Nuestro recorrido comenzó acompañando a familiares en casos de homicidios impunes, abusos de menores y siniestros viales. Con el tiempo, fuimos ampliando nuestro campo de acción y participando activamente en distintas instancias vinculadas con la Justicia, la seguridad vial y los derechos de las víctimas.

El cambio del Código Procesal Penal dejó atrás numerosos casos de homicidios aún sin resolver. En ese contexto, nuestra organización se incorporó a la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito y, desde 2010, representa en Entre Ríos a la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas Amarillas por la Vida”. Desde entonces, hemos realizado alrededor de 160 pintadas de Estrellas Amarillas.

En 2011, además, comenzamos a integrar el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro del grupo de Derechos Humanos y Justicia por Entre Ríos. Esto significó un importante impulso para nuestra tarea a nivel local, provincial y nacional.

Uno de nuestros objetivos fue lograr que la Estrella Amarilla fuera reconocida como señalización vial, al igual que otras señales que vemos diariamente en el tránsito. Ese reconocimiento se concretó mediante una resolución de Vialidad Nacional. También conseguimos que se incorporaran preguntas relacionadas con las Estrellas Amarillas en los cursos para el otorgamiento de la Licencia Nacional Única de Conducir.

Otro paso fundamental fue el cambio del Código Penal Argentino en 2017, que modificó el tratamiento de determinadas conductas vinculadas con los siniestros viales, entre ellas el alcohol, la velocidad y la fuga, que pasaron a tener una consideración más severa en determinadas circunstancias.

A lo largo de estos años, Aciverjus se convirtió también en fuente de consulta para medios de comunicación provinciales, como una de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja de manera sostenida en materia de seguridad vial.

Ese trabajo nos dio también la libertad y la responsabilidad de opinar, cuestionar y señalar aquello que debe hacerse y no se hace. Lo hacemos con argumentos y con la convicción de que el Estado debe cumplir sus responsabilidades. Un ejemplo es el desgastado slogan del Gobierno provincial: “Cada peso donde tiene que ir”. Si ese principio debe orientar la gestión, resulta necesario preguntarse por qué contamos con un Observatorio Vial Provincial que consideramos prácticamente inexistente en materia de políticas públicas efectivas.

La prevención debe ser una prioridad. Es necesario invertir en campañas de concientización en medios radiales, televisivos y gráficos para evitar que los recursos públicos terminen destinándose, una y otra vez, a atender las consecuencias de los siniestros viales en nuestros hospitales.

También hemos acompañado acciones de la Dirección de Tránsito relacionadas con el uso del casco y del cinturón de seguridad, la prohibición del uso del celular durante la conducción y los controles de alcoholemia, cuya importancia para la prevención resulta indiscutible. Asimismo, hemos trabajado junto al Consejo de Seguridad Ciudadana.

En 2016 logramos en Gualeguaychú un convenio de reeducación vial destinado a personas con probation y condenas condicionales, mediante un trabajo conjunto entre los vocales de Juicios y Apelaciones, la Unidad Fiscal, la Dirección de Tránsito y Aciverjus.

La propuesta buscó que las reglas de conducta establecidas en las resoluciones judiciales tuvieran una dimensión visible y educativa para la sociedad. Para ello se incorporaron charlas sobre responsabilidad civil, responsabilidad penal, RCP y educación vial, además de actividades prácticas como el repintado de Estrellas Amarillas, sendas peatonales y lomos de burro.

Esta herramienta alternativa también fue llevada a los municipios de Gualeguay, Nogoyá y Villaguay.

Hemos acompañado, además, el proceso que permitió alcanzar la Ley de Alcohol Cero a nivel nacional y continuamos junto a familiares de víctimas que necesitan dialogar con fiscales acerca de las causas de los siniestros viales.

Quedan, sin embargo, desafíos pendientes. Entre ellos, la implementación efectiva del sistema de scoring de 20 puntos en la Licencia Nacional Única de Conducir, con el correspondiente descuento ante determinadas contravenciones, y el endurecimiento de las penas para los homicidios viales.

Los números también cuentan una historia: 23.940 kilómetros recorridos durante los últimos nueve años reflejan, en parte, el esfuerzo realizado para llevar este compromiso a distintos lugares.

Seguimos creyendo en los cambios. Pero creemos también que los cambios no llegan solos: requieren participación constante, compromiso y una sociedad dispuesta a involucrarse.

Queremos que quienes ejercen funciones en los distintos poderes del Estado vean en Aciverjus mucho más que nueve letras. Somos una organización que, con trabajo y perseverancia, logró ser respetada y escuchada. Después de tantos años, seguimos convencidos de que comprometerse es también una forma de construir ciudadanía. Y ese compromiso continúa.

