Luego de que trascendiera que el Hospital Centenario había dejado de brindar el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a hasta la semana 14, el director de la institución Jorge Montiel aclaró en declaraciones a Ahora ElDía que el grupo de profesionales a cargo del área sigue activo y que se sigue prestando las atenciones necesarias a las pacientes que así lo requieran.

“Todo sigue funcionando de igual manera, lo único que los chicos del grupo de ILE-IVE del Hospital Centenario plantearon algo que en realidad vienen planteando hace rato. Quieren respuestas del Ministerio de Salud de la provincia en cuanto a recursos, cargos y algunos otros temas. Pero todo sigue funcionando igual”, manifestó Montiel.

“Nunca hubo una interrupción del servicio, sino que simplemente hubo un planteo del grupo de ILE-IVE para mejorar algunos aspectos para seguir trabajando y trabajar mejor”, agregó sobre el funcionamiento del servicio que permite interrumpir un embarazo hasta la semana 14. 

“Lo que sí hubo es un reclamo, pero así como reclama el grupo ese, también reclaman muchos recursos humanos de la institución. Buscan mejoras en cuanto a la parte honoraria y todo ese tipo de reclamos que se hacen desde hace rato. No tomo esto como un método de protesta porque en realidad los planteos los hacen desde hace rato”, afirmó el Director del Hospital Centenario. 

“Lo que se planteó en Dirección es el tema de que necesitaban una mejora en algunas cuestiones organizativas, de derivación y ese tipo de situaciones y como que si no tenían respuesta ben algún momento iban a dejar de hacer eso. Pero el servicio siempre está y estuvo garantizado.  Hay una ley que nos obliga al personal de salud pública, al hospital en este caso, a hacer frente a esta demanda”. 

En este contexto, Montiel explicó que en caso de que en el Hospital Centenario no pudiera prestar el servicio ILE-IVE por cualquier cuestión, el Ministerio de Salud de Entre Ríos garantiza al paciente el traslado a alguna otra institución médica de la provincia para satisfacer su demanda y requerimiento. 

“Si nosotros no tenemos los recursos para hacer una ILE-IVE, tenemos como plan B una derivación por salud pública dentro de la provincia. Lo que determina el Ministerio de Salud, en el caso de que nosotros no pudiéramos abordar esa situación, es que ellos nos dicen dónde mandar a ese paciente. Pero nunca estuvo en riesgo el servicio”, remarcó.

De esta manera, el equipo del Consultorio de Consejería en Opciones y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar continúa a cargo de las doctoras Flavia Mazzoni y María Emilia Bilén y su equipo de trabajo, compuesto por personal de salud mental y de clínica médica. “Son ellos los que se encargan de brindar asesoramiento a las pacientes en el tiempo previo, durante y después del aborto. Es todo un mecanismo de contención en todo aspecto: psicológico, ginecológico y clínico”, sostuvo Montiel al respecto.

“Como grupo directivo he tenido conversaciones, como tengo siempre con todo el personal de los distintos servicios, porque somos una dirección de puertas abiertas, y ante cierto planteo damos respuesta. Y así fue en este caso y se solucionó enseguida el inconveniente”, concluyó la autoridad mayor del Hospital Centenario.

Aborto seguro, legal y gratuito

El 24 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo.

La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país.

A partir de esta ley, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo:

Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la ILE?

En casos de violación, la persona tiene que firmar una declaración jurada, nunca es necesaria una denuncia judicial o policial de la violación para acceder a la práctica médica.

En los casos en que el embarazo ponga en peligro la salud o la vida, además de la firma del consentimiento informado por parte de la persona gestante, el equipo de salud debe constatar y hacer constar en la historia clínica esa situación de salud.

Firmar el “consentimiento informado”, que es el proceso por medio del cual una persona, tras recibir toda la información necesaria y tomar una decisión, autoriza o no al profesional de la salud para realizarle una práctica sanitaria. Está enmarcado en los principios de autonomía de las personas, confidencialidad, privacidad y acceso a la información.

IVE: Un relato con el peso de 245 mil muertes

Por Pilar TollerMiembro de Parada de Familias y Red de Acompañamiento a Mujeres con Embarazo Vulnerable (P.A.M.E.)

La tragedia de Cromañón movilizó a todo el país y nos dejó el dolor de 194 jóvenes muertos y 1432 heridos. La guerra de Malvinas -¡y cómo sigue doliendo!- se llevó a 649 soldados argentinos, y 1.063 resultaron heridos.

Pues el aborto legal en Argentina ha matado un equivalente a 377 guerras de Malvinas, o a 1.262 cromañones. A 3 años de la aprobación de la IVE, hemos perdido por aborto en instituciones públicas de salud a 245.015 argentinos, bebés mujeres y varones, un promedio de 81.666 abortos legales por año en el país. 

Evidencia mata inconsistencia y la verdad en números desenmascara el relato: ¡jamás hubo “500.000 abortos clandestinos al año” como argumentaban! Con ley y todo, se practican 81 mil al año. Y las “muertes maternas por aborto” que se usaban como justificativo eran en 2018… ¡43 al año, causadas por abortos espontáneos o por enfermedades prevalentes de las mamás!, según la estadística oficial del mismísimo Ministerio de Salud de la Nación de Ginés González, el ministro que mintió para lograr una ley. 

Sigamos con la caída del relato. Agreguemos a los “heridos”, como en Cromañón y Malvinas. Hoy, en Argentina, se practican abortos hasta la semana 34 y 35, tercer trimestre del embarazo (ver las noticias), pese a que la ley autoriza hasta la semana 14. Esta práctica lleva a que la cultura del descarte arroje bebés que han salido vivos del aborto, terriblemente malheridos. Gracias a fallos judiciales, pudieron ser adoptados. Así, la IVE es el espanto de bebitos ya casi totalmente formados, a quienes trataron de matar su madre, padre, médicos y enfermeras, y que sobrevivieron, rotos y maltratados. 

Hay más: 

•             En 3 años, hemos visto perseguir judicialmente a médicos y personal de salud por negarse a realizar abortos.

•             Se han aplicado represalias contra quienes ejercen el derecho a la objeción de conciencia.

•             Se ofrece la “solución” del aborto a las mamás embarazadas en situación vulnerable, y se obstaculiza o impide el acceso al plan de los 1000 días (Ley 27611).

•             El eslogan del aborto seguro se terminó de caer con la muerte de María del Valle González López tras practicarse un aborto legal en Mendoza.

•             La hipocresía del relato habla, según convenga, de mujer embarazada / mamá / cuerpo gestante y de bebé / embrión / producto / feto…

Llamemos a las cosas por su nombre. 

No hay “IVE” porque no se “interrumpe”. Sí hay solución final (¿se acuerdan de la “solución final”? Igualito, porque la IVE se viene planteado como eugenesia desde que nació Planned Parenthood en 1916); hay muerte sin vuelta atrás, ABORTO (que significa “quitar, arrancar, frustrar a alguien de su origen, privar de su nacimiento”). 

No hay “libertad de elección”. Sí hay presión sobre la madre vulnerable y hay ocultamiento, por ejemplo, del sonido del latido del bebé a la mamá, algo que la haría cambiar de opinión. 

No hay “decisión sobre tu propio cuerpo”. Sí, se decide sobre el cuerpo y la vida de otro, el bebé, que tiene un ADN y un cuerpo distinto al de la madre. 

No hay nada ligero, fácil, indiferente o pasajero en el aborto. Sí hay una decisión dura, cruel, una muerte provocada, un asesinato, que pesará por siempre sobre la conciencia y las energías, las alegrías y las tristezas de la madre. 

Y que ya pesa sobre la conciencia social de nuestro país. Es imprescindible y urgente dejar de normalizar la muerte de los inocentes y derogar la Ley de Aborto. La vida vale y se respeta en todas sus circunstancias y en todos sus tiempos.

Argentina es celeste. Somos mayoría los que seguimos con el pañuelo muy en alto, y no lo vamos a bajar.

La marea verde ya escribió la historia 

Belén BiréFeminista y Militante peronista del campo Nacional y Popular

Semanas atrás una diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto para la derogación de la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente en nuestro país desde el 24 de enero del 2021. 

Si bien la iniciativa no prosperó, es importante mantener la alerta para cuidar los derechos adquiridos y conquistados, porque las intenciones siguen vigentes y seguramente los intentos persistan, en un momento de nuestro país donde pareciera que está de moda esto de presentar y proyectos y decretos para retroceder en derechos. 

No es ninguna novedad que quieran venir por esta ley ya que el Presidente lo ha manifestado en su faceta antifeminista y antiderechos, lo novedoso tal vez reviste en las formas, los tiempos y el momento que nos atraviesa. Con una suba de precios sin precedente alguno, con salarios que se licuan día a día y con promesas de compaña hasta ahora incumplidas. Porque todo indica que la casta finalmente somos las y los jubilados, las y los niños, trabajadoras y trabajadores, desempleados; en fin, la casta somos también las mujeres y los cuerpos gestantes que queremos tener acceso al sistema de salud como ya lo hemos proclamado en cada oportunidad durante todos estos años de debate.

La ley vigente IVE tiene una historia inmortalizada teñida de verde. Es imposible no recordar ese Congreso que enverdeció hasta arder con miles de mujeres que nos conocíamos sin conocernos, mujeres que pasamos a ser hermanas por la identidad que nos dio revertir tantos años de injusticia sobre nuestros cuerpos. Lo hicimos por las que estamos, por las que vendrán, pero por sobre todo lo hicimos por todas las que tuvieron que morir en la clandestinidad. Esa misma sangre corre en nuestras venas, la lucha por un mundo más justo. Siempre lo hemos dicho y eso tal vez desquicie al Presidente: aborto legal es justicia social.   

Esta ley pone en perspectiva la mayor de las responsabilidades que el Estado tiene en esta materia y que reviste en el sistema de salud. A su vez, el sistema educativo a través de la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, el Plan ENIA (plan nacional de prevención del embarazo no intencional adolescente) cumple un rol fundamental en materia de prevención de embarazo adolescente, de cuidado integral de la salud sexo-afectiva, de la prevención de violencias, la promoción de vínculos sanos y del acceso a la información en articulación con el sistema de salud. 

Con un compromiso ineludible se requiere por completo de un Estado presente, por lo que probablemente el gobierno de turno tenga intenciones de desistir en la continuidad de la garantía de derechos adquiridos. 

En nuestra ciudad, con datos del Consultorio de Consejería en opciones (Hospital Centenario), desde su apertura en el año 2018 hasta la actualidad puede verse un ascenso en cantidad de pacientes atendidas por año, sobre todo a partir de que la ley entra en vigencia. En consonancia con esto un notable el descenso de embarazos adolescentes no deseados poniendo especial atención en lo que reviste menores de 14 años. 

Es decir, hablamos de datos concretos, no de creencias.

La IVE es un de las leyes más reparadoras de la historia reciente en nuestro país. Se conquistó en las calles, atravesó generaciones enteras. Nuestras abuelas, madres, hijas y nietas salimos con el pañuelo en la muñeca, en la mochila, en donde sea que visibilice la tenaz y persistente lucha porque sea ley. 

A días de un nuevo 8M nos preparamos para salir a marchar por lo que nos falta y para que no se atrevan a venir por nuestras conquistas. 

La marea verde ya escribió la historia.

Pasado el pañuelazo de este lunes, la asamblea se volvió a reunir este miércoles en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).  En este marco, la Asamblea expresó:

“Haciendo una evaluación positiva de las actividades y avances en la organización del próximo paro internacional de mujeres y disidencias se definieron nuevas acciones en busca de visibilizar dos problemáticas concretas:

En primer lugar la necesidad de concretar la audiencia con el Ministro de salud Guillermo Grieve para dialogar sobre la faltante de anticonceptivos y de garantías de la aplicación efectiva de la IVE, como así también sobre las problemáticas laborales que están sufriendo trabajadoras de salud y en especial la situación del plan ENIA que, como consecuencia de los recortes nacionales y una acotada respuesta provincial, se realizaron despidos que ponen en peligro la continuidad de distintos programas nacionales del ámbito de la salud. Así también nos declaramos en solidaridad con el paro de sanidad que se lleva adelante en todo el país”.

“En el mismo sentido nos preocupa la situación alimentaria de mujeres, disidencias y niñeces. La pobreza crece diariamente en nuestro país y nos parece URGENTE que se atienda esta situación. Exigimos la emergencia alimentaria al municipio, la provincia y nación”.

“Frente a los recortes presupuestarios nos declaramos en ALERTA por los achiques y reordenamiento de áreas claves para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Las políticas públicas con perspectiva de género son una necesidad ante el aumento de la violencia machista”.

“Por todo esto, hoy jueves 22 de febrero se entregó un pedido de audiencia al Ministro de Salud y más adelante se le entregará otro a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso”.

“Conocer cuáles son las estrategias, presupuestos y perspectivas que el Estado implementa hacia estas problemáticas son centrales a las hora de pensar medidas integrales que garanticen una vida libre de toda violencia”.

“Este 8M llenaremos las calles de todo el país y en especial en Paraná marcharemos para expresar que: Nosotras, nosotres no somos la casta. Con hambre, precarización y represión no hay libertad. Ni un ataque más, ni un derecho menos”. 

Fuente: APFDigital

Un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Buscan la prisión de la persona que solicite el aborto y para el médico que intervenga, e incluso establecen que un aborto luego de una violación ya no sería "no punible", a menos que un juez exima a la mujer.

El proyecto, presentado el lunes 5, fue firmado por Rocío Bonacci (Santa Fe), y acompañado por Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Lilia Lemoine (Buenos Aires), Manuel Quintar (Jujuy) y Oscar Zago (CABA). Bonacci es una joven de 27 años, podóloga, que antes de asumir en el cargo público atendía un local de manicura propio. Su padre es José Bonacci, empresario de medios, dueño de una remisería, fundador de Unite (partido de Amalia Granata) y apoderado de MODIN, partido político de Aldo Rico.

El primer artículo del proyecto apunta a la derogación de la Ley 27.610. El segundo busca modificar el artículo 85 del Código Penal de la Nación, aquel que establece que "el o la que causare un aborto será reprimido: con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante" y "con prisión de tres meses a un año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana 14 de gestación" y siempre que el embarazo no fuera producto de una violación; en niñas menores de 13 años; o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.

En cambio, los diputados de LLA buscan establecer que "el que causare un aborto será reprimido: con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer" y "con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis 6 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer".

En el tercer artículo, el oficialismo pretende derogar el artículo 85 bis del Código Penal, que apunta contra quienes buscan entorpecer el acceso al aborto voluntario: "Será reprimido o reprimida con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados", indica la normativa actual.

El proyecto busca además, en el cuarto artículo, modificar el artículo 86 del Código Penal, que establece los límites del aborto legal: hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional; o en cualquier plazo para casos de violación, para niñas menores de 13 años, o para personas cuyas vidas o salud integral estuvieran en riesgo. En cambio, los seis diputados de La Libertad Avanza no consideran estas situaciones de forma detallada, sólo intentan reglamentar que un aborto "con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios".

Por último, el proyecto de ley en su artículo quinto modificaría el artículo 88 del Código Penal, que actualmente indica que la pena para la persona gestante que interrumpe el embarazo fuera de los plazos estipulados recibe una pena de tres meses a un año de prisión, informó Perfil. El oficialismo mantiene que "la tentativa" del aborto no es punible y cambia el concepto de "persona gestante" por "mujer", en todos los artículos. También aumentan la pena de prisión de uno a tres años y añaden: "El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".

Fundamentos

A pesar de que la Ley 27.610 fue aprobada en la Cámara de Diputados por 131 votos afirmativos y 117 negativos, y en la Cámara de Senadores por 38 votos a favor y 29 en contra, en diciembre del 2020, el proyecto de La Libertad Avanza afirma que la norma "no es constitucional" y que es "contraria al sentir general del pueblo argentino". El fundamento retoma el concepto del "comienzo de la vida desde el instante de la fecundación", resalta la "carga cromosómica propia" del embrión y asegura que es un "individuo con derechos" por un "orden fundamental", en el marco de un "contenido esencial de los derechos".

El proyecto de La Libertad Avanza retoma uno de los argumentos principales de los dirigentes que, durante las largas jornadas de debate por la interrupción voluntaria del embarazo, se inclinaron a favor: la adquisición gradual de los derechos. "La dignidad humana necesita de fundamentos que no sean objeto de controversia por modas o usos más allá de cualquier circunstancia o un plazo, que siempre serán arbitrarios", discute la diputada Rocío Bonacci. Luego asegura que, de esta forma, "todos los demás derechos quedan (...) a merced del arbitrio de los poderosos" y dictamina que "si aparece una justificación para eliminar una vida inocente, siempre aparecerán otras razones para excluir de este mundo a otros seres humanos dependiendo de las circunstancias".

Utilizando el lenguaje del presidente Javier Milei, se argumenta: "Cuando la concepción del hombre como persona se debilita, la organización del Estado tiende a volverse colectivista y absoluta". También se discute que "la moral y los derechos" sean hechos "puramente sociales", para valorar "la dignidad intrínseca de la persona", y considera que el debate por el aborto "debe darse siempre en el marco de la búsqueda sincera del bien común" y "que tiene como elemento fundamental la participación". En ese sentido, llega a aseverar que la penalización del aborto está basada en que la "conducta" "imposibilita la vida en comunidad" y "lesiona el derecho a la vida del inocente".

