Durante décadas, la Ruta Provincial Nº 20 fue sinónimo de abandono, peligro y tragedia en el departamento Gualeguaychú. Más de 70 años sin una intervención integral dejaron como saldo un sinnúmero de vidas perdidas, personas con secuelas permanentes tras siniestros viales, y profundas pérdidas económicas para quienes la transitan.

En ese contexto adverso, la organización ciudadana se convirtió en una herramienta clave para transformar una realidad que parecía inmodificable. La Asamblea S.O.S. Ruta 20, de la ciudad de Gualeguaychú, nacida hace 13 años constituye hoy un ejemplo concreto de cómo la sociedad civil organizada puede incidir en la agenda pública y lograr políticas de Estado sostenidas en el tiempo.

Por iniciativa de la Lic. Silvina Cabrera y otros vecinos de la zona, ellos no solo fueron fundadores del movimiento, sino que, por su trabajo incesante, lograron posicionarse como hacedores de un proyecto que parecía inviable en una provincia con rutas en estado de abandono durante décadas.

El anteproyecto que sugería la obra de ruta 20, fue presentado por la asamblea a 3 gobernadores: Urribarri, Bordet y Frigerio. El mismo abordaba la problemática de la ruta desde una mirada integral: seguridad vial, desarrollo territorial, conectividad regional y preservación de la vida humana, pensada como un corredor económico productivo fundamental que conecta estratégicamente distintas ciudades y otros países limítrofes como la ruta 136 del paso fronterizo al Uruguay, o con la autovía 14. La razón de su importancia radica en que ésta es utilizada por diversos motivos, salud, educación, transporte, turismo, etc.

Por lo tanto, las distintas acciones que realizó la asamblea, fueron desde juntarse pacíficamente a la vera de la ruta, gestionar en diferentes reparticiones del estado, realizar campañas de sensibilización y cuidado al manejar, alertar sobre los peligros de la ruta en mal estado, atención y acompañamiento a víctimas y familiares de siniestros de tránsito, y trabajo mancomunado con otras ONG que atienden temas similares, etc.

No se trató únicamente de reclamar, sino una iniciativa que solicitó ya no una reparación superficial, sino exigir una reconstrucción a nuevo, acorde a las necesidades actuales del tránsito y de las comunidades que dependen de esta vía estratégica. Ese proyecto que tanta gestión le costó a la asamblea, hoy se hizo realidad y se puede ver incluso en estos momentos a la empresa adjudicataria de la licitación para la obra, trabajar hasta muy tarde a la noche, cosa nunca antes vista en la región.

Bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, y con la ejecución a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, con Exequiel Donda como director, se avanza en la obra prometida a los vecinos y alineada con el proyecto presentado a través de la Asamblea. En la actualidad, se trabaja en el acceso norte a Gualeguaychú retomando incluso la continuación de una bicisenda que permitirá que los ciclistas circulen con mayor seguridad. Ya se han concretado 10 kilómetros desde ruta 14 al arroyo Gualeyán completamente renovados, con una carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor, demarcación horizontal y vertical, instalación de garitas para colectivos, señalización y demarcación de puentes, reposición de barandas de seguridad y limpieza de banquinas con el ancho adecuado para maniobras de emergencia, entre otras mejoras fundamentales.

Hoy se trabaja en la renovación total de la carpeta asfáltica, desde el arroyo Gualeyán hasta la ruta 136 en el acceso norte a Gualeguaychú. Estos avances no son un hecho aislado ni producto de una gestión coyuntural, sino del resultado de una lucha sostenida en el tiempo, que atravesó distintas administraciones provinciales: desde los gobiernos de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, hasta la actual gestión de Frigerio.

A lo largo de estos años, los asambleístas expusimos la problemática ante intendentes, legisladores, funcionarios y directores de Vialidad, insistiendo una y otra vez en la urgencia de una solución definitiva. El valor de esta experiencia cobra aún mayor relevancia en el contexto actual. En los últimos dos meses, la Ruta 20 registró cuatro personas fallecidas, un dato que vuelve a poner en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de acelerar las respuestas estructurales no sólo por el mal estado de una ruta sino por ausencia de acciones que trabajen la prevención de siniestros viales y la precaución al conducir.

Por lo tanto, que una comunidad decida no naturalizar la tragedia y organizarse para enfrentar sus problemas, no es un dato menor, demuestra que la participación ciudadana puede generar cambios reales, con impacto a corto, mediano y largo plazo. La Asamblea S.O.S. Ruta 20 E.R en Gualeguaychú, no sólo logró instalar el tema en la agenda pública, sino que también construyó un modelo de lucha colectiva y de organización de vecinos sin banderías políticas partidarias, que rescatan valores esenciales: la defensa de la seguridad vial, el derecho a transitar por rutas seguras y, fundamentalmente, la protección de la vida, a través de la gestión y el acuerdo para trabajar entre los propios vecinos ,reclamando al Estado la ejecución concretas de obras que son muy necesarias para la prevención y seguridad vial.

En tiempos donde el escepticismo hacia la política y las instituciones suele prevalecer, esta experiencia confirma que la perseverancia, el conocimiento técnico y la organización social pueden torcer años de desidia.

La reconstrucción de la Ruta 20, marca un antes y un después para Gualeguaychú y la región. Pero también deja una enseñanza más amplia: cuando los ciudadanos se comprometen, sostienen sus reclamos y los fundamentan con proyectos serios, los logros llegan. Y, en este caso, cada kilómetro recuperado no es solo asfalto nuevo, sino memoria, justicia y esperanza para una comunidad que decidió no resignarse y que con cada acción buscó siempre preservar la vida como el objetivo central de sus acciones.

Desde la Asamblea sostenemos que valió la pena la lucha, para ver una obra de calidad, donde también se da cuenta que la política bien entendí da puede servir para atender las necesidades de los ciudadanos. El gobierno de Entre Ríos en conjunto con el intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico, y la asamblea con el apoyo de legisladores como el caso del senador provincial Jaime Benedetti, logramos un trabajo que articula mancomunadamente a la sociedad civil con el estado.

Es cierto que aún nos queda más trabajo por hacer, ya que otras localidades como Urdinarrain, Aldea San Antonio, Gilbert y Basavilbaso solicitan que continuemos con el reclamo, hasta tanto las obras lleguen a los 90 km demandados originalmente. Ellos sostienen que seguirán, aunque ahora con un matiz institucional que se está definiendo, para todo el trabajo que deban hacer de aquí en más.

Reflexionar sobre la América Latina de hoy, siempre convulsionada, con profundos cambios y necesidades sociales cada vez más significativas, implica poder pensarnos cómo asumimos las problemáticas que nos atraviesan como región.

En este sentido, podemos revisar las teorías críticas que ofrecen herramientas invaluables para analizar los problemas complejos y estructurales que afectan a nuestras sociedades, en pos de encontrar soluciones efectivas. 

El pensamiento decolonial, el marxismo, el psicoanálisis, la cultura, la ecología y el feminismo latinoamericano son teorías que se han desarrollado como respuestas específicas a realidades de explotación, desigualdad y exclusión en una región rica en recursos, pero marcada por profundas asimetrías de poder, en un contexto cada vez más tecnologizado y globalizado. 

Sin embargo, el panorama actual de estas teorías se enfrenta a desafíos, tanto internos como externos, que cuestionan su capacidad de incidencia en la transformación social.

