Por Cecilia Inés DomínguezAbogada - Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas)

Cuando hablamos de la no modificación de la Ley de Glaciares, hablamos de la preservación del ambiente, los derechos de las comunidades que los habitan y la continuidad de la habitabilidad de estos territorios para las generaciones futuras.

Realizar dicha modificación conllevaría a la violación de criterios de razonabilidad (conforme Art. 28 de la Constitución Nacional), los que exige la fundamentación razonable de los actos de Gobierno. Caso contrario éstos serían arbitrarios y por lo tanto carentes de validez legal.

Cuando hablamos de la modificación de una ley que establece en la actualidad un umbral mínimo de protección legal, debemos saber que éste no puede quebrarse ni romperse debido a que se vería afectado el principio de progresividad que se encuentra adherido a la protección del ambiente. Por lo tanto, la razonabilidad de los actos de Gobierno se relaciona con este principio. Y cuando se menciona la razonabilidad también debemos hacer foco en que para esto deben existir estudios científicos válidos que conduzcan a conclusiones que establezcan que la pretendida modificación no causará un detrimento en la calidad de vida de las especies que habitan los territorios que se pretende interferir.

Estamos hablando de que debemos conocer y tener elementos suficientes que conllevan a que nuestras decisiones no se basen en meros presupuestos sino en criterios científicos, pero sobre todo que estos no contradigan principios de protección vigentes.

Así también, debemos subrayar el orden de prelación que establece la jerarquía sobre la cual se rigen nuestras leyes, no pudiendo jamás una ley, nacional o provincial, violentar el bloque duro de constitucionalidad legal. Esto es, la Constitución Nacional más los Tratados en materia de Derechos Humanos que se encuentran enumerados en el artículo 75 inc. 22. Este aspecto de orden jerárquico sobre el cual se ciñe nuestro sistema normativo, lo encontramos receptado en el Art.  31 de la Constitución Nacional. Asimismo, nuestro Art. 41, piedra basal del resguardo Ambiental en materia Constitucional, establece la jerarquía de la protección del ambiente en todo el territorio de la República Argentina.

Dentro del aspecto legal contamos con la ley General de Ambiente que esboza principios básicos de protección ambiental: el principio de congruencia, el preventivo, precautorio, de responsabilidad y pro natura. Éstos fundan la exigencia del resguardo de diferentes áreas geográficas dentro del territorio nacional ante posibles acciones antrópicas y extractivistas que afecten los ecosistemas y al ambiente en general.

A nivel internacional contamos con un abanico de defensa legal que brindan protección en la esfera del Derecho Internacional y aseguran la continuidad de la protección del Ambiente. Va de suyo, que, si el Estado Nacional no adecúa su sistema normativo a las obligaciones contraídas a nivel internacional, en el marco de lo suscripto a través de estos Tratados y/o Convenciones, podría incurrir en la violación de obligaciones asumidas internacionalmente al haber ratificado diversos cuerpos normativos que forman parte de nuestro régimen jurídico nacional.

 Realizar modificaciones en la ley de Glaciares, implicará limitar y restringir el acceso al agua potable a las generaciones actuales y también las futuras, colocándolas en una precariedad de subsistencia, vulnerando normativa de protección a nivel Ambiental pero también en materia de Derechos Humanos.

Por último, no se puede dejar de mencionar el principio de no regresión en materia Ambiental. El que obliga al Estado a no retrotraerse a un umbral inferior de protección legal. siempre debemos ir por más protección, nunca por menos.

La modificación de esta ley producirá un grave ecocidio, el cual conllevaría a la destrucción de toda una cadena ecológica que sustenta la protección de diversas especies. Los Glaciares son sistemas ecológicos que regulan los ambientes y ecosistemas, garantizando la calidad de vida de las diversas especies que los habitan. La degradación de estos espacios a través de diversas prácticas antrópicas y extractivistas producirán la degradación y daños acumulativos e irreversibles en dichas zonas. Flexibilizar los componentes de protección de la ley, habilita a la alteración y degradación de las diversas formas de vida que los habitan. Por ello, resulta necesario realizar un abordaje en relación a prácticas clásicas de colonialismo, y traerlas a contexto a la luz de las nuevas formas de colonización sobre América Latina.

Al hablar de colonialismo, debemos relacionarlo con explotación, servilismo, tiranía y esclavitud. El colonialismo y los sistemas constitucionales, como programas políticos que pueden proteger derechos o beneficiar el saqueo de los bienes de la naturaleza que pertenecen a las comunidades, configuran un modo de expropiación de los bienes de los ciudadanos quienes detentan el poder político, económico y comercial. Esta acción no podría encontrar separada del colonialismo. Por ello debemos pensar si la pretendida modificación nace de un colonialismo impuesto desde el extranjero buscando satisfacer los intereses de un capitalismo financiero.

El agua es el principio básico por el cual subsiste la vida.

Por Pablo Recchia

Establecido por Naciones Unidas (ONU) se conmemora todos los años el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta fecha relaciona la condición de la persona con Síndrome de Down con su condición genética que es la Trisomía en el cromosoma 21, de ahí el 21/03.

El lema de este año 2026 establecido por ONU es "Juntos contra la soledad”, se centra en sensibilizar en como la soledad afecta de manera desproporcionada a las personas con Síndrome de Down y a otras discapacidades intelectuales, así como a sus familias.

La soledad es un problema de salud grave que provoca ansiedad, depresión y lesiones vinculadas a la exclusión social y al estigma. La campaña indica que no se visualiza una inclusión real en las escuelas, en los lugares de trabajo y en las comunidades, y hace hincapié en que estar presente no equivale a estar incluido.

Cómo papá de una joven mujer con Síndrome de Down de 36 años, quien hoy lucha por su independencia, busca un trabajo y una sociedad que la acompañe, estamos luchando con la familia por su inclusión desde su nacimiento, con grandes logros y también muchas decepciones, vemos cómo las sociedades en los últimos tiempos han perdido empatía por el otro, defendiendo el individualismo por sobre lo colectivo.

Esto habla a las claras de la degradación social, el sálvese quien pueda y por qué también nos miramos solamente nuestro ombligo.

Seguramente estas palabras duelen, ofenden, señalen, interpelen, pero esta es la realidad cuando los Estados están ausentes. La corrupción y el poder económico siguen enfermando la salud mental de la población y se pasan las legislaciones por lugares donde no les da el sol.

Cómo padre, referente, reconocido nacional e internacionalmente, miembro actual de varios proyectos de países Iberoamericanos, ex funcionario, etc. no debería sentir ningún tipo de fracaso o culpa en la crianza de mí hija con Síndrome de Down, ni en la defensa de los derechos de los colectivos de personas con diferentes condiciones intelectuales. Creo que, al contrario, siento un gran orgullo por mi lucha, la de muchos compañeros padres y de los grandes avances que hemos logrado.

Pero sí siento el dolor de la actualidad en el mundo entero y sobre todo en nuestro país, donde la vulnerabilidad pasó a ser una carga para la gestión de turno y un número negativo en las finanzas del Estado Nacional. Una especie de política de exterminio y estigmatización de lo que genera gasto, según los actuales economistas.

Obviamente sabemos que esto es cíclico, que se termina en algún momento y luego viene la reconstrucción de un país desbastado por políticas pensada para pocos.

Esto lejos de amedrentarnos, nos alienta aún más a continuar la lucha. Pero los que abrimos un camino los últimos treinta y cinco años, también luchamos para los que vienen hoy, con mayores expectativas y grandes posibilidades y para que la sociedad sea más justa, más inclusivas y se brinden mayores posibilidades, derechos y calidad de vida a los colectivos de personas vulnerables y, en esta oportunidad, con Síndrome de Down, que este sábado 21 tienen asegurado a nivel mundial su visibilidad y la atención de la población en ellos y sus familias .

*Por Fabián Boleas, Ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre RíosEntre Ríos volvió al mercado internacional de crédito después de varios años sin acceso al financiamiento externo. Esta semana se concretó una emisión por USD 300 millones con inversores internacionales. No es un dato menor: en el contexto macroeconómico actual, apenas cuatro provincias argentinas han logrado hasta ahora financiarse en los mercados internacionales. Entre Ríos es una de ellas.

Este resultado es consecuencia directa del ordenamiento fiscal iniciado en 2024. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo: es la condición para recuperar la confianza y volver a generar oportunidades de desarrollo. La administración prudente de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones asumidas y la previsibilidad institucional permitieron avanzar en ese camino.

También es importante recordar el punto de partida. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nos encontramos prácticamente sin ahorros y con una reputación financiera deteriorada tras la reestructuración concretada en 2021. Además, la estructura de ese bono concentró los pagos de amortización en nuestra gestión de gobierno. De hecho, a poco menos de dos meses de iniciar la nueva administración enfrentamos el mayor vencimiento de toda la vida del bono —USD 66 millones— para el cual las autoridades salientes habían dejado un fondo de reserva que no alcanzaba a cubrir el 40% del pago.

Ese escenario inicial explica buena parte del esfuerzo que debió realizar Entre Ríos para ordenar sus cuentas y reconstruir su credibilidad. Los resultados empiezan a verse: la provincia pasó del puesto 24 en 2023 al 15 en 2025 en los indicadores comparativos de desempeño fiscal y financiero.

La reciente vuelta al mercado de crédito es una consecuencia directa de ese proceso.

También es importante explicar para qué se utiliza este financiamiento. El objetivo principal es mejorar el perfil de la deuda existente, particularmente los vencimientos del bono reestructurado en 2021, que concentraba los pagos de amortización e intereses a partir de 2024.

La nueva emisión, con una vida promedio cercana a los seis años, incorpora además una opción de recompra del bono anterior. Esto permite distribuir mejor los vencimientos a lo largo del tiempo y hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos.

Al mismo tiempo, la operación permite cancelar pasivos en pesos con tasas significativamente más altas, reduciendo el costo financiero efectivo y disminuyendo la presión de vencimientos en el corto plazo. En definitiva, se trata de administrar responsablemente el perfil de la deuda para garantizar solvencia y previsibilidad, una práctica habitual en gobiernos y organizaciones que planifican con una mirada de largo plazo.

En cuanto al costo de la emisión, las condiciones obtenidas resultan competitivas en el contexto actual. Si se compara con la colocación realizada en 2017, la prima de riesgo pagada en esta oportunidad fue 48 puntos básicos menor. Este dato resulta especialmente relevante si se considera que desde entonces aumentó el costo internacional del dinero y también el riesgo soberano argentino.

Aún frente a otras jurisdicciones que accedieron recientemente al mercado, Entre Ríos consiguió condiciones razonables. La diferencia de tasa con Córdoba —una provincia con una economía considerablemente mayor y una situación fiscal mucho más holgada— no superó los 90 puntos básicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, la comparación no es estrictamente válida, ya que se trata de jurisdicciones que no reestructuraron su deuda en los últimos años.

