En la tarde del sábado, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvieron a armar polémica en relación al pedido por la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y la desproporción de las fuerzas", y que "si Usted está viendo este post y es de los que pondera positivamente este tipo de aberraciones, agradezca a su madre por no pensar del mismo modo".

Además, compartió una imagen posteada por Villarruel donde afirma que, hasta enero del 2024, hay 245.000 abortos registrados, lo que sería equivalente a "más del total de habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego (190.641)". Igualmente, no dio precisiones acerca del inicio del conteo. 

El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y la desproporción de las fuerzas.Si Usted está viendo este post y es de los que pondera positivamente este tipo de aberraciones, agradezca a su madre por no pensar del mismo modo.VIDA, LIBERTAD Y PROPIEDAD...!!!VLLC !!! pic.twitter.com/sCiBynP0Kt

En ese sentido, la titular del Senado apoyó la iniciativa del colectivo "Marcha por la vida Argentina", y escribió que "terminar con la vida de un ser humano indefenso no es un derecho. Argentina siempre debe ser tierra de Vida". "Este no es el camino", insistió.

En horas de la mañana, también publicó videos que llamaban a la convocatoria en Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna "hoy marchamos y pedimos Derogación del Aborto Ya", donde se vio a manifestantes con banderas celestes que llevaban la inscripción: "Salvemos las dos vidas". 

Terminar con la vida de un ser humano indefenso no es un derecho. Argentina siempre debe ser tierra de Vida. #MarchaPorLaVida pic.twitter.com/xPdOgc8iaQ

Vale destacar que, a pesar de que la postura del nuevo Gobierno Nacional es conocida, la plasmaron por decreto al nombrar el 2024 como "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad".(Fuente: Filo.news)

IVE: Un relato con el peso de 245 mil muertes

Por Pilar TollerMiembro de Parada de Familias y Red de Acompañamiento a Mujeres con Embarazo Vulnerable (P.A.M.E.)

La tragedia de Cromañón movilizó a todo el país y nos dejó el dolor de 194 jóvenes muertos y 1432 heridos. La guerra de Malvinas -¡y cómo sigue doliendo!- se llevó a 649 soldados argentinos, y 1.063 resultaron heridos.

Pues el aborto legal en Argentina ha matado un equivalente a 377 guerras de Malvinas, o a 1.262 cromañones. A 3 años de la aprobación de la IVE, hemos perdido por aborto en instituciones públicas de salud a 245.015 argentinos, bebés mujeres y varones, un promedio de 81.666 abortos legales por año en el país. 

Evidencia mata inconsistencia y la verdad en números desenmascara el relato: ¡jamás hubo “500.000 abortos clandestinos al año” como argumentaban! Con ley y todo, se practican 81 mil al año. Y las “muertes maternas por aborto” que se usaban como justificativo eran en 2018… ¡43 al año, causadas por abortos espontáneos o por enfermedades prevalentes de las mamás!, según la estadística oficial del mismísimo Ministerio de Salud de la Nación de Ginés González, el ministro que mintió para lograr una ley. 

Sigamos con la caída del relato. Agreguemos a los “heridos”, como en Cromañón y Malvinas. Hoy, en Argentina, se practican abortos hasta la semana 34 y 35, tercer trimestre del embarazo (ver las noticias), pese a que la ley autoriza hasta la semana 14. Esta práctica lleva a que la cultura del descarte arroje bebés que han salido vivos del aborto, terriblemente malheridos. Gracias a fallos judiciales, pudieron ser adoptados. Así, la IVE es el espanto de bebitos ya casi totalmente formados, a quienes trataron de matar su madre, padre, médicos y enfermeras, y que sobrevivieron, rotos y maltratados. 

Hay más: 

•             En 3 años, hemos visto perseguir judicialmente a médicos y personal de salud por negarse a realizar abortos.

•             Se han aplicado represalias contra quienes ejercen el derecho a la objeción de conciencia.

•             Se ofrece la “solución” del aborto a las mamás embarazadas en situación vulnerable, y se obstaculiza o impide el acceso al plan de los 1000 días (Ley 27611).

•             El eslogan del aborto seguro se terminó de caer con la muerte de María del Valle González López tras practicarse un aborto legal en Mendoza.

•             La hipocresía del relato habla, según convenga, de mujer embarazada / mamá / cuerpo gestante y de bebé / embrión / producto / feto…

Llamemos a las cosas por su nombre. 

No hay “IVE” porque no se “interrumpe”. Sí hay solución final (¿se acuerdan de la “solución final”? Igualito, porque la IVE se viene planteado como eugenesia desde que nació Planned Parenthood en 1916); hay muerte sin vuelta atrás, ABORTO (que significa “quitar, arrancar, frustrar a alguien de su origen, privar de su nacimiento”). 

No hay “libertad de elección”. Sí hay presión sobre la madre vulnerable y hay ocultamiento, por ejemplo, del sonido del latido del bebé a la mamá, algo que la haría cambiar de opinión. 

No hay “decisión sobre tu propio cuerpo”. Sí, se decide sobre el cuerpo y la vida de otro, el bebé, que tiene un ADN y un cuerpo distinto al de la madre. 

No hay nada ligero, fácil, indiferente o pasajero en el aborto. Sí hay una decisión dura, cruel, una muerte provocada, un asesinato, que pesará por siempre sobre la conciencia y las energías, las alegrías y las tristezas de la madre. 

Y que ya pesa sobre la conciencia social de nuestro país. Es imprescindible y urgente dejar de normalizar la muerte de los inocentes y derogar la Ley de Aborto. La vida vale y se respeta en todas sus circunstancias y en todos sus tiempos.

Argentina es celeste. Somos mayoría los que seguimos con el pañuelo muy en alto, y no lo vamos a bajar.

La marea verde ya escribió la historia 

Belén BiréFeminista y Militante peronista del campo Nacional y Popular

Semanas atrás una diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto para la derogación de la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente en nuestro país desde el 24 de enero del 2021. 

Si bien la iniciativa no prosperó, es importante mantener la alerta para cuidar los derechos adquiridos y conquistados, porque las intenciones siguen vigentes y seguramente los intentos persistan, en un momento de nuestro país donde pareciera que está de moda esto de presentar y proyectos y decretos para retroceder en derechos. 