Por Miguel Gandolfo. Presidente de Aciverjus

 Otra decisión oficializada mediante decreto: el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno Nacional, elimina la obligatoriedad de contenidos de educación vial incluidos en los programas escolares de todo el país, y deja a cada provincia la responsabilidad de continuar o no con su dictado.

Desde la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, representadas en Entre Ríos por la ONG ACIVERJUS, manifestamos y rechazamos tal Decreto que ha emitido el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo del Sr. Federico Sturzenegger, como lo fue también el Decreto 196/2025, de renovación de la Licencia Nacional Única de Conducir de manera digital y remota, sin necesidad de la presencia física del solicitante, marcándole con estos ejemplos que se trata de un retroceso en todo lo logrado.

Con mucho esfuerzo, los municipios que poseen un Departamento de Educación Vial realizan en distintos establecimientos educativos actividades teóricas y prácticas de información a los alumnos; es por eso que instamos al Presidente del Consejo General de Educación Provincial Carlos Cuenca a emitir opinión sobre tal decreto y fijar posición, que a nuestro entender sería seguir dictando actividades de educación vial en los establecimientos educativos de toda la provincia de Entre Ríos.La Educación es la vía para pacificar las calles y rutas, donde hemos comenzado el 2026 con tres siniestros viales en el departamento Gualeguaychú (en un radio de menos de 90 km.) que dejaron un saldo de 10 víctimas fatales y un entorno afectado por cada una de ellas.

El slogan del Gobierno Provincial es “Cada peso donde tiene que ir”; en lo referente a la seguridad vial, en aspectos tales como la concientización, la educación y la prevención, el slogan no se estaría llevando a cabo porque cada peso va a los hospitales y sanatorios, con las personas siniestradas, lo cual ocasiona un gasto innecesario. Sería distinto si se realizaran presencias y campañas masivas en los medios radiales, gráficos y televisivos, sumado a nuestro aporte, el de los familiares de víctimas.

A continuación, un breve informe realizado por nuestra ONG acerca de los costos que implican las atenciones médicas vinculadas con los siniestros viales.Una fractura de cadera (lo más común en un siniestro vial) con prótesis más la recuperación, representa un gasto que oscila entre los $5.000.000 y los $6.000.000 millones de pesos. Lesiones internas con atención en Terapia Intensiva, rondan en $700.000 por día. Un siniestro vial que tenga como consecuencia un ACV -cuya medicación se tenga que proveer a las 4hs de producido para evitar secuelas graves- oscila los $7.000.000. Una internación en sala con atención completa cuesta alrededor de $400.000 por día.

Ante este escenario, siendo la única ONG provincial que visibiliza los siniestros viales y sus consecuencias, decimos: control, sanción e inversión.

Miguel Ángel “Pipo” GandolfoPresidente de ACIVERJUSDNI: 18.590.841

Sobre los cambios implementados por el Decreto 436/2025

A partir del ciclo lectivo 2026, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de la obligatoriedad de la educación vial en las escuelas de todo el país, tras la derogación de artículos centrales de la Ley 27.214 de Promoción de la Educación Vial. Esta decisión implicó que la responsabilidad de incorporar contenidos vinculados a la formación vial dejara de ser una política educativa de alcance nacional y pasara a depender exclusivamente de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta ese momento, la normativa vigente concebía a la educación vial como un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado, orientada a promover conocimientos, actitudes y prácticas que favorecieran una circulación segura y responsable en el espacio público. La ley también proponía un enfoque integral de la temática, que incluía la articulación entre distintos niveles educativos y la creación de un observatorio educativo especializado.

El cambio normativo se formalizó mediante el Decreto 436/2025, cuya aplicación comenzó en 2026. A través de este instrumento se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214 de Promoción de la Educación Vial, eliminando así la obligatoriedad de la enseñanza sistemática de normas de tránsito, señalización y hábitos seguros en el ámbito escolar a nivel nacional. Desde entonces, cada jurisdicción define de manera autónoma si incorpora o no estos contenidos en sus diseños curriculares.

Cabe señalar que, si bien la educación vial dejó de ser obligatoria en el sistema educativo nacional, la regulación general del tránsito y la seguridad vial continúa vigente a través de la Ley 24.449, que establece las normas de circulación, las restricciones y las sanciones aplicables en todo el territorio argentino.

Según el argumento del Gobierno, la medida apuntaría a profundizar la descentralización de las decisiones pedagógicas, otorgando mayor autonomía a las provincias en la definición de sus políticas educativas y trasladando a los gobiernos locales la responsabilidad de la formación vial en las aulas.

 Por Miguel Ángel Gandolfo, presidente de Aciverjus e integrante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito.