La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, logró en las últimas horas la detención de un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones de las calles Moreno y Gervasio Méndez, y fue el cierre de un operativo que incluyó investigaciones, tareas de vigilancia encubierta y el análisis de información proveniente del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP)

Gracias a estos recursos, la Policía Federal pudo establecer el paradero del prófugo, concretar su detención y de esta forma darle un cierre a la orden de captura que había sido emanada desde el Juzgado de Garantía N°3 de Moreno.

El detenido fue inmediatamente trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición para un futuro traslado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente al partido de General Rodríguez, de donde se solicitó su captura.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hizo lugar, de manera parcial, a un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y anuló el rechazo a la reparación integral a una víctima de abuso sexual cometido en una dependencia del Ejército Argentino en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Por unanimidad, los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar y la jueza Ángela Ledesma dejaron sin efecto la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay que había desestimado el pedido de reparación del daño causado a la víctima en la sentencia que condenó al autor de los abusos.

En el caso intervinieron la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, cuyo responsable es el fiscal Pedro Rebollo; la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal general María Josefina Minatta; la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), cuya titular es María Fernanda Bergalli; y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena. En la instancia de casación, intervino el titular de la Fiscalía General N°2 ante la CFCP, el fiscal general Raúl Pleé.

El pedido de reparación había sido calculado por la SIFRAI y la DGRADB a solicitud de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. En febrero de 2024, las dependencias especializadas estimaron el monto en $29.228.298, al proponer que la suma sea equivalente al salario percibido durante los cinco años en los que la víctima sufrió los hechos investigados en la causa.

En el mismo fallo —aunque con la mayoría de Yacobucci y Ledesma y la disidencia de Slokar—, la Cámara hizo lugar al agravio de la defensa y recalificó el hecho de abuso sexual consumado a tentado, tal como incluso había calificado el hecho la fiscalía en su alegato en el juicio oral.

La Cámara aclaró que esta recalificación no altera la escala penal aplicable ni implica desconocer la materialidad del hecho ni la responsabilidad del condenado sargento Víctor Hugo Mercado, que fue confirmada por unanimidad tras un extenso análisis de la prueba testimonial y documental producida en el debate.

“Remitir a la víctima a la vía civil luego de un proceso penal que acreditó el daño, su entidad y su vinculación causal con la conducta del condenado, no solo resulta contrario a la finalidad de la norma, sino que importa, en los hechos, una carga adicional e injustificada sobre quien ya ha transitado un proceso de esta naturaleza”, señala el fallo.

Como consecuencia de la recalificación, los jueces ordenaron remitir la causa al tribunal de origen para que, con una nueva integración, fije la pena correspondiente al delito tentado, previa audiencia y con intervención de las partes.

La decisión del tribunal oral y el recurso del MPF

El 8 de septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay condenó al sargento Mercado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como autor del delito de abuso sexual simple, en concurso real con lesiones psicológicas graves mediando violencia de género. A la vez, descartó que el hecho estuviera agravado por la pertenencia del acusado a las fuerzas de seguridad —concluyó que el Ejército Argentino no integra esa categoría— y rechazó el pedido de reparación integral formulado por la fiscalía, al considerar que el planteo había sido sorpresivo, que la víctima no había tenido intervención y que disponerla en el proceso penal le impediría ejercer una acción civil autónoma.

Contra esa decisión, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa de Mercado interpusieron sendos recursos de casación.

Los fundamentos de Casación sobre la reparación integral

Al resolver, la Sala II consideró, en primer lugar, que el pedido de reparación no había sido sorpresivo. Señaló que tanto la fiscalía de instrucción como la querella lo habían planteado en los respectivos requerimientos de elevación a juicio y que el cálculo elaborado en febrero de 2024 por la SIFRAI-DGRADB en un dictamen y a pedido de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, había sido puesto en conocimiento de la defensa, que no había formulado objeciones.

En ese sentido, los jueces destacaron que, antes del debate y en su carácter de querellante, la víctima “adhirió a las pautas delineadas por el acusador para el cálculo de la reparación, las cuales fueron ratificadas en su alegato, sin que la defensa hubiese efectuado consideración alguna”.

La Cámara también descartó que la procedencia de la reparación dependiera de que la víctima se constituyera en actora civil o mantuviera su participación como querellante hasta el debate. Al respecto, señaló que el artículo 29 del Código Penal (por el cual se solicitó la reparación integral) no exige esos requisitos y que el Ministerio Público Fiscal puede solicitar el resarcimiento del daño en su carácter de representante del interés general y, en particular, de los derechos de las víctimas, conforme las facultades previstas en el artículo 120 de la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del MPF (N°27.148).

A su vez, la Sala II rechazó el argumento según el cual la víctima debía recurrir necesariamente a una acción civil para requerir la reparación. Explicó que la finalidad del artículo 29 del Código Penal es permitir que la reparación del daño pueda ser dispuesta en la propia sentencia penal, evitando que quien ya atravesó un proceso de esa naturaleza deba iniciar un nuevo juicio para obtener una respuesta reparatoria respecto de un daño que quedó acreditado.

