Legisladores nacionales del peronismo entrerriano presentaron un proyecto para declarar la emergencia económica y fiscal en la provincia de Entre Ríos, ante el impacto provocado por el fenómeno climático de El Niño. La iniciativa busca dotar al gobierno nacional de herramientas concretas para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico.

Según lo planteado por el legislador Michel, la propuesta establece medidas de asistencia financiera especial, que incluyen aportes y préstamos blandos. Asimismo, contempla planes de pago de impuestos nacionales y beneficios impositivos, tales como la prórroga en el vencimiento de tributos y la suspensión de juicios de ejecución fiscal.

Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del fenómeno climático de El Niño, nos obliga a adelantarnos al problema y brindarle al gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico entrerriano.

El proyecto alcanza a todos los sectores productivos, con especial énfasis en el turismo y el comercio. Además, la normativa contempla la posibilidad de que el gobierno nacional amplíe la zona de emergencia a otras provincias que atraviesen situaciones similares.

En estos días vimos localidades que están siendo muy afectadas por el fenómeno climático. Es urgente contar con medidas de asistencia concretas para los distintos sectores. No hay margen para la inacción ante estas situaciones.

La iniciativa subraya la necesidad de una respuesta inmediata frente a los daños ocasionados por las condiciones climáticas adversas en la región.

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, solicitaron este jueves al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, información actualizada respecto del proceso de apertura del mercado de los Estados Unidos para la exportación de cítricos dulces argentinos, particularmente de la producción entrerriana.

“La apertura de este mercado reviste especial importancia para las economías regionales argentinas y, particularmente, para la Provincia de Entre Ríos y su sector citrícola. Las estimaciones sectoriales indican que las exportaciones argentinas podrían alcanzar aproximadamente 20.000 toneladas anuales por un valor superior a los USD 20 millones anuales”, plantearon el diputado y el senador nacional en la nota presentada.

En ese sentido, remarcaron que “la producción argentina accedería al mercado estadounidense en contraestación, por lo que su ingreso no implicaría una competencia directa con la producción local estadounidense”.

Seguidamente, Michel y Bahl plantearon que “en el marco de la negociación comercial bilateral con Estados Unidos, nuestro país ha avanzado en el cumplimiento de distintos compromisos asumidos”, pero que “el análisis del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos evidencia una marcada asimetría en su nivel de cumplimiento”.

“La República Argentina ha concretado concesiones sustanciales en pos de atender los compromisos allí asumidos: así, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual recientemente la Cámara de Diputados consideró la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Por su parte, en el sector automotriz se adoptó respecto de la homologación de vehículos importados y su ingreso en el mercado argentino las normas de seguridad de los Estados Unidos (Decreto N° 796/2026), admitiéndose la denominada Blue Ribbon Letter; en otro orden, por Decreto N° 483/2026 se simplificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, también en concordancia con los compromisos asumidos por nuestro país. Mientras tanto, tal y como se ha expuesto, se verifica la falta de avances efectivos por parte de los Estados Unidos en aspectos clave, como el acceso real de nuestros cítricos al mercado estadounidense, lo que expone un desequilibrio persistente en la relación”, apuntaron.

Asimismo, los legisladores hicieron referencia a “una disparidad de trato injustificada respecto de otros países de la región que sí han logrado consolidar canales comerciales expeditos para sus economías regionales”.

“Para la Provincia de Entre Ríos, la apertura del mercado estadounidense representa una oportunidad concreta para ampliar mercados, incrementar exportaciones y fortalecer una de sus principales economías regionales”, expresaron.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) destaca la decisión de la Justicia Federal de Entre Ríos de dar curso a una acción de amparo que exige al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad la reactivación urgente de las obras de mantenimiento e infraestructura en la red vial provincial. La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.El amparo, tramitado ante el Juzgado Federal de Victoria a cargo del juez Federico Martín, pone la lupa sobre la administración del Sistema de Infraestructura de Transporte (Sisvial) y del fideicomiso SIT (Decreto 976/01). Ambos mecanismos se nutren del impuesto a los combustibles líquidos con el fin específico de reparar y conservar las carreteras. Sin embargo, dichos recursos venían siendo derivados a instrumentos financieros en lugar de volcarse a calzadas críticas para la conectividad del país.

Esta medida judicial valida las reiteradas advertencias que Fadeeac viene realizando sobre el deterioro crítico de la red vial argentina y la urgencia de que los fondos generados en buena medida por el propio transporte de cargas regresen a las rutas, tal como establece la ley.“La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa”, destacó Cristian Sanz, Presidente de Fadeeac. Asimismo, el dirigente remarcó que la falta de mantenimiento no es una problemática exclusiva de la provincia de Entre Ríos: “El deterioro de las vías de tránsito es un tema alarmante y generalizado que requiere de una acción urgente. Por eso, esperamos que este fallo siente un precedente para que el mismo criterio se haga extensivo al resto de los distritos y corredores del país”.En ese sentido, Sanz hizo hincapié en el impacto directo sobre las personas y la economía: “Garantizar rutas seguras y en buen estado no es un debate de números o cuentas públicas; es un riesgo constante para la vida de todos los que transitamos por los caminos de la Argentina. Las carreteras en mal estado generan siniestros viales, rompen los vehículos y encarecen el flete y la logística. Garantizar condiciones adecuadas es una obligación prioritaria del Estado”.Como prueba del compromiso continuo de la institución con la seguridad vial y la profesionalización del sector, especialistas de Fadeeac y de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) relevaron entre 2021 y 2024 más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. El informe técnico resultante fue entregado oportunamente a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal para colaborar en la toma de decisiones.La red vial es el motor del aparato productivo argentino. Sin un mantenimiento adecuado y sostenido, no solo se pone en riesgo la integridad física de quienes están al volante, sino también la competitividad de las economías regionales que mueven la producción del país.Desde Fadeeac se ratifica la necesidad indispensable de que el Gobierno Nacional priorice la seguridad en las carreteras y destine la totalidad de los fondos viales a su fin original: garantizar rutas seguras, operativas y a la altura de lo que la Argentina necesita para desarrollarse.

La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicita que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.

En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.

“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.

Principales rutas nacionales en Entre Ríos:

·         Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.

·         Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

·         Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.

·         Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.

·         Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).

·         Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.

·         Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo - Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande.

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, visitaron el club Sociedad Sportiva y el frigorífico Soychú en el marco de la agenda productiva y social que llevan adelante en el Congreso Nacional.

Michel y Bahl destacaron el trabajo del presidente de la entidad deportiva, Agustín Herrero, y su equipo, no solo para los niños y jóvenes que forman parte de la institución, sino para toda la comunidad. Participó también la concejala e integrante de la comisión directiva, Micaela Cevasco.

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“Una hora más en el club es una hora menos en la calle. Es fundamental acompañar y apoyar la tarea que realizan”, expresaron.

Por otro lado, los legisladores recorrieron la planta de Soychú y se interiorizaron sobre la situación de la empresa, y las demandas y desafíos que afrontan.

Asimismo, hicieron referencia al trabajo que vienen realizando con las cámaras empresariales del sector a fin de abordar conjuntamente las necesidades y problemáticas de la industria en un contexto complejo para la actividad productiva.

“En nuestra agenda la prioridad es la producción y el trabajo argentino. Es el proyecto de país que defendemos y el único camino posible para el desarrollo”, manifestaron.

La comitiva salió desde Concepción del Uruguay rumbo a Colón a fin de efectuar el reconocimiento judicial que había sido ofrecido como prueba por los demandantes Michel, Marclay y Bahl, junto a su abogado Valodia Nichajew.

El magistrado, la perito bióloga Viviana Cousté y los legisladores se hicieron presentes en la costanera de Colón, frente a donde se ubicaría la planta de combustible sintético de la empresa HIF Global. El juez pudo observar que la misma quedaría prácticamente frente a la toma de agua de la localidad entrerriana, a poco más de 3 kilómetros en línea recta.