Las tasas reflejan el riesgo relativo, el tamaño de la economía, la estructura fiscal y el historial de cumplimiento. No todas las jurisdicciones parten del mismo punto ni enfrentan las mismas condiciones. Por eso es particularmente significativo que Entre Ríos haya podido volver al mercado internacional de crédito en estas circunstancias.

Por último, es importante precisar algunos números sobre el flujo real del bono. Considerando la tasa efectiva, la vida promedio cercana a seis años y el esquema de amortización previsto entre 2031 y 2033, en términos de flujo anual el costo de intereses del instrumento equivale a aproximadamente USD 28 millones en promedio por año. Algunas estimaciones difundidas recientemente no contemplan correctamente el cronograma de pagos ni la estructura de amortización.

En síntesis, esta emisión no es un punto de llegada sino un paso más en el proceso de ordenamiento financiero de Entre Ríos. Un camino basado en responsabilidad fiscal, cumplimiento de los compromisos y recuperación de la confianza.

Hace unos días se publicó un ranking, de esos internacionales, que mide qué tan estresadas se sienten las personas. Y como no nos gusta bajarnos de ningún podio, ahí está Argentina, liderando el ranking internacional de estrés. Somos campeones del estrés.

Cuando leí la nota, por alguna razón no me sorprendió. Más bien parecía de esos datos que confirman lo que ya sabemos. No paramos de estar tratando de arreglar —no se sabe bien qué— pero siempre hay una urgencia que no se explica tanto por su magnitud objetiva como por la sensación de que todo está en juego, como si cada situación fuese definitiva.

El estrés es esa sensación interna de amenaza total, como si cualquier movimiento pudiera precipitar la caída.

En el consultorio, cuando un paciente vive estos cuadros, uno de los trabajos del analista es ayudar a separar la urgencia real de la impresión subjetiva de catástrofe.

El estrés es la combinación de tres aspectos (es-tres) en uno: inestabilidad, como la impresión de un cambio inminente; el peligro, como posibilidad de ser dañado; y el llamado a la acción, la necesidad de hacer algo para resolverlo. Un cóctel que los argentinos conocemos y consumimos a diario.

El argentino toma mate con la inestabilidad, percibe un peligro siempre acechando y no deja de tratar de hacer algo. Somos un país en el que es imposible aburrirse porque siempre pasa algo; eso nos mantiene en “modo estrés”. Y bien sabemos los psicólogos de la importancia del aburrimiento como instancia de asimilación, de aprendizaje y de creación. Si Argentina fuese un paciente en el diván, la pregunta clínica podría ser: ¿Cuánto hace que Argentina no tiene un veranito de aburrimiento?

Desde el psicoanálisis, cuando un síntoma, en lugar de verse como tal, se vuelve un rasgo de la identidad, decimos que aquello es egosintónico. La Argentina hace de su síntoma una identidad: el país que no duerme, que no se aburre, que no puede simplemente parar la pelota. Y acá una diferencia importante: una cosa es haber atravesado crisis —que las hemos atravesado— y otra es organizar la identidad alrededor de la idea de que somos los atravesadores de crisis.

La paradoja del síntoma es que, si hacemos del borde nuestra identidad, tarde o temprano necesitaremos un abismo para seguir siendo quienes creemos ser.

Así entramos en un bucle: el trauma produce el estrés y el estrés vuelve a producir trauma. El problema no es que venga una crisis, sino no poder salir del reflejo defensivo.

En psicología clínica, esa posición de estrés permanente suele ser un efecto de lo traumático. Cuando se viven sucesos que golpean y rompen nuestra capacidad de elaboración aparece el estrés postraumático; aunque haya pasado tiempo del suceso, la persona psíquicamente permanece defendiéndose de esa misma situación, como si la continuara viviendo: no sale del peligro. Pienso si nuestro modo de vivir estresados no será también parte de nuestros traumas nacionales, con los que todavía convivimos: corralitos, guerras, hiperinflación, dictadura, migraciones.

El eco de lo traumático retorna como una premonición sobre lo que va a suceder. Vivimos temiendo que vuelva a ocurrirnos lo mismo que nos lastimó y entonces nos preparamos para estar listos para lo peor. Es una anticipación negativa que intenta dejarnos preparados cuando llegue el próximo evento. El modo estrés es una forma de adelantarnos al golpe: nos tensamos antes de tiempo, vivimos prevenidos frente a una amenaza que todavía no llegó, pero que sentimos inevitable.

El argentino es pícaro, está atento, no baja la guardia porque no se siente seguro. No confía en que sus dirigentes lo cuiden, no ve previsibilidad, y así es que vivimos en estado de alerta como si eso fuese una virtud. No te podés confiar, no te podés dormir: argentino que se duerme, es cartera. El “modo estrés” deja de ser una reacción y se convierte en una ética, en una cultura de vida.

Pero bien sabemos que el cuerpo no negocia. El sistema nervioso no entiende de relatos patrióticos. Cuando se vive en alerta permanente aparecen el insomnio, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, los vínculos tensos, la imposibilidad de disfrutar. Y algo aún más peligroso: cuando estamos en “modo estrés” no podemos tomar buenas decisiones. Se hace lo que sea por sobrevivir.

No creo que el desafío sea dejar de estar atentos —sería ingenuo— sino reconocer este mecanismo de alerta sin romantizarlo. Porque un país que sólo sobrevive nunca llega a vivir.

Tal vez la pregunta clínica no sea únicamente cuánto hace que Argentina no tiene un veranito de aburrimiento, sino si estamos dispuestos a tolerarlo cuando llegue. Aburrirse implica confiar en que nada terrible va a pasar en los próximos cinco minutos.

La pregunta no es si podemos cambiar, sino si queremos dejar de identificarnos como campeones del estrés. ¿Hasta qué punto nos enamoramos de esta forma de vivir?

Desde la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú creemos que no podemos dejar pasar esta fecha, ya que, en Argentina, hablar de Asperger no puede ser solo una efeméride.  No es un día más. 

Cómo presidente de la Asociación sostengo que tiene que ser una denuncia. Las personas con síndrome de Asperger —dentro del espectro autista— siguen siendo vulneradas por el Estado con: diagnósticos tardíos o inaccesibles. Muy lejos de lo que versa la ley integral de autismo; escuelas que excluyen y expulsan, porque reciben, pero no incluyen, no abrazan; obras sociales y prepagas que incumplen sin ninguna exigencia o penalización por parte del estado (ministerio de salud); apoyos que no llegan (acompañantes terapéuticos, maestros/as de apoyo a la inclusión; terapeutas, materiales: textos adaptados, consignas facilitadas, exámenes flexibilizados para que los alumnos puedan mostrar lo que saben en realidad. Que no siempre es dar características sueltas de los conceptos aprendidos; familias agotadas sosteniendo lo que debería garantizarse como derecho. 

Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio: No es una enfermedad, pero  el sistema falla. Porque pretende que las personas dejen de ser como son, sin tener en cuenta sus necesidades, intereses, estilos de aprendizaje o maneras de hacer, obligándolas a fracasar una y mil veces. La discapacidad no está en la persona:  Está en la falta de accesibilidad, en el ajuste, y en la ausencia de políticas públicas reales. La inclusión no se declama en discursos oficiales ni en fechas simbólicas, se garantiza con presupuesto, seguimiento y con cumplimiento efectivo de la ley. 

No queremos discursos vacíos. Leyes olvidadas, textos enteros en letra muerta.  No queremos romantización. Idealización al estilo Disney.  No queremos más familias solas. Queremos educación inclusiva real. Queremos salud accesible. Queremos trabajo digno. Y espacios laborales respetuosos donde haya compañeros y superiores que acompañen y sean puentes hacia el crecimiento personal y no barreras para el desarrollo integral de cada persona. Queremos que se respeten los derechos ya conquistados. Los derechos no se recortan, se cumplen. 

En un 2025 con muchas idas y vueltas se sancionó en el Congreso la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley N° 27.793), orientada a garantizar derechos y financiamiento al sector. El Ejecutivo inicialmente vetó (frenó) su aplicación, pero fue obligado por un fallo judicial a reglamentarla días pasados y ponerla en marcha. 

Después de muchos reclamos, se reglamenta mediante un decreto, de manera muy holgada, ya que si bien prevé un aumento “salvavidas” para las prestaciones, habla de cambios y de fortalecimiento en los organismos de apoyo, quedando muchos grises, dado que hay varios artículos que no están reglamentados aún, este decreto no es claro en cuanto a fechas, y en qué proporción se va a dar la actualización de los valores de las prestaciones y servicios que se brindan a las personas con discapacidad, a días de iniciar las clases, por ejemplo. Con respecto a las pensiones, y a pesar de lo que se cree todas las personas con discapacidad cuentan con una, esto no es una cuestión “sine qua non”, es un beneficio que se alcanza después de trámites muy largos y al que la gran mayoría de personas con discapacidad no acceden. Hace años que familias de nuestra Asociación están a la espera de una respuesta y no se les ha otorgado tal beneficio, tornándose un desafío más. Por supuesto estamos de acuerdo con auditorías transparentes y respetuosas, no masivas. Creemos y sostenemos que este beneficio debe ser otorgado a quien realmente lo necesite.

La reglamentación actual (Decreto 84/2026) establece lineamientos para la implementación del régimen de pensiones y prestaciones, criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas, articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y mecanismos de control. Pero desconocemos cómo se llevará adelante su implementación. La ley se inspira en el modelo social de discapacidad, que reconoce a las personas como sujetos plenos de derechos, no como objetos de asistencia. Se orienta a garantizar derechos como empleo, salud, educación, accesibilidad y participación social sin discriminación. 

Abordar a la discapacidad de manera integral es sumamente necesario, y es una decisión política. La Ley Establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, calculada en función de porcentajes del haber mínimo y compatible con empleo formal bajo ciertos límites de ingresos. Esta Ley también busca regularizar deudas acumuladas con prestadores y suspender recortes que afectaron servicios esenciales. La reglamentación remarca la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y otras instancias de diálogo con la sociedad civil. Esto nos hace ruido porque sabemos que el diálogo con los gobiernos, este y cualquiera de turno, pero con este gobierno en particular siempre es muy difícil hablar de discapacidad y derechos, servicios y prestaciones. La ley entró en vigencia inmediatamente, luego de ser reglamentada esta semana, pero todavía desconocemos los alcances reales. El período de Emergencia Nacional en Discapacidad fue declarado hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Estamos a muy poco de iniciar las clases y todavía hay familias con planes terapéuticos sin aprobar, otras que sus profesionales han decidido cortar la prestación porque no cobran aun los meses de septiembre en adelante. Los transportistas también están en vilo, dado que los gastos para brindar los servicios de traslado son cada vez más costosos y las obras sociales no hacen efectivos los pagos como debieran. También hay muchas instituciones a punto de cerrar sus puertas. “Habemus reglamentación”, pero no contamos aún con respuestas prácticas. Esperamos se agilicen los trámites y se brinden los apoyos económicos que son necesarios para habilitar los servicios.