El pedido de reparación había sido calculado por la SIFRAI y la DGRADB a solicitud de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. En febrero de 2024, las dependencias especializadas estimaron el monto en $29.228.298, al proponer que la suma sea equivalente al salario percibido durante los cinco años en los que la víctima sufrió los hechos investigados en la causa.

“Remitir a la víctima a la vía civil luego de un proceso penal que acreditó el daño, su entidad y su vinculación causal con la conducta del condenado, no solo resulta contrario a la finalidad de la norma, sino que importa, en los hechos, una carga adicional e injustificada sobre quien ya ha transitado un proceso de esta naturaleza”, señala el fallo.

Finalmente, la Cámara destacó la importancia de garantizar a la víctima un acceso efectivo a la reparación del daño, ya que no solo es una exigencia del derecho interno, sino también una obligación internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos. En particular, recordó los compromisos asumidos mediante la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que exige adoptar mecanismos para asegurar la reparación integral de la víctima, siendo este un derecho constitucional reconocido.

El caso

La víctima se desempeñaba en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú del Ejército Argentino, donde Mercado era suboficial y su superior jerárquico.

En julio de 2016, el condenado la obligó a realizar una tarea fuera de su horario laboral y, aprovechándose de esa situación, intentó forzarla a mantener relaciones sexuales y realizó distintos tocamientos sin su consentimiento.

Tras la negativa de la víctima, Mercado comenzó a hostigarla y acosarla laboralmente mediante burlas y expresiones denigrantes frente a sus compañeros, ante quienes se refería a ella como “loca”, “la soldado 22” o “la crazy” en las formaciones. También utilizó su asimetría de poder y su posición jerárquica para trasladarla reiteradamente a otras oficinas y someterla.

Aun con denuncias en su contra y una orden de alejamiento, Mercado continuó hostigándola, lo que provocó en la víctima un deterioro psicológico que la llevó, en septiembre de 2021, a cometer un intento de suicidio y a la posterior solicitud de baja del servicio militar. En el juicio, se acreditó que estos hechos causaron un grave deterioro en la vida y en la psiquis de la víctima.

Una mujer que permanecía prófuga desde 2016 fue localizada y detenida durante la madrugada de este miércoles en un camping situado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 136, en Villa Paranacito. Se trata de “Amparito” Rodríguez, quien había sido condenada a 20 años de prisión por su participación en una serie de abusos sexuales cometidos contra sus dos hijas, cuando ambas eran menores de edad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 4, luego de una investigación que permitió establecer que la mujer se encontraba nuevamente en la zona. Rodríguez había sido condenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y la sentencia quedó firme en noviembre de 2016. Desde entonces permanecía fuera del alcance de la Justicia.

Según se desprende de la causa, los abusos tuvieron como víctimas a dos hermanas y ocurrieron principalmente en distintos domicilios de la zona de Puente Paranacito. La investigación estableció que Rodríguez tuvo una intervención activa en los hechos cometidos por Juan Carlos Flores, quien fue condenado a 19 años de prisión y actualmente cumple su pena.

La sentencia consideró que la mujer trasladaba a las niñas hasta los lugares donde se producían los abusos y que, además, ejercía sobre ellas diferentes formas de presión y violencia. Por su intervención, fue considerada partícipe primaria de los delitos.

Durante los años en que permaneció prófuga, los investigadores manejaron distintas pistas sobre su posible paradero. De acuerdo con la información reunida en la causa, Rodríguez habría permanecido durante un período en Paraguay y posteriormente regresado a Villa Paranacito.

Una de las claves para retomar su búsqueda surgió el 1 de mayo de este año. Ese día, sus dos hijas, ya mayores de edad, se presentaron en la Comisaría de Ceibas y aportaron información que indicaba que su madre había regresado a la localidad.

Con esos datos comenzó una nueva etapa de la investigación, que quedó a cargo de la División Investigaciones de Gualeguaychú, bajo la conducción del comisario Jorge Ruiz Moreno. Los efectivos realizaron tareas de seguimiento y recopilación de información, con intervención de la Justicia, hasta determinar posibles lugares donde podía encontrarse la mujer.

El operativo final se desarrolló durante la noche del martes, cuando se llevaron adelante dos allanamientos. Uno de ellos tuvo lugar en un camping perteneciente a la familia Rodríguez, mientras que el segundo se realizó en la vivienda de un hombre señalado como allegado a la prófuga y que, según la investigación, podría haber colaborado para que permaneciera oculta.

La búsqueda terminó en el primero de esos domicilios. Allí los investigadores encontraron a Rodríguez y procedieron a detenerla.

Luego de permanecer bajo custodia durante las horas posteriores al procedimiento, la mujer fue trasladada durante las primeras horas de este jueves a la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú. Allí quedó a disposición de la Justicia y deberá comenzar a cumplir la pena de 20 años de prisión que permanecía pendiente de ejecución.

Con su detención, concluyó una búsqueda que se había extendido durante casi una década, desde que la condena por los abusos cometidos contra sus hijas quedó firme en 2016.

La Policía Federal arrestó en las últimas horas a 15 penitenciarios acusados de las brutales torturas y abusos sexuales a cuatro presas en el penal de Magdalena, confirmaron tres altas fuentes del caso a Infobae.