El objetivo del reconocimiento fue que el magistrado efectúe el relevamiento de los datos de emplazamiento de la planta y la relación que tendría con Colón, así como la evaluación de otros puntos de conocimiento que le sirvan obtener de primera mano.

El procedimiento se hizo en el marco de la demanda civil por Daño Ambiental Preventivo contra HIF Global y a la República Oriental del Uruguay, que se tramita en los juzgados federales de Concepción del Uruguay.

En diálogo con Cero y Bolazo Stream el senador Nacional por Entre Ríos Adán Bahl se refirió al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tratará el senado el jueves 6 de agosto. 

“Esta Ley se presenta como la inviolabilidad de la propiedad privada , pero dentro de esa ley están todas las trampas, tiene una etiqueta hermosa, pero dentro es un campo minado. Es un gran monstruo que el gobierno, mientras la gente sufre, avanza en el Congreso y está creando para a sacrificar el futuro de la Argentina”, manifestó. 

El legislador entrerriano resaltó que “la tierra productiva, es un recurso no renovable, y por eso los países tienen mucha restricciones en su compra, incluso superiores a la que tenemos acá.  Ellos tienen en claro la importancia de cuidar su recurso natural. Hoy Argentina tiene 14 millones de hectáreas en manos de extranjeros”.

Bahl apuntó que el retraso del tratamiento del proyecto le dio al Gobierno Nacional la oportunidad de “buscar algún tipo de artilugio” para intentar conseguir los votos. 

“Estoy a favor del desarrollo, pero debe ser sustentable. Esta ley es nociva y muy mala para la Argentina. Si lo unimos con las otras leyes que fueron aprobando, es un monstruo que va a dinamitar el futuro de la Argentina”, volvió a remarcar. 

En este sentido, aseguró que “todo el peronismo va a votar en contra. Esta ley tiene muchísimas cosas que están dibujadas bajo este derecho constitucional de la propiedad privada, pero lo que busca son herramientas para favorecer otras cuestiones”.

El senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó este jueves en el Senado de la Nación el “Proyecto de Ley Matías Colaprete: Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la concientización y la respuesta temprana frente a emergencias vinculadas a reacciones alérgicas severas.

La propuesta impulsa la creación del Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia, una política pública nacional basada en protocolos de actuación, herramientas de intervención inmediata, un registro nacional y campañas de capacitación y concientización ante casos de anafilaxia, una condición médica potencialmente mortal que requiere respuestas rápidas y precisas. Toma como base la Ley N° 11.242 de Entre Ríos, donde ya se encuentra vigente. Se trata de la única iniciativa de este tipo en América Latina.

Bahl destacó que el proyecto nace a partir de una tragedia ocurrida en Paraná y remarcó la importancia de que el Estado actúe con previsión y capacitación ante este tipo de emergencias: “Matías era un joven lleno de vida. Lo picó una abeja y nadie supo qué hacer. A los pocos minutos murió. En los casos de anafilaxia, los segundos hacen la diferencia”. Asimos, sostuvo que la iniciativa fue elaborada junto a profesionales de la salud y apuntó a transformar la experiencia desarrollada en Entre Ríos, pionera en contar con la ley, en una política pública nacional.

“No se necesitan grandes recursos, se necesita voluntad política, capacitación y protocolos claros. La adrenalina cuesta muy poco y puede salvar una vida o dar el tiempo necesario para llegar a un hospital”, afirmó.

A través de un exhorto, la justicia federal requirió al presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Luis Montero, que informe en el plazo de 10 días hábiles:

“a) si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de ‘e-Combustibles’ en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas;

b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de ‘e-Combustibles’ en Paysandú, República Oriental del Uruguay”.