No hay planes de apoyo y formación docente, por lo que contamos con escuelas abiertas y dispuestas a recibir la diversidad en sus aulas y otras que, sosteniendo un discurso inclusivo, expulsan en el día a día en el aula, imponiendo barreras al aprendizaje y la participación de manera permanente ya sea por desconocimiento o bien por desinterés. Que esta ley no caiga en letra muerta como tantas otras, es fundamental. Por lo que permanecemos alerta.

La discapacidad no debe ser tratada como un gasto a ajustar. Creemos que la inclusión se garantiza con hechos. Con apoyos reales y sostenidos que contemplan a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores que no deben ser castigados por elegir trabajar con personas con discapacidad, sino respetados y reconocidos por la labor que brindan. El Estado Nacional no puede, ni debe mirar para otro lado. Seguiremos bregando para que la reglamentación se cumpla de manera efectiva.  

Cuando un menor de edad comete un delito de manera consciente, el Estado no puede permanecer indiferente y debe actuar. Esa respuesta no debe ser idéntica a la que la ley prevé para los adultos, pero sí debe existir para que el hecho no quede sin consecuencias.  

En Argentina, la responsabilidad penal comienza a los 16 años. En ese contexto, el Congreso debatirá próximamente un nuevo Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La discusión es estructural, ya que el sistema vigente se rige por una ley sancionada en 1980, pensada para otro contexto social, que hace tiempo demuestra serias debilidades en la práctica.

Argentina tiene el límite de edad de imputabilidad más alto de la región. Por ejemplo, en Brasil el límite es de 12 años y en Uruguay 13 años. En Europa, el rango se encuentra entre los 10 y los 15 años. Esta sola comparación obliga a revisar si el modelo vigente resulta el adecuado para la realidad actual.

Desde una perspectiva penal, los delitos cometidos por los menores de 16 años representan un porcentaje menor e incluso son pocos los que cometen delitos especialmente graves, pero cuando ocurren, el daño a la víctima y el impacto que generan en la sociedad es significativo.

La baja de imputabilidad a 14 años resultaría ser una decisión de política criminal acertada si se busca dar una respuesta institucional a la víctima y a la sociedad, y permitir una intervención estatal temprana frente al delito. Sin embargo, es importante destacar que reducir el debate a una cuestión de edad resultará siempre insuficiente.

De sancionarse la ley que reduzca la edad, es probable que se genere un alivio momentáneo en la sociedad, con la sensación de que el problema está resuelto. Sin embargo, la discusión central no debe detenerse allí, sino en saber cuál será el tratamiento que dará el Estado a los menores que cumplirán la pena que impongan los jueces, y si realmente está en condiciones de hacerlo.

Probablemente una parte importante de la sociedad desconozca que hoy el sistema penal juvenil actual falla por todos lados. Los institutos de menores (que funcionan para los jóvenes entre los 16 y 18 años) resultan ser espacios con infraestructuras deficientes y regímenes que contemplan tratamientos que no logran corregir al menor mientras se encuentra privado de su libertad. Incluso, a veces se consigue el efecto contrario ya que, una vez recuperada la libertad, vuelven a cometer delitos.

A eso se le suma otro dato importante: una parte significativa de los menores que delinquen se encuentra en contextos vulnerables, conviviendo en entornos sociales complicados, sin contención familiar ni educación.

Estas condiciones no implican que no haya que juzgar a quien comete el delito -incluso desde los 14 años en adelante, pero sí resultan centrales al momento de pensar y diseñar la sanción adecuada, especialmente cuando se trata de personas en pleno proceso de desarrollo y formación.

En este sentido, la sanción penal no solo debe consistir en el encierro del menor y olvidarnos del problema, sino que merece tener una discusión mucho más profunda, orientada a que puedan comprender e internalizar el daño causado a la víctima y a la sociedad, recibiendo acompañamiento psicológico permanente y educación como pilares fundamentales que permitan reinsertarlo en la sociedad sin que vuelva a delinquir.

Sin este debate profundo, toda sanción de una ley que disminuya la edad de imputabilidad será simbólica y solo logrará una sensación de alivio momentáneo, sin que en la práctica puedan verse soluciones reales.

Por Santiago Venditti, abogado penalista.

 Otra decisión oficializada mediante decreto: el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno Nacional, elimina la obligatoriedad de contenidos de educación vial incluidos en los programas escolares de todo el país, y deja a cada provincia la responsabilidad de continuar o no con su dictado.

Desde la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, representadas en Entre Ríos por la ONG ACIVERJUS, manifestamos y rechazamos tal Decreto que ha emitido el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo del Sr. Federico Sturzenegger, como lo fue también el Decreto 196/2025, de renovación de la Licencia Nacional Única de Conducir de manera digital y remota, sin necesidad de la presencia física del solicitante, marcándole con estos ejemplos que se trata de un retroceso en todo lo logrado.

Con mucho esfuerzo, los municipios que poseen un Departamento de Educación Vial realizan en distintos establecimientos educativos actividades teóricas y prácticas de información a los alumnos; es por eso que instamos al Presidente del Consejo General de Educación Provincial Carlos Cuenca a emitir opinión sobre tal decreto y fijar posición, que a nuestro entender sería seguir dictando actividades de educación vial en los establecimientos educativos de toda la provincia de Entre Ríos.La Educación es la vía para pacificar las calles y rutas, donde hemos comenzado el 2026 con tres siniestros viales en el departamento Gualeguaychú (en un radio de menos de 90 km.) que dejaron un saldo de 10 víctimas fatales y un entorno afectado por cada una de ellas.

El slogan del Gobierno Provincial es “Cada peso donde tiene que ir”; en lo referente a la seguridad vial, en aspectos tales como la concientización, la educación y la prevención, el slogan no se estaría llevando a cabo porque cada peso va a los hospitales y sanatorios, con las personas siniestradas, lo cual ocasiona un gasto innecesario. Sería distinto si se realizaran presencias y campañas masivas en los medios radiales, gráficos y televisivos, sumado a nuestro aporte, el de los familiares de víctimas.

A continuación, un breve informe realizado por nuestra ONG acerca de los costos que implican las atenciones médicas vinculadas con los siniestros viales.Una fractura de cadera (lo más común en un siniestro vial) con prótesis más la recuperación, representa un gasto que oscila entre los $5.000.000 y los $6.000.000 millones de pesos. Lesiones internas con atención en Terapia Intensiva, rondan en $700.000 por día. Un siniestro vial que tenga como consecuencia un ACV -cuya medicación se tenga que proveer a las 4hs de producido para evitar secuelas graves- oscila los $7.000.000. Una internación en sala con atención completa cuesta alrededor de $400.000 por día.

Ante este escenario, siendo la única ONG provincial que visibiliza los siniestros viales y sus consecuencias, decimos: control, sanción e inversión.

Miguel Ángel “Pipo” GandolfoPresidente de ACIVERJUSDNI: 18.590.841

Sobre los cambios implementados por el Decreto 436/2025

A partir del ciclo lectivo 2026, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de la obligatoriedad de la educación vial en las escuelas de todo el país, tras la derogación de artículos centrales de la Ley 27.214 de Promoción de la Educación Vial. Esta decisión implicó que la responsabilidad de incorporar contenidos vinculados a la formación vial dejara de ser una política educativa de alcance nacional y pasara a depender exclusivamente de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta ese momento, la normativa vigente concebía a la educación vial como un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado, orientada a promover conocimientos, actitudes y prácticas que favorecieran una circulación segura y responsable en el espacio público. La ley también proponía un enfoque integral de la temática, que incluía la articulación entre distintos niveles educativos y la creación de un observatorio educativo especializado.

El cambio normativo se formalizó mediante el Decreto 436/2025, cuya aplicación comenzó en 2026. A través de este instrumento se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214 de Promoción de la Educación Vial, eliminando así la obligatoriedad de la enseñanza sistemática de normas de tránsito, señalización y hábitos seguros en el ámbito escolar a nivel nacional. Desde entonces, cada jurisdicción define de manera autónoma si incorpora o no estos contenidos en sus diseños curriculares.

Cabe señalar que, si bien la educación vial dejó de ser obligatoria en el sistema educativo nacional, la regulación general del tránsito y la seguridad vial continúa vigente a través de la Ley 24.449, que establece las normas de circulación, las restricciones y las sanciones aplicables en todo el territorio argentino.

Según el argumento del Gobierno, la medida apuntaría a profundizar la descentralización de las decisiones pedagógicas, otorgando mayor autonomía a las provincias en la definición de sus políticas educativas y trasladando a los gobiernos locales la responsabilidad de la formación vial en las aulas.

 Por Miguel Ángel Gandolfo, presidente de Aciverjus e integrante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito. 

Lo primero que me gustaría decir sobre la intersección entre inteligencia artificial y salud mental es: atención, escucha y cuidado. Atención hay que darle a cada cosa que mueve al mundo, a cada proceso que lo irrumpe, modifica, interviene y ya nada es igual a lo anterior, nunca más. Por eso digo atención porque de nada sirven los extremos, dejar absolutamente lo que está pasando a un lado, ignorando que nos está atravesando, ni tampoco absoluta obsesión.

 Respecto a la escucha, tratar de entender de qué se trata, cuáles son las posibilidades de oferta, cómo nos modifica, hasta dónde lo permito, qué sí y qué no en la relación que sostengo con la IA o los chatbots y, por último, e igual de importante: cuidado. Cuidado al peligro de abandonar la subjetividad y lo particular, que es lo más valioso que uno tiene, al servicio de una robótica: ¿Qué le prestamos a la IA?, ¿todo nuestro ser?, ¿nuestro tiempo?, ¿nuestra historia?, ¿nuestra intimidad?, ¿nuestros valores? Hasta los cuerpos estamos entregando a este mundo artificial. Todo lo nuestro.

Hablando de los cuidados creo que cada palabra de esta triada es igual de importante, pero este último concepto engloba a los demás: tanto la atención como la escucha son formas de cuidado.

 El cuidado que debemos tener es preguntarnos qué más le vamos a entregar de lo nuestro y de los otros a un sistema que nada le significa, o mejor dicho que no para de sacar ventaja y tajada de esa situación -cede inteligencia para obtener el cómputo, el dato, no arma encuentro.

Respecto a mi opinión sobre quienes consultan al chat, digo lo mismo que lo anterior: atención, escucha y cuidado. Sobre lo que volquemos ahí, sobre los abusos de su uso. La lA es una gran herramienta, a la vista está que muchas personas, empresas, y corporaciones la están utilizando y ya han permitido una agilidad en procesos y metodologías de organización. Sin embargo, lo que respecta a la salud mental, y las consultas al chatbots no está bueno, pero está pasando, hay que darle entidad y hablar de eso es fundamental.