El hecho, denunciado a comienzos de junio último por la Comisión Provincial de la Memoria, fue investigado por el fiscal Álvaro Garganta, con la colaboración del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia bonaerense mismos. La prueba clave fueron las declaraciones de las detenidas mismas, coincidentes entre sí, una escena de tormentos y vejaciones propia de un centro clandestino de la última dictadura militar. Tras el hecho, dos días después, una de las detenidas intentó quitarse la vida.

Así, Garganta requirió el arresto de los 15 sospechosos y una redada en el penal, la Unidad N°51 del SPB, con un documento de 146 págionas. Entre los detenidos se encuentra la jefa de vigilancia y tratamiento del penal, la penitenciaria Daiana Belén Balmaceda, con el rango de alcaide mayor, a cargo del operativo de represión que terminó en las supuestas torturas y abusos.

En medio de los tormentos, la penitenciaria le habría ordenado a una de sus víctimas: “Besame las botas”, según reveló Infobae semanas atrás. El fiscal ordenó allanar las casas de los acusados. La casa de Balmaceda es la tercera en la lista. Los delitos en la calificación, precisamente, son: tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por el rol de funcionario de una fuerza de seguridad.

Balmaceda misma fue acusada por Garganta de ser coautora de la violación de una detenida y partícipe necesario del abuso de otra, según la imputación del caso.

Otras siete penitenciarias mujeres están involucradas en la denuncia presentada por la CPM, entre ellas la subjefa de la cárcel, la encargada de requisa, personal de Sanidad. Una enfermera fue acusada de falsear un acta para ocultar las lesiones de la víctima a la cual Balmaceda -platense, de 31 años- habría obligado a besar sus botas. Varios penitenciarios varones que participaron de las torturas habrían participado a cara tapada.

El rol de mando de Balmaceda es claro en los testimonios de las detenidas, que el fiscal Garganta consideró creíbles. “Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras”, se la oyó gritar. “Las quiero a todas ataditas”, la oyó decir otra detenida.

Entre las pruebas del caso, se encuentran los análisis de la Asesoría Pericial a las víctimas, que revelaron diversas lesiones compatibles con la golpiza.

La represión estalló por una pelea en una celda, la número 3 de la prisión, el miércoles 3 de junio por la noche. Los penitenciarios irrumpieron para lanzarle gas lacrimógeno en la cara a las víctimas, y llevarlas arrastradas. El texto completo de la denuncia presentada por la CPM es escalofriante. Un tramo revela el punto límite de las vejaciones:

“Con la escopeta, uno de los masculinos la golpeaba en la cabeza, la espalda y se la apoyó sobre los glúteos al mismo tiempo que se reían entre todos y le decían “Qué lindo culo que tenés” (sic). Estando arrodillada, Balmaceda seguía diciéndole que le lama las botas y como la víctima continuaba negándose le rompieron la ropa interior. Allí comenzaron a meterle la mano en su vagina“.

El Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del Ministerio de Justicia provincial a cargo de Juan Martín Mena, tomó cartas en el asunto. El ministro -que consideró verosímiles y veraces los relatos, sumamente detallados en su discurso- decidió firmar la disponibilidad preventiva de los penitenciarios involucrados.

También, removió a la cúpula de la Unidad N°51, para garantizar el trabajo del fiscal, con un sumario propio del área de Asuntos Internos. Dos meses después, llegó la redada de la Federal.

El pasado lunes, en la Sala Penal de Concepción del Uruguay, se llevó a cabo un juicio abreviado en el que un hombre fue condenado a la pena de 18 años de prisión por varios hechos de abuso sexual a menores de edad.

Se trata de Claudio Martín Barrios, quien fue declarado autor materialmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de múltiples jóvenes, y en algunos casos la pena se vio agravada por la condición de conviviente.

Según informó El Entre Ríos, el procedimiento se concretó a partir de un acuerdo entre la Fiscalía de Colón representada por Juan Sebastián Blanc, el imputado y su defensor público Sebastián Arrechea; con la conformidad de las víctimas y/o sus representantes legales y la abogada de Niños y Adolescentes Abril Otegui del Ministerio Pupilar. La audiencia estuvo encabezada por el juez de la Sala Penal de Concepción del Uruguay Rubén Chaia.

El condenado continuará alojado en la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay.

Fuente: AHORA

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y juez técnico, Dardo Tórtul, condenó este jueves a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo a César Cepeda, quien había sido declarado culpable por un jurado popular por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de sus dos sobrinas menores en la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá.

Además, el magistrado dispuso la prórroga de la prisión preventiva que el condenado cumple en la Unidad Penal Nº 5 “Gobernador Ramón Febre”, de Victoria, hasta que la sentencia se torne ejecutoria.

El hombre fue encontrado culpable por un jurado popular del delito menor incluido de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda.

El caso de abuso sexual fue denunciado en 2020 en Lucas González, departameno Nogoyá. Los papás de dos niñas acusaron al tío de graves cargos de agresión a la integridad sexual de las menores. Cuando todo empezó las niñas tenían 3 y 6 años, respectivamente; hoy, 9 y 11 años.

El debate del juicio se desarrolló entre el 24 de junio y el 1 de julio pasados, en las instalaciones del Juzgado de Garantías de Nogoyá. Fue a puertas cerradas, conforme lo establece la normativa para los procesos por delitos contra la integridad sexual.