Asimismo, argumenta que la Ley 27.610 "atenta contra el federalismo" y no evita "la imposición 'unitaria' de la Nación". A pesar de que la legislación vigente contempla la situación de la objeción de conciencia —siempre que la vida o salud de la persona gestante no esté en peligro, ni en casos de atención sanitaria postaborto, mientras que no se obstaculice el aborto y todos los establecimientos de salud estén en condiciones de realizarlo—, el proyecto decide eliminar artículo 85 bis al Código Penal porque "supone una intromisión indebida y asfixiante del Estado".

Para los diputados libertarios, la eliminación del plazo de la semana 14 se justifica "en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas". "Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica", añade la norma. "En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente", postula y luego opina: "La tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral".

La fundamentación del proyecto libertario no menciona la realidad de los abortos clandestinos ni define por qué remueve a las niñas menores de 13 años como sujetos a quienes el derecho al aborto debe estar garantizado. Tampoco explica por qué se elimina la “salud integral” de la mujer como un valor a defender, para dejar solamente un “peligro inminente” de muerte como causal no punible y no justifica el cambio del concepto de “persona gestante” por “mujer” en el texto, dejando de lado la Ley 26.743, de Identidad de Género. 

Fuente: APFDigital

La intención de un sector del Gobierno de derogar la ley del aborto se coló esta semana en la agenda del oficialismo. Primero fue la decisión, oficializada este lunes, de declarar a 2024 como “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad”. A la leyenda, que a lo largo de los próximos meses se inscribirá en todos los documentos oficiales, le siguió un texto publicado ayer por el procurador del Tesoro nacional, Rodolfo Barra; junto al exsenador Eduardo Menem y la exconvencional constituyente María Cristina Guzmán, en el que directamente se plantea la idea de que este año se derogue la ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sancionada a fines de 2020 tras un largo debate parlamentario y una amplia movilización.

Barra es el jefe de los abogados del Estado y su voz tiene fuerte gravitación en el oficialismo, por su vasta experiencia en materia legal. En la columna que publicó ayer en el portal Infobae directamente sostiene: “Como exconvencionales constituyentes destacamos así nuestro apoyo a la declaración del Año de Defensa de la Vida, que recordaremos también el próximo 25 de marzo, instituido como Día del Niño Por Nacer por decreto 1406 de 1998. Tenemos, así, una fundada esperanza en que, en este Año de la Vida, sea derogada la también inhumana ley 27.610″.

La columna cita incluso un informe que atribuye a “autoridades de salud”, sin especificar si se trata de la cúpula actual del Ministerio, en el que afirma: “En la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610″.

El viernes, en conferencia de prensa y al ser consultado por la intención de derogar la ley, el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni aseguró: “Hoy no está en agenda. Hoy el Presidente está enfocado en lo urgentísimo”. El funcionario agregó que el mandatario “está abocado a evitar la catástrofe y tratar de que estos meses pasen lo más rápido posible”, en referencia a la grave situación económica y social que atraviesa el país.

En la misma línea agregó: “Esos son los objetivos principales. Todo el gabinete y Poder Ejecutivo está abocado a lo urgentísimo, que son hoy los problemas que tiene la gente con la inflación, el trabajo, poder llegar a trabajar”.

Sin embargo, Adorni no pasó por alto el discurso que Milei pronunció en el Foro Económico de Davos, Suiza, la semana pasada, donde cuestionó con dureza “la agenda sangrienta del aborto”, en línea con las críticas que tanto el economista libertario como la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros altos funcionarios del oficialismo plantearon contra la IVE en los últimos años. “El aborto es un asesinato agravado por el vínculo”, había afirmado el propio Milei durante la entrevista con Tucker Carlson, el año pasado.

“Con esa definición que dio el Presidente, podemos sospechar que efectivamente es un tema que en algún momento se debatirá, pero solo estoy sacando una conjetura de lo que me acaban de decir en relación con ese fragmento del discurso de Davos”, dijo Adorni.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) se expresaron en el mismo sentido que el Presidente en Davos y consideraron que es una “prioridad” de una enorme porción del Gobierno “la defensa a la vida desde lo ideológico”. Y añadieron que el discurso presidencial en Suiza devolvió la discusión a la agenda ejecutiva de la administración.

Las mismas fuentes, de todos modos, terminaron reconociendo la inviabilidad política del debate en el corto plazo. “Hay que avanzar con la economía. Ordenarla, llegar al déficit cero. Cuando eso se acomode, no descartaría que se vuelva atrás con la IVE”, afirmó un dirigente del espacio.