¿Por qué no está bueno y “no es bueno"? Primero porque no hay un encuentro real de subjetividades, no hay transferencia, cuerpos ni presencia, por ende, no hay lazo con el otro. Se tiende a una deshumanización.

La lógica de la IA son respuestas inmediatas, recetas mágicas, indicaciones “eficaces”, un imán para la demanda de la época. Esto entra en tensión con el psicoanálisis que propone todo lo contrario; trabaja con la espera, el enigma, y la construcción subjetiva. Le damos valor al vacío, a la angustia que nos motoriza a otra cosa: es motor del deseo. En un espacio analítico no la taponamos con respuestas configuradas y armadas, al contrario, la desarmamos para armar lo propio ¿Qué pasa con esto? Es totalmente contrario a lo que nos ofrece el chat: angustia cero, no encontrarnos con la falta, positivismo al máximo, imposibilidad de pensar o desarmar ideas, total ya están.

Estas dinámicas entran directas en una sociedad dónde la angustia no está de moda, dónde no quiero ni tengo porqué sentirme mal, ni pensar de dónde viene eso que me hace sentir de esa manera. Entra directo en el producto social que quieren configurar: sujetos cada vez más narcisistas, individualistas y menos sostenidos por lazo social.

Entonces se desmiente el síntoma, y se intenta anularlo. Digo se intenta porque este no cesa de insistir, y es allí cuando entramos los profesionales de la salud (en el mejor de los casos): “Le pregunté al chat, pero… al final me dejó más ansioso/a; “Me dijo que si tenía eso me podía morir”. El chat vislumbra: “es algo que lo tiene todo, dónde está todo” y muchas veces, eso posibilita o aumenta certezas peligrosas frente a una angustia insoportable que pueden llevar al aislamiento social, suicidios, autolesiones, entre otras cosas.

La pelea del empresario más importante del país con el Presidente de la Nación alumbra algo nuevo. Paolo Rocca es el mandamás de Techint, la multinacional más grande de la Argentina con intereses en todo el mundo en un área estratégica como es la del acero. Aunque no represente exactamente el perfil del empresario local, se le acerca bastante.

El motivo de la disputa es sencillo. Una licitación internacional convocada por un consorcio de empresas para abastecer de caños un recorrido que sale desde Vaca Muerta. ¿El monto? Alrededor de 300 millones de dólares. El consorcio, en el cual entre sus integrantes está YPF, dictaminó que la ganadora es una empresa india que ofertó casi un 40% menos que Techint. Una diferencia grande para una licitación de esa magnitud.

Rocca no se quedó quieto. Sabiendo perdida la licitación hicieron una propuesta final que ofrecía empardar la india, pero fue rechazada por estar fuera de término. Algo extraño porque si estaban en condiciones de hacer eso, la pregunta es por qué no lo hicieron antes. Lo cierto es que la multinacional local se quedó afuera del negocio, lo que provocó la ira de Rocca y de la compañía. Fue tanta la bronca que denunciaron dumping y competencia desleal, quedando la resolución del entuerto en manos de la Corte Suprema.

¿La reacción del Gobierno? Volvió el viejo Milei, ese que dominaba antes de las elecciones del año pasado. El apodo que le puso a Rocca lo demuestra: “Don Chatarrín de los tubitos caros”, lo catalogó, precediendo una catarata de consideraciones críticas, sin olvidarse de los periodistas claro. El Milei de siempre, ahora larvado por el consejo de los asesores, volvió para recordarnos cuál es su estilo. Claro que el adversario no viene de la política, ni del sindicalismo, sino del empresariado y forma parte de su flor y nata.

No es el primer cruce que el Presidente tiene con los señores de nuestra industria. Y tampoco es el primero. Claro que no en los términos actuales, bien libertarios, donde la polémica suele desbarrancar y las descalificaciones están a la orden del día. El empresariado siempre miró de reojo a Milei, nunca lo digirió del todo. En los hechos y a la luz, somos todos partidarios del libre mercado, pero cuando entramos en el terreno de la competencia real aparecen las dudas. No es la primera vez que se dice: Argentina nunca pudo a lo largo de los últimos setenta años formar una clase empresarial similar o parecida a la brasileña que ha sabido crear una estructura productiva e industrial pujante, que no vive del Estado o de sus prebendas.

Muchos empresarios argentinos se acostumbraron a recorrer más los pasillos de los despachos de los funcionarios antes que sus propias fábricas. ¿Es sólo falencia de ellos? Seguramente no, pero es la peor cara del problema. Esa dependencia permanente terminó por generar una relación tóxica que queda expuesta, como nunca antes, en la trama del caso de los cuadernos. Ahí queda plasmado el entramado que los Kirchner perfeccionaron, pero que nació mucho antes.

¿Por qué el consorcio de empresas tenía que pagar mucho más por tubos que el mercado los ofrece a un 40% menos? Por supuesto que Techint no se va a fundir ni va a desaparecer por perder esta licitación, pero es como si Boca se hubiera comido una goleada en La Bombonera. Rocca es de esa clase de empresarios que no le gusta perder a nada y Argentina es como el patio de su casa. Está acostumbrado a un tratamiento diferente de los gobiernos de turno, no importa su sesgo ideológico. La pelea se diluirá con el tiempo o recrudecerá, dependiendo del humor presidencial porque Rocca es cultor de un perfil bajo sin estridencias. Su poder lo hace sentir de otra manera.

Milei no elige rivales débiles. Fiel a su estilo no tiene problemas en polemizar con Lali o con Rocca. Sin embargo, esta disputa pública con el hombre de acero, tiene otros ribetes. Esconde quizás una nueva etapa de la relación entre los empresarios y el establishment oficial, a lo mejor el inicio de algo distinto, diferente, ni mejor ni peor, pero no emparentado con lo que existió hasta acá.

Al Presidente, más después de las elecciones, hay que sondearlo por lo que hace que por lo que dice. No hay nada nuevo bajo el sol en esto. Todos los gobiernos han construido su propio relato, desde Cristina a Macri, con suerte diferente. Milei es eficaz en esta tarea, reflejo de lo que hace su líder, Donald Trump, que no se cansa de correr la línea y descolocar a todo el mundo. Tiene sus riesgos esta estrategia: es como jugarse un pleno en el casino. Si sale, ganás todo; si perdés, quedás en la lona. La pelea con Rocca tiene otro aroma. El comienzo de algo nuevo, real y no ficticio, o un estertor más de una relación tóxica que nunca favoreció a los argentinos. Salvo a unos pocos.

Durante décadas, la Ruta Provincial Nº 20 fue sinónimo de abandono, peligro y tragedia en el departamento Gualeguaychú. Más de 70 años sin una intervención integral dejaron como saldo un sinnúmero de vidas perdidas, personas con secuelas permanentes tras siniestros viales, y profundas pérdidas económicas para quienes la transitan.

En ese contexto adverso, la organización ciudadana se convirtió en una herramienta clave para transformar una realidad que parecía inmodificable. La Asamblea S.O.S. Ruta 20, de la ciudad de Gualeguaychú, nacida hace 13 años constituye hoy un ejemplo concreto de cómo la sociedad civil organizada puede incidir en la agenda pública y lograr políticas de Estado sostenidas en el tiempo.

Por iniciativa de la Lic. Silvina Cabrera y otros vecinos de la zona, ellos no solo fueron fundadores del movimiento, sino que, por su trabajo incesante, lograron posicionarse como hacedores de un proyecto que parecía inviable en una provincia con rutas en estado de abandono durante décadas.

El anteproyecto que sugería la obra de ruta 20, fue presentado por la asamblea a 3 gobernadores: Urribarri, Bordet y Frigerio. El mismo abordaba la problemática de la ruta desde una mirada integral: seguridad vial, desarrollo territorial, conectividad regional y preservación de la vida humana, pensada como un corredor económico productivo fundamental que conecta estratégicamente distintas ciudades y otros países limítrofes como la ruta 136 del paso fronterizo al Uruguay, o con la autovía 14. La razón de su importancia radica en que ésta es utilizada por diversos motivos, salud, educación, transporte, turismo, etc.

Por lo tanto, las distintas acciones que realizó la asamblea, fueron desde juntarse pacíficamente a la vera de la ruta, gestionar en diferentes reparticiones del estado, realizar campañas de sensibilización y cuidado al manejar, alertar sobre los peligros de la ruta en mal estado, atención y acompañamiento a víctimas y familiares de siniestros de tránsito, y trabajo mancomunado con otras ONG que atienden temas similares, etc.

No se trató únicamente de reclamar, sino una iniciativa que solicitó ya no una reparación superficial, sino exigir una reconstrucción a nuevo, acorde a las necesidades actuales del tránsito y de las comunidades que dependen de esta vía estratégica. Ese proyecto que tanta gestión le costó a la asamblea, hoy se hizo realidad y se puede ver incluso en estos momentos a la empresa adjudicataria de la licitación para la obra, trabajar hasta muy tarde a la noche, cosa nunca antes vista en la región.

Bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, y con la ejecución a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, con Exequiel Donda como director, se avanza en la obra prometida a los vecinos y alineada con el proyecto presentado a través de la Asamblea. En la actualidad, se trabaja en el acceso norte a Gualeguaychú retomando incluso la continuación de una bicisenda que permitirá que los ciclistas circulen con mayor seguridad. Ya se han concretado 10 kilómetros desde ruta 14 al arroyo Gualeyán completamente renovados, con una carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor, demarcación horizontal y vertical, instalación de garitas para colectivos, señalización y demarcación de puentes, reposición de barandas de seguridad y limpieza de banquinas con el ancho adecuado para maniobras de emergencia, entre otras mejoras fundamentales.

Hoy se trabaja en la renovación total de la carpeta asfáltica, desde el arroyo Gualeyán hasta la ruta 136 en el acceso norte a Gualeguaychú. Estos avances no son un hecho aislado ni producto de una gestión coyuntural, sino del resultado de una lucha sostenida en el tiempo, que atravesó distintas administraciones provinciales: desde los gobiernos de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, hasta la actual gestión de Frigerio.

A lo largo de estos años, los asambleístas expusimos la problemática ante intendentes, legisladores, funcionarios y directores de Vialidad, insistiendo una y otra vez en la urgencia de una solución definitiva. El valor de esta experiencia cobra aún mayor relevancia en el contexto actual. En los últimos dos meses, la Ruta 20 registró cuatro personas fallecidas, un dato que vuelve a poner en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de acelerar las respuestas estructurales no sólo por el mal estado de una ruta sino por ausencia de acciones que trabajen la prevención de siniestros viales y la precaución al conducir.

Por lo tanto, que una comunidad decida no naturalizar la tragedia y organizarse para enfrentar sus problemas, no es un dato menor, demuestra que la participación ciudadana puede generar cambios reales, con impacto a corto, mediano y largo plazo. La Asamblea S.O.S. Ruta 20 E.R en Gualeguaychú, no sólo logró instalar el tema en la agenda pública, sino que también construyó un modelo de lucha colectiva y de organización de vecinos sin banderías políticas partidarias, que rescatan valores esenciales: la defensa de la seguridad vial, el derecho a transitar por rutas seguras y, fundamentalmente, la protección de la vida, a través de la gestión y el acuerdo para trabajar entre los propios vecinos ,reclamando al Estado la ejecución concretas de obras que son muy necesarias para la prevención y seguridad vial.