Después del veredicto del jurado, y mientras esperaba la sentencia contra su ex pariente político, Alejandro, papá de las víctimas, habló con Canal 9 Litoral, se mostró satisfecho con el proceso judicial y se refirió a la vida de sus hijas después de haber vivido aquellos hechos traumáticos.

“Es durísimo, recién estamos volviendo a la normalidad. Los años que le den (de prisión) no van a reparar lo que hizo, pero ojalá se cumpla con el pedido de la Fiscalía”, indicó Alejandro.

Y agregó sobre sus pequeñas: “Ellas ya están bien, bajo un tratamiento desde un primer momento. Las semanas del juicio tuvieron que revivir todo, pero dentro de todo están en condiciones”.

El juicio por jurados, si bien concluyó con éxito, tuvo algunos percances en su desarrollo, porque integrantes del jurado acusaron haber recibido acercamientos del entorno del acusado.

Una denuncia por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad generó profunda conmoción en la localidad de Nogoyá. La presentación judicial fue radicada el sábado antes del mediodía por la víctima, una joven de 19 años, quien acusó a tres personas: dos jóvenes de 25 y 26 años, y un adolescente, de 17.

Según supo AHORA, el gravísimo episodio comenzó a gestarse durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, luego de que la víctima y los agresores salieran de un boliche bailable de la ciudad. Posteriormente, se dirigieron hacia la vivienda de uno de los acusados, lugar donde se habría cometido la violación y la retención contra su voluntad.

Tras recibirse la denuncia en el área de Minoridad, la fiscal a cargo de la causa, Sofía Pittaluga, activó de inmediato el protocolo sanitario y judicial previsto para estos casos, ordenando que la médica forense realizara la correspondiente toma de muestras y pruebas científicas.

Durante la tarde del mismo sábado, personal de las divisiones de Investigaciones, Minoridad y la Comisaría Villa Tres de Febrero ejecutó tres allanamientos simultáneos en la ciudad, logrando la captura de los sospechosos.

En los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron elementos clave para el avance de la causa, incluyendo prendas de vestir de los involucrados, ropa íntima, los teléfonos celulares de los imputados, sábanas y otros elementos.

La Justicia dispuso severas medidas de restricción de la libertad para los tres imputados mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. Por un lado, los dos jóvenes mayores, de 25 y 26 años, fueron trasladados este martes para cumplir prisión preventiva por un plazo de 60 días.

Uno de ellos quedó alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, mientras que el otro fue derivado a la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. Ambos permanecerán tras las rejas, en principio, hasta el próximo 28 de agosto.

Por otra parte, el adolescente involucrado en el caso fue trasladado el domingo a la ciudad de Paraná. El adolescente quedó a disposición del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y cumplirá un plazo de 45 días de alojamiento.

Actualmente, las autoridades judiciales y policiales continúan recabando elementos probatorios para la causa y se encuentran en la búsqueda activa de testigos que puedan aportar datos sobre los movimientos de los involucrados durante la madrugada del hecho.

Concejales del bloque Más para Entre Ríos presentaron este martes una nota dirigida a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú, Julieta Carraza, para solicitar definiciones institucionales ante la denuncia presentada contra el edil Marcelo Rodríguez, integrante del bloque La Libertad Avanza.

Según expresaron en el escrito, tomaron conocimiento a través de distintos medios de comunicación de que el Ministerio Público Fiscal habría remitido a la Presidencia del cuerpo una copia de la denuncia formulada por una empleada municipal contra el concejal.

En ese contexto, los integrantes del bloque opositor pidieron que se informe qué medidas institucionales prevé adoptar el Concejo frente a la situación planteada.

En la nota sostienen que, independientemente del ámbito judicial donde se tramite la denuncia, los hechos denunciados “interpelan institucionalmente” al cuerpo legislativo local y remarcan que el Concejo tiene la responsabilidad de garantizar un ámbito laboral “respetuoso, libre de violencias y comprometido con la defensa de los derechos de todas las personas”.

Además, solicitaron que se contemplen las disposiciones de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y reclamaron que se adopten medidas para preservar y proteger a la posible víctima, evitando situaciones de revictimización.

Entre los planteos incluidos en el documento, también pidieron conocer cuál será la postura institucional de la Presidencia del Concejo y qué acciones se impulsarán tanto para resguardar a quienes trabajan dentro del organismo como para sostener la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, los concejales aclararon que el pedido “no implica adelantar juicio alguno” sobre la responsabilidad del edil denunciado, una cuestión que señalaron corresponde resolver a la Justicia, sino reclamar una respuesta institucional acorde a la gravedad de la situación.

El arco político de Gualeguaychú fue sacudido en la mañana de este lunes cuando, a través de Ahora ElDía, se conoció la denuncia realizada por la secretaria del bloque de La Libertad Avanza contra el concejal Marcelo Rodríguez.

Según el relato, el ataque que sufrió la mujer sucedió en la oficina dentro del Palacio Municipal y desde tiempo padece el acoso sexual por parte del legislador, pero hace dos semanas atrás fuer manoseada en sus partes íntimas y cansada de todo decidió hacer la denuncia.   