No es ninguna novedad que quieran venir por esta ley ya que el Presidente lo ha manifestado en su faceta antifeminista y antiderechos, lo novedoso tal vez reviste en las formas, los tiempos y el momento que nos atraviesa. Con una suba de precios sin precedente alguno, con salarios que se licuan día a día y con promesas de compaña hasta ahora incumplidas. Porque todo indica que la casta finalmente somos las y los jubilados, las y los niños, trabajadoras y trabajadores, desempleados; en fin, la casta somos también las mujeres y los cuerpos gestantes que queremos tener acceso al sistema de salud como ya lo hemos proclamado en cada oportunidad durante todos estos años de debate.

La ley vigente IVE tiene una historia inmortalizada teñida de verde. Es imposible no recordar ese Congreso que enverdeció hasta arder con miles de mujeres que nos conocíamos sin conocernos, mujeres que pasamos a ser hermanas por la identidad que nos dio revertir tantos años de injusticia sobre nuestros cuerpos. Lo hicimos por las que estamos, por las que vendrán, pero por sobre todo lo hicimos por todas las que tuvieron que morir en la clandestinidad. Esa misma sangre corre en nuestras venas, la lucha por un mundo más justo. Siempre lo hemos dicho y eso tal vez desquicie al Presidente: aborto legal es justicia social.   

Esta ley pone en perspectiva la mayor de las responsabilidades que el Estado tiene en esta materia y que reviste en el sistema de salud. A su vez, el sistema educativo a través de la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, el Plan ENIA (plan nacional de prevención del embarazo no intencional adolescente) cumple un rol fundamental en materia de prevención de embarazo adolescente, de cuidado integral de la salud sexo-afectiva, de la prevención de violencias, la promoción de vínculos sanos y del acceso a la información en articulación con el sistema de salud. 

Con un compromiso ineludible se requiere por completo de un Estado presente, por lo que probablemente el gobierno de turno tenga intenciones de desistir en la continuidad de la garantía de derechos adquiridos. 

En nuestra ciudad, con datos del Consultorio de Consejería en opciones (Hospital Centenario), desde su apertura en el año 2018 hasta la actualidad puede verse un ascenso en cantidad de pacientes atendidas por año, sobre todo a partir de que la ley entra en vigencia. En consonancia con esto un notable el descenso de embarazos adolescentes no deseados poniendo especial atención en lo que reviste menores de 14 años. 

Es decir, hablamos de datos concretos, no de creencias.

La IVE es un de las leyes más reparadoras de la historia reciente en nuestro país. Se conquistó en las calles, atravesó generaciones enteras. Nuestras abuelas, madres, hijas y nietas salimos con el pañuelo en la muñeca, en la mochila, en donde sea que visibilice la tenaz y persistente lucha porque sea ley. 

A días de un nuevo 8M nos preparamos para salir a marchar por lo que nos falta y para que no se atrevan a venir por nuestras conquistas. 

La marea verde ya escribió la historia.

Un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Buscan la prisión de la persona que solicite el aborto y para el médico que intervenga, e incluso establecen que un aborto luego de una violación ya no sería "no punible", a menos que un juez exima a la mujer.

El proyecto, presentado el lunes 5, fue firmado por Rocío Bonacci (Santa Fe), y acompañado por Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Lilia Lemoine (Buenos Aires), Manuel Quintar (Jujuy) y Oscar Zago (CABA). Bonacci es una joven de 27 años, podóloga, que antes de asumir en el cargo público atendía un local de manicura propio. Su padre es José Bonacci, empresario de medios, dueño de una remisería, fundador de Unite (partido de Amalia Granata) y apoderado de MODIN, partido político de Aldo Rico.

El primer artículo del proyecto apunta a la derogación de la Ley 27.610. El segundo busca modificar el artículo 85 del Código Penal de la Nación, aquel que establece que "el o la que causare un aborto será reprimido: con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante" y "con prisión de tres meses a un año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana 14 de gestación" y siempre que el embarazo no fuera producto de una violación; en niñas menores de 13 años; o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.

En cambio, los diputados de LLA buscan establecer que "el que causare un aborto será reprimido: con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer" y "con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis 6 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer".

En el tercer artículo, el oficialismo pretende derogar el artículo 85 bis del Código Penal, que apunta contra quienes buscan entorpecer el acceso al aborto voluntario: "Será reprimido o reprimida con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados", indica la normativa actual.

El proyecto busca además, en el cuarto artículo, modificar el artículo 86 del Código Penal, que establece los límites del aborto legal: hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional; o en cualquier plazo para casos de violación, para niñas menores de 13 años, o para personas cuyas vidas o salud integral estuvieran en riesgo. En cambio, los seis diputados de La Libertad Avanza no consideran estas situaciones de forma detallada, sólo intentan reglamentar que un aborto "con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios".

Por último, el proyecto de ley en su artículo quinto modificaría el artículo 88 del Código Penal, que actualmente indica que la pena para la persona gestante que interrumpe el embarazo fuera de los plazos estipulados recibe una pena de tres meses a un año de prisión, informó Perfil. El oficialismo mantiene que "la tentativa" del aborto no es punible y cambia el concepto de "persona gestante" por "mujer", en todos los artículos. También aumentan la pena de prisión de uno a tres años y añaden: "El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".

Fundamentos

A pesar de que la Ley 27.610 fue aprobada en la Cámara de Diputados por 131 votos afirmativos y 117 negativos, y en la Cámara de Senadores por 38 votos a favor y 29 en contra, en diciembre del 2020, el proyecto de La Libertad Avanza afirma que la norma "no es constitucional" y que es "contraria al sentir general del pueblo argentino". El fundamento retoma el concepto del "comienzo de la vida desde el instante de la fecundación", resalta la "carga cromosómica propia" del embrión y asegura que es un "individuo con derechos" por un "orden fundamental", en el marco de un "contenido esencial de los derechos".

El proyecto de La Libertad Avanza retoma uno de los argumentos principales de los dirigentes que, durante las largas jornadas de debate por la interrupción voluntaria del embarazo, se inclinaron a favor: la adquisición gradual de los derechos. "La dignidad humana necesita de fundamentos que no sean objeto de controversia por modas o usos más allá de cualquier circunstancia o un plazo, que siempre serán arbitrarios", discute la diputada Rocío Bonacci. Luego asegura que, de esta forma, "todos los demás derechos quedan (...) a merced del arbitrio de los poderosos" y dictamina que "si aparece una justificación para eliminar una vida inocente, siempre aparecerán otras razones para excluir de este mundo a otros seres humanos dependiendo de las circunstancias".