También, la justicia ordenó al Canciller Pablo Quirno que vía exhorto judicial, requiera a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

1.      Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.2.      Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.3.      Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.4.      Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.Por último, y mediante la misma vía, se ordenó requerir al Banco Central del Uruguay informes beneficiarios finales, según la Ley 19.484, de HIF Uruguay SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

A este respecto, Michel señaló que “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. La justicia le requirió información de la planta a la Comisión Administradora del Río Uruguay y solicitó a Cancillería que envíe exhortos al Uruguay para pedir detalles de la inversión y del capital accionario de la empresa que llevaría adelante la inversión”.

Finalmente, el diputado nacional expresó: “Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’ y esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Todas estas acciones las debería haber efectuado él en su carácter de gobernador, pero en lugar de trabajar en la provincia, elige sobrevolar los temas con una irresponsabilidad llamativa”.

Los legisladores nacionales y jefes comunales se reunieron con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, y abordaron proyectos de saneamiento y agua potable para las distintas localidades.

Del encuentro participaron el diputado nacional Guillermo Michel, el senador nacional Adán Bahl, y los intendentes Adrián Fuertes de Villaguay, Gustavo Bastián de San José, Damián Arévalo de Feliciano, Mauro Díaz Chaves de Aldea San Antonio, Hernán Niz de Villa Mantero, Juan Amavet de Santa Anita, Laura Rupp de El Pingo; y los presidentes comunales Jaime Vélez de Ingeniero Sajaroff y Juan Guardini de Estación Raíces.

Asinelli explicó los lineamientos de la entidad, la cual pone a disposición sus equipos técnicos para asistir en la presentación de los proyectos ejecutivos a fin de gestionar los fondos correspondientes.

A este respecto, Michel señaló que “esta iniciativa requiere el trabajo conjunto con el gobernador, así que el próximo paso será pedirle una audiencia para que escuche a los intendentes en esta necesidad de gestionar obras”.

La Justicia Federal dictó una nueva resolución el pasado 24 de abril en el marco de la acción preventiva de daños ambientales presentada por los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. El proceso, que busca proteger las costas argentinas ante la posible instalación de una planta de "e-combustibles" en Paysandú, registró avances claves en la etapa probatoria y de notificaciones internacionales.

Tras la resolución judicial, la Defensora Pública Oficial, María José Bonifacino, tomó intervención formal en la causa. Su rol es garantizar el proceso legal ante la urgencia de la prueba, tal como establece el Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, la Defensora solicitó que la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF sean notificadas a través del consulado uruguayo o de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Para evaluar el posible impacto, se designó a la bióloga Viviana Beatriz Cousté como perito técnico. Cousté, quien cuenta con antecedentes en la causa "Río Matanza-Riachuelo", informó al juzgado que realizará tareas de campo in situ. Su labor incluirá relevamientos ambientales y la toma de muestras de agua superficial para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos que determinen la viabilidad del proyecto en relación con el ecosistema del río.

En paralelo, la justicia ya tramita exhortos internacionales y un pedido de informes específico dirigido al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero. El organismo binacional dispone de diez días hábiles para responder si la empresa HIF Uruguay S.A. comunicó formalmente el proyecto y si presentó el debido Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

Al respecto, el diputado nacional Guillermo Michel destacó la importancia de estos avances para la defensa de los recursos naturales de Entre Ríos. "La resolución adoptada por la justicia es fundamental", afirmó, y subrayó que el tema requiere "profesionalismo y constancia de trabajo" para lograr la relocalización de la planta, en respuesta a la preocupación de los vecinos de Colón.

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, solicitaron este jueves una audiencia con carácter prioritario con el canciller Pablo Quirno a fin de abordar la situación del biodiésel argentino y en particular de la provincia, en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el próximo 1 de mayo.

En la nota presentada manifestaron: “Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos. En este sentido, advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea —en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC)— que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado”.

Asimismo, señalaron que “estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina”.

Los legisladores remarcaron que la temática “reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país”.

En una resolución determinante para la causa (3276/2026) la justicia federal resolvió avanzar con la acción preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores del peronismo entrerriano -Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adan Bahl- entendiendo que “la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de “disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general”.

Michel señalo que: “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Rio Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordeno parte de las medidas que solicitamos”.

En esa línea ordenó avanzar con una Pericial Ambiental a cargo de un perito a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.).

También ordeno requerir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF Uruguay y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

Por último, se ordenó requerir vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

·        Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.

·        Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.

·        Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

·        Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

·        Requerir al Banco Central del Uruguay que informes beneficiarios finales, según la ley 19.484, de HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Por último, el diputado nacional señalo que “coincidimos con el Gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna, y el senador Adán Bahl, solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio “a los efectos de evaluar en conjunto el impacto de la situación actual de los recursos provinciales en virtud de la caída de la coparticipación y el estancamiento de la recaudación provincial”.

En la presentación los legisladores manifestaron que, en relación a la caída de recursos coparticipables, “las provincias perdieron -$1,1 billones en el primer trimestre del 2026. Para Entre Ríos, esto significó una pérdida de recursos de $51.225 millones”.

En ese sentido, puntualizaron: “En el primer trimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $50,6 billones. Solo el 32% de ese total fue coparticipado a las provincias, totalizando $16,2 billones”. “Si bien la recaudación tributaria moderó su caída en marzo, con los números cerrados al primer trimestre de 2026 se acumularon ocho (8) meses de caída en términos reales (valores ajustados por inflación) sobre el año anterior”, advirtieron.Y agregaron que “frente a esta caída inédita de los recursos transferidos a las provincias el Gobierno Nacional emitió el Decreto 219, para instrumentar adelantos de coparticipación a las provincias. Entre Ríos ya accedió a estos adelantos a través del Decreto 922/2025”.

Asimismo, los legisladores hicieron referencia al estancamiento de la recaudación de los recursos propios de las provincias: “Respecto a la recaudación del IIB, cuando se analiza la recaudación del 1º Trimestre de 2026 surge un crecimiento en términos nominales del 34% pero, en términos reales -neto de inflación-, la recaudación provincial de dicho gravamen está estancada (solo +1,1% real)”.

Finalmente, expresaron que “considerando el grave impacto que esta situación genera en la estructura financiera de la provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas”.

La iniciativa plantea la “igualdad tributaria para proteínas” estableciendo: “ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al inciso a) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, el siguiente punto: 10. Huevos frescos y ovoproductos, incluidos los productos obtenidos a partir del contenido de los huevos, despojados -o no- de sus cáscaras, cualquiera fuere su forma comercial (huevo líquido, yema o albúmina líquida y sus derivados deshidratados, con presentaciones, en polvo o en escamas, etc.)”.

En los fundamentos del proyecto se explica que “mediante el artículo 96 de la ley 27.430 -Reforma Fiscal del año 2017- se incorporó una modificación al apartado 1º del inciso a) del artículo 28 de la ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en consecuencia, se redujo la alícuota que grava las carnes de pollo, conejos, porcinos, camélidos y caprinos al valor de la alícuota reducida del 10,5% (equivalente al 50% de la alícuota general de 21%). El objetivo de esta reforma fue igualar tributariamente la alícuota de todas las carnes con la carne bovina y, de esta manera, que las principales proteínas queden alcanzadas por la mencionada alícuota reducida. Sin embargo, la reforma olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos a pesar de ser también fuente destacada de proteína animal”.

Asimismo, se apunta que “del ‘Informe Productivo 2025’ elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), surge que el año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. El alza se dió gracias al aumento del 8,68% del parque productivo. Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año”.

Los legisladores manifiestan que se trata de “un alimento muy balanceado y de alta calidad para la dieta de niños, jóvenes y adultos”. En ese sentido, sostienen que “resulta conducente implementar esta equiparación tributaria para competir con igualdad de condiciones impositivas en la canasta de estos productos fundamentales en la dieta de los argentinos”.

En el marco de la acción judicial que impulsan los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, este jueves realizaron una nueva presentación ampliando las medidas probatorias y solicitando la declaración testimonial de los principales responsables de la CARU, Raúl Luis Montero y Francisco Mansanta.

“Entendemos que la salida a este conflicto es la aplicación de la ley y lo que estamos haciendo es lo que debería hacer Frigerio. La justicia terminará haciendo el trabajo que la gestión provincial evita”, manifestó Michel.

Asimismo, señaló: “En esa línea, nosotros seguimos profundizando este camino de actuar preventivamente, solicitar medidas a la justicia, generar pruebas y difundir información, siempre a luz de la normativa vigente dada por el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso ‘Botnia-UPM’”.

Los legisladores del peronismo solicitaron también una batería de medidas:

1) A la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay a los fines de que remita:

a) informe fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

b) copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

c) copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

2) A la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a los fines de que informe:

a) si se ha informado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

3) Al Registro Nacional de Comercio (RNC), el cual depende de la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay a los fines de que informe:

a) Dirección legal de la empresa HIF URUGUAY SA.

b) Dirección legal de la empresa HIF Global LLC.

c)  Envíe copia del legajo societario, composición societaria, y todos los datos concernientes a la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, que obren en su poder.

4) al Banco Central del Uruguay para que informe Beneficiarios Finales, según la Ley 19.484, de HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Además, los legisladores pidieron dos medidas claves: que la justicia designe a un perito biólogo de oficio y se reservaron la facultad de designar un consultor técnico de parte para que lleve a cabo las tareas técnicas periciales. La intención es consensuar el nombre del profesional con los vecinos de Colón.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl iniciaron una demanda ordinaria contra el Estado Uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) entendiendo que “la planta producirá un daño irreparable en el ambiente, lo cual de buena fe los actores intentamos evitar”.

En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud; todo conforme las consideraciones de hecho y derecho, esto es, los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N”.

A este respecto, Michel remarcó la falta de acción del gobierno provincial. “Con la planta de combustibles sintético Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción y falta de gestión decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”. Y aseveró: “Está demandado el Estado uruguayo y la empresa; se van a tener que sentar en la mesa y darles explicaciones a la justicia argentina”.

En la presentación los legisladores señalaron que pese a que el proyecto data en la República vecina desde el año 2017, hasta el momento Uruguay no presentó en la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, tal como se encuentra obligado según el Estatuto del Río Uruguay y lo dispuesto por la Corte Internacional de La Haya en la sentencia: 'CASO DE LAS PLANTAS DE CELULOSA SOBRE EL RÍO URUGUAY (ARGENTINA c. URUGUAY)', de fecha 20/4/2010”.

“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”, manifestaron.

Los legisladores sostienen que “ante este escenario, Argentina -y en especial sus funcionarios- tenemos la carga de actuar en defensa de la legalidad vigente, y del ambiente del río Uruguay”. “Ante el incumplimiento de Uruguay de no presentar la documentación en la CARU, la parte argentina tiene la obligación de: 1) exigir su presentación; 2) exigir el no avance de las obras hasta tanto se presenten y evalúen; 3) Ir a la Corte Internacional de Justicia a denunciar el incumplimiento”, indicaron.

“La República Oriental del Uruguay no presentó los estudios de impacto ambiental por lo que los argentinos desconocemos el grado de contaminación que traerá aparejada la planta. La comunidad de Colón y las ciudades entrerrianas ribereñas que podrían ser afectadas, vienen manifestando su temor ante el avance de la mega obra”, expresaron.

Asimismo, Michel, Bahl y Marclay solicitaron información sobre la empresa HIF Uruguay SA y la realización de una pericia ambiental para la cual pidieron se designe a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y/o a un perito biólogo de oficio.

Dirigentes justicialistas criticaron el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la Asamblea Legislativa de este miércoles. Luego de la Apertura de Sesiones de la Legislatura, en el Centro Provincial de Convenciones, dialogaron con la prensa y apuntaron a lo vertido por el mandatario.