En tiempos donde el escepticismo hacia la política y las instituciones suele prevalecer, esta experiencia confirma que la perseverancia, el conocimiento técnico y la organización social pueden torcer años de desidia.

La reconstrucción de la Ruta 20, marca un antes y un después para Gualeguaychú y la región. Pero también deja una enseñanza más amplia: cuando los ciudadanos se comprometen, sostienen sus reclamos y los fundamentan con proyectos serios, los logros llegan. Y, en este caso, cada kilómetro recuperado no es solo asfalto nuevo, sino memoria, justicia y esperanza para una comunidad que decidió no resignarse y que con cada acción buscó siempre preservar la vida como el objetivo central de sus acciones.

Desde la Asamblea sostenemos que valió la pena la lucha, para ver una obra de calidad, donde también se da cuenta que la política bien entendí da puede servir para atender las necesidades de los ciudadanos. El gobierno de Entre Ríos en conjunto con el intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico, y la asamblea con el apoyo de legisladores como el caso del senador provincial Jaime Benedetti, logramos un trabajo que articula mancomunadamente a la sociedad civil con el estado.

Es cierto que aún nos queda más trabajo por hacer, ya que otras localidades como Urdinarrain, Aldea San Antonio, Gilbert y Basavilbaso solicitan que continuemos con el reclamo, hasta tanto las obras lleguen a los 90 km demandados originalmente. Ellos sostienen que seguirán, aunque ahora con un matiz institucional que se está definiendo, para todo el trabajo que deban hacer de aquí en más.

¿Cuánta agua ha pasado debajo del puente no? Algo lejos quedó aquel Milei que escandalizó a sus escuchas en la primera reunión de Davos. Ahora, sin dejar su discurso habitual, le bajó el tono, moderó sus embates contra la izquierda “woke” y hasta se permitió filosofar con la muerte ideológica de Nicolás Machiavello, concepto utilizado por sus detractores para hacerse un festín.

Por supuesto que retornó de Davos con la foto buscada. Ese cruce de manos con Trump fue suficiente. En la política donde los gestos se han vuelto más importantes que las palabras con eso le alcanzaron. Es que Milei, arrancando su tercer año de mandato, está donde quiso estar y con los aliados que quiso tener. ¿Si pagará algún costo por eso? Nadie lo sabe. Lo único real es que hace cuatro meses, una porción grande la sociedad argentina avaló (por susto, conveniencia o convicción) su estancia en el poder. A partir de ahí, todo fluyó de otra manera.

El dólar está planchado y el Banco Central compra divisas. Siguiendo el mandato del FMI, siempre insistente con la acumulación de divisas, el ente monetario lleva comprados casi 900 millones de dólares el último mes. El veranito cambiario también se traduciría en una baja de la inflación de enero, después de meses de subas consecutivas.

El verano y su convocatoria de turistas es dispar en la Argentina, pero no malo como el del 2025. La gente viaja, pocos días, aprovecha los eventos populares y descansa. Muchos se van a Brasil por el tipo de cambio. En Jesús María, una multitud recibió a Milei y lo escuchó cantar con el Chaqueño Palavecino. Escenario ideal para la polémica y la recordatoria de las diatribas presidenciales contra los festivales populares y los artistas que cobran del Estado. Jesús María es el más vívido ejemplo de eso porque provincia, municipio y hasta Nación ponen plata. ¿Está mal? No, porque como tantas otras fiestas en el país, el evento genera un movimiento económico que favorece a vastos sectores sociales. Aunque no lo diga es algo que debe haber aprendido el Presidente.

Al ministro del Interior Diego Santilli sólo le falta la mallita y el inflable. Empezó su segunda recorrida para asegurarse los votos de la reforma laboral que en febrero tratará el Parlamento. Estuvo en Salta, la Patagonia y hace pocas horas en Entre Ríos. A Paraná llegó justo antes de una denuncia de presunto espionaje que hizo el gobernador Frigerio. Si bien ahora se sabe que esas cámaras fueron instaladas en la época de las andanzas del exsenador Kueider, en ese momento mano derecha e izquierda de Bordet, no todo está claro. Sobre todo, si es cierto, como a los sabuesos de Néstor Roncaglia se les pudo escapar semejante cosa. En los más de dos años que Frigerio lleva en la Casa Gris, ¿nunca revisaron el despacho del mandatario y las oficinas contiguas? ¿Se les pudo haber pasado algo tan burdo? Por supuesto que el caso ya disparó la interna del gobierno provincial y varios aprovechan para pasarle facturas viejas a Roncaglia.

Santilli se llevó de Paraná la misma respuesta que hace un par de meses cuando vino a buscar el apoyo para el presupuesto: sí, pero mandame plata y obras. ¿Fue exactamente así? No, claro, habrá sido todo un poco más sutil, pero a las efectividades conducentes es lo mismo. Algo similar escuchó en Salta y la Patagonia. Por ahora todo está por verse, pero la metodología es la misma. Hay otros actores como los sindicatos y los empresarios, aunque todo indica que el gobierno se va a salir con la suya.

Ian Sielecki tiene 36 años y es embajador argentino en Francia. Esta semana tuvo un gesto para destacar. Se negó a hablar en una reunión en la Asamblea francesa hasta que no taparan un mapa a sus espaldas donde se asignaba las Islas Malvinas al Reino Unido. “Lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido. No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa, ya que hacerlo implicaría legitimar una situación que constituye un atentado contra la soberanía de mi país, contra la dignidad misma de la Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”. La actitud del diplomático, que fue nombrado por el actual gobierno, mereció el elogio hasta de dirigentes de la oposición. La bandera de Malvinas es y debe ser siempre una cuestión de Estado, más allá de quién esté en la Casa Rosada. Algo que nos une ante tanta división.

PD: Ya que Trump es el hombre de las causas perdidas, hoy aliado de la Argentina, ¿si le pedimos que nos dé una mano con las Malvinas? ¿Suena loco? El mundo está loco. Una locura más…

Durante décadas, muchas personas, instituciones, directivos, dirigentes y militantes venimos trabajando honoríficamente para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos que tienen alguna condición, dentro de los colectivos de Personas con Discapacidad (PCD). Saber que te escuchan, que te entienden y que existe disposición para encontrar soluciones a través de ordenanzas, decretos, resoluciones o leyes que amparan derechos fijados en la Constitución, en legislaciones vigentes o en tratados internacionales, es parte de logros que suelen demorar años, pero que llegan. Pequeños o grandes, no son otra cosa que derechos adquiridos y mejor calidad de vida para nuestros hijos y para todo el colectivo de PCD.

Actuamos como referentes, aportando experiencia y militancia, y también como veedores para que las cosas se hagan bien. La información y el conocimiento nos otorgan poder cuando son bien utilizados.Durante años, las políticas públicas en discapacidad estuvieron a cargo de la Comisión Nacional Asesora para las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Allí se trabajaba sobre leyes de vanguardia y funcionaba de manera efectiva el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), abordando escolaridad, salud, vivienda, trabajo, acceso a la tecnología, deportes y recreación, siempre con el objetivo de reducir la discriminación y el estigma.

En ese contexto se fortaleció el movimiento asociativo de padres a nivel nacional y se trabajó intensamente en congresos, conferencias y seminarios, junto a referentes internacionales que aportaron experiencias de otros países. Paralelamente, Naciones Unidas impulsaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proceso del que Argentina fue parte activa.La Convención se dio a conocer a nivel mundial en 2006 y para nuestro país significó el primer Tratado Internacional rubricado en este nuevo milenio. Fue una herramienta fundamental, de jerarquía constitucional, para trabajar sobre derechos. Con ella se dejó atrás el modelo médico hegemónico de la discapacidad —la PCD no es un enfermo— y se adoptó el modelo social, basado en los derechos humanos.Las personas con discapacidad pasaron a ser reconocidas como Sujetos de Derecho: con identidad, derechos y obligaciones como ciudadanos. Se educan, votan, participan de la vida política, deben acceder al mercado laboral competitivo y al sistema de salud. Lo que antes se consideraban “beneficios” pasó a reconocerse claramente como derechos, expresados en los cincuenta artículos de la Convención y su protocolo facultativo.

Argentina puso en vigencia la Convención en 2008 como Ley Nacional Nº 26.378, sumándose a otras normativas existentes, como la Ley Nº 24.901 de prestaciones básicas. Todo indicaba que los tiempos venían con viento a favor.

En 2016, la Conadis fue transformada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con autonomía y presupuesto para llevar adelante políticas públicas. No funcionó como se esperaba, pero al menos era un espacio de discusión. Hoy, la realidad es muy distinta.

Se plantean quitas injustas de pensiones, reformas del sistema de salud que restringen prestaciones, trabas en educación inclusiva ya debatida e implementada, desaparición de capacitaciones y el vaciamiento de herramientas fundamentales para garantizar derechos. Aquello que durante años se promovió como responsabilidad social y buenas prácticas inclusivas hoy parece reducido a un “eso no se puede”.

Se denuncian actos ilícitos y de corrupción en la Andis, se eliminan derechos básicos y la Agencia se desintegra para pasar a depender del Ministerio de Salud de la Nación, ignorando la Convención y la Ley Nacional Nº 26.378, y regresando al modelo médico de la discapacidad. La PCD vuelve a ser considerada una persona enferma que hay que curar o rehabilitar, no educar ni incluir.Estas decisiones vulneran derechos y hacen retroceder conquistas logradas durante años, priorizando números y el tan mentado “déficit cero” por sobre la salud y los derechos de una parte importante de la población.

Promovemos el diálogo, nos manifestamos con marchas pacíficas, entregamos manifiestos y ofrecemos nuestra experiencia. La respuesta es represión, derogación de leyes, violación de derechos e incumplimiento de la legislación vigente. No implementar la ley de emergencia en discapacidad también vulnera derechos constitucionales. Las consecuencias son claras: personas que quedan en el camino, familias que colapsan, instituciones que no resisten.

Este 2026 nos encuentra llenos de incertidumbre. Hoy no sabemos dónde estamos parados ni vislumbramos un cambio. No es necesario estar de acuerdo conmigo, pero sí discutir y generar consensos para salir de esta gravísima situación. Dejemos de buscar simbolismos o interpretaciones. Simplemente, hagamos algo.

Es difícil plantarse ante alguien que ha sufrido las peores vejaciones y hablarle de derechos. De la soberanía de las naciones, la autodeterminación de los pueblos o la injerencia en países extranjeros. Es difícil hacerle entender que cualquier operación militar de un país sobre otro, es inaceptable para el derecho internacional. Y que deja a todos expuestos a sufrir lo mismo, o peor.