Utilizando el lenguaje del presidente Javier Milei, se argumenta: "Cuando la concepción del hombre como persona se debilita, la organización del Estado tiende a volverse colectivista y absoluta". También se discute que "la moral y los derechos" sean hechos "puramente sociales", para valorar "la dignidad intrínseca de la persona", y considera que el debate por el aborto "debe darse siempre en el marco de la búsqueda sincera del bien común" y "que tiene como elemento fundamental la participación". En ese sentido, llega a aseverar que la penalización del aborto está basada en que la "conducta" "imposibilita la vida en comunidad" y "lesiona el derecho a la vida del inocente".

Asimismo, argumenta que la Ley 27.610 "atenta contra el federalismo" y no evita "la imposición 'unitaria' de la Nación". A pesar de que la legislación vigente contempla la situación de la objeción de conciencia —siempre que la vida o salud de la persona gestante no esté en peligro, ni en casos de atención sanitaria postaborto, mientras que no se obstaculice el aborto y todos los establecimientos de salud estén en condiciones de realizarlo—, el proyecto decide eliminar artículo 85 bis al Código Penal porque "supone una intromisión indebida y asfixiante del Estado".

Para los diputados libertarios, la eliminación del plazo de la semana 14 se justifica "en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas". "Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica", añade la norma. "En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente", postula y luego opina: "La tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral".

La fundamentación del proyecto libertario no menciona la realidad de los abortos clandestinos ni define por qué remueve a las niñas menores de 13 años como sujetos a quienes el derecho al aborto debe estar garantizado. Tampoco explica por qué se elimina la “salud integral” de la mujer como un valor a defender, para dejar solamente un “peligro inminente” de muerte como causal no punible y no justifica el cambio del concepto de “persona gestante” por “mujer” en el texto, dejando de lado la Ley 26.743, de Identidad de Género. 

Fuente: APFDigital

La intención de un sector del Gobierno de derogar la ley del aborto se coló esta semana en la agenda del oficialismo. Primero fue la decisión, oficializada este lunes, de declarar a 2024 como “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad”. A la leyenda, que a lo largo de los próximos meses se inscribirá en todos los documentos oficiales, le siguió un texto publicado ayer por el procurador del Tesoro nacional, Rodolfo Barra; junto al exsenador Eduardo Menem y la exconvencional constituyente María Cristina Guzmán, en el que directamente se plantea la idea de que este año se derogue la ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sancionada a fines de 2020 tras un largo debate parlamentario y una amplia movilización.

Barra es el jefe de los abogados del Estado y su voz tiene fuerte gravitación en el oficialismo, por su vasta experiencia en materia legal. En la columna que publicó ayer en el portal Infobae directamente sostiene: “Como exconvencionales constituyentes destacamos así nuestro apoyo a la declaración del Año de Defensa de la Vida, que recordaremos también el próximo 25 de marzo, instituido como Día del Niño Por Nacer por decreto 1406 de 1998. Tenemos, así, una fundada esperanza en que, en este Año de la Vida, sea derogada la también inhumana ley 27.610″.

La columna cita incluso un informe que atribuye a “autoridades de salud”, sin especificar si se trata de la cúpula actual del Ministerio, en el que afirma: “En la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610″.

El viernes, en conferencia de prensa y al ser consultado por la intención de derogar la ley, el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni aseguró: “Hoy no está en agenda. Hoy el Presidente está enfocado en lo urgentísimo”. El funcionario agregó que el mandatario “está abocado a evitar la catástrofe y tratar de que estos meses pasen lo más rápido posible”, en referencia a la grave situación económica y social que atraviesa el país.

En la misma línea agregó: “Esos son los objetivos principales. Todo el gabinete y Poder Ejecutivo está abocado a lo urgentísimo, que son hoy los problemas que tiene la gente con la inflación, el trabajo, poder llegar a trabajar”.

Sin embargo, Adorni no pasó por alto el discurso que Milei pronunció en el Foro Económico de Davos, Suiza, la semana pasada, donde cuestionó con dureza “la agenda sangrienta del aborto”, en línea con las críticas que tanto el economista libertario como la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros altos funcionarios del oficialismo plantearon contra la IVE en los últimos años. “El aborto es un asesinato agravado por el vínculo”, había afirmado el propio Milei durante la entrevista con Tucker Carlson, el año pasado.

“Con esa definición que dio el Presidente, podemos sospechar que efectivamente es un tema que en algún momento se debatirá, pero solo estoy sacando una conjetura de lo que me acaban de decir en relación con ese fragmento del discurso de Davos”, dijo Adorni.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) se expresaron en el mismo sentido que el Presidente en Davos y consideraron que es una “prioridad” de una enorme porción del Gobierno “la defensa a la vida desde lo ideológico”. Y añadieron que el discurso presidencial en Suiza devolvió la discusión a la agenda ejecutiva de la administración.

Las mismas fuentes, de todos modos, terminaron reconociendo la inviabilidad política del debate en el corto plazo. “Hay que avanzar con la economía. Ordenarla, llegar al déficit cero. Cuando eso se acomode, no descartaría que se vuelva atrás con la IVE”, afirmó un dirigente del espacio.