“Estoy sorprendido y me estoy enterando por los medios de esta situación. Yo no he sido notificado de nada”, fue lo primero que aclaró Rodríguez en su primera declaración a Ahora ElDía y señaló: “Estoy tranquilo porque es todo mentira, si tiene que intervenir la Justicia que lo haga con celeridad”.

Por último, comentó: “La gente que me conoce sabe cómo actuó en mi vida. Lo que si, cuando la Justicia resuelva, actuaré en consecuencia sobre esta situación, porque detrás está mi familia, mi honor y mi espacio político, y mucha gente que me quiere está sufriendo por esta situación”.

Una mujer de 44 años, que trabaja como secretaria de una integrante del cuerpo legislativo de Gualeguaychú, radicó una denuncia el viernes por la tarde en la Comisaría Primera, contra el concejal Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza por acoso sexual y abuso sexual simple.

La víctima relató que viene soportando el hostigamiento de Rodríguez desde hace tiempo en forma verbal, con ofrecimientos del concejal para tener una relación, pero hace dos semanas esas insinuaciones pasaron a otro plano. 

La denunciante contó que Rodríguez ingresó a la oficina donde ella se encontraba con la excusa de que buscaba a la concejal Mirta Sulzyk, también integrante de La Libertad Avanza, cerró la puerta y las persianas, se acercó a donde ella estaba dentro de la habitación y comenzó a manosearla en sus partes íntimas.

La mujer comenzó a gritar, se defendió como pudo y salió de la oficina, mientras el concejal le decía: “Dale que estoy caliente”. Los acosos fueron continuos, pero se intensificaron en las últimas semanas, donde el hombre le tocaba el pelo, el hombro y otras partes de su cuerpo.

Según consta en su denuncia, la mujer siempre se defendió y en todo momento le hizo saber su negativa a esas insinuaciones sexuales que Rodríguez le proponía. Incluso, desde hace unas semanas, le ponía traba a la puerta de su oficina para no ser sorprendida por el ahora denunciado.

El hecho ya está en órbita de la Justicia de Gualeguaychú. Desde la Fiscalía, trabajan en la investigación y en otorgar las medidas restrictivas que ha solicitado la mujer para impedir el acercamiento del concejal.

A lo largo de toda la semana se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú un nuevo juicio por jurado por un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, contra un hombre que durante más de una década violó a una joven que hoy ya tiene 20 años y se animó a contar lo que padeció.

Se trata de una persona que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la víctima.

Este hombre de 65 años habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

El pasado lunes comenzó a tratarse el caso en los Tribunales. Ese primer día estuvo dedicado a la selección de las doce personas que integraron el jurado y el martes se realizaron los alegatos de apertura y la recepción de la prueba, entre los profesionales que atendieron a la joven en la Casa de la Mujer y en el Centro de Salud de su barrio. El martes y miércoles siguieron con las declaraciones de la madre, familiares, amigos, que tomaron conocimiento de los hechos y peritos del Poder Judicial. El jueves fue el turno de la defensa y sus testigos, y este viernes se realizaron los alegatos de clausura e instrucciones finales al jurado ante de la deliberación y veredicto.

El jurado lo encontró culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de conviviente y por ser la víctima menor de 18 años, y la audiencia de cesura se realizará el próximo miércoles, donde la fiscal Cedrés podría requerir hasta el máximo de lo que establece el Código, con una pena de hasta 20 años de prisión.

Un hombre de 38 años fue detenido este martes de noche en Santa Ana, departamento Federación, en el norte de Entre Ríos, en el marco de un procedimiento interprovincial por una causa de abuso sexual iniciada años atrás en Santa Fe.

Según supo AHORA por fuentes del Ministerio de Seguridad santafesino, la medida fue dispuesta por la jueza de Rosario Marisol Usandizaga, quien ordenó la aprehensión del sospechoso y su posterior traslado a la provincia vecina.

El hombre residía y trabajaba en la localidad entrerriana y es oriundo de Santa Fe, provincia desde la cual se libró la orden de detención inmediata.

Para concretar el procedimiento, un grupo especial de la Policía de Santa Fe arribó a Santa Ana con un exhorto judicial interprovincial, mediante el cual se solicitaba la captura de la persona domiciliada en esa localidad.

La detención se realizó con colaboración de personal de la Policía de Entre Ríos y tuvo resultado positivo.

Luego de ser examinado por el médico policial e identificado en la Comisaría número 1 de Chajarí, el detenido fue trasladado en patrulleros santafesinos hacia esa provincia.

El operativo se concretó por directivas del fiscal de Villa Constitución, Ramiro Fernández.

Rocío Igarzábal eligió el 3 de junio, en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, para romper un silencio que cargó durante décadas. La actriz y cantante, conocida por su paso por Casi Ángeles, reveló en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual cuando tenía cinco años, a manos de una persona de su entorno en quien su familia confiaba. Lo hizo con fotos de su infancia, palabras propias y sin rodeos.

La publicación, que se volvió viral en cuestión de horas, llegó en uno de los momentos de mayor tensión social en torno a la violencia de género en Argentina: días después del brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo caso movilizó marchas en todo el país y devolvió urgencia al reclamo que cada 3 de junio vuelve a las calles desde 2015.

La primera imagen que Igarzábal subió a su cuenta de Instagram mostraba una foto de ella de pequeña, con el pelo rubio y una sonrisa amplia. El texto que la acompañaba no dejaba lugar a interpretaciones: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”.