Pero Venezuela era desde años un grito destemplado que la comunidad internacional no escuchaba. Muchos miraban para otro lado, a sabiendas de lo que pasaba. Otros fueron aliados por intereses comerciales y el resto condenaba con impotencia y sin herramientas para cambiar el rumbo de lo que pasaba. El día que el dictador Maduro desconoció el resultado de las elecciones, en el 2024, se terminó de cavar la fosa. El resquicio que le quedaba para seguir en el poder terminó de diluirse y era cuestión de tiempo. Claro, del otro lado tuvo que estar un Presidente de derecha, que llegó para reivindicar el imperio y hacerle entender al mundo que Estados Unidos quiere ser el de antes. Aunque todo indique que tiene pocas chances de conseguirlo.

Lo que volvió sí es un mundo partido con dos superpotencias militares y económicas y una tercera que basa su poder en las armas. Estados unidos, China y Rusia son los dueños del mundo, con porcentajes de acciones diferentes. Esa es la realidad y tratar de disimular sirve de poco. En ese contexto: ¿para qué están los organismos multilaterales? Es difícil saberlo. Están dominados por el derecho de veto que tienen las superpotencias, suelen mirar inermes los acontecimientos, con escasa capacidad de intervención, más allá de declaraciones de circunstancia. Así iba Venezuela, con una diáspora de ocho millones de personas y una bomba de tiempo entre las manos. En algún momento algo tenía que pasar.

Trump, con la decisión de llevarse de arrebato a Maduro, buscó un doble efecto. Avisarle al mundo (a los chinos, sobre todo) que el armamento militar norteamericano le permite hacer lo quiere y que está dispuesto a ir por más. Todo lo que está de este lado, desde Alaska hasta la Patagonia es área de su incumbencia. El patio trasero que era Latinoamérica para el departamento de estado, se ha vuelto una zona estratégica por los recursos que tiene y para evitar que, el otro gigante, siga avanzando.

Lo sorprendente es que Trump no esconde sus intenciones: las grita, como hizo en la conferencia posterior a la captura de Maduro. Dijo que les interesaba el petróleo, no usó una sola vez la palabra democracia, y advirtió a otros países, como Colombia, Cuba o México sobre eventuales acciones futuras. No lo mandó a decir, lo dijo él mismo.

Estos gestos disruptivos son los que desconciertan al resto y ponen al mundo patas para arriba. El planeta se asoma a una nueva era (con el fin de la anterior) en la que el derecho estará subordinado a otros intereses, dependiendo del actor.

El significado profundo de lo que pasó en Venezuela, no debería tapar todo lo anterior y el fracaso para parar a un dictador como Maduro. Más en Latinoamérica, con la experiencia previa de regímenes sangrientos en otros países. En el 2022, una comisión encabezada por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet denunció sin hesitar el infierno que vivían millones de venezolanos. El informe, abrumador y ejecutado por alguien que ideológicamente podría ser afín al régimen, fue un cachetazo para los defensores del dictador, que aun así lo siguieron defendiendo. Es cierto, en el caso argentino, que el gobierno de Fernández tuvo una postura diferente a la de Cristina Kirchner, que heredó todos los negocios de Néstor con Chávez. Aunque, como en casi todo, fue tibio para ejecutar. Con Milei y su alineamiento con Estados Unidos la historia fue diferente. El oficialismo se ilusiona porque afirman que fueron los primeros. Que todos los que ahora se quieren congraciar con Trump, van a la cola y tendrán que esforzarse mucho más para hacerlo. Son las reglas nuevas de la política internacional. Ahí Milei apostó fuerte y, por ahora, le está dando resultado.

Patria, colonia, entrega, recursos naturales, intromisión, dictador, loco, chupamedias, petróleo, derecho. Cuántas palabras con su significado que se topan con la alegría de millones que tuvieron que dejar su familia y sus casas porque su propio país se les había vuelto invivible. Para la mayoría el daño es irreparable y seguramente nunca más volverán a su tierra. Lo harán para sus hijos lo conozcan o ver a la familia que dejaron, porque ya encontraron otro hogar donde vivir. ¿Quién tiene derecho a privarlos de la alegría que les provocó la caída de un dictador sangriento después de tanto sufrimiento?

En los últimos meses, el Gobierno nacional en su discurso ha puesto a los municipios en el banquillo de los acusados por sus tasas. Sin embargo, cuando se analizan los números con seriedad, el diagnóstico parece equivocado.

Según un informe del IARAF, para 2025 el 94% de los recursos tributarios del país provendrán de apenas diez impuestos. De ellos, ocho son nacionales (IVA, Ganancias Personas Jurídicas y Personas Humanas , Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto a débitos y créditos bancarios, Derechos de exportación e importación, Combustibles, Internos), uno es provincial (Ingresos Brutos) y uno municipal: la tasa de inspección sanitaria o tasa de comercio. A su vez, este último ocupa el lugar más bajo en incidencia dentro de los principales tributos.

Cuando analizamos desde la óptica de la presión tributaria como medida de la recaudación sobre el PBI, en 2024 el total país fue aproximadamente del 28%, y de ese porcentaje, el 82% corresponde a la Nación y el 15% a los gobiernos subnacionales (23 provincias y CABA), y 3% los gobiernos locales (más de 2200 municipios).

Como dice el refrán, “dato mata relato”. ¿Dónde está entonces el verdadero problema? Resulta más cómodo señalar la paja en el ojo ajeno que asumir la viga propia. El gobierno nacional ha reducido su acción estatal en muchos frentes, necesario en determinados casos, pero no ha bajado impuestos. Los municipios, en cambio, han debido cubrir la ausencia del Estado nacional, sosteniendo servicios sensibles con recursos cada vez más escasos.

Lo paradójico es que, mientras la coparticipación se desploma producto de la crisis inducida, son los municipios los que están “bancando” la situación, manteniendo la cotidianeidad de la gestión pública: recolección de residuos, alumbrado público, provisión agua potable, sistema cloacal, espacios públicos, mantenimiento de calles, control bromatológico, obra pública, atención primaria de salud, cultura, deportes, asistencia social (niñez, tercera edad, discapacidad, políticas alimentarias), entre tantos otros.Parece un juego perverso. Se cuestiona a los municipios deslegitimando las tasas, cuando son quienes están en la primera línea de las demandas ciudadanas, asumiendo incluso la retirada del Gobierno nacional, y en simultáneo en el esquema general como vemos con datos, tienen la menor incidencia en la presión tributaria. En definitiva el gobierno nacional expone un superávit que lo sostienen los municipios.Que quede claro: lo dicho no significa que el sistema tributario argentino esté bien. Por el contrario, exige una reforma profunda en los tres niveles de gobierno, eliminando los tributos distorsivos, simplificando la gestión tributaria, reduciendo alícuotas y regímenes de retención y percepción que generan saldos a favor, tasas que se asemejan a impuestos, entre otros tantos puntos. Pero para cambiar algo, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. La discusión tributaria debe ser seria y equilibrada. Reformar lo que está mal es urgente, pero hacerlo requiere mirar con claridad: los municipios no son el epicentro del problema; No obstante ello, tienen muchas mejoras que impulsar en sus regímenes tributarios.

En esa línea, seré insistente con el tema (lo he planteado en otras oportunidades): el equilibrio fiscal es determinante, y es imperioso revisar el esquema de administración financiera del Estado, no solo desde las potestades tributarias, los recursos y su distribución (coparticipación), sino también alinearlo con las funciones y competencias en cada nivel de gobierno, es decir, los gastos a cargo de cada estamento. Sin esa mirada estructural, cualquier debate parcial corre el riesgo de ser apenas un parche.

Vengo soportando desde hace meses un ataque y difamación constante de un señor a quien no conozco ni he visto nunca personalmente. Desde ensobrado a testaferro son algunos de los motes que me ha endilgado en forma vil y rastrera. Pero todo tiene un límite.

Hace casi 30 años que ejerzo la tarea periodística, he visto pasar gobiernos de toda laya y especie y jamás he tenido relación con ninguno de ellos, más allá de la estrictamente profesional. No he sido funcionario. Nunca he tenido un contrato con el Estado, sea nacional, provincial o municipal; a excepción de un convenio de pasantías con el Municipio de Gualeguay recientemente suscripto con muchos empresarios de la ciudad, para que estudiantes puedan sumergirse en lo que será su futuro. Cada mañana, los miles de oyentes que me siguen por radio confían en mi palabra y depositan en mi credibilidad la posibilidad de informarse. He tenido la misma conducta a lo largo de mi vida profesional y son todos testigos.

Bromeo muchas veces que mi vida es casi un reality porque, como buen estómago resfriado, cuento todo lo que me pasa. Al aire, por supuesto. Todos saben qué hago, donde vivo y cómo y de qué vivo. Nací y moriré en Gualeguay.

A Reggiardo (no le digo doctor porque tiene la matrícula de abogado suspendida por 60 días por sus desbordes emocionales, incluso ni siquiera se puede acercar a muchas empleadas y funcionarios judiciales locales porque los ha insultado) no lo conozco personalmente. Mi primer contacto radial con él fue por pedido del exintendente Luis Erro, para que le hiciera una nota por un problema legal, en el que estarían involucrados funcionarios judiciales, abogados y particulares. Hicimos dos notas en las que se explayó y habló a gusto, como debe ser. Y punto. Nunca más tuvimos contacto. Después de sus salidas al aire, tomé conocimiento que era uno de los abogados defensores de Luis Erro en las causas que éste último tenía en la Justicia.

Meses después, LT 38 reproduce una noticia de Análisis Digital de Paraná, en la que se habla de la situación judicial de Reggiardo por denuncias en su contra. Y a partir de ese momento, Reggiardo inició una campaña por redes sociales, intentando sembrar la duda o sospechas sobre mi persona, inventando hechos, cambiando la realidad, pero siempre ocupándose de expresarse con injurias y calumnias hacia mí e involucrando personas de mi círculo familiar, para arrastrarme en su libelo mentiroso y hacer todo el daño que pudiera. Por supuesto, sin fundamento alguno.

Lo que nunca podrá Reggiardo ni nadie, es discutir que hace casi 30 años hago periodismo independiente, sin prebendas del Estado, primero en Gualeguaychú y después en mi pueblo, Gualeguay. En ese recorrido, he tenido relación con políticos, empresarios, docentes, artistas y dirigentes en general, de todos los colores políticos. Puedo con orgullo afirmar que casi todos o todos han pasado por los micrófonos de Radio Gualeguay; que la audiencia nos acompaña, que fuimos pioneros en el medio e instalamos los debates de candidatos antes de cada elección, algo que se ha vuelto una tradición y que es un servicio inestimable para los ciudadanos. Y también está la otra cara de la radio, la solidaria, por la que el vecino de la ciudad en muchas ocasiones recibe la ayuda o el auxilio que clama; los programas culturales, las colectividades y el deporte. Porque LT38 es una gran caja de resonancia de lo que le pasa al pueblo de Gualeguay. No es la primera vez que un trasnochado intenta difamarnos.