En la Argentina, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que entró en vigencia la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que fue promulgada el 14 de enero de 2021, periodo en el que disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes.Este domingo se cumplieron tres años de la entrada en vigencia de la Ley que fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020.El dato sobre cantidad de intervenciones desde que hay normativa en el país, lo brinda el equipo del proyecto Mirar que monitorea, desde la sociedad civil, la implementación de la norma, en base a datos del Ministerio de Salud.En tanto, el último informe con datos oficiales lo difundió al final de su gestión la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr) a través del Grupo de Trabajo de Acceso a IVE/ILE, un relevamiento que va de enero a octubre del año pasado y que identificó 75.581 interrupciones del embarazo en todo el país."En estos tres años de la Ley 27.610 la mortalidad materna por aborto continuó su descenso. También disminuyeron los embarazos a término en niñas y adolescentes, muchos de los cuales son producto de abuso sexual", dijo a Télam la médica Mariana Romero del equipo de Mirar y asesora externa del Grupo.Y resaltó que "para que estos resultados sean así se trabajó mejor la educación sexual integral a través del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este Plan trascendió las gestiones y permitió una política pública sostenida con niñas, niños, niñes y adolescentes, con docentes y con equipos de salud".Detalles de la Ley de IVELa Ley 27.610 regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazo y causales. Así, reconoce el derecho de las mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional sin tener que dar motivos. Esta práctica se llama interrupción voluntaria del embarazo (IVE).La ley también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, siendo un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el art. 86 del Código Penal y confirmado en el fallo "F.,A.L." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012."No siempre sucede que una ley salve vidas, dignifique a las personas y otorgue seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que logra la Ley de interrupción del embarazo. Al implementarse, no se queda solo en palabras, sino que se convierte en una realidad en el país, generando eficiencia, garantizando igualdad y respetando la libertad", comentó a Télam, Agustina Ramón Michel, abogada investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y profesora de derecho de la Universidad de Palermo.En el plano normativo, la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) se pronunció esta semana en relación al DNU 70/2023 y las modificaciones propuestas por el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que presentó el Gobierno nacional, enfatizando que ambas iniciativas "no alteran lo establecido por la Ley 27.610, que está vigente en todo el país".Para ejercer el derecho se necesitan insumos, que son los medicamentos misoprostol y mifeprestona recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales se entregaban desde la Dnssr.Romero aportó que "250.000 personas desde la sanción de la Ley hasta octubre de 2023 pudieron interrumpir su embarazo en el sector público de manera legal y segura con medicamentos y otros insumos acordes a las recomendaciones de la OMS"Otro dato del relevamiento oficial difundido por la gestión saliente es que 1982 efectores de salud garantizan IVE-ILE en todo el país, cuando en 2020 eran 907, en un proceso que incluyó una serie de acciones y capacitaciones que se realizaron en estos tres años para profesionales sanitarios, política pública establecida en el artículo 19 de la Ley 27.610.Una de las políticas públicas que se dieron en paralelo a garantizar la IVE/ILE es el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que mencionó Romero al principio de esta nota, que comenzó su implementación en 36 departamentos de 12 provincias del NEA, NOA y territorio bonaerense.En septiembre del año pasado se amplió a las 24 jurisdicciones que firmaron el Convenio de Adhesión al Plan ENIA.Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.El Plan ENIA fue calificado como "innovador e inspirador" por Susana Sottoli la profesional argentina que asumió en 2022 el cargo de directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa)Para asesorar sobre salud sexual y reproductiva existe la línea 0800-222-3444 que es nacional, gratuita y confidencial, que ente enero y octubre del 2022 recibió 24.012 llamados, de los cuales 9.599 generaron secuencias, es decir, gestiones por parte del equipo técnico, revela el informe oficial. De esas consultas, el 90,9% se relacionaron con aborto.En cuanto a los cuestionamientos judiciales a la ley IVE/ILE, el documento de la Dnssr informa que, desde la sanción de la Ley 27.610 se iniciaron 37 causas. En todas ellas se solicitó su inconstitucionalidad, ya sea por vía de amparo u otras acciones. En 2023 no se presentó ninguna nueva acción judicial."La justicia se expidió y rechazó de forma contundente 26 de estas demandas. Del resto de las causas: cuatro se encuentran esperando un pronunciamiento judicial, cuatro fueron archivadas y las tres restantes son causas reservadas y, por tanto, esta Dirección Nacional no tiene acceso directo al expediente", señala el documento.Y resalta que "hasta el momento, no hay ninguna sentencia de fondo que avale las impugnaciones contra la Ley 27.610".El Grupo de trabajo Acceso a la IVE-ILE cuenta con el apoyo institucional del Cedes y del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) Argentina.(Fuente: Télam)

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó este martes que promoverá en forma "prioritaria" en el Congreso la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) porque, a su criterio, es "la salvajada más espantosa".

"No sé cuándo se pueda tratar (la ley). La vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. Somos unos salvajes si tenemos eso. Estamos hablando de las Leliqs y las tasas de interés y no creemos en la vida", expresó Benegas Lynch en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Continental.

El legislador electo por LLA dijo que tomará "como prioritaria" la posibilidad de derogar la Ley 27.610, aprobada en diciembre de 2020, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país.

Benegas Lynch consideró que los argumentos a favor de la norma impulsados por los que llamó "pañuelos verdes", en referencia al color de las prendas lucidas en las manifestaciones a favor de la ley, "son de los más pobres".

"La madre tiene derecho sobre su cuerpo, pero es la vida del otro. La madre no tiene veinte dedos en una mano, sino que diez son de otra persona distinta, con un ADN distinto y derechos distintos, al igual que la madre", opinó en declaraciones que reprodujo Télam.

Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Javier Milei había anticipado que si era electo "haría un plebiscito" para evaluar la continuidad de la ley IVE, se expresó "en contra del aborto" y enfatizó que "no es un derecho ganado".

"Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá", resaltó en agosto último el electo mandatario.

Benegas Lynch, en tanto, planteó que también buscará derogar las leyes de Góndolas y Alquileres, aunque mencionó como relevante impulsar las reformas del Estado que impulsará el gobierno de Milei.

"Tenemos que llevar al Congreso al Congreso de 1900, que era la envidia de la política y la academia europea. Fijate lo que es hoy el Congreso: todos con fueros, una runfla de delincuentes en general, aunque hay que salvar honrosas excepciones", dijo.

“Nos parece que no nos podemos quedar callados. Hay que expresarse. Hay que expresarse públicamente. Hay que defender el derecho a la salud pública, estatal o privada. Ese es el concepto que estamos defendiendo.  Eso es lo queremos expresar a la misma sociedad, que tomemos conciencia de lo que tenemos”, afirmó Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, quien además plantea  el eje sobre el cual se desarrollará la jornada de defensa de la salud pública que se realizará este lunes, a las 17, en Plaza Alvear, Paraná, con una radio abierta bajo el lema “Voces de la salud pública”.

“La posibilidad de que en las elecciones generales del próximo domingo 22 se imponga el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, pondría en cuestión y supondría un severo retroceso en políticas públicas relacionadas con el cuidado de la salud”, dijo Grimalt, aunque admite que la situación económica golpea, que la inflación es la principal preocupación del electoral y que las ideas de Milei ganan terreno sobre el descontento social.