La segunda publicación sumó otra imagen de su niñez, esta vez con alas de hada rosadas, y el relato avanzó hacia las consecuencias. Igarzábal describió el peso que esa experiencia tuvo sobre su vida durante años: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”. Pocas líneas, pero con la densidad de quien tardó mucho tiempo en encontrar las palabras.

El tercer posteo cerró el relato con una foto de ella de niña y un texto que amplió el testimonio personal hacia un reclamo colectivo. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, escribió. Y agregó: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.

El cierre del posteo fue el que más circuló en redes: “Y hoy somos su Voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”. Al pie, Igarzábal agregó: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos”.

La Justicia de Feliciano investiga un gravísimo caso ocurrido la noche del domingo, cuando una joven habría sido víctima de un ataque sexual, en el que habría varias personas involucradas. Según pudo confirmar AHORA, hay cuatro detenidos en el marco de la investigación pero aún no hay imputación formal.

Por tratarse de un caso de índole privada, los datos se manejan con reserva y precaución a los fines de no revictimizar a la persona denunciante.

La investigación está en manos de la fiscal María Soledad Bordoy, quien ordenó una serie de procedimientos que se llevaron a cabo entre lunes y martes. Efectivos de la Policía Departamental de Feliciano dieron cumplimiento a los requerimientos y hubo resultados positivos. Además, el caso también llegó a jurisdicción de La Paz.

De acuerdo a la información obtenida por AHORA, en La Paz se incautó una camioneta Toyota Hilux, de color blanco, que estaba siendo buscada por la Fiscalía. Además, los efectivos secuestraron prendas de vestir y una escopeta calibre 12, marca “Dos Leones”, con 3 cartuchos; y una escopeta calibre 12, marca Rémington.

La Justicia mantiene absoluta reserva sobre el caso hasta tanto pueda tener novedades certeras que permitan solicitar la audiencia para avanzar en posibles imputaciones. La denuncia de la víctima se recibió en sede judicial y de inmediato se ordenaron las solicitudes de allanamientos a la Policía.

​”Todo el esfuerzo humano y técnico está volcado a cooperar con los tiempos de la investigacion penal preparatoria, en estas horas tempranas, que son determinantes para la recolección de evidencia”, indicaron a AHORA fuentes de la investigación.

La Justicia federal investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra el jefe de Seguridad de River Plate a partir de una presentación realizada por una empleada del club, según consta en registros judiciales.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue registrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con último movimiento el 8 de abril de 2026.

En paralelo, representantes de socios del club elevaron el 13 de abril una nota al presidente Stefano Di Carlo para solicitar, con carácter urgente, precisiones sobre si la dirigencia tomó conocimiento del hecho denunciado y si involucra a personal de la institución.

En el escrito también requirieron saber si se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un funcionario de alto rango y si existieron notificaciones formales sobre actuaciones judiciales.

La denuncia por Abuso Sexual de una empleada de River (con iniciales N.Q) dentro del club contra un integrante de la Gerencia de Seguridad de River, es un escándalo y preocupa al Presidente Di Carlo junto a toda su dirigencia, en especial a Ramiro Alvarez (Responsable del área de… pic.twitter.com/dcgLGc4JVB

El tema tomó estado público tras publicaciones en la red X del periodista Pablo Calvari, quien calificó como “complicadísima” la situación del jefe de Seguridad y reclamó un pronunciamiento institucional, además de cuestionar el silencio de áreas internas.

En el club dejaron trascender que la denunciante había sido previamente cuestionada por reclamos de socios y que fue citada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria.

De acuerdo con esa versión y supo la Agencia Noticias Argentinas, el contacto físico señalado en la denuncia se habría limitado a un gesto al finalizar el encuentro y ahora la Justicia está investigando los hechos.

Fuente: NA

En los Tribunales de Gualeguaychú se realizó la audiencia de prórroga de prisión preventiva y prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un caso de abuso sexual agravado por el vínculo que tiene como imputado a un funcionario policial que se encuentra detenido en la UP9 desde el año pasado.

A principios de año, el juez de Garantías Ignacio Telenta había decidido extender la medida por 90 días y al cumplirse la misma, en la mañana del viernes, se volvió a prorrogar por 45 días para que el fiscal Gutiérrez cierre su investigación sin que el sospechoso pueda interceder o persuadir a la familia víctima.

El imputado es un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la UP9 para continuar en ese lugar su detención hasta la realización del juicio. Por el momento no hay fecha de ello, ya que antes se deberá realizar la audiencia de elevación, que tendría lugar a fines de abril.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso.

La mujer, que tiene otros dos hijos en común con este hombre, no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado. Como primera medida, se le secuestró su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.

La causa, que se había elevado a juicio el año pasado, generó la discusión en torno a la cual se trataba de establecer si los hechos denunciados -ocurridos hace casi 30 años- estaban prescriptos o no. El juez Arturo Dumón así lo había resuelto y el acusado fue sobreseído. Sin embargo, el fiscal Jorge Gutiérrez acudió a Casación y la Cámara entendió que estaban mal contabilizado los tiempos, con lo cual la acción penal seguía vigente.La víctima relató en su denuncia que su padre abusó de ella cuando tenía 13 y 14 años, mientras cursaba el 2º año de la escuela secundaria, con manoseos, tocamientos y sexo oral. El fiscal Gutiérrez investigó esa denuncia, obtuvo pruebas incriminatorias y requirió la elevación del Legajo a juicio.