No tengo nada que esconder, hace tres años le conté a mis oyentes que empezaba con un emprendimiento comercial con otro socio, que no tiene nada que ver con el periodismo ni con la política. No oculté mi sensación y el desafío que experimentaba al adquirir ambos, un fondo de comercio de un corralón tradicional que perteneció muchos años a los hermanos Campostrini y luego a familiares del exdiputado provincial Hernán Vittulo.

En la actualidad, no hay ninguna ligazón comercial. Con mi socio, somos un corralón, que pelea a capa y espada para salir adelante. Nada extraño para cualquier comerciante, en el rubro que sea. Sin embargo, en su afán de ensuciar, Reggiardo a esto pretende utilizarlo con vaya a saber que fines espurios y para seguir dando letra al medio y los personajes que representa.

Reitero, no he sido funcionario ni nunca tuve un contrato con el Estado nacional, provincial o municipal. Reggiardo sí tiene otro tipo de contactos con funcionarios del Estado: es de público y notorio que es asesor legal y técnico del intendente de la Municipalidad de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (condenado por corrupción y con otra causa en trámite) y también es asesor legal de la senadora provincial Patricia Díaz, esposa de Rossi (también con una imputación por enriquecimiento ilícito en trámite).

Con relación a la “pauta publicitaria” a la que intenta pegarme, precisamente Radio Gualeguay ha sido una de las grandes olvidadas, y en mis programas en particular, ha sido exigua o inexistente en la mayoría de ellos. Es sencillo verificar viendo los registros. Este medio y los programas que he hecho se han sostenido siempre, esencialmente, con pauta privada. Sin embargo, Reggiardo quiere ensuciar.

Digo estas cosas, por los miles de oyentes que me siguen todas las mañanas y confían en mí. No puedo permitir que una persona que se encuentra suspendida en su ejercicio profesional por sesenta días por sus propios actos, que ha defendido y defiende a funcionarios del Estado ya condenados por corrupción y que tienen en trámite otras causas de enriquecimiento ilícito, me siga ensuciando de esta manera. Por supuesto que no soy el único objeto de su difamación. La lista de los apuntados por este personaje es más larga y hay de todo. Pero que cada uno se defienda a sí mismo. No pongo las manos en el fuego por nadie, salvo por mi familia, los que laburan conmigo y la gente que quiero. Todo tiene un límite. Que yo ejerza el periodismo, no implica que deba dar cuenta de mi vida privada ante energúmenos que se regocijan mintiendo, ensuciando, agraviando y que pretenden poner bajo sospecha mi buen nombre y honor y mi trabajo, y para molestar y en su onda expansiva ataquen a mis allegados. El riesgo y el desafío que implica ser cuentapropista, comunicador y profesional sin aportes del Estado, parece que Reggiardo, no lo conoce.

Con Fernando Cañete y Vittulo me une una relación estrictamente profesional, como seguramente tendrán otros periodistas y comunicadores de esta ciudad y que no han caído en la intencionalidad destructora de Reggiardo. Quienes han sido funcionarios, rendirán cuentas como corresponde porque ejercieron funciones públicas, lo que no es mi caso. Queda más que claro que este personaje desbocado, desinformado y que le está haciendo el mandado a alguien, intenta arrastrarme o involucrarme en un conflicto político en el que también tiene parte Luis Erro, que lleva años y del que soy totalmente ajeno. Mi rol al respecto, siempre ha sido informar, por más que a algunos o a muchos les moleste.

La necesidad de embarrar la cancha ante tanta condena a funcionarios recientemente conocida y la sospecha que ha puesto la justicia sobre el propio Reggiardo, lo han impulsado a esmerilar y ensuciar el rol del periodismo independiente “no ensobrado”, como el que ejerzo, y se ha vuelto un fin en sí mismo para personajes como Reggiardo. Lamentablemente las redes sociales se han convertido en una cloaca. La difamación y la calumnia se reproducen y la reproducen sin darse cuenta del daño que provocan.

Tengo la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder ni ocultar. No vivo del Estado, pago mis impuestos y hago mi trabajo. Porque la única realidad es la verdad.

He cometido errores, muchos seguramente, pero nunca con la intención de perjudicar. Tengo mujer, hijos y hermanos cuyo honor voy a defender. Ni Reggiardo ni nadie me va a arrastrar al barro del que se nutren y en el que nacieron.

A mis oyentes gracias, como siempre, y perdón por esta digresión, pero era necesario compartirla con ustedes. Siento que se las debía.

Cuando se discute una reforma laboral, además de las cuestiones propias del derecho del trabajo y de la negociación colectiva, se deben poner arriba de la mesa otras cuestiones.

1.      No existe reforma laboral virtuosa si la economía no crece y no genera puestos de trabajo.

No hay reforma laboral por si misma que genere puestos de trabajo formales. La suba del empleo registrado se da con crecimiento económico, sustitución de importaciones e inversiones productivas. Es el punto inicial para poder discutir cualquier reforma laboral.

Un claro ejemplo fue el proceso de crecimiento en la cantidad de trabajadores registrados que se dio del año 2004 al 2011, donde la economía argentina evidenció un crecimiento de aproximadamente un 63%, según serie histórica del INDEC. Los motores del crecimiento fueron el consumo y la inversión.

En dicho periodo, y excepto por la interrupción en el año 2009 por la crisis subprime, los trabajadores aportantes al sector privado crecieron sostenidamente, totalizando un +27% al final del año 2011.

En este lapso no hubo reforma laboral legal ni modificación de fondo a la ley de contratos de trabajo, pero sí un fuerte crecimiento de la economía argentina.

2.      Es necesario tener en cuenta el tamaño de la empresa y la cantidad de empleados.

A agosto de 2025 existen en nuestro país 522.716 empleadores, es decir, empresas (personas humanas y jurídicas) que tienen uno o más empleados registrados en el sector privado.

De esos mismos números surge que la mayor cantidad de empleadores se concentra en los que registran hasta 10 empleados.

En otras palabras, hay 437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados. Ahora bien, esos empleadores tienen registrados 1.197.094 trabajadores, el 18% del total de trabajadores registrados.

Si se mira la parte inferior de la tabla, la correlación es inversa. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

3.      También es necesario tener en cuenta el sueldo promedio mensual del trabajador por tamaño de empresa.

Cuando el cuadro anterior se complemente con el salario promedio mensual de cada tramo, surge un dato adicional vinculado al sueldo promedio.

El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas “chicas”, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones.

Ese sueldo promedio mensual es mayor a medida que la empresa tiene más trabajadores:

·    El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 1.500 empleados, y hasta 2.500, es de $ 2,4 millones.

·    El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 2.500 empleados, y hasta 5.000, es de $ 2,5 millones.

·    El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 5.000 empleados es de $ 3,3 millones.

4.      Otro dato necesario para evaluar la reforma, el sueldo promedio mensual del trabajador por actividad económica.

El sueldo promedio mensual, siempre considerando el boletín de Seguridad Social a agosto de 2025 de los empleados registrados del sector privado, es de $ 1.767.681.

Así como el sueldo promedio mensual cambia cuando se lo analiza por tamaño del empleador, también surge una variación cuando se analiza la actividad económica.

Para los sectores productores de bienes, el sueldo promedio mensual es de $ 1.994.497. para los servicios, el sueldo promedio es de $ 1.656.666.

Pero corresponde analizar por tipo de actividad. En productores de bienes el salario promedio mensual es de $ 1.031.652 para el agro y de $ 5.722.678 para petróleo, gas y minería. Situaciones muy disimiles.

Lo mismo ocurre en el caso de servicios. El sueldo promedio mensual de la gastronomía es de $ 991 mil mientras que para el sector financiero es de $ 4,5 millones. El sueldo promedio más bajo se registra para la enseñanza, $ 894.171.

5.      Conclusiones

Hay una fuerte concentración de empleos registrados en las grandes empresas.

A agosto de 2025 existen en nuestro país 522.716 empleadores. El 84% de esos empleadores tienen registrados 1.197.094 trabajadores, el 18% del total.

A la inversa, hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

El sueldo promedio mensual de los trabajadores que trabajan en empresas “chicas”, es decir de hasta 10 empleados es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones. Ese sueldo promedio mensual es mayor a medida que la empresa tiene más trabajadores.

Para los sectores productores de bienes, el sueldo promedio mensual es de $ 1.994.497. para los servicios, el sueldo promedio es de $ 1.656.666.

Pero corresponde analizar por tipo de actividad. En productores de bienes la remuneración promedio mensual es de $ 1.031.652 para el agro y de $ 5.722.678 para petróleo, gas y minería. Lo mismo ocurre en el caso de servicios. El sueldo promedio de la gastronomía es de $ 991 mil mientras que para el sector financiero es de $ 4,5 millones.

Estas diferencias en las remuneraciones promedio mensual nos llevan a concluir que hay que analizar con profundidad la estructura de costos de los empleadores, teniendo en cuenta su actividad y su tamaño.

6.      Propuestas.

Por estos datos, es inescindible analizar el costo tributario del empleo registrado a la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo.

En ese sentido, sin entrar en las cuestiones propias del derecho del trabajo y de la negociación colectiva, y, a su vez, considerando el nivel de informalidad existente en el mercado laboral actual, se enumeran puntos que hacen al costo tributario y que deberían acompañar una reforma laboral integral:

I. Para microempresas (hasta 7 trabajadores), un proceso de formalización laboral para que puedan incorporar hasta 2 nuevos empleos sin contribuciones sociales por los primeros 24 meses. Esto llevaría un alivio para el 75% de los empleadores.

II. Para pequeñas empresas (hasta 30 trabajadores), reducción de contribuciones para nuevos empleos (hasta 5) por los primeros 24 meses.

III. Para Pymes de hasta 100 empleados, permitir incrementar el cómputo como crédito fiscal en el IVA de las contribuciones efectivamente abonadas, duplicando los puntos porcentuales que rigen desde el 23/12/2019 por la ley 27.541, para los nuevos 10 puestos de trabajo que generen.

IV. Establecer una escala progresiva de contribuciones para los salarios superiores a $ 20 millones mensuales. Son 18 mil trabajadores con altos ingresos.

V. Eliminar la posibilidad que da la Ley 24.241 para que los directores de sociedades anónimas puedan optar voluntariamente por el sistema previsional con las características propias de los trabajadores dependientes. Esto permite que muchos directores obtengan remuneraciones sin efectuar aportes y contribuciones pagando únicamente la cuota de autónomo.

VI. Para evitar inequidades, un programa de regularización del empleo con eximición de sanciones para las nuevas relaciones laborales: no puede estar en distintas condiciones un empleador que incorpora un nuevo trabajador que uno que formaliza una relación laboral precaria preexistente.