Grimal expresó: “Hoy por hoy, la sociedad argentina está pensando muy bien lo que va a hacer. Me parece que no hay que estigmatizar a los jóvenes porque votan a Milei. Hay que escuchar sus razones. Lo que los jóvenes están diciendo es que están cansados de lo que hay. Todos los que somos militantes tenemos un deber de explicarles. Escuchar y explicar. En este caso, en relación al tema de la salud, explicar que pueden ir al hospital público. Podrás esperar más o menos tiempo, pero te van a atender”.

De igual modo, aceptó que “la inflación es la mayor preocupación de la sociedad. Hay acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, que son carísimos. Tenemos implantes subdérmicos. Hay una oferta muy amplia. Pero eso no me lo como. Tenemos que entender, como gobierno, que el tema de la inflación es la gran deuda de este gobierno. Y por eso me parece bien que el candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa no lo haya eludido y tome medidas paliativas, que no son la solución, para tratar de compensar el deterioro que produce la inflación. La economía nos pone en situación de riesgo de caer en alguien que expresa la ultraderecha y que tiene ideas que van contra la democracia”.

Una de esas políticas que quedarían en cuestión es la aplicación, desde 2020, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “En 2022, en la Provincia se hicieron 2.375 interrupciones, entre voluntarias y legales. El 92% son voluntarias en el primer trimestre. Esto quiere decir que estábamos en lo cierto. Las mujeres acuden a los centros de salud, cuando por cualquier circunstancia no pueden seguir con ese embarazo. Es un debate fuerte y sigue estando en la sociedad el tema del aborto. Pero de a poco se toma conciencia que es una práctica de salud, que las personas tienen derecho a decidir, que no hay que estigmatizar al profesional que realiza esta práctica. Hemos avanzado con la ley. Hay que naturalizar derechos. Aunque el candidato más votado dice que está en contra de esto”, afirmó.

En ese marco, destacó la convocatoria de este lunes, desde las 17, que contará “con fuerte presencia de distintos sectores para poder expresar que estamos para defender la salud pública, gratuita y de calidad, y en forma organizada impedir cualquier retroceso a lo que hemos conseguido”.

“Por ejemplo, el acceso gratuito a los métodos de anticoncepción. El que más se utiliza es la pastilla. Pero se ha ido avanzando con los implantes subdérmicos. El año pasado colocamos cerca de 8 mil implantes subdérmicos. La población que se prioriza es la adolescente”, planteó Grimalt.

Y respecto del varón, “estamos tratando de trabajar sobre la vasectomía. Y lo otro que es una problemática, no la podemos dejar de lado, siempre en las relaciones, es la doble protección en el caso del as mujeres. El anticonceptivo y el preservativo vaginal. Y en los varones, el preservativo. En algunos centros de salud estamos haciendo una prueba piloto en el uso del preservativo vaginal”. (entreriosahora.com)

A dos años y medio de la sanción de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto: 13 cada 1000 mujeres en edad fértil. En cambio, las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IVE/ILE durante 2022.

Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria, y podría responder --advierten-- a las desigualdades que persisten entre provincias en la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos.

Las cifras de Entre Ríos

En la provincia 6,96% de cada mil mujeres llevaron a cabo un proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia durante 2022, esto se traduce a 2444 personas gestantes y posiciona a la provincia en el puesto nº 15 de Argentina. De estas, solo el 0,11% recurrió a un establecimiento de salud.

Con respecto a los servicios de salud que llevan a cabo los protocolos de ILE e IVE son 37 en Entre Ríos. A su vez, 1861 personas abortaron con el medicamento misoprostol, que fue distribuido por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr), según supo esta Agencia.

Por más que las leyes amparen a quienes elijan interrumpir un embarazo, en algunos casos, algunos grupos ultraconservadores llegaron a demandar a profesionales de la salud que garantizan este derecho para obstaculizarlo. A pesar de ello, durante el 2022 el número demandas de grupos conservadores contra leyes, programas u otras normas fue cero, no se registraron nuevos reclamos. 

(APFDigital)

Desde el mes de abril, profesionales de la salud de diferentes puntos de la provincia actualizan sus conocimientos en interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE e ILE) en el marco del proyecto Rodando Derechos. El ciclo de formación, impulsado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en articulación con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el Ministerio de Salud de Entre Ríos y la Facultad de Trabajo Social de Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), realiza actividades en los departamentos La Paz, Federal, Concordia y Villaguay.Cabe recordar que la iniciativa apunta a capacitar a los equipos territoriales, a fin de reducir barreras para el acceso efectivo a IVE e ILE, brindar herramientas específicas que den respuesta a las necesidades de cada población y mejorar la calidad de la atención. Las capacitaciones, a cargo del equipo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia acompañado por CDD, prevén alcanzar a más de 200 profesionales de la salud de Entre Ríos y 34 instituciones sanitarias.En nuestra provincia se trazó un plan de trabajo con los departamentos La Paz, Villaguay, Federal y Concordia, con el desarrollo de acciones que incluyen: capacitaciones; monitoreos enfocados en micro procesos de atención para el análisis de las condiciones de accesibilidad a derechos y la puesta en marcha de equipos de atención móvil en zonas urbanas y rurales para fortalecer el acceso a Derechos Sexuales y Reproductivos.Es así que, desde el mes de abril se vienen desarrollando encuentros en los cuatro departamentos, con los equipos de trabajo de diferentes efectores y centros de salud.La Coordinadora del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva Ministerio de Salud de Entre Ríos, Lucy Grimalt, señaló: “Comenzamos a rodar derechos en Entre Ríos con nuestras compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, las docentes de la cátedra Aborto de la Facultad de Trabajo Social, y las integrantes de los equipos de ILE.ILE de la provincia, generando con los equipos de centros de salud urbanos y rurales y también de los hospitales, espacios de reflexión en torno al modelo integral de atención en salud, analizando los obstáculos y dificultades y las micro redes existentes en cada territorio que garantizan accesibilidad”.Grimalt valoró: “Lo que una siente es orgullo, por cómo cada trabajadora y trabajador de salud brindan día a día atención de calidad en las consultas de salud sexual y reproductiva que reciben”.Por su parte, la coordinadora del Programa Rodando Derechos de CDD, Ana Morillo, destacó: “Seguimos girando por distintos distritos sanitarios de la provincia de Entre Ríos para facilitar herramientas a profesionales de la salud para que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales, reproductivos y (no) reproductivos”.