 Adán Bahl (Senador Nacional)“Nos vamos mucho más preocupados de lo que estábamos. Vemos un gobernador que intenta dar un relato al parecido al de hace un año, falaz e inconsistente. Cuando asumió no había una sola obra paralizada, se pararon todas después. Habla de supuestas deudas que eran dos meses normales de certificación. Hay que dejarse ayuda, ser responsable y no amplificar un relato que está plagado de situaciones que no se verifican en la realidad”.

Lorena Arrozogaray (Diputada Provincial)“No se puede gobernar con anuncios repetidos mientras la realidad de los entrerrianos empeora. Escuchamos una extensa enumeración de acciones que en muchos casos ya fueron anunciadas en aperturas anteriores y que otra vez se presentan con tono fundacional. Pero no hay nada realmente nuevo que mostrar. Y cuando uno recorre la provincia encuentra otra cosa como por ejemplo caída del poder adquisitivo, dificultades en pymes, cierre de comercios, freno de la producción y servicios públicos que no mejoran en la proporción que se anuncia”.Gustavo Bordet (Diputado Nacional y ex Gobernador)“Me voy decepcionado, se apela al mismo discurso que se sostuvo las dos oportunidades pasadas. Pretextos, excusas y pocas definiciones concretas de lo poco que se ha hecho. Cuando dejamos la provincia había cuentas ordenadas, no había obra pública paralizada, los salarios le ganaban a la inflación y había paz social Hoy todos los indicadores son negativos, está cayendo el empleo, cierran pymes, se pierden derechos. El discurso de hoy fue una ficción”.

Víctor Sanzberro (Senador Provincial) “La realidad es difícil, compleja. Hay ajuste y recesión y así vive la provincia. La Reforma Previsional no es un tema que no deba debatirse, vamos a participar y acompañar una reforma equitativa, gradual y exigiendo las compensaciones a Nación que nos corresponden”.

Juan José Bahillo (Diputado Provincial) “Está mirando una provincia que no tiene nada que ver con la agenda de los entrerrianos. No hay ningún índice que mejore, el empleo privado cayó, al igual que los niveles de actividad de las economías regionales. Nada en la economía de los hogares está mejor, pero el gobernador describió otra provincia”

 Guillermo Michel (Diputado Nacional)“El discurso es un relato de ficción para tapar el déficit de gestión en materia vial, de obra pública y educación. Más allá de lo que diga el Gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”.

A través de una publicación en redes, el diputado nacional por el peronismo Guillermo Michel pidió que “la ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”.

En el mismo sentido, el senador Bahl resaltó que “la industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE, definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental, funciona como una barrera para-arancelaria y una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”.

También agregaron que “Hoy la UE es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel de nuestro país, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros mercados internacionales. La agroindustria argentina no puede perder ese mercado que llevaría al cierre de plantas industriales y pérdida de puestos de trabajo”.

Además, señalaron que “En Entre Ríos el golpe afectaría de manera directa a las plantas instaladas en el centro de la provincia, fundamentalmente en Nogoyá”.

Por último destacaron que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.

El senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet, realizaron este lunes un pedido formal de audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio con el fin de abordar el “grave impacto que esta reforma generaría”. “La provincia y los municipios recibirían durante este año $81.265 millones menos”, aseguraron.

El pedido de los legisladores se funda en la necesidad de analizar el impacto del proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el gobierno nacional “que introduce un artículo, el 191, que reduce las alícuotas del impuesto a las ganancias generando una menor recaudación y, por ende, una reducción de la coparticipación para las provincias y para los municipios”.

“En el presupuesto 2026 el gobierno proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI. De ese total de $48 billones un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportarán al total del impuesto a las ganancias”, señalaron.

Seguidamente, apuntaron: “La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI”.

“La caída de la recaudación impactaría en el tesoro nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal”, indicaron.

En esa línea, los legisladores peronistas sostuvieron que “en función a estas proyecciones (según cuadro adjunto), la provincia de Entre Ríos y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos. En un promedio simple mensual, $6.772 millones por mes”.

En la presentación realizada este lunes, expresaron: “Entendiendo el grave impacto que esta reforma generaría en los recursos de nuestra provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos”.