Las teorías críticas latinoamericanas han evidenciado que los problemas que reproducen las desigualdades y la violencia estructural, sobre todo en comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes, entre otras, no son anomalías del sistema, sino síntomas de un modelo de desarrollo extractivista y neocolonial que prioriza los intereses económicos de unos pocos sobre el bienestar de las mayorías. Sin embargo, el discurso decolonial, que denuncia las herencias coloniales y la mirada eurocéntrica, en nuestras instituciones y en nuestra mentalidad, aún enfrenta obstáculos para traducirse en políticas efectivas que protejan a estos grupos vulnerables y promuevan una sociedad más equitativa. Esto se manifiesta en múltiples dimensiones: desde la dependencia económica hasta la imposición de modelos educativos, culturales y científicos que privilegian el conocimiento "occidental" y marginan los saberes ancestrales y populares de los pueblos indígenas y afrodescendientes o de comunidades autóctonas en diferentes territorios.

En respuesta, el discurso decolonial Walter Mignolo (2010) propone una “desobediencia epistémica”, es decir, desafiar estas jerarquías y promover un conocimiento más plural, en el que se reconozcan y valoren las epistemologías de los pueblos originarios y las comunidades oprimidas.

En el ámbito político, las teorías críticas enfrentan el reto de operar en contextos de democracias frágiles y crecientes amenazas autoritarias. 

En muchos países de la región, como Brasil, Nicaragua y Venezuela, se ha observado un debilitamiento de las instituciones democráticas y un aumento de la represión contra quienes critican a los gobiernos. En estos contextos, las teorías críticas, que deberían servir como vehículos de concientización y cambio social, son frecuentemente marginalizadas o incluso perseguidas. Esto evidencia una contradicción profunda: mientras que se necesita un análisis crítico para cuestionar las desigualdades y proponer alternativas, el espacio para su desarrollo y aplicación se reduce bajo sistemas que prefieren mantener el statu quo, favoreciendo a elites de países desarrollados.

Otro tema relevante es el impacto de la globalización y la influencia de poderes extranjeros en las economías latinoamericanas. Las teorías críticas han sido fundamentales para entender cómo el neoliberalismo ha configurado las economías de la región, generando pobreza y exclusión en aras de la eficiencia del mercado y la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, en el actual contexto global de crisis ambiental y sanitaria, estas teorías enfrentan el reto de proponer modelos de desarrollo alternativos que sean económicamente viables y socialmente justos. 

La noción del “buen vivir”, inspirada en cosmovisiones indígenas y promovida por teóricos y movimientos sociales, emerge como una alternativa prometedora, aunque aún tiene que enfrentar desafíos en su implementación y aceptación por los gobiernos y las élites económicas.Para avanzar, resulta esencial que las teorías críticas latinoamericanas fortalezcan su capacidad de diálogo interdisciplinario y transnacional, aprovechando el creciente interés en las escuelas, las universidades o institutos de educación superior del mundo por estas perspectivas. Además, es necesario que estos enfoques se traduzcan en estrategias prácticas y políticas públicas que puedan ser aplicadas en beneficio de la población y no solo en el ámbito académico. La riqueza de las teorías críticas latinoamericanas radica en su conexión con las luchas reales de los pueblos, pero para ser verdaderamente transformadoras, necesitan encontrar canales que superen las barreras que los sistemas políticos y económicos han impuesto.La región está en una encrucijada. Cada sociedad tiene el potencial de ofrecer un camino para ser más justas y equitativas, pero su impacto dependerá de su capacidad para superar los desafíos internos y externos que enfrentan. Por eso dado el avance de un capitalismo salvaje, un avance tecnológico que propicia nuevas formas de interrelacionarnos y comunicarnos, este es el momento de fortalecer el pensamiento crítico, de escuchar las voces históricamente silenciadas y de construir, a partir de nuestras propias realidades y problemáticas, una América Latina que respete y valore la vida y la dignidad de todos sus habitantes.Nuestra ciudad no está ajena a problemáticas que necesitan un diálogo mayor entre las instituciones, la planificación y políticas públicas que contemplen, anticipen y solucionen problemáticas sociales que necesitan un abordaje situado y de contemplación de necesidades propias, pero también vinculado con el resto de la región y el mundo.