En la audiencia realizada ante el juez de Garantías, Ignacio Telenta, enumeró las pruebas que tenía contra el imputado, pero el defensor invocó que los hechos investigados estaban prescriptos. En esta ocasión, Telenta entendió que la acción penal estaba vigente y elevó el caso a la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que se realice un juicio por jurados, pero el defensor decidió apelar esta decisión.

El caso recayó en uno de los miembros del Tribunal, que debía decidir sobre el planteo de prescripción. El juez Arturo Dumón entendió que el tiempo transcurrido no estaba del todo claro y por el “In dubio pro reo” debía fallar a favor del imputado. Este es un principio jurídico penal, donde se debe fallar a favor del acusado en caso de duda. Es decir, ante pruebas insuficientes o contradictorias, el Juez debe optar por la interpretación más favorable al acusado.

Pero el fiscal Gutiérrez llevó esta decisión ante la Cámara de Casación de Concordia y tras fundamentar su reclamo a fines del año pasado, días atrás se conoció el fallo de los integrantes del Tribunal. Coincidieron en lo argumentado por el Fiscal en que la acción penal se encontraba vigente y se debía revocar el sobreseimiento que había dictado Dumón sobre el imputado.

La resolución no está firme y es posible que la defensa del hombre acusado acuda ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para dirimir este punto, si el hecho se encuentra prescripto o no, pero en caso de fallar de la misma forma en que lo hizo la Cámara de Casación Penal de Concordia, se deberá disponer de la realización de un juicio por jurados en Gualeguaychú en los próximos meses.

Pa’, me lastimaron”. El mensaje llegó al teléfono celular de Gustavo pasada la medianoche del lunes. Fue enviado por su hija de 15 años. El hombre se preocupó. Pensó en lo más común que puede suceder en una localidad como Santa Elena: que su hija había sufrido un accidente vial o tal vez había sido víctima de un hecho de inseguridad. Un robo quizás. Lo que nunca imaginó es que su hija había sido víctima de un brutal ataque sexual: una violación.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron, según el relato de la adolescente, en una vivienda de calle Mitre, en inmediaciones de la zona conocida como El Polígono o El Tiro. El principal sospechoso, de 22 años, fue detenido y alojado en la Jefatura Departamental La Paz de Policía, a disposición de la Fiscalía y el Juzgado. En las próximas horas se definirá su situación procesal. Todo indica que será imputado por el grave delito contra la integridad sexual de la adolescente.

Horas después de los hechos, Gustavo dialogó con el sitio digital La Sexta y manifestó su agradecimiento a los médicos y enfermeros del Hospital Santa Elena y del Hospital San Martín de Paraná. “Salvaron a mi hija”, dijo, emocionado.

Enseguida, relató los hechos desde la medianoche hasta hace pocas horas, mientras su niña se recupera en el nosocomio público más importante de la provincia. “Mi hija me dio datos: el nombre y apelllido del muchacho. Lo que ocurrió fue en la casa de él. Anoche, mi hija me manda un mensaje alrededor de las 00.30. Me pone: ‘Pa, me lastimaron’. Al instante me manda una foto de las piernas de ella y sangre en el piso, y las zapatillas todas llenas de sangre”.

Y agregó: “‘¿Quién te hizo esto, hija?’, le digo y le pregunté dónde estaba. En ese momento jamás me pasó esto por la cabeza. Pensé que tuvo algún percance o algún accidente. Cuando me pone ‘me lastimaron’, pensé hasta en una puñalada o no sé. Le pido la moto a un amigo y salgo a buscarla. Le pregunté bien dónde estaba. Me dice que estaba en la esquida del Tiro, que mayormente lo conocen como el Polígono. Recorro ahí y no la veo, vuelvo para casa, no le digo nada a mi señora en ese momento, agarro WiFi porque justamente estaba con el teléfono sin Internet; le dije a mi hija dónde estaba que la fui a buscar y no la vi. Me responde: ‘Estoy acá, vení, dale, ya salí, estoy afuera’. ‘¿Cómo que ya saliste, de dónde?’. ‘No quiero estar más acá’, me dice, ‘dale, vení, por favor’. Cuando me dijo así, fui y la localicé; estaba debajo de un árbol, frente a una casa, en lo oscuro”.

Al llegar al lugar, Gustavo vio a su hija en un charco de sangre. Casi sin fuerzas. La adolescente se paró y rompió en llanto. Inmediatamente, la subió a la moto y se dirigieron a su casa, donde habló con su esposa. La noticia afectó a la mujer, quien tuvo un episodio de crisis lógico ante un hecho tan grave. Luego de unos minutos, la llevaron al hospital local. “Cuando llego al hospital, golpeo en la puerta de la guardia y atiende una enfermera. Le dije: ‘Señora, violaron a mi hija, abusaron de ella’. Mi hija me venía contando en el camino. Me dice el nombre del pibe. El oficial que estaba ahí llamó al móvil. Yo estaba en un estado de crisis de nervios que, te juro por Dios, quería ir a buscarlo a este tipo y matarlo”, manifestó el padre de la víctima.