Acerca de la iniciativa“Rodando Derechos” es una capacitación federal que CDD sostiene desde 2021. Se han capacitado profesionales de cinco provincias: Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Misiones; a las que este año se suman Entre Ríos, Catamarca y Corrientes.En todos los casos, el criterio es conformar equipos de capacitación, atención y monitoreo con profesionales de cada jurisdicción junto a la Universidad Pública de la zona, para que los contenidos estén situados y orientados a las necesidades de las y los profesionales en cada territorio, apuntando a llegar a zonas rurales y pequeñas localidades. En estos años, el programa ha permitido quintuplicar la cantidad de servicios que atienden y acompañan IVE/ILE y otras demandas de Salud Sexual y no reproductiva.En la provincia de Entre Ríos, el ciclo se extiende desde abril a julio de 2023.

Objetivos programados· Desarrollar tres jornadas de revisión de prácticas en SSR en el hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia.· Desarrollar tres jornadas de capacitación a los equipos de salud en el departamento de La Paz.· Realización de una jornada de capacitación y tres jornadas de equipo de atención itinerante en los departamentos de Federal y Villaguay.

La nena de 12 años que había desaparecido luego de manifestar su deseo de interrumpir el embarazo provocado por las reiteradas violaciones de su padre fue encontrada en un refugio de un grupo "provida" de Santa Fe y puesta bajo el sistema de protección del Estado. Por estas horas, se evalúa su situación y si finalmente se llevará a cabo, o no, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La preadolescente es oriunda de la localidad de Garibaldi, situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y debía ser sometida a la interrupción del embarazo (el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional) el lunes pasado. Pero la menor no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue secuestrada y llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida.

Todo ocurrió el 19 de diciembre de 2022. Según trascendió, la mamá de la joven notó que algo "extraño" le ocurría y la llevó a un control médico.  Allí, descubrió que su hija estaba embarazada y al ser consultada por lo que estaba ocurriendo, la menor se quebró y, entre lágrimas, le contó a su mamá que su papá la había violado reiteradas veces en la casa familiar ubicada en Garibaldi, situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en el departamento Castellanos.

La mujer no lo dudó, radicó la denuncia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención G.M.A, de 42 años. El hombre -que cuenta con antecedentes por violencia de género- fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Recreo será imputado por el delito de "abuso sexual agravado" por la fiscal Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Especial de Género, Familiar y Sexual (Gefas), en una audiencia en principio fijada para mañana.

En este contexto, la víctima expresó su voluntad de ser sometida a la interrupción del embarazo y su madre la apoyó en la decisión, por lo que se resolvió que la intervención se realizara en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe en la jornada de ayer, pero no se presentaron. La madre de la menor llegó a firmar el consentimiento, requisito necesario para concretar el procedimiento que establece la ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020.

El mismo garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige. Pero luego de manifestar su deseo de ser sometida a una interrupción de embarazo provocado por los abusos que sufrió a manos de su padre, la nena no se presentó con su madre a efectuar el procedimiento en un hospital de la capital provincial.

A partir de ahí, la Justicia inició una investigación para dar con el paradero de la mujer y la nena, ya que trascendió que ambas habían sido contactadas durante el fin de semana por integrantes de la asociación civil denominada Grávida, que intentaron convencer a la preadolescente para que no abortara. “Fueron contactadas por la organización católica Grávida, luego de una misa en María Juana a las que las invitaron", explicaron. 

La menor fue rescatada el martes y ya se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe. Según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que "se tranquilice" para tomar una decisión. Según voceros del Ministerio de Salud, la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

De esta manera, los profesionales de la Secretaría de Niñez y de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social analizan los pasos a seguir para garantizar el derecho de la niña de acceder al procedimiento que establece la ley 27.610, de interrumpir el embarazo en el caso de que así lo decida. De acuerdo con Chialvo, "se está evaluando" si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.

A través de un comunicado, desde la Secretaría de Niñez advirtieron: "Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado".

Tras la desaparición y el hallazgo de una niña violada que había pedido un aborto en Santa Fe, el Gobierno provincial confirmó que una organización civil intervino antes de que se llevara a cabo la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A partir de los informes recibidos, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de hacer una denuncia penal por la interferencia.

Búsqueda

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, consideró este miércoles que la acción de integrantes de Grávida "claramente no fue persuasión". A partir del operativo que ordenó la Justicia de Familia para ir a buscar a la nena de 12 años y a su madre a una institución religiosa, ambas se encontraban acompañadas por especialistas que ya hicieron las primeras entrevistas para definir los pasos a seguir.

La niña y su madre fueron encontrada en una sede de Grávida, ubicada en 9 de Julio al 2600.La menor de edad cursa el segundo trimestre del embarazo detectado tras la denuncia de una violación de su padre en Garibaldi, un pueblo ubicado a más de 100 kilómetros al oeste de la capital provincial. Si bien todavía no abortó, aún está a tiempo de someterse al procedimiento que pidió el sábado, cuando la atendieron en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela.IntervenciónFuentes oficiales remarcaron que la niña "no quería" para tener un hijo o hija como resultado del abuso sexual en la localidad del departamento Castellanos. En el marco de la Ley 27.610, su mamá expresó su consentimiento por escrito. Sin embargo, ambas faltaron este lunes a la tarde a la cita que tenían en el Nuevo Hospital Iturraspe de Santa Fe."Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido", expresaron desde el Gobierno provincial. De esta manera plantearon que Grávida "sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado".

Amenazas

Una vez que encontraron a la nena en el establecimiento religioso Casa Betania, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se hizo cargo de su cuidado de manera temporal. A partir de esta medida de protección excepcional, la llevaron a un hospital público en el que recibe asistencia de especialistas de diferentes áreas sociales. También empezaron a trabajar con su mamá para resolver el conflicto que se generó a partir de la irrupción del grupo que se opone al aborto.El primer indicio de interferencia para atender a la niña violada surgió este lunes a la tarde. Mientras la Policía llevaba a cabo un operativo en la vecina ciudad de Recreo para capturar al padre, una trabajadora social denunció amenazas del referente local de Grávida. La mujer sostuvo que Emilio Perizzotti se comunicó con ella y le advirtió que iban a "salvar la vida del bebé" porque "no tenía la culpa de los abusos".AudienciaSegún consta en reportes consultados por Aire de Santa Fe, "un sector de la Iglesia" y de esta ONG se contactaron con la familia durante el fin de semana. A partir de ese encuentro, a la nena la llevaron a Santa Fe y le hicieron una ecografía 4D, así como otros estudios para persuadirla y que continúe con el embarazo. Su madre la acompañó.Al margen de la acción del Gobierno y la Justicia respecto del aborto de la menor de edad, este miércoles se programó la primera audiencia relacionada a la causa que involucra a su padre. Luego de su arresto cerca de la capital provincial, la fiscal Alejandra del Río Ayala planea imputar a Gustavo A. por abuso sexual calificado.

Durante un encuentro organizado por Fondo de Población de las Naciones Unidas, CEDES y Proyecto Mirar se realizó un diagnóstico sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Entre Ríos y se compartieron datos actualizados sobre las políticas públicas provinciales en esta materia. Además, precisaron la cantidad de abortos que se practicaron en la provincia en 2021.Entre Ríos fue la tercera y última sede del ciclo de encuentros provinciales “Construyendo una nueva agenda. Diálogos para fortalecer la plena implementación de la Ley 27.610 sobre Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto”, que comenzó en Neuquén y siguió en Jujuy. Participaron activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, promotoras territoriales y comunicadoras.De acuerdo a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación y sistematizados por el proyecto mirar, en 2021 se llevaron a cabo 1.643 abortos en todo el sistema público de salud de Entre Ríos y, en el mismo período, la tasa de Interrupción Legal del Embarazo / Interrupción Voluntaria del Embarazo (la cantidad de interrupciones de embarazos por cada 1.000 mujeres en edad fértil) fue de 4,7, publicó APF Digital.En la provincia hay 41 servicios de salud públicos que garantizan el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; mientras que en el último año se distribuyeron 2.201 tratamientos de misoprostol.Durante el encuentro se presentaron datos del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde en 2021 se efectuaron 444 abortos. La obstetra Carolina Comaleras trabaja en ese centro de salud y destacó que se ha conformado una red de profesionales de la salud, médicas/os, obstétricas, trabajadoras sociales, psicologas/os, enfermeras/os de distintos territorios de la provincia, "facilitando así la articulación para garantizar el acceso".El encuentro realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) finalizó con el acuerdo de las prioridades y principales líneas de acción para potenciar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.Para más información sobre salud sexual, reproductiva y no reproductiva, el Ministerio de Salud de la Nación cuenta con la línea 0800-222-3444, nacional, gratuita y confidencial, que brinda información de forma integral a toda la población.

Denuncian mala praxis en el Hospital Delicia Concepción de Masvernat de Concordia, luego del fallecimiento de una joven. La paciente, de 22 años, había atravesado un procedimiento de aborto consentido.

Sus familiares presentaron la denuncia ante la Justicia, que quedó en manos del fiscal Martín Núñez.

El fallecimiento se produjo el jueves en el hospital de Concordia y se investigarán las circunstancias en que sucedió. Según se informó, la joven estaba internada con un cuadro de pancreatitis y se le había realizado un aborto terapéutico consentido.

Sin embargo, su salud siguió desmejorando hasta fallecer. De acuerdo a los medios locales, se indicó que la joven habría sufrido una infección tras la intervención médica.

El derecho constitucional al aborto es historia en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha tumbado este viernes medio siglo de un precedente sentado por la sentencia del caso Roe contra Wade, que dio en 1973 rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo. La decisión, que amenaza con cambiar el país de una manera aún difícil de predecir, devuelve a los 50 Estados la potestad de legislar sobre el tema. Se calcula que 26 están dispuestos a derogarlo.

En un día histórico, el alto tribunal ha emitido el fallo correspondiente al caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, una clínica de salud reproductiva de la capital de Misisipi. Se dirimía la constitucionalidad de una ley de ese Estado de 2018, que prohíbe la mayoría de las intervenciones después de las primeras 15 semanas de embarazo. De fondo, se discutía la continuidad del precedente de Roe contra Wade. Por seis votos a favor y tres en contra, el Supremo más conservador en 80 años ha cumplido con el sueño de las organizaciones antiabortistas del país, que llevan décadas esperando y presionando para que llegue este momento.

No se puede decir que haya sido una sorpresa. La filtración sin precedentes, a principios de mayo, de un borrador de 98 páginas de la opinión mayoritaria de los jueces sobre el tema, redactado en un tono de gran dureza por Samuel Alito, miembro del ala más conservadora, contaba entonces (se calcula que fue escrito en febrero) con el apoyo de Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Neil Gorsuch. También se ha sumado en este tiempo el presidente del Supremo, el juez John Roberts, que escribe que está de acuerdo con el fondo, pero que habría tomado “una opción más mesurada”, que no implicara necesariamente tumbar el precedente de 1973 (y otro, de 1992, Planned Parenthood contra Casey).

En la sentencia, de 213 páginas, que mantiene la polémica frase de que la argumentación de Roe contra Wade estaba “atrozmente errada, y en franca colisión con la Constitución desde el momento en que fue publicada”, Thomas pide, en un voto particular concurrente, que el Supremo reconsidere otros precedentes, como el derecho a la contracepción, el que protege las relaciones entre personas del mismo sexo y el matrimonio homosexual. Las sentencias que dieron carta de naturaleza a todos esos derechos civiles (Griswold, Lawrence y Obergefell) están, como en el caso del aborto, sostenidas en la decimocuarta enmienda, la que garantiza la intimidad.

En contra de una decisión que afecta a la vida de unas 36 millones de mujeres en edad reproductiva han votado los magistrados liberales Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer, que anunció en enero su retirada y ya tiene reemplazo, la también liberal Ketanji Brown Jackson. Los tres firman un voto particular oponiéndose al texto en el que dicen: “La ley de Misisipi prohíbe los abortos tras la decimoquinta semana, pero otros Estados podrían hacerlo después de 10 semanas, o de 5, o de 3, o de 1, o, de nuevo, desde el momento de la fecundación. (...) Algunos han promulgado leyes que se extienden a cualquier forma de aborto, incluida la toma de medicamentos en casa. Han aprobado normas sin ninguna excepción para cuando la mujer es víctima de una violación o de incesto. En virtud de esas leyes, una mujer tendrá que dar a luz al hijo de su violador o una niña al de su padre, sin importar que hacerlo destruya su vida. Tras la sentencia de hoy, algunos Estados pueden obligar a las mujeres a llevar a término un feto con graves anomalías físicas. Pueden incluso argumentar que una prohibición del aborto no tiene por qué proteger a la mujer del riesgo de muerte o daño físico. En una amplia gama de circunstancias, un Estado podrá imponer su elección moral a una mujer y obligarla a dar a luz a un niño”.

