos, aunque investigaciones más recientes señalan que la bacteria Pantoea ananatis tendría un papel central en el proceso infeccioso, mientras que otros organismos actuarían posteriormente sobre los tejidos dañados.

Los síntomas aparecen inicialmente como pequeñas manchas claras o cloróticas sobre las hojas. Con el avance de la enfermedad, estas lesiones adquieren una tonalidad blanco-grisácea y pueden unirse, formando áreas más extensas de tejido afectado. La consecuencia directa es una reducción de la superficie fotosintética de la planta, lo que limita su capacidad para producir y llenar granos.

Los especialistas explican que el desarrollo de la mancha blanca se ve favorecido por ambientes con humedad relativa superior al 60%, frecuentes precipitaciones, temperaturas de entre 15 y 20 grados y largos períodos de humedad sobre las hojas. Además, los rastrojos y las malezas pueden funcionar como reservorios de inóculo, mientras que la lluvia y el viento contribuyen a dispersar la enfermedad dentro de los lotes.

Una de las mayores preocupaciones es que, en las últimas campañas, la enfermedad comenzó a manifestarse en etapas más tempranas del desarrollo del cultivo. Cuando esto ocurre y las condiciones ambientales siguen siendo favorables, el avance puede ser rápido y generar impactos significativos sobre el rendimiento final.

Ante este panorama, desde Aapresid recomiendan adoptar una estrategia integral de manejo. La elección de híbridos con mejor comportamiento sanitario aparece como una de las herramientas más importantes para reducir riesgos, ya que existen diferencias marcadas en los niveles de susceptibilidad entre materiales comerciales.

A esto se suma la necesidad de realizar monitoreos frecuentes para detectar los primeros síntomas y seguir la evolución de la enfermedad. También se recomienda prestar atención a las fechas de siembra, al manejo de rastrojos y a la nutrición del cultivo, evitando prácticas que puedan favorecer su desarrollo.

Respecto al uso de fungicidas, los técnicos señalan que las aplicaciones deben definirse en función de cada situación particular. La decisión depende del nivel de severidad observado, del potencial de rendimiento del lote y de las condiciones climáticas presentes y previstas. En ese sentido, remarcan que las intervenciones tempranas no siempre resultan efectivas, ya que la enfermedad suele intensificarse en etapas más avanzadas del ciclo.

Con un escenario climático favorable para los patógenos foliares, la mancha blanca volvió a ubicarse entre las principales amenazas para el maíz. Por eso, los especialistas coinciden en que la prevención, el monitoreo y el manejo adecuado serán claves para minimizar daños y preservar el potencial productivo de los cultivos.