Una vez en el nosocomio, al verlo en crisis, un policía lo tranquilizó y le quitó las llaves de la moto para evitar que saliera a la caza del abusador e hiciera justicia por mano propia. Mientras tanto, los profesionales del hospital determinaron que la adolescente debía ser trasladada a Paraná de manera urgente. “La doctora de guardia y las enfermeras estuvieron al pie de la letra con mi hija, la lograron estabilizar. Me tomaron la declaración ahí en el hospital. Y una vez estabilizada, la trasladaron”, contó.

En plena madrugada emprendieron viaje a la capital provincial. Al llegar, fueron recibidos por una médica, quien ya estaba al tanto del cuadro de situación. “Una vez que la reciben, inmediatamente le ponen cuatro unidades de sangre. Sale la doctora, me llama para afuera y me dice: ‘Papá, tenés que ser fuerte, tu hija está delicada’, porque de la cantidad de sangre que había perdido, estaba complicada, pero estamos haciendo todo lo posible para sacarla del estado en el que está”.

La adolescente presentaba una presión muy baja y su corazón latía muy lentamente. La descripción conmocionó a Gustavo. “Me derrumbé, me derrumbé. Me contuvo una oficial que estaba en el momento. La estabilizaron y luego llegó la ginecóloga y la revisó. Ni bien terminó de revisarla, llamó a fiscalía de acá de Paraná, llamó al área de Minoridad y al médico forense. Ella autorizó que le hagan un electrocardiograma a mi hija porque era para cirugía lo más pronto posible. Le hicieron el electrocardiograma y salió bien por suerte”, relató.

Finalmente, contó que la operación fue positiva y que su hija se recupera. “Hoy, a las 5 de la mañana, la pasaron al quirófano. 6.40 de la mañana sale la médica cirujana que intervino, me llaman para adentro junto con la ginecóloga que la había atendido en primera instancia. Me dice: ‘Papá, lo que te tengo que decir es muy fuerte. Tu niña está toda lastimada’. Fueron casi dos horas de cirugía. Una vez que salió de la cirugía, le seguían pasando transfusión de sangre. Después de las 14:00 empezó a tener una buena mejoría, Está mucho mejor, gracias a Dios. La verdad que los médicos y las enfermeras tuvieron y tienen una muy buena atención. Están constantemente con ella. Vinieron dos psicólogas y hablaron conmigo, después hablaron con ella a solas. Estamos con buena contención y yo de pie dándole fuerza a ella”, completó. (Fuente: La Sexta)

Una grave denuncia judicial sacude a Alianza Lima y al fútbol sudamericano. Una joven argentina de 22 años acusó por presunto abuso sexual con acceso carnal a Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y Carlos Zambrano, este último con pasado en Boca, por un hecho que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo, Uruguay. Aunque el episodio se habría producido en el país vecino, la denunciante decidió radicar la presentación en la Ciudad de Buenos Aires y, ante la situación, la institución informó que separó de manera indefinida del plantel profesional a los jugadores involucrados mientras avanza la investigación.

De acuerdo al testimonio presentado, la joven asistió al hotel acompañada por una amiga luego de una invitación realizada por Zambrano. En el encuentro también se encontraban los otros dos futbolistas mencionados. Siempre según la denuncia, tras compartir bebidas alcohólicas en una de las habitaciones, la mujer habría sido agredida sexualmente por los tres jugadores.

Luego del episodio, la denunciante regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud. Entre ellos, la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo sucedido a los profesionales. También manifestó haber conservado la ropa utilizada durante el hecho, prendas que podrían resultar relevantes para la investigación.

El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz, donde formalizó la denuncia penal. A partir de allí, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Justicia argentina.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, bajo la órbita del juez Rabbione, y fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas, se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante y la recopilación de las historias clínicas de los centros médicos donde fue atendida.

Además, se dispuso la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente, la toma de muestras biológicas y la aplicación de tratamiento de profilaxis. Como medida de protección, la joven recibió un botón de pánico y se dio intervención al Programa 137, destinado a la asistencia de víctimas de violencia sexual.

Fuente: TyC Sports Online

El personal de la Comisaría Undécima y de la Guardia Especial de Paraná acudió a una vivienda ubicada en calle Petorutti tras recibir un llamado por un grave “problema familiar”. Al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a un hombre que quiso abusar de su expareja.

La propietaria de la vivienda, quien se encuentra separada de su expareja desde hace dos años y tiene dos hijos en común de 4 y 9 años, relató que el hombre había llegado a su casa alrededor de las 2:30 con la intención de ver a sus hijos. La mujer le permitió el acceso, pero cerca de las 4:30, cuando los niños se durmieron, le solicitó que se retirara.

El hombre, en un intento de “tener relaciones sexuales”, comenzó a forcejear con la mujer, quien se opuso. Durante el altercado, “la mujer cayó al suelo, pero logró zafarse y salió corriendo a pedir ayuda a un vecino”, informó oficialmente la Jefatura Departamental Paraná.

El agresor, tras aparentar que se retiraba, volvió a tomarla por la fuerza en la calle hasta que llegó la Guardia Especial y procedió a su detención. Informado el fiscal interviniente, se dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.