Hace muchos años que vengo bregando para obtener la habilitación del Aero Club Gualeguaychú en condiciones para recibir el tráfico aéreo que permita la ablación de órganos y poder recibir a empresarios, turistas, productores agropecuarios, interesados en contactarse con la dirigencia local. Hace tiempo que venimos escuchando que ningún funcionario nacional, provincial o municipal pueden invertir fondos públicos en terrenos privados. El Aero Club es privado, pero tiene restricciones de dominio, por haber recibido subsidios del Estado Nacional.

Toda la información que me permito consignar y con autorización de la gestora, proviene de las valiosas gestiones que realizó de "mutuo propio" y a su cargo de la prestigiosa Escribana Sra. Ana Josefina Maya, quien rastreó en varios organismos nacionales el origen de este tema que tanto preocupa a nuestra ciudad.

Antecedentes: El Aero Club Gualeguaychú había arrendado varias fracciones de aproximadamente unas 110 hectáreas, donde realizó numerosas obras de infraestructuras como hangar, baños y edificios varios, etcétera. Conocedor de la necesidad de otorgarle un buen resguardo a las inversiones realizadas, el Senador Nacional Dr. José María Bértora gestionó y obtuvo del Poder Ejecutivo Nacional un subsidio de $ 1.000.000.- (un millón de pesos) para que el Aero Club adquiriera dicha fracción de campo, donde actualmente está emplazado.  Por Ley Nº 7782/61 se otorgó dicho subsidio. Con dicho dinero el Aero Club adquirió numerosas parcelas pequeñas con destino a su funcionamiento. Fueron 8 parcelas con una superficie de 133:48:72 hectáreas.

En el año 1966 el Gobierno Nacional, en vista de las obras ejecutadas y del privilegiado lugar de emplazamiento en el corredor aéreo le otorgo un nuevo subsidio de $ 10.000.000.- (diez millones) para terminar las obras.

Mi propuesta: En primer lugar, por estricta justicia debemos felicitar y agradecer al Sr. Intendente Municipal Sr. Mauricio Davico por haber trasladado la planta de asfalto que estaba instalada en zona inundable al Parque Industrial de nuestra ciudad. De igual manera por la adquisición de camiones y palas, etcétera, para su adecuado funcionamiento. Es importante consignar que el Municipio está preparado y con experiencia para otorgarle la tarea de poner en actividad a la pista 18/36 del aeródromo para que vuelva a funcionar.

Me permito proponer la constitución de una comisión para gestionar los fondos para adquirir el asfalto ya que todos los restantes elementos los posee el Municipio. Dicha comisión debería estar Presidida por el Sr. Intendente Municipal e integrada por delegados de la corporación del Desarrollo, del Parque Industrial, los presidentes de los Bloques del Concejo Deliberante, Sociedad Rural, Colegio Médico, Cooperativa Eléctrica y Bomberos Voluntarios, entre otros con la designación de un Comité Ejecutivo de 3 Miembros.

Para hacer frente a la inversión habrá que golpear las oficinas de los tres poderes de instituciones locales, de empresas y particulares y en especial al presidente de Y.P.F. que sería el proveedor del asfalto y que viene actuando con gran eficiencia. Oportunamente la pista del Aero Club fue declarada internacional, que cuenta con una torre de control con personal muy capacitado y un instrumental de avanzada. El documento consta de 97 páginas donde se refleja la magnífica tarea de investigación de la Escribana Ana Josefina Maya, que lo aporto a la Corporación del Desarrollo bajo la Presidencia de la Contadora Estela Miño y que me remitiera su Secretaria Administrativa Sra. Paula Balbi.

Todo Gualeguaychú debe apoyar ya urgente habilitación de su aeródromo, lo que logrará muchos beneficios a toda la comunidad. hoy se cuenta con las modernas aeronaves de empresas "low cost" que bien podrían vincularnos con el aeroparque metropolitano.

Por Enrique Guillermo Castiglione

En un mercado donde todos nos conocemos, la infamia tiene patas cortas. La actitud de algunos produce desprestigio al conjunto del mercado y aunque “escondan la cabeza”, se les ve el cuerpo. La verdad tarde o temprano sale a la luz, a través de la justicia o naturalmente.

Por Cdor. Juan Carlos Lucio Godoy. Presidente Ejecutivo de RUS

 “Aunque escondan la cabeza, como el avestruz, nosotros continuaremos la causa hasta sus últimas instancias”. Así resumió a este medio el Cdor. Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, al ser consultado sobre la audiencia de conciliación fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal 16 de la Capital Federal, en la querella por injurias contra los Sres. Julián Guarino y Matías Ortega, director periodístico y jefe de portal de Ámbito Financiero (Grupo Indalo Media), respectivamente. 

Los citados, de acuerdo al acta labrada, no asistieron a pesar de estar expresamente notificados y pese a la expresa petición de la defensa de Ortega, que había pedido la suspensión de la audiencia. Cabe señalar que la promoción de esta instancia de acción privada obedeció a la publicación tanto en Ámbito Financiero, como en otros medios de la provincia de Entre Ríos, de un presunto “avance” de una causa por evasión tributaria radicada por ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay de la que resultaría imputado tanto Godoy como persona física, como la empresa que preside como persona jurídica. Esto a pesar de que al momento de las publicaciones no sólo no se había adoptado ninguna decisión jurisdiccional al respecto, sino que incluso se encontraban pendientes de tramitación las actuaciones administrativas ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 

De acuerdo a los representantes legales de Godoy, el insidioso título de la nota en Ámbito Financiero acompañado de su fotografía, no ostentando éste ninguna función pública que de acuerdo a la mejor doctrina habilitaría la inspección y la crítica, configuran un claro ejemplo de injuria indirecta o larvada, merecedora de una consigna de reparación integral, en lo moral y en lo económico, según sus abogados del Estudio Ceballos & Ceballos, que lo representan.

 Cabe señalar finalmente, que no sólo el trámite judicial interrumpido por la injustificada ausencia de los directivos de Ámbito Financiero habrá de proseguir inmediatamente, sino que además, se ha formulado una denuncia por violación de secretos, habida cuenta de la obtención de información reservada, que luego se fragmentó y utilizó con una torcida finalidad espuria, que se halla en pleno trámite.

Desde hace semanas, los anuncios sobre la economía argentina no se escriben en Buenos Aires sino en Washington. Scott Bessent, funcionario designado por la administración Trump, actúa como vocero de la calma y administrador del peso argentino. Su intervención trasciende la asistencia financiera: marca un punto de inflexión en la gestión actual, donde el gobierno nacional decidió correrse no solo de la política sino también de la gestión económica, entregándose a un funcionario norteamericano.

Los mensajes de Bessent en redes sociales tienen más impacto que cualquier comunicado del Banco Central o del Ministerio de Economía. Su declaración de que el Tesoro estadounidense está "preparado para tomar medidas excepcionales para proporcionar estabilidad a los mercados" funciona como un apoyo incondicional al peso argentino. Era el respaldo más grande que podía recibir en una situación crítica como la que atravesaba.

Pero el apoyo estadounidense nunca es gratis. No solo busca estabilizar el mercado: también sostiene, de manera indirecta, la campaña del oficialismo y, naturalmente, cobrará lo que le interesa. La lista es larga y, con seguridad, llegará la factura.

La estabilidad de mercado, así como la campaña electoral, hoy están en cabeza de Scott Bessent y Donald Trump, convertidos en los dos pilares de una carrera electoral que el gobierno delegó en la Casa Blanca. Las declaraciones de apoyo "irrestricto" de la administración Trump y la intervención directa del Tesoro americano son, en los hechos, la única campaña del oficialismo. No hay nada más.

Bessent habla más -y mejor- de la economía argentina que el propio equipo económico. Sus apariciones superan a las del presidente, y en materia de campaña se ha convertido en el principal vocero de la gestión.

La intervención de Estados Unidos no es solo un estabilizador económico; también es un distractor narrativo. Domina los medios y desplaza otras acusaciones a un segundo plano, con la esperanza de que ese blindaje mediático también alcance a lo electoral.

El origen de esta nueva ronda de préstamos de urgencia está en la desesperación financiera de un programa económico exhausto. El colapso del régimen cambiario era inminente y el fracaso rotundo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empujó al gobierno a canjear gestión económica y electoral por unas semanas de calma de mercado.

Los síntomas del fracaso comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y, en agosto, ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo.

A pesar de los incumplimientos cambiarios y monetarios -reconocidos por el propio Fondo, que admitió una desviación de USD 3.600 millones en la meta de acumulación de reservas netas-, el organismo desembolsó USD 14.000 millones (12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto), equivalentes al 70% del programa total. Como corolario, el FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027.

La tensión cambiaria que vivimos desde hace más de un mes tiene entonces su raíz en ese mal diseño, no en la incertidumbre electoral. La narrativa oficial que culpa a la política es insostenible cuando el Banco Central mantiene reservas netas al mismo nivel que al inicio de la gestión, los dólares líquidos son prestados y la autoridad monetaria no logra conciliar baja de inflación con acumulación de reservas.

La caída de reservas -incluso después del préstamo de abril- precedió a las elecciones bonaerenses, y difícilmente se revierta tras el 26 de octubre. Si no hubieran aparecido los tuits de Bessent, hoy estaríamos viendo cómo el gobierno intenta contener una corrida cambiaria.

El salvataje de Estados Unidos fue la respuesta de última hora al colapso de un programa moribundo. Los USD 20.000 millones del acuerdo de abril fueron un fracaso anunciado. Hoy solo vemos sus consecuencias y esperamos los detalles del nuevo entendimiento que, por tercera vez en un año, promete "un puente" hacia un destino incierto.

El gobierno argentino ya demostró su falta de compromiso cuando, poco después del anuncio, el presidente modificó el programa y el ministro de Economía lo dio por muerto públicamente. Veremos si con el Tesoro americano la suerte es distinta, tras esta rendición incondicional que parece haber hecho nuestro primer mandatario.

El término "salvataje" es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, motivada tanto por intereses geopolíticos como por la conveniencia de apuntalar a un gobierno afín en un momento electoral sensible. No es difícil imaginar que Washington no habría hecho lo mismo por Brasil con Lula en el poder.

El uso del Exchange Stabilization Fund (ESF) en Argentina sienta un precedente peligroso para la diplomacia del dólar: convierte una herramienta técnica de estabilización en un instrumento de política exterior.

Aquí estamos: esperando ayuda, con una campaña dirigida desde Washington y un gobierno que ruega que los anuncios alcancen para que las bandas cambiarias sobrevivan unas semanas más. La pregunta abierta es cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, en apenas cuatro meses, transitó una depreciación del 30%, ventas de reservas, intervención en el dólar futuro y la restitución del cepo para la compra de dólares por parte de personas físicas. Nada de eso alcanzó y ahora necesitamos al fabricante de dólares como garante para llegar a las elecciones. 

Fuente: La Política Online