La decisión ha provocado inmediatamente una concentración ante el edificio del Supremo en Washington. Centenares de activistas en favor de la libertad reproductiva de las mujeres y grupos menos numerosos de antiabortistas han estado toda la mañana intercambiando consignas. Hay convocada una manifestación, que cuenta con el respaldo de las principales organizaciones consagradas a defender el derecho a decidir, para el viernes a las cinco de la tarde. “La maternidad forzada es esclavitud femenina” y “Ayudare e instigaré el aborto” son dos de las frases que se podían leer en los carteles de los concentrados ante el alto tribunal. “Estoy aquí, he venido de Nueva York, porque cuido a una niña de 11 años, a la que está a punto de llegarle la regla. Me siento obligada a defenderla de la que se le viene encima”, explicaba Vanessa Peláez, mientras repartía afiches color verde de la organización RiseUp4AbortionRights.

La sentencia parte literalmente el país en dos. Prominentes asociaciones en favor del derecho de las mujeres a decidir, como el Instituto Guttmacher o Planned Parenthood, calculan que tras la caída de Roe, 26 (de los 50) Estados acabarán prohibiendo en mayor o menor medida el aborto. Ahí incluyen a Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Míchigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, las Carolinas, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. Trece de esos 26 Estados tienen preparados textos conocidos como trigger laws (leyes gatillo). Están escritas y aprobadas (alguna, como la de Míchigan, se redactaron en 1931) y podrían activarse de inmediato o en los próximos días o semanas. Eric Schmitt, fiscal general de Misuri, corrió este viernes por la mañana para darle al botón y lograr que su Estado se convirtiera en el primero en prohibir el aborto en la América pos-Roe.

Dos lugares, Texas y Oklahoma, ya tienen en vigor leyes tan restrictivas, aprobadas en los últimos meses y ante la inminencia del pronunciamiento del Supremo, que equivalen a una prohibición total.

El mapa que esta oleada regresiva amenaza con dejar tras de sí presenta una gran mancha en el centro del país con algunas zonas de excepción (como Colorado, Nuevo México o, de momento, Kansas). Ese “desierto”, como lo definía en una reciente conversación con EL PAÍS Nancy Northup , presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos, quedará flanqueado por dos franjas permisivas en ambas costas.

A medida que algunos Estados han ido avanzando en su acoso a los derechos de las mujeres, otros han visto sus clínicas inundarse de pacientes que provienen de los lugares en los que las prohibiciones se han hecho efectivas. Algunos Estados demócratas ya han anunciado, por su parte, que amarrarán legislativamente los derechos de las mujeres como reacción al nuevo escenario pos-Roe y otros, como Nueva York, se han ofrecido como refugio para quienes no puedan abortar en sus Estados de origen.

Los sectores más vulnerables económicamente serán también los más afectados por el panorama que emerja en Estados Unidos a partir de este viernes. Viajar a otros lugares para abortar no está al alcance de todas las mujeres. Al precio de la intervención en sí, hay que añadir el viaje, el combustible (por las nubes en la América de la inflación) y el alojamiento; en muchos de los sitios donde aún estará permitido, la ley obliga a que pase al menos un día entre la primera consulta y la intervención, lo que dilata el proceso y aumenta los gastos. Muchas recurrirán, auguran los expertos, a la alternativa de las píldoras abortivas, que son menos seguras para las pacientes. En los Estados más duros, se están diseñando herramientas para impedir que estas puedan adquirirse por internet, a vuelta de correo.

????? pic.twitter.com/bEHfa4c3O5 — Fake norwegian (@llop_98) July 11, 2021 El influencer reveló frente a millones de espectadores que durante sus relaciones sexuales no utilizaba preservativo con la excusa de que le “cuesta mucho”. Y siguió: "Nunca lo utilizo, hasta que un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada. Voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema", aseguró. Ante la severidad de estas declaraciones, el entrevistador le consultó, entre risas, si sus parejas sexuales estaban de acuerdo o si se enfadaban, a lo que muy confiado contestó: “Sí, pero bueno. Yo les digo que tranquilas, que soy estéril”, apuntó el tiktoker. “Tu tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea”, concluyó el mediático, que en oportunidades pasadas fue repudiado en las redes sociales por su postura en contra de la legalización del aborto. Repercusión Tras el revuelo que han generado las palabras del influencer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado este lunes que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el vídeo. Embed

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresiónPresumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021 Las lamentables palabras de Naím Darrechi y la desatinada reacción de “Mostopapi” no tardaron en viralizarse y provocar un fuerte rechazo en distintas plataformas virtuales. El tiktoker fue acusado de hacer apología de la violación por “acabar dentro” de sus parejas sin su consentimiento y engañarlas. En tanto, el escándalo traspasó la esfera mediática y llegó a oídos de las instituciones estatales. Y es que la propia ministra de Igualdad de España, Irene Montero, anunció que tomaría cartas en el asunto y que haría una presentación ante la Fiscalía española por “abuso sexual”. Embed

Ibai hablando del video de Mostopapi y esq no puede tener más razón pic.twitter.com/jxLY2VWOfY — υαимα (@juanma06_) July 12, 2021 “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual, y la Ley Solo Sí es Sí lo reconocerá como agresión”, determinó la ministra de forma categórica. “Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, concluyó Montero su mensaje, que fue saludado por miles de usuarios. Embed

Agresión sexual y cultura de la violación. Y quien le ríe la gracia, cómplice https://t.co/FBL2z8dHQE — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 12, 2021 Otra de las figuras políticas que arremetieron contra el joven español fue el diputado de Más Madrid, Iñigo Errejón, quien desde su cuenta oficial de Twitter apuntó contra el youtuber y el tiktoker: "Agresión sexual y cultura de la violación. Y quien le ríe la gracia, cómplice".]]>

La estrella de TikTok Naím Darrechi, con 27 millones de seguidores, reveló durante una entrevista que no utiliza ningún método anticonceptivo y, además, afirmó que al decirles que no puede tener hijos para "acabar dentro sin ningún problema". ]]>